ETICA EN LAS ORGANIZACIONES

UNIVERSIDAD LATINA
DE
PANAMA.
ETICA EN LAS ORGANIZACIONES
Asignatura Etica para Profesionales.
Realizado por:
Raudel García Rodríguez ced: B756646
Prof. Arturo E. Suman.
5 de marzo del 2012

Indice
Introducción. ....................................................................................................................................... 2
Conceptos Básicos. .............................................................................................................................. 3
Ética ................................................................................................................................................. 3
Moral ............................................................................................................................................... 3
Corrupción ....................................................................................................................................... 3
Ética Gubernamental....................................................................................................................... 3
Fundamentos Éticos para un buen Gobierno. .................................................................................... 4
Relación Ético - Política. ...................................................................................................................... 4
Ética en la Administración Pública. ..................................................................................................... 5
Corrupción y Fraude en la Administración Pública. ............................................................................ 6
Marco Legal. ........................................................................................................................................ 7
Propuestas del Gobierno. .................................................................................................................... 8
Conclusiones. ...................................................................................................................................... 9
Bibliografía. ......................................................................................................................................... 9
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Introducción.
La resolución de conflictos y la satisfacción de intereses comunes por parte, primero, de
quienes deliberan sobre los asuntos públicos, y segundo, de quienes ejecutan las decisiones,
es difícil de alcanzar de manera transparente si se carece de ética. Para lograr buenos
resultados en la política y en la gestión pública se requiere contar con hombres de conducta
íntegra pues son éstos quienes marcan las directrices y operan las instituciones. Argumentar
sobre la importancia y necesidad de la ética en la vida pública, mostrando los fundamentos
básicos de la misma, es el propósito del presente trabajo.
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Conceptos Básicos.
Ética: Es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral del hombre en
sociedad. De aquí nace el concepto de moral que es el conjunto de normas, principios y
valores que sin necesidad de coacción exterior rigen la conducta del hombre, estas son
aceptadas libre y concientemente y regulan la conducta tanto individual como y social de
los hombres. La moral es el objeto de estudio de la ética.
Moral: Un acto se puede calificar como moral cuando se ha realizado en forma libre y
consciente. Acá nace un concepto de la responsabilidad moral, que es la capacidad y la
obligación moral que tiene todo individuo de responder por sus actos, sean estos buenos o
malos. Esta responsabilidad se debe cultivar y desarrollar en el sentido de considerar
prudente el proceder antes de actuar, analizar detenidamente el contenido y alcance, prever
sus consecuencias, juzgar su moralidad, cotejar la acción a la leyes, reconocer como
propios nuestros actos, responder de todas nuestras acciones.
Corrupción:
Acción y efecto de corromper.
Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales.
Acción de sobornar a un funcionario público.
Delito que comete el que abusa de su autoridad o confianza promueve o favorece.
Ética Gubernamental: La Ética Gubernamental es el cumplimiento cabal de la función o
empleo, con riguroso apego a la Constitución, las leyes, reglamentos o disposiciones
especiales válidas
La Ética Gubernamental, como es obvio, tiene como estricto objetivo la superconducta
moral de todos los Poderes del Estado, es decir, la obligada observación y mantenimiento
de la honestidad, integridad, decoro, pureza y honradez en todos los hechos, labores y
actuaciones de los funcionarios y empleados estatales.
La Ética Gubernamental no consiste solamente, como muchos creen, en el fiel manejo o
administración de bienes o recursos, en la no verificación de exacciones ilegales, en la no
realización de negocios clandestinos en detrimento económico del organismo o entidad en
la que se trabaje.
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Fundamentos Éticos para un buen Gobierno.
Para lograr buenos resultados en todo gobierno se requiere contar no sólo con funcionarios
responsables, sino también con políticos responsables puesto que son éstos últimos quienes
gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones, y de estas decisiones depende a
su vez la actuación de los primeros.
Una clasificación general respecto al personal que opera en el gobierno señala que existen
dos tipos de personas que participan en la dirección y operación de las instituciones:
políticos y funcionarios. Ambos tienen por objetivo común servir a la sociedad a la que
representan, lo que les coloca como servidores públicos.
La ética pública da al servidor público un conocimiento que le permite actuar
correctamente en cada situación por difícil que ésta sea, ofreciéndole criterios para
encontrar soluciones adecuadas.
La razón por la que la ética es un instrumento necesario radica en que ésta se orienta al
estudio de las acciones humanas por lo cual las explicaciones a las distintas conductas
giran en torno a ésta disciplina. Cada acto que realiza el hombre tiene su fundamento o
justificación en la ética, disciplina de por sí independiente de cualquier religión o
ideología.
Relación Ético - Política.
El resultado de sumar ética y política es el bien común o bien para la comunidad, entendido
como el conjunto de condiciones de vida con las cuales los hombres, las familias y las
asociaciones pueden alcanzar la plenitud.
Gobernar es servir a los intereses comunes. Este, y no otro, debe ser el motor que impulse
a los políticos. De hecho, un Estado moderno que no beneficia a sus ciudadanos debería ser
considerado ilegítimo.
El bien común es el bien de las personas en cuanto que están abiertas entre sí a la
realización de un proyecto unificador que beneficia a todos. La noción de bien común
asume la realidad del bien personal y la realidad del proyecto social en la medida en que las
dos realidades forman una unidad de convergencia: la comunidad. El bien común es el bien
de la comunidad.
Para alcanzar el anhelado bien común, entre las distintas partes que integran
la comunidad, le corresponde al Estado la tarea de arbitrar los conflictos y
poner diques a los grupos que se alejen de este objetivo.
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Ética en la Administración Pública.
Los griegos fueron los primeros en darle forma y sentido a la ética, a la cual llamaban
æthos y curiosamente, æthos era también la palabra que definía el carácter.
Si nos ponemos a mirar la historia de los pueblos, comparando aquellos que triunfaron con
los que no son ejemplares, vemos que la ética o el carácter, diseminado entre sus gentes e
inculcado profundamente en su cultura, es el factor que separa al triunfo del fracaso y no
tenemos que hablar sólo de gobiernos o culturas, hagámoslo de las personas, nos gusta estar
cerca, trabajar y asociarnos con personas de una sola palabra, de una ética intachable, de un
carácter irreprochable y le huimos al falso, al doble cara, al tramposo, al que no tiene
carácter. carácter irreprochable y le huimos al falso, al doble cara, al tramposo, al que no
tiene carácter.
La ética se inculca, se planta en la conciencia y el ser de un individuo, hombre o mujer, se
abona con razonamientos y con educación, para que se asiente, penetre profundamente y se
convierta en algo natural e inherente a la persona. La ética se vuelve entonces contagiosa,
pretendiendo que los valores más elevados que rigen esa sociedad instruida, sean
practicados por todos y cada uno de los miembros de esa sociedad, cuando un gobierno se
instala, adquiere un compromiso, un contrato social con el pueblo que lo elige y al que ha
de gobernar, para hacerlo de una manera justa, positiva, honesta y consistente; Eso es lo
que el pueblo espera y, a cambio de esa esperanza, confiere el poder voluntariamente, le
entrega todas las herramientas de trabajo de que dispone la sociedad (su dinero, sus
recursos, sus tierras, hasta sus ejércitos) es imperativo del gobierno hacer uso adecuado de
esos recursos entregados en custodia, para el beneficio común del pueblo en general.
Por eso, aquel que mal utiliza los recursos del pueblo, le falta a la confianza de ese mismo
pueblo y cuando esas personas que dieron su confianza y el poder para hacer las cosas, ven
que algo o alguien falla en su encomienda, que no produce lo que promete, que no cumple
con su juramento, que su carácter le falla, que no tiene ética, le quita su respaldo y lo
castiga en elecciones futuras.
Una de las características de la administración de derecho público es la elección del
Presidente en forma directa, el cual tiene una potestad y esta facultado para ejercer el poder.
Por otra parte, los funcionarios públicos, al igual que el Ejecutivo, tenemos una investidura
regular, manejamos cuotas de poder, tenemos un mandato etc. Es que debemos responder
en forma idónea a la responsabilidad que la sociedad nos delega; en otras palabras esto
significa no abusar del poder y/o acceso a la información a la que tenemos desde nuestros
puestos de trabajo.
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Corrupción y Fraude en la Administración Pública.
La Administración Pública no puede limitarse sólo al cumplimiento de sus fines, pues a su
vez debe verificar sus logros con la mayor economía y eficacia, pero dentro de la normativa
legal vigente y con el respeto debido a los principios de la ética administrativa.
Existen normas que consagran preceptos referidos hacia la probidad funcionaria, cuando se
les impide actuar en asuntos donde hay interés directo o de parientes cercanos; cuando se
les prohíbe recibir donativos o dádivas por el ejercicio de sus funciones; cuando se sanciona
agraviadamente el enriquecimiento ilícito de los agentes del Estado, entre otras Todas estas
normas parten del supuesto de que la función pública exige sacrificios y que el patrimonio
público no es ni de quienes lo administren ni de quienes deciden sobre él. Sólo deben guiar
a las decisiones públicas y de gobierno el interés público, comprometido en la actuación.
Los criterios de probidad importan en la formación de conciencia del individuo y aquellos
que desempeñan labores en el sector público, deben demostrar en la tarea diaria un absoluto
respeto a los valores que conlleva la ética funcionarial. La dedicación a la función pública
no es sólo un medio de vida, sino una filosofía de ser y donde el funcionario se haga
responsable de sus actuaciones, actúe bajo el prisma de la legalidad, se consagre
debidamente a su trabajo, disponiéndose a vivir honradamente y en términos proporcionales
a la retribución que la ley le señala. Es por ello que la filosofía de control actúa en la
formación de conciencia obrando fundamentalmente por presencia. La probidad
administrativa está incita en el control y debe concluir en ejemplarizadoras sanciones en
aquellos casos donde el funcionario haya transgredido esos principios esenciales de
moralidad administrativa.
La Administración es fiel reflejo de la sociedad y muchas veces cuando un agente público
olvida los principios de probidad esenciales es porque alguien o algo lo induce a ello. Las
acciones inescrupulosas de particulares económicamente más poderosas, las malas o
paupérrimas retribuciones de los agentes públicos conllevan también, y sin duda, a estos
ilícitos.
Pero sin perjuicio del fundamento ético que conlleva el control de la actuación
administrativa en cuanto a que ella sea efectuada siguiendo principios de regularidad legal,
contable y de eficiencia, la función fundamental de los órganos de control no es
sancionatoria, sino y ella es y debe ser siempre preceptiva. En esta faz, haciendo un control
oportuno concomitante y produciendo recomendaciones, es donde se preserva en mayor
medida el patrimonio público y el interés de los administrados.
La razón de la existencia del control se basa en el principio general del Derecho que
impone al administrador de bienes ajenos la necesaria rendición de cuenta y razón de su
gestión. El Control Público dentro de este contexto, se basa en la soberanía, ya que es la
nación depositaria de esa soberanía, quien tiene interés de saber cómo se invierten y
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administran los fondos públicos que ha aportado y cómo las autoridades y funcionarios de
las distintas instituciones de gobierno han cumplido la gestión encomendada.
Los gobernantes son representantes de los ciudadanos y éstos tienen derecho a exigir una
conducta moral y ética y a pedir rendición de cuentas de los primeros. Todo ello ha influido
sin duda en la valorización ética del comportamiento político y público. Pero debemos
señalar que muchas veces debemos distinguir entre la acusación fundada y la denuncia
maliciosa y mal intencionada que tiene como propósito desprestigiar al adversario político
o algunas veces a quien detenta el poder legítimo. Desde esta óptica hay que resaltar la
decisiva influencia que en este tema tiene hoy la presencia de los medios de comunicación.
Esto crea una nueva actitud en los ciudadanos. Antes las noticias eran patrimonio de pocos,
hoy nadie escapa a ellas. La publicidad de la vida interna de la política y de las acciones de
gobierno atrae a los administrados, provocando la divulgación y la pública discusión de los
actos de funcionarios del Estado. Es quizás la denuncia pública y la difusión de actos
abusivos, arbitrarios y delictuosos de los agentes públicos uno de los instrumentos que con
los medios de difusión masivos con que hoy se cuenta, producen mayores efectos para
combatir el fraude y la corrupción de los órganos del Estado.
Marco Legal.
La constitución es un texto o documento solemne que contiene el estatuto supremo, es decir
la ley superior que por una parte contiene disposiciones que regulan la estructura básica del
Estado, comprendiendo la organización, establecimiento y atribuciones de sus poderes
órganos públicos y por otra regula las normas de reconocimiento y protección de los
Derechos fundamentales de los habitantes del Estado.
Es así como la concordancia de la organización administrativa con la Constitución Política
del Estado tiene como consecuencia el Estado de Derecho. Dado de esta forma los servicios
públicos deben respetar los principios constitucionales, y ellos deberán hacer efectivas las
garantías constitucionales, procurando que su acción, no coarte los derechos de los
administrados.
Estos órganos deben someter su acción a la constitución y las leyes, no teniendo mas
atribuciones que las que le confiere el ordenamiento jurídico, todo abuso o exceso en el
ejercicio de sus potestades da lugar a acciones y recursos correspondientes. Esta ley, nos
dice que la administración del Estado, está al servicio de la personas y su fin es promover el
bien común, se deben observar los principios de responsabilidad de eficiencia, eficacia,
coordinación, impulsión del oficio del procedimiento.
Además persigue la impugnabilidad de los procesos administrativos, control, probidad,
transparencia, respetando el derecho de las personas. Igualmente nos indica que el Estado
es responsable por los daños que causen estos organismos en el ejercicio de sus funciones
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que lo ocasiono.
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Propuestas del Gobierno.
También entre los instrumentos útiles para el combate a la corrupción en los altos niveles
burocráticos está la existencia de una Declaración de Situación Patrimonial. Es ésta una
forma de control que permite llevar un registro amplio y permanente de los bienes de los
altos servidores públicos, los que deben efectuar tal declaración en los días posteriores a la
toma de posesión de su cargo y dentro de los treinta días después de concluido éste. La
obligación debería además reactualizarse anualmente para llevar un control actualizado y
permanente del patrimonio de esos servidores. Con este sistema se pretende establecer un
medio eficaz para evitar la posible desviación del uso de los bienes y servicios en provecho
personal. El enriquecimiento ilícito derivado del análisis de la declaración de situación
patrimonial, debería ser un nuevo tipo penal que se castigue con gran severidad.
Se debe evitar también, la duplicidad de cargos en la Administración, por pagos a
honorarios, con el consecuente doble emolumento, o favoritivismo que va en detrimento de
la buena marcha de la Administración del Estado; también se debe eliminar la ineficiencia y
pasividad funcionaria dentro del sector público, creando incentivos que van desde los
económicos y hasta los de prestigio y de carácter honorífico en la función pública.
Para prevenir el derroche y el uso indebido de los bienes y servicios que en virtud de su
cargo tienen los servidores públicos, se debe inculcar en ellos una filosofía de disciplina y
transparencia en el manejo de los fondos, en el uso de los bienes y servicios y del personal
que tienen a sus órdenes; se trata de crear en ellos una mística y espíritu real por el servicio
público y por la función que realizan.
Pero no bastan nuevas leyes para prevenir la corrupción. Es cierto que sin leyes avanzadas
los compromisos del Estado de actuar en esta materia corren el riesgo de convertirse en
prédicas, retóricas carentes de sustantividad. Se requiere, además, el espíritu de gobernantes
y gobernados para cumplir y hacer cumplir la ley.
La función fiscalizadora del Estado debe lograr la unidad en las tres fases del control: el
preventivo, el fiscalizador y el sancionador, para tener una visión completa del control de la
gestión pública. En ese ámbito, la Contraloría General de la República debe tener las
potestades suficientes para materializar estas fases de control, conjuntamente con los
Tribunales de Justicia en una competencia coordinada. Para ello, debería crearse en cada
órgano público un departamento de control que se relacione con la Contraloría General de
la República. Por otra parte, deben crearse procedimientos expeditos de quejas y denuncias
de los administrados, para que la sociedad canalice adecuadamente sus protestas por las
decisiones indebidas de los servidores públicos que atenten contra la honestidad y
transparencia administrativa.
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Conclusiones.
Analizando los temas tratados anteriormente podemos concluir que para hablar de Etica, no
podemos dejar a un lado aspectos como Corrupción, Fraude, La Constitución y los interés
del pueblo.
La ramificación de la ética, su difusión y además su correcta aplicación no obedece a un
conjunto de normas que hagan más estrecho el vínculo con el medio, al cual se debe
satisfacer en su necesidad, la tendencia general a castigar el mal uso de los instrumentos
públicos recae no solo en el castigo, sino también en la enseñanza, la búsqueda constante de
un cambio de mentalidad, que madure e impida por medio de normas restrictivas, el mal
uso de los medios, este cambio cultural se debe aplicar al conjunto de la ciudadanía, no sólo
a los que están involucrados en la administración pública.
Bibliografía.
[1] http://eprints.ucm.es/7772/1/2FUNDAMENTOS_ETICOS.pdf
[2] http://html.rincondelvago.com/etica-gubernamental.html
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