Sentencia T-388/09 Referencia: expediente T-1.569.183 Acción de ...

Referencia: Expediente T-1.569.183
física de la mujer gestante sino también se extendía ese amparo a
“aquellos casos en los cuales resulta afectada su salud mental”, y evocó
la disposición contenida en el artículo 12 del PIDESC según la cual la
garantía del derecho a la salud supone, a su turno, gozar del “más alto
nivel posible de salud física y mental”. Concluyó la Corporación, que el
embarazo podía provocar “una situación de angustia severa o, incluso,
graves alteraciones síquicas que justifiquen su interrupción según
certificación médica.”
(iii) También se pronunció la Corte sobre la hipótesis en la cual el feto
padece malformaciones de tal entidad que lo hacen inviable. A
propósito de esta situación, exigió la Corporación como único requisito
previo para proceder a la interrupción del embarazo la existencia de
certificado médico. Bajo tal hipótesis, dijo la Corte, “el deber estatal de
proteger la vida del nasciturus pierde peso, precisamente por estarse
ante la situación de una vida inviable. De ahí, que los derechos de la
mujer prevalezcan y el legislador no pueda obligarla, acudiendo a la
sanción penal, a llevar a término el embarazo de un feto que, según
certificación médica, se encuentra en tales condiciones.”
Una razón más de peso para no penalizar la interrupción del embarazo
bajo este supuesto radica, a juicio de la Corporación, en que sancionar
penalmente la conducta con el fin de proteger la vida en gestación
“entrañaría la imposición de una conducta que excede la que
normalmente es exigible a la madre, puesto que la mujer debería
soportar la carga de un embarazo y luego la pérdida de la vida del ser
que por su grave malformación es inviable.” Fuera de lo anterior,
obligar a la madre a llevar a término el embarazo implicaría del mismo
modo “someterla a tratos crueles, inhumanos y degradantes que afectan
su intangibilidad moral, esto es, su derecho a la dignidad humana 14 .”
El único requisito bajo los supuestos descritos con antelación para
solicitar la interrupción del embarazo consiste en aportar certificación
de una persona profesional de la medicina en la que se determine “la
existencia real de estas hipótesis”. Insistió la Corte en lo siguiente:
14 Cobra así sentido la observación del Comité para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, que ha indicado que en estos casos la prohibición
del aborto y por ende la obligación de llevar a termino el embarazo constituye un
trato cruel, inhumano y degradante infligido a la mujer embarazada.
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