Tesis - Modesto Montoya

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Este trabajo parte de la visión de un Estado peruano democrático, equitativo,
descentralizado, respetuoso de las diferentes culturas y de las individualidades,
participativo, con ciudadanos educados, creativos, e innovadores, capaces de
abastecerse de los recursos necesarios para elevar el nivel de bienestar de la
población en general, basados en el uso de los recursos naturales para darles alto
valor agregado, sin deterioro del ambiente, de modo que se garantice la
gobernabilidad y su propia sostenibilidad como Estado.
¿Qué cambió en el Perú a partir del siglo XVI, para que ese proceso sea frenado
bruscamente a partir de la implantación de un estado colonial? Un estado siempre
aplica políticas para todos los sectores. Incluso la falta de política explícita puede
ser producto de una política. ¿Cuáles fueron las políticas públicas responsables
de este estancamiento? ¿Qué nuevas políticas serán necesarias para restablecer
un proceso de crecimiento sostenido en el Perú, basándonos no sólo en la
exportación de materias primas, cuyo precio es siempre volatil?
Intuitivamente podemos pensar que, para restablecer un proceso de desarrollo
sostenido, resulta fundamental generar en la población capacidades en ciencia,
tecnología e innovación tecnológica (CTI), que se expresen en la creación de
nuevos y mejores productos y servicios para elevar su propio nivel de bienestar y
para ofrecerlos al mercado globlal.
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Parece lógico pensar que para que las políticas tengan mayores posibilidades que
sean aplicadas, éstas deben ser responsabilidad de un ministerio que de cuenta a
la Nación y al Congreso.
El sentido común nos dice que si queremos que en un país creativo e inventor,
debemos atraer personas creativas e innovadoras, incorporarlos al Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si se desea incentivarlos, parece
sensato pensar que hay que premiar a los mejores.
Cabe preguntarse entonces si en el Perú o en otros países se ha aplicado
políticas con las características que el senido común nos señala. Para ello, se
requiere entonces analizar los efectos de políticas de CTI aplicadas en el Perú y
otros países. Del análisis se puede escoger elementos de experiencias exitosas
para implentar políticas con probabilidades de éxito en el Perú.
1.1 Descripción de la realidad problemática
Antes de la formación del Perú, las civilizaciones integradas al Incanato en el
Tawantinsuyo tenían avanzados conocimientos de la naturaleza y dominaban
tecnologías que les permitieron alcanzar un nivel de bienestar comparable con las
civilizaciones más desarrolladas de su época. Los restos arqueológicos
demuestran que dominaron los pisos ecológicos (Murra 1975) y construyeron
canales sumando una longitud de 110 km, logrando una alta producción agrícola
en una superficie de 700 000 ha en la costa (Portal Agrario 2010). El territorio
sobre el que se forjaron esas civilizaciones tiene un bajo contenido de sustancias
orgánicas; la supervivencia del Estado inca fue gracias a los instrumentos de
adaptación que desarrollaron como las obras de irrigación, andenería y de
almacenamiento de excedentes. (Fuenzalida 2009; ppág. 31-32).
Por otro lado, la ciudadela de Machu Pichu muestra que los antiguos peruanos
utilizaban el territorio con tecnologías de construcciones y de transporte de
enormes moles en territorios accidentados, así como de sofisticados conceptos
arquitectónicos, ecológicos y ambientales. Ellos domesticaron especies animales
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y practicaron selección genética, de acuerdo a la calidad de los productos que
requiere el ser humano. Lo mismo puede decirse de las plantas y frutos con
propiedades nutracéuticas, los que se usan hasta ahora, y algunos de los cuales
sirven de base para -mediante avanzadas técnicas químicas- identificar los
principios activos y elaborar medicamentos que son patentados por instituciones
de países desarrollados.
Además del dominio tecnológico, los incas demostraron eficiencia en el dominio
de la administración y la economía con apoyo de los quipucamayoc.
(Rostworowski 2005, pág. 39). También se tiene restos de trepanaciones de
cráneos que son indicios de conocimientos de medicina avanzada para su época.
En el campo de la metalurgia, en la costa norte se ha descubierto objetos con
aspecto de oro macizo, producidos con tecnologías de lixiviación química vegetal.
Lo arriba descrito es parte de los hechos que demuestran que en el Incanato
había un potencial de conocimiento como para seguir avanzando
tecnológicamente y mejorando el bienestar de la población.
La colonia española significó la destrucción del equilibrio que había en el
Incanato, en escasamente 30 años la población se contrajo a la mitad. Se
desplazó trabajadores de la agricultura hacia las minas, entre otros. (Fuenzalida
2009: pág. 35). Los gobernantes republicanos, después de 1821, mantuvieron el
sistema hasta 1854 (Basadre 1963).
El Perú, entonces, tiene raíces basadas en una opresiva explotación de la
llamada mano de obra barata. (Cotler 2005: pág. 27).
Entre los problemas por los que actualmente atraviesa el Perú tenemos i) la
dependencia que tiene de la explotación de recursos naturales; ii) una baja
producción de conocimiento científico y tecnológico, respecto a países
iberoamericanos y países industrializados; y iii) bajo nivel educativo en ciencia y
tecnología que no permite ver un cambio de esta situación en el corto plazo. Ello
implica un déficit en la balanza comercial por el lado de productos con alto valor
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agregado y una fragilidad ante una eventual crisis en los precios de materias
primas.
El año 1994 fue un año crucial para las políticas de ciencia, tecnología e
innovación en el mundo. Ese año, en Marruecos, los países participantes de la
Ronda Uruguay de Negociaciones Multilaterales sobre Comercio, entre los que
estaba el Perú, firmaron el Acta Final de la Ronda de Uruguay y el Acuerdo sobre
la OMC, uno de cuyos componentes es el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El
Acuerdo sobre los ADPIC obligan a los países firmantes al reconocimiento de las
patentes, con mayor fuerza con la que actuaba la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
2009), institución que hasta entonces había promovido la Propiedad Intelectual
(PI) sin carácter vinculante.
Además, sin entrar en contradicción con el Acuerdo sobre los ADPIC, los países
iniciaron negociaciones para firmar acuerdos regionales de libre comercio, más
conocidos como TLC, los que hacían aún más riguroso el respeto de las patentes.
Así por ejemplo, el TLC entre Perú y Estados Unidos fue suscrito el 8 de
diciembre de 2005 en Washington D.C., Estados Unidos. El 29 de junio de 2006
fue ratificado por el Perú, y el 4 de diciembre de 2007 por el Congreso de Estados
Unidos. El 16 de Enero de 2009, el presidente George W. Bush de Estados
Unidos y el presidente Alan García de Perú, cada uno en su país, firmaron la
implementación del mencionado TLC, el que entró en vigencia el 1ero de febrero
del 2009. Este Tratado tiene como eje central un mayor reconocimiento de la PI
en general y de las patentes en particular.
Ante el establecimiento de mayores garantías que se presta a las patentes,
mediante penalizaciones a la copia y comercialización de inventos sin
autorización de los propietarios de las patentes, el déficit de la balanza comercial
del Perú por el lado del conocimiento se va agravando.
Con mayor confianza en que sus inventos no serán copiados sin autorización,
desde 1994, los países empezaron a implementar políticas públicas para
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incrementar el número de solicitudes de patentes por residentes. Empezaron por
aumentar la inversión en I+D. El primero que lo hizo fue el país principal promotor
del Acuerdo sobre los ADPIC: Estados Unidos.
De los datos que brinda la OMPI se puede concluir que, como producto de las
políticas establecidas después del Acuerdo sobre los ADPIC, en algunos países
se aumentó significativamente el NSPR, mientras que en otros hubo poco o
ningún efecto sobre esa variable dependiente.
De los datos de la OMPI, el Perú es uno de los países con los más bajos valores
en los indicadores de inventiva. Por ejemplo, entre 1990 y 2007, el NSPR en
Estados Unidos pasó de aproximadamente 100 000 a 200 000. El caso del Perú,
no se observó un aumento en el NSPR. El año 1990, los residentes en el Perú
presentaron 46 solicitudes de patentes, y en el 2005 presentaron 26 solicitudes
por ese concepto. Los no residentes en el Perú, en 1990, depositaron 222
solicitudes de patentes, y en 2005 presentaron 1026 solicitudes de patentes (Red
de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2010).
Para identificar las razones del atraso tecnológico del Perú, vamos a analizar las
políticas de CTI a lo largo de su historia, para identificar los aspectos cruciales
que expliquen su retraso en ciencia, tecnología e innovación; de modo a plantear
políticas con mayores probabilidades de éxito. Además de identificar las causas
del retraso tecnológico peruano, vamos a investigar las características comunes a
los países cuyo NSPR ha aumentado con la inversión en I+D y las características
de aquellos en los que hubo poco o ningún aumento. Eso nos permitirá escoger
elementos de políticas públicas recomendables para incrementar el NSPR en el
Perú.
1.2 Formulación del problema
Ante la realidad arriba descrita, surge el siguiente problema general: ¿Cómo
influyen los componentes de las políticas públicas de Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI) en el número de solicitudes de patentes de residentes (NSPR),
en el periodo 1990 - 2007?
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Aquí se trata de ver cómo el NSPR fue influenciado por algunos elementos de
políticas aplicadas por los países a partir del Acuerdo sobre los ADPIC de 1994.
Se ha escogido el periodo 1990 – 2007 porque contiene el año 1994, a partir del
cual cada país aplicó políticas para tratar de incrementar su NSPR. Entre 1990 y
1994 la tendencia en el tiempo del NSPR responde a las políticas que hasta ese
momento se habían aplicado en el campo de la innovación y la inventiva.
El problema específico es ¿Cómo influye la inversión en I+D, en el número de
solicitudes de patentes, en el periodo 1990 - 2007?
Se trata de estudiar los efectos sobre el NSPR de la inversión en I+D, y si estos
efectos son independientes de otros elementos de política.
El primer problema derivado es ¿Cómo influye la organización de los organismos
de investigación en el NSPR, en el periodo 1990 – 2007?
El segundo problema derivado es ¿Cómo influye la carrera del investigador
científico y tecnológico en el NSPR, en el periodo 1990 - 2007?
La carrera del investigador científico y tecnológico es el conjunto de normas
legales que sirven para evaluar la producción de los investigadores científicos y
tecnológicos, con fines de concursos ingreso a la carrera o de ascenso en el
escalafón profesional en las instituciones de ciencia y tecnología. Hay mucha
controversia sobre la manera cómo debe incentivarse a los investigadores para
que publiquen sus trabajos en revistas indizada tanto como inventen y patenten
sus inventos. Una de las formas es el establecimiento de una carrera del
investigador, el que otorgue premio a los inventan y penalice a los que no lo
hacen. Estudiando los casos de países escogidos se verá los efectos de una ley
de carrera sobre el NSPR, en relación con países que no la tienen.
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Ilustración 1. Esquema representativo del problema de la influencia de
los componentes de la política pública en ciencia y tecnología en el
número de solicitudes de patentes de residentes.
Política pública de
ciencia, tecnología e
innovación
Número de
solicitudes de
patentes de
residentes (NSPR)
Organización
de las instituciones
de investigación y
desarrollo
(SINACYT)
Carrera
del investigador
científico y
tecnológico (CICT)
Inversión en
investigación y
desarrollo
(I+D)
Elaboración: Propia.
Problema
¿Cómo influyen los componentes de las políticas públicas de Ciencia, Tecnología
e Innovación (CTI) en el número de solicitudes de patentes de residentes (NSPR),
en el periodo 1990 - 2007?
Problemas Específicos
¿Cómo influye la inversión en I+D, en el número de solicitudes de patentes, en el
periodo 1990 - 2007?
¿Cómo influye la carrera del investigador científico y tecnológico en el NSPR, en
el periodo 1990 - 2007?
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1.3 Objetivos de la investigación
El objetivo general de es descubrir cómo la Política Pública de CTI influye en el
NSPR, en el periodo 1990 – 2007. Para lograrlo se estudiará los efectos sobre el
NSPR de las políticas que han aplicado los países de la muestra.
El objetivo específico es descubrir cómo la inversión en I+D influye en el NSPR,
en el periodo 1990 - 2007. Para lograrlo se estudiará los efectos de la inversión en
I+D sobre el NSPR, en los países de la muestra.
El primer objetivo derivado es descubrir cómo la estructura de los organismos de
I+D influye en el NSPR, en el periodo 1990 – 2007. En tal sentido, para cada uno
de los países escogidos se estudiará el tipo de organización que tiene el sistema
de ciencia, tecnología e innovación, y sus efectos sobre el NSPR.
El segundo objetivo derivado es descubrir cómo la Carrera del Investigador
Científico y Tecnológico (CICT) influye en el NSPR, en el periodo 1990 – 2007. En
tal sentido, se estudiará el tipo de carrera que tienen los investigadores y sus
efectos sobre el NSPR, en los países de la muestra.
Al final del trabajo, se identificará las políticas públicas que resultaron más
efectivas para incrementar el número de solicitudes de patentes. Se identificará el
tipo de organización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologías y el tipo de
Carrera del Investigador en los países de la muestra que se escoja. Basados en
los resultados de esa deducción propondremos algunos elementos de políticas
para impuslar la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú.
Naturalmente, ello no asegura un éxito al 100 % de los objetivos. Los efectos de
una política dependen de la cultura de cada población. Culturas con tradición
científica como Estados Unidos no necesitarán de las medidas que se son
aplicables en el Perú.
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1.4 Justificación de la investigación
1.4.1 Teórica
La naturaleza de la creatividad y la inventiva y los entornos que las promueven e
impulsan son temas de permanente interés en el mundo. Es motivo de curiosidad
científica la necesidad de saber qué es lo que estimula al ser humano para ser
creativo, inventor e innovador. Este trabajo pretente precisamente estimular los
estudios teóricos y empíricos sobre la naturaleza de la creatividad, la inventiva y
la innovación y las formas de incentivarlas. Ello estimulará también otros aspectos
del conocimiento, lo que promoverá el desarrollo de las ciencias cognitivas, la que
constituye una de las cuatro mega-tendencias mundiales de la ciencia y la
tecnología.
Intuitivamente, uno piensa que para aumentar el número de solicitudes de
patentes se debe generar un ambiente estimulante que libere la creatividad, lo
que mejorará el estado de las familias, estableciéndole al interior de ellas
relaciones novedosas, en las que siempre se estará buscando la originalidad o lo
nuevo.
El trabajo pretende que los políticos cambien sus prioridades de gasto público y
cambien los temas de sus intervenciones públicas, las que también deberán
adquirir características creativas.
Las propuestas políticas de los partidos para incrementar la creatividad, la
inventiva y la innovación generarán debates que involucrarán a los sectores que
tienen que ver con el bienestar general (alimentación, salud, educación,
esparcimiento) de la población.
1.4.2 Práctica
En la práctica, al identificar las variables que influyen positivamente en NSPR, se
podrá proponer lineamientos de una política pública que incentive la inventiva, lo
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que finalmente se traducirá en actividades en las que estarán involucrados el
Estado, el sector privado, la academia y los organismos no gubernamentales.
Este trabajo va a influir en la promoción de la creatividad, inventiva y la
innovación, la que ya ha existen varias iniciativas aisladas. El Estado está
tratando de elevar el nivel educativo, empezando por capacitar a los profesores
en los campos de la ciencia, la tecnología y el ambiente.
La creatividad y la capacidad de crear de sus ciudadanos permiten a un país
enfrentar los retos siempre nuevos que le presenta el mundo globalizado. Por ello,
es importante proponer políticas para facilitar que los ciudadanos creativos e
innovadores de hoy pongan sus capacidades al servicio del país y empiecen a
formar generaciones de ciudadanos más creativos e innovadores que enfrentarán
con mayor éxito los problemas del futuro. Esas generaciones de ciudadanos
serán capaces de dotarse de un Estado innovador y competitivo en el marco de la
actual sociedad del conocimiento, hoy liderada por las naciones con mayor
número de productos y servicios patentados o registrados como propiedad
intelectual. Precisamente, uno de los indicadores de la creatividad y la inventiva
es el mayor número de solicitudes de patentes (NSPR).
El número de solicitudes de patentes es una expresión de la capacidad de
generar nuevos o mejores productos y servicios, lo que aumenta la tasa de
crecimiento y el número patentes cuya venta significa ingresos económicos. Ese
crecimiento permitirá invertir en programas sociales.
Dado que la creatividad y la capacidad de inventar están relacionadas con el
estado físico y mental, el Estado deberá prestar mayor atención para mejorar la
salud, la alimentación y la educación de las personas, con lo que se disminuirá las
brechas en la distribución de la riqueza.
1.4.3 Metodológica
En este trabajo se estudiará las políticas públicas de Estados Unidos y una
muestra de países iberoamericanos y se identificará los elementos de política que
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han influido positiva o negativamente en el número de solicitudes de patentes de
residentes. Los datos para el estudio serán los que han recogido los organismos
interacionales y las normas que han dictado los gobiernos sobre políticas de CTI.
Se escogerá aquellos elementos que influyeron positivamente para proponer
políticas de CTI para el Perú para constituyan la base para las propuestas de
políticas para impultar este sector.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Evolución del Estado
Este trabajo trata sobre las políticas públicas en ciencia, la tecnología y la
innovación tecnológica (CTI), es decir sobre el rol del Estado en este sector. Para
comprender ese rol hay que entender la naturaleza del Estado, la que ha
evolucionado en la historia al ritmo de los cambios que se ha ido estableciendo en
los miembros de las comunidades del mundo. Una de las más recientes
definiciones es la siguiente: “El Estado es la institución que norma y organiza la
convivencia de una colectividad y sus formas de gobierno en su territorio nacional.
Es una organización que reclama para sí el control de un territorio y de una parte
importante de las relaciones entre las personas en él. El Estado tiene múltiples
dimensiones y algunas de ellas de manera separada o en conjunto contribuyen a
modelar y promover el desarrollo humano” (Programa de las Naciones Unidas
2009).
La primera vez que se abordó este problema fue cuando leímos el primer borrador
-puesto a consulta pública-, de la Constitución Política del Perú que estaba
formulando el Congreso Constituyente para el año 1993. En ese documento de
trabajo no se hacía referencia ni a la ciencia ni a la tecnología. Mostramos nuestra
preocupación ante autoridades de los institutos de ciencia y tecnología, con
quienes nos pusimos de acuerdo y se solicitó al presidente del Congreso
Constituyente la inclusión del texto siguiente:
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“Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del
país”. Tuvo efecto: la frase fue incluida en el artículo 14 de la Constitución Política
del Perú de 1993. (Montoya. 2000: pág. 59).
Hoy, casi un cuarto de siglo después, varios Estados del mundo han intensificado
la ejecución de sus políticas públicas para promover la CTI como base para la
innovación y la competitividad. Sin embargo, por los resultados, el Perú parece no
haber aplicado las políticas apropiadas en ese sector.
¿Por qué el Estado tendría que ocuparse de la promoción de la CTI, cuando las
mayores beneficiadas aparentemente son las empresas privadas? Para tener
elementos de respuesta veamos cómo se entiende el Estado en algunos países y
cómo éste se ocupa de promover la CTI y de ejecutar grandes proyectos de
investigación.
Para la Dirección de Información Legal y Administrativa de Francia (Dirección de
Información Legal y Administrativa de Francia 2010):
El Estado es a la vez una realidad histórica y una construcción teórica,
lo que explica la dificultad de definirlo de manera plenamente
satisfactoria. En sus “Contribuciones a la teoría general del Estado”
(1921), el jurista Carré de Malber lo define como “una comunidad de
hombres, establecidos sobre un territorio propio y poseyendo una
organización, de donde resulta, para el grupo contemplado en sus
relaciones con los miembros, una potencia suprema de acción, de
comando y coerción” subraya así la doble acepción de la noción de
Estado, que corresponde a un modo de organización social
territorialmente definido y un conjunto de instituciones caracterizadas
por la detención del monopolio de la promulgación de normas legales y
empleo de la fuerza pública.
El término mismo de Estado es impuesto tardíamente. Corresponde al
término griego koinonia politike que puede traducirse como sociedad
civil o al término romano res pública (la cosa pública), o más
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claramente, al stato utilizado por Maquiavelo para designar las
Ciudades-Estado de Italia.
En Francia, aparece bajo el Antiguo Régimen, pero designa entonces
más bien la situación de la persona en la sociedad y, más allá, la
condición política y social de ciertos grupos (el clero, la nobleza, el tiers
Etat): esta etimología común viene del latín stare y nos dirige a la
noción de estabilidad, de permanencia.
La acepción moderna de Estado aparecen en realidad en el
Renacimiento, cuando el fundamente divino del orden social es el
objeto de una contestación radical. El modelo de la ciudad griega o del
Imperio romano alimenta críticas en contra del sistema de poder
medieval marcado por la influencia de la Iglesia y por la repartición
feudal de la soberanía. Es así que Maquiavelo (1469-1527) define el
Estado como el poder central soberano que sustrae la acción pública
de consideraciones morales y religiosas. La Reforma contribuye
igualmente a romper los lazos entre el poder espiritual y el poder
temporal: Martin Luther (1483-1546), criticando la lógica de poder de la
Iglesia católica, afirma así la separación total entre reino de Dios y el
del mundo. Jean Bodin (1529-1596) constata por su parte la existencia
de un poder público que juega el rol de unificador del orden social: él
concibe el Estado como la sede de la potencia soberana y, a este título,
lo diferencia de la sociedad.
Una vez que es establecida esta definición moderna del Estado, queda
la cuestión de su legitimidad y de su organización.
Con la philosophie des Lumières, las teorías del contrato social aportan
respuestas que justifican la existencia del Estado: garantizando el
orden social, el Estado marca el paso del estado de la naturaleza,
caracterizado por la guerra de todos contra todos, al Estado civil, en el
que cada uno es libre obedeciendo la ley de todos.
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La Constitución del Pueblo es un cuerpo político, la Nación detentora
de la Soberanía, modifica por otro lado la concepción del Estado,
sometiéndolo al principio democrático. El Estado y la Nación aparecen
desde entonces como dos realidades estrechamente ligadas, al punto
que a partir del siglo XIX, la noción de Estado-Nación se impone,
justificando tanto la unificación de ciertos territorios o la dislocación de
Imperios que engloban varias entidades nacionales. El Estado se
caracteriza entonces como la superposición de una entidad política
soberana con un conjunto cultural unificado del punto de vista
lingüístico o religioso.
Esta concepción del Estado ha sido el objeto de una crítica de Karl
Marx, para quien la Nación es secundaria con relación a las clases
sociales, en las cuales la existencia se desprende de las relaciones de
producción. El Estado aparece diferenciándose de la sociedad civil y de
su rol, en el sistema capitalista, es de permitir la permanencia de
relaciones de explotación. El Estado es, ante todo, considerado como
un aparato de violencia y de opresión, que conviene hacer desaparecer
después de un periodo de transición (la dictadura del proletariado) 1 . El
sociólogo alemán Max Weber rechaza esta visión determinista del
Estado: para él, la economía y la política son dos dominios distintos, la
primera caracterizada por la satisfacción de las necesidades, la
segunda, por la dominación del hombre sobre el hombre. En ese
marco, el Estado aparece como una institución que, sobre un territorio
dado, dispone del monopolio de la violencia física legítima. Ello
significa que los individuos reconocen la autoridad del Estado
aceptando obedecerlo: esta autoridad está fundada sobre la tradición,
el carisma del dirigente o en las sociedades modernas, sobre la
racionalidad impuesta por la legalidad y la burocracia.
Sobre el plano jurídico, el criterio principal del Estado es aquel del
ejercicio de la soberanía, que es un poder incondicionado, de donde
1 A fines del siglo XX, ideas totalmente opuestas a las de Karl Marx, también veían al Estado como el enemigo de las
empresas.
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derivan los otros poderes. Ello significa que, al interior del territorio del
que es encargado, el Estado dispone de la capacidad de sus
competencias. Cuando esta soberanía es ejercida por un solo conjunto
institucional, el Estado es unitario. Cuando es compartido entre varios
Estados soberanos, ellos mismos agrupados en el seno de un mismo
conjunto estatal, se habla de Estado federal. El Estado juega un rol
esencial sobre la escena internacional, porque le corresponde defender
su población y su territorio. Para este fin, el Estado puede establecer
convenciones ligándolas con otros Estados, al mismo tiempo que
dispone de la fuerza armada: entonces actúa a la vez como un sujeto
de derecho internacional, como una potencia.
Las instituciones estatales se caracterizan ante todo por el ejercicio de
sus funciones: al interior, esas funciones conciernen la promulgación
de normas (legislación, reglamentación) y la sanción de aquellos que
las desconocen (justicia, policía); al exterior, esas conciernen la
diplomacia y la fuerza armada. El ejercicio de esas funciones requiere
de recursos propios, que son extraídos de la colectividad nacional a
través del impuesto. Pero en las sociedades contemporáneas, la acción
del Estado no se limita más sólo a las funciones relacionadas con el
ejercicio de su Soberanía. Su campo de intervención se ha extendido
en numerosos dominios en los que existe un interés general que no
puede ser satisfecho por sola acción de particulares (ex: educación,
salud, cultura, investigación…). Paralelamente, la función redistributiva
de la fiscalidad es impuesta. Esta emergencia del “Estado Providencia”
marca una verdadera mutación del Estado: marco institucional del
ejercicio del poder, ha devenido igualmente en un elemento de
cohesión social y un garante de la igualdad entre los individuos que la
componen.
En el periodo reciente, el Estado está confrontado al fenómeno de la
globalización: el desarrollo de empresas llamadas “multinacionales”, los
nuevos medios de comunicación (internet), la emergencia de modos de
acción política exterior a los Estados (organizaciones no
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gubernamentales), el rol de las religiones, de las organizaciones
internacionales, levantan así numerosas cuestiones sobre el futuro del
Estado, en el que no es seguro que quede tan estrechamente ligado al
marco nacional.
2.1.1 La gobernabilidad en el pensamiento filosófico
Michel Focault (1994) teoriza al Estado tomando en cuenta sus prácticas, su
manera de ejercer el poder, definido como gobernabilidad. Ello lo llevó a ver al
Estado según sus acciones, es decir al Estado “en concreto”:
Cuando comencé a interesarme de manera más explícita en el poder,
no era para nada para hacer del poder algo como una sustancia, como
un fluido más o menos maléfico que se difundía en el cuerpo social,
con la pregunta si venía de arriba o de abajo. Yo, simplemente quise
plantear una pregunta general que es “¿Qué son las relaciones de
poder?... ¿Qué pasa, por cuáles instrumentos y, dado que soy
historiador del pensamiento y de las ciencias, efectos de cuáles son
esas relaciones de poder en el orden del conocimiento?” (Foucault
1994. ppág. 750-751).
En el siglo XVII se inicia la racionalidad política y toma una forma final en el siglo
XVIII, la que sucede al Estado de justicia, que Michel Foucault llama el Estado
Administrativo de los siglos XV y XVI. El arte de gobernar, su saber hacer, sus
técnicas, estaban concentradas sobre su habilidad para conquistar y, sobre todo,
para conservar el poder (Gauthier 1996. ppág. 19-33).
Gobernabilidad no tiene que ver con conquistar o poseer, sino de
producir, de suscitar, de organizar la población a fin de permitirle
desarrollar todas sus propiedades. Así, la referencia a la economía
política suscita un cambio mayor en la concepción de la potencia. Esta
no proviene más de la dominación por la guerra y de la capacidad de
los cobros fiscales sobre los territorios dominados; ésta va entonces
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descansar sobre la puesta en valor de las riquezas por las actividades
estructuradas de la autoridad política. (Lascoumes 2010. ppág. 13-14).
La organización concreta de la sociedad toma forma en Prusia, en la mitad del
siglo XVIII, combinando una visión política basada sobre la filosofía de la
educación y de los principios considerados racionales de administración de
asuntos de la ciudad. Luego, esta visión fue reemplazada por aquella que
buscaba el bienestar de la población, combinando las dimensiones de orden
público, de bienestar y de cultura. En la filosofía política clásica hay una
separación mayor entre los atributos de la soberanía y la administración de lo
cotidiano. A fines del siglo XVII, se busca una unidad entre el ejercicio del poder y
esas dimensiones que se integran progresivamente (Lascoumes 2010).
Según Pierre Lascoume, Michel Foucault identifica tres etapas en la
conceptualización del Estado:
• Una etapa inicial de utopía crítica en la que conceptualización de un
modelo alternativo de gobierno permite la crítica implícita del régimen
monárquico. Se refiere a L. Turquet de Mayerne quien, desde 1611,
visualiza el desarrollo de una especialización del poder ejecutivo, “la
policía” para vigilar tanto la productividad de la sociedad como la seguridad
de sus habitantes (Lascoumes 2010. ppág. 13-14). Él contempla una
cuarta “gran función” al lado de sus atributos regios clásicos, la Justicia, el
Ejército y las Finanzas.
• Una segunda etapa surge a principios del siglo XVIII en el movimiento
general de racionalización que es aplicada a la administración real por
ciertos agentes preocupados de una mejor eficacia. Uno de los más
célebres de los tratados es el que publica N. Lamare en 1705. Según él, “el
bienestar (es decir “la seguridad y la prosperidad individual”) es una
necesidad para el desarrollo del Estado” y es responsabilidad de lo político
de llegar a ese objetivo.
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• Una tercera etapa está marcada por la constitución en Alemania
principalmente de la Polizeiwissenschaft. Von Justi publica en 1756 una
obra que propone principios de acción para “vigilar a los individuos que
viven en sociedad” y apunta a “consolidad la vida cívica con vista a reforzar
la potencia del Estado”. En el marco de su reflexión sobre el bio-poder,
Foucault resalta el trabajo de Franck, que es el primer gran programa
sistemático de salud pública para el Estado moderno. Él indica con lujo de
detalles lo que debe hacer una administración para garantizar el
abastecimiento general, una habitación decente, la salud pública sin olvidar
las instituciones médicas a buena salud de la población, en resumen, para
proteger la vida de los individuos. (Foucault 1984: ppág. 814-815). Para
Lascoumen, Michel Foucault ve allí la primera formulación de la
“preocupación por la vida individual” en tanto que deber del Estado.
Es esta tercera etapa el Estado tiene que promover el conocimiento científico
sobre las enfermedades, el que servirá para combatirlas y defender a las
poblaciones de sus efectos diezmadores.
2.1.2 El análisis de políticas públicas y las teorías del Estado
Joan Subirat, Peter Knoepfel, Corinne Larrue y Frédéric Varne han realizado un
estudio sobre políticas públicas (Subirat y col. 2008) empezando por asumir el
enfoque de Mény y Thoenig (Mény y Thoenig 1989: pág. 67) para identificar tres
“modelos teóricos”:
• El primer modelo se sitúa en una perspectiva pluralista y concibe al Estado
como una especie de “ventanilla” en la que se atenderían toda suerte de
demandas sociales. Las políticas públicas serían respuestas a las
demandas sociales que deberían analizarse desde una lógica de
optimización de las decisiones colectivas o de racionalización tanto de los
procesos de toma de decisiones como de la conducta de los “burócratas”
(en la línea de la escuela del public choice, y de la teoría de la
racionalización limitada). De acuerdo a esta concepción, la ausencia de
19

una política pública puede derivarse no tanto de la falta de caracterización
como problema de tales situaciones, como de los bloqueos o acciones
corporativas o privadas que trata de controlar ese sector y evitar así la
actuación de los poderes públicos.
• El segundo modelo de interpretación gira en torno a la idea del Estado
como instrumento al servicio de una clase social (enfoque neo-marxista), o
de grupos específicos (enfoque neo-managerial). Desde esta perspectiva,
el análisis de la acción de los poderes públicos permitiría evidenciar la poca
autonomía del Estado respecto a los intereses capitalistas y/o frente a los
actores de organizaciones no públicas. Simplificando, diríamos que desde
esta perspectiva, la política de salud (por ejemplo), tendría mucho que ver
con los intereses de las empresas farmacéuticas. A partir de esta
perspectiva, un problema social se convierte en un problema público, sobre
todo, cuando esto corresponde a los intereses de las clases
(económicamente) dominantes. La versión neo-managerial de este modelo
parte de una interpretación similar pero reemplaza el concepto de clases
dominantes por el de elites.
• El tercer modelo pone el acento en la distribución de parcelas de poder
entre los actores y en las interacciones entre los mismos, analizando la
representación y la organización de los diferentes intereses sectoriales o
de las distintas categorías de actores (enfoque neo-corporativista), o
analizando las organizaciones y reglas institucionales que enmarcan tales
interacciones (enfoque neo-institucionalista). Según el enfoque neocorporativista,
los servidores públicos están en gran medida “capturados”
por los grupos de interés (“clientes”) con los que mantienen, en el ejercicio
del poder público, relaciones privilegiadas y exclusivas. Aplicar dicho
enfoque a Suiza nos llevaría a considerar, por ejemplo, que la Office
fédérale des vétérinaires es “propiedad exclusiva” de los grupos agrarios y
que ello explica la falta de articulación de la misma con entidades de
control sanitario o alimentario más generales. En Francia, la aplicación de
este tipo de análisis subraya, como factor explicativo del funcionamiento de
la administración central, el papel de la elite surgida de la ENA (École
20

Nationale de Administration) y las Grandes Écoles y de las relaciones
privilegiadas que sus miembros mantienen con sus colegas que se
marchan al sector privado. En España, el caso de algunos organismos de
regulación teóricamente independientes pero fuertemente condicionados
por las entidades o empresas que deberían controlar 2 , podrían servir de
ejemplos en la misma línea.
El enfoque que estos defienden busca entroncar la segunda y tercera corrientes.
En ambas, el Estado debe recurrir al conocimiento científico. En especial, en la
ENA convergen las élites del conocimiento científico y tecnológico, los que luego
gestionan el conocimiento para beneficio del país.
2.1.3 El Perú diverso en busca de un Estado
Para intentar entender al Perú y ver si tenemos un Estado acorde con su realidad,
es bueno empezar por ver su diversidad geográfica y cultural. La variedad de la
geografía peruana y las potencialidades naturales de su suelo dieron lugar a
innumerables comunidades culturales. Cuando uno viaja por el Perú, encuentra
abruptos cambios de paisajes, de especies animales y vegetales, así como de
formas de vivir de la gente. Hay algo, sin embargo, que hasta ahora llama la
atención: con sólo escuchar el nombre de un lugar en la lengua ruma simi, uno
puede tener ideas sobre su paisaje y su potencial en recursos naturales. ¿Habrá
acaso un orden en esta diversidad? ¿Son todas las regiones diferentes? ¿Hay
patrones naturales que nos pueden ayudar a clasificarlas? Estas interrogantes
han sido ordenadas en la propuesta de las ocho regiones de Javier Pulgar Vidal.
Se puede constatar que los antiguos peruanos ya se referían a ella en su vida
diaria, por medio de una toponimia, oronimia e hidronimia racionales.
A Javier Pulgar Vidal no le pareció apropiada la esquemática división de tres
regiones naturales inspirada en realidades españolas. Para clasificar mejor las
regiones del Perú, el geógrafo acude a la observación de los detalles y al análisis
de los nombres que dieron los peruanos a los diversos parajes. Nos recuerda que
los habitantes milenarios de estas tierras denominaban a los lugares por sus
2 Comisión Nacional del Sector Eléctrico, Comisión del Mercado de Valores, Confederaciones Hidrográficas, entre otras.
21

características geográficas. Los chalacos del Callao y los chalacos de Sechura se
sintieron pertenecer a una misma región, de donde también procedían los peces
marinos chalacos del Perú y Valparaíso en Chile. La región Chala, entre 0 y 500
msnm, es desértica, con algunos valles generados por ríos alejados entre sí, los
que bajan de los deshielos y de las acumulaciones las aguas de lluvia en las
partes altas del país.
En el Perú, hay lugares altos pobres en frutas, pero con abundancia vegetal
algunos kilómetros abajo. Pulgar Vidal identifica esa región como Yunga,
caracterizado por valles cálidos de rica vegetación, entre 500 y 2300 msnm.
Pulgar Vidal nos advierte que la palabra “quechua” no se refiere a una lengua o a
una etnia, sino a la región del Perú entre 2300 y 3500 msnm. Con cielo azul, aire
puro y clima templado, es la mejor región para vivir. Allí habitaba la mayoría de los
peruanos prehispánicos. Ese ambiente genera buen ánimo para el trabajo y
creatividad entre sus habitantes. Los quechuas, cambiando un poco la topografía
natural, con ayuda de muros o árboles, hicieron de su región grandes huertas y
jardines, cuya belleza perdura en varios lugares, como lo muestran las ciudades
quechuas de Cajamarca, Cuzco, Arequipa y Huancayo.
En los lugares altos del Perú ahora se cultiva trigo, papas, oca, habas, cebada,
olluco, mashuas, mientras que la ganadería es rala. Allí hay muy poco para
alimentarse. Por ello, la emigración es permanente. Pulgar Vidal nos dice que
esos lugares corresponden a la región Suni o Jalca, donde reinan zorros y
zorzales. Hay, sin embargo, un atractivo en esas tierras: el cuy, con el que
prepara uno de los platos preferidos de los peruanos.
Las tierras más elevadas corresponden a la región Janca, la que aparece como
un reto para el hombre. Estas tierras frías, con sus cumbres nevadas, tienen
pocos visitantes, entre los cuales están los camélidos excluidos de la manada, las
vizcachas y chinchillas.
En la región Rupa-Rupa, entre 400 y 1000 m.s.n.m., del lado oriental del Perú, los
ríos son copiosamente alimentados por las lluvias y hacen posible valles ricos en
flora y fauna. Paisajes cubiertos de verdor y agua que generan abundancia
22

natural. Los colonos se han volcado a esas tierras y las están modificando:
algunas veces para mal, sobre todo cuando practican la tala indiscriminada de
árboles. Cuando uno viaja hacia Pucallpa, la torrencial lluvia y el majestuoso
paisaje, con su “bella durmiente” de Tingo María, anuncian la exuberante
naturaleza que se encontrará más abajo.
La región Omagua, Selva Baja o Amazonía, representa la región del agua, con
sus más 700 especies de peces. Esta región ha provocado en los hombres
innumerables mitos, el más conocido de los cuales es el de “El Dorado”.
En el viaje por el Amazonas uno encuentra mil curiosidades, entre las que están
los cazadores de boas, los que suben sus presas vivas -envueltas en costales- a
las lanchas, para llevarlas y venderlas por metros en Belén, un populoso barrio
mercado de Iquitos. En esos lugares, los monos despiertan bulliciosos en los
árboles. Lo que hemos descrito es una pequeñísima parte de la diversidad de
climas y microclimas que tiene nuestro país, la que ha dado lugar a una
diversidad de formas de vivir de los seres humanos.
La diversidad en el Perú es total: geográfica, biológica y cultural. Y los tres
aspectos están estrechamente relacionados. Hace cien mil años nació el hombre,
en África. Desde allí se dispersó por el mundo y, en cada lugar donde llegaba,
sufría los rigores de la selección natural, la que hacía sucumbir a los físicamente
más débiles y a los que no tenían las habilidades como para hacer habitable el
nuevo ambiente al que llegaban.
En ese sentido, las mujeres y los hombres que avanzaron tan lejos, desde el
África hasta el Perú, han debido enfrentarse a innumerables ambientes, de modo
que han heredado las habilidades que les permitieron sobrevivir en los desiertos,
las selvas, los glaciales, a los enfrentamientos con bestias depredadoras, y a
tanto cuanto haya de diversidad geográfica, climatológica, vegetal y animal.
Tuvieron que aprender a usar los diversos recursos naturales que encontraron.
Los que no lo tuvieron éxito se quedaron regados en el camino. Y, finalmente, en
el territorio peruano tuvieron que enfrentarse a tal diversidad de ambientes y
23

microclimas que su cultura se diversificó para sobrevivir y tener una vida
llevadera.
Recientemente, estuvimos en el departamento de La Libertad. Subí a Salpo, un
pueblo a 3600 msnm. Puede constatar que los intereses de los salpinos son muy
diferentes a las de los trujillanos, los residentes de la capital costeña de ese
departamento peruano. Un hombre que parecía de 35 años, cuando le pregunté
su edad, me dijo tener 22 años. No había ido a la escuela ni al ejército. No
conocía el Estado. ¿Qué pasa si viene un policía a llevarte? Le pego, me dio
como respuesta, sin titubear. Un niño de diez años que estaba en quinto grado de
una escuela multigrado no sabía sumar, ni sabía quién era el presidente de la
República, menos había escuchado hablar sobre San Martín o Bolívar. Sin
embargo, ambos conocían de biología más que la mayor parte de los
universitarios trujillanos, imbuidos en la cultura occidental.
Los liberteños de arriba ven la puesta del Sol hacia abajo, hacia Trujillo, donde
hay otra cultura, abierta, tan abierta que el monumento a la libertad de la plaza
central lo construyó un alemán, pero tan descuidada con la cultura originaria del
Perú que Chan Chan, donde se encuentran los restos de los habitantes
prehispánicos, está casi abandonado. En realidad, Chan Chan es usado hoy para
dar grandes recepciones espectáculos en ocasión de eventos importantes –como
fue el caso para la Conferencia Anual de Ejecutivos 2007 (CADE 2007), poniendo
en valor una cultura desestructurada con la invasión española. Subí al cerro
Ragash, a 4000 msnm, el punto más alto de los andes occidentales de La
Libertad. Pude ver, al mismo tiempo, el mar y el pico del Huascarán, ambos a
unos 80 km de distancia. Los niños que viven en torno a este Apu son pastores,
comen harina de trigo tostado con manteca y azúcar. Conocen las palomitas de
maíz de las abuelas, pero no el pop corn de Larco Mar 3 , consumen sus
chancacas y sus cachangas 4 . Los alimentos de la región son en parte autóctonos
y en parte traídos durante la colonia. Se ha dejado de cultivar la quinua. Los
cultivos son mayormente de papas, trigo, cebada, habas, arvejas, ocas y
mashuas. Se observa que el ganado está compuesto básicamente de vacas,
3 un centro comercial construido en Lima mirando al mar
4 unas tortillas de trigo fritas.
24

oveja y cabras. Los asnos y caballos son las bestias de carga. En esos lugares,
no se ve ni una llama, alpaca, guanaco o vicuña.
En suma, se ha producido una simbiosis agrícola pero en desmedro de lo
autóctono. El ganado que vino de Europa es depredador, arrancan raíces,
desaparecen pastos; mientras que los animales autóctonos, cortan los tallos,
preservándolos.
Desde los lugares altos liberteños se observa con claridad la Vía Láctea, pero
también las antenas retransmisoras colocadas en la cima del Ragash. Esas
antenas se yerguen hiriendo el paisaje para llevar las señales de la televisión,
cargadas de repertorios culturales diversos, provenientes del resto del Perú y del
mundo. Bajando del Ragash encontré a dos niños quienes, mientras comían ocas
crudas, comentaban sobre la belleza de coloridos líquenes que se pegaban a las
húmedas rocas. Eran hermanos de piel tempranamente deteriorada por ese
ambiente de sol y sequedad. Uno de ellos tenía los ojos claros, signo inequívoco
de una contribución genética de otro continente. Los niños me contaron que les
gustaba subir al cerro Quinga, donde hay música cuando el viento sopla el
pajonal, y desde donde todo se ve más claro y se observa las nubes hacia abajo.
Son niños altivos, pero reflexivos. Hablan un castellano antiguo con algunas
palabras en lengua pre-hispánica: “yo mesmo lo vide: era un shingo gigante”, me
dijo dando cuenta de un cóndor de los que ya no hay muchos por esos lares. Sin
embargo, la mayoría de las denominaciones de lugares no tienen nada que ver
con el castellano: Milluachaqui, Carabamba, Shitahuara, Chanchacap,
Agallpampa, son algunos de los pueblos vecinos a Salpo. Los habitantes de esos
pueblos, en busca de sus raíces, debaten aún en torno al significado de esas
palabras. Unos dicen que es quechua y otros se inclinan por la lengua cuye,
compartida por una región de unos 100 km a la redonda. Par comprobar esta
hipótesis, viajé a Cabana, bajando a Trujillo, luego a Chimbote, 100 km al sur,
para subir finalmente a Cabana. Efectivamente, Salpo y Cabana tienen muchas
palabras compartidas. Sus platos, en base a cuy, ocas, ollucos y mashuas, son
los mismos. Lo que se ha perdido es la comunicación entre ellos que antes era
fluida a través de los antiguos caminos. Hoy todos bajan. Los de Salpo a Trujillo y
los de Cabana a Chimbote, para finalmente terminar en Lima, o en París.
25

“La interacción cultural tiene consecuencias tristes, que arrinconan en la
melancolía por las cosas del pasado cercano” -me dijo un habitante de
Purrupampa- “ya no encuentro chicha de maíz, ahora solo venden cerveza”. Las
antiguas chicheras murieron sin dejar herederas. Una empresa cervecera que
invade todo el Perú con sus paneles de propaganda promueve todo cuanto
evento termina en borrachera.
Bajo a la plaza de Salpo donde se encuentra una iglesia, en la que algunos
pobladores y visitantes están preparándose para la procesión de Semana Santa.
Afuera, otros hacen lo mismo, pero con botella de cerveza en mano. La mayoría
viene de Lima, Trujillo o Chimbote. ¡Hasta de Huancayo han llegado algunos! La
empresa Buenaventura, por unos años, estaba haciendo prospecciones de oro.
Llevó mineros de todos lados, muchos de los cuales se enamoraron de Salpo,
como se enamoraron tantos otros venidos de todos los rincones del Perú cuando
había oro explotado por la Northern. Varios de los mineros de esos tiempos se
quedaron en Salpo, mineralmente empobrecido pero culturalmente enriquecido.
Los que se fueron, siempre regresan para Semana Santa, 1ero de mayo y para la
fiesta de la Virgen de las Mercedes, en septiembre. Una vez llegué después de la
Fiesta y sólo encontré a las chuñeras, con su aromático chuño de papa, que
mejora con el tiempo. Ya se habían ido todos los fiesteros, pero en el pueblo
dejaron sus conversaciones y sus sueños. Los niños aprendieron mucho de ellos,
se han enterado cómo se vive en los microbuses de Lima, y en las pampas de
San Juan de Lurigancho. Y los costeños se llevaron la historia del Perú antiguo.
Subieron a Cuidista, uno de los cuatro centros religiosos del reino Chimor, desde
donde se observa los círculos iris - porque hay veces se ven circulares- más
bellos del planeta. Han recibido tantas enseñanzas de los salpinos que tienen la
oportunidad de contar algo sobre la diversidad cultural peruana.
De paso hacia Lima, no pude dejar de visitar la “Huaca de la Luna”. Gracias al
trabajo de Santiago Uceda, quien hoy muestra al mundo los productos de la
cultura pre-hispánica, subvaluada en el pasado cercano. No pude evitar los
humos de Siderperú ni los olores de la harina de pescado de Chimbote, signos
de crecimiento industrial, que, a pesar de todo lo negativo que puede resultar la
26

contaminación generada por la industria, han constituido la base para que muchos
salpinos hayan tenido oportunidad de conocer otras culturas. En el trayecto a
Lima, me desvié a Caral, descubierta por la mítica Ruth Shady, enamorada de
hombres que vivieron hace cinco mil años, haciendo construcciones que ni
soñaban los habitantes de los países ahora avanzados. La arqueóloga Ruth
Shady me contó que su padre vino de Europa y que la llevaba a visitar los lugares
arqueológicos de su tierra:
Desde niña, mi padre, Gerardo Shady, un agrónomo que nació en
Praga y vino al Perú por el problema la guerra, me llevaba a pasear por
los restos arqueológicos del Perú, y me traía libros de historia que me
fascinaron, yo me los devoraba. El apellido lo escogió para escapar de
la guerra, su verdadero apellido era Hirsch. Él adoraba la historia del
Perú y sus restos arqueológicos. Todos los domingos, el programaba
visitas a los pueblos. Él me llevó a Cantamarca y me hacía ver los
restos arqueológicos. A mi madre, una peruana más bien tradicional,
no le gustaba que me llevara a los lugares arqueológicos, pero yo
estaba encantada. Mi padre me tradujo el libro de Ernst Wilhem
Middendorf sobre Chavín de Huantar. Cada cumpleaños me regalaba
libros de Historia. El me compró la colección de Garcilaso de la Vega.
La Historia de América. Varias colecciones. Yo me he leído todos los
premios Nobel de Literatura. El nos reunía con mis primos, y nos
premiaba con plata a los que contestaban sus preguntas. Así, a los 9
años, yo sabía bastante sobre literatura.
Cuando nosotros deseábamos trabajar en los restos arqueológicos de
Bagua y no se encontraba el Apu de la región, no lo podíamos hacer.
Teníamos que esperarlo para que el decidiera darnos el permiso. Sus
valores culturales son diferentes a los de otros lugares del Perú. Y lo
que menos soportan es que se ingrese a sus asuntos inconsultamente.
En Caral, los pobladores actuales participan en la valoración de Caral.
Nosotros hemos trabajado de tal modo que ellos sientan que Caral es
suyo, parte de ellos, de su historia, y por el que deben sentirse
orgullosos. El Perú debe integrarse en torno a la idea de una
civilización originaria, la que ahora se descubre estaba a la altura de
27

las civilizaciones más prestigiosas del planeta, simultáneamente con
Mesopotamia, Egipto, India y China.
La creatividad se verifica en sus obras, las que surgieron en la soledad
cultural, en el sentido que tiene todo pionero, de avanzada en su
trayecto. La única forma para sobrevivir en un territorio como este es
con creatividad. Los que no eran creativos se quedaron. Yo he leído
sobre Mesopotamia y Egipto. Acá fueron diferentes pero exitosos.
Caral es un punto de reflexión para los peruanos. Por qué, habiendo
sido tan creativos, no hay brillo ahora.
En el cruce de Puente Piedra, vi un panel de desvío al Centro Nuclear de
Huarangal, construido por ingenieros y científicos argentinos. Llegué finalmente a
Lima, como los millones de personas que han llegado de distintas partes del Perú.
Paso por “Lima Norte”, en el que se ha sembrado variopintos centros culturales y
comerciales, donde se ofrece champagne, coñac, pisco, cerveza y chicha de jora,
pero también pavos y cuyes. Se anuncia fiestas huancaínas, cusqueñas,
arequipeñas, a los que están invitados todos.
En Lima se ve cómo los andinos, luego de abandonar sus tierras, han invadido
todo cuanto cerro parecía “habitable”. Las tierras andinas no han gozado de la
biotecnología moderna como para hacerlas productivas. Los agricultores dejan
sus tierras para sufrir día a día la modernidad limeña. Evidentemente, el Estado
no ha significado progreso para las regiones alejadas de Lima, y su dejadez ha
facilitado para que Lima se haya vuelto una ciudad sobrepoblada.
En este viaje observé también que, para Trujillo, Lima casi no existe. Trujillo vive a
otro ritmo y guiado por otros intereses. Los trujillanos tienen sus propias fiestas -
siendo la más conocida la de la marinera- a la que festejan con orgullo.
Para conocer otra realidad del Perú, y completar este trabajo, viajé a Celendín,
una ciudad que presenta características especiales por su origen y su diversidad
cultural. Durante la colonia se estableció un asiento misional franciscano para
cristianizar a los pocos habitantes que habitaban esa región, a fines del siglo XVII.
En el siglo XVIII, las monjas de la Inmaculada Concepción eran dueñas de las
28

tierras en Celendín. En ese siglo, familias judeo-españolas y/o portuguesas
compraron la hacienda Inmaculada Concepción de Chilindrín (Quirós 2002). Estas
familias habían estado viviendo en los alrededores de Celendín y, por sugerencia
del monseñor Baltasar Jaime Martínez Compañón y Bujada (12 de julio de 1782),
decidieron comprar la hacienda de la Pura y Limpia Concepción de Zelendín
(Sánchez).
La interacción de los repertorios culturales, cuyo origen se encuentra a miles de
kilómetros de Celendín, ha dado lugar a complejas construcciones lingüísticas
que han sido motivo de investigaciones de varios intelectuales celendinos, entre
los cuales están Luis D. Quirós (Quirós 1992) y Pelayo Montoya (Montoya, pág.
2008). Incluso se sigue añadiendo repertorios culturales con la reciente llegada de
europeos para instalarse en esa ciudad. Una pareja peruano-holandesa ha
instalado un “Bed & Breakfast y Café Naranja Mecánica” y contribuye con la
complejidad cultural celendina. En Celendín se nota un intenso mestizaje y la
conjunción de repertorios culturales diferentes a la que se ha dado en Salpo. Las
preocupaciones de Salpo están relacionadas con la falta de una buena carretera
que permita una mejor comunicación con la capital de la Libertad. Las
preocupaciones de Celendín están centradas en la carretera que conduce a la
capital de Cajamarca. La aspiración común de ambos pueblos es una mejor
comunicación y mejor educación. Atendiendo ese interés, en Celendín acaba de
instalarse la filial de una universidad privada que tiene su sede principal en Lima.
Tanto Celendín como Salpo carecen de industria que genere empleo para una
población que aumenta cada año. Como consecuencia de ello, los jóvenes han
emigrado. Los campos agrícolas que rodean Celendín son explotados por
personas mayores con pocas probabilidades de conseguir empleo en otras
ciudades.
Lo descrito es solo una parte de un país compuesto de innumerables realidades,
las que viven separadas por una geografía difícil, sin una infraestructura de
carreteras que permita una real integración. Ese país, hace unos 10 mil años, vio
llegar hombres que rápidamente se dispersaron en pequeños poblados para crear
grandes civilizaciones, las que fueron fusionadas por el Imperio inca y
29

desmembradas por la invasión española. Hasta ahora siguen esperando un
Estado que sirva para mejorar el bienestar común.
2.1.4 Chavín, el primer Estado peruano
Peter Klaren (Klaren 2005) muestra cómo un proceso lento de fragmentaciones y
síntesis de civilizaciones regionales, que empezó hace 5 mil años, tuvo lugar la
formación del Estado de Chavín 5 . Es de suponer que hubo divinidades locales,
entre las cuales surgió la que se convirtió en la divinidad de todos. No hubo un
proceso de dominación de uno sobre el otro a través de confrontaciones violentas.
Se trató de una adopción de una religión con mayor atracción. Chavín no era una
ciudad administrativa. Era un templo.
Es probable que las divinidades regionales empezaran a tomar tal importancia
que las regiones optaran por desprenderse del Estado multinacional, pluricultural
y multiétnico, para formar los Estados regionales Nazca, Paracas, Vicus, entre
otros. Luego de la desagregación, se generó nuevas síntesis culturales, en
Estados regionales, que dieron lugar avances tecnológicos representados por la
cerámica, la textilería, la ingeniería y conquista del espacio ecológico.
2.1.5. Los incas y el Estado integrador
Sobre regiones tan disímiles como las que hemos descrito aparecieron los
primeros Estados imperiales. Surgió el Imperio de Huari (a partir de los años 550
d.C.) y de Tiahuanaco (a partir de los años 800 d.C.). La desintegración de estos
Estados da lugar al Estado inca 6 .
En ese entonces había unas 200 naciones, con Estados multiculturales
caracterizados principalmente por su religiosidad. Los Incas aprovecharon la
5 De acuerdo con las fechas obtenidas mediante el Carbono 14, la época más antigua del templo es de alrededor de 1200
a.C., siendo su fase de mayor apogeo alrededor de 1000-800 a.C. y su declinación cerca del 400 a.C. Algún tiempo
después de su destrucción, a comienzos de nuestra era, el sitio fue re-ocupado por modestos campesinos –los que
construyeron sus casas sobre de los escombros- y por los portadores de la cerámica Huaraz, hacia el siglo I d.C., por los
que usaban la cerámica Mariash (Recuay) hacia el siglo IV y, finalmente, durante varios siglos, hasta la época Colonial, por
los portadores de las varias fases de la cerámica llamada Callejón (web Perú Cultural) el que duró cinco siglos. Era un
Estado multicultural basado en la religiosidad con un gran centro cívico ceremonial, al que confluían poblaciones de
diversas regiones (Muestras de cerámicos encontrados en Chavín estudiadas con técnicas de análisis por activación
neutrónica, en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, identifican orígenes diversos, de distintos lugares, algunos alejados
a miles de kilómetros
6 Que empieza a surgir a partir de los años 1200 d.C.
30

eligiosidad de población para formar una síntesis. Ante esas naciones, el Inca se
presentó como el hijo del Sol, respetó sus lenguas, sus dioses, sus tierras y sus
formas de explotarlas mediante una economía vertical (Murra 1975). John Murra
señala que los incas preparaban nuevas tierras para que sean trabajadas para el
Estado. El Estado inca respetó la tecnología agrícola basada en múltiples pisos
ecológicos. Puede decirse que los incas establecieron relaciones de mutua
conveniencia con las diversas identidades regionales, algunas de las cuales, por
sus conocimientos hidráulicos producían grandes cantidades de alimentos.
Enormes territorios costeños ahora desérticos estaban regados por innumerables
canales uno de los cuales llegó a tener 110 km. Algunos historiadores consideran
una superficie cultivada en la Costa (siglos XIII-XIV) en más de 700,000 ha. Los
cultivos sembrados eran de maíz, algodón nativo, pallar, frijol, etc., los que
requerían bajo consumo de agua (Portal Agrario, 2010).
En la época de los incas, los que gobernaban eran, en realidad, los miembros de
la elite que vivía en torno al Inca. Esta elite era una panaca real compuesta de
hermanos, primos, cuñados, etc. Según María Rostorowski (1989) los incas
expandieron sus dominios a través de manipulación de las relaciones
institucionales. El proceso duró 30 años, pero llegó a abarcar casi todo el territorio
de América del Sur. Durante el Estado inca no habían guerras; la excepción fue
su enfrentamiento con los chancas, el que se dio por el control de los territorios y
los recursos naturales pertenecientes a esas poblaciones.
El control Inca sobre las poblaciones era estricto. Los miembros de la comunidad
no tenían libertad de movimiento: se quedaban en el lugar donde nacían. Lo que
favoreció la estabilidad era la correspondencia entre las estructuras políticas y las
relaciones culturales y sociales. El Estado inca era multicultural y multiétnico. No
desapareció la diversidad de las naciones en el seno de las cuales se había
constituido. Incluso, dentro de cada una de las naciones había pluralidad de
grupos étnicos. El Estado inca floreció durante el siglo XV el que dominó gran
parte de la parte occidental de América del Sur, debido al liderazgo primero de
Pachacútec, Túpac Yupanqui y, finalmente, de Huayna Cápac.
31

Para María Rostworowski (2005), “le era imposible al inca de disponer de la
fuerza de trabajo necesaria de sus vecinos. Al empezar la expansión, la autoridad
no se inició directamente, sino que se ejerció por medio de la reciprocidad y de la
minka, palabra cuyo verbo minccacacuni (González Holguín 1952) significa rogar
de alguno que me ayude prometiéndole algo”.
María Rostworowski haciendo referencia al trabajo de Murra (1972), señala dos
niveles de la reciprocidad: “por una parte, las comunidades rurales unidas entre sí
por los lazos de parentesco y regidas por un principio de reciprocidad y, por otra
parte, el Estado inca rodeado de un aparato militar y administrativo, beneficiario
de las prestaciones de servicios de sus súbditos, cuyos excedentes eran
redistribuidos.” María Rostworowski también menciona el trabajo de Wachtel
(1972:pág. 353) cuando “sugiere la existencia de una reciprocidad primitiva que
permitió el desarrollo del aparato estatal y cumplía una función ideológica que
disimulaba y justificaba las nuevas relaciones sociales.”
Según esta autora, para desarrollar el Estado:
Era indispensable, primero, disponer de depósitos en gran escala,
para, luego, llenarlos de subsistencias y objetos manufacturados –para
lo cual era indispensable una mano de obra considerable, que el inca
no poseía… Pachacútec invitó al Cusco a los señores vecinos y les
ofreció abundante comida y bebida en la plaza principal, además de
proponerles un intercambio de mujeres para establecer lazos de
parentesco. Todo aquello se cumplió con música y cantos. Luego, el
inca ofreció a los señores sendos regalos obtenidos gracias al botín
capturado a los chancas y, solamente entonces, el inca formulaba su
“ruego” – parte del sistema. Al comprobar los curacas la “generosidad”
de Pachacútec, accedieron al pedido del inca que consistió en llenarlos
de víveres y de productos.
Para Rostworowski, la mayor parte de las conquistas se cumplían por medio del
rito de la reciprocidad:
32

El mecanismo era el siguiente: un ejército inca se presentaba ante una
macro-etnia y proponía a sus jefes establecer la reciprocidad entre el
inca y el señor principal de la localidad. Todo dependía de la decisión
de aquel señor, quien tenía la posibilidad de tomar las armas, pero lo
que le hacía meditar era la consideración de los bien entrenados y
aguerridos ejércitos inca, dispuestos a vencer. Si tomaba la opción de
la guerra, el porvenir del jefe étnico era la prisión y la muerte. Más le
convenía aceptar la oferta del soberano cusqueño e ingresar en el
engranaje del incario.
Para Rostworowski:
Podemos decir que, en un principio, el poder del inca era limitado y se
fundamentaba en una constante renovación de la necesidad de
mantener sus relaciones con los caciques y de conservar sus depósitos
abarrotados de objetos manufacturados- la mayor parte de ellos
objetos suntuarios, como textiles-, además de subsistencias. Se
produjo, a no dudar, una presión constante sobre el Gobierno, el que
debía cubrir la demanda de la producción masiva para el
correspondiente ritual. Por esos motivos, el Estado se vio obligado a
incrementar constantemente sus ingresos y asegurarse de disponer de
las cantidades necesarias.
Según esta autora, “Al arribar a estas tierras, los hispanos hallaron un país
organizado y planificado, sin rastros de pobreza”. La economía inca estaba
basada en tres fuentes de recursos, a saber: la fuerza de trabajo, ciertas tierras y
ganaderías –ambas en poder del Estado-. El resultado de esta tenencia del
gobierno se manifestaba en bienes acumulados en depósitos. Estos bienes en
manos del Gobierno constituían la riqueza más preciada, ya que permitían
disponer de una serie de ventajas. La principal de estas ventajas fue la de permitir
llevar adelante el sistema de reciprocidad, clave del desarrollo y genio
organizativo andino, que permitió no solamente la expansión territorial, sino
mantener el engranaje del régimen. Si el Gobierno se encontraba, por cualquier
motivo, carente de grandes cantidades de bienes acumulados, no podía hacer
33

frente a las exigencias administrativas, ni a las constantes “donaciones” que la
institución de la reciprocidad exigía. Más aún:
El Estado inca destaca por su alto grado de eficiencia en el manejo de
su economía. Surge la pregunta de cómo lograban ser tan organizados
cuando no poseían escritura para establecer las estadísticas
necesarias para el manejo de dicha economía. La respuesta era el
conocimiento de los quipu y sus hábiles quipucamayoc o contadores.
Sin lugar a dudas existió una vasta forma de quipu. Los más
sofisticados fueron los grandes quipu poblacionales que contenían las
informaciones de todo un suyu, es decir, de una de las cuatro grandes
divisiones del Estado. Su manejo estaba a cargo de un alto personaje
que recibía las cuentas enviadas desde distintos pueblos situados en
una determinada área geográfica. Se trataba de cómputos totales.
(Rostworowski 2005. pág. 39).
En el incario “la fuerza de trabajo quedaba a disposición de las necesidades
gubernamentales e incluía la mano de obra femenina reunida en los Acllahuasi o
casa de escogidas – mano de obra con un gran potencial de producción de textil y
bebidas. El resultado de todos los bienes mencionados, contabilizados y
conservados en depósitos, formaban el capital de la reciprocidad- que suponía el
“ruego” y la “dádiva”-, clave de la organización indígena cusqueña” (Rostworowski
2005: pág. 40).
2.1.6 La destrucción del Estado inca y la desestructuración cultural
La colonia española destruyó completamente el Estado inca. Luego de cinco
siglos de su llegada al Perú, este país se encuentra aún tratando de encontrarse a
sí mismo. Para Fernando Fuenzalida (2009):
La actual comunidad indígena peruana es un producto de la Conquista.
Su condición implica la disrupción de un sistema más antiguo de las
relaciones campesinas y su reorientación hacia metas impuestas por
los gobernantes coloniales. Esas metas incluyen, a nivel económico, la
34

organización de la población incaica en unidades fácilmente
manejables, capaces de proveer al país con mano de obra y
abastecimientos, y de pagar por su propia administración; a nivel
político, el mantenimiento de un campesino libre cuya única lealtad esté
dirigida a la Corona, la cual limita de este modo el crecimiento de un
peligroso poder feudal entre los conquistadores; a nivel ideológico, la
difusión de la religión y valores por los cuales la conquista fue
racionalizada; a nivel social, el mantenimiento de fronteras netamente
demarcadas entre los gobernantes coloniales y el campesinado
indígena sometido. La reducción o común de los indios, más tarde fue
llamada comunidad, fue la institución creada para satisfacer todos esos
requerimientos. El contexto en el cual la nueva institución apareció es
el de la intensa deculturación tecnológica, el deterioro de las lealtades
nacionales y regionales y la general desorganización, originados en
cincuenta años de continuas guerras y epidemias, la deserción o
destrucción de la burocracia incaica, y la arbitraria administración
ejercida por los primeros conquistadores.
El deterioro de los recursos naturales, tecnológicos y humanos es uno
de los factores básicos que deben ser subrayados en el marco original
de las comunidades. El territorio peruano es de por sí insuficientemente
dotado para la agricultura. La mayor parte de su extensión es una mera
prolongación de la selva amazónica. Nueve décimos del resto están
constituidos por la cordillera de los Andes, corriendo de sur a norte.
Sólo queda en las orillas del Pacífico una estrecha faja desértica, cuya
aridez es apenas mitigada por precarios cursos de agua abriéndose
camino desde los Andes occidentales hacia el mar. El suelo es pobre y
caracterizado en todo el área por escasez de nitrógeno, fósforo,
manganeso, zinc y frecuentemente también de potasio. Los agrónomos
han señalado también el bajo contenido de sustancias orgánicas.
(Fuenzalida 2009: ppág. 31-32)
La supervivencia del Estado inca fue gracias a los instrumentos preeuropeos de
adaptación como “las obras de irrigación, andenería y almacenamiento de
35

excedentes”. (Fuenzalida 2009: pág. 34). Con la conquista 7 y la colonización se
inicia la desestructuración de la realidad cultural establecida durante el Incanato.
Los colonizadores no comprendieron la naturaleza de las naciones indias (Los
jesuitas fueron los primeros en comprenderlas en el caso del Paraguay). En
general, no se ha estudiado el proceso que vivió el Estado multicultural del
Incanato en la época de la colonia. Hemos simplificado el problema a través del
concepto de mestizaje y del intercambio de repertorios culturales entre la
sociedad colonizadora y la sociedad colonizada.
Lo primero que hicieron los españoles fue dividir el territorio. Las encomiendas
constituyeron las primeras divisiones, las que no fueron políticas sino económicas.
Una parte de la producción va para la Corona y otra parte para el encomendero.
La Corona asignaba al encomendero una parte del territorio. Se estableció una
clase intermedia compuesta por los caciques. Luego viene la primera forma de
organización política, con los cabildos, los municipios, integrados exclusivamente
por los encomenderos. Los cabildos comienzan a desestructurar políticamente las
antiguas formas de organización política.
En realidad, después de la conquista, en la Colonia española, desde el punto de
vista de la gobernabilidad, se estableció el caos, el que duró cerca de medio siglo.
Para resolverlo, la Corona envió Francisco Toledo –uno de los mejores
administradores españoles- quien, entre 1569 y 1581, logró establecer el marco
político-administrativo que regiría por muchos años en el Perú colonial. El Virrey
Toledo da inicio a un profundo proceso de desestructuración del multiculturalismo.
Se forma la República de Españoles –que venía de un complejo intercambio
cultural, incluyendo lo producido en la dominación árabe de España- y la
República de Indios.
Los españoles, a través de una serie de mecanismos, empezaron a uniformizar la
sociedad colonizada. Se estableció las reducciones donde los indios vivirían
apartados de los españoles. Con ello se facilitaba la implantación de la religión
católica y la tributación que los indígenas debían entregar a los corregidores. Los
curas se organizaron para usar las reducciones como centros evangelizadores de
7 que empieza el año 1532
36

indios, para lo cual emplearon el quechua como lengua de evangelización. Con
las reducciones, construidas sobre la base de una división arbitraria del espacio,
Se produjo la desestructuración del espacio ecológico con una división arbitraria.
Las personas que cultivaban en varios pisos ecológicos, al ser asignadas a una
reducción, se vieron impedidas en seguir haciéndolo. La prioridad era la actividad
minera. Se destruyó el eficiente sistema agrícola de las culturas hídricas para
establecer un letal sistema minero, en el que sucumbieron millones de indios. El
caso más ominoso es el de las minas de Potosí.
Nace entonces la llamada “vocación minera” que define la actividad extractiva de
minerales, en la que los indios realizan la peor parte del proceso, es decir en
extraer los minerales de los socavones, para llevarse los metales al centro
colonial, España. En las reducciones vivían múltiples entidades culturales,
implantándose en ellas un sistema político que no tenía nada que ver con el
anterior. Este proceso dio lugar a un intercambio de repertorios culturales; lo que
era plural empezó a mezclarse. Así surgió una nueva cultura en cada reducción.
El interés del Estado colonial era tener el control de la mano de obra. En esa
época, como grandes ciudades, estaban Cusco, Huánuco, Cajamarca. La
mayoría de la gente era rural. Se hizo una redistribución de la tierra, de la que
surgieron las propiedades comunales. Toledo establece los tributos indígenas, por
lo que éstos tenían que trabajar para pagar esos tributos. Los indios escapaban
de las reducciones y se iban a la ciudad en la situación de siervos. Surgieron
también las haciendas a las que llegaban las personas que se escapaban de las
reducciones, porque en esas ya no tenían compromiso con el Estado, puesto que
entonces dependían del hacendado. Con la colonización y el natural intercambio
de elementos culturales, surgen ejes regionales que no corresponden a las
antiguas formas culturales. Así, la categorización de indio resulta ser una
definición reductora de una pluralidad cultural. El Perú de hoy es el subproducto
de estos dos mundos. En ese marco surge el concepto de nuevo indio.
Como consecuencia de lo anterior, cuando se habla de realidad cultural en el
Perú, no se trata de la unión entre la cultura el espacio y el territorio. Se trata de
37

un sub producto que emerge en la Colonia y se establece hacia abajo, primero en
lo económico, luego en lo social y, finalmente, en lo político.
2.1.7 La República opresora
Según Fuenzalida:
3 Cotler afirma que paralelamente a la catástrofe demográfica y a la destrucción
de las formas sociales y culturales de los nativos que sobrevino con la conquista,
el Rey organizó sus nuevos dominios de acuerdo a la concepción orgánica
prevaleciente en Europa e incorporó a su patrimonio personal los territorios y las
poblaciones conquistadas. De acuerdo a esa concepción, la “cabeza” –en este
caso el soberano- asigna jerárquicamente a cada una de las partes constitutivas
del “cuerpo social” las funciones que debe cumplir, mientras que los derechos y
las obligaciones individuales se definen con relación al estatus asignado a cada
una de las partes; la ley, producto de la voluntad real gracias a su origen divino,
tiene por objetivo armonizar a los jerarquizados miembros del cuerpo social a fin
de lograr el “bien común”. Es decir, según esta concepción, la autoridad es el
puntal de la organización y el eje dinamizador –el primum movens- de un conjunto
social diferenciado y jerarquizado que sólo adquiere sentido en referencia a la
subordinación y la tutela real.
El Soberano concedió privilegios a la Iglesia Católica y a las distintas órdenes
religiosas con el objeto que la conversión religiosa de la población nativa ayudara
a consolidar los principios ideológicos que sustentaban la dominación hispánica;
por tal motivo, desde el inicio de la dominación hispánica, la Iglesia se constituyó
en el principal mecanismo de socialización colonial. Además de estas funciones,
se encargó de vigilar que la administración y, en general, los europeos cumplieran
con los preceptos religiosos y las disposiciones reales, a fin de impedir que se
independizaran del soberano, lo que motivó una tensa competencia entre las
instituciones religiosas y políticas.
De acuerdo a dichas atribuciones, el Rey incorporó a los conquistadores,
“cristianos viejos” y con credenciales de “limpieza de sangre” de judíos y moros,
38

en la república de españoles. Esta comprendía una abigarrada estratificación
basada en las prebendas, los honores y privilegios que dispensaba la Corona a
los conquistadores y a sus descendientes que les permitiría usufructuar, directa o
indirectamente, del trabajo de los “naturales” y de los esclavos; a cambio de lo
cual debían subordinarse a las instrucciones reales que transmitían los
administradores coloniales, delegados personales del Rey.
La población conquistada, constituida por numerosos grupos étnicos, fue
englobada en la república de indios; mientras que los africanos, por su condición
de esclavos, fueron excluidos de la república. El poder reconoció las funciones de
mediación de las jerarquías étnicas entre la administración colonial, los
conquistadores y la población nativa, por lo que obtuvieron privilegios y fueron
educados en los códigos metropolitanos; mientras que el “común”, por su
condición “minusválida”, fue sometido a la “protección” real a fin de impedir que
las exacciones de los españoles atentaran contra la reproducción social y no
pudieran prestar su indispensable contribución a la Corona y a la Iglesia.
En resumen, el soberano organizó el cuerpo social en función de criterios raciales
al tiempo que establecía “pactos” por separado con cada una de sus partes,
sentando las bases particularistas de la legislación que regulaba las relaciones
entre el monarca y sus vasallos; esos arreglos formalizaron la administración
indirecta del patrimonio del soberano por intermedio de sus concesionarios (Cotler
2005: ppág. 29-30).
Cotler hace referencia al trabajo de Natalia Makluf, para quien:
Los conflictos bélicos de monarquía española con las potencias
europeas rivales y la decadencia económica de la península
contribuyeron a debilitar la presencia de la autoridad metropolitana,
mientras que la formación de economías y sociedades religiosas
dinámicas basadas en la explotación del trabajo indígena favoreció la
movilidad y la diferenciación social de capas sociales. (Majluf 1999).
39

La explotación del trabajo indígena por parte de los gobernantes era acompañada
por una despreocupación por el bienestar de la población indígena. Cotler hace
referencia al científico alemán Alexander von Humboldt quien a su paso por la
capital del Perú escribe: “En Lima mismo no he aprendido nada del Perú. Allí
nunca se trata de algún objeto relativo a la felicidad pública del reino. Lima está
más separada del Perú que de Londres, y aunque en ninguna parte de la América
española se peca por demasiado patriotismo, no conozco otra en la cual este
sentimiento sea más apagado. Un egoísmo frío gobierna a todos, y lo que sufre
uno mismo, no da cuidado a otro.” (Humboldt 1991) Durante la guerra de
independencia “Mientras españoles y criollos emigraron en masa o se refugiaron y
murieron en el Callao, esperando en vano el arribo de las tropas que debían
restaurar el dominio hispánico, los jefes de los ejércitos libertadores se hicieron
cargo de la naciente república a falta de una élite política “peruana”. Además de
las guerras de la independencia, estas situaciones contribuyeron al
empobrecimiento y decadencia, al aislamiento regional y a la “feudalización” del
“país”, reforzando los principios y las estructuras institucionales coloniales en el
marco de una nueva denominación política.” (Cotler 2005: pág. 34).
Según Cotler:
A mediados del siglo XIX, el descubrimiento del valor económico del
guano permitió al Estado, heredero del derecho patrimonial del Rey,
recabar crecientes ingresos fiscales, muy superiores a los que
percibían los otros países latinoamericanos. Después de cancelar las
deudas pendientes en el exterior, el presidente de turno controló y
distribuyó discrecionalmente la renta fiscal, reproduciendo la ejecutoría
de señor patrimonial, y concedió a sus allegados la explotación de ese
recurso, que los enriqueció rápidamente y fácilmente, contribuyendo
para que se fijaran sus intereses y preferencias en Europa. (Cotler
2005: ppág. 35-36).
Vino la guerra del Pacífico, desastrosa para el Perú:
40

Después del millonario pago por reparaciones de guerra y del retiro de
las fuerzas chilenas de ocupación, el Gobierno de turno se encontró
desprovisto de ingresos y, por ende, incapacitado para gobernar, al
tiempo que se veía presionado para que se cancelara las deudas
pendientes con el exterior. Para remediar esta situación, el general
Cáceres entregó los bienes públicos a los prestamistas, lo que hizo
evidente, una vez más, que la “dependencia externa” respondía,
fundamentalmente, a la condición interna del país; esta entrega facilitó
la constitución de empresas extranjeras de transporte, agrarias y
mineras, que tuvieron un papel determinante en la economía y en la
política. (Cotler 2005: ppág. 38-39).
Luego, hasta antes del “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas”:
La imposición de los principios orgánicos-católicos y de las atribuciones
patrimoniales procuraron la división estamental, la naturaleza
particularista de las relaciones sociales y el control privado de los
recursos públicos por quienes accedían al poder. La ruptura del pacto
colonial y el descabezamiento del cuerpo social dieron cabida a su
fragmentación y el despliegue del caudillismo, el clientelismo y la
exclusión indígena de la vida oficial. El patrón de dominación
oligárquico reprodujo los principales caracteres de esta fuerte tradición
colonial, bloqueando la formación del Estado nacional y, por ende, de
la democracia. (Cotler 2005: pág. 41).
2.1.8 La República de discriminación y de privilegios
En el Perú:
Desde julio de 1987, con ocasión de los decretos sobre estatización de
la banca, el tema dominante en la discusión política ha sido la cuestión
del intervencionismo del Estado en la vida económica del país, de los
derechos económicos de los ciudadanos y de la institución privada, de
los monopolios y casi monopolios ejercidos por el Estado a través de
41

las llamadas empresas públicas y de los límites impuestos por la
política gubernamental a la expansión económica no gubernamental.
Los protagonistas del cuestionamiento han sido, principalmente,
representantes del sector empresarial, o políticos de las bancadas del
centro y la derecha, que han asumido esta representación. (Fuenzalida
2009: p 413).
El Estado resulta el blanco de ataque de derecha y de izquierda. Es visto como el
responsable de casi todos problemas del Perú. Ante este Estado, surge la
llamada economía informal, la que desconoce las reglas del Estado visto como
enemigo. Los libros más vendidos son los relacionados con esa visión del Estado
como enemigo del progreso. Los empresarios señalan que las reglas que les
impone el Estado resultan onerosas e impiden que subsistan las empresas.
Hernando de Soto, con su análisis de informalidad, logra el libro más popular, “El
otro sendero” en el que expone su teoría:
El viejo sistema de privilegio y monopolio coloniales del Estado y de
sus allegados sobre el resto del país prosperó con la protección de tres
baluartes: el primero, el aislamiento cultural y la marginación territorial
de las mayorías nacionales; el segundo, la discriminación política de
esas mismas mayorías; el tercero, la estructura jurídica, legal y
administrativa del Estado mismo. De esos baluartes, los dos primeros
han sido derribados en unas cuantas décadas. El tercero se encuentra
actualmente en asedio. La quiebra de las bases étnico-territoriales del
viejo régimen dada ya de la década de 1930, cuando la necesidad de
facilitar la extracción de materias primas y semi-elaboradas a los
puertos, estimulada por el crecimiento de las importaciones europeas y
norteamericanas, promovió la conversión del primitivo sistema de
trochas y caminos de herradura que comunicaba a las regiones del
país, por una red moderna de carreteras automovilísticas. Una segunda
etapa, decisiva en esta quiebra, ha sido la explosión demográfica,
visible desde 1940, cuando el volumen de la población –diezmada por
la dominación hispánica- comenzó a superar el máximo alcanzado
antes de la Conquista, para llegar a triplicarlo hacia 1980. La tercera
42

data de la década de 1960, con la expansión moderna de los medios
de comunicación de masa, como la radio, la televisión y el transistor.
(Fuenzalida. 2009: pág. 422).
A lo anterior se junta una compleja interrelación entre los grupos étnicos,
económicos y sociales que vive el Perú. Nelson Manrique (2004) señala que la
República ha construido un conjunto de exclusiones, económicas, sociales y
culturales, basada en la condición socioeconómica de las personas, a la que "se
superponen varios otros sistemas de jerarquización social, entre los cuales tiene
especial importancia la discriminación racial". Según la Comisión de la Verdad, el
racismo persiste y es necesario encararlo para poder construir una sociedad
verdaderamente democrática y solidaria, afirma Manrique. En realidad, es más
que eso: a una sociedad discriminadora no sólo le falta democracia y solidaridad,
sino que no es competitiva, y está destinada a seguir en la cola de toda
competencia global, incluyendo la económica, la educacional y la deportiva.
La razón para esas conclusiones está en la estadística elemental. Si para
cualquier competencia se tuviera que escoger al mejor de un país compuesto por
dos comunidades, la probabilidad de encontrar al mejor es menor si solo se
escogiera entre los miembros de una sola de esas comunidades. Será aún menor
si la comunidad en la que se escogiera fuese minoritaria. En un mundo
globalizado, lo peor que le puede pasar a un país es escoger sus representantes
entre los miembros de una minoría étnica. No llegaría lejos en ninguna
competencia. Casi lo mismo pasaría si la selección para representantes de un
país de 20 millones se hiciera en un barrio o en un par de barrios de algunos
miles de personas. De modo que un país discriminador es inviable en estos
tiempos de globalización y un Estado que lo permite no cumple con su deber
fundamental, la de unir a sus ciudadanos y formar una Nación.
Manrique hace mención a un recordado acto discriminatorio en una discoteca. La
cantidad innumerable de fiestas andinas, fiestas negras u otras y discotecas para
pasar los fines de semana, resta importancia a este tipo de discriminación. Lo
más grave para un país es cuando la discriminación se practica en los órganos
claves del Estado o de empresas nacionales, porque éstos no tendrían lo mejor
43

entre su personal y se estaría en inferioridad de condiciones en la competencia
global, basada en la competitividad. Estos efectos serán mayores en países en
los que los excluidos pertenecen a una etnia mayoritaria, puesto que el sistema
estaría funcionando con una parte muy pequeña de su potencial.
En los países desarrollados se ha comprendido plenamente las consecuencias de
la discriminación, y los Estados tienden a seleccionar su personal entre todos sus
ciudadanos, sin importar otra cosa que las capacidades de las personas para
desempeñar las funciones que se les asigna.
¿Cómo se mide el grado de discriminación en un país? La discriminación en un
organismo es considerada tanto más grande cuanto la composición étnica de su
personal esté más alejada de la composición étnica nacional. Si en una población
hay uno por ciento de miembros de una etnia, para que no exista discriminación,
este porcentaje debe ser el mismo en todo organismo estatal, empresa e incluso
en las cárceles (Hace algunos años la policía de un región de Estados Unidos fue
acusada de discriminación porque el porcentaje de multados por infracción de
tránsito de los latinos era mayor al porcentaje de multados en la regional).
Sin embargo, a pesar del sistema excluyente que describe Manrique, se está
rompiendo las barreras y, en los diversos sectores sociales excluidos, surgen
excelentes profesionales y empresarios que triunfan en el Perú y extranjero. Pero
falta mucho para que el país empiece a despegar, y eso se logrará después de un
largo proceso educativo que termine con toda manifestación de discriminación y
con la construcción de un nuevo Estado que valore la educación y tome en cuenta
las particularidades de cada región.
2.1.9 La República y las culturas
En estas secciones vamos a usar varios conceptos desprendidos de las clases
del curso Sociedad, Cultura y Plurigobernabilidad, que el antropólogo Óscar
Murillo dictó el año 2007 en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín
de Porres para el Programa de Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. El
término cultura tiene que ver con la manera de pensamiento y comportamiento,
44

pero también con las relaciones entre los peruanos tal como se ha establecido
luego de un largo proceso histórico. En general, se ha dado innumerables
definiciones de cultura, dependiendo, cada una de ellas, del marco académico o
político en el que han sido usadas.
El concepto de cultura viene de cultivar, un término de la agricultura. Antes, a una
persona se le podía decir cultivada, palabra que en el siglo XVI se convirtió en
culta, sinónima de educada, de buen comportamiento, de pertenencia a una
familia distinguida. Así, culto es el antónimo de ignorante. Algunos confunden el
término culto con el de inteligente. La lingüista peruana Martha Hildebrandt, en un
programa televiso dijo en los pueblos jóvenes hay muchos ignorantes, entre
cuales hay inteligentes. También se define cultura a una manera diferente de
comportarse, comer, vestirse, alimentarse, de vivir. Hay avisos en los muros en
los que se lee “Sea culto, no tire papeles al suelo”. También se usa términos
como concierto cultural, acto cultural, programas culturales, términos que
expresan una manera a través de la cual una institución se comunica con la
comunidad.
El concepto de cultura también ha sido usado para diferenciar un grupo étnico de
otro. En los años cuarenta, el concepto pasó ser usado como sinónimo de
sociedad primitiva o de comunidad campesina. Usando el concepto de cultura se
define un pueblo, una comunidad social. Puede decirse cultura francesa o cultura
asháninca.
La mayoría de antropólogos definen la cultura como formas de pensar y de
organización. Para reproducir esas formas de pensar y de organización se usa el
lenguaje. Las distintas teorías antropológicas han tratado de explicar la cultura
como la forma de organización propia de una sociedad, la que, por tener
características subjetivas excepcionales, en algunos casos ha desembocado en
prácticas mágico-religiosas.
El estudio antropológico tiene el problema de la relación sujeto-observador y el
sujeto-observado. El antropólogo utiliza los métodos de la observación
participante, las entrevistas en profundidad, las encuestas, los denominados focus
45

group, entre otros. Con estos métodos, se obtiene informaciones con añadidos
emocionales, muy poco informativas, las que restan validez científica a los
estudios.
Debido a ello, el análisis antropológico se ha ido desplazando hacia métodos del
análisis de la producción verbal y a la aplicación de la semiótica para analizar el
discurso. Se trata de métodos cualitativos, que descubren las estructuras que
subyacen en el lenguaje. Desde los años 60s y70s, la sociología recibe una
fuerte influencia de la filosofía del lenguaje. Tomó fuerza la semiótica del lenguaje,
de los actos del hablar y de los enunciados en general.
En el Perú, la cultura es, en gran parte, el producto de la interacción de las
antiguas culturas pre-incaicas y la colonización española. La interacción ha sido
conflictiva, en la medida de que la colonización es la negación del otro, lo que
atenta contra la dignidad de la persona. Es difícil valorar el daño que sobre las
comunidades andinas produjo la interrupción abrupta y violenta de su desarrollo
histórico, impuesta por los conquistadores. Este tema aún no ha sido estudiado
suficientemente. La antropología sigue trabajando con los conceptos de cultura
indígena y valores culturales, produciendo divergencias debido a las diferencias
en su interpretación. Para Charles Taylor (1994), “el reconocimiento en un plano
de igualdad no es solamente la forma apropiada de una sociedad democrática
saludable. Su rechazo puede causar perjuicios a aquellos a quienes se les niega,
de acuerdo con un punto de vista muy difundido. La proyección de una imagen
inferior o denigrante de otro puede realmente distorsionar y oprimir, en la medida
que se le interioriza”.
En el Perú, como hemos visto en nuestro recorrido por varios pueblos, difícilmente
se encuentra comunidades puramente indígenas o puramente hispánicas. Sin
embargo, para algunos intelectuales, como José María Arguedas, las
comunidades indígenas constituyen el núcleo de la identidad nacional. Pero
cuando se estudia su música, su vestimenta y sus fiestas, son de origen español.
Por ejemplo, la montera de la danza de las tijeras es de origen árabe; y los
pañuelos que se colocan también son de origen árabe.
46

La realidad peruana es una mezcla en toda dirección, construida lentamente
desde la colonia hasta el momento actual. Según Murillo, nuestra forma de vivir es
tan castellana como cualquier castellano. Ciertamente, el hablar del medio urbano
es castellano, y en las comunidades indígenas se vive componentes coloniales,
por ejemplo en ceremonias cristianas, fiestas, bailes, vestimenta entre otras
manifestaciones culturales. Cuando hay presencia de varios repertorios culturales,
no hay que confundir el término de cultura con el de corporatividad, como lo hace
la antropología culturalista, por ejemplo, cuando Flores Galindo, en su libro
“Buscando un Inca”, define las comunidades indígenas como el crisol de los
rezagos de la cultura andina (Flores 1986).
Como vimos en los pueblos de Salpo y Celendín, en cada región se ha producido
un proceso dinámico de mestizaje cultural, mayormente en torno a la religiosidad
católica. Cada pueblo se identifica con un santo o una Virgen. Los salpinos
celebran la fiesta por la Virgen de las Mercedes, los otuzcanos por la Virgen de la
Puerta, los chimbotanos lo hace por San Pedro. Y los salpinos y otuzcanos
residentes en Chimbote terminan celebrando tres fiestas. Lo interesante es que
para casi todos los habitantes de los lugares por los que hemos pasado, en la
mente de los lugareños se ha perdido el origen de las festividades y las
costumbres. Pelayo Montoya, estudioso de la historia de Celendín, advierte el
peligro de reducir el término costumbres con las festividades religiosas: hay
innumerables otras expresiones culturales que caracterizan a los pueblos.
En realidad, en el Perú se ha dado una interculturalidad. En el proceso histórico
se ha ido superponiendo identidades. En los pueblos del Perú hay una memoria
histórica que ha dado lugar símbolos, como la bandera, el himno nacional, los
héroes. Por último, la globalización incorpora otro repertorio cultural, cuyas
consecuencias son impredecibles, aunque ya se las ve en las manifestaciones
culturales juveniles.
Oscar Murillo usa el concepto de identidad, que es más amplio que el de cultura, y
contiene bases territoriales, históricas y políticas, construidas desde las épocas
pre-incas hasta los tiempos de la República, los que dieron lugar al surgimiento de
las actuales regiones. Para Murillo, el concepto de cultura deber estar relacionado
47

con la política y la gobernabilidad, separándolo del componente antropológico. Es
preferible la definición de cultura como una manera de relación entre los agentes
de las múltiples comunidades colectivas que conforman la Nación y viven en la
organización política del Estado.
Para Anderson (1993), con un espíritu antropológico define nación como “una
comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana –luego
añade– Se imagina como comunidad porque, independientemente de la
desigualdad y la explotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la
nación se concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal”
Cuando hablamos de cultura, dice Murillo, nos referimos al sentimiento de
pertenecer a una colectividad. La lengua y la religiosidad son elementos
fundamentales para identificar colectividades. En la actualidad, hay países en los
que se habla un mismo idioma, pero que, debido a diferencias religiosas, viven
confrontaciones violentas.
Para Murillo, el problema cultural no es subjetivo: es un problema de estructura
política, una estructura de poder. Algunas sociedades en el mundo lo han resuelto
a través de cambios violentos. La revolución francesa hizo desaparecer la nobleza
que había impuesto la servidumbre. Así surgió el liberalismo que dio origen a una
concepción del mundo basada sobre la libertad, la democracia y los derechos
humanos. Los bolcheviques hicieron desaparecer toda una clase social, la que
vivía en torno a los zares. Algo similar ocurrió en la revolución zapatista en
México. Por otro lado, los Estados nacionales modernos de Francia, Alemania y
Francia han sido construidos por los pueblos, a través de movimientos políticos
pre-estatales con bases étnicas y culturales. En estos países, las
manifestaciones culturales dieron lugar a las estructuras políticas.
En el Perú, no ha habido continuidad cultural. Los pueblos fueron el resultado de
organismos políticos administrativos, lo que ha dado lugar a las actuales
contradicciones. El Estado -construido sobre la base de procesos políticoadministrativos-
ha antecedido a las identificaciones culturales, dando lugar a una
falta de cohesión social, a un Estado de diferencias. El extremo más
48

desfavorecido en esas diferencias está en las zonas periféricas, donde reina la
pobreza y la violencia, tanto en la estructuración de su visión del mundo como en
su forma de organización.
La complejidad cultural del Perú es el producto de una historia repleta de eventos
cruciales que tuvieron lugar desde hace miles de años a medida de que las
poblaciones interactuaban y buscaban su supervivencia. Los conceptos de
cultura, comunidad, sociedad y nación deben ser analizados a la luz de esa
historia.
2.1.10 La República jerarquizada
Debido al temor por los indios, la casta dominante hispano criolla de 1821 no
estaba a favor de la independencia. El Perú era reaccionario, conservador. Entre
1821 y 1840, no se pudo configurar el Estado. Había un golpe de Estado cada
seis meses. En 1821, San Martín tuvo muchas dudas sobre el tipo de régimen
que convendría al Perú en proceso de independizarse. San Martín y su primer
ministro Monteagudo estaban convencidos que lo que convenía era una
monarquía. En ese entonces, el 90% del millón y medio de habitantes era
indígena y unos cincuenta mil pobladores eran de origen africano.
En Lima se vivía una sociedad altamente jerarquizada, compuesta de castas en el
concepto de corporatividad. Había castas de zapateros, de aguateros, entre otros.
El Perú es producto de esa época colonial, la que ignora al 90% de la población.
González Prada, después de la Guerra con Chile, a fines del siglo XIX, cree que
Lima está constituida por 200 mil habitantes y en 1920 llegan a ser 300 mil
habitantes (Galindo 1996).
Se hubiera esperado que el liberalismo democratizara la sociedad peruana,
incorporando a los sectores indígenas a una situación de ciudadanía, con sus
derechos humanos y con la idea de soberanía popular, que era lo que
correspondía a ese sistema político. En realidad, las entidades colectivas o
culturalmente bien definidas no han sido incorporadas en las estructuras del
actual Estado. El sistema de representación descansa en el individuo, que en el
49

Estado moderno asume un estatus particular: el de ciudadano. La ciudadanía
forma parte de una comunidad política estatal moderna, la que aparece en el siglo
XVI, y coincide con el surgimiento del liberalismo, cuyo principio central es el de la
persona. En la época monárquica había siervos. La ciudadanía es un principio
ontológico, inspirado en el liberalismo, que ha creado una serie de derechos y
deberes, que son traducidos en la Constitución. Con estos conceptos se ha vivido
la era republicana, a pesar de las grandes dificultades por los que se ha
atravesado.
A nivel local, la clase de los terratenientes, aliados con los militares, controlaban
la tierra y la mano de obra, generando organizaciones administrativas y políticas
que definieron los límites a las identidades. En las regiones establecidas, tampoco
había homogeneidad cultural.
La casta dominante acomodó el país a un modelo político a sus propios intereses.
Ese modelo está en contradicción con los principios que dieron lugar a la
República, como la democracia, los derechos humanos, la libertad. La República
ha construido estructuras políticas a espaldas de las mayorías. La construcción
del modelo, desde arriba, ha llevado al país a la situación en la que se encuentra.
Con asimetrías y desigualdades y una gran tensión social. Todavía es tema de
estudio saber cómo se pudo llegar a una sociedad plutocrática dentro de un
Estado oligárquico, a la que Basadre llamó República Aristocrática (Basadre
1983). Fue a partir de los años 1920 que los sectores populares a través de los
sindicatos empezaron a presionar a este sistema. Esto se intensificó hasta los
años 40, cuando se produjo una masiva inmigración andina a la capital, debido a
la incapacidad de la República de atender las demandas de las regiones alejadas
de la capital.
2.1.11 La República desbordada
La inmigración andina a la Costa ha sido muy rica en sucesos históricos,
sociológicos y antropológicos. Millones de personas provenientes de diversos
lugares y con variados repertorios culturales invadieron arenales sin ningún tipo
de servicio público, enfrentándose a un nuevo medio, el que se presentaba como
50

hostil y, en algunos lugares, discriminador. Producto de esas múltiples
interacciones constructivas y destructivas surgen ciudades nuevas, las que, por
su complejidad cultural, son difíciles de estudiar.
La primera expresión del producto de las contradicciones sociológicas que se
generó en Lima es la falta de valores, la poca tolerancia, la violencia física y
psicológica, al interior y al exterior de la familia. Reina la pobreza y la violencia y
un espíritu antidemocrático y de intolerancia en los sectores de arriba y en los de
abajo. En los medios de transporte colectivo se ha establecido una cultura del
insulto y de la violencia, en la que muchos pasan un día a la semana para ir a su
trabajo. El chofer de la combi, el taxista intolerante, los burgueses y las sectas
que no se juntan con otros, viven en esa sociedad sin cohesión.
En Lima se ve la pobreza que convive con signos de riqueza exagerada, como las
camionetas de 60 mil dólares. En Lima también hay empresarios informales, los
que viven sin préstamos, por lo que no pueden ampliar su capital. A lo anterior se
añade la delincuencia, la que vive del contrabando y el tráfico de drogas (Durand
2007).
La separación de las sociedades de Asia y las de Lurigancho, tan diferentes, no
es de origen económico: es un problema cultural. Esas contradicciones vienen
desde cada región y se agudizan en la capital. Bajo esa perspectiva, para Murillo,
no es extraño que en los años 50 y 60 se produjeran rebeliones que forzaron al
Estado a realizar algunos cambios. A las ciudades viene una población pobre,
irrumpiendo en la forma de un desborde popular -como dice Matos Mar (Matos
1984)- cuyas necesidades no pueden ser atendidas por las estructuras del Estado
actual. Una gran parte de los inmigrantes vive en condiciones de extrema
pobreza.
La supervivencia de los grupos inmigrantes es producto de un proceso histórico
en el marco de un Estado dominante que da lugar a marginación, segregación y
falta de cohesión social. La migración interna no ha sido estudiada como
movilización y de estructuración cultural. En ese proceso, se ha producido una
51

patología cultural en la que prima la falta de comunicación 8 . En Lima, aún no se
logra una memoria común de pertenecer a una comunidad con los mismos
significados. Las fracturas priman sobre las solidaridades. Hay un repertorio
cultural urbano, moderno, capitalista, economía de mercado, pero también un
repertorio campesino, indígena, rural. A estos hay que sumar la globalización que
interviene en las dos memorias. Las comunidades coexisten con las memorias del
colonizador y del dominado, de los zorros de arriba y los zorros de abajo -para
recordar a José María Arguedas-.Irónicamente, no hay peruano que no reclame
simbólicamente ser originario de un ancestro español. Sobre todo si vive en las
zonas anglosajonas. Ello, a pesar de que ni los españoles tienen una sola
pertenencia de origen. Los españoles que vinieron al Perú fueron el producto de
múltiples invasiones y una dominación árabe de siete siglos. Sin embargo, en su
guerra contra dominación árabe, los españoles blandieron el término de sangre
pura española, para diferenciarse de los norafricanos y los judíos. Este término lo
arrastraron al Perú y persiste en algunos medios. La memoria del que ejerce la
violencia y del que sufre la violencia produce una cultura de mayor violencia.
Mesa Redonda, los pueblos jóvenes, Gamarra, son lugares en los que se forma
una cultura especial de inseguridad y violencia. La cultura afecta a la generalidad.
Puede ser que algún inmigrante se mueva con mayor éxito. Pero, en general, el
inmigrante tiene serios problemas con una cultura que le es extraña.
Debemos señalar que entre los inmigrantes hay dominantes y dominados locales.
Los inmigrantes no asumen su identidad. Muchos la ocultan. Aníbal Quijano
elabora el concepto de la cholitud (Quijano 1980), que explica cómo el indio
quiere dejar de serlo y se convierte en cholo; pero no produce un mestizaje del
que salga orgulloso.
Oscar Murillo investiga la cultura en relación con la política. La cultura traduce el
concepto de poder. El antiguo concepto de poder se definía en términos de
obediencia. El concepto moderno de poder está relacionado como la búsqueda
del consenso a través de la democracia representativa o la democracia
participativa.
8 Los antropólogos entienden la cultura como una estructura de significación que ordena el accionar de la vida diaria.)
52

Jürgen Habermass, preocupado por la situación de Alemania con siete millones
de desempleados, propone una democracia participativa en la que el Gobierno
sería la consecuencia de los consensos y los disensos 9
El francés Michel Foucault, desde 1970, se interesó en la desestructuración del
poder. Los hombres civilizados no tendrían que actuar en función del poder.
Tendrían que actuar en tanto que civilizados 10 . Son estas dimensiones del poder
las que colocan al Estado en la instancia superior que domina la sociedad civil y
que tiene la legitimidad de la violencia. Estas concepciones están siendo puestas
en cuestión, sobre todo en los países escandinavos. En estos países, usando las
tecnologías de la información, se computa el ánimo de la Nación. El poder tiene
una permanente comunicación con la sociedad. En los países de América Latina,
la población ejerce la democracia sólo en el momento de las elecciones.
El concepto de cultura más apropiado al marco de la política es el de la relación
con el otro. Hay relaciones horizontales y verticales. La relación horizontal sería
entre gente de origen africano y gente de origen indígena. La relación vertical es
la manera como el Estado trata a ambos grupos.
Murillo toma en cuenta la realidad política y la realidad cultural y social. La
realidad política creada por el liberalismo descansa en la ciudadanía, creada entre
el individuo y la realidad política, la que establece –a través de la Constitución– un
conjunto de derechos y deberes en el marco de lo que Jean-Jacques Rousseau
en 1762 llamó “el gran contrato social” entre el individuo y el Estado.
Junto a la realidad social y cultural se empotra la estructura política. La realidad
social y cultural no debería ser marginada por la realidad política; de lo contrario
generaría contradicciones cuya solución puede llegar por vías violentas. La
realidad social y cultural es que el hombre vive en una colectividad. El concepto
de identidad incorpora el concepto de lengua, cultura y territorio. El concepto de
identidad implica la manera cómo un individuo es un ser colectivo, la manera
cómo este ser colectivo se identifica con una colectividad o comunidad.
9 Referido por Murillo en clases.
10 Idem
53

Cabe preguntarse si el Estado puede reconocer derechos comunales que no sean
derechos liberales basados en el individuo y en los derechos ciudadanos. Si no
fuera así, las estructuras políticas entran en contradicción con las realidades
culturales y sociales. En ese sentido, el Estado liberal no tiene la capacidad de
comprender el derecho que tiene el individuo como ser comunal, en el seno de
una comunidad, a través de su identidad.
En Europa, el Estado corresponde a la Nación. En el Perú parece no haber
Nación, pero tampoco se siente al Estado. Para Oscar Murillo, si no resolvemos
las contradicciones entre la realidad cultural y social con la estructura política no
habrá desarrollo. El problema del Perú es la contradicción entre la construcción
del Estado y la construcción de la Nación, del “nosotros”. El Estado peruano,
creado con las ideas del liberalismo del siglo XVIII, con los conceptos de
democracia, libertad, derechos humanos, no ha permitido construir la Nación. De
esa manera, las estructuras políticas no han sido fundadas sobre bases
históricas, sociales y culturales. Hay un desajuste entre el Estado y la Nación. Por
ello es que Murillo afirma, categórico, que en el Perú no hay Estado. La
ciudadanía es definida como un estatus que nos recupera en nuestra condición de
ser humano, a diferencia del esclavismo. Se da en la esfera pública, sujeta a la
juridicidad, al derecho. En ese terreno hemos avanzado, señala Murillo. Hace 50
años, los analfabetos y las mujeres no tenían derecho a voto. Ahora tenemos
incluso una oficina de Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, el Estado no atiende a plenitud los derechos de la ciudadanía.
Atiende la subjetividad, pero no la objetividad. Atiende el derecho de elegir y ser
elegido. Pero no atiende el elemental derecho a la salud. Los derechos
elementales, en general, no son atendidos por el Estado peruano.
Teóricamente, existe una Constitución que defiende los derechos e incluso
derecho a referendos en los momentos de crisis. Pero el problema es que, con la
estructura política actual, no ha sido posible construir la Nación. Y eso porque no
se ha superado las relaciones de conflicto, ni siquiera hemos superado el racismo.
Más aún, una parte de la Nación ha sido excluida totalmente de las estructuras
54

políticas. Son los famosos “invisibles”, en el sentido en el que lo definió Manuel
Scorza (1972), los que permanecieron en la oscuridad durante cinco siglos. Surge
entonces el reto de identificar, en el marco de la política, la existencia de
comunidades diferenciadas. Toma así sentido el concepto de cultura que
comprende la relación del “nosotros” con los “otros”, sin caer en el culturalismo.
Para ello se usa el concepto de identidad, para escapar de la definición
antropológica que toma en cuenta solamente formas diferenciadas de vida.
2.1.12 Las identidades regionales
Cada país tiene su propia realidad. La Constitución española de 1978 ofrece una
fórmula política caracterizada, en primer lugar, por el reconocimiento de unas
realidades nacionales que da paso a la aceptación de una idea de nación
española, la que reconoce la existencia en su seno de nacionalidades y regiones
(De Blas 2007). El Estado de las autonomías de 1978 en España, considera
territorios, comunidades, pueblo y cultura. En el Estado de las autonomías se
reconoce el derecho a la diferencias de las comunidades, con menoscabo de la
idea de nación. Menos nación, más autonomía. De esa manera, se tiene una
república pacífica, aunque existen grupos que presionan por autonomía política y
autonomía cultural.
Como lo hemos señalado, en el Perú, la organización política ha dado lugar a
identidades regionales y ha definido fronteras que son las divisiones políticas del
territorio. En 1821 no había Estado. Los terratenientes habían construido su poder
local con el control de la mano de obra, hicieron aparecer unidades de
administración política con su capital de distrito, capital de provincia. Son las
estructuras políticas las que han construido las identidades culturales en el Perú
(Klaren 2005). Las regiones han sido definidas sobre bases administrativas y
políticas. Así, los distritos han dado lugar a identidades locales y, algunas veces,
por cuestiones fronterizas, entran en contradicción con otros distritos. La identidad
local no ha sido construida por su lengua o sus costumbres, sino por su unidad
administrativa y política, la que ha fabricado la identidad.
55

El concepto de identidad es más amplio que el concepto de cultura. En el Perú se
han asentado identidades colectivas regionales como resultado de las unidades
administrativas políticas constituidas por los distritos, las provincias y los
departamentos. Los distritos y las provincias tienen, incluso, problemas
regionales.
Cuando, en el siglo XVIII, se fractura el comercio, se forman mercados internos
bien estructurados a partir de organizaciones político-administrativas. Por
ejemplo, el Sur adoptó su propia moneda. Los poderes locales correspondían a
los intereses de los hacendados que, como lo hemos dicho, tenían la tierra y la
mano de obra. Ellos eran los representantes políticos –eran alcaldes, diputados,
etc.-, y crearon sus distritos y sus provincias. Todo ello por simple interés
burocrático. Así, a lo largo de la vida colonial y republicana, se fueron originando
identidades colectivas que tienen poco que ver con una continuidad cultural.
Aparecieron entonces el cusqueñismo, el arequipismo, piuranismo, etc. El
proceso empezó desde arriba, divorciado de las identidades culturales.
En estos tiempos, basados en esas contradicciones, y levantando banderas
étnicas y culturales, están surgiendo movimiento neo-populistas, los que podrían
desestabilizar la débil democracia. A esto se suman los movimientos en torno a
reivindicaciones de carácter local. Murillo sostiene que la manera antidemocrática
en la que se ha impuesto el Estado en cada región da lugar a la inseguridad
pública y a la violencia. Como para fortalecer las tesis arriba sustentadas, en
momentos en que reviso la redacción de este trabajo, el diario “El Comercio”
publica un informe titulado “Tema aymara es usado políticamente. Discurso étnico
radical empieza a ganar terreno y adeptos en región Puno”. El informe de “El
Comercio” da cuenta de que, en Puno, las noticias de Bolivia llegan antes que las
del Perú. Este distanciamiento va más allá de lo geográfico. Las relaciones
culturales y comerciales con el vecino país han sido desde siempre más intensas
que las que esta región sostiene con el resto del Perú. Aquí, como ocurre con
buena parte del sur andino, el Estado no ha logrado atender con eficiencia las
demandas de salud y educación, lo que ha desencadenado un constante
enfrentamiento con el Gobierno central. Sin embargo, durante los últimos meses,
algo se ha sumado a esta actitud tradicionalmente conflictiva: las demandas
56

tienen un contenido étnico, azuzado -en parte- por los emergentes movimientos
políticos bolivianos de origen aimara. Según advierten algunos observadores, en
esta región se ha radicalizado el discurso con un rechazo por los “mistis” o “k'ara”
y el rescate de las tradiciones aimaras. A esto se suman denuncias sobre
recientes incursiones de grupos armados en al menos cinco distritos.
2.1.13 Reforma del Estado
Las personas pueden definir su identidad en función de su país, su nación, su
cultura y su religión, pero la lealtad la deben al Estado, el que recauda impuestos,
recluta ejércitos, emplea funcionarios, impone la ley y puede también dispensar
algunos beneficios (Lewis 2000). El actual Estado peruano es inestable desde sus
orígenes. La casta dominante construyó un modelo político que sirve a sus
intereses y estableció un Estado dominante que generó estructuras de poder que
dieron lugar a la exclusión de las mayorías. Murillo sostiene que se trata de un
Estado dominante que ha dado lugar a la exclusión, con un grupo social con
actitudes negativas frente a la gran mayoría, las que llegaron hasta la
desvalorización del hombre, como ocurrió en las haciendas que fueron más
crueles que el mismo sistema colonial. La condición de siervo en la hacienda era
infrahumana. El Estado peruano ha elaborado estructuras institucionales en las
que perdura la segregación contra los pobres. En la época de los terratenientes,
el Congreso de la República se expresaba la enorme diferenciación social. La
migración interna ha dado lugar a la confrontación de esas realidades en las
grandes ciudades, particularmente en la capital. Los reclamos -que toman,
algunas veces, ribetes violentos- surgen desde las localidades o desde las
regiones, como prueba de que el Estado no funciona, que no ha comprendido las
realidades locales, que no ha atendido las necesidades regionales.
En el Perú, en la época del indigenismo se pensó que habría que tener en cuenta
las más de 3000 comunidades indígenas. Por ello, se dio la Ley de la Reforma
Agraria y la Ley de Comunidades Indígenas, las que reconocen algunos derechos
de los recursos naturales de los pueblos indígenas amazónicos. Estas leyes han
sido dadas sobre las bases de la costumbre, por lo que se les denomina leyes
consuetudinarias. Pero esto, ya se tomaba en cuenta en la época de la colonia,
57

en la Ley de Indias. El problema que persiste es saber cómo una persona,
además de sus derechos ciudadanos, logra que se respete sus derechos por
pertenecer a una colectividad que no está delimitada por una frontera física. En el
Perú hay unos 3 millones de indígenas, pero no están divididos en fronteras.
Ignorando las identidades culturales, en la época de 60 o 70, la ideología marxista
planteó el problema como un asunto de clases.
Para Murillo, la población peruana es enormemente mezclada. El problema
central del Perú es la construcción de la Nación, la que se enfrenta a la
contradicción actual entre las estructuras sociales y culturales con las estructuras
políticas. Se trata entonces de construir nuestra entidad en el marco del Estado.
Esta identidad no es homogénea. En realidad, la Nación no comprende a una sola
identidad. Comprende a una pluralidad de identidades. “La Nación es una manera
colectiva de vivir nuestra diversidad”.
De lo anterior, se desprende que es necesaria una reforma del Estado que
responda a la realidad del Perú, la que pasa por la redistribución del poder a
través de las regiones, que reconozca los derechos colectivos de las regiones. En
ese marco, la reforma necesaria es más que una reducción del número de
ministerios o de una “re-funcionalización” del Estado. La Reforma del Estado
tampoco debe significar sólo protección de las danzas y las ceremonias. Se trata
de reconocer derechos individuales y derechos colectivos. Debe crearse un
Estado sólido formado sobre entidades colectivas sólidas y nuevos partidos
políticos. Se trata de pasar de una única gobernabilidad a una plurigobernabilidad.
Para Murillo, se está llegando al final del régimen presidencialista. Este tendría
que ser reemplazado por un régimen parlamentario. La base sobre la que debe
construirse el Estado es la identificación cultural a la que se llega con la búsqueda
de una composición política desde una identidad comunal.
En algún momento se comprendió esa necesidad. El Estado es firmante del
convenio 169 de la OIT 11 , reconoce a los pueblos originarios. Se les reconoce la
11 Ver http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_113014.pdf, tomado el 3
de febrero del 2010.
58

propiedad colectiva, de modo que si se quiere explotar el petróleo de la Selva
tiene que ponerse de acuerdo con la comunidad que ocupa la zona. Se tiene la
Ley de Comunidades Indígenas, la Ley de la Reforma Agraria, y se espera que
algún día se tenga la Ley de Aguas. Pero el derecho no solo corresponde a la
propiedad tangible, sino también a otros como el conocimiento a la biodiversidad,
por ejemplo. Las comunidades de la Selva tienen un enorme conocimiento de la
biodiversidad, el que es explotado por instituciones extranjeras, las que logran
medicamentos patentados sin reconocer ese conocimiento. En ese sentido, el
Tratado de Libre Comercio del Perú con Estados Unidos se reconoce el valor de
esos conocimientos tradicionales en el proceso de investigación de sustancias
medicinales basada en esos conocimientos.
Pero allí no termina el problema. De lo que se trata es de plantear la reforma del
Estado en la que se considere las colectividades. Hay regiones en las que se
habla dos o tres lenguas. El Estado no puede atender una educación bilingüe o
trilingüe, pero sí lo puede hacerlo un Gobierno regional. A eso se le denomina
identidad colectiva y organización política. A los derechos ciudadanos se les llama
derechos de primera generación. Los derechos de segunda generación son los
que se refieren a los derechos por pertenecer a una colectividad diferenciada,
cuando esta colectividad es de naturaleza étnica y cultural. En España, por
ejemplo, existen colectividades como las de los gallegos, los castellanos, los
vascos, los valencianos, los asturianos, los andaluces, navarros, entre otros.
Los derechos de tercera generación son las correspondientes a colectividades
que no sean diferenciadas por características étnicas y culturales, sino aquellos
relacionados con los derechos de género o de libertad sexual. El Estado debe
atender estos derechos. En España, por ejemplo, se ha normado el matrimonio
homosexual. Además se ha dispuesto legalmente que las listas electorales sean
compuestas por la mitad de mujeres y la mitad de hombres. En Francia se está
enfrentando a problemas de Estado ante la presencia de varias colectividades
como producto de la inmigración. Y es que el Estado liberal no está preparado
para atender a las colectividades étnicas, culturales y otras, cuyos orígenes y
fronteras se presentan difusos.
59

En el Perú –dice Murillo– un ejemplo de comunidades especiales es el de la
cofradía del Señor de los Milagros, nucleada en torno a la fe. No se levanta sobre
la lengua ni dentro de una frontera física ni étnica. La cofradía del Señor de los
Milagros fue fundada por negros, pero ahora hay pocos negros. Sin embargo, la
cofradía sigue viva. Como no hemos logrado consolidar identidades definidas, en
el Perú se ha ido definiendo las unidades administrativas políticas que han
diseñado la diversidad cultural. Y esto es debido a que el Estado moderno en el
Perú no ha sido precedido por la realidad cultural, como sí ocurrió en Europa.
Para establecer un sistema que tome en cuenta las identidades regionales en el
Perú, habrá que crear regiones con su parlamento regional, su presidente.
También habrá necesidad de un parlamento macro-regional, con un presidente
que legisle para el conjunto de las regiones, mientras que cada parlamento legisla
su propia región. Tiene que unirse regiones para juntar riquezas con las que se
levanten grandes infraestructuras, proyectos macro-regionales. Todo ello en un
régimen democrático. En cada región puede organizarse un sistema político en
términos plurales, multilingües, etc. Así podemos tener una región de Puno con
tres lenguas y uno de Moquegua con dos lenguas, por ejemplo.
Cuando se pasa ese umbral del concepto de cultura, pasamos al concepto de
identidad, que es más complejo. De modo que, además de pertenecer a una
estructura política como individuo o ciudadano, pasamos a pertenecer a distintas
colectividades. Se pertenece al villorrio, al distrito, a la provincia y a la región. Hay
una complejidad de identidades múltiples. La riqueza del Perú es su pluralidad.
Tenemos que ir a su encuentro para construir la Nación para luego levantar el
Estado. El problema del Perú no es de encontrar un modelo de desarrollo
económico ni de modernizar el Estado. Se trata de comprender lo que es
diferente, e incorporarlo a la sociedad. No se trata de un problema de ciudadanía.
Murillo analiza el tema de las ciudadanías diferenciadas, las que deben ser
representadas en el Estado.
Los Estados modernos atienden las cuatro preocupaciones más graves que
enfrentan las personas: el desempleo, la salud, el envejecimiento y la
discapacidad, para cuya atención han creado fondos e instituciones especiales. El
60

Estado peruano no atiende estas preocupaciones, dejando terreno a los reclamos
que pueden ser usados para la manipulación política.
Una quinta preocupación del Estado moderno es la educación. Los cimientos del
Estado moderno es la educación. El Estado peruano tendría que buscar levantar
esos cinco pilares. En especial, la educación desde los primeros años de edad.
En la historia del Perú, solo la llamada República Aristocrática fue la que
comprendió el valor de la educación.
Un sexto tema importante del Estado es la cultura. ¿Cómo comprender en sus
estructuras políticas, aquello que es diferente? Este problema es central en las
preocupaciones de cualquier tipo de Estado moderno.
Lo que llamamos cultura es la forma de pensamiento y de organización que se
reproduce a través de la lengua, de estructuras de significación, de tecnología, de
símbolos, de valores y de la religión. Estos son elementos que dan pautas para la
conducta y la acción. Actualmente, los 16 millones de pobres son vistos como un
problema político para los cuales sólo se elabora programas sociales. Pero
olvidamos que esos pobres tienen una cultura, una forma de organizarse y de ver
el mundo, una mentalidad, en términos que usan los historiadores. No pueden ser
sólo sujetos de programas sociales, como si no tuvieran identidad o autoestima.
Hay lugares en el Perú en los que campesinos han construido democracias en
pequeñas regiones. No salen de una asamblea sin llegar a un acuerdo. Esto ha
ocurrido en Limatambo, en la provincia de Anta. Y esta situación se está
difundiendo. Este es un ejemplo para construir un Estado desde abajo.
En suma, el Perú está compuesto por regiones, creadas por razones
administrativas y políticas, que desestructuraron las antiguas realidades culturales
prehispánicas. Ahora, en el seno de cada región, han tenido lugar interacciones
culturales, generando identidades regionales, pero manteniendo identidades
culturales en cada una de las localidades. De esa forma, cada región es
multicultural y, algunas, multiétnicas y multilingües. El Estado que tome en cuenta
esa realidad tiene que estar compuesto por parlamentos regionales, quienes
61

deberán elegir a su presidente. Es conveniente también crear macro-regiones
compuestas por agrupación de regiones que juntas tengan suficientes recursos
para responder las necesidades de las regiones que las componen. Algunas
regiones pueden ser multilingües, según sea el caso. Por ejemplo la región Puno,
donde hay en estos días tensiones azuzadas por movimientos étnicos, podría
crearse una macro-región trilingüe.
La reunión política de las macro-regiones estaría representada por el presidente y
el Congreso de la República. El Congreso de la República debe tener cámara de
diputados regionales y una cámara de senadores nacionales. Esta visión del Perú
exige una reforma del Estado, que funde un Estado en el que todos los peruanos
se identifiquen y que atienda las necesidades fundamentales de los peruanos
como ciudadanos y como miembros de una región, una entidad colectiva llamada
región. El nuevo Estado deberá atender las necesidades de salud, educación,
seguridad, empleo y defensa. Las necesidades de las entidades colectivas -
creadas como fruto de las interacciones históricas entre los pueblos del Perúserán
atendidas por los Gobiernos regionales. En el proceso de creación de
regiones y macro-regiones se irá formando la Nación y el Estado nacional,
producto de la interacción y el consenso nacional. Los peruanos, como miembros
de colectividades regionales, se sentirán representados en los Gobiernos
regionales; y como miembros de la Nación estarán representadas por el
presidente de la República y el Congreso de la República.
Mientras más se tarde en la reforma del Estado, mayor será la dificultad para
construir las bases sobre las que se impulse el desarrollo del país, y se intente
dejar definitivamente la pobreza, la desigualdad, la intolerancia, la violencia, y los
últimos puestos en las listas clasificada con criterios que miden el bienestar
humano en el mundo.
Luego de realizar un recorrido hacia la realidad social y cultural del país, podemos
comprender que el tema de ciencia y tecnología le son ajenos al Estado, el que
parece ausente para innumerables aspectos que tienen que ver con su propia
viabilidad. En ese marco es que queremos introducir variables que tienen que ver
con la CTI. En realidad, la CTI, que tienen que ver con la solución de los
62

problemas a través de nuevos productos y servicios para mejorar el bienestar de
los ciudadanos, debe jugar un rol central para disminuir la pobreza en el Perú,
crear empleos mejor remunerados, disminuir las desigualdades, exportar valor
agregado y con sus particularidades participar en la sociedad del conocimiento.
El desarrollo del conocimiento científico y tecnológico permitirá que las
poblaciones empiecen a dejar un modelo económico basado en la extracción de
recursos naturales y empiecen a generar valor agregado, dando lugar a empresas
de conocimiento. El problema entonces será otro: el de proteger su propiedad
intelectual entre la que están incluidos sus inventos patentados. Para avanzar en
este sentido es necesario establecer un nuevo Estado, el que incentive a las
nuevas generaciones y las dirija hacia la investigación científica y tecnológica,
apartándola de la tendencia actual, en la que 70% de los estudiantes
universitarios siguen carreras relacionadas con las humanidades.
2.2 La cultura, la creatividad, los inventos y las patentes
La historia del desarrollo del conocimiento científico y de su utilización para la
solución de problemas de la vida diaria ha sido estudiada por Colin Ronan (Ronan
1983). El autor muestra que los descubrimientos científicos y los inventos son
productos de la creatividad y la necesidad de resolver problemas. La creatividad
ha sido analizada por Mihaly Csikszentmihalyi (Csikszentmihalyi 1996), mostrando
que ésta es producto de la cultura de la comunidad y no un acto aislado de una
persona.
Los inventos pueden ser usados para la producción y comercialización de nuevos
productos, lo que les da valor comercial, justificándose que el inventor tenga
beneficio de sus inventos, dando lugar al concepto de propiedad intelectual (PI).
En ese sentido, se creó la OMPI, dedicada a promover el respeto del derecho de
la PI, compuesta entre otros rubros, por las patentes de los inventos. (Organismo
Mundial de Propiedad Intelectual 2009).
El tema de las patentes ha sido llevado a los tratados internacionales del
comercio, a través del Acuerdo sobre los ADPIC, en el marco la OMC. Además,
63

se ha realizado tratados regionales de comercio, denominados Tratados de Libre
Comercio (TLCs), como es el caso del TLC entre Perú y Estados Unidos (Tratado
de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos 2009). Tomando en cuenta los
datos sobre el número de patentes de residentes y no residentes en el Perú, Roca
(Roca 2004) muestra que, de seguir la tendencia en el tiempo, el número de
patentes de no residentes aumentará mucho más rápidamente que el número de
patentes de residentes, lo que significa que el Perú incrementará el déficit en la
balanza del conocimiento. La relación de la innovación con la política científica ha
sido estudiada por Ísmodes (Ísmodes, 2006), demostrando que, en relación con el
PBI, Perú es uno de los países que menos invierten en I+D, lo que causa un bajo
número de publicaciones científicas y de patentes.
Joseph Stiglitz, premio nobel de economía, ha abordado el tema de las patentes
desde un ángulo crítico, proponiendo más flexibilidad para hacer que el
conocimiento tecnológico esté al alcance de los países en desarrollo (Stiglitz
2006: 143-176). Para el premio Nobel, las patentes frenan la innovación en el
mundo. La ciencia, tal como la conocemos hoy, nació hace 10 mil años en el
oriente medio. La curiosidad del hombre y la búsqueda de solución a los
problemas diarios hicieron mejorar la calidad de vida de los seres humanos
(Ronan 1983: 14).
Los inventos fueron luego usados para la producción y comercialización de
nuevos productos, lo que les dio valor comercial y generó el concepto de PI, la
que incluye las patentes. En 1883 se adoptó el Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial, destinado a facilitar que los nacionales de
un país obtengan protección de sus derechos de sus patentes (invenciones),
marcas y diseños industriales en otros países.
De acuerdo a la Enciclopedia Británica, la primera patente fue otorgada en 1441
en Florencia, al arquitecto e ingeniero Filippo Brunelleschi. La patente le otorgó un
monopolio de tres años para la construcción de una barca de transporte con un
engranaje de elevación. Luego, los privilegios otorgados por las patentes se
difundieron a los otros países europeos durante los dos siguientes siglos.
64

En Inglaterra las patentes fueron otorgadas por la Corona, especialmente para la
importación y el establecimiento de nuevas industrias, en los tiempos de la Reina
Elizabeth I (1158-1603). Ello generó un sentimiento de que había un abuso de
autoridad en el otorgamiento de esos derechos. Así, en 1623, el Parlamento
decretó el Estatuto de Monopolios, en el que se prohíbe más monopolios reales,
pero preservó el derecho a otorgar cartas patentes para invenciones de nuevas
fabricaciones hasta por 14 años.
En Estados Unidos, la Constitución autoriza al Congreso para crear un sistema
nacional de patentes para “promover el progreso de la ciencia y artes útiles”…
“asegurando por tiempo limitado a los inventores el derecho exclusivo de sus
respectivos descubrimientos” (Artículo I, sección 8). El Congreso aprobó su
Estatuto de Patentes en 1790. Francia decretó su sistema de patentes, el año
1791. A fines del siglo XIX, varios países tenían leyes para patentes.
En 1967 se estableció la OMPI, como un organismo especializado del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas, para desarrollar un sistema de propiedad
intelectual internacional, que sea equilibrado, accesible y recompense la
creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico,
salvaguardando a la vez el interés público. Hasta entonces, los convenios sobre
PI avanzaban desligados de los acuerdos comerciales.
En el marco del llamado Consenso de Washington, América Latina empezó a
rediseñar el rol de Estado. Ello en base al documento “Lo que Washington quiere
por políticas de reformas” 12 elaborado por John Williamson en noviembre de 1989,
como documento de trabajo para una conferencia organizada por el Institute for
International Economics. Williamson propone un programa general de políticas
sobre:
• Disciplina fiscal;
• Reordenamiento de las prioridades del gasto público;
• Reforma Impositiva;
• Liberalización de las tasas de interés;
12 "What Washington Means by Policy Reform"
65

• Una tasa de cambio competitiva;
• Liberalización del comercio internacional (trade liberalization);
• Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas;
• Privatización;
• Desregulación; y
• Derechos de propiedad.
El Consenso de Washington (Williamson 2004) agudiza la competencia entre las
grandes empresas, las que requieren proteger mejor sus innovaciones. En ese
marco, Estados Unidos promueve el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, en el que se incluye el tema de la PI.
Este TLC entra en vigor el 1ero de enero de 1994. (NAFTA 2009: Textos
jurídicos). En 1994, en Marruecos, los ministros que representaron a 124
Gobiernos participantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones Multilaterales
firmaron –entre otros– el Acuerdo sobre los ADPIC que obligaban a los países
firmantes el reconocimiento de las patentes, con mayor fuerza con la que actuaba
la OMPI. Acordaron también el establecimiento de la Organización Mundial de
Comercio (OMC).
La OMC establece un mecanismo de solución de controversia que implica
penalidades para los que incumplen los acuerdos. En 1996, la OMPI amplió sus
funciones dando mayor importancia a los derechos de PI en la reglamentación del
comercio mundial, al concertar un acuerdo de cooperación con la OMC. En los
acuerdos de la OMC se establece la observancia de los derechos de la PI, con
procedimientos y recursos civiles y administrativos. Los países se comprometen a
adaptar sus normas nacionales para cumplir con los acuerdos de la OMC.
A partir de 1994, incentivados por el Acuerdo sobre los ADPIC, varios países
iniciaron una política de CTI consistente en un aumento de su inversión en I+D, el
que tuvo diversos resultados; pero, en general, se empezó a aumentar el número
de solicitudes de patentes en el mundo.
66

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ilustración 2. Mundo: Número de solicitudes de patentes de residentes
(NSPR) y de no residentes en el mundo, 1985 - 2007.
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Residentes
No residentes
Nota: Ver valores en tabla 1 de anexo 2.
Fuente: Datos del Organismo Mundial de Propiedad Intelectual (2008 julio).
Elaboración: Propia
2.3 Relación entre el número de solicitudes de patentes de residentes
(NSPR) y el Producto Bruto Interno de los países
Las estadísticas muestran que, salvo excepciones, los países con los más altos
NSPR son los países que tienen los más altos valores del producto bruto interno
(PBI).
Si colocamos los países de América, España y Portugal en orden decreciente
según el NSPR presentadas entre los años entre 1990 y 2007 (Red de
Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2009), se obtiene una lista cinco grupos bien
definidos:
- el primero conformado sólo por Estados Unidos, lejos de los otros,
con un alto valor de NSPR;
- un segundo grupo conformado por Brasil, Canadá, España;
67

- un tercer grupo conformado por Argentina, México y Chile;
- un cuarto grupo conformado por Venezuela, Colombia y Cuba; y
- un quinto grupo encabezado por Portugal.
La lista de estos países, clasificados en forma decreciente de su PBI, está
compuesta por:
- un primer grupo en el que está Estados Unidos, solo, lejos de los
otros, con un alto valor de PBI;
- un segundo grupo en el que están España Canadá, Brasil y México;
- un tercer grupo en el que están Argentina, Venezuela, Portugal,
Colombia y Chile; y
- un cuarto grupo en el que están Cuba, Ecuador, Guatemala, Costa
Rica, entre otros.
Ilustración 3. Número de solicitudes de residentes de países de América,
Portugal y España, 1990 – 2007
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina Bolivia Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador España Guatemala
Honduras México Nicaragua Panamá Perú Portugal Paraguay El Salvador Uruguay Venezuela
Nota: NSPR entre 1990 y 2007 de algunos países de Amèrica, Portugal y España. No aparece
Estados Unidos, por tener un número de solicitudes de residentes que sale de la escala. Ver
valores en tabla 2 de anexo 2.
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2009)
Elaboración: Propia.
68

En las dos listas arriba presentadas encontramos que los países que tienen un
mayor número de solicitudes de patentes son los que cuentan con un mayor PBI.
Ver ilustraciones. 2 y.3. La excepción a la regla son los países con abundantes
recursos naturales.
Ilustración 4. PBI de algunos países de América, España y Portugal,
1990-2007
(En millones de dólares)
Nota:
Producto bruto interno entre 1990 y 2007 de algunos países de América, España y Portugal. No
aparece Estados Unidos porque su PBI sale de la escala. Ver valores en tabla 3 de anexo 2.
Elaboración: Propia.
69

El NSPR es un indicador de la inventiva o la capacidad de innovación de un país,
es decir de la capacidad de crear nuevos productos y procesos. La innovación se
ha constituido en un arma para la competencia comercial entre empresas y
países. Las empresas innovadoras tienen siempre nuevos productos que los
colocan con éxito en el mercado globalizado. Las empresas patentan los procesos
y productos -logrados en sus laboratorios de investigación- para tener el derecho
por 20 años al monopolio de su explotación comercial, recuperar su inversión en
investigación y ganar utilidades, parte de las cuales serán reinvertidas en
investigación de nuevos procesos y productos. Las ventas de los nuevos
productos con precios de monopolio elevan el PBI del país inventor, por lo que se
establece una correlación entre el número de solicitudes de patentes y el PBI.
2.4 Ciencia, tecnología, innovación tecnológica y desarrollo económico
Las patentes son el producto de la investigación de nuevos productos y procesos,
como parte de la innovación científica y tecnológica. Edward Roberts señala que
la innovación tecnológica es un proceso de múltiples etapas, con variaciones
significativas, tanto en las tareas primarias como en temas de dirección y de
práctica efectiva de gestión. Los diversos objetivos tecnológicos o de mercado
estimulan el inicio de proyectos de investigación, desarrollo y/o ingeniería en la
primera etapa. En esta etapa surge la pregunta de cómo generar mejores temas
de investigación. Escoger la gente, definir la estructura que será empleada para
perseguir los objetivos. Es bueno fomentar la contraposición de una variedad
pequeños proyectos, dejar que las flores florezcan, para sacar lo mejor, sobre el
cual se pondrá todos los esfuerzos planificados y controlados en forma estricta
para llevarlo al éxito comercial.
En 1957, Robert M. Solow encontró cuantitativamente que el “progreso
tecnológico” contribuía con gran parte del crecimiento de Estados Unidos. (Solow
1957). Quedó claro que la inversión en tecnología era crucial para el crecimiento.
Para Solow, sin inversión en tecnología, el crecimiento hubiera sido menor.
Señaló, además, que las innovaciones tecnológicas se concretan en plantas o
instalaciones. En la competencia por ganar mercados, las empresas tratan de
mejorar permanentemente sus productos, lo que se logra con innovaciones,
70

producto de la investigación sobre los procesos o las características de sus
productos. Una empresa que no innova corre el riesgo de desaparecer del
mercado. En el proceso de investigación sobre servicios y productos algunas
veces surgen nuevos servicios o productos.
Tecnología es saber hacer (know how), de modo que está en los cerebros, mejor
dicho, se forma en los cerebros, por lo que está relacionada con el conocimiento,
la capacitación, la educación y la salud. Entonces surge el concepto de capital
humano. Solow presta gran importancia a la investigación, la educación y la salud
para acelerar el crecimiento del producto y la productividad. (Solow 1962).
Según Venza, en una perspectiva evolucionista se estudia la medición estadística
de crecimiento a nivel macro y la multitud de cambios de naturaleza diversa que
suceden a nivel micro que terminan por cambiar la estructura. Ahora se trata de
conciliar lo micro con lo macro. Se supone que las empresas tienen
comportamiento diferente y que la innovación tecnológica juega un rol central en
la creación y recreación de diferencias en procesos y en productos. Se establece
un proceso competitivo y selectivo en el que unas empresas crecerán y otras se
estancarán o incluso desaparecerán. La diferenciación genera un proceso de
destrucción creativa. Es aquí donde la innovación surge como una fuente
poderosa de diversidad, la que explica la diferencia entre las empresas. Así se
establece una relación profunda entre el cambio tecnológico y el cambio de
productividad. Las empresas tienen mayor o menor grado de competitividad
según tengan una mayor o menor tasa de progreso técnico. Así, para que los
países no se alejen aún más en cuanto a desarrollo no basta inversiones e
importación de tecnología, sino que es necesario realizar actividades tecnológicas
propias. Cuando un país pobre no tiene la capacidad social, en especial un
adecuado nivel educativo, se establecerá un círculo vicioso de bajo crecimiento.
En suma, la competitividad de un país a largo plazo depende de su capacidad
innovadora y de la mejora de la productividad y no de los costes unitarios
relativos. Además, la competencia basada en la innovación permite un mayor
crecimiento y bienestar a nivel global, y no es un “juego de suma cero” como
sucede con la competencia en precios. (Vence 2007: pág. 28-31).
71

Kondrátiev (citado por Rodríguez-Vargas 2005: pág. 80) señala que las
revoluciones tecnológicas son “antecedidas y acompañadas” por “una serie de
invenciones técnicas significativas, numerosas e importantes que en un periodo
normal”, muchas de estas invenciones son nuevas, otras son perfeccionamientos
considerables de algunas previas. Kondrátiev plantea la necesidad de diferenciar
“el momento de la aparición y el momento de la aplicación en la práctica” de las
invenciones técnicas; es distinto el surgimiento de las invenciones significativas y
su aplicación amplia en los años siguientes, esto es lo que llama “una verdadera
revolución industrial”, y corresponde a la onda ascendente del ciclo largo: “en el
curso, aproximadamente, de dos decenios antes del inicio de una onda
ascendente de un ciclo largo, se observa una animación en las esferas de las
invenciones técnicas”. Antes y durante el inicio mismo de una ola ascendente, se
observa una amplia aplicación de estas invenciones en la esfera de la práctica
industrial, vinculada con la reorganización de las relaciones de producción. El
comienzo de los ciclos largos habitualmente coincide con la ampliación de la
órbita de las relaciones económicas mundiales.
La crisis de productividad observada en Estados Unidos entre 1973 y 1982 es
atribuida a la desaceleración de la inversión en I+D (Kendrick, 1986). La aparición
en 1971 del microprocesador es el inicio de la era de la tecnología de la
información y la comunicación. La aplicación de esta tecnología tuvo sus frutos
mucho después. Según Carlota Pérez, los frutos completos de las revoluciones
tecnológicas son cosechados con retraso, y la ola de desarrollo se despliega por
completo mediante la maduración de la revolución tecnológica y el apoyo del
capital financiero al productivo. (Pérez 2002).
Según Rodríguez (Rodríguez Vargas 2005: pág. 166):
La onda descendente justamente empezó a principios de la década de
los setenta, coincidentemente con el origen de la revolución
tecnológica; y ésta se ha desarrollado en los últimos treinta años en el
ambiente recesivo e inflacionario de la onda descendente. Sólo
comenzó a dar frutos, como Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs), a partir de la segunda mitad de los noventa en
Estados Unidos y en pocos países; la revolución tecnológica se
72

encuentra en la mitad de su ciclo, coincidiendo a nivel mundial con fin
de la onda descendente.
En 1996, Greenspan, mostró que las nuevas tecnología habían cambiado
radicalmente la manera en la que se producía bienes y servicios, como ocurre una
o dos veces en un siglo (Greenspan 1999). Las nuevas tecnologías hicieron
posible que se pase de la producción de enormes cosas físicas al trabajo
conceptual (Wynne 2002: pág. 9). Roger W. Ferguson, el Vicepresidente de la
Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), mostró que la revolución en las TICs
generó cambios estructurales que dominaron la economía de los años 90s
(Ferguson 2000). Según Jorgenson y Stiroh, el crecimiento a partir de 1995 fue
consecuencia del cambio tecnológico generado por las computadoras y el
software (Jorgenson y Kevin 2000).
Por su parte, Bluestone y Harrison, sostienen que el crecimiento de la segunda
mitad de los noventa se basó principalmente en la innovación tecnológica,
incentivada por el Estado a través de la I+D en defensa militar (Bluestone y
Harrison 2000). Los costos de la investigación son altos, por lo que las empresas
pequeñas se encuentran en desventaja. Ello las obliga a fusionarse o a realizar
contratos de cooperación. En la década de los noventa se generalizó la idea de la
apertura comercial y los TLC. En América Latina, México fue uno de los primeros
países que aplicó una política de apertura comercial, lo que permitió observar sus
efectos en la competitividad de ese país, pero sobre todo la importancia y
actualización del cambio tecnológico, las trayectorias de especialización y las
inter-relacionales de carácter comercial, tecnológico, organizativo y estratégico
entre empresas, como determinantes de la competitividad. (Arjona y Unger 1996).
La apertura comercial genera distorsiones del mercado que pueden ser
corregidas estableciendo políticas públicas que incluyen el tema de I+D.
(Grossman y Helpman1991). En realidad, desde la tercera década del siglo XX, la
innovación tecnológica en la competencia entre empresas se convierte en un
tema crucial (Schumpeter 1934).
Los países que han salido de la pobreza lo hicieron luego de un desarrollo
científico y tecnológico generado por una política educativa, científica y
73

tecnológica sostenida, producto del consenso entre los partidos, como son los
casos de Finlandia e Irlanda (Sociedad Nacional de Industria 2008).
Dada su probada influencia en la competencia comercial, hoy en día, el
conocimiento y la innovación se han convertido en temas centrales en los foros
sobre el futuro de los países. Ha sido el caso de la Conferencia Anual de
Ejecutivos 2009 (CADE 2009) y lo fue el de la XIX Cumbre Iberoamericana de
jefes de Estado y de Gobierno, celebrado entre el 29 de noviembre y el 1ero de
diciembre del 2009 en la ciudad portuguesa de Estoril. Por esas razones, los
países establecen políticas públicas tendientes a promoverlas, tratando de que las
empresas, las universidades, los institutos de investigación generen la mayor
cantidad posible de innovaciones plasmadas en patentes. Los resultados han sido
variados.
Las políticas públicas se expresan concretamente en inversión en I+D. Sin
embargo, esta tesis sostiene que la manera cómo la inversión en I+D influye en el
NSPR depende de las normas legales que rigen el sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación (SINACYT), y del tipo de carrera que tiene el investigador
científico y tecnológico. Se entiende por carrera del investigador al conjunto de
normas legales que definen los requisitos para que un científico e ingeniero pueda
presentarse al concurso por una plaza de investigador científico y tecnológico en
un laboratorio del Estado (el sector privado tiene sus propias reglas) y los criterios
con los que se califica la producción del investigador en el concurso o para
eventuales ascensos o separación de la carrera. Dependiendo de esas normas, el
investigador trazará su estrategia de vida profesional de modo a lograr los
mayores ascensos y evitar la pérdida de su puesto.
2.5 Controversias sobre las consecuencias de patentes
Las patentes han sido objeto de intensas controversias, debido a las
consecuencias desfavorables para los países en desarrollo, que son los que
tienen bajo número de patentes.
74

Santiago Roca y Luís Shimabuko han analizado el impacto del Tratado de Libre
Comercio (TLC) Perú-Estados Unidos en la “balanza del conocimiento” del Perú.
Para ello relacionan el valor del conocimiento con el nivel tecnológico que se
tranza internacionalmente. Como resultado de una simulación, para el año 2015,
esos autores obtienen un déficit de 1091 millones de dólares por el lado de los
bienes y 152 millones de dólares por el lado de los servicios. El déficit total de la
balanza del conocimiento llegará entonces a 1243 millones de dólares.
Comparando las proyecciones de la simulación con TLC y sin TLC, el impacto
inicial del 2004 del TLC hubiera sido 44 millones de dólares (0,06% del PBI)
mientras que el 2015 el impacto llegaría a 516 millones de dólares (0,39% del
PBI) (Roca y Shimabuko 2007).
Por otro lado, Roca y Shimabuko hacen notar que desde 1994 13 el 96% de las
patentes otorgadas han sido para titulares extranjeros. El número de patentes de
los residentes peruanos no aumenta. Lo que aumenta es la brecha del
conocimiento. La gran diferencia a favor de Estados Unidos en número de
patentes significa, en la práctica, que un tratado que protege las patentes será
ventajoso para ese país y desventajoso para el Perú. El TLC entre Perú y Estados
Unidos, en cuanto a patentes, no favorece al Perú, en la medida que este país no
tiene muchas patentes que defender. Por otro lado, el argumento de que los
acuerdos sobre los APDIC, por sí solos, incentivan la inventiva en todos los
países es desmentido por la experiencia. Desde hace décadas se tiene el mismo
NSPR al año cuarenta mientras que crece sostenidamente el número de
solicitudes patentes no residentes (extranjeros). Otra razón de la controversia es
que no se llega a distinguir la contribución del inventor y el de la sociedad que
estableció las condiciones para que se genere el invento. Entre esas condiciones
están las del conocimiento previo sin el cual habría sido imposible avanzar. Mihaly
Csikszentmihalyi, luego de hacer un estudio retrospectivo de la vida de los
grandes inventores, señala que “la creatividad no ocurre dentro de la cabeza de la
gente, sino que en la interacción entre los pensamientos de una persona y el
contexto sociocultural. Es un fenómeno sistémico más que un fenómeno personal”
(Csikszentmihalyi 1996: 23). Por otro lado, para Joseph Stiglitz, por cuestión de
eficiencia económica, el saber debería estar más disponible, mientras que la
13 Fecha en el que el Perú empieza a registrar y proteger patentes
75

normativa de PI tiende a restringir el acceso a ese saber. La esperanza está en
que las ineficiencias del poder monopolístico se vean compensadas por una
innovación cada vez mayor, para que la economía crezca más deprisa. (Stiglitz
2006: 143-176).
La cadena de inventos es similar a la cadena de descubrimientos. Casi todas las
ideas están basadas en ideas anteriores, las que constituyen el saber de la
humanidad. Un pequeño retoque a una idea bien conocida o un gran retoque
cuando este retoque es obvio, ¿merecen una patente?, se pregunta Joseph
Stiglitz. Cuando se concede la patente, su propietario puede cobrar a otros por
hacer uso de ese conocimiento o saber (Ahmad 2003). Asimismo, Stiglitz hace
notar que el propietario de una patente puede frenar la innovación en la medida
que se le ocurra no autorizar a otros que se use su invento: “Ello daría lugar que
la economía pierda a corto plazo –puesto que los altos precios propios de una
situación monopolística reducen el bienestar- y a largo plazo –puesto que se
reduce la innovación–”. La barrera para la innovación se vuelve un laberinto
cuando varias patentes cubren ideas respecto a cierta innovación. Stiglitz también
hace notar la reducción de las innovaciones en la medida que una empresa
desvía parte de sus gastos sea para incrementar su poder monopolístico o sea
para sortear las patentes que están en manos de otros.
Stiglitz sugiere un régimen de PI equilibrado, en el que se considere qué puede y
qué no puede patentarse, el alcance y la duración de la PI, y propone un régimen
de PI bien diseñado para equilibrar los costes de la monopolización con los
beneficios de la innovación, limitando, por ejemplo, el periodo de vigencia de la
patente, exigiendo una revelación de los detalles para que otros pueblos puedan
aprovecharlos, y limitando la capacidad de que ninguna patente se emplee para
crear un monopolio “abusivo”. Stiglitz hace notar que lo que separa a los países
desarrollados de los países en vías de desarrollo no es sólo un abismo de
recursos, sino un abismo de conocimientos, y a causa de la normativa de PI
salvar este abismo puede ser más fácil o más difícil.
Stiglitz propone:
76

• Adaptar la PI a las necesidades de los países en vías de desarrollo,
considerando que sus efectos en ellos son diferentes –en contra de ellos- a
los efectos en los países desarrollados;
• que los países desarrollados se limiten a proporcionar los medicamentos o,
cuando menos, a subvencionarlos, pagando sin duda un “impuesto”: la
diferencia entre precio y coste marginal; y
• detener la biopiratería y proteger el saber tradicional.
En cuanto a la investigación sobre medicamentos, Stiglitz considera que el actual
sistema de financiación es ineficaz y nada equitativo. De acuerdo con este
sistema, la investigación básica la financia el Gobierno y es el sector privado el
que coloca los medicamentos en el mercado, y cuando los medicamentos llegan
al mercado son las empresas las que hacen acopio de beneficios. Y las empresas
de los países desarrollados no investigan las enfermedades que afectan a los
países pobres. Propone que la mayor parte del dinero a la investigación lo aporten
los Gobiernos y las fundaciones de los países del Norte. Propone dos formas de
proporcionar el dinero y de organizar la investigación: i) los Gobiernos deben
comprometerse a comprar una cantidad importante de los medicamentos que
saldrán de la investigación; ii) gratificar a los investigadores por el valor de sus
hallazgos.
Respecto a la biopiratería, Stiglitz se refiere a la utilización de los saberes
tradicionales de los países en desarrollo por las empresas sin darles nada a
cambio. Luego, por el Acuerdo sobre los ADPIC las licencias que se les concede,
les permiten usar ese conocimiento y cobrar por ello. Propone i) suscribir un
acuerdo internacional que reconozca los saberes tradicionales y que prohíba la
biopiratería e ii) suscribir la convención de la biodiversidad. Cabe señalar que en
el TLC entre Perú y Estados Unidos se establece la necesidad de un
entendimiento entre las empresas y las comunidades detentoras del
conocimiento.
77

2.6 El Tratado de Libre Comercio Perú - Estados Unidos
Sin entrar en contradicción con los acuerdos de la OMC, algunos países
promueven acuerdos regionales (TLCs) para añadir aspectos no considerados en
el Acuerdo sobre los ADPIC, tanto en temas de fondo como de observancia. En
los TLC se especifica las funciones de las dependencias estatales al servicio de la
protección y penalización de los infractores y se añade aspectos tendientes al
respeto irrestricto de la PI, conllevando, por ejemplo, severas penas a los
infractores, las que no estaban contempladas en los acuerdos anteriores. Esta
profundización en los aspectos de PI en general, y en patentes en particular,
favorece a las grandes empresas que tienen una gran cantidad de patentes,
producto de sus proyectos de investigación y su capacidad de defenderlas ante
las autoridades correspondientes.
En el TLC entre Perú y Estados Unidos, en su capítulo 16 dedicado a la PI
(TLCPerú 2009), se establece que cada Parte ratificará o adherirá -a la fecha de
entrada en vigor de este Acuerdo- a varios acuerdos, entre los que está el
Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de
Microorganismos para los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977),
y enmendado en (1980). Se establece también que cada Parte ratificará o
adherirá, hasta el 1 de enero de 2008, o a la entrada en vigor de este Acuerdo,
cualquier acuerdo que sea posterior al Tratado de Cooperación en Materia de
Patentes (1970), y enmendado en 1979; así como el Convenio Internacional para
la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) (1991). Además,
se establece que cada Parte hará todos los esfuerzos razonables para ratificar o
adherir, entre otros, al Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000).
El TLC entre Estados Unidos y Perú reconoce el valor de las patentes, las que se
refieren a cualquier invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los
campos de la tecnología, siempre que sea nueva, entrañe una actividad inventiva
y sea susceptible de aplicación industrial. Siempre y cuando cumpla con esta
condición, se acuerda otorgar patentes a plantas y animales. En lo que respecta
al ambiente, se reconoce la importancia de respetar y preservar los conocimientos
78

tradicionales y prácticas de sus comunidades indígenas y otras comunidades, los
cuales contribuyen a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
Las patentes confieren a un autor el monopolio legal del invento o la innovación,
reconociéndole el uso exclusivo, la producción exclusiva, la comercialización
exclusiva, la cesión de derecho y el licenciamiento. Es de carácter territorial, es
decir es válida en el país donde fue concedida; tiene validez de 20 años, que se
considera tiempo suficiente para una explotación comercial; puede haber dar
licenciamientos obligatorios; y obliga a una divulgación total en forma tal que
pueda ser explotada.
En el caso del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos en el
capítulo de Propiedad Intelectual (TLCPerú 2009) se establece que se permitirá la
obtención de patentes para cualquier invención, sea de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva,
entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Las
expresiones "actividad inventiva" y "susceptible de aplicación industrial" son
consideradas como sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles”,
respectivamente. También se considera patentable las moléculas que constituyen
los principios activos de plantas con propiedades curativas, debido a que ha sido
necesario investigar para identificar dicho principio activo.
Cabe señalar que los inventos surgen sobre los descubrimientos científicos de
fenómenos naturales o provocados en laboratorios, los que son publicados en
revistas especializadas de libre circulación. Sin embargo, esos fenómenos no son
patentables. Lo que es patentable es un proceso o un producto comercializable
que usa ese descubrimiento. Queda, sin embargo, la duda sobre la patentabilidad
de las propiedades curativas de las plantas, descubiertas luego de innumerables
pruebas. No se puede patentar la planta, pero podría reclamarse una patente por
el procedimiento para lograr una infusión que, al tomarse, cure una enfermedad.
Esta incertidumbre ha sido “resuelta”, en el TLC entre Perú y Estados Unidos,
estableciendo un entendimiento para la protección de la biodiversidad y los
conocimientos tradicionales, como se señala en el capítulo de propiedad
intelectual del TLC entre Perú y Estados Unidos (TLCPerú 2009).
79

La ventaja tecnológica de Estados Unidos sobre Perú, reflejada en un mayor
número de patentes (Organismo Internacional de Propiedad Intelectual, 2009:
patentes, estadísticas) hacen que el tratado sea favorable a los Estados Unidos,
en lo que concierne a las patentes.
2.7 Políticas públicas para estimular la ciencia, la tecnología, la creatividad y
la innovación en el marco del TLC
Dado que los TLC hacen más estricto el respeto de las patentes, en esos
acuerdos se toma en cuenta también la promoción y la cooperación en CTI. Por
ejemplo, según uno de sus objetivos estipulados, el TLC entre Perú y Estados
Unidos tiene por objetivo el de estimular la creación y la innovación y promover el
comercio entre los sectores innovadores de las dos economías. Ese TLC
reconoce la importancia de promover la innovación tecnológica, la difusión de
información tecnológica y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas,
incluyendo, según sea pertinente, proyectos conjuntos de investigación científica
conjuntos. Por lo tanto, las Partes buscarán y fomentarán oportunidades para la
cooperación en ciencia y tecnología e identificarán áreas para dicha cooperación,
y, según sea apropiado, realizar proyectos de colaboración de investigación
científica.
Las partes darán prioridad a la colaboración para avanzar en objetivos comunes
en CTI y en apoyar asociaciones entre las instituciones de investigación públicas
y privadas y la industria. Cualquiera de estas actividades de colaboración o
transferencia de tecnología deberá estar basada en términos mutuamente
acordados. Cada parte designará un punto de contacto para facilitar el desarrollo
de proyectos de colaboración provenientes de las siguientes oficinas
responsables de la cooperación en ciencia y tecnología, quienes revisarán
periódicamente el estado de colaboración a través de medios de comunicación
acordados mutuamente. Para Estados Unidos, los responsables son la Office of
Science and Technology Cooperation, Bureau of Oceans, la International
Environmental and Scientific Affairs, y el U.S. Department of State. Para el Perú,
80

el responsable es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC); o sus sucesores.
En realidad, la cooperación científica en proyectos científicos de interés común
para investigadores peruanos y norteamericanos se realiza sin necesidad del
TLC. Actualmente existen varios proyectos con esas características. Dado que el
TLC Perú-Estados Unidos fortalece los derechos de las patentes, cada país
deberá realizar una agenda interna para incentivar el número de patentes.
2.8 Políticas desarrolladas sobre la ciencia y tecnología en los Estados
Unidos de América
Para tener una idea de las políticas públicas en ciencia y tecnología de Estados
Unidos, vamos a revisar la “Historia del Comité de Ciencia y Tecnología de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos”, escrita por el propio Comité, el
que elabora las normas que aprobadas por la Cámara de Representantes se
convierten en políticas públicas:
El Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos tiene una historia de un poco más de medio siglo
(Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos 2008). Cuando Sputnik1 entró en órbita, el 4 de
octubre de 1957, se inició la “Carrera del Espacio”. En 1958 se creó el
Comité para la Astronáutica y Exploración del Espacio. Este Comité
creó la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y el
Comité para la Ciencia y la Astronáutica, el que hoy es el Comité para
la Ciencia y la Tecnología.
Inicialmente, los temas del Comité incluían la exploración y el control
del espacio, la investigación y desarrollo de la astronáutica, becas y
legislación relacionada con las agencias científicas. Las agencias, la
que inicialmente estaban bajo la jurisdicción del Comité, incluían la
National Bureau of Standards (NBS), la NASA, y la National
81

Aeronautics and Space Council
Foundation (NSF).
(NASC) y la National Science
En 1974, el Comité tomó el nombre de Comité para la Ciencia y
Tecnología. Su jurisdicción se amplió a la energía, el ambiente, la
atmósfera, la investigación y desarrollo para la aviación civil y el
Servicio Nacional del Clima. Este Comité también tenía la función de
monitorear el cumplimiento de las leyes, programas y actividades
gubernamentales que involucren la investigación y desarrollo no militar.
En 1977, cuando se desactivó el Comité para la Energía Atómica, se
incluyó a su jurisdicción la investigación y desarrollo nuclear para fines
civiles; y su nombre del pasó a ser Comité para la Ciencia, el Espacio
y la Tecnología. En 1995, este nombre cambió a Comité para la
Ciencia.
En sus primeros días, el Comité apoyó al Programa Apolo, el que llevó
al hombre a la Luna y fortaleció la educación en ciencia y la
investigación científica. Luego, el rol del Comité se amplió, jugando un
rol importante en lo que el Congreso consideraba que tenía que ver con
los estándares nacionales e internacionales de ciencia y tecnología y la
competitividad.
En el año 2007, el Comité comprendía cinco comités: Energía y
Ambiente; Tecnología e Innovación; Investigación y Educación en
Ciencia; Espacio y Aeronáutica; e Investigación y Prospectiva.
A continuación se revisará la historia de la política en ciencia y tecnología, tal
como ha sido presentada por el Comité para la Ciencia y la Tecnología, en
ocasión de cumplir 50 años de creada. (Comité de Ciencia y Tecnología de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos 2008b).
82

La política federal en ciencia (1787 – 1957)
Vannevar Bush, considerado como uno de diseñadores de la política
en ciencia de Estados Unidos, afirmó, en 1945, que la expansión y
prosperidad de ese país ha sido “el producto de tres factores: el libre
juego de iniciativa de un pueblo en democracia, la herencia de los
recursos naturales, y el avance de la ciencia y sus aplicaciones.” En su
informe The Endless Frontier, Bush, respecto al progreso científico,
afirmo que “ningún logro en otras direcciones puede asegurar nuestra
riqueza, prosperidad, y seguridad como nación en el mundo moderno.”
El involucramiento del Gobierno federal en ciencia, tecnología y el
avance del conocimiento comienza con el Congreso Continental, en la
Ordenanza del Noroeste de 1785 y 1787. El Congreso ordenó que el
territorio del noroeste sea explorado e inspeccionado en municipios,
con una sección que sea reservada para las escuelas públicas. Desde
el siglo XVIII, la relación entre la ciencia, la tecnología, la investigación
y el desarrollo ha sido muy estrecha. Los norteamericanos crearon un
sistema descentralizado para el avance de la innovación científica y
tecnológica, combinando el apoyo del Gobierno federal con la
universidad y financiación privada para la investigación. El Comité de
Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes es heredero de
una larga historia de apoyo federal para la exploración, para
estándares, para la energía e investigación ambiental.
En Artículo I, la sección 8 de la Constitución, los próceres otorgaron al
Congreso el poder "promover el progreso de la ciencia y las artes
útiles," inicialmente otorgando a "autores e inventores el derecho
exclusivo de sus respectivas obras y descubrimientos," junto con el
poder "fijar el estándar de pesas y medidas". Al Congreso también le
fue dado el poder "regular el comercio".
El Congreso asumió rápidamente su papel de promotor de la ciencia y
la tecnología, aprobando las primeras leyes de patentes y derechos de
83

autor en la primavera de 1790. Además, el Congreso adoptó la mayor
parte de las recomendaciones del Secretario de Tesoro Alexander
Hamilton en su Informe sobre Manufacturas, diciembre 1791, que
propuso que debe ser política de EEUU la de favorecer las
manufacturas e industrias domésticas por un sistema de la protección
de tarifa y subvención a la industria. Aunque la mayoría de las políticas
federales fueran diseñadas para proteger la innovación privada, el
Congreso subsidió dos arsenales militares, en Springfield,
Massachusetts, y el transbordador de Harpers, en Virginia. El primer
sistema práctico de partes intercambiables para la fabricación fue
desarrollada con patrocinio federal.
La "cláusula del comercio" fue la base para el estudio científico más
significativo del período temprano nacional, la expedición de Lewis y
Clark. Después de ganar una licitación 2 500 dólares del Congreso
para la exploración, el Presidente Thomas Jefferson instruyó a su
secretario, Meriwether Lewis, no sólo para encontrar un pasaje al
Pacífico, sino también para hacer observaciones científicas
sistemáticas de geografía regional, de las tierras, de los animales, de la
producción mineral, y de registrar, tanto como sea posible, las tribus
indias encontradas. Con estas instrucciones, el Cuerpo de
Descubrimiento fue práctico y también científico, revelando la gran
variedad de interés federal durante el período.
La política federal de la ciencia también favoreció la relación entre el
comercio, la ciencia, el desarrollo tecnológico, y la exploración. El 30-
31 de marzo de 1824, el Portavoz de la Cámara de Representantes,
Henry Clay, propuso la adopción de un "verdadero sistema
norteamericano" que expandiera mercados y disminuyera la
dependencia sobre el comercio exterior, proporcionando aranceles
proteccionistas para salvaguardar la fabricación doméstica y un
sistema de mejoras internas patrocinado por el Gobierno. En 1824, el
Congreso autorizó "las inspecciones, los planes, y las estimaciones
necesarias " de caminos y canales de importancia nacional para usos
84

comerciales, militares, o usos postales. Aunque la mayoría de las
legislaciones federales crearon las condiciones conducentes a la
innovación tecnológica, ocasionalmente, el Congreso patrocinó
proyectos grandes e intensivos en capital. El 3 de marzo de 1843, el
Congreso destinó 30 000 dólares "para probar la capacidad y la
utilidad del sistema de telégrafos electromagnéticos inventados por
Samuel F. B. Morse", y para construir una línea de telégrafo para el uso
del Gobierno. En mayo de 1844, Morse había completado su línea de
telégrafo entre Capitolio de EEUU y la Estación Monte Clare de los
ferrocarriles de Baltimore y Ohio, cerca de Baltimore, Maryland. El 24
de mayo, él hizo su primera demostración pública enviando el mensaje:
"lo que Dios ha Forjado".
En 1829, el científico inglés James Smithson murió y dejó su propiedad
entera a Estados Unidos, para dotar "un establecimiento para el
aumento y la difusión del conocimiento entre hombres". El Congreso
aceptó este regalo sin precedentes en 1836, y en 1846 creó, después
de mucho discutir, el Instituto Smithsonian, como una empresa
administrada por un directorio de regentes y un secretario. Este regalo
privado a la nación entera proporcionó un modelo para el apoyo de
investigación científica, y ahora se ha convertido en el complejo de
museo más grande del mundo. Sin embargo, han fallado las tentativas
para establecer una universidad nacional. Los norteamericanos
siempre desconfiaron en tener una sola institución nacional de
enseñanza superior y prefirieron un modelo descentralizado y
empresarial para la educación y la investigación.
El presidente Abraham Lincoln y el Congreso 37 (1861-63) decretaron
dos leyes críticas durante la Guerra civil que ayudaron a desarrollar las
instituciones para la investigación científica y tecnológica. Lincoln
convirtió en ley el decreto Land-Grant College, el 2 de julio de 1862, en
el cuál el congresista Justin Morrill de Vermont introdujo la disposición
de la entrega de tierras de propiedad pública para fundar una
universidad dedicada a la enseñanza de "la agricultura y las artes
85

mecánicas". Este esfuerzo federal para apoyar instituciones del Estado
se convirtió en una red de universidades que acentuaron la
investigación práctica y científica. El 3 de marzo de 1863, el Congreso
aprobó una segunda ley creando la Academia Nacional de Ciencias
(ANC), establecida como una organización que se auto perpetúa. La
academia incorporó los primeros 50 científicos de Estados Unidos
nominados para "investigar, revisar, experimentar, y para informar
sobre cualquier tema de la ciencia" para el Gobierno federal. Mientras
los eruditos sirvieran sin compensación, el Congreso autorizó partidas
para gastos, que fue una forma inicial de contrato de investigación.
Anticipando la participación de la nación en la Primera Guerra Mundial,
el presidente Woodrow Wilson solicitó, en 1966, que la Academia
estableciera el Consejo Nacional de Investigación para reclutar
científicos y técnicos, lo que continuó ampliándose después de la
guerra. Desde su creación, la Academia Nacional de Ciencias ha
crecido varias veces por selección de pares de individuos prestigiosos
en sus campos, así como por el establecimiento de la Academia
Nacional de Ingeniería en 1965 y el Instituto de Medicina en 1970.
A fines del siglo XIX, el Congreso continuó su patrocinio de
exploraciones científicas. El 3 de marzo de 1879, autorizó la creación
de la Oficina de Estudios Geológicos en el Departamento del Interior
con responsabilidad de revisar "la estructura geológica, recursos y
productos minerales en el dominio nacional". En el Decreto Hatch de
Estaciones Experimentales (The Hatch Experiment Station Act) de
1887, el Congreso apoyó el desarrollo de investigación científica en la
agricultura. Administrado como adjuntos a las universidades de
concesión de tierras, estas estaciones de investigación promovieron "la
investigación y los experimentos científicos que respetan los principios
y las aplicaciones de la ciencia agrícola". Aunque bajo la jurisdicción de
comités agrícolas congresales, el Decreto Hatch promovió el principio
de apoyo federal directo a la investigación científica, un precedente que
será extendido luego a otros campos científicos.
86

El desarrollo del horario estándar proporcionó un excelente ejemplo de
las iniciativas técnicas esenciales que beneficiaron tanto a la empresa
privada como a instituciones públicas. El Observatorio Real Inglés
había establecido primero hora de Greenwich, en 1675, pero esto fue
sólo un estándar voluntario. Los norteamericanos dependieron
inicialmente del tiempo del sol local para indicar el tiempo del día, pero
con la expansión de ferrocarriles y el movimiento rápido de personas y
flete, era necesario un estándar nacional. Una reunión en privado en
Chicago a fines de 1883, de ejecutivos ferroviarios norteamericanos y
canadienses, estandarizó cuatro horarios a través de Norteamérica. El
Congreso los adoptó formalmente como un estándar nacional durante
la Primera Guerra Mundial, con el Decreto de Hora Diaria Oficial del 19
de marzo de 1918. Mientras el horario de verano se mostró polémico
en aquel momento y fue revocado en 1919, los horarios estándar han
quedado en ley.
Construyendo sobre las demandas de la complejidad de
industrialización rápida y la expansión de ingeniería, el Congreso creó
la Oficina Nacional de Estándares (NBS) el 3 de marzo de 1901. El
Gobierno federal le invistió la responsabilidad para comparar los
"estándares utilizados en investigaciones científicas, en la ingeniería,
en la fabricación, en el comercio, y en instituciones educativas con los
estándares adoptados por el Gobierno". El NBS estableció el primer
laboratorio de investigación en ciencias físicas con la autoridad para
desarrollar instrumentos de precisión para poner estándares en la
longitud, masa, temperatura, tiempo, poder eléctrico, así como
desarrollar estándares de seguridad para el comercio y la industria. En
pocos años, el NBS adquirió las plantas experimentales para probar
procesos industriales sobre la calidad de producto, que llegó a ser
especialmente útil durante la Primera Guerra Mundial, y también realizó
los primeros estudios gubernamentales de aerodinámica.
Aunque el Gobierno federal proporcionara la estandarización e
incentivara la innovación tecnológica, la mayoría de las investigaciones
87

científicas fueron realizadas por industrias privadas y en universidades
de investigación. A fines del siglo XIX, el elemento dinámico en la
educación superior cambió de las universidades de humanidades a
universidades de investigación dedicadas al avance del conocimiento.
La Universidad Johns Hopkins tomó un rol de liderazgo en este
enfoque. Otras instituciones, como la Universidad de Chicago, de
Cornell, de Harvard, de Columbia, y la Universidad de Michigan,
siguieron y comenzaron a acentuar investigación en las ciencias
básicas. Nuevas fundaciones filantrópicas, como las creadas por
Andrew Carnegie y John D. Rockefeller, financiaron el crecimiento en la
investigación básica en las ciencias teóricas, en la medicina, y en las
ciencias sociales.
El surgimiento y el desarrollo de grandes universidades de
investigación y bases filantrópicas crearon la infraestructura de
investigación necesaria para los adelantos científicos, produciendo no
sólo programas de entrenamiento de graduados, sino también
incubando la investigación básica. A principios del siglo XX, surgió una
tácita división del trabajo, donde la investigación básica perteneció en
universidades privadas de investigación, mientras el Gobierno federal
patrocinó la investigación aplicada, con instituciones técnicas como el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de
Illinois. Las nuevas universidades intensificaron la investigación básica
e instrucción de graduados para los que buscan grados avanzados y
los que trabajarían para agencias de gobierno. Estas tres instituciones,
oficinas de gobierno, bases privadas, y las universidades de
investigación, crearon una dinámica que reforzó cada componente e
incentivó nuevos campos de investigación. La financiación de
investigación científica básica en universidades privadas aisló tal
investigación de presiones democráticas, permitiendo que el Gobierno
federal se enfoque generalmente en la aplicación y diseminación del
conocimiento.
88

El impacto de la Primera Guerra Mundial en la investigación y
desarrollo tecnológico aumentó la coordinación entre universidades,
oficinas de gobierno, y las fundaciones. La necesidad del tiempo de
guerra aceleró el ritmo de adaptación de resultados de laboratorio a la
producción, no sólo aumentando la escala, pero también permitiendo
coordinación del esfuerzo científico a través de líneas disciplinarias. El
esfuerzo de la guerra también aumentó las capacidades de
investigación de la industria privada, como ocurrió con Bell Labs, que
hizo avances significativos en la investigación industrial aplicada.
El término de la Primera Guerra Mundial y aprehensión creciente de
América por la militarización de la ciencia, como por el desarrollo de
gas tóxico, llevaron al desmantelamiento rápido del control del
Gobierno federal sobre investigación científica. El ejército abandonó
virtualmente la investigación y se enfocó casi exclusivamente en la
adquisición de tipos estándar de armas y materiales. Durante los años
veinte, el Secretario de Comercio Herbert Hoover, que había hecho su
fortuna como un ingeniero de minas, creó un sistema de voluntariado
para favorecer la investigación pura y aplicada como la base de
dispositivos que ahorran trabajo, de mejores procesos, y de métodos
de sonda. Utilizando la pericia de NBS, Hoover favoreció las empresas
y las asociaciones comerciales científicas cooperativas para que
aumente la investigación industrial. Hoover también trató de cambiar
los negocios y especialmente las agencias de gobierno para financiar
investigación básica, procurando invertir la tendencia hacia las
aplicaciones. Sin embargo, con el comienzo de la Gran Depresión, la
mayor parte del apoyo para la investigación básica fue dejado a
universidades privadas y fundaciones filantrópicas, en tanto que los
recursos gubernamentales fueron centrados para lidiar con la crisis
económica.
A principios de los años treinta, la investigación científica fue
apreciablemente interrumpida, en tanto que el Gobierno, la industria y
las universidades redujeron dramáticamente la financiación de
89

investigación. En 1935, pasó la emergencia inmediata, y la
administración de Roosevelt pudo concentrarse en soluciones a largo
plazo. La Administración para el Desarrollo del Trabajo (WPA),
inicialmente diseñada para el alivio de emergencia, comenzó a
financiar a técnicos, científicos, e ingenieros para participar en
proyectos de investigación de la universidad pública bajo supervisión
de la Facultad. El presidente Roosevelt utilizó la Academia Nacional de
Ciencias para ayudar a coordinar la política federal de investigación, la
que llevó a la creación de un Directorio Nacional de Recursos y al
apoyo de las ciencias físicas y sociales. En 1937, el Directorio publicó
Investigación–Un Recurso Nacional, el primer estudio completo del
instituto de investigación federal, que se fijó no sólo en oficinas
federales y el ejército, sino que también puso los programas científicos,
federales y en el contexto de la comunidad entera de investigación,
viendo la investigación científica como un "recurso nacional".
Como la situación de mundo llegó a ser apreciablemente más
amenazante a fines de los años treinta, la comunidad científica
norteamericana dio la bienvenida muchos a científicos refugiados de
Europa. Estos refugiados, muchos financiados por fundaciones
privadas, entraron al sistema norteamericano de la universidad con la
última metodología científica europea de investigación. En agosto
1939, a instar de Leo Szilard, Albert Einstein escribió para informar al
Presidente Roosevelt sobre la investigación alemana en la fisión
nuclear y el uranio, e instó al Presidente a empezar un programa
federal para financiar experimentos en la energía nuclear. La
movilización científica continuó, y el 28 de junio de 1941, el Presidente
Roosevelt creó, por orden ejecutiva, la Oficina de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico (OSRD), nominando a Vannevar
Bush como director. La OSRD fue para "servir como un centro para la
movilización del personal y recursos científicos de la Nación" y para
desarrollar y aplicar "los resultados de investigación científica a
propósitos de defensa". La OSRD supervisó un aumento masivo en el
financiamiento del Gobierno para la investigación, con los gastos
90

totales que crecieron de aproximadamente 100 millones de dólares en
1940, a 1 600 millones de dólares en 1945. El programa más
importante fue el Proyecto de Manhattan y el desarrollo de la bomba
atómica, pero numerosas otras actividades críticas de investigación
llevaron a la creación de armas adicionales que ayudaron a derrotar a
las potencias del Eje.
La Segunda Guerra Mundial transformó la relación entre el Gobierno
federal y la comunidad científica. La guerra convenció a la mayoría de
los vastos poderes de la ciencia y la tecnología, y los norteamericanos
continuaron apoyando y deseando programas federales financiados.
Sin embargo, el control militar, el secreto, y la seguridad chocaron con
el principio científico del libre intercambio de ideas. La OSRD fue una
medida temporal para el tiempo de guerra, y su existencia jugó contra
los esfuerzos científicos civiles de investigación. El presidente
Roosevelt pidió a Vannevar a Bush, en noviembre 1944, de dirigir este
asunto. Bush presentó su informe, la Ciencia—La Frontera
Interminable, el 5 de julio de 1945, llamando a la creación de una
Fundación de Investigación Nacional centralizada, que concedería
subsidios, contratos, y becas para el entrenamiento y la investigación
básica en las ciencias naturales y médicas, junto con investigación
militar.
Debido en parte a la enorme extensión y a la centralización de la
organización propuesta por Bush, la creación de la Fundación Nacional
de la Ciencia (NSF) tomó cinco años de compromisos políticos. El
ejército, a diferencia de lo que ocurrió después de la Primera Guerra
Mundial, se dio cuenta de la utilidad de investigación y levantó su
propia infraestructura, como la Oficina de Investigación Naval,
autorizada en 1946, y la contratada Rand Corporación. También en
1946, el Congreso restableció el principio del control civil, transfiriendo
todos los aspectos de investigación de energía nuclear del
Departamento de la Guerra al nuevo Consejo de Energía Nuclear
(AEC). El presidente designó a miembros de la comisión del AEC con
91

supervisión por el Comité Conjunto Congresal de Energía Nuclear,
integrada por nueve senadores y nueve representantes. En un esfuerzo
por mantener la infraestructura científica creada durante la guerra, el
Congreso también autorizó el establecimiento de numerosos
laboratorios, como Brookhaven y Argonne, los Laboratorios Nacionales,
los que operaron en la cooperación con universidades, bajo contratos
federales.
Aunque la visión de Bush hubiera incluido la investigación médica, la
tradición de separación y competencia por financiación, originada en a
fines de los 1880, la hizo parte del Servicio de Sanidad Pública. En
1902, el Congreso estableció el Laboratorio Higiénico como un centro
médico de investigación. Este se expandió dramáticamente durante
Primera Guerra Mundial, y en 1930, el Congreso cambió su nombre al
de Instituto Nacional de la Salud (NIH). Durante la Segunda Guerra
Mundial, el NIH se concentró en asuntos médicos relacionados con la
guerra en sus propios laboratorios y expandió sus esfuerzos después
de la guerra proporcionando subsidios para investigadores en las
universidades. El Congreso autorizó numerosos otros institutos que
tratan con enfermedades específicas y los consolidaron en los
Institutos Nacionales de la Salud en 1948. El NIH ha crecido en los
últimos 60 años para incluir aproximadamente 30 institutos y centros
separados.
El 10 de mayo de 1950, cinco años después de lo que se propuso
inicialmente, el Presidente Truman firmó el Decreto que crea la
Fundación Nacional de Ciencias (NSF). Se trataba de favorecer "una
política nacional para la promoción de la investigación y la educación
en las ciencias básicase iniciar y apoyar investigación básica en las
ciencias matemáticas, físicas, médicas, biológicas, la ingeniería, y otras
ciencias" por contratos y subsidios. La NSF también tiene el
requerimiento de apoyar actividades de investigación y desarrollo
tecnológico con el Departamento de Defensa (DOD), mantener un
registro del personal científico y técnico, y coordinar proyectos privados
92

y públicos de investigación. A la NSF se le otorgó financiación sólo
limitada en sus primeros años, pero proporcionó la estructura de apoyo
para el crecimiento posterior de la financiación federal para la
investigación científica básica.
A mediados de los años cincuenta, el apoyo federal para la
investigación científica y tecnológica había sido institucionalizado en
una gran variedad de agencias de gobierno, como NSF, NIH, DOD, y
AEC. En la década después de 1957, el presupuesto federal total de
investigación casi se cuadruplicaba, mucho de lo cual se destinó a la
Aeronáutica y a la recientemente creada Agencia Nacional de
Administración del Espacio (NASA). Mientras la mayoría de los dólares
federales de investigación todavía estaba dirigida a la investigación
aplicada para el ejército durante la Guerra Fría, por el año 1960 el
sistema de instituciones públicas y privadas creadas el siglo anterior
proporcionaron la base para que Estados Unidos llegara a ser el líder
del mundo en la ciencia y la tecnología. Como Thomas Jefferson
indicó: "La Libertad es el gran padre de la ciencia y de la virtud; y una
nación será grande en ambos siempre en proporción a como esté
libre".
El Comité de Ciencia y Tecnología, Cámara de Representantes de
EEUU (1958 -2008)
El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética removió el mundo político y
científico con el lanzamiento de un satélite de 184 libras llamado
Sputnik en una órbita de 143 a 584 millas de alto alrededor de la Tierra.
Este acontecimiento resonó por más que una década, y sus efectos
fueron resumidos por el senador de Georgia Richard Russell: "Sputnik
confronta a América con un nuevo y espantoso peligro militar y un
desastroso golpe a nuestro prestigio". Estados Unidos enfrentó un
nuevo nivel de competencia científica, internacional e intensiva, y las
personas que tienen el trabajo de enfrentar esta situación tendrían que
focalizar dramáticamente sus esfuerzos científicos y educativos de la
nación. Los norteamericanos, sacudidos por la experiencia soviética, se
93

vieron forzados a cuestionarse sobre su creencia de ser la nación con
superioridad científica y tecnológica.
Estados Unidos había llegado a ser el líder mundial en las ciencias, en
parte, por la llegada de muchos científicos europeos brillantes que
huían de la persecución nazi en los años treinta y cuarenta. Los
científicos de muchos países europeos buscaron enseñar y tener
posiciones de investigación en las mejores universidades
norteamericanas antes de la guerra. Durante la Segunda Guerra
Mundial, los científicos como Enrico Fermi, Hans Bethe, y Edward
Teller se unieron al Proyecto Manhattan para construir una bomba
atómica. Otros físicos, como Walter Elsasser, se negaron a trabajar en
la investigación de armas. Elsasser dedicó su pericia al estudio de la
meteorología y las propiedades físicas de la atmósfera con respecto a
transmisiones de radio, mientras Leon Brillouin empleó sus talentos en
el campo de investigación del radar. Los científicos de esa generación
fueron entrenados en un ambiente basado en la premisa de que el
progreso científico y juicios profesionales serían el modelo para el
desarrollo de una mejor sociedad. En conjunción con el cambio en el
mundo científico, el Gobierno de Estados Unidos había cambiado su
relación con sus ciudadanos, con la implementación del Nuevo
Contrato Social. Con la convergencia de estas dos fuerzas, los
norteamericanos de 1945 habían llegado a una creencia casi
incuestionable en los beneficios de la ciencia y la tecnología.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, los científicos regresaron a
la academia y a la investigación para lograr una mejor comprensión de
la naturaleza desde el nivel subatómico hasta la inmensidad del
universo. En un deseo para mantener su ventaja sobre cualquier
adversario potencial, Estados Unidos, en 1945, hizo todo intento por
aumentar sus recursos científicos, trayendo a los mejores científicos
alemanes a Estados Unidos. Uno de los programas más importantes
fue el denominado con el código de operación Paperclip y buscó utilizar
a tales científicos alemanes como von de Wernher Braun para
desarrollar cohetes. Von Braun fue el científico alemán líder del
94

programa de cohete V2, que resultaría la base para el esfuerzo de
Estados Unidos para llevar un hombre a la luna. Estados Unidos y la
Unión Soviética siguieron activamente intentando alcanzar el umbral
del espacio con el desarrollo de cohetes a inicios de los años
cincuenta. Ambas naciones hicieron esfuerzos en 1957 para lanzar un
satélite y afirmar su prestigio nacional y cumplir la promesa de
aprender más acerca de nuestro propio planeta, como parte del Año
Geofísico Internacional, entre julio de 1957 y julio de 1958. Este
esfuerzo científico mundial llevó a grandes descubrimientos, como el
cinturón de radiación de Van Allen, alrededor de la Tierra, a una mejor
comprensión de los océanos, y al establecimiento de estaciones
permanentes de investigación en Antártida. En la arena de exploración
espacial, pocos norteamericanos pensaron que el sistema centralizado
ruso sería capaz de convertirse en la primera nación en lanzar un
satélite en la órbita de la Tierra. Tras el Sputnik, Estados Unidos trató
rápidamente de alcanzar el avance soviético, lanzando su propio
satélite a bordo del cohete de Vanguardia el 6 de diciembre de 1957.
Este terminó en el rotundo fracaso: el cohete logró una altitud de sólo
unos pocos pies antes de estallar, lo que el público vio por televisión
durante la semana siguiente. Este y otros reveses hicieron que muchos
norteamericanos se cuestionaran sobre su vieja creencia en la
superioridad científica de la nación, y en la conveniencia de que el
esfuerzo por el espacio esté en manos de tantas diversas
organizaciones como el Ejército, como la Marina, y como la Fuerza
aérea, así como agencias civiles. El primer lanzamiento
norteamericana exitoso del misil el 31 de enero de 1958, fue gracias al
esfuerzo conjunto dirigido por von Braun en la Agencia de Misil de
Balístico de Ejército en Huntsville, en Alabama, y en el Laboratorio de
propulsión por reacción en Pasadena, California. El DOD también
comprendió inmediatamente la posible amenaza de un lanzamiento de
un misil ruso impulsado por un cohete con una bomba atómica en vez
de un satélite. Como parte de la reacción, el DOD creó la Agencia de
Investigación Avanzada (ARPA) en febrero 1958 para contrarrestar las
capacidades tecnológicas militares soviéticas. El DOD también aceptó
95

la necesidad de establecer proyectos a largo plazo de investigación y
desarrollo tecnológico. En 1960, el espacio no militar del programa de
ARPA cayó bajo la jurisdicción de un recientemente formado Comité
del Congreso.
El Comité Especial
A la luz de los éxitos de programa espacial soviético y después de
discusiones preliminares con los otros líderes de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, el portavoz Sam Rayburn, en
marzo de 1958, se movilizó para crear el Comité Especial para la
Astronáutica y la Exploración Espacial con autoridad para estudiar
todas la facetes del esfuerzo espacial americano. Para cumplir sus
responsabilidades, la Cámara dotó a la Comisión investigadora de la
jurisdicción para utilizar todas las facilidades necesarias del Gobierno y
recursos de personal. Para dirigir el primer comité completamente
nuevo, creado desde 1892, Rayburn se dirigió al Líder de la Mayoría
John McCormack de Massachusetts y el Líder de la oposición Joseph
Martin, también de Massachusetts, quien acordó fácilmente formar
parte del nuevo comité para asegurar el bipartidismo. McCormack y
Martin procedieron a escoger a los miembros basándose en su pericia.
En el lado demócrata, McCormack eligió a Overton a Brooks de
Luisiana que sirvió con Carl Vinson en el Comité de Fuerzas Armadas.
Brooks Hays de Arkansas pasaron al Comité de Asuntos exteriores, y
Leo O’Brian de Nueva York vino del Comité de Comercio.
Durante la primavera y el verano de 1958, el Comité Especial tuvo
audiencias sobre los proyectos del espacio de Estados Unidos. Para
coordinar el programa de investigaciones espaciales, el Comité Selecto
revisó el Decreto sobre la Aeronáutica y el Espacio de 1958, la que el
Presidente Dwight Eisenhower convirtió en ley el 29 de julio de 1958.
Esta ley creó la NASA, y la nueva agencia absorbería a su antecesor,
el Comité Consultivo Nacional para la Aeronáutica (NACA). El
presidente Woodrow Wilson había creado la NACA en 1915 para
96

investigar la aeronáutica para el Gobierno y empresas comerciales.
Durante sus 43 años, la NACA proporcionó a Estados Unidos
información inapreciable en aeronáutica, patrocinó los programas X-1
de velocidades de alta velocidad y vuelos de altitud, y en 1952
desarrolló diseños de nave espacial para asegurar el reingreso seguro
en la atmósfera de la Tierra.
El Comité Especial también creó el Consejo Nacional de Aeronáutica y
del Espacio (NASC) con un decreto del 1958, para coordinar los
programas de la NASA con otras agencias gubernamentales
internacionales. El presidente Eisenhower se opuso la propuesta inicial
de Lyndon Johnson, Líder de la Mayoría del Senado, de un directorio,
porque usurpaba la autoridad ejecutiva, pero Eisenhower aceptó la
creación de la NASC como un grupo consultor cuyo presidente era el
propio presidente de Estados Unidos. La NASC incluyó a los
Secretarios de Estado y de Defensa, el administrador de NASA, el
presidente del AEC, y de otras personas nombradas por el Presidente.
El Consejo también tuvo a un secretario de dirección que fue permitido
emplear personal. Además de la creación de la NASA y el NASC por
Decreto en el 1958, la Comisión investigadora puso pautas iniciales
para definir derechos sobre la propiedad intelectual. Los Empleados de
gobierno, las corporaciones privadas, y científicos individuales
colaboraban para trazar el programa de tres etapas para llevar a un
norteamericano a la luna.
Para lograr estos objetivos, el Comité aprobó una Ley que proporcionó
a la NASA los recursos y la autorización para levantar sus propias
facilidades de investigación. La legislación se hizo ley el 14 de agosto
de 1958, y la NASA estableció inmediatamente el Centro de Vuelo
Espacial Goddard (GSFC) en Greenbelt, Maryland. El GSFC se
convirtió en una de las instituciones más grandes que estudian nuestro
planeta, el sistema solar, y el universo. También administró el
desarrollo y las operaciones de naves espaciales tripuladas y
tecnologías relacionadas. Con el establecimiento de la Administración
97

Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el 3 de octubre de 1970, el
GSFC se hizo cargo de la vigilancia rastrear el vuelo, la recuperación
de datos, y el desarrollo de nuevas tecnologías de satélite. Como una
actividad adicional del Comité Especial, el Presidente McCormack
escogió a William Natcher y Les Arends para actuar como una
subcomisión para investigar objetos voladores no identificados (OVNI).
El tema había llegado a ser de gran interés público y de especulación
desde el principio de la era nuclear y los supuestos avistamientos en
Roswell, Nuevo México, en 1947. Natcher y Arends quisieron saber lo
que la Fuerza Aérea supo de OVNIS y sus actividades que se
relacionan con avistamientos de OVNIs. En un esfuerzo de minimizar la
atención a una revisión bastante estándar de archivos de Fuerza aérea
de EEUU, los miembros se refirieron a las reuniones como el "la
Subcomisión de Fenómenos Atmosféricos".
El Presidente J. Eduardo Roush, de Indiana, que serviría en el Comité
de 1959-1969, fue quizás el miembro más abierto del Comité en
OVNIS. Quiso investigar el asunto durante un seminario el 29 de julio
de 1968, que terminó sin acción oficial. Aunque el tema de OVNIS
nunca hubiera sido una prioridad ni se consideró un asunto
jurisdiccional, la pregunta de la vida extraterrestre ha sido el tema de
audiencias de la subcomisión durante los Congresos 95, 104 y 107. La
Cámara autorizó al Comité a supervisar a la NSF, que el Congreso
había establecido en 1950. La NSF administró una operación
multimillonaria que financió proyectos científicos y de ingeniería sobre
ciencias de tierra, economía, educación, y astronomía. Actualmente, la
NSF proporciona subsidios para las ciencias sociales, las matemáticas,
y estudios de computadora en colegios y universidades que
demuestran la capacidad de hacer adelantos significativos en su
campo. En 2007, Congreso autorizó un presupuesto por más de 6 mil
millones de dólares para la NSF, con los que proporcionó subsidios a
aproximadamente 200 000 investigadores.
98

En 1958, la Cámara también autorizó al Comité para tener jurisdicción
sobre la Oficina Nacional de Estándares (NBS) del Departamento de
Comercio. El Congreso creó la NBS en 1901, la que tuvo la
responsabilidad de establecer y mantener estándares en pesas y
medidas. NBS también tuvo el deber de emplear el nivel más alto de
ingeniería y de ciencias físicas disponibles en sus laboratorios y para
asegurar que todos los productos estén de acuerdo con los estándares
de la oficina.
El Comité para la Ciencia y la Astronomía
El 3 de enero de 1959, el Congreso 86 eligió a Overton Brooks como
presidente del Comité. Con el liderazgo de Brook, el Comité aprobó
varias normas legislativas, la más significativa de las cuales se refiere a
la autorización de un presupuesto de 485 300 000 dólares, lo que se
convierte en Ley Pública el 15 de junio del 1959. El Comité estableció
reglas estrictas que gobiernan el gasto de fondos de la NASA, para
asegurar que la agencia progrese hacia su objetivo de ser el líder
espacial del mundo. Con este nuevo enfoque y apoyo financiero, varios
científicos de NASA pensaron que la agencia podría llevar sin peligro a
un hombre a la luna dentro de siete a diez años.
El Comité también favoreció la investigación científica bajo la
jurisdicción de NSF. El Comité modificó el decreto de la NSF para
incluir las funciones de otorgar de becas en los campos de
matemáticas, la física, la medicina, y las ciencias. El Decreto sobre
Educación y Defensa de 1958, aprobado tras el Sputnik, llegó a ser un
componente mayor de la política de la ciencia y subsidios
proporcionados a individuos en una base geográfica y no estrictamente
en el logro académico. El Decreto dispuso que la NSF creara un
Servicio de Información de Ciencia, que apoyaría sistemas de
información, promovería publicaciones, y serviría como un depósito
para la información científica extranjera. El Comité también llamó a la
NSF y a la Academia Nacional de Ciencias para crear la Medalla
99

Nacional de la Ciencias, que el presidente otorgaría a científicos y
matemáticos como reconocimiento de su trabajo importante en la física,
en la biología, en las matemáticas, y en la ingeniería. En 1980,
Congreso expandió el alcance del premio para incluir las ciencias
sociales y estudios conductistas.
En 1959 y 1960, el Presidente Brooks, con el ánimo y apoyo firme de
Líder de Mayoría McCormack, reunieron un personal profesional en los
campos científicos y técnicos. El Comité y la NASA también se
beneficiaron de la transferencia en 1960 de todo el personal y
proyectos no militares en el programa de ARPA del DOD a la NASA. A
consecuencia de estos cambios organizacionales y el trabajo dedicado,
el Comité y Brooks pudieron ver los primeros frutos de sus esfuerzos
por el Programa del Mercurio de la NASA. El Programa Mercurio fue el
esfuerzo del espacio de América diseñado para descubrir si era posible
un vuelo espacial tripulado. En el 5 de mayo de 1961, el astronauta
Alan Shepard llegó a ser primer hombre de América en el espacio a
bordo del Freedom 7, que fue lanzado sobre el cohete Redstone de
von Braun. Diez semanas más tarde, astronauta Gus Grissom condujo
exitosamente el segundo vuelo suborbital, tripulado norteamericano en
el espacio.
A mediados de 1961, el programa Mercurio estaba en buen camino, y
el Presidente John Kennedy utilizó el vuelo de Shepard como la
plataforma política en el 25 de mayo de 1961, para anunciar su visión
de ir a la Luna: "Creo que esta nación debe comprometerse a lograr el
objetivo, antes de que termine esta década, de llevar un hombre a la
luna y regresarlo sin peligro a la Tierra". Desafortunadamente, los rusos
provocaron en la NASA y en la Nación otro revés psicológico, cuando
el 7 de agosto de 1961 dieron vueltas a un hombre 17 veces alrededor
de la Tierra. Esa serie de acontecimientos fue seguida por la muerte
inoportuna de Presidente Brooks. El Presidente había sufrido de mala
salud, y el exceso de trabajo lo llevó a un infarto fatal el 16 de
septiembre de 1961.
100

Nuevo Liderazgo y la Carrera a la Luna
George Miller de California se convirtió en presidente del Comité el 21
de septiembre de 1961, y brindó sus servicios hasta 1973. El
presidente Miller tuvo una formación de ingeniería civil y, como su
antecesor, había servido en el Comité de Servicios Armados bajo el
Presidente Vinson. Con el presupuesto ampliado de la NASA, que fue
aproximadamente de mil millones de dólares en 1961, y aumentaría
otro cinco o seis veces en cuatro años, Miller quiso asegurar el mejor
uso de fondos públicos. Miller trazó un nuevo curso para el Comité,
estableciendo subcomisiones permanentes, para la delicia de los
demócratas mayores que ahora podrían armar sus propias
subcomisiones. Las subcomisiones incluyeron: Vuelo espacial
tripulado, presidido por Olin Teague; Investigación Avanzada y
Tecnología, presidida por Victor Anfuso; la Ciencia del Espacio,
presidida por Joseph Karth de Minnesota; Aplicaciones y Rastreado y
Adquisición de Datos, presidido por Ken Hechler; Patentes e
Invenciones Científicas, presidida por Emilio Daddario; y Mujeres como
Astronautas, también presidida por Victor Anfuso.
Con una larga lista de programas, la NASA experimentó problemas de
organización y planificación a principios de los años sesenta, los que
demoraron el primer vuelo orbital. El Comité, en su papel de monitoreo,
se confrontó a la NASA con respecto a su lanzador Nova. El programa
del cohete de la segunda etapa estuvo mal definido, masivo, y mucho
más caro que lo proyectado. La Subcomisión de Vuelo Espacial
Tripulado, presidido por Tiger Teague de Texas se abstuvo de dictar la
política a la NASA, pero por la primavera de 1962, condujo a su
subcomisión a votar por cortar 72 millones de dólares de la cuenta de
autorización para la construcción de las facilidades Nova en Cabo
Cañaveral y en Mississippi. Este significó un claro mensaje a la agencia
para que establezca objetivos más claramente definidos.
101

El presidente Karth de Minnesota en la Subcomisión de las Ciencias
del Espacio tuvo problemas semejantes. Después de ayudar
exitosamente a la NASA trata su relación con contratistas privados, la
agencia tuvo una respuesta menos positiva de la subcomisión Karth
para su programa de cohete de Centauro, cuyo propósito fue de lanzar
satélites tripulados para explorar la Luna. Por su rol de supervisión de
la subcomisión, la agencia transfirió el proyecto fuera del departamento
de von Braun en Huntsville, Alabama, y lo llevó al Centro de
Investigación de Lewis en Cleveland, Ohio. El grupo de científicos de
von Braun había enfocado sus esfuerzos a desarrollar el cohete
abastecido de combustible líquido de Saturno V y no tuvo la pericia lista
en el Centro Lewis para tratar con un motor abastecido de hidrógeno
combustible.
A pesar de varios problemas atribuibles al crecimiento inaudito en un
tiempo tan breve, la NASA consiguió lograr uno de sus primeros
objetivos a principios de 1962. Aunque retrasado de varios meses, el
astronauta John Glenn piloteó Friendship 7 dio tres vueltas alrededor
de la Tierra el 20 de febrero de 1962. El vuelo de Glenn sería seguido
por tres más exitosas misiones Mercurio con el vuelo final que dura 24
horas. A mitad del programa Mercurio, el Comité aprobó una ley que
proporcionó NASA un grado importante de independencia de la
Administración de Servicios de Gobierno (GSA). Después de que el
Presidente Teague dirigiera su subcomisión en un combate exitoso
para parar a la Fuerza aérea de su intento de tomar el control de
algunas de las facilidades de Cabo Cañaveral, el Comité ayudó a
aprobar una ley que evito que la GSA ponga estándares para
facilidades de NASA. La legislación permitió a la NASA para desarrollar
un conjunto de sus propias pautas especializadas de edificio y
estándares para sus facilidades, en vez de permitir a funcionarios de
GSA que supervisen proyectos que estuvieron lejos de su pericia.
Por el rol de vigilancia y guía del Comité, la NASA completó el
programa de Mercurio en 1963 y empezó el programa Géminis de dos-
102

hombre, que fue seguido por el proyecto de tres-hombre Apolo. La
agencia demostró por los vuelos Mercurio que el hombre podría
sobrevivir en el espacio. El programa de Géminis de la NASA
proporcionó a los astronautas y al personal de Tierra la oportunidad de
experimentar con procedimientos de acoplamiento entre dos vehículos
espaciales, estudiar los efectos en el hombre de vuelos largos en el
espacio, y de la prueba si hombre podría aventurarse afuera de su
nave espacial. El astronauta Edward White alcanzó la fama el 3 de
junio de 1965, con la primera "caminata" en el espacio por un
norteamericano.
Las nuevas pautas de la NASA ayudaron a la agencia a lograr un gran
hito el 21 de diciembre de 1968, con el lanzamiento de Apolo 8
impulsado por un nuevo cohete de von Braun, Saturno V. El
acontecimiento captó la imaginación del país, de un hombre que se
aventuró por primera vez en otro cuerpo celeste. En una emisión
televisiva de Nochebuena, los astronautas Frank Borman, James
Lovell, y William Anders tuvieron una de las audiencias más grandes en
la historia, al transmitir imágenes de la Tierra desde la órbita lunar.
Siete meses después, la NASA cumplió la promesa del Presidente
Kennedy de llevar a un hombre a la Luna. El 20 de julio de 1969, los
astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizaron en el
Mar de la Tranquilidad mientras Michael Collins orbitaba sobre la
superficie hasta su regreso.
Aún a la luz de tantos éxitos, el público pronto perdió interés en el
programa de la luna de NASA, hasta que casi se produjo un fracaso
catastrófico de sistemas a bordo de Apolo 13 en su viaje a la Luna en
abril de 1970. El suspenso captó la atención del mundo entero hasta
que aterrizaran sin peligro en el océano Pacífico cerca de Samoa. El 19
de diciembre de 1972, el programa Apolo terminó con el regreso de
Apolo 17. Al término del programa Apolo, la NASA había lanzado
nueve misiones a la luna que llevaron a 27 astronautas, y de esos
103

individuos, sólo 12 habían pisado la superficie de nuestro más cercano
vecino celestial.
Aunque el programa de investigaciones espaciales tuvo el logro más
espectacular, los Miembros del Comité también trabajaron en otra
legislación significativa. Reescribieron la legislación de la NSF que
autoriza la ampliación de su misión que se hace cada vez más
compleja. También, como parte de su jurisdicción, el Comité trabajó
con la NBS para mejorar su investigación sobre incendios seguridad y
desarrollar materiales estándar de referencia.
Los beneficios de la ciencia en tela de juicio
Mientras la NASA recibía inmensos aumentos en su presupuesto, y
lograba objetivos espectaculares en el espacio, cada vez más, los
norteamericanos se preguntaban sobre el beneficio de la ciencia, de la
tecnología, y de la industria en relación con sus impactos ambientales.
Esta nueva actitud era más crítica a mediados de los años sesenta.
Durante los años 1940s y 1950s, el símbolo de progreso había sido el
humo que arrojaban las chimeneas de fábrica y la producción de
carbón y petróleo para cumplir las necesidades de la energía. Sin
embargo, los mayores cuestionamientos fueron generados por Rachel
Carson, en su libro Silent Spring (1962), con respecto a los efectos
ambientales de insecticidas, que involucraron a los productos químicos
básicos de la ciencia. En 1966, Harry Harrison escribió la novela de
ciencia ficción Make Room situado en una Ciudad de Nueva York llena
de desechos y sobrepoblada. En 1973 este libro fue llevado al cine,
con la película Soylent Green, que repetidamente se refería al
problema ambiental del "Efecto Invernadero".
En esta atmósfera, el Comité tuvo que confrontar preguntas con
respecto a planes para el futuro y los temas de energía y ambiente. La
población en general perdió interés en proyectos tripulados del espacio
después de Apolo 11 y no vio los beneficios directos para justificar la
104

continuación de un programa caro. El presidente Richard Nixon no
pudo presentar un nuevo objetivo o promover activamente el programa
de investigaciones espaciales después de 1969. El gasto de millones
en el Apolo 14 para poner Alan Shepard en la luna y verlo golpear una
pelota de golf fue visto por algunos como frívolo.
Durante la primera mitad de los años setenta, la NASA desvió parte de
las críticas contribuyendo con la distensión Estados Unidos - Unión
Soviética con su programa conjunto Apoyo-Soyuz de 1975. Miller,
presidente del Comité, y Teague comprendieron que el programa de
Apolo terminaría poco después del primer alunizaje, así que
empezaron a pensar en un nuevo proyecto para la NASA.
El esfuerzo de colocar a un hombre en la luna empezó al final de la
década del cincuenta y los grandes cohetes utilizados de multi-etapa
para levantar una carga útil a la órbita de la Tierra, que resultó caro y
ruinoso desde que el hardware sólo podría ser utilizado una sola vez.
El presidente Teague se comprometió con un vuelo espacial tripulado e
imaginó una nave que podría llegar repetidas veces a la órbita de
Tierra y regresar sin peligro. Fuera de esta visión, el programa de
transbordador, oficialmente conocido como el Sistema de Transporte
de Espacio, llegó a ser el lanzador que llevaría astronautas de la NASA
al espacio en el año 2010. Sin embargo, la introducción del programa
de transbordador en 1970 expuso una grieta significativa en el Comité.
James Fulton de Pennsylvania se unió a los presidentes Miller y
Teague para apoyar el programa de transbordador, mientras los
presidentes de subcomisión Karth y Hechler se opusieron al proyecto.
En el centro del debate estaba la pregunta si misiones tripuladas o no
tripuladas eran científicamente productivas. El consejero científico del
presidente, una posición creada en 1939 por el presidente Franklin D.
Roosevelt y formalizada 1961 formalizada en 1961 como la Oficina de
la Ciencia y la Tecnología, apoyó el aumento del presupuesto de la
NASA para pagar por el transbordador y la construcción de una
105

estación espacial. A la luz del costo, que se agravó por las
insuficiencias de la Guerra y el presupuesto de Vietnam, Karth,
Hechler, y sus partidarios no podían justificar un aumento en recursos y
refutaron abiertamente la naturaleza y la amplitud de las audiencias
del Presidente Teague en una tentativa de condenar el programa de
transbordador. Sin embargo, el presidente Miller y el Fulton
consiguieron derrotar a Karth que trataba de quitar el presupuesto de la
NASA de 240 millones de dólares para el transbordador y apoyaron la
Ley de la autorización de 1970 de la NASA.
Además de supervisar el programa de investigaciones espaciales, el
Comité también tuvo que confrontar la creciente complejidad de otros
proyectos científicos bajo su jurisdicción, la que incluyó las actividades
del ámbito de la investigación y desarrollo en varios laboratorios
nacionales, NBS, NASC, y NSF. Para mejorar las comunicaciones
entre organismos y coordinar mejor las actividades, el Comité propuso
el establecimiento de la Oficina de Evaluación Técnica, que el
Congreso creó en 1972. Esta oficina congresal estudió asuntos
científicos y técnicos con una profundidad difícil de realizar por el
personal congresal regular y proporcionó informes, estudios, y
conclusiones para el público y comités congresales. El Miembro
anterior y Presidente de la subcomisión Emilio Daddario sirvió como
director hasta 1977. En 1995 la mayoría republicana y el Senado
disolvieron el grupo con el argumento de reducir duplicación.
A causa de la expansión de comercio internacional, el Comité estudió
la viabilidad de Estados Unidos de adoptar el sistema métrico. El
presidente George Brown fue un defensor fuerte de la conversión, y el
23 de diciembre de 1975, el Decreto Conversión Métrico de 1975 llegó
a ser ley pública. Aunque el cambio fuera voluntario, la legislación creó
el Comité de Métrica de Estados Unidos, que fue encargado de
supervisar la transición al nuevo sistema. El presidente Ronald Reagan
eliminó el Comité de Métrica por orden presidencial en 1982 debido a
resistencia pública y oposición fuerte, especialmente de mecánicos.
106

Aunque el gran público rechazara el sistema métrico, la comunidad
científica norteamericana utilizó universalmente el sistema en la
ingeniería, en proyectos de espacio, y en programas internacionales
conjuntos.
La emergencia de políticas de energía y ambiente
Como resultado directo del apoyo de EEUU a Israel durante la Guerra
de Yom Kippur, a fines de 1973, la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) impuso una prohibición de
embarques de petróleo a América, causando una escasez severa de
gasolina. Esta crisis presentó una amenaza mayor a la estabilidad
económica de Estados Unidos y nuevos problemas para el Comité.
Aunque el Comité encarara sus mayores vallas técnicas y gerenciales
al tratar con la NASA y el programa de investigaciones espaciales en
los años sesenta, los intereses se habían centrado en el objetivo
primario de aterrizar a un hombre en la Luna. A medida que la crisis
energética evolucionó y el Congreso procuró desarrollar una política
coherente, el Comité encaró una plétora de asuntos técnicos y una
serie incompatible de intereses especiales que empujaron a puntos de
vista divergentes sobre las formas de arreglar los asuntos de energía.
Olin Teague llegó a ser presidente (1973-1979) del Comité durante el
Congreso 93, y, bajo su liderazgo, el Comité creó una nueva
subcomisión para tratar con la crisis energética. Mike McCormack del
Estado de Washington llegó a ser presidente de la Subcomisión de
Energía, que inició varias leyes importantes. Su primer Decreto fue el
de Calefacción y Refrigeración Solar de 1974. El Decreto requirió del
Gobierno federal "iniciar, apoyar, para llevar a cabo la investigación, el
desarrollo, las demostraciones, y otras actividades relacionadas con
tecnologías solares de calefacción y refrigeración…". La subcomisión
enfocó la legislación para dirigir recursos para reducir demandas de
utilidad, reemplazar hidrocarburos con la tecnología solar
comercialmente viable, y proteger el ambiente. El decreto tuvo 50
107

millones dólares de presupuesto y llamó a la NBS, en consulta con el
director de NSF, para vigilar e informar al Congreso, sobre los
resultados de las pruebas realizadas en aplicaciones educativas,
residenciales y comerciales.
Extendiéndose en esto, el Presidente McCormack y la subcomisión
presentaron dos decretos adicionales: El Decreto de Investigación de la
Energía Geotérmica, el Desarrollo, y de Demostración, que fue seguido
próximamente por el Decreto de Investigación, Desarrollo y
Demostración de Energía Solar. Incluido en ambas leyes estaba un
artículo que ninguna acción debía afectar adversamente el ambiente.
Estos decretos se hicieron ley el 3 de septiembre de 1974, y pasaron
bajo la autoridad de la Administración de Investigación y Desarrollo de
Energía (ERDA), que empezaría oficialmente el trabajo en 1975. Para
supervisar la investigación y desarrollo tecnológico de proyectos
pilotos, ambas leyes establecían la creación de un comité, que estaría
directamente bajo la jurisdicción del Comité de Ciencia y Tecnología,
comprendida de varios secretarios del Ejecutivo, un director adjunto de
la NSF, y de un subdirector de NASA.
Aunque el Comité no fuera implicado directamente en la aprobación del
Decreto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Energía No
Nuclear de 1974, llegaría a ser un participante principal para el Decreto
de Enmienda en años posteriores. Uno de los viejos asuntos que el
Comité confrontaría concernió la primera sección de la ley, que indicó
que la nación necesitaba encontrar "formas ambientalmente aceptables
de energía".
El presidente Teague reorganizó el Comité durante el Congreso 94 y
creó varias nuevas subcomisiones. La nueva estructura de la
subcomisión incluyó: La Investigación de la energía, el Desarrollo, y la
Demostración (Hidrocarburos) presidido por Hechler; Ambiente y la
Atmósfera presidido por Brown; la Aviación e Investigación y Desarrollo
Tecnológico de Transporte presidido por Dale Milford; la Planificación y
108

el Análisis Domésticos e Internacionales Científicos presidido por Ray
Thornton; e Investigación de Energía, el Desarrollo y la Demostración
presidido por McCormack. Sólo la Sub Comisión de Ciencias
Espaciales y Aplicaciones mantuvo su nombre original, pero su
composición cambió bajo su nuevo presidente, Don Fuqua, con los
demócratas que aumentan su mayoría sobre los cuatro republicanos de
cinco miembros a once.
Bajo esta nueva estructura, Teague estableció una dependencia entre
las dos subcomisiones en el campo de legislación de energía. Los
presidentes Hechler y McCormack trabajaron para aprobar la
autorización de ERDA durante 1976, y la subcomisión de Presidente
Brown agregó el componente ambiental a la Ley final. Como parte de la
autorización, la ERDA asumió responsabilidad para la gestión de
actividades de investigación y desarrollo tecnológico de energía junto
con algunos programas nucleares militares. Uno de los temas que en
los 1970s dividieron al comité fue el Programa Clinch River Breeder
Reactor, que producía más material físil que el que consumía. A
mediados de mayo de 1977, el presidente Jimmy Carter declaró su
deseo de cancelarlo, por preocupaciones sobre la proliferación nuclear.
Sin embargo, poco tiempo después, el Congreso aprobó los gastos de
este programa.
En 1976 se aprobó el Decreto de Investigación, Desarrollo y
Demostración sobre Vehículos Eléctricos e Híbridos, buscando las
ventajas de la disminución de ruido y de contaminantes. Aunque la
tecnología no estaba suficientemente desarrollada para aplicaciones
comerciales, continuó la investigación.
Debido a las pérdidas de vidas por incendio –en 1971 murieron 250
bomberos y 12 000 ciudadanos- en 1974 se creó la Administración de
Incendios de Estados Unidos (USFA) y la Academia Nacional de
Incendios (NFA) en Maryland. Como resultado, en el 2008 se redujo el
número de víctimas a la mitad. En 1975, se autorizó a la NASA contar
109

con una sección de Investigación de la Alta Atmósfera, para monitorear
la composición física y química de la tropósfera. A través del Servicio
Nacional del Clima (NWS), en 1976, se estableció un programa para
proteger o advertir al público de huracanes y tornados.
En los años 1970s, el Comité con la NBS impulsó el inicio de
investigaciones enfocadas al tema ambiental, relacionadas con
oficinas, fábricas y domicilios. En 1976, se aprobó la autorización de
Investigación, Desarrollo y Demostración Ambiental. El Decreto
autorizó la Agencia de Protección Ambiental para investigar la eficacia
de la legislación relacionada con la limpieza del aire y el agua, gestión
de residuos, contaminación sonora y control de pestes.
Poco después de asumir el cargo, en un discurso televisado, el 18 de
abril de 1977, el presidente Jimmy Carter dijo: “Nuestra decisión sobre
la energía pondrá a prueba el carácter del pueblo Americano y la
habilidad del Presidente y el Congreso para gobernar. Este difícil
esfuerzo será el ‘equivalente moral de guerra’ – excepto que será
unificador de nuestros esfuerzos para construir y no para destruir”. En
1977 se decretó la unificación de la ERDA y la Administración Federal
de Energía, para formar y mantener componentes de un nuevo
departamento. Carter firmó la legislación y el 1ero de octubre de 1977
declarada como fecha efectiva en la que Departamento de Energía
(DOE) entraba en operaciones. El Decreto proporcionaba los fondos
para la investigación y desarrollo, facilidades para estudios
geotermales, y automóviles eléctricos e híbridos. El Decreto también
requirió un departamento para investigar el impacto de los automóviles
sobre el uso de energía y el ambiente.
Considerando los datos del temblor de Sylmar (California) de 1971, el
temblor de Viernes Santo en Alaska (1964) y del Lago Hebgen
(Montana) de 1959, en 1977 se aprobó el Decreto para la Reducción
de Peligros de Sismos, involucrando a NBS, NSF, NASA, NOAA, DOD,
y el Departamento de Albergue y el Desarrollo Urbano (HUD) para
110

gestionar los riesgos de eventos futuros. El Comité estableció el
Programa Nacional de Reducción de Riesgos de Sismos (NEHRP). El
personal de NEHRP trabajó bajo los auspicios de NSF, NBS, la
Administración Federal de Gestión de Emergencia (FEMA) y el Servicio
Geológico de Estados Unidos (USGS) y le fue asignada la
responsabilidad de desarrollar mejores estándares de construcción,
vigilando la utilización de la tierra, mejorando la preparación, e
investigando técnicas para predecir temblores.
A principios de los años setenta, los botaderos de basura lejos de las
costas de Nueva York y Nueva Inglaterra habían llegado a ser la
principal preocupación de los ciudadanos en el distrito de Nueva York
de Wydler en el Condado de Nassau en Long Island. Éste y otras
preocupaciones ambientales llevaron a aprobar en 1978 el Decreto de
Planeamiento Nacional de Investigación y Desarrollo y Monitoreo de la
Polución Oceánica. El Decreto estableció un programa de cinco años
completos que dispuso que la NOAA vigile el impacto ambiental de
botar desechos por el litoral.
Preocupados por los efectos ambientales a largo plazo de emisiones
de gas por la industrialización, el Comité empezó a trabajar en 1976 y
redactó el Decreto del Programa Nacional del Clima, en 1978. El
Decreto creó un Programa Nacional de Investigación del Clima bajo la
autoridad del Departamento del Interior y administrado por el
Departamento de Comercio diseñado para dar a científicos alrededor
del mundo una mejor comprensión y la capacidad de reaccionar contra
cambios naturales del clima y sus implicaciones.
El punto de vista del Comité de comprensión y protección del ambiente
se proyectó mucho más allá de Estados Unidos hasta incluir la
Antártida, uno de los mejores lugares para estudiar asuntos
ambientales a largo plazo. Las expediciones mayores durante el Año
Geofísico Internacional, 1957–1958 de julio, estableció las primeras
bases permanentes. En los años setenta, gracias al liderazgo del
111

presidente Brown y su subcomité se legisló para proteger la flora y la
fauna y prohibir la introducción de nuevas formas de la vida en el
ecosistema de Antártida. A causa de la fragilidad del continente, donde
tomaría centenares o miles de años para corregir cualquier interrupción
en la ecología, el Comité también incluyó en la legislación una
prohibición contra la liberación de contaminantes en el hielo o en las
aguas circundantes. El Decreto de la Conservación de Antártida de
1978 dio a NSF, NOAA, y otras agencias del Gobierno, el poder de
imponer las leyes y tratados relacionados con el continente.
Accidente nuclear y consecuencias
En 1978, el Presidente Teague se jubiló, pasando las riendas Don
Fuqua de Florida, al principio del Congreso 96. Poco después de que
Fuqua asumiera la presidencia (1979-1987), Estados Unidos fue
confrontado con un movimiento revolucionario en Irán que precipitó una
nueva crisis energética. Además de la crisis de gasolina, el 28 de
marzo de 1979, ocurrió un accidente nuclear ocurrió en Three Mile
Island, cerca de las ciudades de Harrisburg y Hershey, Pennsylvania, lo
que levantó preguntas sobre la seguridad y la viabilidad a largo plazo
de centrales nucleares en EEUU. Todo ello se complicó al saber que
cada planta nuclear en Estados Unidos tiene un diseño diferente. En
esta atmósfera, los Miembros que desconfiaron del poder de la fisión
renovaron su oposición a la financiación de la energía nuclear, pero no
ofrecieron alternativas prácticas. La mayoría de los Miembros trabajó
sin embargo para ayudar a tranquilizar al público y consiguió que no se
cerraran otros complejos nucleares. Sin embargo, el resultado directo
del accidente fue una aversión general a la energía nuclear y la
suspensión de construcción alguna nuevas facilidades.
El presidente Fuqua también tuvo que confrontar la controversia
progresiva sobre el Cierre del Clinch River Breeder Reactor. El 26 de
octubre de 1983, el Congreso cortó toda la financiación, a pesar de las
objeciones de Presidente Reagan. El Comité tuvo una gama de
112

audiencias con respecto a temas energéticos que llevaron al Decreto
sobre Seguridad de Energía, que se hizo ley el 30 de junio de 1980. Se
creó la Corporación de Combustibles Sintéticos, una corporación
público-privado encargada de desarrollar los métodos de obtener
energía del hidrógeno encontrado en el agua, y del carbón, arenas de
alquitrán, la biomasa, el alcohol, geotérmico, solar, el viento, y otras
fuentes renovables. La legislación también estableció programas para
diseñar sistema para conservar energía dando estímulos a propietarios
y de negocios para mejorar y actualizar sistemas de calefacción y
refrigeración e instalar aislamientos. Poco después de aprobar estos
gastos, los precios del crudo disminuyeron precipitadamente al año de
la presidencia de Carter. En este ambiente y con la nueva
administración de Ronald Reagan, el ejecutivo consiguió abolir la
corporación en 1985.
En conjunción con el trabajo en el Decreto de Seguridad de Energía, el
Presidente que Richard Ottinger de la Subcomisión de Desarrollo de
Energía y Aplicaciones tomó la delantera desarrollando legislación
sobre energía eólica y del océano. La asociación de la subcomisión
incluyó a dos futuros presidentes del Comité Pleno, Robert Roe de New
Jersey y Robert Walker de Pennsylvania, y los futuros senadores Bill
Nelson de Florida y Albert Gore, Jr., de Tennessee, el que llegaría a
ser vicepresidente en 1993. La propuesta de la energía eólica convocó
a las administraciones de NASA, EPA y NOAA para suministrar apoyo
y pericia para investigar el proyecto. La entrada de la NASA fue tomada
como crucial a causa del trabajo hecho en el Centro de Investigación
de Lewis en rotores y estatores, que comprendió la parte más
importante de dispositivos manejados con viento.
Con el accidente de Three Mile Island todavía fresco en las mentes de
personas, el Comité brindó una batalla divisiva para aprobar el Decreto
de la Política de Desechos Nucleares de 1982. El tema de desechos
nucleares había llegado a ser un tema muy susceptible en el Congreso
después de que se disolviera el Comité Conjunto en la Energía nuclear
113

el 5 de agosto de 1977. El Congreso, tratando con asuntos nucleares,
llegó a fragmentarse más cuando los comités diferentes asumieron
varios aspectos de los deberes jurisdiccionales del Comité Conjunto.
Aunque los comités del Interior y de Energía trataran con la mayor
parte de la legislación de la política de los residuos, el Comité de
Ciencia y la Tecnología jugó un papel importante. El presidente
Bouquard de Tennessee y Miembro Manuel Luján, Jr., de Nuevo
México, lideraron la sub comisión de Investigación de Energía y de
Producción en una audiencia titulada "Legislación Completa de Gestión
de Desechos Nucleares". El resultado de las audiencias fue de agregar
sus recomendaciones a la Ley H. 5016 y a la autorización del DOE
para continuar con el análisis y la adquisición de sitios convenientes
para almacenar desechos nucleares. El debate opuso los que vieron la
ciencia como un medio para resolver los problemas de la energía de la
nación contra los que temieron precipitar una crisis ambiental. Después
de años del debate con respecto al sitio para un depósito, en 1987, la
DOE seleccionó Yucca Mountain, Nevada. A pesar de los peligros de
tener actualmente desechos nucleares en contenedores en la
superficie de calidad dudosa, el asunto de almacenamiento es todavía
no resuelto debido a una serie de desafíos legales que proceden de
niveles del Estado, nacional y tribus indoamericanas.
En un esfuerzo por confrontar más efectivamente otra preocupación
ambiental durante el Congreso 97, los Recursos Naturales,
Investigación de Agricultura, la Subcomisión de Ambiente, dirigido por
Presidente James Scheuer de Nueva York, tuvo audiencias sobre la
eliminación de desechos peligrosos como parte de su supervisión
sobre presupuesto 1982 del EPA. Ocho años después de la creación
de EPA en 1970, la agencia llegó a estar profundamente involucrada
en la limpieza general del desastre ambiental en el Love Canal en las
cataratas del Niágara, Nueva York. El Presidente de la subcomisión
Scheuer, un residente de la Ciudad de Nueva York, ayudó a elaborar
un conjunto de enmiendas al Decreto de Confiabilidad y Respuesta
Completa de Compensación Ambiental, conocido como el Super-fondo.
114

El fondo permitió al EPA a realizar su propia investigación para
determinar la condición de sitios diferentes y los procedimientos
efectivos para remover contaminantes mortales encontrados en el
suelo.
Durante la presidencia de Fuqua en los Congresos 96th-99th, el Comité
trabajó para aprobar varias leyes para la educación y las ciencias. Uno
de los cambios más importantes permitió a la NSF a expandir su
investigación de Antártico e incluir el Ártico. El Comité también ayudó
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico acordando fondos
al DOE así como continuó apoyando programas para prevención de
sismos y de incendios. En el campo de la educación, Fuqua y el
Comité, en conjunción con el Comité de la Educación, tuvieron
audiencias y trabajaron para aprobar el Decreto para la Educación para
Seguridad Económica, que se hizo ley el 11 de agosto de 1984. El
Decreto dirigió a la NSF a ayudar a desarrollar la curricula de ciencia y
tecnología para la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria, que
ha llegado a ser conocida como el Programa de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas.
El Comité continuó su largo apoyo a la NASA, enfocándose en los años
ochenta en el programa de transbordador espacial, en el mayor
proyecto de vuelo tripulado del espacio de agencia, y en la misión
principal de transbordador de hombres y materia para la construcción
de la estación espacial Internacional. El Comité tuvo casi una docena
de audiencias entre 1981 y 1986 donde el personal de NASA presentó
información de vuelos de transbordador y los astronautas aparecieron
personalmente como testigos. Desafortunadamente, después de cinco
años de éxito, la tragedia golpeó el programa de transbordador el 28 de
enero de 1986, cuando el transbordador espacial Challenger sufrió un
trágico fracaso. El accidente tuvo como resultado la pérdida de toda la
tripulación y las noticias circular alrededor del mundo. Especialmente
trágica fue la muerte de Christa McAuliffe, que la Cámara había
denominado como la "Primera maestra en el Espacio". El Comité pleno
115

tuvo dos investigaciones sobre el desastre y la NASA ayudó a
identificar los problemas técnicos y administrativos y supervisó los
procedimientos correctivos necesarios. El Comité también realizó
audiencias de supervisión en el proyecto de telescopio del espacio de
la NASA, que últimamente llevó al uso exitoso del transbordador para
llevar el Telescopio de Espacio de Hubble en la órbita de la Tierra en
1990.
Durante el Congreso 97, el Comité ayudó a aprobar el Decreto del
Desarrollo de la Innovación de Pequeña Empresa de 1982, que separó
financiación para la investigación en pequeños negocios de tecnología.
El programa tuvo originalmente un presupuesto de 100 millones al año,
que se ha incrementado en los últimos años a aproximadamente 2 mil
millones. La norma legislativa de mayor alcance que el Comité decretó
durante el Congreso 99 fue la aprobación de la Autorización de la NSF
para 1987, que se hizo ley el 21 de agosto de 1986. Incluía en la
legislación relacionada con la interconexión de computadoras de
investigación. El concepto de interconectar las computadoras empezó a
principios de los años sesenta, y DARPA creó la Red de la Agencia de
Proyectos de Investigación Avanzada (ARPAnet) en 1968-1969. Esta
interconexión de laboratorios de investigación de Gobierno y
universidades fue la base para el Internet.
El presidente Gore encabezó el Subcomité de Investigaciones y
Supervisiones durante los Congresos 97 y 98 y contribuyó con el
trabajo del Comité para la legislación de autorización de la NSF. Gore
también condujo varias audiencias importantes de la subcomisión que
se centraron en el desarrollo y usos potenciales de computadoras. Los
temas de audiencias incluyeron: "Pequeñas Firmas de Alta Tecnología,
Inventores e Innovación; Gestión de Información y Tecnología;
Estímulos Locales para Empresas de Alta tecnología e Innovación; y
Computadoras y la Educación”. Como presidente de la subcomisión
durante cuatro años, Gore realizó un suma de 64 audiencias que
trataron desde sodio en el alimento y la hipertensión, pronóstico de
116

demandas de energía, desarrollo de combustible sintético, la
investigación genética, el bióxido de carbono en el clima, la tecnología
de diesel, la robótica, hasta la investigación sobre genética humana, y
el bióxido de carbono y el efecto invernadero. Para integrar los
adelantamientos científicos y tecnológicos en las actividades de
personas y negocios, el presidente Fuqua supervisó la aprobación de
una gran variedad de legislación de transferencia de tecnología.
El Presidente de la subcomisión Brown tuvo audiencias que llevaron a
la aprobación del Decreto de la Innovación de la Tecnología de
Stevenson-Wydler de 1980, que estableció la armazón legal y
administrativa para la cooperación entre laboratorios de Gobierno, las
universidades, y la industria privada. La legislación creó las oficinas en
el Gobierno federal para promover transferencia de tecnología y
estableció leyes sobre patentes y uso comercial de invenciones del
Gobierno. Los considerandos en el Decreto fueron extendidos en los
congresos 98 y 99 para redefinir el tratamiento de la propiedad
intelectual y crear acuerdos cooperativos de investigación y desarrollo
tecnológico entre el Gobierno y laboratorios privados.
En el Congreso 99, Fuqua guió el Comité para aprobar la Autorización
de la NBS en 1986 que incluyó una nueva área importante de
responsabilidad. El miembro Larry Winn de Kansas había llegado a
interesarse en el asunto de integridad estructural de edificios después
de que se desplomara un pasaje elevado en su pueblo de origen de la
Ciudad de Kansas, Missouri. El desastre del hotel de la Regencia de
Hyatt del 17 de julio de 1981, tuvo como resultado las muertes de 114
personas y causó más de 200 heridos. Winn trabajó con la
Subcomisión de Investigaciones y Supervisión del Presidente Gore
para revisar las razones del fracaso y mejorar estándares de
construcción. Con la aprobación de la autorización, NBS asumió la
autoridad para reconsiderar sus procedimientos y el desarrollo de
nuevos estándares nuevos edificios. Durante el Congreso 107, estos
estándares llegaron a ser un tema crítico de la investigación del Comité
117

sobre desplome de los edificios centrales de comercio internacional en
la Ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.
Durante su último término como presidente, Fuqua inició 24 audiencias
para revisar la política de la ciencia del Gobierno. Esto significó el
primer estudio completo del Comité para saber dónde estaba la ciencia
desde el principio del Comité, 28 años atrás. El presidente Fuqua
imaginó el proyecto como un examen de qué adelantos habían sido
logrados desde el informe de Vannevar Bush— The Endless Frontier-
La Frontera y las áreas donde debería renovarse los esfuerzos. Las
audiencias permitieron a los miembros a reenfocar en la agenda del
Comité el tema de la ciencia y preocupaciones técnicas que enfrentaba
Estados Unidos. El impacto final de las audiencias fue sin embargo
limitado. La posición de Bush en el Gobierno como la cabeza de NACA
y la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
(OSRD) durante los años cuarenta le proporcionó la posición
extraordinaria para influir en la política tanto en el Ejecutivo como en el
Congreso. A diferencia del informe de Bush, que fue seguido por el
presidente Roosevelt, la revisión de presidente Fuqua fue generado
dentro del Comité, y así su impacto no extendió substancialmente más
allá de la jurisdicción del Comité.
El Comité sobre Ciencia, Espacio Tecnología (1987- 1995)
Al principio del nuevo Congreso, la Cámara de Representantes
denominó a Robert Roe como presidente del Comité (1987-1991). Uno
de sus primeras decisiones fue de renombrar el Comité como la
Comisión de Ciencia, Espacio y Tecnología. El presidente Roe veía
apropiado que el nombre del Comité reflejara el hecho que un
porcentaje grande de su trabajo se centraba en el programa de la
NASA.
El presidente Roe y el Comité promovieron el avance de la
investigación científica aprobando el Decreto de Mejoramiento de la
118

Calidad Nacional Malcolm Baldrige, en 1987. Denominado así en honor
al que fuera Secretario de Comercio, Malcolm Baldrige, un amigo
personal de Presidente Reagan. El Decreto fue una enmienda al
Decreto del Stevenson-Wydler y creó un premio, que el presidente
presentaría personalmente, a "Negocios y otras Organizaciones
Norteamericanas", que practicaron el "control de calidad efectivo en la
provisión de bienes y servicios". La Comisión otorgó la autoridad a la
NBS para supervisar la operación del programa. Congreso y el
Ejecutivo cambiaron de nombre al NBS en 1988 pasando a ser el
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).
En otro esfuerzo de promover los adelantos científicos en el sector
privado y para brindar seguridad a los sistemas de información, el
Comité desarrolló dos leyes importantes. El 8 de enero de 1988, el
Decreto de la Seguridad de la Computadora de 1987 se hizo Ley. El
Comité apoyó las leyes y convocó al NIST, en vez de la Agencia
Nacional de la Seguridad, para desarrollar un conjunto de estándares
para la seguridad de computadoras civiles.
El presidente Doug Walgren de Pennsylvania y el miembro Luján
dirigieron su subcomisión, Ciencia, Investigación, y Tecnología, con la
aprobación del Decreto Acero, Aluminio y Conservación de Energía y
Tecnología para la Competitividad, que se hizo Ley el 17 de noviembre
de 1988. El Comité apoyó para la aprobación del Decreto para reducir
el uso de energía en las industrias de los metales. El Decreto convocó
al DOE para encontrar técnicas eficientes en energía para producir
acero y aluminio porque las empresas privadas en los distritos de los
Miembros fueron incapaces para hacer la investigación o permanecer
en el negocio a menos que puedan reducir los costos de combustible.
La pieza estrella de legislación que el Comité ayudó a desarrollar en el
Congreso 100 fue para proporcionar electricidad más rentablemente
por el desarrollo de materiales super conductores a altas temperaturas.
La presidenta Lloyd de la Subcomisión de investigación y desarrollo
tecnológico de Energía, el Presidente Dave McCurdy de Transporte, de
119

la Aviación, y de la Subcomisión de Materias, y el Presidente Doug
Walgren de la Ciencia, la Investigación, y la Subcomisión de la
Tecnología tuvieron audiencias sobre el tema de la superconductividad.
El Comité pleno también realizó audiencias más tarde y ayudó con el
borrador del Decreto de la Superconductividad y la Competitividad
Nacional. El objetivo de la legislación, que se hizo ley el 19 de
noviembre de 1988, fue de comprometer a los laboratorios del
Gobierno en la búsqueda de un material superconductor que podría
manejar cantidades altas de electricidad sin la refrigeración significativa
con casi ninguna pérdida de energía sobre distancias largas.
Aunque ninguno adelanto inmediato fue logrado, la investigación
subsiguiente ha llevado a aplicaciones comerciales limitadas. Al inicio
del segundo periodo del Presidente Roe, el Comité enfocó mucho de
su trabajo en el tema ambiental, la seguridad, la energía, y asuntos de
educación. En conjunción con otros comités de la Cámara de
Representantes, el Comité se esforzó por el Decreto de Contaminación
de Petróleo de 1990. La legislación demandó de las agencias de
Gobierno investigar y desarrollar los métodos que resolvieran los
problemas de accidentes relacionados con el petróleo, a la luz del
derrame de petróleo del petrolero Exxon Valdez en el Prince William
Sound de Alaska el 24 de marzo de 1989. También buscó métodos
diferentes de limitar los daños así como aplicar métodos efectivos de
limpieza general al tratar con múltiples tipos de derivados del petróleo.
El Comité continuó su trabajo para actualizar el Decreto de Aire Limpio
y apoyó la investigación relacionada con el Decreto del Desarrollo de
Recursos de Agua de 1990. Con énfasis renovado en el cambio del
clima, el Presidente James Scheuer de Nueva York tuvo audiencias
sobre Recursos Naturales, en la Agricultura, en la Investigación, y en la
Subcomisión de Ambiente con respecto a la producción global de
alimento y población. Estas audiencias tuvieron como resultado la
aprobación de dos leyes, el Decreto de Investigación de Cambio Global
de 1990 y el Decreto de Alimentos, Agricultura, Conservación y
120

Comercio de 1990, que trató sobre las consecuencias de cambio de
clima en la agricultura.
Mientras varias subcomisiones realizaron audiencias con respecto a la
prevención de sismos, estándares de alta definición de televisión,
asuntos ambientales del Antártico, y a límites aumentados de velocidad
de carretera, el Comité Pleno trabajó para pasar dos leyes importantes
de la seguridad contra incendios. Después de años de informes que
detallan los incendios empezados por fumadores de cigarrillo, el
Congreso aprobó el Decreto de Seguro contra Incendio por Cigarrillo,
que dio al NIST la autoridad no sólo para revisar las características de
cigarrillos prendidos, sino que también los hábitos de fumadores sí
mismos. El Decreto conllevó cambios en la composición de cigarrillos y
la forma en que se queman cuando los dejan desatendidos, que tuvo
como resultado la disminución a la mitad de la mortalidad en
accidentes relacionados con el cigarrillo. La segunda pieza legislativa
fue el Decreto Seguridad contra Incendio de 1990. A consecuencia de
las muertes de 97 personas y las heridas de 140 otros en el incendio
de Plaza de DuPont en Puerto Rico, provocado por trabajadores en
huelga en 1986 en fiestas de Año Nuevo, el Comité apoyó el Decreto
para proteger a empleados federales de tener que permanecer en
cualquier facilidad que falte un sistema contraincendios. La legislación
estableció que la ley fue "aplicable a todos los lugares de alojamiento
público".
Al final del Congreso 101, el presidente Roe dirigió el Comité Pleno en
otra serie de audiencias con respecto a la NASA. Quisieron saber por
qué los científicos sólo descubrieron que el Telescopio de Espacio de
Hubble tenía un defecto en su lente después de que se le lanzara y lo
que pensaba hacer para corregir el problema. El programa del
telescopio había sido en la primera etapa durante años, y los científicos
esperaron que fuera un avance mayor para proporcionar una vista del
universo libre de las deformaciones de la atmósfera de la Tierra.
121

Aunque NASA asegurara el Comité que el problema podría ser
arreglado, dejó en muchos un sentimiento de malestar.
En un tema más positivo, el Presidente Bill Nelson de la Subcomisión
Ciencia, Espacio y Aplicaciones, realizó audiencias sobre la propuesta
de los programa Luna y Marte del Presidente George H. W. Bush, y
una revisión de Misiones de Voyager de la NASA. Los orígenes del
proyecto de Voyager empezaron cuando la NASA comenzó a centrarse
en exploración planetaria en los años sesenta. La NASA lanzó las dos
naves Voyager en 1977, y las naves espaciales continuaron
transmitiendo los datos mucho tiempo después de su paso por la órbita
de Plutón. Además de solicitar que la NASA actualizara el estatus del
programa, la subcomisión de Nelson también realizó audiencias
respecto al interés incrementado en actividades comerciales de
espacio y la conformidad de la NASA con el Decreto del 15 de
noviembre, 1988, sobre Lanzamientos Espaciales Comerciales
aprobado durante el Congreso anterior.
Con el principio del Congreso 102 en 1991, el presidente Roe dejó el
Comité y se convirtió en Jefe del Comité en Trabajos y Transporte
Públicos. George Brown fue el nuevo presidente del Comité en Ciencia,
Espacio, y Tecnología. Con el liderazgo de Brown durante los próximos
dos Congresos, el Comité realizó una gama de audiencias pero se
centró cada vez más en transferencia de tecnología de Gobierno al
sector privado. Él también consiguió la aprobación de tres leyes
importantes que reforzaron la preeminencia de la nación en el campo
de la tecnología. En los años 90s las computadoras habían llegado a
ser un instrumento importante para muchas operaciones del Gobierno,
y como resultado, el Comité apoyó la aprobación del Decreto de
Computación de Alto Rendimiento de 1991, que llegó a ser Ley Pública
el 9 de diciembre de 1991. La legislación, primero introducido por
miembro del comité anterior Senador Gore y conocido como "la ley
Gore," demandó del Gobierno la mayoría de los sistemas avanzados
de computadora para ser organizado en una configuración inter-
122

agencias administrada por la Oficina de la Política en Ciencia y la
Política de la Casa Blanca.
Para integrar aún más y para aumentar actividades de computadora de
Gobierno, el Decreto de Preeminencia Tecnológica Norteamericana de
1992 hizo del Servicio Nacional de Información Técnica el depósito de
todas las revistas tecnológicas federales y puso bajo el mandato que
estén disponibles para otras agencias del Gobierno y el público.
Incluido en el mismo Decreto, el Comité integró el lenguaje que
permitió, a los laboratorios nacionales de investigación, transferir
hardware más viejo de computadora, operadores programas, y el
software a colegios y departamentos de ciencia de universidad. Como
parte del antiguo interés del Comité por la instrucción de nuevas
generaciones de científicos y técnicos, el Presidente Brown supervisó
la aprobación del Decreto Científico y de Tecnología Avanzada de
1992, que puso por primera vez un programa diseñado para mejorar
los planes y los estándares de ingeniería e instructores de ciencia en
colegios de la comunidad de todo el país en un esfuerzo de aumentar
el número de estudiantes que siguen estudios en éstos campos
importantes.
A causa de su interés en asuntos de transporte, el Comité continuó sus
esfuerzos de promover medios eficientes de movilizar personas y
materiales. Como parte del Decreto de Política Energética de 1992, el
Presidente Brown presionó para guiar la política energética de la
nación a la inclusión de la conservación y desarrollo de fuentes
renovables de energía para automóviles. La legislación se construyó
sobre leyes anteriores para promover el desarrollo de sistemas
eléctricos utilizables de almacenamiento que llevarían a automóviles
eléctricos comercialmente viables. Una segunda e igualmente
importante norma fue el Decreto de Eficiencia de Transporte de
Superficie Intermodal de 1991. El Presidente del comité, Brown, y Roe,
el anterior del Presidente, dirigieron el esfuerzo conjunto a aprobar el
Decreto. En el Congreso 102, Roe llegó a ser Presidente del Comité en
123

Trabajos y Transporte Públicos con el Presidente Norman Mineta que
dirige su Subcomisión de superficie de Transporte. Mineta también tuvo
la distinción de servir en el Comité en la Ciencia, Espacio, y en la
subcomisión de la Tecnología en la Tecnología y Competitividad. El
presidente Brown y los presidentes Roe y Mineta apoyaron una ley de
transporte para los ejercicios económicos 1992-1997 con 155 mil
millones de dólares de presupuesto. El propósito de la ley fue:
"Desarrollar un Sistema Nacional de Transporte de Intermodal que sea
económicamente eficiente, que proporcione la base para competitividad
nacional en la economía global y mover a personas y bienes en una
energía la manera eficiente".
Aunque el título del Decreto indicará la primacía de flete de contenedor,
la legislación fue la primera modificación mayor en la planificación de
transporte y política desde la creación del Sistema Interestatal de
Carretera en los años cincuenta. El Decreto abarcó una serie llena de
asuntos de transporte e integró muchos elementos diferentes para
mejorar los sistemas nacionales e interestatales de carretera, mitigar
congestión urbana, y reemplazar puentes caducos. También avanzó el
planeamiento metropolitano, el edificio de carreteras de peaje,
promovió la seguridad de carretera y dirigió los problemas de alcohol y
drogas, promovió el transporte aéreo y el transporte de flete de
intermodal, lo que demandó trabajo de coordinación.
Con el inicio del Congreso 103 en enero 1993, el Presidente Brown
hizo algunos cambios menores en los procedimientos del Comité. El
presidente Brown y el Comité tuvieron un total de 174 audiencias
durante 1993 y 1994. Sin embargo, sólo seis leyes separadas fueron
aprobadas en vez del usual número de 20 o 30 normas que fueron
aprobadas en cada uno de los dos Congresos anteriores. Con el fin de
la Guerra Fría, los "beneficios reportados por la paz" tuvieron en cuenta
la reasignación de recursos de la defensa a proyectos civiles. El trabajo
del Comité más importante estuvo en los Decretos de Autorización de
Defensa para 1994 y 1995, que re-direccionó recursos a proyectos de
124

transferencia de tecnología y amplió la Asociación de Extensión
Industrial (MEP). Como parte del NIST, el MEP proporcionó a los
pequeños fabricantes acceso a servicios para promover el crecimiento,
mejorar la productividad, y expandir la capacidad en empresas de
público y sector privado.
Aún con una modificación en el proceso legislativo, el Comité continuó
su trabajo para salvaguardar el ambiente y supervisar proyectos de
ciencia. El presidente Rick Boucher de la Subcomisión de Ciencia tuvo
audiencias de la NSF y su trabajo en Antártida. La condición de la capa
de ozono sobre el continente había llamado la atención de
investigadores al final de la década del cincuenta, y los científicos
habían observado un descenso mayor de ozono en los comienzos de
los años setenta. La subcomisión enfocó su atención en la conformidad
del Gobierno con el Decreto Aire Limpio y el uso de
clorofluorocarbonos. Otras subcomisiones continuaron el trabajo en
vehículos eléctricos, tecnología verde, y vigilando asuntos globales de
clima. En el programa de investigaciones espaciales, el proyecto de
Telescopio de Espacio de Hubble fueron temas de audiencias como
también las amenazas posibles de asteroides y la supervisión de
capacidades de lanzamiento de NASA.
Una de las cuestiones más difíciles que el Comité Pleno encaró en el
Congreso 103 fue la relacionada con financiación de dos proyectos
importantes. Desde los años cincuenta, uno de los temas más
comunes u objetivos en el programa de investigaciones espaciales fue
la construcción de una estación espacial. La NASA había diseñado el
transbordador para ser el sistema primario de transporte de hombres y
materiales a la estación. Competidor con la NASA para fondos fue el
Súper programa de Acelerador de partículas. Un proyecto que implica
pura investigación científica, los científicos quisieron utilizar el
acelerador de partículas hasta casi a la velocidad de la luz para
estudiar la dinámica y la estructura de la materia, del espacio, y del
tiempo. El DOE comenzó el trabajo preliminar en el proyecto de
125

acelerador de partículas de 4,4 mil millones de dólares a mediados de
los años ochenta y la construcción empezó en Texas 1988. El
presidente Roe copatrocinó el Decreto de Autorización de Proyecto del
Super Acelerador de partículas de 1990, pero el Senado había
comenzado a cuestionar el programa y lo dejó morir en el comité. En
1993 el costo había subido a tres veces la estimación original.
A luz de los esfuerzos para reducir el déficit federal durante el primer
término del presidente Bill Clinton, la estación espacial y el colisionador
se convirtieron en blancos para la cancelación. Finalmente, en 1993, se
canceló el colisionador. La decisión fue política. A nivel nacional y
estatal, el colisionador era la víctima de los conflictos entre demócratas
y republicanos.
Transferencia tecnológica
En 1994, por la primera vez en 40 años, los republicanos ganaron la
mayoría en la Cámara de Representantes. Como parte de su contrato
con América, los republicanos introdujeron nuevos procedimientos en
la Cámara, imponiendo un límite de tres términos para las jefaturas de
comités. Con la apertura del Congreso 104, en enero 1995, Robert
Walker de Pennsylvania fue elegido presidente del recién nombrado
Comité de Ciencias. La primera audiencia fue titulada “¿Está la actual
política en ciencia preparándonos para el futuro?”. Bajo la presidencia
de Walker, el comité trabajó para aprobar 8 leyes, muchas de las
cuales era reautorizaciones de Decretos anteriores. El Decreto de 1995
sobre Avance y Transferencia Tecnológica definió los derechos
intelectuales y permitió a todos los participantes a obtener licencias de
sus contribuciones específicas en sus contratos de investigación y
desarrollo bajo Acuerdo de Investigación Cooperativa y Desarrollo. El
Decreto actualizaba el Decreto Stevenson-Wydler de 1980 sobre
Innovación Tecnológica, el que permitió a socios gubernamentales o no
gubernamentales de compartir recursos, información técnica y
propiedad intelectual. El Comité también se involucró con la aprobación
126

de dos leyes que actualizaban el uso del Gobierno del sistema métrico
en los estándares de construcciones. En el campo de la investigación,
el Comité continuó su trabajo sobre el avance de las celdas
combustible de hidrógeno.
Antes del fin de la segunda sesión del Congreso 104, el Presidente
Walker decidió jubilarse del Congreso. En su último año pasado en el
Comité, la NASA lo presentó con la Prestigiosa Medalla de Servicio por
su liderazgo para avanzar el esfuerzo de Estados Unidos en el espacio
y su comercialización. Esta fue la primera vez que la agencia había
otorgaba un reconocimiento de esta naturaleza a un Miembro de la
Cámara de Representantes. En enero 1997, el Presidente Walker dejó
Congreso para convertirse en un lobista. Durante los Congresos 105 y
106, el Presidente Sensenbrenner dirigió el Comité, y uno de las leyes
importantes aprobadas durante su primer término en 1998 concernió
los asuntos de mujeres. La presidenta Constance Morella de Maryland,
de la Subcomisión de la Tecnología, defendió la legislación que
estableció una Comisión sobre el Avance de Mujeres y Minorías en la
Ciencia, en la Ingeniería, y en la Tecnología. A la comisión le fue
concedida la autoridad para estudiar y someter un informe al
presidente, al Congreso, y a los Estados, sobre la participación de
mujeres y minorías en las ciencias y las maneras de aumentar sus
números. Aunque la legislación ordenaba la disolución de la comisión
después de publicar su informe, el tema ha sido un punto de continuo
interés en la NSF.
Bajo el liderazgo de Sensenbrenner, el Comité continuó su énfasis en
asuntos de espacio y energía. La Subcomisión de Espacio y
Aeronáutica tuvo audiencias extensas sobre la comercialización y uno
sobre el futuro de NASA titulado, "¿Qué Clase de programa de
Investigaciones Espaciales Necesita América por el siglo XXI?". El
Comité trabajó con la NASA y otros legisladores para aprobar el
Decreto Comercial de Espacio de 1998, que la agencia usó para
expandir sus esfuerzos de privatizar la tecnología del espacio. En el
127

campo de energía, el Comité aprobó una ley de metano durante el
Congreso 106 con respecto a la exploración de depósitos de gas en el
fondo del océano, pero la Subcomisión de Energía y Ambiente tuvo las
audiencias más importantes relacionadas con los efectos de
hidrocarburos en el ambiente. Con el interés creciente en asuntos
ambientales y la jurisdicción del Comité en el campo, el Portavoz Newt
Gingrich designado por el Presidente Sensenbrenner, quien se opuso a
los acuerdos internacionales con respecto a asuntos ambientales, para
dirigir la delegación de la Cámara a las conferencias globales del clima
que tuvieron lugar en Kyoto, Japón, en 1997 y en Buenos Aires,
Argentina, en 1998.
En 1999, las prioridades nacionales cambiaron temporalmente lejos de
problemas de energía y el programa del espacio y hacia una crisis
técnica inminente. La informática había aumentado dramáticamente en
la década anterior al punto que las computadoras llegaron a ser partes
de la vida cotidiana, pero las primeras computadoras tenían memoria
limitada, forzando a programadores a hacer atajos. No estuvo claro
cómo en el principio del nuevo milenio afectaría los sistemas de
computadora del mundo. Conocido como el problema Y2K, muchos
especialistas en computadoras se preocuparon porque el cambio de la
fecha del 20 al siglo XXI podría causar interrupciones masivas de
computadora. La Subcomisión de la Tecnología tuvo varias audiencias
durante el Congreso 105 para saber cómo el problema Y2K afectaría el
Servicio Postal, los satélites y los sistemas de posicionamiento global
(GPS), la seguridad nacional, la Administración Federal de la Aviación,
los viajes internacionales, los Gobiernos de Estado, y la energía
nuclear. El Comité pleno también revisó cómo el asunto Y2K afectaría
los viajes aéreos y espaciales. Mientras no hubo problemas mayores
relacionados con las computadoras y el principio del nuevo milenio, las
audiencias empujaron a revisar las operaciones de computadora que
se llevan a cabo en el Gobierno federal.
128

Durante su último término como Presidente del Comité (1999-2000),
Sensenbrenner presidió varias audiencias sobre investigaciones de la
calidad y las formas de mejorar la educación en matemáticas y ciencia.
Él puso énfasis particular en los niveles de primaria y secundaria. Su
primera audiencia, “Por qué y Cómo usted Aprende Matemáticas y
Ciencia”, fue seguida por tres audiencias que se focalizaron en los
maestros de matemáticas y ciencia, así como educación inicial. El
presidente Sensenbrenner también supervisó dos audiencias que
trataron sobre asuntos de las minorías. Hubo un seguimiento a la
Comisión de la Presidenta Morella en el Avance de Mujeres y Minorías
en la Ciencia, la Ingeniería, y la Tecnología aprobó en la ley el 14 de
octubre de 1998, el Comité realizó una audiencia para revisar el
informe de la comisión y las maneras de aumentar la representación de
estudiantes minoritarios, que había sido un tema mayor en varios
laboratorios nacionales inclusive en el Laboratorio Nacional Argonne, a
las afueras de Chicago, Illinois. Una de las últimas audiencias
realizadas ante el Presidente Sensenbrenner y el Comité Pleno durante
el Congreso 106 se refirió al EPA. Como el resultado de preguntas
civiles de derechos, el Comité tuvo la audiencia, "Intolerancia en EPA -
Dañando Personas, Dañando la Ciencia", para asegurar que la
agencia se plegara a las leyes federales y continúe su misión científica
en una manera efectiva.
Nuevas prioridades para el Comité de Ciencias a partir del 2001
En el 2001, Sherwood Boehlert de New York fue elegido presidente del
Comité y lo fue hasta 2007. El Comité focalizó su trabajo en energía,
educación y ambiente; pero varios eventos nacionales cambiaron esta
agenda. Durante la primera sesión, el Comité sostuvo audiencias en
educación en ciencias y matemáticas y lluvia ácida, combate a la
introducción de especies no nativas en el ambiente, y el cambio
climático.
129

Reaccionando al colapso del World Trade Center y operando su bajo
jurisdicción de autoridad supervisora del NIST, el Comité trabajó para la
aprobación del Decreto del Grupo del Grupo Nacional de Seguridad de
Construcción que se convirtió en Ley el 1ero de octubre del 2002. El
Decreto dirigido al NIST, a través de su mandato de “asegurar la
aplicación máxima de las ciencias físicas y las ingenierías para
desarrollar tecnología en la industria y el comercio”, para asegurar las
causas de las fallas estructurales, revisión de medidas de evacuación,
proporcionar guías en el incremento de los estándares de seguridad, y
conducir investigaciones para aprobar materiales seguros de
construcción. Además, el Comité pleno sostuvo dos audiencias sobre el
colapso de los edificios del World Trade Center para determinar lo que
se aprendió del desastre y las fortalezas y debilidades de los niveles
estatales y federales de respuesta.
En el ambiente post-9/11, el Comité realizó varias audiencias para
revisar las vulnerabilidades de la nación a un ataque terrorista. Antes
del fin de 2001, el Congreso de los EEUU llegó a ser el objetivo de un
ataque de ántrax que tuvo como resultado audiencias una vez que las
oficinas de la Cámara volvieron a abrir. En este ambiente, el Comité
ejercitó su jurisdicción para investigar la seguridad de sistemas de agua
y la seguridad de los sistemas de computadora de América. La
protección de las computadoras fue tratada en el Decreto de
Investigación y Desarrollo Tecnológico de Ciber-Seguridad,
convocándose la participación de la NSF y el NIST para supervisar su
implementación.
Una de las leyes más importantes que se aprobó por el Comité fue el
Decreto de la Seguridad de la Patria de 2002, que fue decretado el 25
de noviembre de 2002. A principios de junio, el presidente Vernon
Ehlers de Michigan realizó audiencias en su Subcomité de Tecnología
y Ambiente, y en la Subcomisión de Estándares en el asunto de la
seguridad de la patria. El presidente Boehlert tuvo una audiencia de
dos semanas para revisar luego las posibilidades de crear una nueva
130

oficina federal. El conjunto principal de la responsabilidad del Comité
fue adelantado en el Decreto de 2147 páginas que plantea la
supervisión de procesos de investigación y desarrollo tecnológico y el
establecimiento de un conjunto de estándares para la nueva agencia.
Después de la aprobación del Decreto, la última reunión del Comité
Pleno durante el Congreso 107 examinó, "Realizando Investigación
durante la Guerra en el Terrorismo: Equilibrando la Apertura y la
Seguridad", que resultó una cuestión oportuna y de creciente
importancia.
Como parte de la jurisdicción del Comité de supervisar "estándares",
los miembros se vieron envueltos en los problemas de votación
alrededor de la elección presidencial del 2000. Después de la elección
de La Florida y sus recuentos, el Comité realizó audiencias que
empezaron en el 22 de mayo de 2001, con el tema "Mejorando las
Tecnologías Electorales: El Papel de los Estándares". A consecuencia
de las audiencias, el 31 de octubre de 2001, el Comité aprobó y envió,
a la Cámara de Representantes, el Decreto Electoral de Estándares de
Tecnología de 2001, que no fue aprobado. Sin embargo, los elementos
del Decreto propuesto del Comité fueron integrados en el Decreto de
Ayuda América Vote de 2002, que se hizo ley el 29 de octubre de 2002.
La responsabilidad principal del Comité bajo el Decreto se refirió a la
supervisión del trabajo de NIST para asegurar el establecimiento de un
conjunto de estándares de elección y eliminar las votaciones de ficha
perforada. Aunque el Decreto fuera diseñado para resolver futuros
asuntos de elección, surgieron más interrogantes con cada cambio, lo
que llevó al Comité durante el Congreso 109 a tener una audiencia
llamada, "Votando Máquinas: ¿Ayudarán los Nuevos Estándares y las
Pautas a Prevenir Futuros Problemas? ".
Durante los últimos dos términos como presidente de Boehlert, el
Comité trabajó para mejorar la educación y la extensión del Premio a la
Calidad de Malcolm Baldrige para incluir organizaciones no lucrativas.
Las perspectivas del combustible de hidrógeno en el futuro de Estados
131

Unidos continuaron siendo temas de audiencias del Comité como fue el
deseo de asegurar independencia de la energía de América. El
presidente Boehlert también tomó interés particular en el trabajo de la
NSF en el desarrollo de la nanotecnología y realizó una serie de cuatro
plenos y audiencias de subcomisión sobre su potencial científico, así
como expresó su preocupación por sus implicaciones ambientales y de
seguridad.
La NASA y la crisis causada por la desintegración del transbordador
espacial Columbia en el reingreso el 1 de febrero de 2003, forzaron al
Comité a encarar un nuevo conjunto de problemas. En su papel de
supervisión, el Comité Pleno realizó varias audiencias sobre la tragedia
y la respuesta de NASA al accidente. Las audiencias subsiguientes de
tres años buscaron respuestas con respecto al futuro de NASA y la
conclusión proyectada del programa de transbordador a finales de
2010, su gestión financiera, el vuelo espacial tripulado en general, y el
llamado del Presidente George W. para un regreso a la luna y una
expedición a Marte. Además, el Comité trabajó para desarrollar el
Decreto de Enmienda de Lanzamiento Comercial al Espacio de 2004,
que colocó todos los emprendimientos de riesgo relacionados con el
espacio bajo el control del Departamento de Transporte y requirió del
Departamento para asegurar la implementación de programas seguros
para viajes en el espacio con humanos.
A consecuencia de la tragedia alrededor del tsunami que ocurrió en el
océano Índico el 26 de diciembre de 2004, el Presidente Boehlert
convocó una audición tan pronto como el Congreso 109 lo convino. El
Comité tuvo un interés directo y jurisdiccional en el desastre por su
supervisión sobre el servicio meteorológico Nacional (NO) y NOAA. La
pregunta primaria fue sobre la preparación de América a la luz de sus
litorales vulnerables. El Comité apoyó el establecimiento de legislación
que dispuso que NOAA estableciera y opere un sistema de detección
de tsunami, incluyendo en el océano Indico, que proporcione
advertencias oportunas a poblaciones por litorales de océano.
132

Hacia la independencia energética
En noviembre del 2006, el Partido demócrata obtuvo la mayoría de
asientos en la Cámara de Representantes. Los líderes del partido
designaron Bart Gordon de Tennessee como Presidente del Comité
nuevamente reagrupado en la Ciencia y la Tecnología. El presidente
Gordon, que había sucedido en el asiento a Gore en 1984,
inmediatamente se puso a trabajar en muchos de los mismos asuntos
que encararon a sus antecesores. Una de las primeras leyes que se
trabajó a través del Comité, el Decreto de Seguridad e Independencia
de Energía de 2007, fue una serie de consideraciones que se
relacionan con la investigación y desarrollo tecnológico de la energía
marina, geotérmica, solar, y de biocombustibles. El Comité también
jugó un papel importante en la aprobación del Decreto sobre
Investigación de Remediación de Metanfetamina de 2007, un área de
interés en el Congreso anterior, el que encargó al EPA para desarrollar
nuevas tecnologías de detección y supervisar la limpieza general de
sitios contaminados.
Las leyes más significativas durante la primera sesión del Congreso
110 fueron la aprobación del Decreto COMPITE América (El Decreto
América Creando Oportunidades de Promover de manera significativa
la Excelencia en la Tecnología, en la Educación, y Ciencia). El
presidente Gordon estableció para el Comité la importancia de la
legislación: "Esta Ley reforzará la investigación básica a largo plazo en
las ciencias físicas, en las ciencias matemáticas, y en la ingeniería.
Dirige financiando estudiantes de posgrado e investigadores jóvenes
de carrera en estas áreas. También establece un Premio Presidencial
de la Innovación para estimular los avances científicos y de ingeniería
de interés nacional. Invertir en la educación de la ciencia y la
investigación por estas líneas es necesario si EEUU quiere mantener
su posición como un líder global en la tecnología y la innovación". Los
diversos componentes del Decreto son basados en las
133

ecomendaciones del Informe del Consejo de Competitividad, un grupo
independiente y no gubernamental de directores generales, de líderes
de universidad y trabajo, y de la Academia Nacional de Ciencias,
Sobrepasando la Tormenta. Este informe, compilado bajo el liderazgo
de Norman Augustine, Presidente y director general anteriores de la
Corporación Lockheed Martin, revisaron la cuestión de la capacidad de
Estados Unidos para competir en el siglo XXI. El Decreto abarcó el
trabajo a promover las innovaciones y financiación de una gama
completa de proyectos de investigación para NASA, para NOAA, y para
NIST.
Una de las principales facetas del Decreto se centró en el problema
continuo de energía y dispuso que la DOE cree una organización
modelada sobre el programa DARPA del DOD, que había sido
designado originalmente como ARPA en 1958. El Decreto COMPITE
disponía que la nueva oficina en DOE, ARPA-E, reduzca la
dependencia de Estados Unidos en la energía extranjera en la próxima
década mientras constructivamente se manejaba el asunto de cambio
global de clima. ARPA-E fue estructurada para aumentar resultados por
su relación media independiente con el DOE y su capacidad de
proporcionar fondos a laboratorios que progresan al mismo tiempo que
se elimina la financiación para los laboratorios que no mostraran
resultados significativos. El Decreto también aumentó el apoyo
financiero al NSF durante los próximos varios años y estableció varios
nuevos programas educativos de largo y corto plazo a niveles locales y
del Estado. La legislación fue diseñada para asegurar preeminencia
científica y tecnológica de Estados Unidos de América y abarcó un
amplio espectro de asuntos de ciencia y tecnología frente a laboratorios
nacionales de investigación y su sistema de enseñanza.
Hacia la Frontera sin Límite
Mirando al futuro, el Comité debe confrontar muchos de los asuntos
centrales que estuvieron presentes tras el lanzamiento de Sputnik en
134

1957. Era obvio para los líderes de América hace 50 años que, para
mantener el liderazgo científico y técnico en el mundo, se requería un
sistema fuerte de enseñanza. El Comité ha apoyado ese esfuerzo a
través de los años y el Decreto América COMPITE es sólo el último
ejemplo de esa dedicación. Como consecuencia del trabajo del Comité
durante la carrera espacial con la Unión soviética, sus Miembros y el
mundo han presenciado el aterrizaje exitoso de hombres en la luna. En
el futuro, el Comité trabajará con objetivos a largo plazo de la NASA
como el de regresar a la Luna y finalmente llegar a Marte. El Comité
empezó en los años setenta para confrontar los asuntos ambientales.
En 1968, los astronautas del Apolo 8 nos dieron una vista
extraordinaria e inolvidable de nuestro frágil planeta contra el fondo del
universo ilimitado. Esa imagen trajo al centro de atención la necesidad
de proteger nuestro ambiente, uno de los desafíos más importantes
que enfrentan América y el mundo.
De esta historia podemos concluir que la política en ciencia y la tecnología en
Estados Unidos han tenido el objetivo de conseguir y mantener el liderazgo
económico, comercial y militar en el mundo, y que en los últimos años está
orientado a frenar el creciente deterioro del ambiente. Los Estado Unidos lograron
esos objetivos, pero la disminución, en el 2001, en la tasa de crecimiento de la
inversión en ciencia y tecnología incubó la crisis del año 2009.
2.9 La Política en ciencia y tecnología en el Perú
Según la evaluación nacional del año 2007 del Ministerio de Educación 14 , sólo el
15,9% de los alumnos de segundo grado de primaria logró el aprendizaje previsto
en comprensión de textos y apenas 7,2% en matemática. Lo peor es que, debido
a que los profesores no han sido entrenados para la enseñanza de las ciencias,
estos alumnos reciben cursos aburridos en esta materia. Así, los egresados de la
escuela primaria terminan con un rechazo por la ciencia y la tecnología, lo que,
por razones similares, se agudiza en la escuela secundaria. Todo ello se amplifica
14 Citado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en documento de trabajo 2021.
135

debido a que los medios de comunicación masiva califican como estériles a los
temas de ciencia y se consolida cuando los políticos, productos de esa cultura, en
sus discursos, rarísima vez se refieren a la ciencia.
Este marco favorece el surgimiento en el país de un rechazo por la ciencia, la que
es percibida como compleja y aburrida, situación que se vive desde el seno de la
familia pasando por la escuela inicial y primaria. Esta situación se agrava en las
zonas marginales y en las zonas rurales. La tasa de analfabetismo en el 2007 fue
de 10,5%. En la zona rural llega a 22% para la población de 15 y más años de
edad y en el área urbana es de 5,1%. Pero el analfabetismo científico afecta un
porcentaje mucho mayor, tanto en el mundo urbano como en el rural. Como
consecuencia de lo anterior, en el Perú sólo el 30% de los estudiantes
universitarios sigue carreras de ciencias o ingeniería, mientras que en los países
emergentes de Asia, por ejemplo, el 70% de los estudiantes universitarios sigue
esas carreras.
En general, mientras que en los países emergentes y los desarrollados,
anualmente, invierten entre 10 000 y 20 000 dólares por estudiante universitario,
en el Perú esta inversión no llega a 1 500 dólares. Con esa inversión, la pequeña
fracción de estudiantes que escogen las ciencias y las ingenierías como carreras
tendrán desventajas, respecto a sus pares de los países emergentes o
desarrollados.
Finalmente, la eliminación de la tesis como requisito indispensable para obtener el
título profesional -en virtud de la Ley Nº 23733 del año 1983- y ratificada por el
Decreto Legislativo Nº 739 de 1991, disminuye las bajas probabilidades de hacer
investigación en la universidad, institución cuya principal misión es precisamente
la de investigar. En los años 60s se debía presentar tesis incluso para optar por el
grado de bachiller. Aquellos profesionales con grados de bachiler con tesis han
podido llevar con éxito estudios de postgrado en las mejores universidades de
países desarrollados. Los que egresan sin tesis tienen dificultades para investigar
e, incluso, para preparar informes.
136

Por otro lado, la falta de una Ley de carrera que fije los criterios de meritocracia y
de productividad en la evaluación los profesores universitarios e investigadores de
los organismos públicos de ciencia y tecnología ha generado una serie de
reglamentos internos de evaluación de personal en cada institución que
desincentivan la producción científica y tecnológica, reflejada en un números de
artículos científicos publicadas en revistas indizada y en solicitudes de patentes
muy inferiores a la de países desarrollados y emergentes.
Para corregir las deficiencias arriba indicadas, recientemente se han dado leyes
que tienen por objeto impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. Vamos a
analizar los esas leyes y sus resultados.
2.9.1 Institucionalidad de la ciencia y la tecnología en el Perú
El CONCYTEC es el organismo rector del SINACYT del Perú, encargado de
dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de Estado en todo el
país en el ámbito de la CTI; orienta las acciones del sector privado; y ejecuta
acciones de soporte que impulsen el desarrollo científico y tecnológico del país.
(Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 2010).
El CONCYTEC fue creado el año 1968 como una entidad asesora dependiente
directamente de la presidencia de la República y, en ese entonces, se le
denominó Consejo Nacional de Investigación (CONI). En la Introducción del
Decreto Supremo Nº 001-2006-E que aprueba Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-
2021 (Ministerio de Educación 2001) se señala que al CONI se le encargó:
“La responsabilidad de promover y liderar el desarrollo de la CTI. Se
intentó estructurar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
integrando y orientando los recursos y esfuerzos de las entidades
vinculadas con la CTI, contando con el financiamiento de un Fondo
Nacional de Investigaciones”.
137

Sin embargo, hasta ahora no se logra estructurar un verdadero Sistema Nacional
en ese campo. Por su lado, el sector privado muestra interés moderado en el
tema.
En esa introducción se recuerda que:
“Tomando por la vía tributaria parte de las utilidades empresariales y
con algún apoyo externo, durante los años setenta se financió la
creación y funcionamiento de Institutos estatales de investigación para
apoyar a los sectores de la industria, la minería, las telecomunicaciones
y la pesca. En algunos casos hubo mejoras, pero no se lograron
impactos significativos en el desarrollo económico, social y ambiental,
en grado tal que dieran lugar a una mayor valoración social y apoyo
político”.
En 1981, mediante el Decreto Ley Nº 112, el CONI se transformó en el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). El CONCYTEC inició los
concursos para las subvenciones a la investigación y a las becas de post-grado.
En 1983 el CONCYTEC pasa al sector Educación y se aprueban los primeros
lineamientos de política científica y tecnológica para el Perú.
El año 1985 se crea el Ministerio de la Presidencia, al que se incorpora el
CONCYTEC. Durante 1987 se publica el documento "Lineamientos de Política
Científica y Tecnológica para el Mediano Plazo", dicho documento contiene una
larga lista de actividades, sin la necesaria priorización que conlleva una política
eficaz. Entre el 1985 y 1990, se incrementó los fondos del CONCYTEC hasta
llegar a 17 millones de dólares al año y se formuló los Lineamientos de Política
Científica y Tecnológica para el mediano plazo (1986-1990). El año 1990
CONCYTEC vuelve a la presidencia del Consejo de Ministros. El 1992, el
CONCYTEC regresa al Ministerio de Educación mediante Decreto Legislativo N°
25762 del 1ro. de Octubre (Ministro de Educación del Perú 1992).
Como hemos señalado, gracias a la gestión de la Sociedad Peruana de Ciencia y
Tecnología, se logró que en la Constitución Política del Perú de 1993 se incluyese
138

el artículo Nº 14 de. (Montoya. 2000: pág. 59). “Es deber del Estado promover el
desarrollo científico y tecnológico del país”. Ello ha dado pie a una serie de
actividades tendientes a lograr que el Estado cumpla con ese mandato de la
Constitución.
2.9.2 Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 2001 - 2006
2.9.2.1. Ley Marco 28303 de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
En el año 2004 se promulgó la Ley Marco Nº 28303 de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica, en adelante la Ley Marco. La Ley Marco señala como
necesidad pública, y de preferente interés nacional, el desarrollo, promoción,
consolidación, transferencia y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación
tecnológica (CTI), como factores fundamentales para la productividad y el
desarrollo nacional, en sus diferentes niveles de Gobierno.
El título I de la Ley Marco Nº 28303, se estipulan el objeto, la declaración de
interés nacional, el ámbito de aplicación y principios:
Artículo 1.- Objeto y definición
La presente Ley tiene por objeto normar el desarrollo, promoción,
consolidación, difusión y transferencia de la Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CTel) en el país.Define las atribuciones,
alcances y medios de la acción del Estado en este ámbito.
Artículo 2.- Declaratoria de interés nacional
El desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y difusión de la
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTel), son de
necesidad pública y de preferente interés nacional, como factores
fundamentales para la productividad y el desarrollo nacional en sus
diferentes niveles de gobierno.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
139

La presente Ley es de aplicación a las entidades del sector público y
privado y personas que realizan actividades en el ámbito de la Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica, en el país.
Artículo 4.- Principios fundamentales
Las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica se
rigen por:
a) El respeto a la ética para asegurar el rigor científico y la calidad.
b) La contribución efectiva al bien común.
c) La libertad de la investigación.
d) El reconocimiento del saber colectivo y del aporte nacional al
conocimiento universal.
e) El respeto al derecho de propiedad intelectual, propiedad industrial
y sus derechos conexos.
f) El reconocimiento del valor social del desarrollo científico y
tecnológico y sus repercusiones en la cultura nacional y en la
posición del país en el contexto mundial.
g) El planeamiento de la CTel en armonía con las exigencias
económicas, sociales, culturales y ambientales del presente y con la
visión colectiva del desarrollo futuro.
h) La innovación y la creatividad que promuevan el bienestar colectivo,
la producción y la aplicación de nuevos conocimientos.
i) El establecimiento de los mecanismos de coordinación entre las
dependencias y entidades de la administración pública y otras
instituciones que intervienen en la definición de políticas y
programas en materia de desarrollo científico y tecnológico.
j) La vinculación y participación de la comunidad científica y
académica de las instituciones de educación superior, de los
sectores público, social y privado para la generación y formulación
de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la
ciencia y tecnología, así como para la formación de profesionales
de la ciencia y tecnología.
140

Como vemos, se declara como principios básicamente la libertad de la
investigación, pero también la necesidad de que la investigación contribuya con
las exigencias económicas, sociales, culturales y ambientales del presente y con
la visión colectiva del desarrollo futuro. Estos principios se expresa luego en el
Título II de la Ley Marco Nº 28303 estipula el rol del Estado en las actividades de
ciencia, tecnología e innovación tecnológica.
En lo que respecta al Rol del Estado y los objetivos nacionales, la Ley Marco
estipula:
Artículo 5.-
Corresponde al Estado normar, orientar, coordinar, planificar, fomentar,
supervisar y evaluar el desarrollo de la CTel, para el cumplimiento de
los siguientes objetivos nacionales:
a) La generación, conservación, transferencia y utilización de
conocimientos científicos y tecnológicos, en el ámbito nacional y de
las diversas regiones para el óptimo aprovechamiento de los
recursos y potencialidades de la nación, el impulso a la
productividad y la integración beneficiosa del Perú en la sociedad
global del conocimiento y en la economía mundial.
b) La descentralización y adaptación de las actividades de CTel a nivel
regional y local.
c) La seguridad humana, el desarrollo económico y social
descentralizado, la superación de las desigualdades y el estímulo a
la productividad.
d) La prevención de desastres naturales, mediante instrumentos
científico-tecnológicos, para el uso racional, eficiente y sustentable
de los recursos naturales.
e) El fomento y promoción de la investigación, la innovación y el
desarrollo tecnológico en los sectores de la producción con el fin de
incentivar la creatividad, la competitividad y la producción de nuevos
bienes y servicios, con miras al mercado nacional y mundial.
f) La protección del conocimiento tradicional y el rescate, utilización y
difusión de las tecnologías tradicionales.
141

g) La protección de los derechos de propiedad intelectual, propiedad
industrial y sus derechos conexos.
h) El desarrollo de la cultura, la integración y la unidad de la Nación,
valorando la diversidad etnocultural y ecológica del país y la
difusión, democratización, descentralización y uso social del
conocimiento científico.
i) La defensa de la soberanía nacional, la seguridad del territorio y la
atención preferente al desarrollo de las zonas fronterizas del país.
j) La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de
recursos humanos altamente calificados en ciencia, tecnología e
innovación tecnológica en las diferentes regiones del país.
k) Facilitar la retención y repatriación de profesionales investigadores
nacionales y la promoción de la demanda en CTel para su
adecuada inserción.
l) La promoción, divulgación e intercambio de CTel en los diferentes
niveles del sistema educativo a través de museos, ferias, premios
nacionales y otros mecanismos que propicien la valoración social
del conocimiento, la identificación y promoción de talentos y la
adopción de hábitos permanentes de investigación e innovación.
m) El desarrollo de proyectos de CTel que permitan la incorporación
productiva y la integración económica y social de las personas con
discapacidad.
n) Incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación de
investigadores para resolver problemas nacionales fundamentales,
que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la
población.
o) Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica y la
innovación tecnológica asociada a la actualización y mejoramiento
de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del
conocimiento, así como convertir a la ciencia y la tecnología en un
elemento fundamental de la cultura general de la sociedad.
Respecto a las responsabilidades del las entidades del Estado, la Ley Marco
estipula:
142

Artículo 6.-
Es responsabilidad de las entidades del Estado concurrir a las
convocatorias del CONID y coordinar con el ente rector del sistema
nacional de CTel, la articulación de sus planes estratégicos sectoriales
y planes operativos institucionales con el Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica y de lograr la interconexión
progresiva de sus sistemas de información en una red nacional de
información científica e interconexión telemática.
En el Título III, Capítulo I la Ley Marco define y conforma el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica:
Artículo 7.- Definición y conformación
Él Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(SINACYT) es el conjunto de instituciones y personas naturales del
país, dedicadas a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(I+D+I) en ciencia y tecnología y a su promoción.
Está conformado de manera enunciativa y no limitativa por:
a) El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC), como organismo rector del SINACYT.
b) El Fondo Nacional de Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (FONDECYT), para el fomento de los
planes, programas y proyectos del SINACYT.
c) El Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para
la CTel, (CONID), como órgano consultivo multidisciplinario e
intersectorial del SINACYT.
d) Las instancias de los Gobiernos regionales y locales dedicadas a
las actividades de CTel en sus respectivas jurisdicciones.
e) Las universidades públicas y privadas, sector empresarial,
programas nacionales y especiales de CTel, instituciones e
integrantes de la comunidad científica.
143

f) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, para la
protección y difusión de los derechos intelectuales en CTel, y el
registro y difusión de las normas técnicas y metrológicas.
g) Las comunidades campesinas y nativas, como espacios activos de
preservación y difusión del conocimiento tradicional, cultural y
folclórico del país.
En suma, se define el SINACYT como el conjunto de instituciones relacionadas
con la ciencia, la tecnología y la innovación. En lo que respecta a la información la
Ley Marco establece:
Artículo 8.- Suministro de información
Los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica suministran anualmente al CONCYTEC, la
información necesaria para la elaboración de los indicadores y
estándares que permitan evaluar el estado de CTel a nivel nacional y
regional, así como para la formulación del Plan Nacional de CTel, su
evaluación y actualización.
En realidad, en esos términos, el CONCYTEC no tendría otro rol que el de
procesar la información que permita evaluar el funcionamiento de los miembros y
elaborar un plan cuya grado de ejecución no tiene consecuencias para las
instituciones ejecutoras. Respecto al rol del CONCYTEC, en su Capítulo II la Ley
Marco establece que el CONCYTEC tiene el rol de Rector del SINACYT:
Artículo 9.- Organismo rector del sistema
El CONCYTEC es el organismo rector del Sistema, encargado de
dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del
Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica.
Su presidente dirige el SINACYT y es el responsable de la política
nacional de CTel.
Artículo 10.- Régimen legal
144

El CONCYTEC es un organismo público descentralizado adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros, tiene personería jurídica de
derecho público interno y autonomía científica, administrativa,
económica y financiera. Constituye un pliego presupuestal.
Sin embargo, las funciones que se le asignan no permiten que el CONCYTEC
tenga un rol de organismo rector:
Artículo 11.- Funciones
Son funciones del CONCYTEC:
a) Normar, dirigir, orientar, coordinar y articular el SINACYT, así como
el proceso de planeamiento, programación, seguimiento y
evaluación de las actividades de CTel.
b) Formular la política y planes nacionales de desarrollo científico y
tecnológico, articulando las propuestas sectoriales, regionales e
institucionales de CTel, con los planes de desarrollo
socioeconómico, ambientales y culturales del país.
c) Promover la descentralización y adaptación de las actividades de
CTel en el ámbito regional y local.
d) Coordinar con los sectores y entidades del Estado y sector privado,
sus planes estratégicos sectoriales y planes operativos
institucionales, a fin de articularlos con el Plan Nacional de CTel y
de lograr la interconexión progresiva de sus sistemas de
información en una red nacional de información científica e
interconexión telemática.
e) Promover y desarrollar mecanismos de protección de los derechos
de propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos
conexos en coordinación con los organismos competentes.
f) Promover y desarrollar mecanismos de protección del conocimiento
tradicional y fomentar el rescate, utilización y difusión de las
tecnologías tradicionales en coordinación con los organismos
competentes.
g) Brindar asesoría a las instancias del Gobierno y a los poderes del
Estado en materia de CTel.
145

h) Promover la articulación de la investigación científica y tecnológica,
y la producción del conocimiento con los diversos agentes
económicos y sociales, para el mejoramiento de la calidad de vida y
el impulso de la productividad y competitividad del país.
i) Implementar mecanismos de coordinación, intercambio y
concertación entre las instituciones integrantes del SINACYT, así
como con el empresariado, universidades, embajadas y otras
entidades del país y del exterior.
j) Aprobar los programas nacionales y compatibilizar los programas
regionales y especiales de CTel.
k) Desarrollar y ejecutar programas especiales de CTel orientados a la
formación, perfeccionamiento, retención y colaboración de
científicos y tecnólogos, así como para el apoyo a la investigación
universitaria y para la promoción de proyectos de innovación,
transferencia, difusión, intercambio y divulgación de la CTel.
l) Coordinar con las entidades competentes la recopilación,
sistematización y control de calidad de la información e indicadores
de CTel, los procedimientos de normalización, calificación y registro
de entidades de CTel, concursos de méritos, premios, licitaciones,
contratos y convenios de CTel.
m) Diseñar y proponer a las instancias correspondientes las normas y
estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley,
así como la reglamentación y directivas para la implementación de
esquema promocional y el régimen de incentivos.
n) Elaborar los informes periódicos sobre el estado de situación
general de la CTel y sobre el avance, de la ejecución presupuestal
respectiva; así como los informes de evaluación sobre el
desempeño de las entidades integrantes del Sistema.
o) Proponer la asignación de recursos disponibles y el régimen de
incentivos en CTel, de acuerdo a ley.
p) Diseñar las políticas sobre transferencia de tecnología; así como los
mecanismos de cooperación con otros países y organismos
internacionales en materia de CTel.
146

q) Calificar a las instituciones e investigadores que conforman el
SINACYT de acuerdo a lo que establezca el reglamento de la
presente Ley.
r) Emitir opinión sobre proyectos normativos o institucionales
vinculados con la CTel.
s) Promover el estudio del conocimiento y las tecnologías
tradicionales.
t) Promover el establecimiento y desarrollo de una red nacional de
información científica e interconexión telemática, para un manejo
ágil, oportuno y eficiente de la estadística científico-tecnológica que
permita la obtención de la información necesaria para el
planeamiento, operación y promoción de CTel.
u) Otras establecidas por ley.
Como puede verse, la Ley Marco Nº 28303 le da al CONCYTEC el rol de Rector
del SINACYT, pero sus funciones son de un organismo que propone pero no
define las políticas de sus miembros, la mayoría de los cuales está adscrita a
diferentes ministerios.
El Consejo Directivo del CONCYTEC está conformado por miembros
representativos de los las actividades de ciencia, tecnología e innovación:
Artículo 12.- Consejo Directivo
El Consejo Directivo está integrado por trece (13) miembros
designados por decreto supremo por un período de cinco (5) años.
Está constituido en la forma siguiente:
- El Presidente del CONCYTEC, que lo preside.
- Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
- El Presidente del Directorio del FONDECYT.
- Un representante elegido entre los directores o autoridades de
mayor jerarquía de las entidades estatales que forman parte del
SINACYT.
- Un representante de los Gobiernos Regionales.
- Un representante del INDECOPI.
147

- Cuatro representantes del sector empresarial, de los cuales, al
menos uno representará a las PYMES.
- Dos representantes de las universidades integrantes del SINACYT,
uno de las universidades públicas y uno de las universidades
privadas.
- Un representante de las Academias Nacionales de CTel.
Las condiciones para presidente del CONCYTEC no garantizan el nombramiento
de alguien que conozca el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación en
todos sus aspectos:
Artículo 13.- Presidencia
El Presidente del CONCYTEC es designado por decreto supremo entre
una terna propuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros, para
un período de cinco (5) años.
Para ser designado Presidente se requiere:
a) Ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
b) Tener un mínimo de veinte (20) años de reconocida trayectoria
científica y/o tecnológica validada con publicaciones especializadas.
c) Tener el más alto grado académico otorgado en el país, en su
especialidad.
d) Tener experiencia en gestión en ciencia y tecnología.
El término publicaciones especializadas, sin señalar en revistas indizadas,
minimiza su importancia. La condición del más alto grado académico otorgado en
el país en su especialidad es dar preferencia a las carreras que no tienen mayor
desarrollo. Los recursos del CONCYTEC y su relación con la cooperación
internacional son similares a los que tienen todas las instituciones de ciencia y
tecnología:
Artículo 14.- Recursos
Son recursos del CONCYTEC:
a) Los montos que le asigne el Presupuesto de la República.
b) Los recursos provenientes de la cooperación internacional.
148

c) Las donaciones y legados de personas naturales y jurídicas.
d) Los recursos directamente recaudados.
e) Otros que se establezcan.
Artículo 15.- Cooperación internacional
El CONCYTEC en coordinación con el Ministerio de Economía y
Finanzas y con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
formulará un Programa de Cooperación Técnica y Financiera
Internacional para CTel, el mismo que será parte de los programas de
inversión pública y de financiamiento externo.
Para financiar las actividades de CTI, se crea el Fondo Nacional de Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT):
Artículo 16.- Creación
Créase el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación Tecnológica (FONDECYT) adscrito al CONCYTEC, con
personería jurídica de derecho público interno, con patrimonio propio,
con autonomía administrativa y financiera. Está encargado de captar,
gestionar, administrar y canalizar recursos, de fuente nacional y
extranjera, destinados a las actividades del SINACYT en el país. El
FONDECYT desarrolla sus actividades dentro del marco de las
prioridades, criterios y lineamientos de política establecidos en el Plan
Nacional de CTel y los que apruebe el CONCYTEC. Los recursos del
FONDECYT son intangibles.
El Directorio del FONDECYT está compuesto representantes de instituciones y
empresas, pero no por representantes de los investigadores de las instituciones,
los que mejor conocen la naturaleza del trabajo de CTI y sus necesidades:
Artículo 17.- Directorio
El FONDECYT es administrado por un Directorio de siete (7) miembros
designados por decreto supremo, cuyas funciones son ejercidas ad
honórem. Está integrado por: Un miembro del Consejo Directivo
149

Nacional del CONCYTEC, quien lo preside; un representante de
COFIDE; un representante de la Asociación de Bancos del Perú; un
representante de las universidades integrantes del SINACYT; un
representante de los institutos de investigación integrantes del
SINACYT; un representante de las empresas privadas integrantes del
SINACYT y un representante de los Gobiernos Regionales.
El FONDECYT tiene funciones de otorgar financiamiento previa calificación de
viabilidad económico-financiera de los proyectos que cumplan con los fines del
CONCYTEC:
Artículo 18.- Funciones
Para el cumplimiento de sus fines, el FONDECYT tiene las siguientes
funciones:
a) Calificar la viabilidad económico-financiera de los proyectos de
CTel.
b) Intervenir en el financiamiento de los programas y proyectos
regionales de CTel.
c) Suscribir convenios sobre estudios y proyectos de investigación e
innovación tecnológica con regiones y universidades.
d) Disponer fondos para el financiamiento de proyectos de ciencias
básicas.
e) Administrar los programas de financiamiento de CTI.
f) Coordinar con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
para la obtención de fuentes de financiamiento de la cooperación
técnica internacional.
g) Suscribir los contratos de financiamiento de los proyectos
seleccionados, los Contratos de Incentivos en CTel y cualquier otro
instrumento legal necesario para el cumplimiento de sus fines.
h) Otorgar donaciones, subsidios y financiar becas.
i) Conceder financiamientos directos e indirectos (fianzas, garantías y
avales).
j) Contratar la realización de estudios, proyectos e investigaciones.
k) Contraer obligaciones de créditos directos e indirectos.
150

l) Emitir y colocar toda clase de obligaciones.
m) Administrar fondos cuyo destino sea compatible con los fines del
CONCYTEC.
n) Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.
o) Ejecutar las actividades, actos y contratos que sean requeridos para
el cumplimiento de sus fines.
p) Otras establecidas por ley.
Asimismo, el FONDECYT podrá encargar la administración de sus
fondos a COFIDE o a otra institución financiera con participación
mayoritaria del Estado.
Los recursos del FONDECYT pueden ser provenir tanto del sector privado como
del Estado:
Artículo 19.- Recursos
Están constituidos por:
a) Los Fondos que le transfiera el CONCYTEC, con cargo a su
Presupuesto, de acuerdo a sus prioridades.
b) Las donaciones, legados, fondos de cooperación internacional y
otras contribuciones y recursos financieros, de personas naturales y
jurídicas, nacionales o extranjeras, de acuerdo a ley.
c) Los fondos que se obtengan por endeudamiento externo e interno.
d) Las transferencias y los fondos en administración, de las entidades
públicas y privadas.
e) Los ingresos propios recaudados por la venta de publicaciones y
regalías provenientes de los derechos de propiedad intelectual,
propiedad industrial y sus derechos conexos.
La Ley Marco Nº 28303 dota al CONCYTEC de un Consejo Consultivo Nacional
de Investigación y Desarrollo para la Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica:
Artículo 20.- Definición
151

El Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica es un órgano de
consulta del SINACYT, conformado por las máximas autoridades de las
instituciones estatales dedicadas a la investigación, innovación
tecnológica y promoción de la CTel, convocados para fines específicos
y con participación ad honórem. Tiene como finalidad promover la
acción concertada y la complementariedad entre los programas y
proyectos de las instituciones integrantes del SINACYT.
Los recursos requeridos para el funcionamiento del Consejo Consultivo
Nacional de Investigación y Desarrollo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica, serán atendidos con cargo al Presupuesto
Institucional del CONCYTEC.
Artículo 21.- Secretaría Técnica
Encárguese al CONCYTEC la Secretaría Técnica del CONID, la misma
que tendrá la responsabilidad de convocar, asistir, difundir y coordinar
la ejecución de sus acuerdos, recomendaciones y propuestas.
La Ley Marco toma en cuenta la representatividad a las instancias regionales,
universidades y los conocimientos originarios:
Artículo 22.- Representación
Los Gobiernos Regionales están representados en el Consejo Directivo
del CONCYTEC y en el Directorio del FONDECYT. Las instancias de
los Gobiernos Regionales que ejecutan actividades de CTel podrán
convocar a las universidades, organizaciones y empresas de su
jurisdicción para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 23.- De la utilización de los conocimientos originarios
El Estado, a través de las universidades y en coordinación con las
comunidades campesinas y nativas, promueve la investigación y
utilización de los conocimientos originarios para la innovación
tecnológica y científica, preservando y respetando los conocimientos
tradicionales y folclóricos de dichas comunidades.
152

La Ley Marco otorga al CONCYTEC la responsabilidad de establecer una red
nacional de información e interconexión telemática:
Artículo 24.- Red nacional de información
El CONCYTEC promueve el establecimiento y desarrollo de la red
nacional de información científica e interconexión telemática, para un
manejo ágil, oportuno y eficiente de la estadística científico-tecnológica
y para la obtención de la información necesaria para el planeamiento,
la investigación y la promoción de CTel. La red promoverá la difusión
sistemática de los conocimientos académicos, técnicos e industriales
disponibles, así como, la interacción entre los distintos integrantes del
SINACYT, facilitando su acceso a fuentes de información nacionales y
extranjeras. Su operación está a cargo de la correspondiente unidad
especializada del CONCYTEC.
Asimismo, le da la responsabilidad de las establecer las políticas y los planes de
CTI, aunque no le otorga los mecanismos para los haga cumplir:
Artículo 25.- Lineamientos
La política y el Plan Nacional de CTel fijan los alcances de la acción del
Estado en este ámbito y se establecen en concordancia con las
políticas de Estado y las suscritas en los espacios de concertación u
otros que se convoquen para garantizar la consolidación democrática y
la gobernabilidad.
Artículo 26.- Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación
Tecnológica
El Plan Nacional de CTel es el instrumento de propuesta y ejecución de
la política nacional de CTel, forma parte de las políticas de Estado y
responde a una visión geoestratégica del corto, mediano y largo plazo.
Tiene como base para su elaboración el establecimiento de líneas
estratégicas, la fijación de prioridades y el diseño y la articulación e
153

implementación de programas nacionales, regionales y especiales
propuestos por los sectores y entidades que conforman el SINACYT.
El Plan Nacional establece directivas y políticas vinculantes para el
sector público y orientadoras para el sector privado. Su elaboración
está a cargo del CONCYTEC y su aprobación se formaliza mediante
decreto supremo.
La Ley marco abre posibilidades para el financiamiento e incentivos para la CTI:
Artículo 27.- Financiamiento de CTel
Comprende los recursos financieros destinados a fomentar y hacer
posible la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el país,
teniendo en cuenta los criterios de eficiencia y equidad para su
distribución y utilización.
Artículo 28.- Asignaciones regionales
Los Gobiernos Regionales podrán considerar en sus respectivos
presupuestos anuales una asignación para el financiamiento de
proyectos de investigación científica y de innovación tecnológica en su
jurisdicción, de acuerdo a la normatividad vigente.
Artículo 29.- Régimen de incentivos
El Régimen de Incentivos de CTel articula los mecanismos
promocionales, a fin de racionalizarlos y adecuarlos a las prioridades y
disponibilidades del país, potenciando su impacto y resultados, en
particular, en la interacción comunidad científica-empresa.
Artículo 30.- Contrato de Incentivos
El Contrato de Incentivos para la Promoción y el Desarrollo de la CTel,
es el instrumento a través del cual se formaliza el otorgamiento de
incentivos y beneficios que la ley establece para las empresas,
instituciones, organizaciones e investigadores que ejecuten actividades
154

o proyectos de CTel o de su transferencia y difusión, provenientes de
fuente nacional o extranjera.
El contrato será suscrito por el FONDECYT.
Artículo 31.- Incentivos para la creación de parques tecnológicos. El
Estado a nivel nacional, a través del CONCYTEC, en colaboración con
los Gobiernos Regionales, las universidades, las empresas privadas,
fomenta la creación de Parques Tecnológicos.
Finalmente, se da disposiciones complementarias, transitorias y finales, para que
la Ley Marco pueda entrar en vigencia:
PRIMERA.- El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley dentro de
los ciento veinte (120) días naturales contados a partir de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano. Con tal fin se elaborará el
respectivo anteproyecto, el que será pre publicado dentro de los
noventa (90) días naturales siguientes a la promulgación de la presente
Ley.
SEGUNDA.- El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa (90) días
naturales siguientes e improrrogables a la aprobación de la presente
Ley, remite al Congreso de la República las iniciativas legislativas
sobre:
- Ley de adecuación del CONCYTEC, y
- Ley de incentivos, promoción de la inversión, exoneraciones y
régimen tributario especial para las actividades de CTel.
TERCERA.- En tanto se dé la ley a que se refiere la Segunda
Disposición Transitoria, seguirá vigente el actual CONCYTEC, tal como
está normado en el Decreto Legislativo Nº 112. En lo que corresponda,
adecuará su funcionamiento a lo establecido en la presente Ley.
155

CUARTA.- Las diversas entidades públicas vinculadas al desarrollo de
la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, adecuarán su
funcionamiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Los gastos que demande esta adecuación, se atenderán únicamente
con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades
involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
QUINTA.- El incremento del presupuesto destinado a la investigación
científica y al desarrollo experimental, de conformidad con lo
establecido en el artículo 27 de la presente Ley, se realizará gradual y
progresivamente.
SEXTA.- El CONCYTEC, en un plazo no mayor de ciento ochenta
(180) días naturales, elaborará el primer Proyecto Piloto de Parques
Tecnológicos.
SÉTIMA.- El Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación Tecnológica que se crea en el Capítulo III, del Título III de
esta Ley, entrará en vigencia a partir del ejercicio presupuestal del año
2005.
OCTAVA.- Forman parte de la presente Ley, los siguientes anexos:
Anexo 1 - Glosario de Términos.
Anexo 2 - Entidades Integrantes del Sistema.
NOVENA.- Deróganse o modifícanse, según sea el caso, las
disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.
La Ley Marco se aprueba el 23 de julio del 2004.
Según la Ley Marco, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (SINACYT), compuesto por los siguientes organismos:
156

- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial
(CONIDA);
- Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS),
- Instituto Antártico Peruano (INANPE);
- Instituto Geográfico Nacional (IGN);
- Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP);
- Instituto del Mar del Perú (IMARPE);
- Instituto Geofísico del Perú (IGP);
- Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET);
- Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (INABEC);
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);
- Instituto Nacional de Investigación y Capacitaciones de
Telecomunicaciones (INICTEL);
- Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA);
- Instituto Nacional de Salud (INS);
- Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN);
- Instituto Tecnológico Pesquero (ITP);
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI);
- Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); y
- Las Universidades que cuenten con Centros e Institutos de
Investigación que califiquen.
2.9.2.2 Ley 28613 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC)
El 17 de octubre del 2005 se aprueba la Ley Nº 28613 del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). “Esta Ley determina
y regula los fines, funciones y organización del CONCYTEC, organismo rector del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT),
adecuándolos a la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica,
Ley Nº 28303”.
157

Esta Ley define al CONCYTEC “como un organismo público descentralizado
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de
derecho público interno y autonomía científica, administrativa, económica y
financiera. Constituye un pliego presupuestal”.
Los fines del CONCYTEC son normativos, supervisores y promotores, pero no
ejecutores. No tiene ninguna función que la supervisión tenga consecuencias
prácticas, como cambiar la forma en la que funciona hasta ahora el SINACYT:
Artículo 4.- Fines del CONCYTEC
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar,
supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica y promover e impulsar su
desarrollo mediante la acción concertada y la complementariedad entre
los programas y proyectos de las instituciones públicas, académicas,
empresariales, organizaciones sociales y personas integrantes del
SINACYT.
Artículo 5.- Funciones del CONCYTEC
El CONCYTEC, además de las funciones establecidas en los artículos
11 y 31 de la Ley Marco, cumple la de promover, orientar y coordinar,
en forma desconcentrada y descentralizada, la producción científicotecnológica
y la prestación y aprovisionamiento de bienes y servicios
de CTel del SINACYT, así como de realizar la acción concertada y la
complementariedad entre los programas y proyectos del Sistema.
Artículo 6.- Competencias y rol de las entidades que integran el
SINACYT en la Promoción y Desarrollo de la CTel. La promoción y
desarrollo de la CTel es responsabilidad que asume el Estado a través
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(SINACYT), bajo la dirección y coordinación del CONCYTEC. El
SINACYT articula funcionalmente a las instituciones públicas
especializadas que lo integran, actuando en forma conjunta y
158

concertada con otras personas naturales y jurídicas vinculadas a
dichas actividades, en todo el país. Con tal finalidad, las referidas
entidades actuarán concurrentemente dentro de un esquema
promocional que comprende:
a) La adecuación de sus planes, programas y proyectos a los
principios fundamentales y los objetivos nacionales de la CTel,
definidos en los artículos 4 y 5 de la Ley Marco.
b) La planificación participativa y concertada en el desarrollo de la
CTel vinculada estrechamente a la educación, la creatividad y a la
actividad productiva y social del país.
c) La coordinación y la consolidación del SINACYT, como soporte de
la colaboración entre el Estado, las universidades, la comunidad
científica, el sector empresarial y el sector social.
d) El establecimiento y desarrollo de la Red Nacional de Información
Científica e Interconexión Telemática y del registro de ciencia,
tecnología e innovación tecnológica.
e) El óptimo aprovechamiento de los incentivos, exoneraciones y
tributación especial que el Estado destine para actividades de CTel.
f) La eficiente captación, canalización y aplicación de los recursos
financieros del FONDECYT y de la cooperación internacional
destinados a CTel.
g) La protección efectiva de la propiedad intelectual, propiedad
industrial y sus derechos conexos, de los inventos y otros aportes
nacionales, para lo cual el INDECOPI coordinará con las instancias
correspondientes.
h) La gestión directa de programas de CTel, prestación de servicios y
asistencia técnica de alta calidad, a través de los organismos
especializados del Estado, con el concurso del sector privado.
i) La formulación e implantación de sistemas de seguimiento y
evaluación, así como de calificación, acreditación y registro, con
procedimientos de estándares de validez internacional, a los que
estarán sujetos todos los programas, proyectos y actividades,
entidades, funcionarios e investigadores del SINACYT.
159

j) La aplicación y evaluación de los mecanismos de promoción del
desarrollo de la CTel y de estímulo al fortalecimiento del SINACYT,
en particular lo que concierne al desarrollo de la calidad de la
producción científica y de la producción tecnológica, del desarrollo
de la masa crítica de científicos y tecnólogos, la actualización de
equipos e infraestructura, la especialización y descentralización de
actividades de CTel y de la institucionalidad del sistema.
Esta Ley define la estructura orgánica del CONCYTEC, el que está dirigido por un
Consejo Directivo:
Artículo 7.- Estructura orgánica
La estructura orgánica del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica será establecida en el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF).
Artículo 8.- Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el órgano de dirección del CONCYTEC y de
coordinación de las acciones de las entidades integrantes del
SINACYT.
Está conformado por trece (13) miembros designados por resolución
suprema, dos de los cuales serán necesariamente representantes de
las universidades públicas y privadas.
Todos los miembros del Consejo Directivo deberán ser profesionales
de alta calificación, especializados en las materias propias o vinculadas
a la CTel. La vacante producida en el Consejo Directivo del
CONCYTEC por la elección del Presidente del Directorio del
FONDECYT, en aplicación del artículo 17 de la Ley Marco, será
cubierta por otro representante de la entidad de origen del elegido.
El Consejo Directivo, entre otras funciones, aprueba las propuestas de políticas
de CTI ante la PCM:
160

Artículo 9.- Funciones del Consejo Directivo
Son funciones del Consejo Directivo:
a) Aprobar las propuestas de políticas de ciencia, tecnología e
innovación tecnológica y elevarlas a la PCM para su formalización.
b) Aprobar la propuesta de planes nacionales de desarrollo de CTel
articulando las propuestas sectoriales, regionales e
interinstitucionales y elevarla a la PCM para su formalización.
c) Aprobar las propuestas de asignación de recursos disponibles y del
régimen de incentivos en CTel.
d) Aprobar los programas nacionales y compatibilizarlos con los
programas regionales y especiales de CTel.
e) Promover las relaciones interinstitucionales del CONCYTEC con las
entidades públicas y privadas, organizaciones sociales,
comunidades campesinas y nativas y personas naturales que
realizan actividades del CTel.
f) Aprobar y proponer a las instancias correspondientes las normas y
estrategias para el cumplimiento de las disposiciones y los objetivos
de la normatividad vinculada a la CTel.
g) Aprobar la memoria anual de la gestión institucional.
h) Aprobar el Reglamento de Calificación y Acreditación de las
instituciones, investigadores, académicos, consultores y promotores
que conforman el SINACYT.
i) Aprobar su Reglamento Interno.
j) Otras que se establezcan conforme a ley.
El presidente del CONCYTEC es el responsable de la política nacional de CTI,
pero no se le otorga los mecanismos para hacerla cumplir:
Artículo 10.- Presidente del CONCYTEC
El Presidente del CONCYTEC dirige el SINACYT y es el responsable
de la política nacional de CTel. Es la más alta autoridad del
CONCYTEC; ejerce la representación legal de la institución y es el
161

titular del pliego presupuestal. El Presidente puede delegar las
facultades y atribuciones que no sean privativas de su cargo.
Artículo 11.- Ámbito de las relaciones interinstitucionales
El CONCYTEC mantiene relaciones con todas las entidades públicas y
privadas, organizaciones sociales, comunidades campesinas y nativas
y personas naturales que realizan actividades de CTel. A tal efecto está
facultado para:
a) Convocar a todas las instituciones y personas naturales que
realizan o proyectan realizar actividades de CTel en el país, para
obtener su incorporación como integrantes del Sistema.
b) Concertar políticas, actividades, programas y proyectos de CTel con
instituciones públicas y privadas.
c) Auspiciar las actividades de ciencia, tecnología e innovación
tecnológica en forma desconcentrada y descentralizada, a escala
nacional, regional y local.
d) Difundir los fines, principios fundamentales y objetivos nacionales
señalados en la Ley Marco; los resultados y avances de los planes,
programas y proyectos de CTel; y, los incentivos, servicios y otros
beneficios del Sistema.
e) Promover y concertar con las instituciones del sector privado la
realización conjunta de programas y proyectos de innovación
tecnológica.
f) Coordinar con las instituciones y personas naturales integrantes del
Sistema la articulación de las acciones, recursos y personal
especializado para lograr la consolidación del Sistema por acción
sinérgica de sus integrantes.
g) Apoyar a la innovación tecnológica del sector productivo, mediante
disposiciones reglamentarias en las que se explicite que de los
recursos transferidos por CONCYTEC al FONDECYT, serán
prioritarios los proyectos de innovación productiva y, dentro de
estos últimos, los proyectos con participación empresarial.
h) Ofrecer servicios de asesoría y consultoría técnica en CTel a los
poderes públicos y a los integran del Sistema.
162

i) Estimular las actividades de investigación básica, investigación
aplicada y de innovación tecnológica; y, establecer incentivos para
la participación de los investigadores en actividades de
transferencia tecnológica, en todas las regiones del país.
j) Otorgar respaldo institucional y patrocinio a los investigadores,
innovadores e inventores, en particular, a los jóvenes y talentos.
k) Promover e impulsar programas y proyectos de innovación
tecnológica y de fortalecimiento de las capacidades técnicas
empresariales de los CITE y las MYPE, en coordinación con el
Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo.
l) Toda otra acción compatible con sus fines, dirigida al desarrollo de
la CTel y a la consolidación del SINACYT.
Los recursos del CONCYTEC pueden provenir de diversas fuentes:
Artículo 12.- Recursos del CONCYTEC
Son recursos del CONCYTEC:
a) Los créditos presupuestarios aprobados para el pliego en las leyes
anuales del presupuesto.
b) Los recursos provenientes de la cooperación internacional.
c) Las donaciones y legados de personas naturales y jurídicas.
d) Los recursos directamente recaudados por la prestación de
servicios, la venta de publicaciones y otros ingresos por rentas de
su propiedad.
e) Los recursos por operaciones oficiales de crédito interno y externo
que se obtenga de acuerdo con las normas legales vigentes.
f) Los intereses que devenguen sus recursos.
g) Otros que se establezcan a su favor.
Artículo 13.- Donaciones y legados
Las donaciones y legados que efectúen las personas naturales o
jurídicas a favor del CONCYTEC serán deducibles como gasto, de
acuerdo a la legislación vigente sobre la materia.
163

La importación o la transferencia de bienes a título gratuito a favor del
CONCYTEC se acogerán a las disposiciones promocionales vigentes
sobre la materia.
Los regímenes laborales del personal del CONCYTEC son los mismos que para
el de los ministerios:
Artículo 14.- Personal
Los regímenes laboral y remunerativo del personal del CONCYTEC se
mantendrán vigentes hasta la aprobación de las normas a que se
refiere la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 28175 y Ley
Marco del Empleo Público, respectivamente.
Se le otorga autonomía financiera al FONDECYT:
Artículo 15.- Modificación del artículo 16 de la Ley Marco
Modifícase el artículo 16 de la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica, Nº 28303, cuyo texto tendrá la redacción
siguiente:
Artículo 16.- Creación
Créase el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y de Innovación
Tecnológica (FONDECYT), como una unidad de ejecución
presupuestal del CONCYTEC, con patrimonio propio y autonomía
administrativa y financiera. Está encargado de captar, gestionar,
administrar y canalizar recursos de fuente nacional y extranjera,
destinados a las actividades del SINACYT en el país.
El FONDECYT desarrolla sus actividades dentro del marco de las
prioridades, criterios y lineamientos de política establecidos en el Plan
Nacional de CTel y los que apruebe el CONCYTEC. Sus recursos son
intangibles. La creación del FONDECYT no afectará la existencia de
otros fondos públicos orientados a promover la CTel.
164

Artículo 16.- Recursos del FONDECYT
Los recursos del FONDECYT se aplican exclusivamente al
cumplimiento de sus fines y funciones. No menos del sesenta por
ciento (60%) de los recursos que les transfiere el CONCYTEC con
cargo al presupuesto que le asigna el Tesoro Público, serán destinados
a proyectos de innovación tecnológica y, al menos la mitad de estos
últimos, a proyectos con participación empresarial. Con la finalidad de
obtener los recursos destinados al cumplimiento de sus fines, el
FONDECYT queda autorizado a suscribir convenios de gestión.
Artículo 17.- Administración de los Fondos del FONDECYT
El FONDECYT podrá encargar la administración de sus fondos a
COFIDE, a otra institución con participación mayoritaria del Estado o a
un organismo internacional debidamente acreditado para ello.
El CONCYTEC prestará el soporte técnico y administrativo que
requiera el FONDECYT para el cumplimiento de sus funciones.
Se da disposiciones para que el CONCYTEC pueda obtener información de las
instituciones relacionadas con su actividad, así como para que se elabore el
reglamento que permita que la Ley entre en vigencia:
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERA.- El CONCYTEC está facultado para requerir a las entidades
estatales que realizan actividades en CTel y a otros organismos y
dependencias del sector público, información sobre sus actividades en
la materia, siempre que no se encuentre comprendida en las
excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, a que se refiere la Ley de la materia, Nº 27806. Podrá,
también, solicitarla a personas naturales y jurídicas, nacionales y
extranjeras. La información obtenida no podrá ser publicada ni
165

difundida sin autorización expresa del autor, investigador o institución y,
en su caso, del titular del derecho.
SEGUNDA.- Autorízase al CONCYTEC para que, dentro de los
noventa (90) días naturales contados a partir de la publicación de la
presente ley, proceda a formular su Reglamento de Organización y
Funciones, a efectuar la reestructuración organizativa institucional y a
elaborar su cuadro de asignación de personal adecuando los niveles de
cargos y remuneraciones de su personal profesional, técnico y
administrativo, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales
sobre la materia.
TERCERA.- El incremento gradual y progresivo del presupuesto
destinado a la investigación científica y al desarrollo experimental a que
se refiere la Quinta de las Disposiciones Complementarias, Transitorias
y Finales de la Ley Marco, se iniciará a partir del ejercicio presupuestal
del año 2006 con la asignación complementaria a favor del
CONCYTEC del treinta y cinco por ciento (35%), adicional al
presupuesto inicial modificado del año 2005. Los incrementos del
presupuesto global e institucional de CTel, a partir del año 2006,
deberán sustentarse en los objetivos y metas para el corto y mediano
plazo consignados en el Plan Estratégico del CONCYTEC.
CUARTA.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)
cambia su denominación por la de Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica y conserva sus siglas:
CONCYTEC.
QUINTA.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que por decreto supremo
apruebe el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Marco de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica, considerando lo dispuesto en la
presente Ley.
166

SEXTA.- Deróganse el Decreto Legislativo Nº 112 y su modificatoria, la
Ley Nº 27690; así como toda otra disposición que se oponga a la
presente Ley.
Esta Ley se aprueba el 23 de setiembre del 2005. El 11 de octubre del 2005, el
CONCYTEC es adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica
(FONDECYT) es adscrito al CONCYTEC. (Congreso de la República del Perú
2005). Sin embargo, sin una política en ciencia y tecnología, el 26 de octubre del
2005, la PCM decide, por Decreto 082-2005-PCM, que el CONCYTEC regrese al
sector Educación y se rija por la Ley 28303 (Presidencia del Consejo de Ministros
del Perú 2005).
2.9.2.3 Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el
Desarrollo Humano 2006-2021
El 17 de enero del 2006, Decreto Supremo Nº 001-2006-ED, de se aprueba el
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el
Desarrollo Humano 2006-2021 (Ministerio de Educación 2006). Se trata del primer
Plan Nacional (PNCTI) de largo plazo en CTI del Perú con proyección al 2021 que
tiene “un explícito respaldo formal del Estado, al reconocer la Ley Nº 28303 (Art.
2) a la CTI como un asunto de necesidad pública y de preferente interés
nacional”. Se ve en ello “un desafío excepcionalmente importante para la
construcción de redes institucionales que coordinen eficientemente sus
actividades para atender necesidades en los niveles local, regional y nacional, así
como desarrollar convenientes vínculos de cooperación internacional”.
En el Plan “se da prioridad a los ámbitos estratégicos de la CTI en los que el Perú
puede lograr un liderazgo basado en sus ventajas comparativas: biotecnologías,
genómica, ciencias de materiales, ciencias del ambiente, tecnologías de
información y comunicación y tecnologías limpias para PYMES. El Plan privilegia
el fortalecimiento de las capacidades humanas, al promover que sean
potenciadas y aprovechadas dotándolas del indispensable soporte material en
infraestructura, información y equipamiento”. Se le da la naturaleza de “un
167

documento abierto y en constante construcción en el marco legal nacional e
internacional vigente en el Perú, e incluye acciones comunes con otros países.”
Además, trata de ser “transversal a los ámbitos social, económico, político,
cultural y ambiental y, en esa condición, se vincula con el proceso de planificación
nacional y regional, a cargo del CEPLAN y de los Gobiernos Regionales”.
Para su elaboración se tomó el marco político dado por el Acuerdo Nacional, la
Ley Marco de CTI, el proceso de Descentralización, el Plan Nacional de
Competitividad y los Planes de los Gobiernos Regionales. Ha sido elaborado con
criterio participativo y descentralizador. Las áreas prioritarias se instrumentan
“mediante Programas de CTI con criterios de competitividad y mejora de la
calidad de vida de la población”.
Para el PNCTI se toma en cuenta los cuatro objetivos a largo plazo del Acuerdo
Nacional: Democracia y Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social,
Competitividad del País y Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.
Además la Vigésima Política de Estado se estructura sobre un objetivo y cuatro
lineamientos de política referidos al desarrollo de la CTI.
De acuerdo a la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica, el PNCTI se aplica en el ámbito institucional público nacional,
regional y local. En el sector privado tiene carácter referencial.
Se señala que:
“En el año 2002, el Perú invirtió US$ 58.1 millones en I+D, distribuidos
de la siguiente forma: las universidades públicas el 46.7%, las
instituciones públicas no universitarias el 30.2%, las ONGs y los
centros privados de formación técnica el 12.4% y las empresas el
10.7% del total. Estimados al 2005 indican que la inversión nacional en
I+D se habría elevado a US$ 64.6 millones, donde la participación de
las universidades se habría incrementado a 48.5% y la de las
instituciones públicas no universitarias se habría reducido a 28%;
mientras que las empresas, ONGs y centros privados no habrían tenido
variación porcentual significativa”.
168

Por otro lado, se informa que:
“El año 2005, los 18 institutos públicos sectoriales de investigación
integrantes del SINACYT, sólo han orientado a I+D el 17.5% de sus
presupuestos, habiendo destinado el 25.2% a gastos administrativos y
el 53.3% a servicios científicos y tecnológicos”.
En cuanto al potencial humano, se estima que son:
“Un número no mayor de mil, los investigadores peruanos activos y
calificados internacionalmente, con títulos de doctor, en todos los
campos de la CyT, tanto en el país como en el extranjero. Un 40% de
estos investigadores trabaja fuera del país y muchos de ellos lideran
investigaciones en países más desarrollados”.
En cuanto al sistema universitario se señala que:
“En las universidades peruanas se ofrecen 541 programas de maestría
y 55 de doctorado, de las cuales el 32.34% y 16.36%, respectivamente,
corresponden a especialidades de ciencia y tecnología. De estos
postgrados, son muy pocos los que tienen calidad académica
internacionalmente competitiva. Muestra de ello es que sólo un 10% de
sus estudiantes logra sustentar una tesis de grado. Por otro lado, sólo
existe un programa universitario que forma especialistas en gestión de
la CTI”.
En cuanto a infraestructura y equipamiento:
En el año 2002, el Perú disponía de 1232 laboratorios, 384 bibliotecas,
41 plantas piloto y 100 estaciones o campos experimentales para las
actividades científico-tecnológicas en universidades e institutos
superiores. Con algunas importantes excepciones, la mayoría de ellos
no cuenta con instalaciones completas (aire comprimido, alta tensión,
169

generación de vacío, gas, nitrógeno líquido, etc.) para la
experimentación y pruebas que les son propias.
El equipamiento de laboratorios tiene una importancia fundamental
para el desarrollo de la investigación científica, la formación de
especialistas y la prestación de servicios de CTI, y debe ser
permanentemente actualizado al ritmo del avance tecnológico. Los
estudios de consultoría del Programa Perú -BID en diez áreas
temáticas prioritarias de CTI reflejan la desactualización del
equipamiento el cual es, por lo demás, generalmente costoso.
En cuanto a los servicios de certificación de calidad y metrología en las empresas
y organismos del Estado se reconoce que son:
“En algunos casos, insuficientes para la implementación de estándares
internacionales, fundamentales para una economía orientada hacia la
exportación. Así, por ejemplo, mientras que SENASA ha implementado
laboratorios de punta para el control de calidad sanitaria en algunas de
sus actividades hay otros organismos mal equipados para el
cumplimiento de sus servicios de control y certificación de calidad”.
En cuanto a la inversión en se reconoce que:
“De 1999 al 2002, la inversión en I+D de las empresas ha sido de sólo
el 0.02% de sus ventas brutas, representando en conjunto el 10% de la
inversión nacional en I+D17. En general, en la empresa peruana no se
trabaja en programas de I+D, sino que esta actividad se gestiona de
manera informal y empírica asimilando y adaptando la tecnología
gracias a la habilidad de sus profesionales, con muy poco aporte de
I+D”.
Para el CONCYTEC,
170

“El problema central de la ciencia y la tecnología en el Perú consiste en
que sus actividades no han logrado aun articularse como un sistema de
apoyo al desarrollo y a la competitividad de las empresas nacionales.
Ello se debe en gran medida a la ausencia de un Plan Nacional de
Desarrollo que identifique las demandas de la sociedad y la economía
peruanas y, en consecuencia, explicite los retos actuales y futuros para
la ciencia y la tecnología. Los limitados logros alcanzados hasta hoy en
los diversos campos de actividad de la ciencia y tecnología están
desarticulados entre sí, han sido obtenidos pese al escaso respaldo
económico y político del Estado y sólo se orientan parcialmente a la
satisfacción de demandas explícitas del desarrollo”.
Los aspectos identificados que determinan esta situación, han sido reunidos en
cuatro grupos:
Grupo 1: Aspectos relacionados con la innovación tecnológica y la
competitividad en las empresas.
Aunque se reconoce a la innovación como un factor indispensable para
una competitividad empresarial sostenida, ésta no se produce en la
medida exigida por los mercados nacional e internacional, con lo que el
componente de exportaciones de mediana y alta tecnología es
reducido. Se han identificado las siguientes causas:
• En la estructura productiva nacional no se han dado condiciones
favorables (financieras, normativas, institucionales y tributarias) para la
incorporación de innovaciones.
• No son muchos los empresarios que conciben la innovación como
parte de su cartera de actividades.
• El mercado de servicios científico tecnológicos no es adecuadamente
cubierto por la oferta interna, dando lugar a costos innecesarios para la
economía nacional.
• Poca inversión en laboratorios acreditados de metrología y certificación
de calidad.
171

• Insuficientes y poco accesibles incentivos para la inversión privada en
CTI.
• Escasos mecanismos de transferencia de tecnologías hacia las
PYMES.
• Desarticulación con el sistema internacional de producción integrada
para captar inversión extranjera directa a favor de la CTI.
• Las decisiones de inversión en CTI en las grandes y medianas
empresas locales pertenecientes a grupos internacionales, se toman
fuera del país.
• Escasa asociatividad de las empresas entre sí y con las universidades
e institutos de investigación.
• Débil institucionalidad intermediaria para la creación de empresas de
base tecnológica.
Grupo 2: Aspectos relacionados con la investigación científica y
tecnológica
La producción científica y tecnológica es dispersa e insuficiente para
responder a los retos del desarrollo nacional, lo que conduce a una alta
dependencia respecto de la ciencia y tecnología producida en otros
países. Se han identificado las siguientes causas:
• Los institutos estatales de I+D tienen muy limitada capacidad para
generar y transferir tecnologías a los sectores de la producción y los
servicios.
• Las universidades tienen limitada capacidad para realizar
investigaciones y prestar servicios para atender las demandas de los
sectores sociales y productivos.
• La infraestructura y el equipamiento para I+D en los institutos estatales
y las universidades es insuficiente y presenta un serio retraso
tecnológico.
• Escasos mecanismos de promoción, condiciones laborales e incentivos
dirigidos a los investigadores científicos y tecnólogos.
172

• Poca vinculación entre los investigadores de una misma universidad y
entre éstos y los de otras universidades o centros de investigación del
país.
• Limitada promoción y uso de los mecanismos de protección de la
propiedad intelectual y del conocimiento tradicional de las comunidades
campesinas y nativas.
Grupo 3: Aspectos relacionados con las capacidades humanas en CTI
Las capacidades humanas en CTI son insuficientes y dispersas y, con
notables excepciones, no han logrado vincularse con las necesidades
del desarrollo integral; habiéndose identificado las siguientes causas:
• Deterioro de la calidad de la formación universitaria en CTI en las
últimas décadas, en particular en las especialidades en las que deben
primar los estudios experimentales y de campo, relacionados con la
solución de los problemas prioritarios del país.
• Muchos de los programas de postgrado son deficientes y no cumplen
con los estándares internacionales para la formación de investigadores
y docentes universitarios en ciencia y tecnología, altamente calificados.
• La formación de técnicos calificados no satisface las demandas de los
sectores productivos y sociales del país.
• Insuficientes mecanismos financieros que faciliten la formación
especializada y capacitación en CTI en los niveles universitario y
técnico.
• Escasas oportunidades, condiciones laborales e incentivos a los
investigadores, científicos y tecnólogos, para desarrollar sus
actividades en el país, generando subempleo y emigración a países
más desarrollados.
• Deficiente infraestructura y equipamiento para la investigación; en
algunos casos, con un retraso tecnológico notable.
• No existen suficientes programas de formación temprana de
vocaciones en ciencia y tecnología.
173

• Escaso número de profesionales calificados para la gestión de las
actividades de investigación e innovación.
Grupo 4: Aspectos relacionados con la institucionalidad de la CTI
La institucionalidad nacional de la CTI se ha debilitado y desarticulado
seriamente en las últimas décadas y, en la actualidad, no opera como
un sistema, debido a las siguientes causas:
• Las instituciones públicas de CTI están adscritas a los sectores en que
se organiza el Estado sin una visión integradora, y débilmente
articuladas entre sí, con los sectores académico y empresarial y con las
redes internacionales de CTI.
• Débil apoyo político a la CTI, que se manifiesta en insuficientes
políticas e instrumentos de política que la vinculen al planeamiento
estratégico del desarrollo nacional.
• Legislación insuficiente para estimular las actividades y las inversiones
en CTI.
• La gestión de la CTI se desenvuelve en un marco de limitaciones
normativas e institucionales que dificultan su continuidad,
direccionalidad y eficacia.
• Aunque los programas de investigación se refieren generalmente a
importantes temas regionales, las capacidades y actividades de la CTI
están concentradas en Lima y sólo parcialmente insertadas en el
proceso de descentralización conducido por el Estado.
• Baja inversión pública y privada en CTI y escasos mecanismos para su
financiamiento.
• Débil participación en las redes y programas internacionales de
cooperación en CTI.
• El avance mundial y nacional de la CTI no es suficientemente difundido
a la sociedad, para su conocimiento y apropiación.
El problema del PNCTI es que no define prioridades:
174

“El PNCTI se ejecutará sobre la base de los siguientes principios
rectores: Enfoque de demanda y desarrollo humano; Vinculación
Academia – Empresa; Ventajas comparativas y liderazgo;
Sostenibilidad ambiental”.
Los criterios para definir las prioridades son:
Criterio 1: Impacto económico, social y ambiental
Criterio 2: Ventajas comparativas
Criterio 3: Condiciones institucionales favorables
Criterio 4: Importancia estratégica del sector.
Siguiendo esos criterios se hace la priorización siguiente:
Sectores productivos prioritarios
1. Agropecuario y agroindustrial: fibras naturales (pelo fino de
camélidos y algodón), frutas, hortalizas, metabolitos de plantas y
microorganismos para usos medicinales e industriales (enzimas,
fermentaciones, nutracéuticos, etc.), mejoramiento genético con
biotecnologías, producción orgánica, sanidad vegetal y animal,
recuperación de suelos.
2. Pesca y acuicultura marina y continental: Parámetros poblacionales
de especies de valor comercial, acuicultura (genética, reproducción,
nutrición y sanidad), desarrollo tecnológico para transformación de
recursos pesqueros.
3. Minería y metalurgia: minerales no metálicos, nanomateriales,
recuperación de metales a partir de relaves y escorias antiguas,
metalurgia extractiva de metales estratégicos, desarrollo de
tecnología avanzada de fundición y refinación, materiales
compuestos.
175

4. Forestal: Semillas de especies nativas, fisiología y sanidad de
especies comerciales, manejo de bosques.
5. Energía: tecnologías de gas natural, biocombustibles (biodiesel,
alcoholes, dendrotermia), hidroenergía, eficiencia energética.
6. Telecomunicaciones: software de comunicaciones orientadas a
servicios avanzados (trabajo cooperativo, telesalud, teleeducación,
gobierno electrónico, seguridad ciudadana, etc.), equipos
electrónicos para aplicaciones sectoriales, TIC para gestión
productiva.
7. Turismo: investigaciones histórico-arqueológicas, turismo ecológico
y cultural
Sectores sociales y ambientales
1. Salud: enfermedades transmisibles (tropicales y endémicas),
medicina tradicional, alimentación y nutrición, salud materno-infantil,
salud ocupacional y mental.
2. Educación: teleeducación, software educativo, software para
población analfabeta, no hispano hablante o discapacitada,
tecnología de instrumentos de enseñanza
3. Ambiente: agua, prevención de desastres (deslizamiento de tierras,
sequías, inundaciones, sismos, El Niño), cambio climático,
tecnologías limpias, tecnologías para mitigar los impactos
ambientales de las actividades minera, petrolera, industrial y
urbana.
4. Vivienda y saneamiento: Materiales y tecnologías de construcción
antisísmica apropiados a la realidad regional para vivienda de
176

clases populares y medias, gestión eficiente del agua y los
desechos.
Áreas del conocimiento para atender las demandas de los sectores prioritarios
1. Ciencias de la vida y biotecnologías
2. Ciencia y Tecnología de Materiales
3. Tecnologías de la Información y Comunicación
4. Ciencias y tecnologías ambientales
5. Ciencias Básicas y Ciencias Sociales.
Para el CONCYTEC, la visión de la CTI al 2021 es
“El Perú ha logrado desarrollar un sistema de ciencia, tecnología e
innovación fuerte y consolidado, con una eficiente articulación de las
actividades en CTI, con sólidos vínculos entre la empresa, la academia,
el Estado y la sociedad civil, lo que permite satisfacer la demanda
tecnológica y consolidar un liderazgo mundial en bienes y servicios
innovadores de alto valor agregado, estratégicos para su desarrollo.
Esto ha contribuido en forma decisiva a la construcción de una
economía basada en el conocimiento y una sociedad próspera,
democrática, justa y sostenible”.
El objetivo general al 2021 es:
“Asegurar la articulación y concertación entre los actores del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, enfocando sus
esfuerzos para atender las demandas tecnológicas en áreas
estratégicas prioritarias, con la finalidad de elevar el valor agregado y la
competitividad, mejorar la calidad de vida de la población y contribuir
con el manejo responsable del medio ambiente”.
Las metas generales de largo plazo son:
177

Situar al Perú en el tercio superior del ranking mundial del Índice
Tecnológico -IT del Foro Económico Mundial. Incrementar el número de
empresas innovadoras a nivel nacional a una tasa promedio no menor
a 10% anual. Incrementar la participación de las exportaciones de
bienes y servicios de alta y media tecnología en las exportaciones
totales a 10% en el año 2015 y a 15% en el año 2021. Incrementar la
inversión nacional en I+D a por lo menos el 0,5% del PBI en el año
2015 y a 0,7% en el año 2021. Incrementar el número de alianzas
estratégicas entre centros de investigación y empresas, llegando a
triplicar dicho número al año 2015 y a quintuplicarlo en el 2021.
Incrementar el número de profesionales con posgrado que se
desempeñan en el país en las áreas prioritarias de CTI, llegando a
triplicar dicho número en el año 2015 y a quintuplicarlo en el 2021.
Incrementar el número de artículos científicos anuales en revistas
indexadas, por cada 100 000 habitantes, hasta 3,8 en el año 2015 y a
5,2 en el año 2021. Incrementar el coeficiente de invención nacional a
1,00 por cada 100,000 habitantes en el año 2 015 y a 1,5 por cada 100
000 habitantes en el 2021.
En cuanto a los objetivos y estrategias se tiene:
Objetivo específico 1
Promover el desarrollo y la transferencia de innovaciones tecnológicas
en las empresas elevando la competitividad productiva y el valor
agregado con criterio de sostenibilidad económica y ambiental
Estrategia 1.1:
Promover la valoración empresarial de la relación entre innovación,
ciencia y tecnología como fuente de competitividad sostenible en las
empresas.
Estrategia 1.2:
178

Promover una política nacional de transferencia y adaptación de
tecnología dirigida a aumentar la competitividad de las empresas y a
generar capacidades nacionales de consultoría e ingeniería.
Estrategia 1.3
Poner al alcance de las empresas nacionales la oferta nacional e
internacional disponible de tecnologías útiles para resolver sus
problemas específicos
Estrategia 1.4:
Promover y potenciar la innovación de procesos, de productos y de
gestión en las empresas para incrementar su competitividad.
Estrategia 1.5
Promover mecanismos institucionales para la transferencia y
adaptación tecnológica, y la innovación para la competitividad
empresarial.
Estrategia 1.6
Promover mecanismos institucionales para el mejoramiento de la
calidad de los productos y servicios de las empresas nacionales.
Estrategia 1.7
Promover la asociatividad para facilitar la innovación.
Estrategia 1.8
Promover el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual para
fomentar la innovación en las empresas.
Objetivo específico 2
Impulsar la investigación científica y tecnológica orientada a la solución
de problemas y satisfacción de demandas en las áreas estratégicas
prioritarias del país.
179

Estrategia 2.1
Promover la programación consensuada y continua de la investigación
científica y tecnológica.
Estrategia 2.2
Promover la investigación básica orientada a potenciar las áreas
estratégicas prioritarias.
Estrategia 2.3
Promover e impulsar la investigación aplicada y la transferencia de sus
resultados, para la competitividad empresarial, el desarrollo social y la
sostenibilidad ambiental.
Estrategia 2.4
Promover incentivos y mecanismos para la mejora de la calidad de la
investigación científica y tecnológica realizada en el país.
Estrategia 2.5
Promover e impulsar la investigación orientada al rescate y valorización
del conocimiento tradicional.
Estrategia 2.6
Promover y fortalecer mecanismos asociativos para mejorar la
producción científica y tecnológica.
Estrategia 2.7
Promover y apoyar la iniciación científica en el pre-grado.
Objetivo específico 3
Mejorar, cuantitativa y cualitativamente, las capacidades humanas en
CTI, con énfasis en una formación de excelencia en el postgrado y en
el ámbito técnico especializado.
180

Estrategia 3.1
Fomentar la excelencia en la formación de graduados universitarios en
profesiones vinculadas con la CTI.
Estrategia 3.2
Fomentar la excelencia en la formación de profesionales a nivel de
postgrado, en áreas relevantes de la CTI, incluida la gestión
tecnológica.
Estrategia 3.3
Fomentar la excelencia en la formación de egresados de institutos
técnicos superiores en áreas relevantes de la CTI.
Estrategia 3.4
Promover el fortalecimiento de la enseñanza de ciencia y tecnología en
la educación básica, promoviendo una cultura de creatividad y
emprendimiento.
Objetivo específico 4
Fortalecer, dinamizar y articular sinérgicamente la institucionalidad de
la ciencia, la tecnología y la innovación, en el marco del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico.
Estrategia 4.1
Fomentar la creación y el fortalecimiento de mecanismos eficientes y
sostenibles de concertación, articulación, información y
descentralización de la CTI.
Estrategia 4.2
Promover el incremento de la inversión nacional en actividades de CTI,
con énfasis en I+D, con participación del Estado, la empresa privada,
las universidades y la cooperación internacional.
181

Estrategia 4.3
Promover la valoración social y política de la CTI, como elemento
central de la competitividad y el desarrollo humano.
Estrategia 4.4
Promover la cooperación internacional a favor de las actividades de
CTI para captar conocimiento, información, apoyo técnico y financiero,
orientada hacia las áreas prioritarias del país.
Los recursos financieros para llevar a cabo en PNCTI provienen del tesoro público
(Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales), de los recursos de las instituciones
privadas o públicas involucradas, del Programa de CyT Perú-BID y de los
recursos provenientes de la cooperación internacional.
Para evaluar la ejecución del PNCTI el CONCYTEC,
“Como ente rector del SINACYT, establecerá un mecanismo de
seguimiento y evaluación del PNCTI en coordinación con el Centro de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Los indicadores actualizados de
CTI, así como los datos de otras fuentes (como los de la Encuesta
Nacional de CTI, que realiza el CONCYTEC), proveerán la información
indispensable para activar el mecanismo de seguimiento y evaluación
del PNCTI. El CONCYTEC establecerá un mecanismo de coordinación
con el SINACYT para la revisión y actualización permanente del
PNCTI, sobre la base del análisis prospectivo y a de la vigilancia
tecnológica”.
Se definen los programas iniciales de CTI siguientes:
Sectoriales
Programa de Agricultura y Agroindustria Alimentaria
Programa de Plantas Medicinales, Nutracéuticas y Afines
Programa Forestal Maderable
182

Programa de Zoocría y Manejo de Fauna Silvestre
Programa de Camélidos Sudamericanos
Programa de Acuicultura
Programa de Pesca
Programa de Educación
Programa de Salud
Programa de Minería
Programa de Transporte
Programa de Turismo
Transversales
Programa de Investigación Básica
Programa de Valorización de la Biodiversidad
Programa de Biotecnología
Programa de Ciencia y Tecnología de Materiales
Programa de Ciencia y Tecnología Ambiental
Programa de Ciencia y Tecnología de Recursos Hídricos
Programa de Tecnologías de la Información y Comunicación
Programa de Ciencia y Tecnología de la Energía
2. Programas Regionales de CTI
Los Programas Regionales de CTI deben fortalecer la capacidad
innovadora de cada región para desarrollar una especialización
productiva, para mejorar la competitividad en el mercado y para
superar los problemas sociales y ambientales críticos expresados en
los planes regionales de desarrollo, en armonía con las líneas de
acción del presente Plan. Los Programas Regionales deben articularse
con los Programas Nacionales (sectoriales y transversales) y con los
Programas Especiales (de soporte), con el fin de aprovechar
eficientemente todas las capacidades científicas, tecnológicas e
innovadoras del conjunto del país. Los programas regionales se
agruparán progresivamente en programas macro-regionales, que
integren de manera eficaz las cadenas productivas con las que están
relacionadas.
183

3. Programas Especiales de Soporte de CTI
Programa de Formación de Científicos y Tecnólogos, a nivel de
postgrado.
Programa de Fortalecimiento y Actualización Técnica.
Programa de Fortalecimiento Institucional del SINACYT
Programa de Fondos e Instrumentos Financieros.
Programa de Cooperación Técnica Internacional para CTI.
Programa de Información especializada en CTI.
Programa de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica.
Programa de Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad.
Programa de Transferencia y Extensión Tecnológica.
Programa de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
Programas que serán puestos en marcha en el 2006
Algunos de los programas nacionales (sectoriales y transversales)
vienen siendo elaborados por los organismos involucrados, con la
coordinación del CONCYTEC y quedarán concluidos en el primer
semestre del 2006:
Sectoriales:
Programa de Agricultura y Agroindustria Alimentaria
Programa de Plantas Medicinales, Nutracéuticas y Afines
Programa Forestal Maderable
Programa de Zoocría y Manejo de Fauna Silvestre
Programa de Camélidos Sudamericanos
Programa de Acuicultura
Transversales:
Programa de Valorización de la Biodiversidad
Programa de Biotecnología
Programa de Ciencia y Tecnología de Materiales
Programa de Tecnologías de la Información y Comunicación
Programa de Ciencia y Tecnología de Recursos Hídricos.
184

En cuanto a los programas regionales:
“La formulación de los programas regionales de CTI será de
responsabilidad de los Gobiernos Regionales. El CONCYTEC dará el
soporte técnico para que cada Región establezca sus prioridades de
CTI que respondan a su especialización productiva, en concordancia
con su plan regional de desarrollo y las prioridades y líneas de acción
del presente Plan”.
2.9.3 Las políticas en ciencia y tecnología 2006 - 2011
A unos días de empezar un nuevo Gobierno, el 19 de agosto del 2006, se decreta
la “fusión por absorción” del INICTEL y la Universidad Nacional de Ingeniería, por
el cual las funciones del INICTEL en materia de capacitación, de formación
profesional, especialización de estudios, proyectos e investigación son
transferidas y absorbidas por la Universidad Nacional de Ingeniería (Ministerio de
Transportes y Comunicaciones del Perú 2006). Así un miembro del SINACYT es
absorbido por otro. El 14 de mayo del 2008, mediante el Decreto Legislativo 1013,
se crea el Ministerio del Ambiente (MINAM), al que se adscribe el SENAMHI, el
IGP y el IIAP, los que, por otro lado, se seguirán rigiendo por sus normas de
creación y otras complementarias. No ha cambiado el grado de desarticulación. El
MINAM crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), el que
incorpora por fusión a la Intendencia de Áreas Protegidas del INRENA.
En el marco de una nueva política ambiental, varios institutos son adscritos al
MINAM. Sin embargo, los institutos siguen rigiéndose por sus normas de
creación, lo que significa que siguen con administraciones desarticuladas entre sí.
En suma, sólo se les ha cambiado de ministerio sin facilitar su articulación. El
2007, el Congreso de la República aprueba la Ley 29158 (Congreso de la
República 2007) la que establece nueva clasificación de los organismos públicos
descentralizados. Según esta Ley, los organismos públicos están adscritos a un
ministerio y son de dos tipos: organismos públicos ejecutores y organismos
públicos especializados.
185

Los organismos públicos ejecutores están sujetos a los lineamientos técnicos del
sector del que dependen; y la formulación de sus objetivos y estrategias es
coordinada con éstos. Están dirigidos por un jefe, cuyo cargo es de confianza. Por
excepción podrán contar con un consejo directivo, cuando atiendan asuntos de
carácter multisectorial. En estos casos, su consejo directivo está integrado por los
ministros o los representantes de los sectores correspondientes.
Los organismos públicos especializados tienen independencia para ejercer sus
funciones con arreglo a su ley de creación. Están adscritos a un ministerio y son
de dos tipos: 1) organismos reguladores y 2) organismos técnicos especializados.
Los órganos reguladores están adscritos a la Presidencia del Consejo de
Ministros. Están dirigidos por un consejo directivo. Sus miembros son designados
mediante concurso público. Los organismos técnicos especializados están
dirigidos por un consejo directivo. Se sujetan a los lineamientos del sector
correspondiente con quien coordinan sus objetivos y estrategias.
Los organismos públicos se sujetan a la supervisión y fiscalización de su sector
para verificar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, mediante los
instrumentos previstos en las normas de la materia. Todo organismo público debe
contar con un plan estratégico institucional. Como vemos, los organismos públicos
especializados tienen un consejo directivo e independencia para ejercer sus
funciones; mientras que los organismos públicos ejecutores están sujetos a los
lineamientos técnicos del sector del que dependen.
Luego, según Decreto Supremo 034-2008-PCM, del 5 de mayo del 2008
(Presidencia del Consejo de Ministros del Perú 2008), el CONCYTEC fue
clasificado como organismo público ejecutor del Ministerio de Educación. Esta
decisión provocó un comunicado del CONCYTEC, en la que su presidente
Augusto Mellado declara lo siguiente:
Hace dos semanas, el CONCYTEC, ente rector de la CTI del país, ha
sido clasificado como organismo público ejecutor. Se le debió clasificar
como organismo público técnico especializado, de acuerdo con la Ley
186

Orgánica del Poder Ejecutivo. Desde hace más de una década vivimos
ya en una sociedad y economía del conocimiento, y es función del
Estado proporcionar las condiciones para que en el país la generación
del conocimiento se constituya en una actividad prioritaria que
proporcionará estabilidad a la economía en beneficio de nuestra
sociedad y de los más pobres del Perú.
En la actualidad se menciona con frecuencia el tema de la innovación.
Y aún se recomienda que se instaure en el país un Sistema Nacional
de Innovación. La experiencia ya ganada de los países de la OECD en
su inserción en la sociedad del conocimiento, ha demostrado que ya no
es posible ni ventajoso separar la educación, de la CTI. Son como las
cuatro patas de una mesa, en que ninguna de ellas tiene la primacía. Y
es que han aprendido que la innovación de hoy resulta producto de la
ciencia y tecnología del ayer. Por ejemplo, los adelantos científicos y
tecnológicos de los vuelos espaciales se convierten en las
innovaciones de nuestro hogar y oficina de hoy. Vivimos un momento
histórico donde el conocimiento es poder.
Hoy vemos con sana envidia cómo los países más desarrollados
invierten por igual en educación (básica y superior), en ciencia, en
tecnología y en innovación, y construyen sus Sistemas Nacionales de
Conocimiento, privilegiando la generación endógena de conocimiento,
para que llegue gradualmente a la sociedad y al mercado, en forma de
productos y servicios innovadores. Por encima de los rankings de
competitividad, creo que las nuevas generaciones de peruanos nos
reclamarán lo que debimos hacer hoy para darles un país mucho más
insertado en la sociedad del conocimiento con mayor equidad, justicia,
inclusión y menos pobreza. Este es el momento de actuar”. (Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología 2009).
Como órganos públicos ejecutores también fueron clasificados la CONIDA, el
IAAP, el IGP, el IGN, el INIA, el INS, el IPEN, el ITP, el SENAHMI y el SENASA.
Como órganos públicos especializados fueron clasificados el IMARPE, el
187

INGEMMET, el INDECOPI, y el INRENA. El hecho que el IMARPE, el INGEMMET
y el INRENA hayan sido calificados como órganos técnicos especializados, dada
la naturaleza de sus funciones, muestra que el Estado presta mayor importancia a
los recursos naturales. En particular, el INGEMMET se dedica principalmente a
proporcionar información geológica a las empresas mineras. La clasificación del
INDECOPI como órgano especializado refleja la voluntad de fortalecer la PI que,
como hemos dicho, favorece a los países con un gran número de patentes, que
no es el caso del Perú.
El INIA, a pesar de haber sido clasificado como organismo público ejecutor, en su
portal internet, aparece como un organismo público descentralizado (OPD) del
Ministerio de Agricultura, con personería jurídica de derecho público interna, de
naturaleza técnica y científica, encargado de la planificación, gestión y ejecución
de la investigación y extensión agraria, conservación y aprovechamiento de los
recursos genéticos en concordancia con los objetivos de desarrollo rural y
desarrollo socioeconómico del agro propuestos por el Estado. Tiene autonomía
técnica, administrativa, económica y financiera, constituye un pliego presupuestal
y tiene duración indefinida. El presidente del CONCYTEC es uno de seis
miembros del Consejo Directivo presidido por el Viceministro de Agricultura
(Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agroindustrial 2005).
El IMARPE, según su Reglamento de Organización y Funciones (Instituto del Mar
del Perú 2001), es una OPD del sector pesquero, que funciona con autonomía
científica, técnica, económica y administrativa. Actúa en concordancia con los
objetivos, planes y lineamientos de política del sector pesquero. El IMARPE no
ejerce funciones de fiscalización, inspección o control, siendo su labor
estrictamente científica y técnica. El Consejo Directivo del IMARPE está
conformado por el presidente (que tiene que ser un oficial Almirante de Guerra del
Perú, en situación de retiro), el Director Ejecutivo, un representante de la
Universidad Peruana, un representante de la Dirección de Hidrografía y
Navegación de la Marina del Perú (DHNM), tres científicos y/o profesionales con
la especialidad afín a la actividad del IMARPE. Nótese que en el Consejo
Directivo del IMARPE está presente la Marina de Guerra del Perú y ausente el
CONCYTEC.
188

El INGEMMET, según su Reglamento de Organización y Funciones (Ministerio de
Energía y Minas del Perú 2001), es una Institución Pública Descentralizada del
Sector Energía y Minas, con personería jurídica de derecho público interno y
autonomía, técnica, económica y administrativa, cuya misión es obtener,
conservar y difundir la información geológica y fomentar la investigación minera y
metalúrgica. El Consejo Directivo del INGEMMET está conformado por 6
miembros designados por el Ministerio de Energía y Minas.
El Consejo Directivo del IGP está constituido por el Presidente del IGP que lo
preside; un representante del Consejo Nacional de Investigación; un
representante de la Universidad Peruana; un representante de Sector Defensa; un
representante del Sector Transporte; Comunicación, Vivienda y Construcción; un
representante del Sector Energía y Minas; un representante del Sector Educación;
y, el Director Técnico del IGPÁG.
Según el Reglamento de Organización y Funciones, la Comisión Nacional de
Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) es un organismo de Derecho
Público Interno con autonomía técnico-administrativa que tiene fines pacíficos y
cuya máxima autoridad es el Jefe Institucional. Posee el estatus de agencia
espacial del Perú y la calificación de Organismo Público Ejecutor. Está sujeto a
los mecanismos de control constitucional en el ejercicio de sus funciones y
competencias. Su duración es indefinida (Comisión Nacional de Investigación y
Desarrollo Aeroespacial 2009). La CONIDA está adscrita al Ministerio de
Defensa. La CONIDA, con el mencionado reglamento, es una de las primeras
instituciones que está aplicando la Ley 29158 “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”
del 20 de diciembre del 2007 y el Decreto Supremo 034-2008-PCM del 6 de mayo
del 2008. Es su calidad Organismo Público Ejecutor no tiene Consejo Directivo.
Como puede verse, los institutos de investigación del Estado y el CONCYTEC no
forman un real sistema. Los institutos, en realidad, conforman un conjunto
desarticulado de instituciones sin una cabeza que pudiera ejecutar una política
nacional coherente de CTI. Los institutos permanecen separados entre sí, como
organismos públicos de cada uno de sus respectivos sectores, de los cuales
189

dependen orgánicamente y los que defienden sus respectivos presupuestos ante
el Congreso de la República Peruana.
En el Decreto Supremo 027-2007-PCM, del 25 de marzo del 2007, se define y
establece las “Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades
del Gobierno Nacional” (Presidencia del Consejo de Ministros, 2007). En ese
decreto, en “materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad”
se decreta:
Artículo 1º.- Definición de Políticas Nacionales
Se entiende por Política Nacional toda norma que con ese nombre
emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente Rector, con el propósito
de definir objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de
política pública así como los estándares nacionales de cumplimiento y
provisión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada
prestación de servicios y el normal desarrollo de las actividades
privadas.
Artículo 2º.- De las Políticas Nacionales
Además del cumplimiento de sus políticas y acciones sectoriales,
constituyen políticas nacionales de obligatorio para todos y cada uno
de los Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional, las
siguientes:
En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad
a) Estimular dentro de cada institución del Gobierno Nacional y
promover en la sociedad la difusión de actividades de investigación
básica, investigación aplicada y e innovación tecnológica,
estableciendo incentivos para la participación de investigadores en
actividades de transferencia en todas las regiones del país.
b) Promover actividades de ciencia, tecnología e innovación
tecnológica en forma desconcentrada y descentralizada, a escala
nacional, regional y local, concertando con instituciones privadas la
190

ealización conjunto de programas y proyectos de innovación
tecnológica.
c) Aplicar políticas sectoriales para la incorporación de tecnologías
básicas de riego, cocinas mejoradas, supresión de humos e
instalación alejada de letrinas en los hogares, entre otras.
d) Apoyar la innovación tecnológica del sector productivo,
principalmente con proyectos con participación empresarial.
e) Otorgar respaldo institucional a los investigadores, innovadores e
inventores, en particular a los jóvenes y talentos.
f) Promover e impulsar proyectos de innovación tecnológica.
g) Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha
contra la contaminación del medio ambiente.
h) Implementar las medidas de prevención contra los riesgos y daños
ambientales que sean necesarias.
i) Promover el uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de
producción, comercialización y disposición final más limpias.
j) Proveer la información necesaria para el funcionamiento adecuado
de los mercados e implementar y adoptar las medidas necesarias
destinadas a mejorar el flujo de información, con el propósito que
las empresas identifiquen oportunidades de negocios.
k) Capacitar a través de programas a los micro y pequeños
empresarios, en materia de derechos de propiedad intelectual y
contratación con el Estado.
La supervisión del cumplimiento de estas políticas corresponde al Ministerio de
Educación.
La práctica nos muestra que el Ministerio de Educación prioriza la supervisión de
las políticas relacionadas con la educación básica, lo que en la práctica significa
que no hay organismo público que haga lo propio con las políticas nacionales de
ciencia y tecnología. El 18 de diciembre del 2007 se publica el Decreto Supremo
032-2007-ED (Ministerio de Educación, 2007) que Aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, que
forma parte integrante del ese Decreto Supremo. Entre los considerandos está:
191

Que, por Ley Nº 28303, se aprobó la Ley Marco de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica, disponiéndose en la Segunda Disposición
Complementaria, Transitoria y Final que el Poder Ejecutivo remita al
Congreso de la República un proyecto de ley de adecuación del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica -
CONCYTEC;
Que, por Ley Nº 28613, se aprobó la Ley del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC);
Que, la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la
Ley Nº 28613 se autoriza al Poder Ejecutivo para que por decreto
supremo apruebe el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Marco de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, considerando lo
dispuesto en la mencionada Ley;
Que, por Decreto Supremo Nº 082-2005-PCM, del 27 de octubre del
2005, se dispone el cambio de adscripción del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC al
Ministerio de Educación.
De esa manera, entra en vigencia la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica.
2.9.4. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica para el Desarrollo
Productivo Social y Sostenible 2009 - 2013
En el 2008, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica, coloca en su sitio internet el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica para el Desarrollo Productivo Social y Sostenible 2009 –
2013” (PNCTI 2009 – 20013) poniéndolo para el debate público. El documento
inicia con la frase:
“…el Estado debe distribuir la riqueza, pero sin detener la inversión, sin
caer en la demagogia. Hay que saber negociar con el capital porque la
nueva inversión y la tecnología, que deben ser mucho mayores,
también tienen que contribuir con el país”.
192

Se menciona que “una de sus principales prioridades es la disminución de la
pobreza, cuyo objetivo es que al 2011 no supere el 30%”, señalándose que:
“en este contexto, el presente plan busca mediante la ciencia,
tecnología e innovación tecnológica, contribuir con la reducción de la
pobreza, la generación de empleo y la inclusión social de las
poblaciones económicamente desfavorecidas en los sistemas
productivos, incrementado la productividad y competitividad, integrando
al país a la sociedad del conocimiento y economía mundial,
aprovechando los recursos y potencialidades del país, generando valor
agregado y mejorando la valoración social del conocimiento y la
tecnología como medio imprescindible para el desarrollo de la
sociedad”.
Según el documento, en el periodo 2002-2006:
“el PBI del Perú tuvo un incremento promedio de 5,9% debido en gran
medida a las exportaciones; sin embargo, en el 2007, el incremento fue
de 8,9%, debido principalmente a la demanda interna de los sectores
de construcción, manufacturas, turismo, gastronomía, educación y
salud, los que requieren mayores aportes en CTI para su
sostenibilidad”.
Además: “En el 2002, las importaciones de bienes de capital, tangibles e
intangibles, fueron de US$ 2526 millones, que representan un 4,43% del PBI;
estas inversiones han ido incrementando anualmente alcanzando en el 2007 la
cifra de US$ 7235 millones, que representa el 6,64% del PBI”.
Se hace notar que “las mejoras en materia económica, según las cifras del
Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), entre el 2004 y el 2006 la
pobreza solo disminuyó de 48,6% a 44,5%. La mayor disminución de la pobreza
se dio en el área urbana que pasó de 37,1% en el 2001 a 31,2% en el 2006, en
tanto que, en el área rural la incidencia de pobreza disminuyó ligeramente de
69,8% en el 2004 a 69,3% en el 2006”.
193

Sin embargo, se reconoce que: “La economía nacional sigue vinculada
fuertemente con el aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que su
explotación inadecuada está generando graves consecuencias en la
biodiversidad".
Además, se toma en cuenta la calidad ambiental:
“La salud humana se encuentra afectada de manera significativa en el
país debido, entre otros, a la deficiente red de abastecimiento de agua
potable, saneamiento e higiene, así como por la contaminación
atmosférica”.
2.9.4.1 Los problemas de la CTI
Entre los problemas de la CTI identificados se tiene:
Institucionalidad y gestión de la CTI Los principales problemas que se
han identificado en materia de institucionalidad y gestión de la CTI son
los siguientes:
a) El país no cuenta aún con un plan nacional de desarrollo a largo
plazo, que establezca las prioridades de desarrollo socioeconómico
sostenible. En el campo de la CTI, está en vigencia el Plan Nacional
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica para
la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006 – 2021, pero que
aún no ha derivado en programas integrales de alcance nacional y
regional en las áreas productivas, sociales y ambientales, debido
principalmente a que las autoridades, líderes nacionales y
regionales no priorizan aún el conocimiento científico y la tecnología
como uno de los principales medios para la sostenibilidad del
crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la mejora de
calidad de vida de los peruanos.
b) No existen visiones ni estrategias compartidas entre las
instituciones responsables de efectuar actividades de CTI, ni aun en
las que conforman el SINACYT.
194

c) Los estudios de investigación y proyectos, en los campos
científicos, tecnológicos y de innovación tecnológica; desarrollados
por los institutos de investigación y universidades, están
parcialmente alineados con las necesidades y demandas reales y
específicas de los sectores productivo, social, ambiental y de las
áreas fundamentales del conocimiento científico y tecnológico.
d) Los concursos de proyectos de I+D vigentes responden
parcialmente a las expectativas de los sectores productivo, social,
ambiental y de las áreas fundamentales del conocimiento científico
y tecnológico.
e) Son insuficientes las organizaciones con las tecnologías y los
recursos humanos especializados capaces de dar soporte a los
grandes proyectos de infraestructura y de desarrollo que se están
ejecutando y que están programadas para ser ejecutadas, en los
diversos sectores productivos.
f) Ni el Gobierno central ni los Gobiernos regionales y locales han
formulado todavía planes sostenibles para integrar a las
poblaciones marginales en los sistemas productivos. − Hay aun una
débil vinculación de las universidades e institutos de investigación
con la empresa.
Recursos económicos y cooperación
Los principales problemas que se han identificado en materia de recursos
económicos son los siguientes:
a) Históricamente la inversión del Estado en I+D ha sido exigua. Al
2004, el Estado invirtió cerca del 0,15% del su PBI en ciencia y
tecnología, estando muy por debajo del promedio de Latinoamérica
(0,6%); por ello, el Perú en el año 2005 ocupaba la posición 75 en la
medición internacional del Índice Tecnológico efectuada por el Foro
Económico Mundial en 117 países.
195

) Hay una mayor inversión centralizada en Lima (59,2%), lo que
indica un proceso aun primario de promoción descentralizada de las
inversiones públicas y privadas.
c) La existencia de fondos públicos para actividades de CTI
(FONDECYT, Programa CyT Perú-BID, INCAGRO, FONDEPES, la
asignación presupuestal a las universidades públicas por concepto
de canon, entre otros) es insuficiente para fomentar un verdadero
proceso de cambio tecnológico; sumado a esto, se encuentra la no
inclusión del componente de CTI en el marco macroeconómico
multianual.
d) Ausencia de políticas públicas de incentivos tributarios o de
instrumentos financieros imposibilitan una mayor intervención del
sector empresarial, de los institutos de investigación y de las
universidades en actividades de I+D; en especial en los sectores de
acuicultura, forestal maderable, metalurgia, metalmecánica y textil
confecciones.
Las principales causas que han originado y mantienen este bajo nivel de inversión
en CTI son:
• Las políticas de las grandes empresas extractivas que sólo
incorporan tecnología para optimizar sus procesos de extracción y
no para generar valor agregado.
• La legislación tributaria vigente, que no estimula la inversión de las
empresas en I+ D.
• Escasos incentivos económicos, tales como subvenciones
parciales, para que las empresas y centros de investigación
efectúen actividades de I+D e innovación tecnológica.
• Falta de homologación de laboratorios y certificadoras nacionales
con estándares internacionales.
• Limitado acceso de la pequeña empresa a la información
tecnológica que es indispensable para mejorar su competitividad.
• Limitados mecanismos de difusión de los resultados de
investigaciones financiadas con fondos públicos.
196

• La CTI no está incorporada de manera suficiente en la cultura
nacional como uno de los ejes principales que contribuyen al
desarrollo del país, siendo tratada aún de manera marginal.
• La inversión pública prioriza la satisfacción de necesidades
inmediatas en el campo social, mediante acciones de corto plazo,
en desmedro de la inversión en CTI que, por su naturaleza, ofrece
resultados relevantes tan solo a mediano y largo plazo.
Los principales problemas de CTI identificados en el campo de la cooperación
internacional son:
• En el 2006, la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR)
recibida por el Perú ascendió a 495 millones de dólares y de este
monto, únicamente 2,3 millones de dólares, equivalentes al 0,4%, se
orientó al desarrollo de la ciencia y la tecnología.
• Desconocimiento del proceso de gestión.
• Escasa e inadecuada información y difusión de oportunidades de
cooperación. − Pocos especialistas en formulación de proyectos para
fondos concursables de cooperación internacional.
• Falta de una cultura de participación.
• Inadecuada estructura organizacional universitaria.
• Insuficiente uso de la cooperación internacional en las universidades.
Capacidades humanas e infraestructura
Los principales problemas que se han identificado en materia de capacidades
humanas, que constituyen el principal capital para el desarrollo de la CTI, son:
• Un insuficiente número de investigadores, capaces de realizar
investigación básica y aplicada.
• Un limitado número de especialistas para desarrollar innovaciones,
transferir tecnologías y gestionar eficientemente proyectos de CTI en los
sectores priorizados.
• Un insuficiente número de especialistas para formular proyectos de CTI
que permitan a las empresas alcanzar niveles de competitividad
internacional.
197

• Un limitado número de profesionales para efectuar en forma eficiente
inteligencia competitiva y para identificar cambios tecnológicos y nuevos
mercados.
Los principales problemas que se han identificado en materia de infraestructura y
equipamiento son los siguientes:
• Insuficiente número de laboratorios y equipos adecuados para
realizar trabajos de investigación básica y aplicada.
• Limitado número de centros para desarrollar proyectos tecnológicos
que requiere el país.
• Los laboratorios que poseen los institutos de investigación y
universidades, salvo algunas excepciones, son obsoletos.
• En algunos laboratorios con equipamiento moderno y con personal
idóneo, se están efectuando proyectos de investigación en forma
muy limitada debido a que no cuentan con los recursos económicos.
Información
Los principales problemas que se han identificado en materia de información son
los siguientes:
• Aun cuando algunos centros de investigación están vinculados con redes
científicas internacionales, no comparten información con otros centros de
investigación similares en el país, debido a la ausencia de redes de
vinculación científica nacional.
• Los sistemas de información de las instituciones vinculadas a la CTI tienen
diferentes niveles de desarrollo y pocos son computarizados, incluso en
aquellas instituciones que conforman el SINACYT.
• No existe un sistema de información integrado, que permita el acceso a
información científica y tecnológica, tomar contacto con científicos, técnicos
y profesionales especializados, efectuar intercambio de experiencias en los
diferentes campos tecnológicos y hacer posible la interacción eficaz entre
los demandantes y ofertantes de ciencia y tecnología.
198

2.9.4.2 La visión del PNCTI al largo plazo
Se establece la visión del Perú a largo plazo:
Visión del Perú a largo plazo y los desafíos de la CTI Las políticas del
Acuerdo Nacional y de otros instrumentos de gestión estratégica
nacional, sectorial y regional, tales como el Plan Estratégico
Multianual, el Plan Nacional Exportador, el Plan Nacional de
Competitividad, son coincidentes en las siguientes aspiraciones:
a) Realizar esfuerzos significativos en materia de reducción de la
exclusión social, la desigualdad y la pobreza.
b) Lograr impactos significativos en la calidad de vida de las personas,
generando avances en materia de desarrollo humano, con énfasis
en los grupos de mayor vulnerabilidad.
c) Lograr un mayor crecimiento económico sostenido y sostenible, con
una mayor inserción en la economía global.
d) Aprovechar las potencialidades nacionales, tomando en cuenta la
necesidad de impulsar una máxima articulación territorial.
e) Lograr un liderazgo como país en aspectos económicos, culturales,
sociales, políticos y ambientales.
f) Trabajar de manera integral y con vocación descentralizadora y
participativa.
g) Articular esfuerzos nacionales e internacionales que coadyuven al
desarrollo económico y social.
Dado que la CTI a largo plazo debe ser compatible y armónica con las
aspiraciones anteriormente expresadas; sus principales desafíos son:
h) Impulsar en el país la vocación de las nuevas generaciones hacia
especialidades científicas.
i) Fortalecer en el sistema educativo la enseñanza de la ciencia, como
plataforma para la generación de cuadros profesionales de alto
199

nivel, que en el futuro sean capaces de interpretar, adoptar,
desarrollar y gestionar tecnologías de punta en los diferentes
campos científico-tecnológicos.
j) Atender la demanda tecnológica interna, generando y agregando
valor en los sectores productivos priorizados.
k) Incorporar y desarrollar tecnologías que contribuyan a la inserción
de las poblaciones más vulnerables a los sistemas productivos del
país.
El desafío que establece el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica para el Desarrollo Productivo y Social Sostenible 2009 – 2013 es
contribuir al logro de estas aspiraciones y desafíos.
2.9.4.3 Políticas de CTI
El PNCTI 2009 – 2013 plantea la política de ciencia, tecnología e innovación
tecnológica como “sustento básico para introducir una visión diferente en el
modelo productivo actual basado en la producción y exportación de materias
primas con bajo contenido tecnológico; que reconoce el derecho de los peruanos
de insertarse al sistema productivo nacional, que coadyuva al desarrollo del país,
a través de la incorporación del conocimiento y que promueve la investigación
sustentable”.
En base a estos elementos las políticas establecidas son:
a) Promueve el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e
innovación orientadas a mejorar la competitividad de las empresas,
reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población.
b) Promueve el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e
innovación a nivel macro regional, regional y local.
c) Promueve la construcción de una cultura nacional que aliente la
creatividad, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y
favorezca la socialización y apropiación de la ciencia, tecnología e
innovación con miras a ser parte de la sociedad del conocimiento
200

d) Prioriza el enfoque de demanda en la gestión de la cooperación
internacional bilateral y multilateral de la ciencia, tecnología e
innovación.
e) Incentiva la generación de sinergias entre la empresa privada, la
academia, los institutos de investigación y el Estado, para
desarrollar actividades y proyectos conjuntos de ciencia, tecnología
e innovación.
f) Impulsa la generación de pequeñas y medianas empresas de base
tecnológica.
g) Incentiva la formación de capital humano altamente calificado, en
centros de excelencia, para satisfacer las necesidades nacionales
en la gestión y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.
h) Promueve la creación, modernización y permanente actualización
de la infraestructura de investigación y desarrollo del país.
i) Promueve la corresponsabilidad pública y privada en el
financiamiento de las actividades de ciencia, tecnología e
innovación, a nivel nacional y regional.
j) Impulsa el establecimiento de un sistema nacional de información
de ciencia, tecnología e innovación, incluyente y descentralizado.
k) Refuerza los mecanismos para garantizar el derecho a la propiedad
intelectual y la defensa del conocimiento tradicional.
2.9.4.4 Visión al 2013
Tomando en consideración la visión de largo plazo, al 2013 se define:
El Perú ha establecido las bases de un sistema de ciencia, tecnología e
innovación, con capacidad para poner en marcha proyectos de CTI
prioritarios para el desarrollo productivo y social sostenible, atendiendo a la
demanda tecnológica interna, generando y agregando valor y
contribuyendo a la mejora de la competitividad y de la calidad de vida, la
reducción de la pobreza y la exclusión social.
201

2.9.4.5 Los fines del PNCTI 2009 - 2010
El Plan se establece los fines de:
a) Contribuir con la reducción de la pobreza y la mejora la calidad de
vida de la población.
b) Incluir en los sistemas productivos a las poblaciones
desfavorecidas, tanto en lo social como lo económico, mediante la
adaptación o el uso de nuevas tecnologías.
c) Integrar al país a la sociedad y a la economía del conocimiento.
d) Aprovechar sosteniblemente los recursos y las potencialidades del
país, produciendo bienes y servicios innovadores y de alto valor
agregado.
e) Mejorar la valoración social del conocimiento científico tecnológico
como factor imprescindible para el desarrollo sostenible del país.
f) Fortalecer y monitorear los sistemas nacionales de investigación
g) Fortalecer la cooperación internacional y la inserción en redes de
ciencia y tecnología.
h) Promover mecanismos para el desarrollo, conservación y estímulo
de recursos humanos en investigación.
2.9.4.6 Objetivo general
Se trata de
“Lograr que las actividades científicas, tecnológicas y de innovación
tecnológica, alineadas con los objetivos nacionales, en los ámbitos
productivo, social y ambiental, alcancen los niveles promedio
latinoamericanos de inversión y producción.”
2.9.4.7 La metas
Se establece las metas siguientes:
a) Incrementar la inversión nacional pública y privada en I+D+i, en por
lo menos 1,5% del PBI, en el año 2013.
202

) Incorporar al sistema productivo el 10% de la población económica
y socialmente excluida mediante tecnologías apropiadas en el
periodo 2009 – 2013.
c) Mejorar la producción científica y tecnológica.
2.9.4.8 Objetivos específicos y estrategias
Los objetivos específicos y las correspondientes estrategias son:
Primer objetivo
Contar con el marco legal y la institucionalidad que permitan la
implementación y ejecución de los planes, programas y proyectos de
CTI en los sectores priorizados y en especial de aquellos que
coadyuven a la reducción de la pobreza.
Estrategias:
a) Efectuar las coordinaciones con el Congreso de la República, para
establecer una base normativa coherente y sólida que haga posible
el impulso y desarrollo sostenible de la CTI.
b) Gestionar la inclusión en el marco macroeconómico multianual el
componente de CTI.
c) Diseñar e implementar la estructura organizacional y funcional de la
gestión de la CTI en el ámbito nacional, regional y local.
d) Promover una cultura que reconozca el valor social y económico de
la ciencia, la tecnología, la innovación y la calidad.
e) Facilitar la articulación con los sectores productivos
f) Desarrollar normas que faciliten la integración con los países
andinos y amazónicos para interactuar y desarrollar ciencia y
tecnología
Segundo objetivo
Formular y ejecutar programas y proyectos de CTI, y demás
instrumentos de gestión para la solución de problemas productivos,
sociales y ambientales nacionales, en especial de aquellos que
203

posibiliten la incorporación al sistema productivo competitivo a las
poblaciones social y económicamente más deprimidas.
Estrategias:
a) Formular y ejecutar programas de CTI en las áreas agropecuaria,
forestal maderable, acuicultura, pesca, TIC, textil, turismo,
artesanía, minería, metalurgia y metalmecánica, sobre la base de
líneas priorizadas, con el concurso de los actores involucrados.
b) Formular y ejecutar programas de CTI en las áreas sociales, de
medio ambiente, de seguridad ciudadana y defensa nacional, sobre
la base de líneas priorizadas, con el concurso de los actores
involucrados.
c) Diseñar e implantar instrumentos de estímulo económico y
financiero para impulsar la CTI en los sectores productivos,
sociales, ambientales.
d) Diseñar e implementar programas de incentivos (préstamos,
subvenciones, becas) para intensificar el desarrollo de la
investigación básica y aplicada, la innovación, la transferencia y
extensión tecnológica de alcance nacional y regional en las áreas
priorizadas.
e) Fortalecer los mecanismos de protección de la propiedad
intelectual.
f) Mejorar los sistemas de metrología y aseguramiento y gestión de la
calidad.
g) Establecer alianzas Estado-Universidad-Empresa.
h) Realizar un diagnóstico de necesidades de ciencia y tecnología
i) Establecer prioridades de investigación que respondan a los
objetivos de desarrollo nacional optimizando recursos
Tercer objetivo
Contar con una estructura financiera de alcance nacional y regional que
garantice la ejecución y sostenibilidad de los proyectos y actividades de
CTI.
204

Estrategias:
a) Coordinar permanentemente con el Congreso de la República y el
Ministerio de Economía y Finanzas para concertar el incremento de
la inversión pública nacional en actividades de CTI.
b) Diseñar e implementar instrumentos de financiamiento flexibles
como fondos rotatorios, fondos no reembolsables, préstamos
blandos, capital de riesgo y capital semilla para programas,
proyectos y actividades de CTI, a nivel nacional y regional.
c) Optimizar el uso de los recursos económicos disponibles para la
CTI (canon, sobre canon, fondos, presupuesto, etc.), mediante la
coordinación entre las instituciones públicas que realizan
actividades de CTI, los Gobiernos regionales y locales, y otras
fuentes de financiamiento existentes.
d) Diseñar e implementar un programa de cooperación internacional
técnica y financiera para el desarrollo de actividades de CTI.
e) Promover mecanismos de canje de deuda por investigación, ciencia
y tecnología e innovación
f) Implementar mecanismos normativos y operativos para garantizar el
financiamiento en ciencia y tecnología
Cuarto objetivo
Disponer de personal calificado en las especializaciones de ciencia,
tecnología e innovación tecnológica, en apoyo a las áreas priorizadas.
Estrategias:
a) Mejorar los planes curriculares y los sistemas de enseñanza de las
escuelas de pre y postgrado en las especialidades de las ciencias e
ingeniería, a estándares internacionales de calidad y que respondan
a las exigencias del mercado laboral.
b) Fomentar la incorporación de personal altamente calificado en las
áreas prioritarias.
205

c) Promover un ambiente laboral competitivo para investigadores y
profesionales altamente calificados.
d) Crear y reglamentar la carrera del investigador como un mecanismo
de estímulo a la producción científica.
e) Desarrollar capacidades de gestión de CTI.
f) Reforzar e incrementar las capacidades de diagnostico tecnológico,
formulación y ejecución de proyectos de innovación tecnológica en
universidades, centros de investigación y empresas.
g) Poner en marcha el Programa Nacional de Evaluación y
Acreditación de la excelencia en la Educación Superior.
h) Formar y capacitar investigadores mediante el trabajo en proyectos
relacionados con las prioridades del Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica para el Desarrollo Productivo
y Social Sostenible 2009 – 2013
i) Facilitar la contratación de personal extranjero en institutos y
universidades peruanas.
j) Favorecer la formación de redes de investigadores nacionales e
internacionales.
k) Facilitar la interacción universidades – institutos para el desarrollo
de tesis de maestría, doctorado y de post grado.
Quinto objetivo
Contar con la infraestructura y el equipamiento que se requiere para
poner en marcha los programas y proyectos de CTI.
Estrategias:
a) Fomentar la creación y funcionamiento de parques científicos y
tecnológicos.
b) Fomentar la creación de incubadoras de base tecnológica.
c) Fomentar la creación de empresas de base tecnológica.
d) Crear centros de excelencia nacional y regional para la
investigación y prestación de servicios tecnológicos especializados
en áreas prioritarias.
206

e) Mejorar infraestructura y equipamiento para la ejecución de los
proyectos de CTI de interés nacional, regional y local.
f) Desarrollar carteras de proyectos de inversión en ciencia,
tecnología e innovación.
Sexto objetivo
Disponer de sistemas y redes de información como soporte al
desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en el
país.
Estrategias:
a) Desarrollar sistemas de información y bases de datos en CTI.
b) Fomentar la creación y fortalecimiento de redes de CTI de alcance
nacional e internacional, integrando laboratorios, investigadores,
docentes, estudiantes, y empresas, en las áreas priorizadas.
c) Promover y facilitar el acceso a los sistemas de información de CTI
a los actores involucrados en la gestión de los programas
priorizados.
d) Crear centros de prospectiva y vigilancia tecnológica como soporte
a los programas de CTI priorizados.
e) Promover la utilización de los sistemas de información para la
protección de la propiedad intelectual.
f) Promover en los centros de investigación, la suscripción a bases de
información científica en línea.
g) Desarrollar instrumentos de gestión y control para el mejoramiento
de la calidad de las publicaciones científicas periódicas.
h) Fortalecer redes de Telemática.
2.9.4.9 Las áreas priorizadas
Se toma como base el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021 y nuevos
criterios de evaluación y comparación para definirse las áreas priorizadas:
207

Productivas
Agricultura, agroindustria, agro exportación y agro
energéticos
Forestal maderable y manufactura
Acuicultura y pesca
Fibras, textiles y confecciones
Minería, metalurgia y metalmecánica
Turismo y artesanía
Sociales
Educación
Salud, alimentación y nutrición
Seguridad ciudadana y defensa nacional
Ambientales
Biodiversidad
Calidad ambiental
Recursos hídricos
Energía
Recursos de tierra
Deforestación, desertificación y sequía
Atmósfera, cambio climático y desastres
Océanos y mares
Transversales del conocimiento
Biotecnología
Ciencias cognitivas
Tecnologías de información y comunicación
Nuevos materiales y nanotecnología
Ciencias básicas.
2.9.4.10 Líneas de acción priorizadas
Por áreas, las líneas de acción priorizadas son:
Áreas Productivas
208

Agricultura, Agroindustria, Agro exportación y Agro
energéticos
El área de agricultura, agroindustria, agro exportación y agro
energéticos está conformada por la actividad agrícola y la actividad
pecuaria.
En la actividad agrícola las líneas de acción son:
- Conservación y caracterización de germoplasma para el desarrollo
de variedades mejoradas en calidad y producción.
- Uso de tecnologías para el incremento de la oferta de semillas
certificadas.
- Caracterización y control integrado de las principales plagas y
enfermedades.
- Tecnificación del riego y fertilización del suelo. − Estudios de
fenología para mejorar el manejo agronómico de los cultivos. −
Mecanización de la cosecha para garantizar la calidad, volumen y
rentabilidad de la producción.
- Aplicación, desarrollo y/o adaptación de técnicas de
almacenamiento y conservación del producto para mantener la
calidad en la post cosecha.
- Desarrollo de tecnologías para el procesamiento, empaque,
embalaje y transporte de los productos a los mercados
internacionales.
- Desarrollo de sistemas computacionales para la gestión,
optimización, automatización y control de procesos extractivos y
productivos del agro.
Los productos priorizados son:
- Frutales: cítricos, uva, palta, mango, banano, chirimoya, lúcuma.
- Hortalizas: espárragos, capsicum, alcachofa, cebolla.
- Cultivos tropicales: café, cacao.
- Cultivos agroindustriales: algodón, caña de azúcar
- Cultivos andinos: papa, maíz, quinua, kiwicha.
- Menestras: fríjol, arveja, haba.
209

- Productos naturales: camu camu, yacón, sacha inchi, tara, maca.-
- Oleaginosas: Olivo
- Biocombustibles: Piñón, higuerilla.
En la actividad pecuaria las líneas de acción son:
- Uso de tecnología para el uso sostenible de pastos y del recurso
hídrico.
- Mejoramiento genético del ganado y de técnicas biotecnológicas
reproductivas.
- Tecnificación e innovación en la alimentación y nutrición ganadera
- Mejoramiento de tecnologías de manejo ganadero
- Prevención, control y erradicación de enfermedades endémicas.
- Uso de tecnología para el mejoramiento de la infraestructura
productiva.
- Innovación de productos y procesos en la post producción.
Los productos priorizados son:
- Lácteos: vacunos, ovinos, caprinos.
- Cárnicos: vacunos, ovinos, camélidos, cuy.
- Fibras: camélidos sudamericanos.
- Lanas: ovinos.
En estas líneas se dará énfasis al desarrollo de proyectos para las regiones
altoandinas por su situación de pobreza.
Área Forestal Maderable y Manufactura
En el área forestal maderable y manufactura las líneas de acción
son
- Producción de material de propagación mejorado.
- Incorporación de nuevas especies maderables de potencial
comercial.
- Desarrollo de tecnologías para la evaluación e inventario forestal
- Desarrollo de tecnologías para la conservación y utilización de
especies forestales nativas.
210

- Nutrición y fertilización forestal.
- Caracterización tecnológica de las maderas de importancia
económica.
- Desarrollo de tecnologías para la conservación y tratamiento de la
madera.
- Desarrollo de tecnologías para la segunda transformación de la
madera.
Acuicultura y Pesca
La acuicultura está conformada por la acuicultura continental y
acuicultura marina. La acuicultura continental a su vez está
conformada por la acuicultura amazónica para consumo humano,
acuicultura amazónica de especies ornamentales y acuicultura de
aguas frías.
En acuicultura amazónica para consumo humano las líneas de
acción son:
- Tecnologías para contrarrestar la escasa o nula oferta de juveniles.
- CTI para mejorar la disponibilidad de alimento adecuado para la
crianza.
- Implementación de sistemas y procesos de alimentación y nutrición.
− Tecnologías para agregar mayor valor a los productos.
Las especies priorizadas son: paiche, doncella, tigre zúngaro,
dorado, sábalo cola roja.
En acuicultura amazónica de especies ornamentales las líneas de
acción son:
- Mejoramiento del diseño y estandarización del tipo de embalaje
para cada especie.
- CTI para la aplicación de buenas prácticas de manejo.
- Producción de semillas mejoradas genéticamente.
- Optimización de la calidad de alimento y los sistemas y procesos de
alimentación.
211

- Manejo adecuado de los problemas patológicos, prevención y
control de enfermedades.
Las especies priorizadas son: Corydora, raya tigre, otocinclo,
cíclidos y discos.
En acuicultura de aguas frías las líneas de acción son:
- Optimización de la productividad en los procesos de producción de
alevinos bajo sistemas controlados.
- Desarrollo de CTI para dar mayor valor agregado.
- Desarrollo de CTI para la obtención de alimento adecuado.
- Apoyo tecnológico para el manejo de cultivo en jaulas.
- Desarrollo de protocolos de manejo y control sanitario en nuestro
medio.
- Estandarización de los procesos de producción y comercialización.
La especie priorizada es la trucha.
En acuicultura marina las líneas de acción son:
- Mejoramiento genético de semillas o juveniles provenientes de
medio controlado.
- Tecnologías para la producción controlada con diseño de
infraestructura.
- Tecnología para el desarrollo de alimentos balanceados.
- Prevención y control de enfermedades.
- Estandarización de la relación talla y peso.
- Bioconservación del cultivo con el impacto ambiental.
- Estandarización de la capacidad de carga según sistema de cultivo.
Las especies priorizadas son: Abalón, almeja, langostino, concha de abanico y
lenguado.
En pesca las líneas de acción son:
- Desarrollo, innovación y adaptación de las artes y métodos de
pesca (cultivo para el consumo humano en tanques de
212

experimentación a escala, desarrollo de la tecnología manufacturera
de paños de pesca y en diferentes formas).
- Perfeccionamiento de la tecnología electrónica e informática de
ayuda a la navegación, comunicación y pesca (mejoramiento del
sistema de percepción acústica para la detección de cardúmenes,
aplicación de la tecnología de localización satelital al universo de la
flota pesquera peruana).
- Tecnologías en diseño, construcción, mantenimiento y reparación
de embarcaciones (sistemas de cobrado y estibado de artes de
pesca, tecnología en artes de pesca ambientalmente seguras
dirigidas a obtener calidad en las capturas, desarrollo y aplicación
de la robótica submarina y sensores diversos para el monitoreo de
artes de pesca).
- Mejoramiento de los sistemas y tecnología para la instrucción de los
pescadores (aplicación de tecnología de seguridad de la vida
humana a bordo).
- Tecnologías para disminuir el descarte incidental de las capturas.
- Aplicación de las técnicas de preservación y prácticas de manipuleo
a bordo de las embarcaciones.
- Aplicación de la tecnología de conservación de peces vivos en
bodegas de las embarcaciones pesqueras.
- Tecnologías para el procesamiento de la harina y el aceite de
pescado.
- Sistemas de bombeo y descarga de pequeños pelágicos para las
actividades de consumo directo e indirecto.
- Innovación y aplicación de tecnología para el tratamiento de
efluentes provenientes principalmente de las actividades de
consumo humano directo.
- Tecnología de empaques para la conservación de pescado y
productos pesqueros.
- Tecnologías enzimáticas para el tratamiento de residuos de
pescado y otros recursos hidrobiológicos.
- Tecnologías para la prevención y control sanitario en la industria
pesquera.
213

- Caracterización física, microbiológica y tecnológica permanente de
especies pesqueras marinas y continentales.
- Aplicación de tecnologías de transformación de productos
pesqueros (anchoveta y pota, especies marinas comerciales,
especies amazónicas, elaboración de ensilados).
Fibras, Textiles y Confecciones
En el área de fibras, textiles y confecciones las líneas de acción son:
- Caracterización y mejoramiento genético de las principales fibras de
origen natural.
- Investigación y desarrollo de nuevas fibras para mejorar la
seguridad, protección, bienestar y confort humano.
- Análisis de la evolución de las tecnologías emergentes y nuevos
materiales.
- Prospección para identificar tendencias de diseño y moda (texturas,
colores y apariencias).
- Desarrollo de nuevas técnicas para la introducción y
posicionamiento de nuevos productos y marcas.
- Estudio, desarrollo o adaptación de nuevos conceptos,
metodologías y tecnologías, para optimizar y/o crear procesos de
diseño y desarrollo de mejores o nuevos productos.
- Desarrollo e innovación de hilos, tejidos y de nuevas colecciones de
mayor finura, más productivos y con mejores prestaciones.
Minería, Metalurgia y Metalmecánica
En el área de minería, metalurgia y mecánica las líneas de acción son:
- Desarrollo de tecnologías propias en base a insumos locales para la
fabricación de equipos y bienes de capital.
- Transferencia y adaptación tecnológica para los sectores
metalúrgicos y metal mecánicos con énfasis en las pequeñas y
medianas industrias.
- Recuperación de metales raros a partir de concentrados de
minerales.
- Desarrollo de tecnologías apropiadas para la pequeña minería.
214

- Tecnologías para la producción de hierro esponja.
- Evaluar e identificar el potencial económico de los minerales no
metálicos.
- Investigación y desarrollo de tecnologías para el mejor
aprovechamiento de las arcillas, roca fosfórica, calcáreas,
ornamentales, y otros minerales no metálicos de interés nacional.
- Investigación y desarrollo de tecnologías para uso del carbón
antracita como fuente de energía.
Turismo y Artesanía
En el área de turismo y artesanía las líneas de acción son:
- Investigación en técnicas de arquitectura sostenible para
establecimientos de hospedaje de zonas rurales.
- Investigación y tecnologías para la recuperación, protección, puesta
en valor y sostenibilidad de los monumentos arqueológicos del país.
- Investigación y tecnologías para la preservación, conservación,
aprovechamiento y manejo sustentable de los espacios naturales
con fines de aprovechamiento turístico.
- Adaptación de tecnologías por los prestadores turísticos en el
manejo de las aguas servidas, drenaje y desechos sólidos, fuentes
de energía alternativa y procesos inhibidores de contaminación.
- Investigación y tecnologías para forestación y reforestación de flora
nativa.
- Investigación y tecnologías para la conservación de especies
vulnerables, en especial de aves endémicas.
- Tecnologías de información aplicadas a la gestión de la actividad
turística.
- Tecnologías para la reducción de contaminantes generados por la
actividad artesanal.
- Innovación y transferencia de tecnología en diseño y
aprovechamiento de nuevos materiales para la producción
artesanal.
a) Áreas Sociales
215

Educación
En el área de educación las líneas de acción son:
- Metodologías para la medición de la calidad educativa
- Tecnologías para la mejora de la comprensión lectora
- Tecnologías para la mejora del razonamiento lógico matemático.
- Desarrollo de inteligencias múltiples
- Desarrollo de la capacidad de liderazgo y de la autoestima de los
estudiantes. Análisis de los factores culturales y comunitarios de los
estudiantes y su influencia en la formación educativa.
- Tecnologías para la diversificación curricular en los niveles básico,
superior y adulto.
- Tecnologías para la elaboración de textos y materiales educativos.
− Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la
educación.
- Tecnologías de información para supervisión educativa.
Salud, alimentación y nutrición
En el área de salud, alimentación y nutrición el Instituto Nacional de Salud ha
establecido prioridades de investigación con base en el Plan Nacional Concertado
de Salud 2007¬2011 y en coordinación con diversas instituciones, las que se
ubican en las siguientes líneas de acción:
- Generación de evidencias para la toma de decisiones en políticas
públicas de desarrollo y salud.
- Epidemiología y prevención de problemas de salud de mayor
impacto
- Desarrollo, control y calidad de las intervenciones en salud.
- Evidencias acerca de los determinantes de la salud y sus
consecuencias para la prevención.
- Discapacidad y su exclusión social. Abordaje y Condicionantes en la
población.
- Desarrollo de tecnologías sanitarias para mejorar la eficiencia y
eficacia de las intervenciones en salud.
- Impacto del calentamiento global sobre la salud humana.
216

- Impacto de proyectos de desarrollo en la salud humana.
- Desarrollo de recursos humanos para investigación en salud.
- Salud ambiental y actividad productiva.
- Desarrollo de formas innovadoras para la gestión de investigación
en salud.
Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional
En el área de seguridad ciudadana y defensa nacional las líneas de
acción:
- Vigilancia meteorológica y climatológica.
- Seguridad telemática (vigilancia del espectro electromagnético).
- Vigilancia territorial.
- Desarrollo y adaptación de tecnologías para el control del tráfico
aéreo y de superficie
- Desarrollo y adaptación de tecnologías en los campos de las
telecomunicaciones e informática aplicadas a los sistemas de
seguridad ciudadana y defensa nacional.
b) Áreas Ambientales
Biodiversidad
En el área de biodiversidad las líneas de acción son:
- Conservación de la diversidad biológica.
- Desarrollo tecnológico para la gestión de recursos biológicos.
- Ecología y desarrollo sostenible de ecosistema de montaña.
- Desarrollo y aplicación de métodos y técnicas para la gestión
sostenible de áreas naturales protegidas.
- Investigación para la producción, desarrollo y revisión de políticas,
normativas, controles y regularización en áreas naturales
protegidas.
- Prevención de impactos y restauración de condiciones naturales de
los ecosistemas.
- Técnicas para el manejo y la recuperación de ecosistemas frágiles.
217

- Evaluación de los impactos biológicos y sociales producidos por la
alteración de las especies de flora y fauna amenazadas dentro de
las áreas naturales protegidas.
- Aptitud y caracterización industrial y agroindustrial de recursos
genéticos.
Calidad Ambiental
En el área de calidad ambiental las líneas de acción son:
- Desarrollo y transferencia para la producción más limpia y la
ecoeficiencia.
- Promoción del uso de tecnologías limpias a través de paquetes
tecnológicos.
- Tratamiento de efluentes domésticos industriales y residuos sólidos
a través de procesos biológicos anaerobios.
- Biorremediación de suelos contaminados.
- Biorremoción de contaminantes del agua.
- Optimización de las lagunas de oxidación de las aguas residuales
domesticas y de las canchas de relaves mineros.
- Mejoras tecnológicas en la plantas de tratamientos de agua.
- Vigilancia ambiental.
- Estudios de la relación causa efecto de la contaminación ambiental
y la salud humana.
Recursos Hídricos
En el área de recursos hídricos las líneas de acción son:
- Ordenamiento y aprovechamiento integrados de los recursos
hídricos.
- Evaluación de los recursos hídricos, calidad del agua y los
ecosistemas acuáticos.
- Tecnologías adecuadas de abastecimiento y saneamiento.
- El agua y el desarrollo urbano sostenible.
- Agua para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo rural
sostenible.
- Repercusiones del cambio climático en los recursos hídricos.
218

- Tecnologías adecuadas para la disposición, tratamientos y reuso de
aguas residuales domesticas. − Adaptación y desarrollo de
tecnologías para la recuperación de fuentes de agua afectadas por
la contaminación.
Energía
En el área de energía las líneas de acción son:
- Sistema de energía solar fotovoltaica para uso doméstico y
productivo.
- Sistemas eólicos menores de bombeo de agua y de generación de
electricidad.
- Sistemas hidroenergéticos menores de generación de electricidad y
energía motriz.
- Uso de la biomasa para generación de electricidad y calor para uso
doméstico y productivo.
- Aplicaciones de la energía nuclear para fines productivos.
- Obtención y uso de biocombustibles.
- Alternativas de reemplazo de petróleo en procesos industriales y en
el sector transporte.
- Medidas administrativas, sociales y económicas con el fin de
mejorar el rendimiento energético. − Uso eficiente de la energía en
el sector industrial y residencial – comercial.
Recursos de Tierra
En el área de recursos de tierra las líneas de acción son:
- Enfoque integrado de la planificación y ordenación de los recursos
de tierra.
- Desarrollo de tecnologías de manejo de datos espaciales y
sistemas de observación de la tierra
- Implementación de un sistema de información geográfica y
geomática.
- Desarrollo de tecnologías de producción, consumo y reproducción
que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra.
219

- Desarrollo de tecnologías tradicionales para uso y conservación de
suelos.
Deforestación, Desertificación y Sequía
En el área de deforestación, desertificación y sequía las líneas de
acción son:
- Mantenimiento de las múltiples funciones de todos los tipos de
bosques, tierras forestales y áreas forestadas. − Protección,
ordenación sostenible y conservación de todos los bosques y
aumento de la cubierta vegetal en las tierras degradadas.
- Promoción de métodos eficaces de aprovechamiento y evaluación
para recuperar el valor íntegro de los bienes y servicios derivados
de los bosques, las tierras forestales y las tierras arboladas.
- Evaluación y observación sistemática de los bosques.
- Desarrollo de sistemas de información y observación sistemática
respecto de las áreas propensas a la desertificación y a la sequía.
- Desarrollo de tecnologías para prevenir y mitigar la degradación de
las tierras.
- Elaboración de planes de emergencia en casos de sequías.
Atmósfera, Cambio Climático y Desastres
En el área de atmósfera, cambio climático y desastres las líneas de
acción son:
- Prevención del agotamiento del ozono estratosférico.
- Investigación socio-ambiental para la adaptación a los efectos del
cambio climático.
- Evaluación y monitoreo de peligros y riesgos sísmicos, volcánicos,
fenómenos geodinámicos, aluviones y maremotos.
- Monitoreo, evaluación y pronóstico de fenómenos hidrometeoro
lógicos; cambio climático, fenómeno del niño, heladas, nevados,
precipitaciones intensas, sequías.
- Evaluación y control de peligros originados por accidentes
tecnológicos o industriales. − Desarrollo de sistemas de transportes
220

eficientes, menos contaminantes y más seguros, con redes de
caminos ecológicamente racionales.
Océanos y Mares
En el área de océanos y mares las líneas de acción son:
- Ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas costeras
y marinas.
- Desarrollo de tecnologías para la protección del medio marino.
- Aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos
marinos.
- Ordenamiento del medio marino y adaptación y mitigación al cambio
climático.
- Desarrollo de tecnologías para la desalinización del agua de mar.
- Desarrollo de tecnologías y planes de contingencia para aliviar
efectos nocivos de derrames y otros accidentes contaminantes. −
Fomentar la protección de los bancos naturales marinos y gestionar
el aprovechamiento sostenible de los mismos.
c) Áreas Transversales del Conocimiento
Biotecnología
En el área de biotecnología las líneas de acción son:
- Conservación de la diversidad biológica.
- Aplicación de técnicas para el estudio del genoma de las especies
de la biodiversidad.
- Desarrollo de nuevas variedades agropecuarias e hidrobiológicas
de gran productividad, que permitan afrontar los retos del cambio
climático, y sean menos intensivas en el uso de agroquímicos.
- Mejoramiento de la calidad de productos agro-exportables, de pan
llevar y recursos pesqueros.
- Mejoramiento genético de especies marinas y de agua dulce, libres
de patógenos.
- Bioprospección de compuestos activos.
- Biorremediación para la descontaminación de relaves mineros,
terrenos contaminados, mar, ríos, lagos y polución de ciudades,
incluyendo investigación, desarrollo, estudios piloto y escalamiento.
221

- Desarrollo de tecnologías de ingeniería metabólica y evolución
dirigida para el diseño y construcción de biorefinerías.
- Desarrollo de sistemas de producción de energía basados en
biotecnología.
- Producción de vacunas.
Ciencias Cognitivas
En el área de ciencias cognitivas las líneas de acción son:
- Desarrollo de tecnologías para la mejora de la eficiencia en el
trabajo y el aprendizaje.
- Investigación para la ampliación de las capacidades sensoriales y
cognoscitivas en la educación básica.
- Investigación para la mejora de la creatividad individual y grupal. −
Investigación para el perfeccionamiento de interfaces hombremáquina,
ambientes inteligentes, incluyendo la ingeniería
neuromórfica.
Tecnologías de Información y Comunicación
El área de tecnologías de información y comunicación, las líneas de
acción son:
- Mejoramiento de la calidad de los productos de software.
- Desarrollo de sistemas computacionales (software y hardware) para
mejorar la calidad de los servicios e información de las
organizaciones públicas y privadas.
- Desarrollo de sistemas para la gestión, optimización,
automatización y control de procesos productivos.
- Desarrollo de la electrónica, robótica, sistemas embebidos e
inteligencia artificial.
- Tecnologías de la información para el desarrollo de nuevos
productos (e-learning, juegos electrónicos, edificios inteligentes,
etc.).
- Desarrollo de redes temáticas y bibliotecas virtuales. − Desarrollo
de la bioinformática y biología computacional.
- Desarrollo de la bioingeniería.
- Desarrollo de computación visual, multimedia y realidad virtual.
222

- Aplicaciones de simulación. − Aplicaciones para el mejoramiento de
las comunicaciones (satelitales, radio y televisión digital,
inalámbricas, redes de banda ancha y redes avanzadas, etc.). −
Computación grid y de alta performance.
Nuevos Materiales y Nanotecnología
En nuevos materiales las líneas de acción son:
- Inventario y caracterización de minerales metálicos de característica
compleja.
- Caracterización y clasificación de minerales no metálicos y
determinación de sus aplicaciones industriales.
- Caracterización de polímeros.
- Desarrollo de tecnologías limpias para la producción de oro en la
minería de pequeña escala.
- Desarrollo de aleaciones no ferrosas libres de contaminantes,
incluyendo las de metales nobles.
- Desarrollo de aleaciones ferrosas de interés nacional.
- Desarrollo tecnológico para el tratamiento de efluentes, la
recuperación y reciclado de relaves o residuos de la industria
minera y siderometalúrgica.
- Procesamiento de arcillas y de carbones activados con alto poder
de adsorción para uso en la industria y tratamiento de aguas.
- Desarrollo de polvos metálicos y no metálicos; nuevos productos
sinterizados de aleaciones ferrosas y no ferrosas.
- Desarrollo de nuevos productos cerámicos para la industria
metalúrgica y de la construcción, incluyendo nuevos cementos.
- Desarrollo de fertilizantes a partir del gas natural y otras fuentes
minerales.
- Desarrollo de aditivos y recubrimientos protectores anticorrosivos y
anti abrasivos de origen cerámico, polimérico y metálico, entre
otros.
- Investigación y desarrollo en biomateriales con aplicaciones
biomédicas e industriales.
En nanotecnología las líneas de acción son:
223

- Investigación y desarrollo en nano partículas y materiales nano
estructurados, liberación controlada de fármacos y fertilizantes,
potabilización del agua y mejora de la calidad de los combustibles.
- Caracterización de propiedades físicas de aleaciones metálicas
nanoestructuradas.
- Investigación y desarrollo en biosensores con aplicaciones en
biomedicina, agricultura, y control ambiental. − Aplicación de
métodos computacionales para el estudio de nanoestructuras. −
Desarrollo de nanomateriales metálicos, cerámicos, magnéticos
semiconductores o superconductores.
V. Ciencias Básicas
El área de ciencias básicas está conformada por matemáticas y
estadística, física, química y biología.
En matemáticas y estadística las líneas de acción son:
- Matemática discreta.
- Matemática pura y aplicada.
- Computación científica
En física las líneas de acción son:
- Física de los materiales.
- Biofísica.
- Física nuclear.
- Geofísica.
- Instrumentación científica.
- Computación científica.
En química las líneas de acción son:
- Química ambiental.
- Química de los productos naturales.
- Química de los materiales.
- Bioquímica.
- Cinética química y catálisis
En biología las líneas de acción son:
- Inventario y diversidad de la flora y fauna.
- Biosistemática y ecología.
- Limnología y ciencias del mar.
224

- Microbiología, micología y ficología.
- Biología molecular y genética.
Se encuentran 234 líneas de acción, correspondientes a 85 áreas Productivas, 26
a áreas Sociales, 60 a áreas Ambientales y 63 a áreas Transversales del
Conocimiento.
El CONCYTEC reconoce que
“no sería posible que se puedan formular proyectos de CTI en las 234
líneas de acción presentadas, debido a limitaciones económicas, de
recursos humanos especializados y sobre todo a la carencia de
organizaciones capaces de asumir la responsabilidad de formular y
poner en marcha los proyectos de CTI.”
Se convoca entonces a los organismos especializados, para elaborar
los programas de CTI con sus cronogramas de ejecución y sus
respectivos proyectos en las líneas de acción que se priorizarán, los
cuales deben reunir las siguientes condiciones:
- Que generen alto impacto socioeconómico y sostenibilidad
ambiental;
- Que existan entidades competentes para ejecutarlos; y
- Que cuenten con los recursos económicos y humanos necesarios
para su desarrollo.
2.9.4.12 Implementación del Plan
Debido a los reconocidos cuellos de botella tales como inadecuada normatividad,
la débil institucionalidad y la carencia de recursos financieros, para ejecutar el
plan se plantea las siguientes etapas:
Etapa 1: Formulación e implementación de acciones estratégicas
orientadas al:
- Mejoramiento de la normatividad.
225

- Mejoramiento de la institucionalidad.
- Mejoramiento de la gestión de recursos económicos.
La elaboración de las propuestas y su presentación ante las
autoridades competentes estará a cargo de grupos de trabajo
integrados por representantes de SINACYT y coordinados por el
CONCYTEC.
Etapa 2: Formulación e implementación de los Programas de CTI de
alcance nacional y regional, en las líneas priorizadas de las siguientes
áreas:
- Producción y competitividad orientadas principalmente a la pequeña
y mediana empresa.
- Social
- Ambiental
- Áreas transversales del conocimiento.
Estos programas serán conformados por proyectos, que cuenten con
una entidad con los recursos económicos y humanos con capacidad
técnica y de gestión para ejecutarlos.
Etapa 3: Formulación e implementación de los Programas Especiales
en las siguientes áreas:
- Formación de recursos humanos
- Mejoramiento de la infraestructura
- Mejoramiento de los sistemas de información y redes.
- Prospectiva y vigilancia tecnológica
- Cooperación internacional
- Innovación y transferencia de tecnología.
2.9.4.13 Mecanismo para la formulación e implementación de los programas
Para formular y ejecutar el plan
se constituirán Comités de Gestión integrados por representantes de
los tomadores de decisión del Estado, del sector empresarial, de los
institutos de investigación y de la universidad; de las áreas productivas,
sociales, ambientales y transversales del conocimiento. Cada
Programa contará con una Institución Líder responsable de dirigir los
226

Comités de Gestión durante los procesos de formulación y de
ejecución. Los Comités de Gestión tendrán como funciones: formular,
gestionar los recursos y ejecutar los programas a su cargo. El
CONCYTEC proporcionará a los Comités de Gestión, las orientaciones
técnicas y el apoyo logístico requerido para el mejor logro de sus
objetivos.
2.9.5 El Perú sin carrera del investigador científico y tecnológico
Como hemos señalado, en el Perú no existe la carrera del investigador científicotecnológico
que incentive la creatividad en los institutos y en las universidades.
Por carrera se entiende las normas que establecen criterios de ingreso y
ascensos de investigadores del SINACYT. Además, cada año, la Ley de
Presupuesto de la República prohíbe el nombramiento o ascenso de personal en
el Estado con excepción de los que cuentan con Ley de Carrera. En la práctica,
esto prohíbe el nombramiento o contratados a plazo indeterminado de nuevos
investigadores en los organismos públicos de CTI o el ascenso de los que están
en esas condiciones. Lo que existe en cada institución de ciencia y tecnología es
un conjunto de reglamentos internos para evaluar a los investigadores,
reglamentos que, en su mayoría, desincentiva la producción científica y
tecnológica.
Los cuadros de remuneraciones tampoco incentivan la inventiva. En el IMARPE,
por ejemplo, el asesor jurídico y el jefe de personal tienen remuneraciones de
4745 nuevos soles, mientras que el investigador de mayor nivel (IV) tiene una
remuneración de 3250 (Instituto del Mar del Perú 2007). Una realidad similar se
repite en los otros institutos de investigación del Estado. Es más, para tener el
nivel (IV) de investigador en el IMARPE hay requisitos mínimos de investigador,
entre los cuales están los de contar con título profesional, 8 años de experiencia y
de 5 publicaciones en informes o revistas científicas en temas relacionados con
los estudios que realiza la unidad. Sin embargo, hay una “alternativa de
requisitos" que considera 10 años de experiencia laboral en la gestión y el manejo
de las actividades requeridas para el cargo, 6 años de desempeño jerárquico
similar o una combinación de experiencia y estudios universitarios y
227

especialización equivalente (Instituto del Mar del Perú 2009). Más aún, una
legítima aspiración de un investigador que quiere hacer carrera es de ser llegar a
ocupar la presidencia de la institución que cultiva su disciplina; y en el IMARPE,
según su Reglamento de Organización y Funciones, el presidente tiene que ser
un oficial Almirante de la Guerra del Perú, en situación de retiro.
El Instituto Geofísico del Perú es el organismo público con mayor producción
científica en el Perú (Vílchez-Román y Espíritu Barrón 2009). En este instituto se
presta importancia a la producción científica para ocupar los cargos de científicos.
Entre los requisitos para ocupar una plaza de investigador científico en el nivel
superior C4 están los de tener el grado de doctor en una universidad internacional
de prestigio y tener 5 artículos aceptados en revistas internacionales en el área
del cargo (Instituto Geofísico del Perú 2009). De hecho, el IGP es el instituto con
mayor producción de artículos publicados. Como se podrá notar, no hay requisito
de patentes para ocupar cargos de investigador ni el IMARPE ni en el IGP.
Las universidades peruanas tampoco incentivan la investigación entre sus
profesores. En las universidades estatales existen reglamentos internos de
evaluación que tampoco incentivan lo suficiente la investigación. En el reglamento
de la última evaluación de la Universidad Nacional de Ingeniería (Universidad
Nacional de Ingeniería 2009), por ejemplo, aparece que de los 100 puntos
disponibles para la evaluación, los trabajos de investigación pueden como
máximo acumular 10 puntos, la evaluación de los estudiantes con 17 puntos,
informe del departamento o área académica con 10 puntos, cargos en órganos de
Gobierno con 18 puntos y cargos directos o comisiones con 5 puntos.
2.9.6 Los fondos de ciencia y tecnología en el Perú
En el Perú, los fondos para la ciencia y la tecnología están desligados de la
política en ciencia y tecnología: dependen de políticas sectoriales que compiten
por recursos. Hay varios fondos, pero cada uno es pequeño, y la suma de todos
es menor que uno solo de los fondos de países vecinos.
228

2.9.6.1. Programa Nacional de Ciencia y Tecnología (FINCyT)
Desde el año 1995, se gestionó un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que inicialmente se propuso de 320 millones de dólares. El 19
de julio de 2006, el Gobierno peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo
suscriben el contrato de préstamo Nº 1663/OC-PE, dando origen al Programa de
Ciencia y Tecnología. Los recursos del Programa provienen de un crédito de US$
25 millones del BID y de US$ 11 millones del Tesoro Público. Este programa usa
el nombre de Financiamiento para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología
(FINCyT), para comunicar mejor sus actividades ante la comunidad académica,
científica y empresarial. (Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 2010). El
FINCyT financia proyectos que contribuyen al mejoramiento de los niveles de
competitividad en los siguientes aspectos:
a) Generación de conocimientos científicos y tecnológicos;
b) promoción de la innovación en empresas y mayor participación del
sector privado;
c) fortalecimiento de capacidades de investigación tecnológica; y
d) fortalecimiento del sistema nacional de innovación.
Este fondo, que debería haber sido administrado dentro del marco del
FONDECYT, adscrito al CONCYTEC, ha dado lugar a un nuevo aparato
burocrático dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, dispersándose así
en burocracia los pocos recursos de la I+D. El CONCYTEC estuvo algunos meses
adscrito a la PCM. La PCM no consideró de su competencia la política en ciencia,
tecnología en innovación, reenviando el CONCYTEC a Educación, pero sí le
interesó administrar los fondos destinados a fines de competencia del
CONCYTEC. En la práctica, al FINCYT se le ha dado funciones que competen al
CONCYTEC con los recursos destinados para ello, mientras que el CONCYTEC
mantiene esas funciones pero sin recursos.
229

2.9.6.2 Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM)
De la información que brinda el Ministerio de la Producción, el Fondo de
Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM) (Ministerio de la
Producción 2010) es un fondo concursable que cuenta con 200 millones de soles
y que tiene por objetivo cofinanciar proyectos orientados a:
a) promover la investigación y desarrollo de proyectos de innovación
productiva de utilización práctica para las empresas; y
b) desarrollar y fortalecer las capacidades de generación y aplicación
de conocimientos tecnológicos para la innovación y el desarrollo de
las capacidades productivas y de gestión empresarial de los
trabajadores y conductores de las microempresas.
El Fondo cuenta con un consejo directivo y una secretaría técnica.
El Consejo Directivo está compuesto por representantes de las siguientes
entidades:
- Ministro de la Producción o representante, quien preside;
- Ministro de Economía y Finanzas o su representante;
- Ministro de Comercio Exterior y Turismo, o su representante;
- Representante de los Gobiernos regionales;
- Representante de la Comunidad Académica;
- Representante de los gremios empresariales;
- Representante de los gremios de las pequeñas y medianas
empresas; y
- Representante del CONCYTEC.
La Secretaría Técnica es el órgano encargado de la administración y ejecución
del Fondo y orienta su accionar a través de un Manual de Operaciones aprobado
por el Consejo Directivo.
El FIDECOM tiene una historia larga. El 21 de diciembre del 2006 se promulgó la
Ley 28939 que aprueba crédito suplementario y Transferencia de Partidas en el
230

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006, dispone la creación de
fondos y dicta otras medidas El 16 de diciembre 2007, se promulgó la Ley N°
29152 que establece la implementación y el funcionamiento del FIDECOM.
El 15 de febrero del 2009 se dio el Decreto Supremo Nº 003-2009-PRODUCE que
reglamentó de la Ley Nº 29152, ley que establece la implementación y el
funcionamiento del FIDECOM.
El 17 de diciembre del 2009, el Ministerio de la Producción anunció que el
FIDECOM será administrado por el FINCyT. Así, una vez más, el CONCYTEC ve
que sus funciones serán ejecutadas por otra institución.
2.9.6.3 El Canon Minero y las universidades
De acuerdo con la Ley 28322, el 25% del canon minero corresponde a los
Gobiernos regionales. De acuerdo a la Ley 28077, de septiembre del 2003, 20%
de ese monto corresponde a las universidades públicas de su circunscripción, el
que debe ser invertido en investigación científica y tecnológica. En consecuencia,
el 5% del canon minero corresponde a las universidades públicas. En virtud de
estas leyes, en el 2005, a las universidades públicas les correspondió 44 millones
de soles. (Ciudadanos al Día 2005). El problema del canon minero destinado a las
universidades es que no puede invertirse en gastos corrientes (remuneraciones)
ni en inversión de infraestructura. Y sin recursos humanos calificados
(conocimiento) no se puede llevar a cabo proyectos de calidad.
2.9.6.4 Ìncagro
A los fondos anteriores se añade Incagro, un fondo destinado a financiar la
investigación, la extensión y la innovación agraria a través de la modalidad de
concursos para cofinanciamiento de proyectos de CTI. En 2008, el presupuesto
de Incagro fue de 29 501 595 soles.
231

2.9.7 Empresas aisladas del SINACYT
El Estado Peruano no ha promovido la competencia empresarial basada en la
innovación. Más aún, las empresas no buscan relacionarse con las instituciones
de investigación científica y tecnológica (Cavero 2009). A pesar de la importancia
de la innovación científica tecnológica, el Perú no tiene un sistema que incentive
la creatividad científica y tecnológica que conduzca a patentes. Como resultado,
desde hace décadas, se tiene el mismo NSPR al año (alrededor de 40) mientras
que crece sostenidamente el número de solicitudes patentes de no residentes
(Organismo Mundial de Propiedad Intelectual 2008).
2.10 Política en ciencia y tecnología de Argentina
2.10.1 Creación de instituciones estratégicas de ciencia y tecnología
El año 1950, se crea la Comisión Nacional de la Energía Atómica, dependiente
directamente de la Presidencia de la Nación, por intermedio del Ministerio de
Asuntos Técnicos. Entre otras la CNEA tiene las funciones de coordinar y
estimular las investigaciones atómicas que se realicen en el país; y controlar las
investigaciones atomísticas oficiales y privadas que se efectúan en todo el
territorio de la Nación. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
1950).
El año 1957 se crea el Instituto Nacional de Tecnología Industrial con las
siguientes funciones (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
1957):
a) Realizar investigaciones y estudios con el fin de mejorar las
técnicas de elaboración y proceso de las materias primas y
desarrollar el uso de materiales y materias primas de origen local, o
más económicos y el aprovechamiento de subproductos;
b) Estimular a los industriales del país para que emprendan tales
estudios para mejorar la producción a cuyo efecto propiciará la
232

formación de centros de investigación con la participación de los
sectores interesados;
c) Mantener estrecha vinculación con los industriales de todo el país,
en forma directa, a través de sus organizaciones y de los centros de
investigación; y
d) Tener relación constante con las universidades de la República y
con organismos estatales y privados de investigaciones con el
propósito de seguir atentamente los trabajos que ellos realicen, y de
apoyar y elaborar en aquellos que ofrezcan interés para el
desarrollo industrial.
2.10.2 Programa Nacional para la Sociedad de la Información.
El año 2000, por Decreto 252 (17/03/2000) (Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva 2000) considerando:
Que la utilización masiva de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación para difundir la información, el conocimiento y los
intercambios en la sociedad, están creando un nuevo "hábitat
informativo" en el que los actores sociales se transforman, así como lo
hacen sus relaciones y los modos de organización y producción;
Que dichas herramientas constituyen piezas esenciales de la
denominada Sociedad de la Información;
Que la importancia de las transformaciones que trae consigo la
Sociedad de la Información hace necesario definir una política nacional
que permita orientar los esfuerzos públicos y crear las condiciones para
su incorporación y expansión en beneficio de la Nación y de sus
habitantes;
Que a fin de dar impulso a esa política y dotarla de mayor eficiencia
resulta necesario coordinar los esfuerzos en la materia;
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCION
NACIONAL; y
233

Se crea el Programa Nacional para la Sociedad de la Información, que
tendrá como objetivo la elaboración de las políticas y proyectos que
resulten necesarios para difundir información, conocimientos e
intercambios mediante la utilización de procesos informáticos.
2.10.3 El Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva de Argentina
Argentina ha tenido un largo proceso de construcción de un sistema de ciencia y
tecnología. Empezó con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Técnicas
(CONICET) en 1958 y dio una serie de normas que buscaban optimizar el uso de
los recursos dedicados al tema. Veamos algunas normas fundamentales, dadas
en ese proceso.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
El año 1958, se crea el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), mediante el Decreto Ley Nº 1.291/58 (Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva 1958). Según este decreto, el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que tiene por misión
promover, coordinar y ejecutar investigaciones, en el campo de las ciencias puras
y aplicadas, dentro del ámbito de su competencia. Funciona como entidad
autárquica en jurisdicción de la Secretaria de Ciencia y Tecnologia de la
Presidencia de la Nación. Para el cumplimiento de sus objetivos el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, tendrá las siguientes
funciones:
- Proponer a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Presidencia
de la Nación las medidas que estime convenientes para el fomento
y progreso de la investigación científica básica tecnológica, asistirla
en la coordinación de las actividades respectivas y ejecutar las que
le corresponden;
- Brindar asesoramiento a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y a
otros organismos públicos sobre asuntos o problemas de carácter
científico o técnico de su competencia;
234

- Fomentar y subvencionar la realización de estudios e
investigaciones encuadradas dentro de las políticas y planes de la
Secretaria de Ciencia y Tecnología y que considere especialmente
requeridos por el avance de la ciencia, el mejoramiento de la
calidad de vida, y el interés nacional;
- Crear y promover institutos, laboratorios y otros centros de
investigación o servicio, los que podrán funcionar en universidades
y otras instituciones oficiales o privadas, según los términos que se
acordaren con las mismas, o bajo la dependencia directa del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, así
corno evaluar su acción;
- Auspiciar y coadyuvar al desarrollo de la investigación en la
actividad privada y brindar a ésta su asesoramiento en materia
científico-tecnológica;
- Atender la organización y desenvolvimiento de la Carrera del
Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la
Investigación y Desarrollo y favorecer las actividades de sus
miembros en el asesoramiento al sector productivo y de servicios;
- Otorgar subsidios para promover el desarrollo científico nacional,
los que podrán ser empleados por los beneficiarios en todo aquello
que se vincule al objeto de su otorgamiento;
- Crear y conceder becas y otros tipos de ayuda, destinados a la
capacitación y perfeccionamiento de egresados universitarios y
técnicos o para la realización de investigaciones especificas en el
país y en el extranjero;
- Instituir y adjudicar premios, créditos y otras ayudas de apoyo a la
investigación científica;
- Coadyuvar a la adecuada selección y adaptación de la tecnología
disponible y a su transferencia al sector productivo y de servicio, del
país y del extranjero;
- Favorecer la investigación científica, la administración de proyectos
cientificos-tecnológicos y la transferencia de tecnología, mediante
su participación en sociedades;
235

- Editar y subvencionar publicaciones destinadas a favorecer el
desarrollo de las investigaciones o darlas a conocer, procurando el
ordenamiento y sistematización de las publicaciones científicas
nacionales;
- Mantener relaciones con organismos similares, públicos o privados,
del país o del extranjero o internacionales y propiciar y participar en
Congresos, y otras reuniones y en el intercambio científico y la
cooperación y conocimiento recíprocos;
- Distribuir los fondos destinados al cumplimiento de sus fines de
acuerdo a un orden de prioridades que contemple el crecimiento
equilibrado de las distintas áreas del conocimiento, en función del
desarrollo cultural y socioeconómico regional y del país, acorde con
las pautas del plan de ciencia y tecnología;
- Crear en su jurisdicción centros regionales de investigación
científica y tecnológica, asegurando la infraestructura y medios
adecuados para la formación, desarrollo y consolidación de
institutos, centros, programas de investigación y centros de
servicios para apoyo y fomento de las actividades productivas de
las diversas regiones del país; y
- Dictar las normas y reglamentos de organización y funcionamiento
de los centros regionales, institutos, centros y laboratorios de
investigación, de servicios, así como de los programas de
administración científica y de estudios de transferencia de
tecnología que funcionen en su jurisdicción. Asimismo podrá
acordar y firmar los convenios que sean necesarios con
instituciones oficiales y privadas, a fin de que los mismos se
ejecuten en otras jurisdicciones o en forma conjunta.
El Gobierno y administración del Consejo están a cargo de un Directorio
compuesto por nueve (9) miembros. Siete (7) de ellos designados por el Poder
Ejecutivo Nacional a propuesta de la Secretaria de Ciencia y Tecnologia de la
Presidencia de la Nación y durarán cuatro (4) años en sus funciones pudiendo ser
reelegidos para un período consecutivo. Deberán ser investigadores científicos o
236

tecnólogos de reconocida trayectoria. En la constitución del Directorio deberán
estar representadas las siguientes áreas del conocimiento:
a) Ciencias químicas;
b) ciencias físicas y matemáticas;
c) ciencias biomédicas;
d) ciencias de la tierra;
e) ciencias agropecuarias;
f) ciencias humanísticas; y
g) tecnología y desarrollo tecnológico.
Los recursos del Consejo estarán constituidos por:
a) Los que asigne la presente ley, el Presupuesto General de la
Nación y los fondos que se acuerden por leyes especiales que se
creen al efecto:
b) Los créditos que pudieran transferirle los Ministerios y Reparticiones
Nacionales, Provinciales y Comunales para investigaciones y
estudio;
c) Las herencias, legados y donaciones que reciba, los que estarán
libres de todo impuesto;
d) El producto de la venta de publicaciones propias;
e) Las recaudaciones provenientes de la prestación de servicios a las
entidades oficiales o privadas, de acuerdo con el arancel que se fije
al efecto;
f) Las sumas provenientes del producido de las ventas y regalías por
concesión de patentes de invención que sean propiedad del
Consejo; y
g) Los intereses provenientes de la inversión de fondo de reserva en
títulos del Estado.
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
237

El año 1996 se crea la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
De acuerdo al decreto su creación (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva 1996) se pone en evidencia:
Que para alcanzar las prioridades que se establezcan, a través de la
realización de planes y programas nacionales de Ciencia y Técnica, es
aconsejable contar con instrumentos promocionales y de financiación
fuera del ámbito de las instituciones estatales y privadas que tienen
responsabilidades de ejecución de actividades científicas y/o
tecnológicas.
Que tal observación se ve corroborada por las recomendaciones
efectuadas por amplios sectores de la comunidad científica tecnológica
nacional y por la experiencia internacional que muestran la
conveniencia de separar las funciones de promoción de las de
ejecución de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
Que esto se pone en evidencia en la National Science Foundation de
los Estados Unidos de America, la Secretaría General del Plan
Nacional de Investigación y Desarrollo del Reino de España, los
CONICIT de la República de Venezuela, República Oriental del
Uruguay y República de Chile, COLCIENCIAS de la Republica de
Colombia, el CNPQ de la Republica Federativa del Brazil y el
CONACYT de Los Estados Unidos Mexicanos, organismos que
esencialmente se ocupan de la promoción de la ciencia y tecnología y
no de la ejecución de dichas actividades.
Que el Fondo Tecnológico Argentino ha sido transferido a la Secretaria
de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación,
incorporándose de ese modo a la misma jurisdicción de aplicación de la
Ley Nº 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica,
lo que permite una mejor y más efectiva coordinación de ambos
instrumentos de apoyo al sistema de innovación tecnológica.
Luego se señala la necesidad de integrar esfuerzos destinados al fomento de la
investigación científica y tecnológica, que se traduce en la creación de una
Agencia de Promoción, tomando en cuenta:
238

Que el establecimiento de una Agencia de Promoción, incentivará a los
organismos públicos y privados a realizar actividades científicas y
tecnológicas en el marco de las políticas nacionales de desarrollo del
sector.
Que las funciones de promoción deben ser sustentadas en
procedimientos de evaluación de la calidad de la actividad científica y
tecnológica estrictos, rigurosos y transparentes.
Que las actividades de investigación científica, investigación
tecnológica, desarrollo e innovación tecnológica, exigen instrumentos
promocionales y modalidades de evaluación diferentes y adaptados a
las características de cada actividad.
Por otro lado, se ve como necesario promover áreas de trabajo poco
desarrolladas, por lo que “El Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) estará a
cargo de la gestión de los recursos provenientes de créditos externos destinados
a innovación y vinculación tecnológica, del recupero financiamiento reembolsable
otorgado y de otros recursos que se le asignen”.
Asimismo, el Fondo para la Investigación Científica Y Tecnológica (FONCYT)
tendrá como misión principal la promoción y fomento de las áreas del
conocimiento científico y tecnológico, tanto en temáticas básicas como aplicadas,
y del desarrollo tecnológico, orientando el apoyo financiero en función del Plan
Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología y los lineamientos de política que
establezca el gabinete cientifico tecnologico.
Atendiendo a las características que diferencian las actividades asociadas a la
investigación básica y aplicada de aquellas asociadas a la investigación y
desarrollo tecnológico el Fondo para la Investigacion Cientifica y Tecnologica
(FONACYT) establecerá dos mecanismos separados de promoción y evaluación
para el tratamiento de los proyectos que promueva según corresponda a uno u
otro tipo de actividad, atendiendo a una adecuada distribución en las diversas
regiones del país, priorizando en todos los casos la calidad por encima de otras
consideraciones.
239

Por otro lado, considerando
Que en definitiva, las medidas contempladas en el presente decreto se
encuentran orientadas a obtener una mejora sustancial, en términos de
eficiencia y razonabilidad administrativa, racionalizando la utilización de
recursos a fin de aplicarlos eficientemente a las funciones de
promoción de la ciencia y la tecnología;
Que han Extraído la intervención que les compete la unidad de reforma
y modernizacion del Estado, la secretaria de hacienda del ministerio de
economia y obras y servicios públicos y el servicio jurídico permanente
del ministerio de cultura y educacion;
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas
por el Articulo 99, el Inciso 1º) de la CONSTITUCION NACIONAL, y por
la Ley Nº24.629;
Se crea
en jurisdicción de la SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA del
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION la AGENCIA NACIONAL
DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, como organismo
desconcentrado, cuya misión principal será la de organizar y
administrar instrumentos para la promoción y el fomento del desarrollo
científico-tecnológico y de innovación tecnológica en el país.”
El titular de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA será un Director General, dependiente del Directorio, y
la misma estará integrada por el FONDO TECNOLOGICO
ARGENTINO (FONTAR), el FONDO PARA LA INVESTIGACION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA (FONCYT) y la Unidad de Control de
Gestión y Asuntos Legales.
En el mencionado decreto se establece las responsabilidades correspondientes a
varios fondos.
240

Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva
Mediante el Decreto 20/99 del Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica 1999), referente a la Administración Pública
Nacional, en su inciso V se crea la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, la que tiene por misión:
Formular políticas, planes, programas, medidas e instrumentos para el
establecimiento, puesta en marcha y funcionamiento de un Sistema
Tecnológico y Científico Nacional que articule todos los organismos y
recursos del sector en función de los objetivos y políticas nacionales de
desarrollo, teniendo como meta básica elevar la capacidad nacional de
generar tecnología e incorporarla a los bienes y servicios que se
producen y exportan;
Supervisar el accionar de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); El Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); y la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica;
Establecer formas efectivas de colaboración, complementación y apoyo
entre el Sistema Tecnológico y Científico Nacional y el sector privado;
Fortalecer el Sistema Nuclear argentino, asegurando la conducción
política y técnica a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica;
entre otros aspectos, mejorando la capacidad operativa del sector en el
área específicamente nucleoeléctrica y su adecuación a las
necesidades tecnológicas de la próxima década, recuperando el rol de
socio tecnológico de las empresas del sector;
Priorizar la utilización del sistema de propiedad industrial como
herramienta de desarrollo tecnológico y económico;
Formular y ejecutar una política activa en el ámbito de la difusión de la
información, que, entre otros, permita asegurar la interoperabilidad e
interconexión de las infraestructuras, servicios y aplicaciones
informáticas; estructurar un servicio público más eficaz, automatizando
y centralizando para federalizar recursos, y lograr la convergencia de
241

infraestructura para proporcionar acceso general a las redes
electrónicas;
Impulsar y promover la Investigación y Desarrollo y la diseminación y
aplicación de sus resultados;
Atraer a su órbita de competencia la promoción y control de las
actividades de experimentación de los particulares, entre ellas la de los
radioaficionados;
Elaborar un plan nacional plurianual de tecnología y ciencia y sus
reformulaciones;
Elaborar diagnósticos, informes e instrumentos de política para el
desarrollo de la tecnología, la ciencia y la innovación productiva;
Realizar evaluaciones periódicas referidas a cumplimiento de objetivos
y uso de recursos, procesos institucionales y de gestión y resultados
obtenidos por parte de los organismos que actúan en el ámbito de su
jurisdicción;
Promover, identificar, formular, aprobar, financiar, controlar y evaluar
actividades, programas y proyectos de cooperación tecnológica y
científica internacional de la República Argentina;
Promover el establecimiento de acuerdos de colaboración, cooperación
e investigación conjunta con organismos vinculados a la tecnología, la
ciencia y la innovación productiva de otros países; y
Coordinar la cooperación internacional en el ámbito de su competencia.
Para integrar los esfuerzos del Estado argentino para desarrollar la ciencia y
tecnología, se da la Ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 1999), cuyo objeto es de:
Establecer un marco general que estructure, impulse y promueva las
actividades de ciencia, tecnología e innovación, a fin de contribuir a
incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la
Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad
nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del medio
ambiente.
242

En esa ley se establece los siguientes objetivos de la política científica y
tecnológica nacional:
Impulsar, fomentar y consolidar la generación y aprovechamiento social
de los conocimientos; Difundir, transferir, articular y diseminar dichos
conocimientos;
Contribuir al bienestar social, mejorando la calidad de la educación, la
salud, la vivienda, las comunicaciones y los transportes;
Estimular y garantizar la investigación básica, aplicada, el desarrollo
tecnológico y la formación de investigadores/as y tecnólogos/as;
Desarrollar y fortalecer la capacidad tecnológica y competitiva del
sistema productivo de bienes y servicios y, en particular, de las
pequeñas y medianas empresas;
Potenciar y orientar la investigación científica y tecnológica,
estableciendo planes y programas prioritarios;
Promover mecanismos de coordinación entre los organismos del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación;
Garantizar la igualdad en oportunidades para personas, organismos y
regiones de la Nación;
Impulsar acciones de cooperación científica y tecnológica a nivel
internacional, con especial énfasis en la región Mercosur; y
Promover el desarrollo armónico de las distintas disciplinas y de las
regiones que integran el país, teniendo en cuenta la realidad geográfica
en la que ésta se desenvuelve.
De acuerdo a la mencionada Ley, se estructura Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación:
“Que estará constituido por los órganos políticos de asesoramiento,
planificación, articulación, ejecución y evaluación establecidos por la
presente ley; por las universidades, el conjunto de los demás
organismos, entidades e instituciones del sector público nacional,
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del
sector privado que adhieren a esta norma, que realicen actividades
sustantivas vinculadas al desarrollo científico, tecnológico, innovador,
243

de vinculación, financiamiento, formación y perfeccionamiento de
recursos humanos, así como sus políticas activas, estrategias y
acciones”.
Para ello se tendrá las tareas de
Estructurarse en forma de red, posibilitando el funcionamiento
interactivo, coordinado y flexible ante los requerimientos de la
sociedad;
Procurar el consenso, la coordinación, el intercambio y la cooperación
entre todas las unidades y organismos que lo conforman, respetando
tanto la pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos cuanto la labor
de los equipos de investigadores/ as;
Establecer los espacios propios tanto para la investigación científica
como para la tecnológica, procurando una fluida interacción y
armonización entre ambas.
Tratando de integrar esfuerzos se crea
“El Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC), en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Será presidido por el jefe de
Gabinete de Ministros y estará integrado por todos los ministros y por
todos los secretarios de Estado que dependan directamente de la
Presidencia y que tengan actividades que se vinculan con la ciencia y
tecnología. El Gabinete Científico y Tecnológico, con la asistencia del
Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECYT), del
Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) y la
Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación”.
Este Gabinete
responsabilidades:
tendrá, entre otras que se determinen, las siguientes
244

“Establecer las políticas nacionales y las prioridades consiguientes,
bajo la forma de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
que se incluirá para su tratamiento y aprobación por el Congreso de la
Nación como anexo en el proyecto de ley de presupuesto de la
administración pública nacional;
Proponer el presupuesto anual de ingresos y gastos de la función
Ciencia y Tecnología a ser incorporado al proyecto de ley de
presupuesto de la administración pública nacional y/o al Plan Nacional
de Inversión Pública; y
Evaluar anualmente la ejecución del Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación y su grado de cumplimiento y remitir el
informe correspondiente al Congreso de la Nación”.
Asimismo, se crea el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT),
con las funciones de coordinar acciones tendientes a:
Coadyuvar al mejor cumplimiento del Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación;
Optimizar el empleo de los recursos existentes con una mayor
articulación entre los programas y proyectos de las instituciones del
sistema, a fin de evitar superposiciones en las actividades;
Favorecer la formación, desarrollo y consolidación de
investigadores/as, tecnólogos/as, becarios/ as y personal de apoyo,
resguardando las especificidades propias de las diferentes áreas
temáticas de la ciencia y la tecnología;
Mejorar los vínculos entre los sectores público y privado, promoviendo
la participación del sector privado en la inversión en ciencia y
tecnología;
Evaluar los resultados logrados con la aplicación de las políticas y las
acciones propuestas. Las conclusiones de tal evaluación serán
elevadas al GACTEC, a los fines previstos en el artículo 8°, inciso c) de
la presente ley; y
Proponer las normativas requeridas para que, garantizando una
efectiva capacidad de control de sus acciones, los organismos e
245

instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, cuenten con pleno derecho y autarquía
administrativa para promover y ejecutar programas y proyectos y
vincularse con el sector productivo de manera eficiente y competitiva.
En Argentina se trata de optimizar el funcionamiento de las instituciones
científicas y tecnológicas, por lo que señala que:
Los organismos e instituciones públicas que conforman el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación —además de lo que
determine su propia normativa de creación— deberán:
Contribuir a la definición de los objetivos del Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación y colaborar en las tareas de evaluación y
seguimiento de los mismos, en materia de su competencia;
Establecer mecanismos que promuevan y estimulen la obtención de la
propiedad intelectual o industrial y/o la publicación de los resultados de
las investigaciones científicas y tecnológicas;
Proveer a la SETCIP en tiempo y forma, la información que ésta
solicite, en la medida que no afecte convenios de confidencialidad; y
Aceptar las evaluaciones y auditorías externas institucionales que
establezca la SETCIP en acuerdo con el GACTEC y considerar sus
recomendaciones.
Además, por esta misma ley, los organismos e instituciones públicas que
componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación —sin
perjuicio de lo establecido en su normativa de creación— podrán:
Disponer, con autorización y control del ministerio respectivo y los
organismos competentes, de los fondos extrapresupuestarios
originados en contratos celebrados con entidades públicas o privadas,
empresas o personas físicas, por la realización de trabajos de carácter
científico, asesoramiento técnico, cursos, derechos de propiedad
intelectual o industrial y donaciones, siempre que dichos fondos sean
destinados a la ejecución de programas y proyectos científicos o
246

tecnológicos específicos, o a la realización de los trabajos
mencionados anteriormente;
Constituir Unidades de Vinculación Tecnológica en el marco de la ley
23.877; y Participar en el capital de sociedades mercantiles o empresas
conjuntas, de empresas de base tecnológica o que tengan como
objetivo la realización de actividades de investigación científica o
desarrollo tecnológico, en la medida que no afecten el patrimonio del
Estado y sean aprobados por el Poder Ejecutivo nacional.
En cuanto a las fuentes de financiamiento necesario para la I+D se señala que
concurren al financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación:
El Estado nacional mediante las partidas presupuestarias asignadas
correspondientes a la función de Ciencia y Tecnología en la respectiva
ley de presupuesto y previstas en los presupuestos plurianuales;
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quienes se
invita a establecer niveles presupuestarios similares al Estado nacional;
Las empresas privadas, instituciones u organismos no
gubernamentales que realicen promoción y ejecución de actividades
científicas y tecnológicas por sí mismas o en concordancia con el Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y
Aportes públicos o privados externos.
La ley que estamos analizando, dispone que:
Dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin
perjuicio de las demás evaluaciones que establezca la legislación
vigente, se aplicarán evaluaciones a los investigadores/as, a los grupos
de trabajo y laboratorios, a los proyectos y programas, a las
instituciones y al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
247

Respecto al potencial humano, se dispone que, con el propósito de potenciar,
cohesionar y jerarquizar a la comunidad nacional de investigadores/as, el Poder
Ejecutivo nacional deberá arbitrar los mecanismos para:
“Promover la articulación, vinculación, complementación y movilidad
horizontal de los investigadores/as;
Generar el Registro Nacional de Científicos y Tecnólogos; e
Instituir la distinción ‘Investigador de la Nación Argentina’”.
En cuanto al Registro Nacional de Científicos y Tecnólogos, así como a aspirar a
obtener la distinción Investigador de la Nación Argentina, los científicos/as y
tecnólogos/ as, residentes en el país o en el exterior, que cumplan con los
requisitos que se establezcan en la reglamentación de la presente ley.
2.10.4 Promoción y fomento de la innovación tecnológica
El proceso de innovación es un proceso que requiere inversión de la empresa
privada, la que conlleva riesgos que los empresarios son reticentes en correr, en
especial aquellos que tienen pocos recursos.
Con el inicio de la globalización del mercado, los Estados empezaron a otorgar
incentivos a los agentes de la innovación. Así, en Argentina, en 1990, se dio la
Ley 23.877del Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica 1990) de Promoción y Fomento de la Innovación
Tecnológica. Esta Ley tiene por objeto:
“Mejorar la actividad productiva y comercial, a través de la promoción y
fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología,
la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que
redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la
Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo
y del empresario innovador”.
En esta Ley, se formulan las siguientes definiciones:
248

Investigación y Desarrollo: Proyecto cuyo objeto de trabajo es: 1.
Investigación aplicada: trabajos destinados a adquirir conocimientos
para su aplicación práctica en la producción y/o comercialización. 2.
Investigación tecnológica precompetitiva: trabajos sistemáticos de
profundización de los conocimientos existentes derivados de la
investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de
nuevos materiales, productos o dispositivos y al establecimiento de
nuevos procesos, sistemas o servicios, incluyendo la fase de
construcción de prototipos, plantas piloto o unidades demostrativas,
finalizando con la homologación de los mismos. 3. Adaptaciones y
mejoras: desarrollos tendientes a adecuar tecnologías y a introducir
perfeccionamientos, que carecen usualmente de los rasgos de
originalidad y novedad que caracterizan a los proyectos señalados en
los apartados 1 y 2 del presente inciso;
Transmisión de tecnología: Proyectos en los que ya producidos y/u
homologado el desarrollo, debe pasarse de la escala piloto a la escala
industrial; Asistencia técnica: Proyectos que tienden a transferir
conocimientos, información o servicios para resolver problemas
técnicos específicos o aportar elementos para su resolución, como por
ejemplo, la optimización de un proceso, la mejora de la calidad de un
producto, pruebas de control de calidad, asesoramiento en diseño,
mercadotecnia, puesta en marcha de plantas o pruebas de
funcionamiento y de rendimiento, o bien formación y capacitación de
personal;
Unidad de Vinculación: Ente no estatal constituido para la
identificación, selección y formulación de proyectos de investigación y
desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica. Representa
el núcleo fundamental del sistema, aportando su estructura jurídica
para facilitar la gestión, organización y gerenciamiento de los
proyectos. Puede estar relacionado o no con un organismo público;
Agrupaciones de colaboración: Las definidas por la Ley Nº 22.903,
modificatoria de la Ley Nº 19.550, en su Capítulo lll, Sección l, artículos
249

367 y 376, con una especificación en su contrato sobre la disolución de
la misma y de la distribución de los beneficios que pudieran generarse
durante su existencia o con posterioridad a su disolución; y
Capital o inversión de riesgo: Actividad financiera en la que el
proveedor de capital realiza una inversión a mediano plazo, la
remuneración viene dada por la ganancia de capital más que por el
interés o dividendo pagado: por lo que los recursos financieros
aportados son cedidos por un título que no produce el derecho a exigir
su restitución sino que participan en un negocio de terceros, en el que
el inversionista es como máximo corresponsable del negocio; debe
implicar una actividad de asistencia y apoyo variable; debe contemplar
una cláusula de salida en la que se convenga la forma y el tiempo en
que podrá liquidarse la inversión.
La Ley dispone una serie de incentivos financieros para que los agentes de la
innovación inicien procesos de innovación. En el 1995, se da la Ley 24.467
(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 1999) que dispone
incentivos financieros a las pequeñas y medianas empresas. Esta ley:
“Tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas
y medianas empresas impulsando para ello políticas de alcance
general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la
consolidación de los ya existentes”.
En el art. 14 de esta Ley, se encomienda al Poder Ejecutivo nacional a:
“Movilizar, racionalizar y fortalecer tanto los cursos de acción como los
recursos de los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria
(INTA) de Tecnología Industrial (INTI) y de Tecnología Minera
(INTEMIN) y de los restantes centros e institutos de investigación y de
capacitación y formación de recursos humanos bajo su dependencia,
cuyas actividades guarden relación con el accionar de las PYMES”.
250

2.10.5. Carrera del investigador científico y tecnológico y del personal de apoyo a la
investigación
La base de la investigación científica y tecnológica es su potencial humano, los
cerebros creativos. Por ello, en Argentina, en 1973, se promulga la Ley n° 20.464
que estable las carreras del investigador científico y tecnológico y del personal de
apoyo a la I+D (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 1973).
Según esta ley, “La carrera del investigador comprende las personas que realizan
investigación y desarrollo creativo en sus distintos niveles de concepción, diseño,
dirección y ejecución”.
La mencionada carrera tiene por objeto:
Favorecer la plena y permanente dedicación de los investigadores a la
labor científica y tecnológica original;
Garantizar el estímulo a todas las áreas científicas y tecnológicas que
sean de interés nacional;
Considerar armónicamente la investigación científica y tecnológica; y
Fomentar la transferencia de los resultados de la tarea técnicocientífica
a la sociedad.
Las personas comprendidas en esta ley son las que trabajan en:
Centros de investigación que dependan total o parcialmente del
CONICET;
Universidades nacionales, provinciales o privadas reconocidas;
Instituciones nacionales, provinciales o municipales;
Empresas del Estado;
Instituciones privadas sin fines de lucro; y
Otros lugares que el CONICET considere de interés.
La carrera del investigador científico y tecnológico
251

Dentro de la carrera del investigador científico y tecnológico se considera los
siguientes niveles:
Investigador asistente: Se requiere haber realizado una labor personal
de investigación científica, o algún desarrollo o labor tecnológica
creativos, demostrando aptitudes para ejecutarlas bajo la guía o
supervisión de otros, así como poseer la preparación técnica necesaria
para desarrollar un tema por sí mismo;
Investigador adjunto: Se requiere haber alcanzado la capacidad de
planear y ejecutar una investigación o desarrollo, así como de
colaborar eficientemente en equipos. El Consejo se reserva el derecho
de designar un director o asesor en caso que lo juzgue necesario;
Investigador independiente: Se requiere haber realizado trabajos
originales de importancia en investigación científica o en desarrollo.
Asimismo, estar en condiciones de elegir los temas y planear y efectuar
las investigaciones en forma independiente, o haberse distinguido
como miembro de un equipo de reconocida competencia;
Investigador principal: Se requiere haber realizado una amplia labor
científica o de desarrollo tecnológico, de originalidad y alta jerarquía
reconocida, revelada por sus publicaciones y por la influencia de sus
trabajos en el adelanto de su especialidad en el campo de la ciencia o
de la técnica. Deberá poseer capacidad para la formación de discípulos
y para la dirección de grupos de investigación; y
Investigador superior: Se requiere haber realizado una extensa labor
original de investigación científica o de desarrollo tecnológico, de alta
jerarquía que lo sitúe entre el núcleo de los especialistas reconocidos
en el ámbito internacional. Deberá haberse destacado en la formación
de discípulos y la dirección de centros de investigación.
La ubicación del investigador y la evaluación de los informes periódicos, se harán
desde los siguientes puntos de vista:
Cualitativos (subsidiariamente cuantitativos)
252

En lo que haga a su capacidad para trasmitir conocimientos y
experiencias directamente relacionadas con su actividad como
investigador, así como para dirigir y formar personal de investigación; y
En las clases principal y superior: la actividad llevada a cabo en la
creación, organización y/o desarrollo de centros de investigación o su
actuación en organismos de planeamiento, promoción o ejecución
científica.
Carrera del Personal de apoyo a la investigación y desarrollo
El personal de apoyo está clasificado como:
Profesional
Profesional principal: Se requiere poseer capacidad y experiencia para
planear y realizar con independencia trabajos técnicos de apoyo y para
dirigir un grupo técnico que pueda atender las necesidades de uno o
varios proyectos. Trabajarán bajo la supervisión de investigadores.
Para pertenecer a esta clase es necesario poseer título universitario y,
en casos excepcionales, antecedentes y experiencia equivalentes,
considerados por el Directorio por el voto de los 2/3 de sus miembros.
Profesional adjunto: Se requiere poseer capacidad para ejecutar tareas
técnicas sistemáticas o de mantenimiento y análisis o estar a cargo de
una unidad operativa auxiliar. Debe poseer título universitario o
capacitación especial que pueda considerarse equivalente a estos
efectos, avalada por amplia experiencia.
Profesional asistente: Se requiere tener capacidad para ejecutar tareas
técnicas bajo la dirección o supervisión de personal superior. Debe
poseer título universitario o formación o capacidad especial que pueda
considerarse equivalente a estos efectos, avalada por amplia
experiencia.
Técnico
Técnico principal: Se requiere poseer gran experiencia y conocimiento
para la ejecución independiente de tareas técnicas generales y
capacidad y habilidad para la conducción de equipos de trabajo o
253

colaborar en tareas con personal superior. Debe poseer título
secundario o acreditar antecedentes y experiencia equivalentes.
Técnico asociado: Se requiere poseer experiencia o capacidad para
ejecutar tareas técnicas generales, habiendo demostrado condiciones
para emprender nuevos trabajos, colaborar con personal técnico de
categoría más elevada y/o con investigadores. Debe poseer título
secundario o acreditar capacidad o formación equivalente.
Técnico asistente: Se requiere acreditar capacidad para ejecutar tareas
técnicas auxiliares bajo la dirección de investigadores o de técnicos de
categoría más elevada. Debe poseer título secundario o acreditar
antecedentes o experiencia equivalente.
Técnico auxiliar: Se requiere alguna experiencia en su especialidad y
capacidad para iniciarse en las tareas propias de su clase. Debe
poseer formación secundaria o acreditar antecedentes equivalentes.
Artesano
Artesano principal: Se requiere capacidad y larga experiencia en su
especialidad, excepcional habilidad manual y reconocida imaginación
creadora.
Artesano asociado: Se requiere gran experiencia, gran habilidad
manual y que posea aptitudes e iniciativa personal para resolver
requerimientos.
Artesano ayudante: Se requiere experiencia y habilidad manual, sujeto
a control directo.
Artesano aprendiz: Se requiere ser operario calificado que haya
demostrado particular habilidad manual e inquietudes para iniciarse en
tareas propias de esta clase.
Condiciones para el ingreso a la carrera del investigador
El aspirante a ingresar a ingresar a la carrera del investigador deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
254

Para ingresar a la Clase Asistente se deberá tener no más de 35 años
y ser egresado universitario o poseer una preparación equivalente a
juicio del CONICET; y
Para ingresar a las otras clases se requiere no tener más de 40 años
para la clase adjunto; 45 años para la clase independiente, y 50 años
para la clase principal.
Derechos generales para todo el personal
Entre otras condiciones, la Ley establece:
La estabilidad, condicionada exclusivamente a la realización de sus
tareas y al cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente
estatuto;
La justa calificación y promoción, atendiendo al correcto cumplimiento
de las obligaciones que le impone la responsabilidad emergente de la
clase en la que reviste;
La justa retribución de la tarea desarrollada;
Treinta días de licencia ordinaria anual. Los que revisten
simultáneamente en otra institución se regirán por las normas que
establece el régimen de ésta;
El adicional anual para la clase asistente de la carrera del investigador
y todas las clases de la carrera del personal de apoyo o bienal para el
resto de las clases de la carrera del investigador, si su labor es
considerada satisfactoria.
La carrera el administrada por el CONICET, para lo cual tiene una sistema
Evaluación y Planificación, cuyo trabajo se basa en una normativa que incluye un
Reglamento de Evaluación (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas 2008), como el que se dio en el 2008. La mayor responsabilidad está en
la Junta de Promoción y Calificación, con una actuación que dura tres años,
renovable por tercios anualmente. Esta Junta está presidida por un miembro del
directorio del CONICET. Se considera también Comisiones Asesoras para
255

Ingresos, Promociones e Informes Reglamentarios, como también de Pares
Consultores escogidos entre científicos de reconocida trayectoria científica o
tecnológica.
2.10.6 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Finalmente, para conseguir una mayor articulación de la ciencia y tecnología en
Argentina, a fines del 2007, mediante la Ley 26.338, Ley de Ministerios (Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 2007), se crea el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Según esta Ley:
Compete al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en
orden a sus competencias, en todo lo inherente a la Ciencia, a la
Tecnología e Innovación Productiva y, en particular:
Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su
competencia;
Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia
elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo
nacional;
Entender en la formulación de las políticas y en la planificación del
desarrollo de la tecnología como instrumento que permita fortalecer la
capacidad del país para dar respuesta a problemas sectoriales y
sociales prioritarios y contribuir a incrementar en forma sostenible la
competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un
nuevo patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor
densidad tecnológica;
Entender en la formulación de políticas y programas para el
establecimiento y funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación instaurado por la Ley Nº 25.467, y entender en
la gestión de instrumentos para la aplicación de la Ley Nº 23.877 de
Innovación Tecnológica;
Entender en la formulación y ejecución de planes, programas,
proyectos y en el diseño de medidas e instrumentos para la promoción
256

de la ciencia, la tecnología y la innovación; en particular en el impulso y
administración de fondos sectoriales en áreas prioritarias para el sector
productivo o en sectores con alto contenido de bienes públicos, en
coordinación con los Ministerios con competencia específica.
Administrar los existentes en materia de promoción del software con los
alcances del régimen del artículo 13 de la Ley Nº 25.922 (Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 2004), en la de
promoción de la biotecnología moderna en lo que respecta al fondo
creado por el artículo 15 de la Ley Nº 26.270 (Congreso Argentino
2007), y de promoción de la nanotecnología a través de la Fundación
de Nanotecnología —FAN— (Decreto Nº 380/05);
Supervisar la actividad de los organismos destinados a la promoción,
regulación y, ejecución en ciencia, tecnología, e innovación productiva
en el ámbito de su competencia;
Ejercer la Presidencia y Coordinación Ejecutiva del Gabinete Científico-
Tecnológico (GACTEC) en los términos de la normativa vigente en la
materia;
Entender en la coordinación funcional de los organismos del Sistema
Científico Tecnológico de la Administración Nacional, y evaluar su
actividad;
Entender en la promoción y el impulso de la investigación, y en la
aplicación, el financiamiento y la transferencia de los conocimientos
científicos tecnológicos;
Intervenir en la formulación y gestación de convenios internacionales
de integración científica y tecnológica de carácter bilateral o
multilateral;
Intervenir en la promoción, gestación y negociación de tratados y
convenios internacionales relativos a la ciencia, tecnología e
innovaciones productivas, y entender en la aplicación de los tratados y
convenios internacionales, leyes y reglamentos generales relativos a la
materia; y
Coordinar la cooperación internacional en el ámbito de su competencia.
257

Para cumplir con su misión el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica de Argentina cuenta con la Secretaría de Planeamiento y Políticas en
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Secretaría de Articulación
Científico Tecnológica; el Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC), el Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), el organismo desconcentrado
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el organismo
descentralizado Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).
Según el Decreto 21/2007 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva 2007b) los objetivos de la Secretaria de Planeamiento y Políticas en
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva son:
Formular las políticas y la planificación del desarrollo de la tecnología
como instrumento que permita fortalecer la capacidad del país para dar
respuesta a problemas sectoriales y sociales estableciendo las
prioridades y contribuyendo a incrementar en forma sostenible la
competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un
nuevo patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor
densidad tecnológica;
Impulsar, fomentar y consolidar la generación y aprovechamiento social
de los conocimientos, buscando la igualdad en oportunidades para
personas, organismos y regiones de la Nación;
Establecer las políticas nacionales y las prioridades consiguientes bajo
la forma de planes nacionales de ciencia, tecnología e innovación;
Impulsar la creación de Fondos Sectoriales, para financiar proyectos de
investigación e innovación en áreas prioritarias para el sector
productivo o en sectores con alto contenido de bienes públicos, en
coordinación con los ministerios con competencia específica;
Establecer los espacios propios tanto para la investigación científica
como para la innovación tecnológica, procurando una fluida interacción
y armonización entre ambas, difundiendo, transfiriendo, y diseminando
258

dichos conocimientos para el aprovechamiento de los mismos en la
actividad productiva;
Conducir el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva;
Formular las políticas y establecer los mecanismos, instrumentos e
incentivos necesarios para que el sector privado contribuya con
recursos a las actividades e inversiones en el campo científico,
tecnológico e innovativo;
Encomendar la realización de estudios que promuevan el desarrollo de
la ciencia, la tecnología y de la innovación productiva en el país; y
Patrocinar la realización de análisis prospectivos que permitan prever
nuevos escenarios a los efectos de desarrollar procesos de
planeamiento estratégico de anticipación a los mismos.
Según el mismo decreto, los objetivos de la Secretaría de Articulación Científico
Tecnológica son los siguientes:
Ejercer la coordinación ejecutiva del Consejo Interinstitucional de
Ciencia y Tecnología (CICYT) promoviendo mecanismos de
coordinación, entre los organismos del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación procurando el consenso, el intercambio y la
cooperación entre todas las unidades y organismos que lo conforman;
Promover la formación y el empleo de los científicos/as; y
tecnólogos/as y la adecuada utilización de la infraestructura de que se
dispone, así como proveer a su oportuna renovación y ampliación;
Contribuir a la consolidación y mejoramiento de los Organismos de
Ciencia y Tecnología (OCT) a través de la realización de evaluaciones
externas, y a la implementación de los Planes de Mejoramiento que se
deriven de las mismas;
Promover la estructuración en forma de red, posibilitando el
funcionamiento interactivo, coordinado y flexible ante los
requerimientos de la sociedad;
259

Proponer el presupuesto anual de ingresos y gastos de la función
ciencia y tecnología a ser incorporado al proyecto de ley de
presupuesto de la administración pública nacional y/o al Plan Nacional
de Inversión Pública;
Optimizar el empleo de los recursos existentes con una mayor
articulación y eficacia entre los programas y proyectos de las
instituciones del sistema, a fin de evitar superposiciones en las
actividades; y
Optimizar los vínculos entre las instituciones del sector público y el
sector privado, promoviendo la participación del sector privado en la
inversión en ciencia y tecnología e innovación.
2.11 Política en ciencia y tecnología de Brasil
En Brasil, las políticas públicas en ciencia y tecnología han sido establecidas
mediante una serie de leyes y decretos que muestran una decisión de Estado de
impulsar el desarrollo basado en la ciencia y la tecnología. En 1958, mediante el
decreto nº 44.721, se da el reglamento de la Ley nº 1,565, del 5 de septiembre
1939, sobre la nominación de delegados de Brasil en congresos, conferencias, y
otras reuniones internacionales en el extranjero (Ministerio de Ciencia y
Tecnología 1958).
En 1962, mediante Ley Nº 4.118, se establece la política nacional de energía
nuclear y crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear, estableciendo el
monopolio por parte del Estado de:
La investigación y trabajos sobre los minerales nucleares localizados
en el territorio nacional; y
El comercio de los minerales y sus concentrados, los elementos
nucleares y sus compuestos, de materiales fértiles y físiles, de los
radioisótopos artificiales y sustancias radiactivas de las tres series, y de
los subproductos c) producción de materiales nucleares y su
industrialización. Se instituye el Fondo Nacional de Energía Nuclear
administrado por la Comisión. Para de este fondo provendrá del 12%
260

de los pagos del Fondo Federal de Electrificación, entre otros.
Ministerio de Ciencia y Tecnología (1962) Ministerio de Ciencia y
Tecnología 1962).
Otro aspecto que aparece como importante en la visión de Brasil es lo que
concierne a las patentes. Mediante el Decreto Nº 55.762 de 17 de febrero de 1967
se da facilidades fiscales para el pago de regalías por eso de patentes y por las
ayudas científicas. (Ministerio de Ciencia y Tecnología 1967).
Como el desarrollo científico y tecnológico requiere recursos, mediante el decreto
ley Nº 719 del 31 de julio del 1969, se crea:
“El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT) con
la finalidad de dar apoyo financiero a los programas y proyectos
prioritarios de desarrollo científico tecnológico, en particular para la
implementación del Plan Básico de Desarrollo Científico y Tecnológico.
El fondo será alimentado con una contribución del sector productivo,
compensación financiera del uso de los recursos naturales, porcentajes
sobre las ganancias de empresas concesionarias de servicios públicos,
contratos firmados por la Unión, sus autoridades públicas y
fundaciones”. (Ministerio de Ciencia y Tecnología 1967).
La optimización de los esfuerzos en ciencia y tecnología en Brasil empezó con
una política de integración de laboratorios en función de sus fines. Así mediante el
decreto nº 70.855, del 21 de julio de 1972 (Ministerio de Ciencia y Tecnología
1972), se integra al Centro de Desarrollo Nuclear -de la Compañía Brasilera de
Tecnología Nuclear (CBTN)-, el Laboratorio de Dosimetría, el Instituto de Energía
Nuclear – de la Comisión Nacional de Energía Nuclear- y el Instituto de
Instalaciones Radiactivas –de la Universidad Federal de Minas Gerais-. En ese
mismo decreto se dispone que se establezcan convenios de cooperación de la
CBTN con la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad Federal de
Minas Gerais para desarrollar programas de posgrado.
261

La articulación de los centros de investigación empieza el año 1974, cuando se
dispone la transformación del Consejo Nacional de Investigación en Consejo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), otorgándole la
característica de Fundación, vinculada a la Secretaría de Planeamiento de la
Presidencia de la República, al cual se adscribe los institutos de investigación y
tiene la autorización para crear otros instituto u otros mecanismos. (Ministerio de
Ciencia y Tecnología 1974).
Por la necesidad de impulsar la gran industria, mediante Decreto nº 76.805, del 16
de diciembre de 1975, Brasil decide entrar en desarrollo de máquinas pesadas.
Autoriza la creación de Nuclebras Equipamientos Pesados S.A. (NUCLEP)
subsidiaria de Empresas Nucleares Brasileras S.A. (NUCLEBRÁS). (Ministerio de
Ciencia y Tecnología 1974). Para incentivar la ciencia y la tecnología en la
sociedad, por decreto nº 85.880, del 08 de abril 1981 (Ministerio de Ciencia y
Tecnología 1981), se instituye el Premio “Alvaro Alberto de Ciencia y Tecnología”,
como estímulo a la producción científica y tecnológica.
En 1987, el Gobierno decide impulsar el desarrollo especial, creando el Grupo de
Gestión y Acompañamiento del Proyecto de Misión Espacial Completa Brasilera.
(Ministerio de Ciencia y Tecnología 1987). Luego el Gobierno de Brasil se interesa
en la Amazonía, la que se expresa con la creación de la Comisión Coordinadora
de Investigaciones de la Amazonía (CORPAM), creada por Ley número 7.796, del
10 de julio de 1989.
Interesado en el desarrollo nuclear de Brasil, el Gobierno brasileño da el decreto
nº 90.857 del 24 de enero de 1985, estableciendo reservas sobre minerales
radiactivos, sus concentrados y compuestos químicos de elementos nucleares, y
normando la disposición de almacenamiento de material fisil y fértil.
2.11.1 Ministerio de la Ciencia y la Tecnología
Luego de los numerosos indicios de que Brasil estaba decidido de hacer de la
ciencia y la tecnología uno de los pilares del desarrollo, el Gobierno del presidente
José Sarney, quien tomó el mando presidencial en 1985, creó el Ministerio de la
262

Ciencia y la Tecnología, muestra vidente de la prioridad de esa actividad,
fundamental para el desarrollo de los países. Ese ministerio tuvo al Consejo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico o (CNPq) y a la Financiera de
Estudios y Proyectos (FINEP), como entidades pilares de su acción. A fines de los
años 80s, el CNPq contaba con instituciones dedicadas a investigación y
coordinaba las actividades científicas de laboratorios públicos y privados,
financiando proyectos de I+D. Además de la FINEP, dos otras fuentes de recursos
para la I+D eran el Secretariado para la tecnología Industrial (STI), dependencia
del Ministerio de Industria y Comercio; y la Agencia para la Formación de
Personal Altamente Calificado (CAPES), dependencia del Ministerio de
Educación. La STI facilitaba la infraestructura de laboratorios científicos e
industriales y la CAPES apoya los programas de postgrado.
Uno de los principales problemas que debió afrontar el Gobierno Sarney fue el
desnivel en la formación universitaria Cerca de los dos tercios de estudiantes no
tenían nivel internacional y sólo 1 de cada 30 recibían una formación de buena
calidad. Se tomó la decisión de impulsar programas de maestría y doctorado, con
miras a multiplicar por 10 el número de graduados en el lapso de 20 años. Se
previó otorgar unas 5 000 becas para formarse en Brasil y 5 000 para formarse en
el extranjero. A fines de los 90s se estimaba que había unos 50 mil graduados de
maestros y doctores. Las prioridades favorecieron a las áreas de biotecnológicas,
química fina, nuevos materiales, mecánica de precisión, informática y
aeroespacial. Además se creó grandes laboratorios de investigación, entre los
que puede mencionarse el Laboratorio de Radiación Sincrotrón un acelerador de
protones y equipamiento para la fusión termonuclear. Por otro lado, se impulsó las
relaciones entre los laboratorios de investigación y la industria. El éxito de este
esfuerzo fue evidente en el campo de la computación: hasta octubre de 1987 se
había construido un millón de computadoras.
Cabe señalar, que a pesar de los esfuerzos de Brasil, existían problemas en el
nivel de la educación secundaria que hace difícil la óptima formación superior. Por
otro lado, las orientaciones de la investigación están muy influenciadas por el
Hemisferio Norte, dejando de lado temas de gran importancia para el país, como
las enfermedades tropicales y acentuando los trabajos de trasplante de corazón,
263

por ejemplo. Además, persistía el bajo interés de la industria por la investigación.
A pesar de estas dificultades, dada su política científica y tecnológica, a fines de
los años 80s, Brasil era entonces el país de la región que mayor provecho podía
sacar de su potencial científico. (Barrère1988). En el Decreto Nº 91.800
(Ministerio de Ciencia y Tecnología 1985) del 18 de octubre de 1985 se otorga
facilidades para los viajes de perfeccionamiento en el exterior de científicos e
investigadores, entre otros.
El 6 de septiembre del 2006, por decreto No. 5.886, se estableció las áreas de
competencia del MTC. Es órgano de administración directa teniendo en su marco
de competencias los siguientes asuntos:
Política nacional de investigación científica, tecnológica y de innovación;
planeamiento, coordinación, supervisión y control de las actividades de la
ciencia y la tecnología;
política de desarrollo de la informática y automatización;
política nacional de bioseguridad;
política espacial; política nuclear; y
control de la exportación de bienes y servicios sensibles.
Brasil cuenta con órganos de fomento como la Financiadora de Estudios y
Proyectos (FINEP) y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
(CNPq) y sus unidades de investigación. Al Ministerio de Ciencia y Tecnología de
Brasil están adscritas las instituciones de investigación, lo que le permite
coordinar los programas y actividades que responden a una política nacional de
CTI. El objetivo de esa política es transformar el sector en componente
estratégico del desarrollo económico y social de Brasil, contribuyendo para que
sus beneficios sean distribuidos en forma justa en toda la sociedad.
El MCT tiene adscritos a los siguientes institutos:
- Centro de Gestión y Estudios Estratégicos;
- Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN);
- Agencia Espacial Brasilera (AEB);
264

- 19 unidades de investigación científica, tecnológica y de innovación;
- y cuatro empresas estatales: Industrias Nucleares Brasileras (INB);
- Nuclebras Equipamientos Pesados (Nuclep);
- Alcântara Cyclone Space (ACS); y
- Centro de Excelencia en Tecnología Electrónica Avanzada (Ceitec).
Este sistema permite al MTC ejercer sus funciones estratégicas desarrollando
investigaciones y estudios que se traducen en generación de conocimiento y de
nuevas tecnologías, creación de productos, procesos y gestión de patentes
nacionales.
En 1989 se crea el Fondo Nacional de Medio Ambiente, administrado por la
Secretaría de Planeamiento y Coodinación de la Presidencia de la República
(SEPLAN/PR). (Ministerio de Ciencia y Tecnología 1989). En 1990 se dispone de
facilidades arancelarias para los bienes destinados a la investigación científica y
tecnológica. (Ministerio de Ciencia y Tecnología 1990). En 1993 se dispone sobre
la composición y estructira del Consejo Nacional de Informática y Automatización
(CONIN). (Ministerio de Ciencia y Tecnología 1993).
En 1994 se crea la Agencia Espacial Brasilera (AEV), con la finalidad de promover
las actividades espaciales de interés nacional. Entre otras, la AEV tiene las
funciones de ejecturar y hacer ejecuar la Política Nacional de Desarrollo de
Actividades Espaciales (PNDAE), como de proponer las directrices y propone las
acciones resultantes. El año 2006, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, presentó el Plan de Acción 2007-2010 de Ciencia, Tecnología e Innovación
para el Desarrollo Nacional, que prevé una inversión récord de 28 mil millones de
dólares. Como una señal de que el plan incluye una alianza con los empresarios,
el anuncio lo hizo junto a los principales representantes de la Confederación
Nacional de Industria (CNI) y al ministro de Ciencia y Tecnología.
El principal objetivo del plan es:
Definir iniciativas, acciones y programas que posibiliten tornar más
decisivo el papel de la ciencia, tecnología e innovación para el
265

desarrollo del país, según se lee en la página web del mencionado
ministerio. También se resalta la necesidad de “incentivar las
actividades de producción, desarrollo e investigación de producción,
por medio de la cooperación entre empresas, y la instalación y
ampliación de compañías de manufacturas y servicios del país”.
2.11.2 Carrera de ciencia y tecnología
La necesidad de incorporar personal calificado en un sector estratégico como el
de la ciencia y tecnología, obligó al Gobierno de Brasil a contar con una carrera
especial para su desarrollo. En 1993, mediante la ley nº 8.691 del 28 de julio del
1993 (Ministerio de Ciencia y Tecnología 1993b), se establece el Plan de Carrera
del área de ciencia y tecnología, de la administración federal, de las autoridades
públicas y las fundaciones que tengan como principal objetivo la promoción y la
realización de investigación y desarrollo científico y tecnológico. Entre las
instituciones involucradas por esa Ley están:
- Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT);
- Comisión Naional de Energia Nuclear (CNEN);
- Instituto Nacional de Propriedad Industrial (INPI);
- Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial
(INMETRO);
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq);
- Fundación Centro Tecnológico para Informática (CTI);
- Coordenación y Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior
(CAPES);
- Fundación Joaquim Nabuco (FUNDAJ);
- Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ);
- Fundación Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
- Fundación Jorge Duprat Figueiredo de Seguridad y Medicina del
Trabajo
(FUNDACENTRO);
- Instituto de Pesquisas de la Marina (IPqM);
- Centro de Análisis de Sistemas Navales (CASNAV);
266

- Instituto de Estudios del Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM);
- Coordinadora para Projectos Especiales (COPESP), del Ministerio de
la
Marina;
- Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio del Ejército
(SCT/Mex);
- Departamento de Investigación y Desarrollo del Ministerio de
Aeronáutica (DEPED/MAer);
- Instituto Evandro Chagas (IEC/FNS);
- Instituto Nacional del Cáncer (INCa);
- Fundación Casa de Rui Barbosa; e
- Instituto de Investigación Jardín Botánico do Río de Janeiro.
Las carreras están compuestas de:
- Carrera de investigación en ciencia y tecnología;
- Carrera de desarrollo tecnológico; y
- Carrera de gestión, planeamiento e infraestructura en ciencia y
tecnología.
2.11.2.1. Carrera del investigador en ciencia y tecnología
El acceso a la carrera del investigador en ciencia y tecnología se hace a través de
un curso de nivel superior, reconocido por la legislación vigente, y de postgrado
acreditada por el Consejo Federal de Educación y, cuando es realizado en el
exterior, revalidado por una institución nacional acreditada para ese fin.
Se define cuatro niveles de carrera:
• Investigador titular;
• Investigador asociado;
• Investigador adjunto; y
• Asistente de investigación.
267

Para ser investigador titular debe:
Haber realizado investigaciones por lo menos seis años después de
haber obtenido el grado de doctor;
Tener reconocido liderazgo en su área de investigación, demostrada
por publicaciones relevantes de circulación internacional y por la
coordinación de proyectos o grupos de investigación y por la
contribución de formación de nuevos investigadores.
Para acceder al nivel de investigador asociado debe:
Haber realizado investigaciones por lo menos tres años después de
haber obtenido el grado de doctor; y
Haber realizado investigación en forma independiente en su área de
actuación, demostrada por publicaciones relevantes de circulación
internacional, y considerando también su contribución en la formación
de nuevos investigadores.
Para acceder al nivel de investigador adjunto debe:
Tener el grado de doctor; y
haber realizado investigación relevante en su área de actuación.
Para acceder al nivel de asistente de investigación debe:
Tener el grado de magister; y
tener calificaciones específicas para una clase.
2.11.2.2 Carrera de desarrollo tecnológico
La carrera de desarrollo tecnológico está compuesta de tres niveles:
- Tecnólogo;
- Técnico; y
- Auxiliar-técnico.
268

Cada uno de estos niveles tiene subniveles.
Para ser tecnólogo senior debe:
“Tener grado de doctor y haber realizado por lo menos seis años
después de la obtención de su grado, actividades de investigación y
desarrollo tecnológico, o haber realizado, después de la obtención de
su grado de magister, actividades de investigación y desarrollo
tecnológico durante, por lo menos, once años, que le atribuya la
habilitación correspondiente, o haber realizado, durante por lo menos
catorce años, actividades de investigación y desarrollo tecnológico que
le atribuya la habilitación correspondiente; y tener reconocido liderazgo
en su área de actuación, conferida por una relevante y continua
contribución, demostrada con coordinación de proyectos o de grupos
de investigación y desarrollo tecnológico, contribuyendo con resultados
tecnológicos expresados en trabajos documentados por revistas de
circulación internacional, patentes, normas, prototipos, contratos de
transferencia de tecnología, u otros aprobados por el consejo de
calificación.”
Para ser tecnólogo pleno 3 se debe:
“Tener el grado de doctor y, además, haber realizado durante por lo
menos tres años después de la obtención de tal grado, actividades de
investigación y desarrollo tecnológico; o haber realizado, después de
su grado de magister actividades de investigación y desarrollo
tecnológico durante por lo menos ocho años que le atribuya la
habilitación correspondiente; y demostrar capacidad de realizar
investigación y desarrollo tecnológico relevantes de forma
independiente contribuyendo con resultados tecnológicos expresos en
trabajos documentados por publicaciones circulación internacional,
patentes, normas, prototipos, contratos de transferencia de tecnología,
y/o u otros aprobados por el Consejo de calificación”.
269

Para ser tecnólogo pleno 2 se debe:
“Tener el grado de doctor o haber realizado, después de su grado de
magister actividades de investigación y desarrollo tecnológico durante
por lo menos cinco años que le atribuya la habilitación correspondiente;
ydemostrar capacidad de realizar investigación y desarrollo tecnológico
relevantes contribuyendo con resultados tecnológicos expresos en
trabajos documentados por publicaciones circulación internacional,
patentes, normas, prototipos, contratos de transferencia de tecnología,
y/u otros aprobados por el Consejo de calificación”.
Para ser tecnológico pleno 1 se debe:
“Tener el grado de maestro o haber realizado, durante, por lo menos
tres años, actividades de investigación y desarrollo tecnológico, que la
atribuya la habilitación correspondiente; y haber participado en
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico”.
Para ser tecnólogo junior se debe:
“Tener calificación específica para su actividad”.
El prerrequisito para el ingreso y ascenso de nivel en el cargo de técnico se
requiere más del 2do grado completo, tener conocimientos específicos del cargo,
y además:
Para técnico 3 debe tener por lo menos doce años de experiencia en la
ejecución de tareas inherentes a la clasificación;
Para técnico 2, debe tener por lo menos seis años de experiencia en
las tareas inherentes a la clasificación;
270

Para cargo 1 se debe tener un año, como mínimo, de participación en
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico o habilitación
inherente a la clasificación.
Los prerrequisitos para el ingreso y ascenso en los niveles del cargo de auxiliar
técnico, son además del 1er grado completo, para auxiliar-técnico 1, tener
conocimientos específicos inherentes a su clasificación.
2.11.2.3 Carrera de gestión, planeamiento e infraestructura en ciencia y tecnología
La carrera de gestión, planeamiento e infraestructura en ciencia y tecnología está
destinada a servidores habilitados a ejercer actividades de apoyo y dirección,
coordinación, organización, planeamiento, control y evaluación de proyectos de
I+D en el área de ciencia y tecnología, como toda actividad de soporte
administrativo a los órganos técnicos.
Se tiene tres niveles de esta carrera:
• Analista en ciencia y tecnología;
• Asistente;
• Auxiliar.
Los cargos tiene la siguiente clasificación:
Analista en ciencia y tecnología
Analista en ciencia y tecnología senior;
Analista en ciencia y tecnología pleno 3;
Analista en ciencia y tecnología pleno 2;
Analista en ciencia y tecnología pleno 1;
Analista en ciencia y tecnología júnior;
Asistente en ciencia y tecnología
Asistente 3;
Asistente 2;
Asistente 1;
Auxiliar en ciencia y tecnología
271

Auxiliar 2;
Auxiliar 1.
De acuerdo a la Ley, los prerrequisitos para ingresar y ascender en la clasificación
del cargo de analista en ciencia y tecnología, además del 3er grado completo, son
los siguientes:
Analista en ciencia y tecnología Senior:
tener grado de doctor y, además, haber realizado por lo menos seis
años, después de la obtención de tal grado, actividades de gestión,
planeamiento e infraestructura en ciencia y tecnología, o haber
realizado, después de la obtención del grado de maestro, actividades
de gestión, planeamiento e infraestructura en ciencia y tecnología por
lo menos de once años, que le atribuyan la habilitación
correspondiente, o haber realizado durante por lo menos catorce años,
actividades de gestión, planeamiento e infraestructura en ciencia y
tecnología por lo menos de once años, que le atribuyan la habilitación
correspondiente; ytener reconocido liderazgo en su área de actuación,
comprobada por una contribución relevante, y orientación de equipos
interdisciplinarios o de profesionales especializados, entrenamientos
ofrecidos, coordinación de planes, programas, proyectos y trabajos
publicados y otros medios aprobados por el Consejo de Evaluación.
Analista en ciencia y tecnología pleno 3:
tener grado de doctor y, además, haber realizado por lo menos tres
años, después de la obtención de tal grado, actividades de gestión,
planeamiento e infraestructura en ciencia y tecnología, o haber
realizado, después de la obtención del grado de maestro, actividades
de gestión, planeamiento e infraestructura en ciencia y tecnología por
lo menos de ocho años, que le atribuyan la habilitación
correspondiente, o haber realizado durante por lo menos catorce años,
actividades de gestión, planeamiento e infraestructura en ciencia y
tecnología por lo menos de once años, que le atribuyan la habilitación
correspondiente; y tener realizado, de forma independiente, trabajos
272

interdisciplinarios o sistemas de soporte relevante para el apoyo
científico y tecnológico, concretado por desarrollo de sistemas de
infraestructura, elaboración o coordinación de planes, programas,
proyectos, estudios específicos de divulgación nacional u otros medios
aprobados por el Consejo de Evaluación.
Analista en ciencia y tecnología 2:
tener grado de doctor o haber ejercido por lo menos cinco años,
después de la obtención de grado de maestro, actividades de gestión,
planeamiento e infraestructura en ciencia y tecnología, o haber
realizado, después de la obtención del grado de maestro, actividades
de gestión, planeamiento e infraestructura en ciencia y tecnología por
lo menos de ocho años, que le atribuyan la habilitación
correspondiente; y haber realizado bajo supervisión, trabajos
interdisciplinarios o sistemas de soporte relevante para el apoyo
científico y tecnológico, concretado por desarrollo de sistemas de
infraestructura, elaboración o coordinación de planes, programas,
proyectos, estudios específicos de divulgación nacional u otros medios
aprobados por el Consejo de Evaluación.
Analista en ciencia y tecnología 1:
tener el grado de maestro o haber realizado durante, por lo menos, tres
años, actividades de gestión, planeamiento o infraestructura en ciencia
y tecnología, que le atribuya la habilitación correspondiente; y haber
participado en trabajos interdisciplinarios o de elaboración de sistemas
de soporte de informes técnicos o de proyectos correlacionados con el
área de ciencia y tecnología.
Analista de ciencia y tecnología junior: tener calificaciones específicas
para la clasificación.
273

Para el cargo de asistente en ciencia y tecnología, además del 2do
grado completo, debe tener conocimiento específicos del cargo y,
además:
Asistente 3: tener por lo menos doce años de experiencia en tareas
inherente a su clasificación;
Asistente 2: tener por lo menos seis años de experiencia en la
ejecución de tareas inherentes a su clasificación;
Asistente 1: tener un año, por lo mínimo, de experiencia en la ejecución
de tareas inherentes a la clasificación.
Siempre de acuerdo a la Ley, los prerrequisitos para el ingreso y
ascenso en la clasificación del cargo de auxiliar en ciencia y tecnología,
además del 1er grado completo, son los siguientes:
Auxiliar 2: tener, por lo menos, seis años de experiencia en la ejecución
de tareas específicas inherentes a su clasificación;
Auxiliar 1: tener conocimientos inherentes a su clasificación.
2.11.3 Consejo del Plan de Carrera de Ciencia y Tecnología (CPC)
De acuerdo a la Ley de la Carrera de Ciencia y Tecnología, se crea el Consejo del
Plan de Carrera de Ciencia y Tecnología (CPC) vinculado a la Secretaría de
Administración Federal de la Presidencia de la República, con la finalidad de
asesora al Ministro Jefe de esa Secretaría y al Ministerio de Ciencia y Tecnología,
cabiéndole, en especial:
Proponer normas legales o reglamentaciones, conforme sea el caso,
que dispongan sobre el ingreso, la promoción y desarrollo de las
carreras de ciencia y tecnología, tanto como sobre la evaluación del
desempeño de las mismas;
274

Acompañar en la implementación y proponer cambios de este Plan de
Carreras;
Evaluar, anualmente, las propuestas de capacidad de las unidades de
las instituciones de ciencia y tecnología;
Proponer criterios para atribuir habilitaciones equivalentes y examinar
casos omisos referentes a este Plan de Carreras.
El CPC está constituido por doce miembros, siendo los representantes,
respectivamente, de la Secretaría de Administración Federal de la Presidencia de
la República y del Ministerio de Ciencia y Tecnología; cuatro de la comunidad
científica y tecnológica; uno del Sector Productivo con actuación destacada en el
área de ciencia y tecnología; El ejercicio del mandato del CPC es considerado de
relevante interés público.Vemos pues, lo severo que son los requisitos legales
para ingresar a la carrera de ciencia y tecnología. Con ello, Brasil garantiza que el
personal del sector sea competente y que tenga incentivo para superarse
constantemente.
2.12. Política en ciencia, tecnología e innovación de Chile
El Gobierno de Chile, desde 1940 estaba preocupado por la producción. Así, la
Ley 6640 de 30 de agosto del 1940 (Congreso Nacional de Chile 1940), se crea
“una persona jurídica con el nombre de Corporación de Fomento de la
Producción, en adelante ‘la Corporación’, encargada de un plan de fomento de la
producción nacional”. El Consejo de administración de esta corporación tendrá
entre otras las atribuciones de:
Formular un plan general de fomento de la producción nacional
destinado a elevar el nivel de vida de la población mediante el
aprovechamiento de las condiciones naturales del país y la disminución
de los costos de producción y a mejorar la situación de la balanza de
pagos internacionales, guardando, al establecer el plan, la debida
proporción en el desarrollo de las actividades de la minería, la
agricultura, la industria y el comercio, y procurando la satisfacción de
las necesidades de las diferentes regiones del país. La aprobación de
275

este plan y sus modificaciones deberán contar con el voto favorable de
los dos tercios de los miembros del Consejo;
Realizar en colaboración con las entidades de fomento fiscales,
semifiscales o privadas, estudios destinados a encontrar los medios
más adecuados para crear nuevas producciones o aumentar las
actuales, mejorando las condiciones en que éstas se desenvuelven en
cuanto a calidad, rendimiento y costos de producción, y los destinados
a facilitar el transporte, el almacenamiento y venta de los productos, a
fin de que éstos puedan ser aprovechados en su estado más
satisfactorio y a los precios más convenientes;
Efectuar, de acuerdo con los resultados a que se refieren los estudios
del inciso anterior, ensayos de producción o comercio en la escala y
con las ayudas que se estimen convenientes;
Ayudar la fabricación en el país o la importación de maquinarias y
demás elementos para la producción;
Proponer y ayudar la adopción de medidas destinadas a aumentar el
consumo de productos nacionales o a obtener una mayor participación
de intereses chilenos en actividades industriales y comerciales.
El interés por generar nuevos productos dio lugar a la creación de un ente que
ponga las bases de la creación a través de la investigación científica y
tecnológica.
2.12.1 La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile
La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, creada en 1968,
por la Ley N°16747 del 14 de febrero de 1968 (Congreso Nacional de Chile 1968).
Esta ley crea el Premio Nacional de Ciencia que consiste en una recompensa
equivalente a E 20 000 (veinte mil escudos), que se otorgará “anualmente,
alternándose en las diversas áreas del conocimiento científico del Hombre o de la
Naturaleza” y se “concederá al científico o equipo de científicos chilenos cuya
obra en el campo de las ciencias puras o aplicadas se haga acreedora a tal
distinción”. Esta ley, además, crea “una Corporación Autónoma con personalidad
276

jurídica de derecho público y domiciliada en Santiago, denominada Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, destinada a asesorar al
Presidente de la República en el planeamiento, fomento y desarrollo de las
investigaciones en el campo de las ciencias puras y aplicadas”, la que se
relacionará con el Gobierno a través del Ministro de Educación Pública. El
patrimonio de la Comisión estará constituido por:
“Los fondos que le asignen el Presupuesto de la Nación y leyes
especiales;
Las donaciones, aportes, herencias y legados con que se le beneficie;
y
Las rentas propias”.
De acuerdo a su Ley de creación:
“Artículo 8°- El Presidente de la República, dentro del plazo de un año
contado desde la publicación de esta ley, dictará el Estatuto Orgánico
de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
Artículo transitorio. - Mientras entra en vigencia el Estatuto de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, la citada
Comisión continuará funcionando en la calidad jurídica y con las
modalidades establecidas en el decreto supremo N° 13.123 de 10 de
Diciembre de 1966, expedido por el Ministerio de Educación Pública”.
Según su internet de marzo del 2010,
“El CONICET promueve, fortalece y difunde la investigación científica y
tecnológica en Chile, para contribuir al desarrollo económico, social y
cultural del país. (Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica de Chile 2010)”.
Según la información que da en ese mismo portal,
277

“El rol principal fue el de asesorar directamente al Presidente de la
República en materias científicas. Conjuntamente, y durante toda su
historia, CONICYT ha apoyado la entrega de becas de post-grado y ha
financiado proyectos de investigación y desarrollo. También ha
cumplido una importante función en la sistematización de la
información científica, base fundamental para seguir generando
conocimiento”.
El CONICYT actual fomenta la formación de potencial humano avanzado, y al
desarrollo científico y tecnológico, en el marco del desarrollo regional y la
vinculación internacional.El CONICYT está adscrito al Ministerio de Educación y
se inserta en el Sistema Nacional de Innovación.Según la información de su portal
la articulación, la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación se hace a través del Comité Interministerial para la Innovación,
presidido por el Ministerio de Economía e integrado por los titulares de Educación,
Relaciones Exteriores, Minería, Agricultura, Hacienda.Según ese mismo portal del
CONICYT, la Presidenta Michelle Bachelet buscaba disminuir la brecha
económica entre Chile y los países desarrollados en cuatro áreas decisivas: el
Sistema Previsional, la Vivienda, la Innovación y el Emprendimiento y la
Educación.
La Misión del CONICYT, según se define en ese portal, es
“Promover, fortalecer y difundir la investigación científica y tecnológica,
y la innovación en Chile para contribuir al desarrollo económico, social
y cultural del país”.
El trabajo del CONICYT en el Gobierno de la Presidenta Bachelet tuvo como ejes
estratégico
a) El fomento de la formación de capital humano avanzado
b) Desarrollo y fortalecimiento de la base científica y tecnológica.
El capital humano es formado con becas de postgrado de los estudiantes hasta
que se obtiene un puesto de trabajo. Para ello articula las diversas fuentes de
financiamiento a los que se tenga acceso.La base científica ha sido levantada
tomando en cuenta la cadena del conocimiento y en los procesos de innovación y
278

desarrollo que requiere el país, haciendo esfuerzos de construir un sistema
articulado.
El apoyo a los proyectos de desarrollo científico y tecnológico se otorga con dos
perspectivas: una general que no priorizan disciplina, sector o ubicación
geográfica en particular; y otra específica con temas prioritarios para el desarrollo
del país y para una zona geográfica.El CONICYT busca llenar los vacíos que
hace de la innovación un proceso de alto riesgo. Los hace a través de fondos
concursables. Al mismo tiempo trata de generar ambientes de articulación y
vinculación entre los diversos actores de la innovación. Además promueve la
ciencia y la tecnología en la sociedad, tratando de lograr mayor participación
estudiantil en las áreas de ciencia y tecnología. Provee información sobre las
nuevas tendencias de la ciencia, la tecnología y la innovación para que los
agentes tomen decisiones con conocimiento de esas tendencias. Participa en la
elaboración de normas que faciliten el proceso de innovación.
Los principios que el CONICYT declara seguir para sus programas de apoyo son
los de la excelencia, transparencia, y eficiencia.
2.12.2 Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología
La experiencia de Estados Unidos, con la National Science Foundation, mostró la
importancia de tener un fondo para financiar la investigación científica. Así, en
1981, por Decreto con Fuerza de Ley N° 33, del 27 de octubre de 1981 (Ministerio
de Educación Pública 1981), se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico y fija normas de financiamiento de la investigación científica y
tecnológica, el que:
“Estará formado por los aportes que anualmente le asigne la Ley de
Presupuesto de la Nación, por las herencias, legados y donaciones con
que resulte favorecido y por los recursos que el Gobierno de Chile
reciba por concepto de asistencia técnica internacional, salvo aquellos
que se pongan a disposición del país con fines específicos”.
279

Además se crea un Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el
que establecerá los “montos globales para la investigación en Ciencia Básica y de
Desarrollo de Tecnología, comunicándolos a su vez, a los respectivos Consejos
Superiores”.
Asimismo, se crea un Consejo Superior de Ciencia con la función principal:
“De asignar los recursos que el Consejo Nacional de Desarrollo
Científico y Tecnológico destine a la investigación en Ciencia Básica.
Para cumplir con tal propósito el Consejo Superior de Ciencia deberá,
periódicamente, llamar a un concurso nacional de proyectos, a través
de CONICYT, al cual podrán postular las universidades, institutos
profesionales, instituciones públicas y privadas del país y cualquier
persona natural residente en Chile”.
Por otro lado, se crea el Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico, con:
La función principal del Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico
será la de asignar los recursos que el Consejo Nacional de Desarrollo
Científico y Tecnológico destine al desarrollo de tecnología. Para
cumplir con tal propósito el Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico
deberá, periódicamente, llamar a un concurso nacional de proyectos, a
través de CONICYT, al cual podrán postular las Universidades, los
Institutos Profesionales, las personas jurídicas de derecho privado y las
naturales residentes en Chile. Los postulantes deberán cumplir con los
demás requisitos que establezca el reglamento.
El Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico licitará los recursos
disponibles para Desarrollo Tecnológico, asignándose éstos a los
proyectos que soliciten de dicho Consejo un menor aporte porcentual
en relación al costo total del proyecto, todo en la forma que establezca
el reglamento. El Consejo podrá solicitar de los postulantes la
información adicional que estime pertinente.
Los recursos que el Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico asigne
a los proyectos por él favorecidos serán puestos a disposición de las
280

personas naturales o jurídicas que corresponda, a través de CONICYT,
en la forma que lo determine el reglamento.
Será deber del Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico supervisar
en forma periódica el progreso que en su realización tengan los
proyectos aprobados. Con este objeto podrá requerir los antecedentes
e informaciones que estime necesario.
Será deber del Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico supervisar
que los recursos que asigne, sean utilizados para los fines que fueran
solicitados.
Será deber de CONICYT publicar cada año un resumen de los
proyectos seleccionados por el Consejo Superior de Desarrollo
Tecnológico señalando el monto asignado a cada proyecto en ese año,
la descripción y objeto del mismo, y el estado de avance cuando se
trate de un proyecto en ejecución desde años anteriores. Deberá,
también, CONICYT publicar un informe de evaluación del Consejo
Superior de Desarrollo Tecnológico con los resultados de los proyectos
terminados de desarrollo tecnológico generados con aportes del Fondo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
Asimismo,
Si del proyecto de desarrollo tecnológico resultan inventos,
innovaciones tecnológicas o procedimientos cuya propiedad fuere
susceptible de protección mediante patente de invención u otro medio,
la institución o persona interesada en proteger su invento, innovación
tecnológica, o procedimiento, solicitará la propiedad de ésta al Consejo
Superior de Desarrollo Tecnológico, quien deberá dar su
consentimiento previa exigencia de reembolso total de los aportes
recibidos, en las condiciones que establezca el reglamento.
Si la institución o persona no solicita la propiedad del invento,
innovación tecnológica o procedimiento, el Consejo Superior de
Desarrollo Tecnológico solicitará su inscripción en los Registros
281

espectivos a nombre del Fisco quien permitirá su utilización a título
gratuito.
El 26 de noviembre de 1994 sale publicado el Decreto N° 347 (Ministerio de
Educación Pública 1994), el que crea el Consejo Asesor de la Comisión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica. En los considerando se toma en cuenta:
Que, existe la necesidad de implementar una política de desarrollo
científico y tecnológico de largo plazo, coherente con los cambios en la
base económica necesarios para impulsar una nueva etapa de
crecimiento económico y social;
Que, se deben establecer mecanismos para generar políticas y
actividades que permitan superar los factores que limitan el desarrollo
científico y tecnológico chileno;
Que, en la generación de tales políticas y actividades es necesario
contar con la participación de todos los sectores de la actividad
nacional, pública y privada, que producen, requieren y desarrollan
ciencia y tecnología;
Que, de acuerdo con la ley, es la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (CONICYT) el organismo destinado a asesorar
al Presidente de la República en el planteamiento, fomento y desarrollo
de las investigaciones en el campo de las ciencias puras y aplicadas;
Que, el Decreto Ley N° 668, de 1974, reunió la plenitud de las
funciones y atribuciones de dicho servicio en el Presidente de
CONICYT, situación que se debe mantener en tanto se estudia y
elabora el nuevo Estatuto Orgánico de esa institución;
Que, el cumplimiento de estas funciones y atribuciones precisa de la
cooperación y coordinación interdisciplinaria de diversos sectores y
organizaciones públicas y privadas del país vinculadas con la
investigación científica y tecnológica, para lo cual es de toda
conveniencia la creación de un Consejo Asesor de CONICYT, que la
asista en su acción, integrado por personas representativas de dichos
sectores y organizaciones.
282

De acuerdo al mencionado Decreto el Consejo Asesor de la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica tiene por objeto asistir al CONICYT “en el
ejercicio de sus funciones de fomento y desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
en Chile”. Las funciones específicas del Consejo Asesor serán las siguientes:
Apoyar a la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, en la formulación de las políticas nacionales en sus
campos de competencia mediante la emisión de informes y estudios
técnicos que sirvan de fundamento a las mismas;
Apoyar a la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, en la proposición de programas de desarrollo de las
ciencias básicas y aplicadas y de perfeccionamiento de los existentes,
a través de informes periódicos que señalen las áreas o tareas a las
que se debe dar prioridad y los mecanismos más adecuados para
llevarlos a la práctica;
Asesorar al Presidente de la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica en la coordinación de las actividades del sector
público y privado, relativas al desarrollo de la ciencia y la tecnología,
recomendando mecanismos para involucrar progresivamente al sector
productivo con dicho desarrollo, así como para optimizar la
coordinación de las agencias públicas y privadas vinculadas a la
investigación y al desarrollo de la ciencia y la tecnología;
Proponer criterios para la asignación de los recursos que se destinan al
fomento y promoción de actividades científicas y demás vinculadas a la
acción de CONICYT;
Servir como órgano consultivo de la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica en todas aquellas materias
relacionadas con las funciones de dicha Corporación;
Sugerir modificaciones a la normativa vigente sobre CONICYT y
materias de fomento y desarrollo vinculadas a sus campos de acción; y
Establecer su reglamento interno de funcionamiento.
283

Este Consejo está presidido por el Ministro de Educación, el Presidente de
CONICYT, dos representantes del Presidente de la República; entre otros.
2.12.3 Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología
La biotecnología es considerada como la tecnología más accesible a los países
en desarrollo. La idea en Chile está desde los ochentas. El 20 de agosto de 2002,
se publicó el Decreto N° 164 (Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
2002) que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología. En
los considerandos de la Ley se toma en cuenta:
La necesidad de disponer de una visión de futuro sobre los impactos
que hasta ahora ha tenido y que en un futuro previsible podría tener en
nuestro país el desarrollo y la utilización de la biotecnología,
particularmente en el ámbito productivo;
La conveniencia de consultar visiones expertas y ponderadas acerca
de las oportunidades y desafíos, problemas e incertidumbres que
supone la generación y la absorción de estas nuevas tecnologías por la
sociedad chilena;
La importancia de conocer y analizar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y eventuales amenazas que Chile enfrenta para generar,
absorber, difundir y aprender a usar las nuevas herramientas que
provee la biotecnología;
Los beneficios de contar con una visión estratégica y orientadora
acerca de las acciones que Chile debe impulsar para generar y
fortalecer una adecuada infraestructura tecnológica y de investigación
en el campo de las ciencias biológicas aplicadas;
La urgente necesidad de contar con una propuesta respecto del rol y
las acciones que el Estado debe asumir para impulsar la investigación
y desarrollo, la transferencia de tecnología y la utilización de la
biotecnología y de los productos derivados de las nuevas
biotecnologías en el país, especialmente en el sector productivo;
La conveniencia de contar con un marco sistémico y metodológico de
leyes y normas, con fundamento ético y científico, sobre el cual basar
284

el abordaje de materias tales como los efectos sobre la salud de los
alimentos modificados genéticamente, los eventuales efectos sobre el
medio ambiente de estos cultivos, la investigación y desarrollo de esta
tecnología, la información al público, el acceso de los pequeños
productores a los beneficios de la biotecnología y la regulación de la
propiedad intelectual en estos ámbitos; y
El evidente beneficio de identificar un conjunto de acciones prioritarias
y de gran impacto en el corto y mediano plazo, que permitan el
despegue de la biotecnología como herramienta de desarrollo
productivo y social.
Según el Decreto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología, en
adelante la Comisión, es un órgano asesor del Presidente de la República:
“Cuya función consistirá en mostrar una visión prospectiva sobre las
tendencias e impactos que, en nuestro país, observe el desarrollo de
las biotecnologías. Le corresponderá, además, elaborar una propuesta
que contenga los lineamientos estratégicos y las acciones concretas
que potencien y regulen la producción, la difusión y la utilización de
estas nuevas tecnologías a lo largo del país”.
La Comisión deberá presentar al Presidente de la República, dentro de un plazo
de 180 días, contados desde su constitución, un informe que contendrá:
Un diagnóstico de las tendencias mundiales y nacionales en materia de
biotecnología, así como un análisis de la situación nacional en esta
materia, que consideren las fortalezas y debilidades que en dicho
ámbito ostenta nuestro país;
La proposición de acciones públicas y privadas tendientes a crear y/o a
consolidar una política de desarrollo de la biotecnología en el país,
incluyendo la identificación de aquellas acciones que revisten mayor
urgencia en su ejecución o que constituyen condiciones para el
despegue de las siguientes; y la descripción de la labor realizada por la
285

Comisión, que incluya aquellos documentos provenientes de los
diversos sectores consultados o convocados.
2.12.4 Consejo de Innovación para la Competitividad
En el año 2005, mediante el Decreto N°1408 (Ministerio de Hacienda 2005), se
crea Comisión Asesora Presidencial Consejo de Innovación para la
Competitividad.
Dentro de los considerando del Decreto se tiene:
Que en la medida que nuestro país alcanza mayores y más sostenidos
niveles de crecimiento y desarrollo, más relevante se torna el desafío
de construir ventajas competitivas dinámicas, pues nuestras ventajas
estáticas en recursos naturales son potencialmente vulnerables. A la
luz de la experiencia de los países hoy desarrollados que surgieron
desde una posición relativamente similar a la chilena, la vía para
enfrentar este desafío es la economía del conocimiento en torno a los
recursos naturales.
Que a pesar de haberse alcanzado ciertas precondiciones para
avanzar en esta senda, nuestro país aún presenta importantes rezagos
en materia de innovación para la competitividad. En efecto, por una
parte, existe una insuficiente incorporación de la innovación tecnológica
como factor competitivo, lo que se refleja en una baja tasa de gasto en
Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB, siendo
particularmente bajo el esfuerzo relativo del sector privado; y, por otra,
se constata una baja proporción de investigación comercializable, lo
que se agrava por la insuficiente vinculación entre universidades y
empresas.
Que, a diferencia de los países líderes en la economía del
conocimiento, Chile aún no cuenta con una estrategia explícita que
oriente las prioridades de política de innovación, ni con una instancia
de coordinación y evaluación de los esfuerzos en dicho ámbito, lo que
ocasiona descoordinaciones y duplicaciones de programas públicos e
286

impide la generación de masa crítica en programas particulares,
disminuyendo así su eficiencia y eficacia.
Que, sin embargo, Chile dispone hoy de una excepcional oportunidad
para avanzar, a la par de su crecimiento, en la tarea de convertir lo que
podría ser un impulso transitorio en un factor de desarrollo duradero.
Un primer e importante paso para abordar este reto fue el amplio
consenso que permitió el establecimiento de un impuesto específico a
la minería, que permitirá al país percibir lo que en justicia le
corresponde por sus riquezas en cobre y otros minerales. El paso
lógico y necesario que debemos dar a continuación, es generar un
consenso similar que permita disponer de estos recursos para financiar
el tránsito al desarrollo.
Que para tal objeto se ha planteado, a través del proyecto de ley que
crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, en actual
tramitación legislativa, que la mayor recaudación obtenida por el erario
nacional mediante la aplicación del impuesto mencionado se destine a
incrementar los esfuerzos para el fortalecimiento de la capacidad
innovadora del país. Con este propósito, dicha iniciativa legal, además
de orientar el destino de los recursos señalados, genera una
institucionalidad funcional para que estos recursos aumenten la
productividad y competitividad de nuestra economía, y crea las
condiciones para que la innovación sea de alta calidad y esté asociada
a nuestras ventajas comparativas.
Que la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2006 ya
cuenta con los recursos para constituir el Fondo Nacional de
Innovación para la Competitividad y, sin embargo, dado que el referido
proyecto de ley aún no concluye su tramitación legislativa, dicho fondo
no cuenta con una institucionalidad que permita gestionarlo y asegurar
el real impacto de estos recursos.
Que en este contexto, se requiere contar con la asesoría altamente
calificada de autoridades y personalidades que, agrupadas en una
comisión, evalúen y propongan los lineamientos para una estrategia de
innovación para la competitividad, las políticas y medidas que permitan
287

ponerla en ejecución, así como el destino e inversión de los recursos
disponibles para dichos objetivos.
El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad que tendrá la
misión de asesorarlo (al Presidente de Chile) en la identificación,
formulación y ejecución de políticas, planes, programas, medidas y
demás actividades relativas a la innovación, incluyendo los campos de
la ciencia, la formación de recursos humanos especializados y el
desarrollo, transferencia y difusión de tecnologías.
El Consejo tendrá en especial las siguientes tareas:
Recomendar, a través de la Secretaría Ejecutiva, acciones orientadas a
revelar la importancia que tiene la innovación para el desarrollo futuro
de Chile y divulgación de las propuestas estratégicas contenidas en el
informe entregado por el Consejo al Presidente de la República el 3 de
marzo de 2006.
Proponer a partir de dicho informe, un mecanismo de consulta y
diálogo con los actores relevantes, especialmente a nivel regional.
Como resultado de este proceso, el Consejo deberá sugerir una
Estrategia Nacional de Innovación que incorpore aquellos aspectos que
considere pertinentes y que constituyan la concreción de los
lineamientos contenidos en el informe. El plazo para la entrega de la
propuesta definitiva será el 31 de diciembre de 2006 y deberá abarcar
al menos lo siguiente: Diagnóstico de la posición competitiva del país y
sus regiones; Visión de desarrollo de largo plazo; Objetivos
estratégicos; Líneas de acción; Metas; y, Criterio de evaluación del
cumplimiento de las mismas.
Aconsejar y formular una propuesta de asignación de los recursos que
se contemplarán en el Presupuesto del Fondo de Innovación para la
Competitividad, y de las metas que deberán cumplir las instituciones
ejecutoras. Esta propuesta deberá estar disponible a más tardar el 14
de julio de cada año, plazo que tienen los organismos de Gobierno
para presentar su proyecto de presupuesto a la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
288

Hacer un seguimiento, a través de la Secretaría Ejecutiva, de la
ejecución de los estudios propuestos por el Consejo y de los resultados
obtenidos por parte de las instituciones ejecutoras de los programas y
proyectos financiados por el Fondo de Innovación para la
Competitividad.
Profundizar las propuestas de rediseño institucional del Sistema
Nacional de Innovación.
2.12.5 Estrategia Nacional de Innovación en Chile
En enero de 2007, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad
(CNIC) presentó el primer volumen de su propuesta de Estrategia Nacional de
Innovación (Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad 2007);
tendiente a duplicar el PBI al 2020, con una economía del Conocimiento, basada
en el capital humano, la ciencia y la innovación.
Las primeras ideas giran alrededor de una política de selectividad en clusters y
una renovación de la institucionalidad del Sistema Nacional de Innovación.
En la Sección 1, primer capítulo del documento expone un diagnóstico de la
competitividad relativa de Chile, presentando las brechas en relación a países
más avanzados en educación, gasto en I+D y diversidad productiva. En segundo
capítulo se propone políticas para mejorar la innovación. El tercer capítulo se
refiere a las debilidades del Estado respecto al sistema nacional de innovación y
presenta una propuesta general de gobernabilidad, la que conlleva nuevos rol y
funciones del Consejo. El cuarto presenta metas, objetivos estratégicos y líneas
de acción que se desprenden de lo anterior.
En la Sección 2 se describe el trabajo realizado con respecto a las tareas más
significativas. El primer capítulo se refiere a los actores del Sistema Nacional de
Innovación; el segundo trata sobre la recomendación presupuestaria para 2007
del Fondo de Innovación para la Competitividad. El tercer capítulo trata de
identificar los sectores económicos con potencial competitivo y propone políticas
289

específicas sobre ello. El cuarto capítulo presenta los estudios que el Consejo
encargó durante 2006.
Según el resumen ejecutivo de este documento:
Chile lo ha hecho bien en los últimos 20 años, tanto así que entre 1990
y 2005 prácticamente duplicó su ingreso per cápita, un logro histórico
que nos hace mirar el futuro con optimismo. Pero alcanzar el desarrollo
requiere de un esfuerzo mucho más prolongado en el tiempo, lo que a
su vez nos obliga a estar preparados para un escenario competitivo
internacional, cada vez más exigente.
Dos tendencias marcan ese futuro. La primera es el avance
insoslayable de la globalización, que trae consigo no sólo nuevos
mercados para nuestras exportaciones o nuevos bienes de consumo,
sino también la emergencia de nuevos competidores en mercados que
creíamos ya conquistados. La segunda se relaciona con la
consolidación de un nuevo modelo de economía, a nivel mundial,
donde los motores de la competitividad y el desarrollo de largo plazo
son el conocimiento y la innovación y tras ellos, el capital humano.
La globalización y la nueva economía basada en el conocimiento
exigen contar con mano de obra más calificada, desarrollar
capacidades de aprendizaje permanente, disponer de centros de
investigación competitivos internacionalmente y con impacto nacional, y
generar redes interinstitucionales para sacar el mejor rendimiento
social a la interrelación entre educación, conocimiento, ciencia y
tecnología.
Este escenario complejo y desafiante nos obliga a revisar nuestra
estrategia de desarrollo, partiendo del conocimiento cabal de las
condiciones en las que asumimos este desafío y de las tendencias y
oportunidades globales que nos tocará enfrentar; en esa revisión, la
experiencia de naciones que surgieron desde una posición
relativamente similar a la chilena nos resulta particularmente relevante.
Este Consejo cree firmemente que nuestro país está frente a una gran
oportunidad para alcanzar el desarrollo que antes nos resultaba
esquivo. Para lograrlo, se propone seguir avanzando de manera
290

perseverante, y buscando los consensos que esto requiera, en la ruta
de la Economía del Conocimiento, por la vía de combinar las ventajas
del modelo exportador de recursos naturales, donde el país ha logrado
ya grandes avances, con las habilidades creadas por un esfuerzo
creciente en la generación de capital humano y conocimiento que,
aplicados al proceso productivo, posibiliten dar el salto a sectores
basados en ventajas competitivas adquiridas.
Dicho camino permitirá enfrentar con éxito la dura competencia
internacional, continuar creciendo en el mercado global y generar cada
día más y mejores empleos para una fuerza laboral más calificada.
También abrirá la posibilidad de avanzar hacia una mayor equidad,
pues potencia como recurso de base el desarrollo del conocimiento, un
activo cuya propiedad se puede de manera más igualitaria que la del
capital o la de los recursos naturales.
Los desafíos que tenemos por delante, no obstante, son mayores; para
alcanzar el éxito en la tarea de agregar conocimiento a la producción,
se requiere de una mirada sistémica y de una nueva alianza, que
conjugue el esfuerzo emprendedor privado con una participación
pública orientada a, de una parte, asegurar la provisión de los bienes
públicos que sustentan la innovación, esto es, el capital humano, las
redes de infraestructura física y tecnológica y la investigación científica
y, de otra, el marco de incentivos y reglas del juego que favorezcan el
desarrollo tecnológico y el surgimiento de una mayor diversidad
productiva.
Se trata, eso sí, de una alianza para que el sector público complemente
–y jamás sustituya – al sector privado en la generación de capacidades
competitivas que, en último término, sólo pueden ser validadas por la
generación de mejores bienes y servicios valorados en los mercados.
Sólo una vez definido el camino se pueden fijar horizontes. Y en esa
perspectiva, volver, por ejemplo, a duplicar el Producto Interno Bruto
(PIB) per cápita en los próximos quince años emerge como una meta
en la que debieran coincidir tanto los esfuerzos del Ejecutivo como los
del sector privado, así como las expectativas ciudadanas. Ésta,
digámoslo claramente no es tarea fácil. Para conseguirlo, será
291

necesario aumentar el aporte al crecimiento de la Productividad Total
de Factores (PTF), elemento que se funda justamente en la dinámica y
diseminación del conocimiento, en el cambio tecnológico, en el capital
humano y en la innovación.
¿Está preparado Chile para el desafío?
En 2005 y 2006 Chile se situó en el lugar 27 en el ranking de
competitividad global elaborado por el Foro Económico Mundial,
posicionándose como la economía con mejor desempeño dentro de
sus pares latinoamericanos. Esta buena posición no sólo refleja
instituciones públicas sólidas, sino también la existencia de mercados
eficientes y en buena medida libres de distorsiones; un régimen
regulatorio creíble y estable; y un manejo macroeconómico adecuado,
aspectos todos que han sido determinantes en la creación de
condiciones propicias para el crecimiento y la lucha contra la pobreza.
Sin embargo, existen otras áreas en las que nuestro país muestra
debilidades que urge superar. Estas se encuentran en capital humano,
en la inversión en I+D y en su todavía insuficiente diversidad
productiva, ámbitos todos cercanos a la preocupación de este Consejo
y factores que, según la evidencia internacional, son hoy las claves
para la competitividad y crecimiento.
Dos brechas en educación
En la actualidad existe pleno consenso de la urgencia de una reforma
profunda en la educación, que considere un cambio sustancial en la
calidad, cuyas deficiencias han sido ampliamente reconocidas por
estudios nacionales e internacionales, y en la cobertura, principalmente
de la educación preescolar y terciaria. Las diferencias en cobertura y
calidad abren el tema de una eventual demanda por mayores recursos
públicos en educación, lo que aparece avalado por una desfavorable
comparación respecto de nuestros referentes externos. Las
comparaciones a nivel mundial en materia de educación ponen una
tarea a Chile: los datos muestran que el nivel educacional promedio
292

de nuestra fuerza de trabajo está por debajo de lo que correspondería
de acuerdo a nuestro nivel de ingreso y, aunque las proyecciones
hablan de un aumento hacia 2010, este impulso no sería suficiente
para cerrar las brechas respecto de los países que constituyen
nuestros necesarios puntos de comparación.
¿Cómo abordar este desafío? Dado que el sistema escolar ha
alcanzado altos niveles de cobertura en enseñanza básica y media,
mejorar sustancialmente la escolaridad pasa por aumentar muy
significativamente la educación terciaria (técnica y universitaria). Un
cambio de la envergadura requerida no será posible si no se atacan los
problemas de calidad que persisten en nuestra educación básica y
media: sólo será efectivo y eficiente elevar masivamente la cantidad de
jóvenes que ingresa a la educación terciaria si éstos tienen las
competencias básicas que les permitan aprovechar cabalmente esa
oportunidad, asegurando de paso al país un real salto en capital
humano relacionado con ese esfuerzo.
Apuntar a la calidad, entonces, es una tarea ineludible. Y ello requiere
no perder de vista dos tipos de análisis.
El primero es que elevar la calidad depende, a no dudarlo, de:
i) una importante mejora a nivel de gestión del sistema educacional que
eleve su eficiencia,
ii) esto, a su vez implica de manera indispensable una real rendición de
cuentas de los participantes de este mercado respecto del uso de los
recursos y sus resultados,
iii) para ello es fundamental una adecuada relación entre el mandante
(el Estado) que aporta (aunque sea parcialmente) los recursos y los
operadores del sistema y
iv) una solución a las fallas de información que impiden que los
usuarios–y el Estado, si este aporta recursos–puedan ejercer un control
efectivo de los oferentes en este mercado.
293

El segundo apunta a que, no obstante todo lo anterior, persistirían
algunos problemas de recursos. La OECD indica, por ejemplo, que
diferencias en el gasto acumulado por alumno explican en un 54% la
variación del desempeño promedio entre países en la prueba PISA. Y
en efecto, si se compara a Chile a nivel internacional es posible
verificar que el gasto en educación por persona en edad escolar se
encuentra en niveles inferiores al de los países emergentes que
pueden ser referentes para el nuestro. Y la comparación se hace aún
más desfavorable cuando se incluyen sólo los recursos públicos,
indicador que es relevante dado que el 60% menos acomodado de la
población depende críticamente de esa fuente de recursos.
Es posible que la urgencia de dar un salto en capital humano entrañe
una mayor demanda por recursos públicos. No obstante, parece
prematuro adelantar cálculos toda vez que, por ejemplo, en educación
terciaria, donde urge expandir la cobertura, es posible liberar recursos
con una refocalización de los criterios actuales en el otorgamiento de
becas y créditos. Debe reconocerse, en cualquier caso, que el foco y
los recursos destinados últimamente a educación pre-escolar, así como
el proyecto de subvención diferenciada, son avances en la dirección
correcta. Asimismo, la consideración de un eventual aumento de
disponibilidades no puede preceder a la aplicación de medidas
tendientes a garantizar la eficiencia en la aplicación de los recursos
actualmente disponibles.
Un mayor esfuerzo en I+D
Estudios recientes han demostrado que la evolución de la PTF, ese
factor crítico que necesitamos acelerar, depende fuertemente no sólo
de la calidad de los recursos humanos, sino del esfuerzo realizado en
materia de investigación y desarrollo (I+D).
Un análisis basado en el comportamiento de 15 países de la OCDE
concluye que no es correcto argumentar que los países ricos inviertan
más en I+D porque son ricos, sino que son ricos porque invierten más
en I+D. Y las comparaciones internacionales de Chile con los países
294

que hoy están creciendo aceleradamente y con aquellos que, siendo
ricos en recursos naturales, han alcanzado el desarrollo, muestran que
no estamos haciendo el esfuerzo requerido en esta área.
Diversidad productiva: ir más allá
Diversos estudios realizados, entre otros, por el Banco Mundial,
reportan contundente evidencia de que la creación de sectores
dinámicos basados en recursos naturales no es incompatible con la
construcción de nuevas ventajas comparativas en industrias móviles y
de alta tecnología. Más aun, es deseable que esto ocurra, ya que,
conforme lo indican otros estudios, la diversidad productiva favorece el
crecimiento de los países.
Se trata, entonces, de mirar el desarrollo productivo del país con
sentido estratégico y de entender que, sobre la base de las ventajas
estáticas de los recursos naturales, la tarea para avanzar hacia el
desarrollo es ir construyendo nuevas ventajas dinámicas. Primero
inyectando conocimiento a nuestros productos todavía
insuficientemente elaborados, pero, además, potenciando primero los
clusters existentes ligados principalmente a los recursos naturales, y
luego transitando de manera paulatina a sectores basados en mayor
medida en una utilización intensiva del conocimiento.
El apoyo para el fortalecimiento del potencial productivo de las
empresas chilenas planteado en este documento debiera reflejarse en
un mejoramiento de los índices de diversidad productiva del país. En la
actualidad los 25 principales productos exportados corresponden al
76% del total de las exportaciones, mientras que en los países que hoy
nos duplican en ingreso per cápita, dicho indicador es inferior al 50%.
2.12.5.1 Las fallas de mercado y el rol del Estado
Lograr avances reales en el camino trazado requiere clarificar en la
mayor medida posible qué debe hacer el Estado y qué debe ser
295

eservado a la iniciativa privada. La confusión de roles lleva a
superposiciones, inhibiciones, desperdicio de recursos y, en definitiva,
a una pérdida de credibilidad en el Estado y en el sector privado.
Nuestro sistema de innovación adolece de algunas serias fallas de
organización que impactan adversamente su costo-efectividad, más
allá de que cierta y afortunadamente se encuentren experiencias muy
positivas en algunas áreas. Por lo mismo, las mejorías de organización,
la adecuada estructura de incentivos y la precisión en la separación de
roles entre lo privado y lo público, son componentes esenciales, tanto
como la adecuada provisión de recursos, en esta tarea.
La acción del Estado debe ceñirse estrictamente a cumplir un rol
subsidiario, el que en cualquier caso–es importante, atendidas la
multiplicidad y profundidad de las fallas de mercado y de sistema que
afectan al proceso innovativo. Entre ellas destacan los problemas de
apropiabilidad, las fallas de información, la intangibilidad de los activos
y las fallas de red.
Como garantía operacional, a objeto de evitar la intromisión de la
acción estatal en ámbitos que pueden y deben ser desarrollados por el
sector privado, la entrega de recursos públicos para la innovación debe
procurar, en todo los casos en que sea posible, apalancar esfuerzos
mayores por parte del sector privado.
El diseño de políticas públicas tiene que tener en cuenta,
adicionalmente, que las fallas de mercado se presentan de manera
dinámica. Y ello obliga no sólo a contar con instrumentos flexibles y
revisables, sino también a tomar decisiones estratégicas de cara a los
desafíos que el país deberá enfrentar en el futuro.
La acción del Estado debe también conservar un adecuado balance
que conjugue las fortalezas provenientes de las políticas públicas
neutrales con la necesidad de incorporar criterios de selectividad, los
que deberán surgir de un análisis no arbitrario, ni contaminado por la
presión de grupos de interés, tanto de las potencialidades de la
economía nacional como de las trabas o falencias que el país presenta
para desarrollarlas.
296

2.12.5.2 Institucionalidad
El tránsito hacia la economía del Conocimiento y la necesidad de un
esfuerzo conjunto de los sectores público y privado en la generación de
innovación requieren de una institucionalidad que garantice la
coherencia al sistema y que permita definir objetivos estratégicos hacia
los que deben avanzar todos los actores de manera coordinada y
colaborativa.
En el diseño institucional de un sistema de innovación se debe
asegurar y coordinar tres tipos de coherencias: horizontal, vertical y
temporal. Estas atacan directamente a las tres principales fallas de
Estado que afectan con particular fuerza a la innovación: los problemas
de captura, los problemas de agencia y la inconsistencia dinámica.
En la innovación se evidencia con particular intensidad la dificultad que
enfrenta una autoridad para optar por una acción cuyos beneficios se
expresarán fuera del período de su mandato (inconsistencia dinámica),
porque en este caso, digámoslo claramente, los resultados son de
largo plazo y la sociedad posiblemente no los valora aún en toda su
importancia.
La falla de Estado asociada a la captura de rentas se produce cuando
alguien extrae un beneficio particular de algún instrumento público. En
la innovación, el peligro de la captura es mayor, justamente porque las
fallas de mercado en este ámbito son más profundas, lo que da mucho
espacio para la intervención pública y para quienes buscarán extraer el
mejor provecho de esta activación.
Los problemas de agencia se producen porque existe asimetría de
información en las relaciones jerárquicas: existe un “superior” que
encarga una tarea a un ejecutor, pero este último tiene una posición
privilegiada porque dispone de toda la información sobre ese
mandato.Para enfrentarla se requiere de un sistema de control de
297

gestión profesional junto a la implementación de mecanismos que
permitan que los distintos agentes puedan internalizar tanto los
beneficios como los costos de sus acciones.
La senda de la innovación requiere de una conducción al más alto
nivel, que integre las distintas miradas que convergen en ella, y no
pueda ser atrapada por las urgencias y presiones de la inmediatez.
Asegurar la gobernabilidad del sistema y generar una institucionalidad
que oriente, coordine y sincronice las políticas públicas pro innovación,
es imprescindible para la materialización de la Estrategia Nacional de
Innovación para la Competitividad.
Una solución institucional eficiente pasa obligadamente por hacer una
división clara entre, de una parte, la responsabilidad de proponer un
diseño y un modelo de seguimiento de las políticas pro economía del
conocimiento y, de otra, la tarea de instrumentar y ejecutar dichas
políticas.
Para ello se propone un Consejo asesor integrado por los distintos
actores del Sistema Nacional de Innovación, que se aboque a generar,
revisar y perfeccionar la estrategia, recomendar el uso de recursos
públicos para la innovación y poner una voz de alerta cuando el
sistema se separe de los objetivos planteados.
El hecho de que este Consejo reúna la visión de los múltiples actores
del Sistema Nacional de Innovación facilita la coordinación, ayuda a
una mejor comprensión de los problemas y contribuye a la búsqueda
de consensos y al adecuado balance de intereses individuales y
colectivos, públicos y privados. No obstante, es fundamental que el
Gobierno se involucre en la tarea de la innovación con un compromiso
al más alto nivel político, y por ello es necesario que, junto con
su activa participación en este Consejo, exista,
separadamente, una entidad al más alto nivel del Ejecutivo que tenga
298

la responsabilidad de la implementación de la estrategia por parte del
Gobierno. Sólo así se dará un marco institucional adecuado para la
conducción de la innovación en el país.
Este modelo debe asegurar coherencia en todos los niveles, aclarando
el rol de cada agente y velando porque la toma de decisiones de
asignación de recursos sea consecuente con las definiciones
emanadas de la estrategia.
2.12.5.3 Los primeros pasos
Este Consejo inició su trabajo en mayo de 2006 teniendo como objetivo
prioritario la construcción de una estrategia nacional de innovación para
la competitividad, pero contando además entre sus tareas con la
obligación de elaborar una propuesta d asignación presupuestaria del
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) para el ejercicio
2007.
Esta doble misión obligó a un intenso trabajo inicial para establecer un
plan y una metodología de trabajo que sirvió luego como cimiento tanto
para la sugerencia entregada al Gobierno respecto del FIC como para
la discusión de las bases conceptuales de la estrategia que se presenta
en este volumen. Así, el trabajo de este Consejo se ha transformado en
un proceso de retroalimentación entre lo que ha sido, por un lado, el
trabajo de reflexión e indagación realizado para la elaboración de este
documento y, por otro, la aplicación práctica de dicho aprendizaje tanto
en la propuesta hecha para el manejo de recursos fiscales operados por
el Fondo de Innovación como en los pasos siguientes qu completarán
las definiciones más de detalle de la estrategia.
2.12.5.4 Objetivos estratégicos y líneas de acción
Capital Humano
299

Objetivo:
Fomentar un sistema formador de capital humano que integre la
formación de técnicos y profesionales y la capacitación laboral. Éste
debe ser flexible, integrado, basado en competencias y capaz de
generar, difund y apropiar la innovación, especialmente en aquellos
sectores en que existe potencial competitivo, realizado o por lograr.
Líneas de acción:
Redefinición del financiamiento público a la educación terciaria en
función de los bienes públicos que ésta produce: educación de calidad,
investigación científica básica y aplicada de excelencia, vinculación y
extensión con y hacia el mundo productivo. Esta redefinición debe
enfatizar una orientación tanto en la formación de profesionales como
en la investigación y extensión, en razón de las necesidades presentes
y futuras del país.
Expansión significativa de la educación terciaria, particularmente la
técnica, asegurando calidad y pertinencia de acuerdo a los
requerimientos de la estrategia y coherencia con los sistemas de
capacitación. Consideración de los mecanismos de financiamiento
públicos y privados, para dar cuenta de la expansión de cobertura
necesaria en este ámbito
Generación de estándares de competencias tanto para la formación en
educación terciaria, como para la capacitación; y, junto con ello,
definición e implementación de sistemas de acreditación para la
educación y la capacitación, en base a estándares definidos y en
función de los cambios que experimente el mercado y las señales
entregadas desde la estrategia.
Fomento a la formación de capital humano altamente especializado,
especialmente mediante el apoyo a estudios de postgrado en
nstituciones de excelencia, definida en base a estándares
300

internacionales, y sobre la base de la demanda que surja a partir de las
brechas existentes en las áreas y sectores de mayor potencial para el
país.
Asimismo, considera la generación de políticas migratorias que
permitan complementar el capital humano doméstico en áreas
deficitarias.
La ciencia
(I+D)
Objetivo:
Fomentar el desarrollo de la ciencia en general, como una de las bases
de la innovación, con énfasis en aquella investigación científica más
aplicada al desarrollo tecnológico o enfocada a dar respuesta a los
problemas productivos, en particular aquella vinculada con los
sectores en que somos o deberíamos ser competitivos hoy, y aquellos
en que se observe una buena relación entre su potencial y el esfuerzo
a invertir para desarrollarlos.
Líneas de acción:
Incremento del apoyo público a la actividad científica y
tecnológica básica y aplicada, con especial énfasis, aunque no
exclusivo, en las iniciativas orientadas por los sectores
productivos (tiradas por la demanda), aumentando con ello el
apalancamiento de gasto privado.
Apoyo al desarrollo de centros científicos y tecnológicos de excelencia,
integrados a redes nacionales e internacionales para la formación de
capital humano avanzado, vinculación con los sectores productivos,
generación de nuevo conocimiento y apoyo a las actividades de otros
grupos de investigadores en el país. Este apoyo se debe ordenar en
base a un sistema que encadene el financiamiento público de los
301

potenciales y actuales centros científicos y tecnológicos, basado en
asegurar su excelencia y premiar su vinculación con los temas de
interés para la estrategia.
La innovación en la empresa
Objetivo:
Desarrollar la actividad innovativa en las empresas, considerando
innovaciones de producto, en procesos de comercialización y en la
gestión de la organización (modelos de negocio y otros).
Líneas de acción:
Revisión de los fondos y programas de apoyo a la innovación
empresarial en la perspectiva de aumentar su eficiencia como
catalizadores de los distintos tipos de innovación, cuidando de no
sustituir lo que el sector privado puede hacer por sí mismo y
priorizando aquellos sectores y temáticas que la estrategia resalte.
Promoción de la vinculación de las empresas con la actividad científica
y tecnológica al servicio de la innovación con fines empresariales, a
través de consorcios tecnológicos, intermediarios confiables (trusted
brokers) u otros instrumentos, y de la generación de mecanismos de
acreditación y otros que permitan transparentar la calidad de los
centros de investigación ante el sector privado.
Perfeccionamiento de las normas sobre propiedad intelectual y
desarrollo de mecanismos que aseguren los derechos de propiedad de
innovaciones surgidas de actividades colaborativas.
Perfeccionamiento de los mercados financieros de modo que se abran
nuevas opciones de financiamiento a los proyectos innovativos y al
desarrollo de los insumos de la innovación (ciencia y educación) y se
facilite el comercio y el acceso a mercados.
302

Profundización de los modelos de difusión tecnológica basados en el
apoyo integral a la innovación de empresa de menor tamaño, que
faciliten el acceso a acompañamiento técnico especializado para el
desarrollo innovativo de la empresa, con sistemas de consultoría
acreditados, y que incorporen los costos de aprendizaje o innovación
blanda asociados a la adopción de tecnologías.
La cultura
Objetivo:
Generar conciencia y una actitud proactiva en la sociedad haci la
innovación, reconociéndola, valorándola e incorporándola como un
factor clave para el desarrollo del país y, por ende, para el bienestar de
todos los chilenos.
Líneas de acción:
Promoción en la opinión pública de una idea de innovación para la
competitividad que, aprovechando su connotación positiva, unifique los
contenidos del concepto y genere las bases de un lenguaje común.
Promoción y reforzamiento de conductas innovativas en distintos
ámbitos, enfatizando la voluntad de vencer el temor al fracaso y la
comprensión de los obstáculos como oportunidades; y generando la
certeza, urgente e ineludible, de que el desarrollo depende de la
capacidad de innovación.
Institucionalidad
Objetivo:
Asegura la gobernabilidad del sistema y generar una institucionalidad
que oriente, coordine y sincronice las políticas públicas pro innovación,
303

permitiendo la materialización de la Estrategia Nacional de Innovación
para la Competitividad.
Líneas de acción:
Consolidación por ley del Consejo Nacional de Innovación para la
Competitividad, con carácter multisectorial y autónomo, de modo que
permita enfrentar las presiones sobre el Gobierno y demás actores por
resultados de corto plazo. Generación de capacidades –en el Consejo
y el Ejecutivo, en el marco de los roles que le cabe a cada uno, según
lo expresado en el capítulo 3– para la evaluación y el diseño de las
políticas y programas de fomento a la innovación, así como para la
generación de información relevante que permita mantener actualizada
la estrategia y rendir cuentas permanentemente a la ciudadanía.
Fortalecimiento de la institucionalidad pública para la innovación
basada en dos grandes pilares, CORFO y CONICYT, definiendo
claramente roles basado en las fallas de mercado que buscan corregir
y superando los problemas de coordinación que existen actualmente.
Creación de una instancia de gestión de las políticas de innovación en
el Ejecutivo, que cautele el alineamiento estratégico de las distintas
instituciones que participan del sistema público de innovación y que
concentre y sea transparente la responsabilidad política.
Regiones
Objetivo:
Abordar con especial énfasis en el desarrollo de la institucionalidad la
participación de las regiones tanto en la generación de las estrategias
de innovación locales como en su aplicación.
Líneas de acción:
304

Identificación de las brechas de competitividad que afectan el
desarrollo de los sectores con potencial competitivo, y definición de las
hojas de ruta para avanzar en cada uno de ellos, así como en
plataformas transversales que han sido identificadas como clave para
su desarrollo, con especial atención a su especificidad regional y
macro-regional.
Fomento de la participación de las regiones en la generación e
implementación de las políticas de innovación, con grados de
autonomía y flexibilidad crecientes, considerando un modelo de
rendición de cuentas y la plena internalización de los beneficios y
costos de sus decisiones, incorporando instancias de nivel macroregional.
Infraestructura habilitante
Objetivo:
Fortalecer la vinculación del Sistema Nacional de Innovación con su
entorno, permitiendo que este le provea un ambiente favorable al
desarrollo del proceso innovativo en todos los ámbitos.
Líneas de acción:
Potenciamiento del desarrollo de la infraestructura vial, digital y el
suministro de energía, que permita el desarrollo de sectores y
actividades clave para la innovación.
Perfeccionamiento de los marcos regulatorios sectoriales, tales como
regulación de la competencia, del medio ambiente, de la fuerza laboral,
para facilitar el desarrollo y las transformaciones que la innovación
impone.
Desarrollo de una plataforma de competencias básicas de nivel
internacional en la población menor de 18 años de edad, priorizando el
desarrollo de la creatividad y el emprendimiento mediante el empleo de
305

métodos activos de enseñanza y experimentación en todos los
sectores de aprendizaje.
Identificación y promoción de acciones que mejoren la posición
competitiva de Chile en los mercados internacionales. Este Consejo
entiende que su mandato respecto de proponer una estrategia nacional
de innovación sólo estará cumplido a cabalidad cuando se complete el
diseño en detalle de las líneas de acción propuestas para adecuar la
institucionalidad y los sistemas de gobernabilidad del conjunto del
sistema público de apoyo a la innovación, e identifique, tanto al nivel
sectorial (clusters) como regional, las brechas más importantes que
aún persisten para el pleno desarrollo de su potencial y las principales
políticas específicas para lograrlo.
2.12.6 Hacia una estrategia de innovación para la competitividad.
En el 2008, el CNIC publicó el II volumen de su informe Consejo Nacional de
Innovación para la Competitividad de Chile (2008), del cual vamos a presentar el
volumen ejecutivo:
Chile se enfrenta a un gran reto. Durante 20 años hemos mantenido
una trayectoria de crecimiento económico sólida y sostenida, pero la
carrera no está ganada. La economía y los mercados globales
evolucionan de manera vertiginosa y nuestro país debe apurar el paso
si quiere alcanzar el Bicentenario transitando por una vía de mayor
progreso y equidad.
Para estar a la altura de los múltiples desafíos que depara este mundo
marcado por el cambio y la competencia global, “nada es más
productivo que una inversión al servicio de la innovación”, entendida
ésta de manera amplia como creación de valor y no sólo como
sofisticación tecnológica. Y esto abre múltiples caminos según
las posibilidades de cada país: desde hacerse fuerte en innovación de
306

gestión en el área de los servicios, como el retail, hasta
desarrollar nuevos productos o procesos en sectores mucho
más cercanos a la ciencia o la tecnología, entendiendo que
el epicentro de la innovación es la empresa y que la última palabra la
tiene el mercado, tanto nacional como global.
• Un sistema de aprendizaje para toda la vida, accesible y de
calidad.
• Una plataforma de generación, difusión y aplicación del
conocimiento que se funde en un esfuerzo permanente y robusto
de investigación científica y tecnológica, coherente con los
problemas productivos y sociales del país.
• Un sistema empresarial innovador, orientado a la creación de
valor como estrategia de competencia en los mercados globales,
con empresas que estén dispuestas a asumir el rol protagónico
que les cabe en las actividades de investigación y desarrollo e
innovación.
El primer volumen de esta propuesta planteó qué debía y qué no debía hacer el
sector público para apoyar la innovación. En esta segunda entrega, en tanto, se
establece más específicamente cómo debe actuar en cada uno de estos tres
pilares y, sobre todo, cómo debe organizarse para cumplir estas tareas de manera
oportuna y armónica, teniendo siempre como objetivo final que el sector privado
maximice su potencial en beneficio del desarrollo del país.
Un gran desafío en Capital Humano
Responder adecuadamente a los desafíos de la globalización y la
Economía del Conocimiento y avanzar hacia un mayor crecimiento y
equidad son tareas que dependen, en gran parte, del capital humano
de los países, esto es, de la capacidad de las personas para resolver
307

nuevos problemas mediante el ejercicio de conocimientos,
competencias y habilidades adquiridas, elevando su productividad y
calidad de vida.
Por ello, la propuesta del Consejo de Innovación es que, como lo han
hecho los países desarrollados, avancemos hacia la consolidación
de un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida, abordando los
principios de acceso, calidad y pertinencia que permitan dar respuesta
a las necesidades de las personas y de una sociedad en
transformación permanente.
Esta es una tarea compleja que sólo puede hacerse realidad en la
medida que se asegure que el sistema de formación de capital humano
funcione de manera coherente y asegure calidad, y por ello el Consejo
otorga especial importancia a fortalecer la adecuada articulación y
flexibilidad entre sus componentes clave.
Consecuentemente, se propone:
El fortalecimiento de sistemas de información que permitan orientar y
retroalimentar a los distintos actores del sistema de formación
permanente: a los estudiantes y trabajadores, para decidir de manera
informada los itinerarios formativos que respondan a sus desafíos
laborales y vocacionales; a los empleadores, para rentabilizar su
inversión en formación de sus trabajadores; a las instituciones de
formación, para promover oferta pertinente y de calidad acorde con las
necesidades y tendencias del mercado laboral, y al Gobierno para
fortalecer o modificar sus políticas de desarrollo del capital humano.
La consolidación de mecanismos de articulación dentro y entre los
distintos niveles de formación y capacitación y de éstos con los
requerimientos del mercado laboral, tales como: sistemas de definición
y certificación de competencias laborales, con participación de los
actores del mundo productivo, que permitan que tanto la
308

oferta como la demanda de formación y capacitación cuenten con un
estándar que dé cuenta de los resultados del proceso formativo;
mecanismos de armonización de procesos formativos como
los créditos transferibles, que otorguen la flexibilidad necesaria
al sistema y permitan que la competencia entre los oferentes sea en
función de parámetros de calidad, y mecanismos de reconocimiento del
aprendizaje obtenido en instancias no formales, pero que
puede mejorar de manera sustancial las condiciones de empleabilidad
de las personas.
Todo lo anterior, así como el aseguramiento de la
calidad, requiere el fortalecimiento de la institucionalidad que se ha
creado tanto para la acreditación de la oferta de pre y postgrado, como
para la certificación de competencias laborales en la formación y
capacitación técnicas, orientando los modelos de evaluación hacia la
medición de resultados en lugar de procesos.
La propuesta del Consejo de Innovación considera,
además, una diferenciación clara de tareas: el Ministerio
de Educación será el encargado de promover los cambios
curriculares y el fortalecimiento de la oferta de formación y
capacitación necesarios para atender las necesidades
presentes y futuras de capital humano en las áreas estratégicas;
en tanto, estarán a cargo de Corfo las iniciativas de corto plazo
destinadas a superar déficit coyunturales de dotación de recursos
humanos para el desarrollo de clusters priorizados.
A la par de estos cambios de orden institucional, es preciso también
abocarse a realizar otros importantes esfuerzos. Es necesario,
por ejemplo, que elevemos de manera constante el número
de personas que tiene acceso a desarrollar sus
capacidades a través de la educación terciaria y la
capacitación. Incrementar la cobertura ha sido parte
importante del esfuerzo nacional y es también un punto
309

elevante entre las recomendaciones de este Consejo, las
que apuntan a seguir aumentando significativamente –de aquí al
2021– el número de personas que cuente con un título o grado de
educación terciaria (profesional o técnico) e incrementar con decisión
la cantidad de trabajadores que participen en actividades de
capacitación, acercándose en ambos casos a las tasas que
muestran hoy los países de más alto crecimiento en el mundo.
Ciencia para el desarrollo
La relevancia que tiene el conocimiento para la competitividad el
crecimiento de los países otorga a la ciencia –que permite
manejar, absorber y generar dicho conocimiento– un papel
central en nuestro desarrollo. Aunque sus beneficios
económicos y sociales son reconocidos, la actividad
científica tiene dificultades para acceder al financiamiento privado.
Estas dificultades aumentan cuando las aplicaciones concretas no
parecen evidentes.
Lo anterior supone definir cuáles son los grandes desafíos que el país
busca responder a través de la investigación científica, definición que
debe ser abordada por el Gobierno en diálogo –nacional y regional–
con las universidades, las empresas, la sociedad civil y, en especial,
los científicos, que son quienes conocen en forma más cercana las
oportunidades que la ciencia puede ofrecer. Con este enfoque, el
Consejo recomienda desarrollar tanto programas científicos
orientados por misión como programas más amplios que
busquen dar respuesta a grandes problemas, los que debieran
marcar el presupuesto y el quehacer público, bajo la organización y
gestión de CONICYT, considerando desde el desarrollo de proyectos
de investigación hasta la construcción de capacidades científicas.
Con todo, una mejor orientación no es suficiente.
Necesitamos hacer más ciencia de base, y ello significa
310

invertir más y de manera más eficiente en ella, asegurando
transparencia y excelencia en su asignación.
Así, en concordancia con las recomendaciones entregadas a
comienzos de 2007, las propuestas contenidas en este volumen
apuntan a incrementar la actividad científica aumentando
significativamente el aporte público a la ciencia de base
durante los próximos 15 años, modificando los mecanismos de
financiamiento para conseguir una mayor eficiencia de esta
inversión y fortaleciendo las capacidades científicas del país de
cara a los desafíos que es necesario enfrentar en los próximos años.
En este marco, el Consejo propone fortalecer la entrega de subsidios
directos a quienes producen la ciencia de base y avanzar hacia un
modelo que facilite una mejor orientación estratégica del sistema
y contribuya a aprovechar las sinergias del quehacer
científico, fortaleciendo el desarrollo de grupos de
investigación, la investigación colaborativa y el desarrollo de
redes locales e internacionales, que permitan abordar de manera
multidisciplinaria problemas cada vez más complejos.
Para dar cuenta de estos desafíos, los países más
avanzados han tendido a combinar las ventajas del
financiamiento a proyectos de investigación y del
financiamiento de grupos y centros de investigación. Por ello, se
recomienda:
Fortalecer y otorgar cada vez más importancia al mecanismo
de financiamiento de grupos y centros de investigación –que en Chile
es incipiente– que favorece de mejor manera la generación de
masas críticas de investigadores que producen en niveles de
excelencia internacional, y permite desarrollar programas de más largo
plazo y mayor escala.
311

Mejorar la operación del mecanismo de financiamiento vía proyectos,
que es sinónimo de mayor eficiencia en el uso y asignación de fondos,
ajustando el aporte público según los costos reales de la investigación,
especialmente en el caso de los overheads.
Finalmente, una preocupación especial para países en desarrollo como
Chile, es contar con una comunidad científica productiva y
con el número de integrantes suficiente para abordar las tareas
que la sociedad le demanda. Para ello se proponen modificaciones que
fortalecen el sistema de becas para investigadores como también
medidas para asegurar la calidad de su formación y su posterior
inserción laboral, sin descuidar los esfuerzos de atracción de
investigadores formados en el extranjero.
Todo ello orientado a incrementar significativamente nuestra
dotación de investigadores en relación con la fuerza laboral hacia el
año 2021.
El Consejo espera que la materialización de estas
recomendaciones impacte significativa y positivamente, en el
mediano plazo, tanto en el desempeño de los sectores
productivos –en particular los clusters con potencial
competitivo– que contarán con nuevo conocimiento de base
relevante para su desarrollo, como en los índices de producción de
conocimiento del país (publicaciones científicas y número de patentes
inscritas).
Un fuerte impulso a la innovación empresarial
El análisis y la propuesta del Consejo de Innovación se fundan en un
acuerdo básico: el epicentro de la innovación está en la
empresa, porque es allí donde se termina de convertir el
conocimiento en riqueza. Por lo tanto, mientras trabajadores, ejecutivos
y empresarios no se constituyan en protagonistas principales del
312

proceso de transformación económica y social, éste seguirá siendo
parcial e insuficiente, por no decir estéril.
Pero la innovación no depende sólo del empuje empresarial,
ya que es un fenómeno complejo, sistémico, en el que juegan roles
clave tanto el marco económico y social en que se desarrolla la
actividad empresarial, como la cultura que guía la conducta de
los individuos y las compañías.
De poco sirven las buenas ideas si el entorno para desarrollarlas es
adverso. Al Gobierno le corresponde favorecer un
escenario donde coexistan tanto la competencia –regla de
oro que hace posible mejorar– como la cooperación y
el trabajo en red, con el fin de que las empresas salgan a
conquistar los mercados internacionales.
La labor del Estado, sin embargo, debe ir más allá, llenando los vacíos
que el mercado no puede cubrir y corrigiendo los problemas de
funcionamiento del sistema que hacen que la innovación –
tanto de producto como de proceso, gestión o
comercialización– no se produzca en los niveles
requeridos para que los países puedan ser competitivos y crecer.
A ello es preciso sumar la necesidad de incorporar criterios de
selectividad, además de privilegiar y potenciar la
asociatividad, para aprovechar sinergias tanto entre empresas, como
entre éstas y los centros científico- tecnológicos del país.
Consecuentemente con estos criterios, debe desarrollarse
finalmente una política explícita de apoyo e incentivo a las empresas
y a los emprendedores en su actividad innovadora, generando
mecanismos que permitan la búsqueda de conocimiento
que aporte soluciones novedosas a los problemas
productivos, el fortalecimiento de la difusión de tecnología
313

y el apoyo especializado para el desarrollo de empresas
innovadoras desde sus primeras etapas de vida.
Respecto de la incorporación de conocimiento nuevo a la
producción, la evidencia es contundente: en las economías
modernas la innovación es la principal fuente de
sustentabilidad de las empresas y ello requiere una mayor
inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) y conseguir
que la innovación forme parte del quehacer cotidiano de las
firmas.
Las recomendaciones del Consejo apuntan a que la actuación pública
impulse – directamente o a través de mejores condiciones de entorno–
el aporte privado a la I+D para que este pase desde el actual 0,25%
del PIB hasta un 1,25% hacia 2021.
Esta actuación pública podrá ser canalizada a través de distintas
modalidades como el apoyo individual a una firma, a un grupo de ellas,
o bien mediante la conformación de grupos de empresas con centros
científicos y tecnológicos.
La evidencia indica que en nuestro país el número de empresas que
innovan en productos o procesos (las formas de innovación más
intensivas en I+D) alcanza a un 33% del total; de ellas sólo una de
cada cuatro genera productos nuevos para los mercados nacionales
y/o internacionales. Esta falta de novedad contrasta fuertemente con lo
observado en países desarrollados con estructuras productivas
similares, donde la innovación forma parte central de su estrategia
competitiva. Por ello el desafío para los próximos 15 años es aumentar
fuertemente la proporción de empresas que innova, especialmente
entre aquellas de menor tamaño.
En relación con la adopción de tecnología, actividad que ayuda a
consolidar las rutinas innovativas al interior de las empresas,
314

se propone aumentar de manera significativa el número de
empresas que recibe apoyo público por la vía de:
Conformar una red de difusión y transferencia de tecnologías integrada
por entidades de propiedad pública y privada –centros
tecnológicos, universidades o empresas especializadas– con
particular atención en las empresas de menor tamaño, ya que estas
compañías son las que requieren mayormente del apoyo del Estado,
tanto para disponer de información tecnológica como para mejorar el
uso de tecnologías en productos y servicios.
Establecer, a partir de los institutos tecnológicos públicos (ITP), una red
de servicios tecnológicos o Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos
(SNITec). Esta red será coordinada por una entidad profesional,
análoga al Sistema de Empresas Públicas (SEP), encargada
de velar por la generación de estándares, información
específica respecto de recursos naturales e infraestructura que resultan
fundamentales para el desarrollo de la innovación en las
empresas. El SNITec definirá los lineamientos estratégicos de
los ITP y ejercerá el control de gestión que se requiere para dar
seguimiento y evaluar la asignación de los recursos a
estos institutos.
Finalmente, es necesario también destinar esfuerzos a
“empresarizar” la actividad de los innovadores potenciales.
Si bien existen muchos ciudadanos emprendedores con
nuevas ideas, ello no implica que estos innovadores posean las
herramientas técnicas y de gestión para culminar
exitosamente su esfuerzo. Así, el fomento al emprendimiento
innovador se convierte en un aspecto relevante de
cualquier estrategia de innovación y, dados los problemas
de riesgo técnico y financiero que conllevan muchos de estos
emprendimientos, es central el desarrollo de mecanismos de apoyo a la
gestión.
315

En este sentido, se hace necesario distinguir cuáles son
los problemas específicos con los que se encuentran los
emprendimientos innovadores –en especial la incertidumbre, que
afecta sus posibilidades de financiamiento– de los problemas
comunes que enfrenta cualquier aventura empresarial,
con el fin de que los instrumentos públicos de apoyo cubran
eficientemente las necesidades en cada caso.
La apuesta por los clusters
El Consejo de Innovación planteó en el primer volumen de
esta propuesta estratégica un camino para el desarrollo
de Chile que –entendiendo que el crecimiento de los
países se juega en los mercados globales– se basa en
la competitividad sustentada en el capital humano y en
el conocimiento, en la generación de valor por la vía de
la innovación en sus diferentes formas y en el
aprovechamiento de las ventajas que nos otorgan nuestros recursos
naturales.
Pero, como dijimos, somos una economía pequeña con recursos
limitados y sabemos que no podemos competir con éxito en todas las
áreas del comercio mundial, aunque en algunas actividades hemos
sido capaces de escalar a lugares de avanzada. Es necesario, por
ello, elegir, para iniciar el camino de la Economía del
Conocimiento, aquellos sectores en los que tenemos la
posibilidad más cierta para ganar espacio en el mercado
internacional, asumiendo los riesgos que ello puede implicar
y haciendo apuestas de futuro mediante un apoyo más
decidido a esos sectores más promisorios de la economía,
porque sabemos que no actuar a tiempo puede significar perder
la carrera, incluso antes de haberla iniciado.
316

A la necesidad de identificar estos sectores respondió
el Estudio de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena
desarrollado durante 2006-2007 con el cual el Consejo dio un
paso importante hacia una mayor selectividad en el proceso de
definición de políticas públicas, teniendo en cuenta que el desarrollo de
cualquier sector productivo requerirá de la provisión de bienes públicos
específicos y del fortalecimiento de ciertas plataformas genéricas
(que impactarán también en el resto de la economía).
Tras la identificación de los ocho sectores productivos
prioritarios acuicultura, turismo, minería del cobre,
offshoring 15 , alimentos procesados, fruticultura, porcicultura
y avicultura y servicios financieros 16 – corresponde ahora iniciar
la tarea de apoyar su desarrollo como verdaderos clusters
para construir ventajas competitivas sostenibles en el tiempo,
basadas en conocimientos específicos generados en torno a ellos.
Así, entendiendo que la innovación es un fenómeno que no ocurre de
manera aislada, sino que, por el contrario, se hace más probable donde
existe un conjunto de empresas que interactúan en forma
permanente, impulsadas por el desafío de competir en los
mercados globales, el Consejo de Innovación propone desarrollar una
política de clusters que considera:
Conformar directorios público-privados que, bajo la
conducción de la Comisión de Ministros para la Innovación, se
encarguen de coordinar el desarrollo de cada uno de los clusters.
Implementar las hojas de ruta o agendas de tareas surgidas del Estudio
de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena
15 Servicios prestados desde un país hacia otro, como por ejemplo, servicios de tecnología de información, análisis
financiero o call centers.
16 A estos sectores se suman otros tres elegidos, de impacto transversal, pero que aún no han sido completamente
dimensionados: logística y transportes, telecomunicaciones y construcción.
317

desarrollado por el Consejo y presentado preliminarmente al
Ejecutivo en la recomendación presupuestaria para 2008.
Incorporar la selectividad de manera explícita como un criterio adicional
en los instrumentos de fomento a la innovación empresarial y definir
explícitamente los presupuestos requeridos para ello.
Acompañar el desarrollo de las hojas de ruta de los
clusters con instrumentos orientados, por una parte, a lograr
un aumento del capital social o generación de confianzas que se
requiere para alinear esfuerzos y para el desarrollo de acciones de
colaboración entre ellos y, por otra, a generar y mantener una visión
compartida de futuro por parte de los actores del cluster.
Generar capacidades de investigación que den sustento al desarrollo
de los clusters de alto potencial.
Atraer capitales extranjeros, con conocimiento y experiencia
demostrados, a objeto de que complementen los esfuerzos nacionales
en los sectores prioritarios.
Las agendas de los clusters
El Estudio de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena que
el Consejo llevó adelante en 2007, entregó un conjunto de
recomendaciones de acción para impulsar el desarrollo de cada uno
de los sectores con potencial identificados. Las principales tareas
agrupadas en las hojas de rutas de cada uno de los clusters son:
Minería
Para mantener posición de liderazgo global en minería y
desarrollar encadenamiento proveedores:
Promover la asociatividad entre los actores del cluster.
318

Desarrollar un sistema de gestión de conocimiento del cluster minero.
Promover la innovación en el sector, asegurando la competitividad de
los incentivos a la Investigación y el desarrollo.
Evaluar incentivos específicos a la exploración minera.
Impulsar el desarrollo de proveedores, intensificando el esfuerzo para
la instalación de empresas de este tipo en Chile y evaluando la
creación de centros de prueba para el desarrollo de bienes y servicios
de la minería.
Acuicultura
Para ser el líder mundial en producción de salmones y diversificar
matriz de productos:
Desarrollar alimentos para especies de la acuicultura.
Identificar y desarrollar opciones de nuevas especies acuícolas no
salmónidas.
Mejorar las condiciones de manejo sanitario de los cultivos.
Optimizar y/o implementar mecanismos de control medioambiental.
Modernizar la institucionalidad regulatoria del sector.
Turismo
Para convertir a Chile en un reconocido y prestigioso destino top en
nichos e intereses especiales de esparcimiento (ecoturismo, aventura,
cruceros, etc.):
Mejorar el posicionamiento y la promoción turística internacional de
Chile.
Aumentar la oferta de destinos y fomentar el desarrollo de productos
turísticos.
Mejorar la calidad de la educación/capacitación del capital humano que
trabaja en turismo.
Adecuar la institucionalidad regulatoria y de fomento del sector.
319

Mejorar la asociatividad del cluster.
Alimentos procesados
Para consolidar se como un productor de alimentos procesados de alto
valor agregado:
Profundizar los sistemas de inteligencia y desarrollo de mercados.
Fortalecer la imagen país de Chile como exportador de alimentos.
Mejorar la capacidad productiva, incrementando la articulación entre
productores de materia prima y la industria, e implementando
mecanismos de transferencia tecnológica a pequeñas y medianas
empresas.
Enfocar e incrementar la inversión en I+D.
Adecuar la institucionalidad para el sector.
Fruticultura
Para mantener el liderazgo mundial en fruticultura primaria:
Desarrollar los mercados, apoyando la promoción de exportaciones y
fortaleciendo la imagen país de Chile como exportador de alimentos.
Mejorar la capacidad productiva, desarrollando líneas de crédito
específicas para el sector y mejorando la productividad de la mano de
obra.
Adaptar la legislación laboral a las particularidades del sector agrícola.
Desarrollar programas de I+D para el sector.
Desarrollar la infraestructura habilitante.
Offshoring
Para convertirse al país en el líder regional en servicios de offshoring
de alto valor agregado:
Desarrollar capital humano en áreas de interés para servicios de
offshoring.
Alinear los programas de formación a las necesidades del offshoring.
320

Impulsar el fomento y la promoción de Chile para atraer y facilitar la
integración de empresas internacionales en el país.
Desarrollar la asociatividad del cluster.
Adecuar el marco regulatorio y legal.
Porci-avicultura
Para mantener altas tasas de crecimiento de las exportaciones:
Mejorar la capacidad productiva, preparando al SAG para abordar
necesidades futuras del sector en materia de habilitación, certificación
e inspección de plantas de exportación.
Incrementar la interacción entre el sector privado y la academia para
incentivar la I+D aplicada.
Incrementar las capacidades para el diagnóstico y vigilancia de
enfermedades.
Gestionar proactivamente las relaciones con países de destino de
envíos.
Organizar y sistematizar la compilación de información sobre el
mercado mundial relacionada con temas de sanidad e inocuidad.
Servicios financieros
Para aumentar alcance y profundidad del sector financiero chileno
como plata forma doméstica y como posible centro regional:
Mejorar la bancarización, fomentando el desarrollo y uso de medios de
pago/canales y creando un sistema universal de calificación de crédito.
Fomentar la profundidad del mercado de derivados.
Fomentar normas de inversión más progresivas en las AFP, bancos y
aseguradoras.
Perfeccionar el esquema tributario.
Fomentar la capacitación de profesionales en servicios financieros y
exigir el cumplimiento de certificaciones nacionales para profesionales
del sector.
Una renovada institucionalidad pública para la innovación
321

Cuando se trata de innovar, el mercado no puede dar todas las
respuestas y se requiere, por tanto, del trabajo mancomunado
de los sectores público y privado. Y mientras a las empresas les
corresponde culminar con éxito la tarea de convertir el conocimiento
en riqueza, a los Gobiernos les compete tanto la tarea de
asegurar condiciones de entorno favorables para el funcionamiento del
sistema de innovación, como la de corregir las fallas sistémicas
y de mercado inherentes al proceso innovativo.
Por ello el Consejo aborda con especial atención en este documento la
forma en que el Estado debe organizarse para cumplir
esta misión y propone una institucionalidad pública para la
innovación que se haga cargo de los desafíos que involucra.
El primer gran desafío para el diseño de una institucionalidad pública
eficiente para la innovación es dar cuenta de la dimensión sistémica del
problema. Esto implica el desarrollo de acciones en áreas muy
diversas, lo cual trae consigo evidentes problemas de
coordinación y, además, dificultades para establecer líneas
claras de responsabilidades y rendición de cuentas sobre
políticas que en muchos casos son multidimensionales.
La relevancia del problema institucional ha llevado a los
países a ensayar diversas arquitecturas de acuerdo a su historia,
sistema político y cultura. Para efectos del análisis pueden
distinguirse, esquemáticamente: por un lado, el modelo de
Jugador Dominante, donde existe una sola entidad del
Ejecutivo responsable de mayor parte de las políticas de
innovación, lo que reduce considerablemente los problemas de
fragmentación y coordinación, pero puede dejar fuera áreas relevantes,
y, en el otro extremo, el modelo Polarizado, en que un
conjunto de instituciones diseña e implementa, separadamente y a
través de sus propias agencias, la política de innovación, lo que debilita
322

la aproximación sistémica al problema, importa riesgos de
fragmentación y descoordinación y puede resultar particularmente
costoso en países menos desarrollados, donde la densidad
de bienes públicos transversales es relativamente menor.
Entre ambos modelos, encontramos el modelo de
División de Labores, compuesto por dos grandes subsistemas: uno
dedicado a la educación superior y la investigación científica de
base, y otro a la innovación empresarial y el
emprendimiento. Este arreglo, conservando espacios de
especificidad para las distintas instituciones, permite conducir
temáticas amplias y radicar en forma clara, pero separada, las
responsabilidades sobre el conjunto de las políticas. Su
riesgo reside en la eventual debilidad de coordinación entre ambos
subsistemas.
Reconociendo que no existen soluciones únicas ni
perfectas, y que los modelos presentados suelen combinarse en la
práctica, la discusión del Consejo se ha movido entre la opción
de una estructura más cercana al modelo de jugador
dominante y la de avanzar hacia un ordenamiento del tipo
división de labores. La propuesta mayoritaria del Consejo
se inclina por esta segunda opción 17 , con la recomendación
de monitorear y evaluar su funcionamiento en el mediano
plazo, y considera la necesidad de asegurar la conducción del sistema
desde el más alto nivel del Estado y de conformar los subsistemas de
Educación Superior y Ciencia, a cargo del Ministerio de Educación, y
de Innovación Empresarial y Emprendimiento, a cargo del Ministerio de
Economía.
Esta configuración –que aparece como una evolución natural de
nuestro actual sistema de innovación– permite conservar espacios de
17 Las opiniones divergentes aparecen registradas en el Capítulo IV de este Informe, dedicado a la institucionalidad del
Sistema Nacional de Innovación.
323

especificidad en las distintas
instituciones y radicar en forma clara las responsabilidades sobre el
conjunto de las
políticas.
En consecuencia, el Consejo propone mantener la conducción de la
estrategia en una instancia interministerial –integrada en su
núcleo por los ministros de Educación, de Hacienda y de
Economía, y presidida por este último, quien será el
responsable final de la innovación en el país 18 –, y recomienda
transformar el Comité de Ministros creado en 2007 en una Comisión
Ministerial de Innovación (CMI), con el propósito de reforzar su estatus
jurídico.
Este grupo sería el responsable de definir la estrategia nacional de
innovación –sobre la base de la propuesta del Consejo de
Innovación–, de coordinar el presupuesto de todo el
Sistema Nacional de Innovación, de definir las políticas
públicas de apoyo a la innovación y de hacer el control de gestión de
los ministerios y sus agencias ejecutoras relacionadas con la
estrategia. Y para cumplir su tarea debe contar con el apoyo de una
Secretaría Ejecutiva con capacidad de gestión estratégica, registra en
el capítulo referido a la Institucionalidad encabezada por un profesional
de alto nivel, designado a través del sistema de alta dirección pública.
Con todo, considerando que la conducción de este
sistema puede verse amenazada por la tendencia natural de
los Gobiernos a enfocarse en políticas que tengan
rendimientos de corto plazo y la posibilidad de que las
múltiples agencias ejecutoras tiendan a operar con agendas de
trabajo propias, se reitera la necesidad de que exista una institución
con carácter de Estado que asesore al Ejecutivo y que
18 Esta propuesta específica, y varias otras contenidas en esta sección, no son compartidas unánimemente como se
324

asegure una mirada de largo plazo, que proponga las orientaciones
estratégicas de la política de innovación y que evalúe su
materialización.
Con este fin, se propone acelerar la existencia legal del Consejo
Nacional de Innovación como un organismo permanente del Estado,
asesor del Presidente de la República, encargado de proponer
las definiciones centrales de una Estrategia Nacional de
Innovación de largo plazo por medio de la construcción de
consensos que le den legitimidad técnica y política, y que
sirva de marco orientador para las políticas públicas. Para ejercer
esta función, el Consejo deberá contar con la necesaria autonomía,
pudiendo comunicar al Ejecutivo eventuales desvíos de la estrategia
que el Gobierno define y hace pública a partir de la
propuesta del Consejo. También requiere establecer una
fluida y permanente comunicación con los actores del
Sistema Nacional de Innovación y con la sociedad. Y
deberá estar sujeto a mecanismos de rendición de
cuentas regular y pública de su labor, a través de informes
anuales ante las máximas autoridades del país y la ciudadanía.
La recomendación del Consejo contempla, además, el
fortalecimiento de la conducción de los dos subsistemas que
conformarán el SNIC y para ello se propone:
La creación de una Subsecretaría de Educación Superior y
Ciencia5 que incorpore las capacidades técnicas destinadas a
asegurar la gestión estratégica a las agencias encargadas de la
política científica y la formación de capital humano de nivel
terciario. Ello, porque se entiende que el Ministerio de
Educación tiene a su cargo otras preocupaciones que impactan,
pero exceden, el ámbito de la innovación, como la educación primaria y
secundaria, las que, en la práctica y por su relevancia, tienden a
demandar la mayor parte del quehacer ministerial.
325

Consolidar a la Subsecretaría de Economía como el principal
organismo responsable de conducir el apoyo público a la innovación
empresarial en el país. Se recomienda incorporar en este
subsistema una renovada institucionalidad para la protección y
uso de la propiedad intelectual y un Sistema Nacional de
Institutos Tecnológicos (SNITec) que dé conducción y seguimiento a la
provisión de servicios tecnológicos en el país, y que conforme una red
que incorpore a los actuales ITP y cualquiera institución que en
el futuro suministre infraestructura y capacidades esenciales
para las empresas y centros de investigación del país (Don Juan Carlos
Rey de España 2008) 19 .
Ambas subsecretarías tendrán, además, tareas específicas de
coordinación de
la implementación de las acciones que deberán llevar
adelante las agencias que de ellas dependan.
El Consejo propone también determinar claramente el rol y la
jurisdicción de cada una de las agencias ejecutoras del sistema. Para
ello, recomienda que el gobierno de cada agencia sea
encabezado por un directorio o consejo directivo del más
alto nivel profesional, que aporte una mirada de Estado al quehacer de
la institución, que esté presidido por el ministro de cuya cartera
depende la agencia e integrado por una mayoría de expertos
designados por la Comisión de Ministros para la Innovación
mediante procesos análogos a los de la Alta Dirección Pública, así
como por actores destacados del sistema. El Consejo de
Innovación propone, además, que sea este directorio el que
designe al ejecutivo máximo de la agencia utilizando para ello los
mecanismos del sistema de Alta Dirección Pública.
19 La coordinación de esta función supone conformar un directorio integrado por expertos, designado por los ministros que
hoy son responsables de los ITP, a proposición de la Comisión de Ministros para la Innovación y definir una “agenda de
bienes públicos para la innovación”.
326

A ello se agrega la consolidación de comités de expertos públicos y
privados que incluyan la participación de empresarios, científicos
destacados o consultores, de carácter permanente y consultivo que
asesoren con su conocimiento específico tanto La gestión como la
evaluación de los programas e instrumentos de las agencias.
Finalmente, un desafío transversal para la institucionalidad
es contar con sistemas de evaluación y rendición de
cuentas para las políticas y para las instituciones,
abarcando tanto el trabajo del Gobierno y los consejos de
Estado encargados de la formulación de las estrategias y
políticas de innovación como el desempeño de los organismos
públicos abocados a implementarlas, por lo que se propone
incorporar evaluaciones en profundidad cada cuatro años del conjunto
de las políticas y agencias.
Hacia una dimensión regional de la estrategia
El Consejo de Innovación entiende que es en las regiones donde
ocurren los procesos productivos y donde tiene o podría
tener lugar una gran parte de la innovación. Esto es
especialmente evidente en un país cuya actividad económica
depende de manera vital de su dotación de recursos naturales que, en
conjunto con otras ventajas competitivas desarrolladas durante los
últimos años, conforman la base para que Chile avance por el camino
de la Economía del Conocimiento.
El aspecto regional es, por lo mismo, fundamental para
la estrategia de innovación, porque determina el entorno en que se
desarrollan las empresas y puede afectar de manera importante la
disponibilidad de algunos bienes públicos esenciales para su
desempeño innovador, tales como la investigación y desarrollo
y el capital humano, entre otros. De hecho, el Manual de Oslo de la
OCDE, reconociendo que las divergencias del nivel de actividad
327

innovadora entre regiones pueden ser sustanciales, enfatiza la
necesidad de identificar los principales factores y
características que favorecen la actividad innovadora y el
desarrollo de sectores específicos a escala regional, con el fin de
ayudar a comprender los procesos de innovación y aportar a la
elaboración de las políticas correspondientes.
Esta perspectiva lleva a concluir que la política de
innovación debe ser especificada a nivel regional, consideración
especialmente importante al momento de definir e implementar
programas para el desarrollo de los clusters. En efecto, las
actividades vinculadas con estos clusters o sectores se localizan y
tienen impacto, en su mayoría, en las regiones donde se
encuentran sus materias primas.
Adicionalmente, la responsabilidad por la provisión de bienes públicos
que definen condiciones de entorno favorables para el
desenvolvimiento de las actividades de dichos clusters debiera
recaer principalmente en instituciones regionales, que cuentan con un
conocimiento más acabado que el Gobierno central sobre la
realidad de las actividades productivas que tienen lugar en su
territorio.
Esto hace necesario que la estrategia nacional de innovación incluya
políticas regionales diferenciadas, asegurando la participación de las
propias regiones tanto en la definición de cómo se integran en
el territorio los diversos tipos de política pro innovación,
como en la aplicación de los programas e instrumentos,
atendiendo particularmente la vinculación con insumos que dependen
de la proximidad física o con el entorno territorial.
Pero esta participación requiere de un marco estratégico
que asegure su coherencia con las definiciones nacionales –en
aras de maximizar los beneficios regionales y nacionales–,
328

de acuerdos o arreglos institucionalidades que den
gobernabilidad a los Sistemas Regionales de Innovación y del
fortalecimiento de las capacidades institucionales locales
necesarias para atender a las responsabilidades que derivan de
la generación y puesta en marcha de las estrategias regionales.
En consecuencia, el Consejo propone:
Que, a partir de la estrategia nacional de innovación y
aprovechando los avances de las agendas estrategias de desarrollo
productivo que realizan las Agencias Regionales de Desarrollo
Productivo (ARDP), se desarrolle en cada una de las
regiones un proceso de elaboración de las estrategias regionales,
conducido por los Gobiernos regionales, en el que participen
tanto miembros del sector público como representantes del
mundo empresarial, académico y científico. Estas
estrategias regionales debieran identificar brechas o déficit tanto en
las temáticas transversales que son pilares de la estrategia
de innovación como en áreas específicas fundamentales
para el desarrollo de los clusters, y sobre esa base, definir planes de
acción para abordarlas y mecanismos de evaluación y seguimiento de
sus resultados.
La gobernabilidad en el territorio, en tanto, debe asegurar la expresión
de los intereses del nivel desconcentrado del Estado (Seremi y
agencias), responsable de las políticas sectoriales sobre el territorio,
como del nivel descentralizado (Gobierno regional), responsable por las
políticas, planes y programas de desarrollo de la región.
Así, se propone articular las prioridades regionales y
nacionales a través de convenios marco que materialicen las
estrategias regionales y que expresen acuerdos entre los niveles
central y regional respecto de acciones, objetivos, recursos
y compromisos de descentralización y desconcentración
329

que permitan apoyar la implementación de las estrategias, como
una mayor flexibilización en el uso de los recursos del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional (FNDR) y del sistema nacional de inversiones.
En forma complementaria, es necesario diferenciar los roles
institucionales en el nivel regional, situando en consejos
consultivos público-privados la tarea de recomendar políticas,
manteniendo en los Gobiernos regionales la responsabilidad de
decisión y encargando la ejecución tanto a las instituciones del nivel
desconcentrado del Estado (Seremi y servicios) como a las
corporaciones de desarrollo regional (que pueden incluir la
participación privada).
Las recomendaciones anteriores hacen imprescindible
fortalecer las capacidades institucionales locales en todos sus
niveles, para lo cual se propone: implementar programas que
busquen aprovechar y potenciar las redes regionales; orientar
esfuerzos a programas que ayuden a la conformación y
fortalecimiento de clusters dinámicos, y promover una mayor
especialización de las universidades y centros de investigación
regionales en áreas de interés local (asegurando el acceso
equitativo a la infraestructura de investigación nacional).
2.13 Política de ciencia, tecnología e innovación en España
Para comprender mejor la política en ciencia y tecnología en España, debemos
analizar elementos básicos de su legislación sobre el tema. En ese sentido, en la
Ley 13/1986, de 14 de abril de 1986, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica (Don Juan Carlos Rey de España 1986) se
presenta una exposición de motivos en la que podemos identificar aspectos que
se pueden aplicar a la realidad de la ciencia y la tecnología de varios países de
América Latina en general, y a la del Perú en particular:
330

La investigación científica y el desarrollo tecnológico se han
desenvuelto tradicionalmente en España en un clima de atonía y falta
de estímulos sociales, de ausencia de instrumentos que garantizasen
la eficaz intervención de los poderes públicos en orden a la
programación y coordinación de los escasos medios con que se
contaba, falta de conexión entre los objetivos de la investigación y las
políticas de los sectores relacionados con ella, así como, en general,
entre los centros de investigadores y los sectores productivos. No es de
extrañar, por ello, que la contribución española al progreso científico y
tecnológico haya sido, por lo general, escasa e impropia del lugar que
en otros órdenes nos ha correspondido, y que, cuando ello no ha sido
así, como en algunos períodos del siglo actual, las más valiosas
aportaciones hayan procedido del esfuerzo aislado de relevantes
personalidades.
Si conocidos son los males que esta situación ha acarreado para las
posibilidades de progreso técnico, modernización y racionalización de
los hábitos y actitudes de la sociedad española, en el pasado, los
riesgos que en el inmediato futuro derivarán de la persistencia de un
estado de cosas semejante apenas precisan ponderación. En efecto,
los nexos que unen la investigación y el desarrollo socio-económico,
asumidos de antiguo en los países avanzados, resultan en nuestra
época, caracterizada por una sostenida crisis económica y una intensa
competencia industrial, más evidentes que nunca. El reto de la llamada
tercera revolución industrial exige, y de hecho está produciendo en
aquellos países, un aumento constante de inversiones en investigación
e innovación a fin de mantenerse en la vanguardia del cambio
tecnológico.
La necesidad de corregir los apuntados males tradicionales de nuestra
producción científica y técnica, básicamente centrados en la
insuficiente dotación de recursos y desordenada coordinación y gestión
de los programas investigadores, así como la de asegurar que España
participe plenamente en el proceso en que están inmersos los países
331

industrializados de nuestro entorno, justifican ampliamente la
promulgación de una normativa que, dentro de los objetivos ya
marcados por la Constitución, establezca los necesarios instrumentos
para definir las líneas prioritarias de actuación en materia de
investigación científica y desarrollo tecnológico, programar los recursos
y coordinar las actuaciones entre los sectores productivos, centros de
investigación y Universidades. Son estos los grandes principios que
inspiran la presente Ley, como garantía de una política científica
integral, coherente y rigurosa en sus distintos niveles de planificación,
programación, ejecución y seguimiento, con el fin de obtener del
necesario incremento de recursos para la investigación la rentabilidad
científico-cultural, social y económica más adecuada a nuestras
exigencias y necesidades.
Se da cumplimiento de este modo al mandato constitucional que
atribuye a la Administración del Estado la competencia sobre el
fomento y la coordinación general de la investigación científica y
técnica (artículo 149, 1.15, de la Constitución) y en conformidad con el
interés general que obliga a todos los poderes públicos (artículo 44, 2,
de la Constitución). Por otra parte, los distintos Estatutos de Autonomía
han ido estableciendo las competencias que en esta materia posee
cada Comunidad Autónoma. Surge así la necesidad de coordinar la
actuación, en el campo de la investigación, de las diferentes
Comunidades Autónomas entre sí, y de éstas con la Administración del
Estado. A tal exigencia responde la creación por esta Ley de un
Consejo General de la Ciencia y la Tecnología en el que participarán
representantes de la Administración del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
La Ley encomienda a una Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología, la programación de las actividades de investigación de los
organismos dependientes de la Administración del Estado mediante el
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Se
establece así un nuevo e integrador mecanismo, de programación ágil
332

y eficaz, y, conjuntamente, una metodología adecuada y moderna para
hacer frente al complejo proceso de planificación, coordinación y
gestión. El Plan Nacional, cuya aprobación corresponde al Gobierno y
cuyo seguimiento y valoración llevará a cabo el Parlamento sobre la
base de las comunicaciones que le sean remitidas periódicamente por
el Ejecutivo, establecerá los grandes objetivos en investigación
científica y tecnológica para períodos plurianuales, y ordenará las
actividades dirigidas a su consecución en programas nacionales,
programas sectoriales, a realizar por los distintos Ministerios con
responsabilidades en esta materia y programas de Comunidades
Autónomas, que sean financiados en todo o en parte por fondos
estatales.
La previsible, a la vez que imperativa, expansión de la investigación
científica y técnica española en los próximos años exige un aumento
correlativo en el número de nuevos investigadores, así como un
aprovechamiento intensivo de la experiencia de los maestros de
investigación. Al consiguiente esfuerzo formativo, que de ello se
desprende, contribuirán los programas de formación, cuya inclusión
está prevista en el Plan Nacional, y que atenderán a las exigencias
generales de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y, en
particular, a aquellas áreas científicas y técnicas en las que sea mayor
la necesidad de personal especializado. La Ley contempla asimismo
las medidas oportunas para el fomento de la productividad del personal
investigador.
Elemento clave de la eficacia programadora del Plan Nacional es la
inclusión en el mismo de evaluaciones presupuestarias plurianuales
que integren las de los distintos organismos públicos de investigación,
tanto de gastos corrientes como de inversión superando de este modo
la tradicional separación de unos y otros y las frecuentes distorsiones
que de ella se derivan.
333

La necesidad de promover un clima social estimulante para la
investigación científica motiva la creación por la Ley de un Consejo
Asesor para la Ciencia y la Tecnología que constituirá el vínculo
efectivo entre la comunidad científica, los agentes sociales y los
responsables de programar la actividad científico-investigadora,
garantizando así que los objetivos de esta programación se adecuen a
los distintos intereses y necesidades sociales. Tal vinculación aspira a
superar el tradicional aislamiento de la ciencia española, y facilitar, al
mismo tiempo, la incorporación de los sectores privados a la tarea de
planificar y ejecutar actividades de investigación científica y técnica.
La Ley establece, por último, un marco común para los organismos
públicos con funciones de investigación, complementándolo con una
mayor integración de cada organismo en la política sectorial del
Departamento al que se encuentra adscrito, lo que permitirá una mejor
coordinación y, en consecuencia, una más adecuada ejecución del
Plan Nacional. Asimismo, la Ley introduce importantes reformas en el
funcionamiento de estos organismos - flexibilizando sus estructuras de
gestión y abriendo la participación en sus órganos de Gobierno a
representantes de otros organismos con intereses en el campo de la
ciencia y la tecnología -, con el fin de posibilitar una gestión más ágil y
adaptada a sus respectivas atribuciones.
En cuanto a las funciones específicas, no afectadas por la presente
Ley, que los organismos tienen o puedan tener, serán recogidas en sus
respectivos reglamentos de funcionamiento. De esta forma, se
establecen por primera vez una estructura homogénea mínima y una
vinculación funcional entre ellos, congruentes con el principio de
coordinación que inspira la presente Ley. Sin duda, ambas condiciones
constituyen la garantía de un funcionamiento más integrado y, por
tanto, más eficaz de nuestro centros públicos de investigación.
334

Esa ley constituyó un intento de incentivar las actividades de ciencia y tecnología
en el país; sin embargo, no se produce una real integración de esfuerzos de las
numerosas instituciones de ciencia y tecnología.
2.13.1 Ministerio de Ciencia e Innovación
Brasil mostró que una política dirigida desde el más alto nivel político tiene
resultados en la innovación y en el número de solicitudes de patentes. España, a
pesar de sus mayores inversiones, no lograba despegar en ese indicador. Por
ello:
“Con el objeto de desarrollar el programa político del Gobierno,
conseguir la máxima eficacia en su acción y la mayor racionalidad en el
funcionamiento de la Administración General del Estado, se considera
necesario reformar la vigente estructura ministerial” (Don Juan Carlos
Rey de España 2008).
Luego por Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, se reestructuran los
departamentos ministeriales, creando el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Según ese Decreto:
“Corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia de universidades,
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los
sectores, así como la coordinación de los organismos públicos de
investigación de titularidad estatal. Además Los organismos públicos
quedan adscritos a los departamentos ministeriales de acuerdo con la
distribución de competencias establecidas en este Real Decreto, y en
los términos que se determinen en los reales decretos por los que se
apruebe la correspondiente estructura orgánica”.
Luego, por Real Decreto 438/2008 (Don Juan Carlos Rey de España 2008b), de
14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los
335

departamentos ministeriales. De acuerdo a este Decreto, el Ministerio de Ciencia
e Innovación tiene los siguientes órganos superiores y directivos:
La Secretaría de Estado de Investigación, de la que dependen: La
Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de
I+D+i, a la que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros
Departamentos, corresponde la elaboración y gestión del Plan Nacional
de I+D+i, asumiendo las competencias de la suprimida Dirección
General de Programas y Transferencia de Conocimiento.
La Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones
Institucionales, a la que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
otros Departamentos, corresponde la gestión de las relaciones
institucionales e internacionales, la gestión y la negociación del
programa marco de investigación europeo y la gestión de la
participación española en las instalaciones científicas internacionales.
Asumirá las funciones atribuidas a la suprimida Dirección General de
Cooperación Internacional.
La Secretaría General de Innovación, con rango de Subsecretaría, a la
que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros
Departamentos, corresponde la orientación de la política de innovación
en todos los sectores, la coordinación de los instrumentos financieros
de ayuda a la innovación y la extensión al tejido empresarial de la
política de innovación. Depende de esta Secretaría General la
Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo
Empresarial, que asume la programación y ejecución de las
actuaciones de transferencia de resultados de la investigación, el
impulso de los proyectos demostradores de aplicación de nuevas
tecnologías.
La Subsecretaría de Ciencia e Innovación de la que depende la
Secretaría General Técnica.
336

Luego, mediante Real Decreto 1183/2008(Don Juan Carlos Rey de España
2008c), de 11 de julio, se establece que:
“El Ministerio de Ciencia e Innovación es el departamento de la
Administración General del Estado encargado de la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia de universidades,
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los
sectores, así como la coordinación de los organismos públicos de
investigación de titularidad estatal. En particular, corresponde al
Ministerio la elaboración de la propuesta, gestión, seguimiento y
evaluación de los programas nacionales y acciones estratégicas del
Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación
tecnológica”.
En artículo Artículo 5 del mencionado decreto se establece que la Secretaría de
Estado de Investigación del Ministerio ejercerá las siguientes funciones:
La planificación, el seguimiento, la coordinación y la evaluación del
Plan Nacional de I + D + I, sin perjuicio de las funciones que
corresponden a la CICYT, en colaboración con la Secretaría de Estado
de Universidades en lo referente al desarrollo de los programas;
La cooperación con las Comunidades Autónomas en especial a través
del Consejo del General de la Ciencia y la Tecnología, de conformidad
con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 13/1986 de 14 de Abril, de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y
Técnica;
La planificación, coordinación e impulso de las actividades científicotecnológicas
en el ámbito internacional, así como el seguimiento de las
actuaciones de la Unión Europea de carácter científico-técnico en el
ámbito del departamento;
337

El impulso, desarrollo y coordinación de las actividades de los
organismos públicos de investigación adscritos a la Secretaria de
Estado, así como sus actuaciones con otras instituciones o entidades
públicas o privadas en materia de investigación científica y desarrollo
tecnológico;
El impulso, desarrollo y coordinación de actuaciones orientadas a crear
y potenciar focos de excelencia en investigación y cualquier otra
actuación orientada a potenciar la excelencia en materia de
investigación;
El desarrollo y la potenciación de centros de excelencia científica;
El desarrollo y la potenciación del fortalecimiento institucional;
El desarrollo, coordinación y la potenciación de las infraestructuras
singulares y de las grandes instalaciones científico-tecnológicas, así
como los estudios de viabilidad de las futuras instalaciones;
El impulso, la coordinación y el seguimiento de las plataformas
científico-tecnológicas y los centros tecnológicos;
La difusión del conocimiento y la tecnología a la sociedad; y
La elaboración de las propuestas de iniciativas legislativas y
reglamentarias en el ámbito de sus competencias.
Ese mismo artículo establece que dependen del Ministerio de Ciencia e
Innovación, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, los siguientes
organismos y centros públicos de investigación:
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC);
- Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC);
- Instituto de Salud Carlos III;
338

- Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA);
- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT);
- Instituto Español de Oceanografía (IEO); y
- Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Por otro lado, la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, con
rango de subsecretaría, ejercerá, bajo la dependencia inmediata del Secretario de
Estado de Investigación, las siguientes funciones:
La elaboración de las propuestas de iniciativas legislativas y
reglamentarias en el ámbito de sus competencias;
La coordinación de las actividades vinculadas a las infraestructuras
singulares y grandes instalaciones científico-tecnológicas, a los centros
de excelencia, y a los centros tecnológicos y plataformas científicotecnológicas;
El apoyo a la Secretaría de Estado de Investigación en materia de
impulso, desarrollo y coordinación de las actividades de los organismos
públicos de investigación adscritos a la misma;
La coordinación de la planificación, análisis y el seguimiento de las
actuaciones en materia de investigación científica, desarrollo
tecnológico;
La coordinación de las iniciativas del Ministerio acerca del fomento de
la cultura científica en la sociedad;
La elaboración, gestión y seguimiento de los programas de fomento de
la innovación industrial y en servicios;
El diseño y coordinación de las políticas públicas en materia de
creación de empresas de base tecnológica; y
El desarrollo de actuaciones y, en su caso, de gestión de las ayudas
públicas que fomenten las iniciativas de las pequeñas y medianas
empresas en materia de innovación.
339

El 7 de abril del 2009, mediante Real Decreto 542/2009, “con el objeto de
desarrollar el programa político del Gobierno, conseguir la máxima eficacia en su
acción y la mayor racionalidad en el funcionamiento de la Administración General
del Estado” se reestructura los departamentos ministeriales, modifica el Real
Decreto 438/2008. De acuerdo a este Decreto:
“Corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, así
como la coordinación de los organismos públicos de investigación de
titularidad estatal. El Ministerio de Ciencia e Innovación dispone como
órgano superior de la Secretaría de Estado de Investigación”.
Como vemos, en España, la política en ciencia, tecnología e innovación será
propuesta y ejecutada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para
lo cual se le adscrito los organismos públicos involucrados en esa política. Todo
ello con el objetivo de optimizar la utilización de los recursos tanto para la
elaboración como para la ejecución de la política en este sector.
El problema que quedaba por resolver después de este decreto era cómo atraer y
retener a los talentos en investigación, desarrollo e innovación, pero, sobre cómo
incentivarlos para que se intensifique las actividades del sector.
2.13.2 España y una nueva Ley de Ciencias
El día 12 de marzo del 2010, la Ministra de Ciencia e Innovación presentó
(Ministerio de Ciencia e Innovación 2010) ante el Consejo de Ministros el
anteproyecto de la “Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, en cuya
redacción han participado los diversos agentes de este sector. Según el
comunicado del Ministerio de Ciencia e Innovación:
“El texto tiene como objetivo establecer un marco general para el
fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica con el
fin de contribuir al desarrollo económico sostenible y al bienestar social
340

mediante la generación y difusión del conocimiento y la innovación, y
entre los retos que se plantea conseguir se encuentran: diseñar una
carrera profesional atractiva para los investigadores y las
investigadoras; establecer un sistema de I+D+i estable, flexible y
eficiente y contribuir al desarrollo de una sociedad basada en el
conocimiento”.
En la presentación (Ministerio de Ciencia e Innovación 2010b) de este
anteproyecto se señala que en los años 80s se tomó en cuenta la modernización
empresarial, desarrollo de las comunidades autonómicas, la integración en la
Unión Europea y la evolución del entorno científico global. A partir de los años 90s
se hizo planes de Investigación, Desarrollo e innovación. A partir del 2005 se
apuesta por el cambio del modelo productivo. Los nuevos retos que se plantea en
esa presentación, a partir del 2010, son:
- Hacia una carrera científica atractiva y competitiva;
- Gestión integrada y eficiente de los recursos de I+D+i;
- Hacia una economía basada en el conocimiento;
- Gobernanza del nuevo “sistema de sistemas”; y
- Una ciencia vanguardista, progresista y abierta al mundo.
En cuanto a la carrera científica atractiva y competitiva, “ésta debe ser estable,
basada en méritos y capaz de atraer y retener talento”. Para ello, en lugar de
becas:
“Se establecerá contratos con todas las prestaciones sociales, nuevos
procedimientos de acceso al empleo público para doctores, nuevas
escalas para los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y
nuevos contratos para investigadores distinguidos. Además se eliminan
las barreras de movilidad dentro del sistema público (OPIs,
universidades) y entre público y privado”.
Para la gestión integrada y eficiente de los recursos de I+D+i, toma en cuenta: a)
los agentes de financiación como la Agencia Estatal de Investigación, a la que
341

“incorpora prácticas internacionales de calidad y excelencia, estabilidad en la
estructura de gestión, flexibilidad en la gestión económica y mantenimiento del
rigor en el control”; y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en
que se dedicará al “fomento de la innovación y de la implantación de
nuevas tecnologías e impulso del desarrollo experimental”; y b) los agentes
de ejecución, es decir los organismos públicos de investigación, para los cuales
se prevé una reorganización en el plazo de un año y el establecimiento de
coordinación con planes plurianuales de acción y representación recíproca en los
Consejos Rectores y gestión conjunta de instalaciones y servicios.
El cambio hacia la economía basada en el conocimiento se complementa a la Ley
de Economía Sostenible en la que ya considera la “creación de empresas de
base tecnológica desde el sector público, regulación flexible y abaratamiento de
los costes de patentes, compromiso con la compra pública innovadora, beneficios
fiscales a la innovación”. Además se introduce mejoras adicionales en el ámbito
del tejido productivo, mediante:
“Estrategia Estatal de Innovación para la creación de un entorno
favorable a la misma, estatuto de Joven Empresa Innovadora: apoya la
consolidación de empresas de base tecnológica, mejora de los
mecanismos de cooperación público privada, de la movilidad
entre sector público y privado y reconocimiento de los méritos de
transferencia de tecnología”.
Respecto a la gobernanza del nuevo Sistema de Sistemas se toma en cuenta:
“El papel creciente de las comunidades autonómicas (reconocimiento
de los Sistemas Autonómicos de I+D), el Espacio Europeo de
Investigación (coordinación con nuestros socios europeos), la Red
fortalecida de agentes de la ciencia y la innovación (centros
tecnológicos, parques científicos, parques tecnológicos”.
En base a ello se plantea compartir principios de actuación (calidad, cooperación
y evaluación de resultados), compartir estrategias de futuro (Estrategia Española
342

de Ciencia y Tecnología), compartir órganos de concertación de políticas
(Consejo de Política Científica y Tecnológica), compartir un sistema integrado de
información para crear sinergias y fomentar la coordinación, abrir políticas a
participación de la comunidad científica, empresarial y de la sociedad
(Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y Comité Español de Ética
de la Investigación).
Los elementos del anteproyecto considerados “novedosos que la sitúan en la
vanguardia internacional” son “medidas para crear una situación de igualdad
efectiva de género (en la propia normativa, como objeto de investigación y
promoviendo el uso del conocimiento como instrumento contra la discriminación),
difusión universal del conocimiento generado con fondos públicos (publicación ‘en
abierto’), reconoce la cooperación científica al desarrollo como actividad propia de
los investigadores, promueve la divulgación y la cultura científica así como una
mayor participación ciudadana en los ámbitos de la ciencia y la innovación,
favorece la internacionalización de nuestro sistema de ciencia y tecnología
(aportación /retorno PM), creación de centros de investigación en el extranjero”.
Según un borrador del anteproyecto Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, Extraído como referencia por el país el 23 de febrero del 2010 (Rivera
2010), en la primera parte de la Exposición de Motivos se señala que:
La generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su
aplicación para la obtención de un beneficio social o económico, son
actividades esenciales para el progreso de la sociedad española y su
desarrollo ha sido clave para la convergencia económica y social de
España en el entorno internacional. Este desarrollo —propiciado en
gran medida por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica— ha
permitido a la comunidad investigadora española, en sólo tres
décadas, ascender veinte posiciones en la clasificación global
hasta convertir a España en la novena potencia en materia
de producción científica. La ciencia española aborda
actualmente el reto de su consolidación e internacionalización
definitiva, partiendo de una posición que difícilmente podía
343

preverse en el año 1986 y que, siendo consecuencia de
las políticas públicas desarrolladas desde la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas, es sobre
todo un éxito de la propia comunidad investigadora que ha
mostrado durante estos años un elevado grado de compromiso y
capacidad de trabajo.
Por otra parte, el sector productivo español que, a principios de los
años ochenta, aún reflejaba un importante déficit en materia de
desarrollo tecnológico está desarrollando muy recientemente una
cultura de innovación que es esencial para su competitividad. Con
esta dinámica, el sector productivo español vence una inercia
histórica que se consolidó tras décadas de proteccionismo comercial, y,
más tarde, por la persistencia de un patrón de crecimiento económico
desequilibrado, basado en un tejido productivo poco diversificado
y poco intensivo en tecnología. En la actualidad, la
economía española avanza hacia un modelo productivo
más sostenible y más basado en el conocimiento, en el que la
innovación está llamada a incorporarse definitivamente como una
actividad sistemática de todas las empresas, con independencia de su
sector y tamaño, y en el que los sectores de media y alta tecnología
están llamados a tener un mayor protagonismo. En definitiva, la ciencia
española —que ha multiplicado su producción por nueve en el mismo
periodo en el que la ciencia mundial sólo se ha duplicado— ocupa hoy
una posición acorde con el peso de la economía española en la escena
global. Por su parte el tejido productivo en su conjunto es plenamente
consciente de la necesidad de innovar y ha alcanzado, en algunos
sectores, un nivel de desarrollo tecnológico equiparable al de los
países más avanzados. Ambas condiciones, así como la emergencia
de una cultura de cooperación entre el sistema público de
ciencia y tecnología y el tejido productivo, de la que España carecía
hace unos años, permiten a nuestro país estar en las mejores
condiciones para dar un salto cualitativo hacia una sociedad y una
economía del conocimiento.
344

La Ley 13/1986, estableció la organización básica del Estado en
materia de Ciencia y Tecnología, definiendo un instrumento principal de
planificación estratégica: el Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. El Plan Nacional
constituye la base de la financiación de la comunidad científica y
técnica de nuestro país por parte de la Administración General del
Estado y ha permitido consolidar la aplicación de criterios de calidad y
competencia, indispensables para el desarrollo de la actividad
investigadora de excelencia y la asignación eficiente de recursos. A
estos efectos, ha resultado esencial el papel desempeñado por la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, creada también al
amparo de la citada Ley.
De forma más reciente, las Comunidades Autónomas han venido
desarrollando sus propios instrumentos de organización y planificación
de la ciencia y la tecnología, así como de apoyo a la innovación, de
acuerdo con sus competencias. Todo ello, junto a una creciente
asignación de recursos públicos a estas políticas —
especialmente significativa en los últimos años— ha configurado un
Sistema Español de Ciencia y Tecnología, robusto y complejo, con
capacidades y con retos muy distintos a los de 1986; un sistema que
demanda un nuevo marco legal que dé respuesta a las nuevas
necesidades de sus agentes y optimice el ejercicio de sus actividades.
Particularmente, hay cuatro situaciones que distinguen el actual
contexto del sistema Español de ciencia y tecnología del que existía en
el momento de aprobación de la vigente ley.
En primer lugar, el desarrollo de las competencias en
materia de investigación científica y técnica e innovación
tecnológica de las Comunidades Autónomas a través de sus
Estatutos de Autonomía y de la aprobación de sus marcos normativos.
345

Este desarrollo ha dado lugar a verdaderos Sistemas
Autonómicos de I+D con entidad propia, que coexisten con el
Sistema promovido desde la Administración General del Estado. Este
“sistema de Sistemas” demanda, en aras de una mayor eficiencia y
búsqueda de sinergias, el establecimiento de nuevos mecanismos
de gobernanza basados en la cooperación, desde el respeto a las
respectivas competencias.
En segundo lugar, España se encuentra plenamente integrada en la
Unión Europea.
El nuevo marco legal debe por tanto establecer mecanismos
eficientes de coordinación y de colaboración entre las
Administraciones Públicas, y facilitar el protagonismo de España
en la construcción del Espacio Europeo de Investigación.
Pero además y en tercer lugar, el tamaño alcanzado por nuestro
sistema de I+D, tanto en lo que hace referencia a la cuantía de los
recursos públicos disponibles, que se ha multiplicado en los últimos
años, como a la naturaleza de los instrumentos de financiación –
sustancialmente más diversos y más sofisticados que en
1986-, exige una transformación profunda del modelo de gestión en lo
que concierne a las competencias de la Administración General del
Estado. Se trata de avanzar hacia un nuevo esquema -La Agencia
Estatal de Investigación- más eficiente y flexible, pero igualmente
transparente, que garantice un marco estable de financiación,
y que permita la incorporación de las mejores prácticas
internacionales en materia de fomento y evaluación de la
investigación científica que la comunidad científica española
reclama y acorde a las necesidades del país.
En cuarto y último lugar, la comunidad científica española es hoy seis
veces mayor que en 1986, y ha de dotarse de una carrera científica
predecible, basada en méritos y socialmente reconocida, de la
346

que actualmente carece. Por otra parte, los científicos y
científicas españoles están plenamente integrados en una
comunidad internacional que se rige por criterios de máxima
movilidad y apertura y estos criterios han de ser incorporados
en el propio Sistema Español de Ciencia y Tecnología.
En definitiva, el actual marco vigente no es el adecuado
para que España pueda formar, retener y atraer talento científico,
siendo ésta es una de las claves para que la Ciencia española mejore
su competitividad y pueda participar en igualdad de condiciones en la
respuesta global a los grandes desafíos científicos y tecnológicos.
Una respuesta que se canaliza principalmente mediante
proyectos e infraestructuras con dimensión internacional.
Estas cuatro realidades: desarrollo autonómico, creciente dimensión
europea, salto cuantitativo y cualitativo en los recursos públicos y
consolidación de una comunidad científica, profesionalizada,
competitiva y abierta al mundo, exigen medidas
transformadoras como las contempladas específicamente en la
presente Ley.
De igual manera, el texto contempla reformas orientadas a corregir
algunas debilidades del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, que
el vigente marco legal no ha logrado solventar y, en particular,
aborda la baja contribución del sector privado a la financiación y
ejecución de actividades de I+D y de innovación desde dos
perspectivas: la del mecenazgo y la de la inversión.
La Ley incentiva fiscalmente el mecenazgo en materia de investigación
y desarrollo con el objetivo de promover esta actividad
insuficientemente desarrollada en España y que constituye un
aporte fundamental en la financiación de la ciencia en
otros países líderes.
347

En lo que se refiere a la inversión privada en actividades de
investigación, desarrollo e innovación con objetivos de
mercado, es preciso constatar que España se encuentra
muy por debajo de su potencial, una situación que impacta
negativamente en indicadores esenciales para la competitividad de la
economía española como el volumen de producción de propiedad
industrial originada en nuestro país, o el de exportación de
productos de alta tecnología.
El esfuerzo realizado por España en las dos últimas décadas por situar
su ciencia a nivel internacional debe complementarse ahora
con un mayor énfasis en la transferencia de los resultados
de investigación hacia el tejido productivo. Pero siendo
necesario, este impulso a la llamada “valorización del
conocimiento” no es suficiente para lograr el objetivo de una
economía más innovadora. Se precisa un enfoque más amplio.
En este sentido, el presente texto recoge también otras
medidas, como las relativas a una mayor movilidad de los
investigadores entre sector público de I+D y empresas, o el
apoyo a la creación y consolidación de empresas de base
tecnológica a través de la figura del Estatuto de Joven Empresa
Innovadora. Asimismo la Ley reconoce otros ámbitos de actuación
dirigidos a crear un entorno favorable a la innovación —mejoras en el
entorno financiero, impulso a la compra pública innovadora, difusión
territorial de la innovación o internacionalización de las actividades
innovadoras— y establece un nuevo instrumento para
su planificación e impulso: la Estrategia Española de Innovación.
Esta aproximación reconoce la diferencia sustancial entre la
intervención pública que requiere el fomento de la investigación,
incluida la investigación científica y técnica que realizan las
empresas, a través del Plan Estatal, y la creación de un
entorno favorable a la innovación —un reto mucho más transversal—a
348

través de la Estrategia Española.
Finalmente, el presente texto, incorpora un conjunto de
medidas de carácter novedoso que situarán a la legislación
española en materia de ciencia y tecnología e innovación en la
vanguardia internacional. Entre estas medidas para una
“Ciencia del siglo XXI” destacan el enfoque de género, el
reconocimiento de derechos a los jóvenes investigadores, el
compromiso con la difusión universal del conocimiento, la incorporación
de la dimensión ética o el concepto de cooperación
científica y tecnológica al desarrollo.
En cuanto a la dimensión de género, esta Ley incorpora
por una parte medidas orientadas a garantizar que el sistema
español de ciencia, tecnología e innovación, avance hacia una
situación de igualdad efectiva de género y, por otra, fomenta
la incorporación del género como una categoría
analítica transversal en la investigación, así como el uso del
conocimiento científico y de la innovación como un instrumento más
eficaz en la lucha contra las desigualdades de género que se producen
en el seno de la sociedad.
La Ley es también pionera en el ámbito internacional en cuanto al
reconocimiento de la situación laboral del personal investigador
en formación pre-doctoral a todos los efectos.
Respecto a la difusión universal del conocimiento, a Ley
establece un claro posicionamiento a favor de las políticas de acceso
abierto a la información científica, en línea con una creciente
demanda de la comunidad científica internacional que, por el
momento, apenas ha sido recogida en otros marcos normativos.
Los aspectos éticos relativos a la Investigación y el Desarrollo también
son tratados específicamente en la Ley, mediante la creación de un
349

comité que funcionará siguiendo las recomendaciones y directrices
internacionales en este ámbito.
En relación con la consideración de la ciencia como instrumento de
lucha contra la pobreza y la exclusión social, mediante el fomento de la
“cooperación científica y tecnológica al desarrollo” la Ley es también
pionera a nivel internacional y recoge la iniciativa que el marco de
la Unión Europea (UE) ha impulsado España en su presidencia
de turno de la UE durante el primer semestre de 2010.
Por último la Ley profundiza en la vertebración de las relaciones y el
diálogo entre Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad.
Particularmente, reconoce las actividades de divulgación y de cultura
científica y de innovación como consustanciales a la carrera
investigadora. Se trata de mejorar la comprensión y la percepción
social sobre cuestiones científicas y tecnológicas, y la sensibilidad
hacia la innovación, así como promover una mayor
participación ciudadana en este ámbito: La sociedad del
conocimiento ha de estar integrada por ciudadanos y
ciudadanas más informados e involucrados en la ciencia y
el cambio tecnológico, que son también ciudadanos y ciudadanas
más libres y más responsables en la toma de decisiones sobre su
futuro.
En la segunda parte de la Exposición de Motivos del mencionado
borrador de anteproyecto se señala que La Ley desarrolla el título
competencial contenido en el artículo 149.1.15ª de la
Constitución Española e incorpora normas relativas a otros ámbitos de
competencias de las Administración General del Estado. Se considera
el concepto de investigación científica y técnica como equivalente
al de investigación y desarrollo, entendido como la actividad
que comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, el uso de
350

estos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su
transferencia y su divulgación.
La Ley tiene en cuenta la pluralidad de agentes que conforman hoy día
el sistema. Junto a las Universidades, Organismos Públicos
de Investigación, Hospitales y Empresas, responsables de la
mayor parte de la actividad, en la actualidad tienen un papel muy
destacado otros agentes como los Centros de Investigación adscritos a
las Comunidades Autónomas, a la Administración General del Estado o
a ambas, los Centros Tecnológicos, los Parques Científicos y
Tecnológicos y las Instalaciones Científico-Técnicas Singulares,
entre otros. Para este extenso conjunto de agentes la Ley establece
disposiciones de carácter general, y garantiza en todo
caso el principio de neutralidad por el cual ningún agente debe
resultar privilegiado debido a su adscripción o naturaleza jurídica.
Destacan entre los agentes las Universidades y los
Organismos Públicos de Investigación. A todos ellos les
es aplicable la gran mayoría de las normas contenidas en
esta Ley. En el ámbito particular de la investigación
biomédica, se reconoce el papel clave que juegan los
Hospitales. Asimismo, se destaca el protagonismo de
las empresas en el ámbito del desarrollo tecnológico y
la innovación. Tanto éstos agentes como aquellos de creación
más reciente se ven ampliamente afectados por la presente
regulación.
La Ley se compone de cuatro títulos, precedidos de uno preliminar, y
de un conjunto de disposiciones adicionales y transitorias,
una disposición derogatoria y varias disposiciones finales.
En la tercera parte de la exposición de motivos se señala que:
351

El Título Preliminar establece que el objeto de la Ley es la
consolidación de un marco para el fomento y la coordinación
general de la investigación científica y técnica y sus instrumentos
de coordinación general con un fin concreto: contribuir al desarrollo
económico sostenible y al bienestar social mediante la
generación y difusión del conocimiento y la innovación.
A continuación se recoge un amplio catalogo de
objetivos específicos que se persiguen con la creación del
nuevo marco legal, que abarcan todos los aspectos
importantes relacionados con el impulso de la investigación y
el desarrollo. Entre ellos se incluye desde el fomento de la
investigación científica y técnica en todos los ámbitos del conocimiento,
en línea con el artículo 44.2 de la Constitución Española, hasta la
promoción de la cultura científica y tecnológica a través de la
educación, la formación y la divulgación, y un expreso mandato de
inclusión de la perspectiva de género como un valor transversal
en la investigación científica y técnica y en la innovación.
El Título Preliminar define, acto seguido, el Sistema
Español de Ciencia y Tecnología, con carácter inclusivo.
El Sistema, que se rige por unos principios inspiradores
entre los que se cuentan los de eficacia, cooperación y
calidad, está integrado por el Sistema de la Administración General
del Estado y por los de las Comunidades Autónomas y está orientado a
la promoción, el desarrollo y el apoyo de la investigación científica y
técnica; se caracteriza a los agentes que forman parte del mismo
desde un punto de vista funcional como agentes de
coordinación, de ejecución y de financiación.
Por último, el Título Preliminar contiene una significativa referencia a la
evaluación científica y técnica como mecanismo que ha de
garantizar la transparencia y la objetividad en la asignación de
los recursos públicos en materia de investigación científica y
352

técnica.
En la cuarta parte de la Exposición de Motivos se señala que “El
Título I desarrolla las competencias del Estado en materia
de coordinación general de la investigación científica y técnica y regula
la gobernanza del sistema”.
En relación con la coordinación general se crea un instrumento, la
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, tres órganos, el Consejo de Política
Científica y Tecnológica, el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e
Innovación y el Comité Español de Ética de la Investigación, y un sistema de
información y seguimiento, el Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e
Innovación.
La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología se concibe como el
marco de referencia plurianual para alcanzar un conjunto de objetivos generales
compartidos por la totalidad de las Administraciones Públicas con
competencias en materia de fomento de la investigación científica y
técnica. Con ello se dispone de un instrumento que sirva de
referencia para la elaboración de los planes de investigación
científica y técnica de las distintas Administraciones, y para su
articulación con las políticas de investigación de la Unión Europea.
El Consejo de Política Científica y Tecnológica es el órgano
encargado de la coordinación general del sistema y está formado por
representantes del máximo nivel de la Administración General del Estado y de
las Comunidades Autónomas. Su función principal es la de informar la propuesta
de Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y establecer los mecanismos de
evaluación de su desarrollo, e informar el Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y los planes de las Comunidades Autónomas. Además, es el órgano
encargado de promover acciones conjuntas entre Comunidades Autónomas o
entre éstas y la Administración General del Estado para el desarrollo de
programas y proyectos de investigación y de impulsar actuaciones en materia de
transferencia del conocimiento, tecnología e innovación . Este Consejo es
353

asimismo el encargado de aprobar los criterios generales por los que se regirá la
actividad del Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e
Innovación, así como velar por su buen funcionamiento. Finalmente,
propondrá los principios generales de la programación y de la
distribución territorial de las ayudas no competitivas en investigación
científica y técnica provenientes de la Unión Europea.
El Consejo estará asesorado por el Consejo Asesor de Ciencia
Tecnología e Innovación, en el que estarán representados los
agentes sociales y las organizaciones sociales cuya actividad esté vinculada
a la investigación científica y técnica y la innovación.
Se crea el Comité Español de Ética de la Investigación, cuya función principal es
la de emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas
con las implicaciones éticas de la investigación científica y técnica. Se trata de un
órgano colegiado e independiente, de carácter consultivo, adscrito al
Consejo de Política Científica y Tecnológica. Dentro del mismo
pueden establecerse comités especializados para tratar asuntos que
por su volumen o interés requieran una consideración sectorial.
El Título I termina con la creación del Sistema de Información
sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de disponer
de información global del conjunto de agentes del sistema para la
elaboración y seguimiento de la Estrategia española de Ciencia y Tecnología, de
la Estrategia Estatal de Innovación y de los planes de desarrollo.
En la quinta parte de la Exposición de Motivos se señala que:
El Título II se centra en los recursos humanos dedicados a
la investigación, en Organismos Públicos de Investigación y en
Universidades Públicas. Contiene tres capítulos, el primero se
ocupa del personal investigador al servicio de Universidades Públicas
y de Organismos Públicos de Investigación en su conjunto,
el Capítulo II regula las especialidades aplicables al personal
354

adscrito a los Organismos Públicos de Investigación de la
Administración General del Estado, y el Capítulo III, se centra en el
personal de los cuerpos docentes universitarios adscritos a
Universidades públicas.
El Capítulo I se divide en dos Secciones, la primera
regula las disposiciones generales aplicables a todo el personal de
su ámbito de actuación y la segunda se refiere, específicamente, al
personal investigador que desarrolla su labor vinculado con una
relación de carácter laboral.
La Sección 1ª se abre con una definición de la actividad
investigadora y con el reconocimiento de que el personal
investigador podrá ser funcionario, de carrera o interino y
personal laboral, fijo o temporal. A continuación se define un catalogo
de derechos y un catalogo de deberes específicos de este
personal, sin perjuicio de aquellos que les son de aplicación en
virtud de la relación, funcionarial o laboral, que les una con su
institución y en función de la normativa vigente, y se establecen los
criterios de selección del personal que garanticen un desarrollo
profesional sobre la base del respeto a los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad.
La movilidad juega un papel fundamental en el desarrollo profesional
del investigador y, por consiguiente, en el progreso científico. Su
organización y planificación, tanto a escala nacional como
internacional, constituye un elemento fundamental en materia de
política científica, como lo demuestran las distintas acciones
emprendidas por las instituciones españolas responsables y
por los programas de cooperación internacional y movilidad
de científicos contemplados en los sucesivos Programas Marco
de la Unión Europea. Esta Ley establece el reconocimiento de la
movilidad en los procesos de evaluación.
355

La Ley establece, en primer lugar, la posibilidad de que los
investigadores sean adscritos temporalmente a otros agentes públicos
de ejecución; en segundo lugar, se regulan nuevas situaciones de
excedencia, por un plazo máximo de cinco años, para aquellos
investigadores que se incorporen a otros agentes de
naturaleza pública o privada; en tercer lugar, el personal investigador
podrá ser autorizado por el centro en que preste sus servicios a
realizar estancias formativas en centros de reconocido prestigio,
tanto nacionales como extranjeros, para la ampliación de la formación y
los conocimientos en materias relacionadas con la
actividad científica o técnica que viniera realizando en el
organismo de procedencia; además, se podrá autorizar al
personal investigador para prestar servicios a tiempo
parcial en sociedades mercantiles creadas o participadas
por los organismos en los que el personal investigador
prestas sus servicios. Por último, se posibilita que los
Departamentos Ministeriales con competencias en materia de
investigación y los agentes públicos de financiación adscritos a la
Administración General del Estado, puedan adscribir
personal para que colabore en determinados programas de
investigación.
La Sección 2ª, que regula lo relativo al personal investigador
de carácter laboral, establece, en primer lugar, cuáles son las
modalidades contractuales especificas del Sistema Español de
Ciencia y Tecnología, a las que pueden acogerse los
Organismos Públicos de Investigación y las Universidades
Públicas siempre que, estas últimas, sean beneficiarias de ayudas o
subvenciones públicas que, entre otros aspectos, permitan financiar la
contratación de personal investigador.
Se establecen cuatro modalidades contractuales que se rigen, en
primer lugar por lo dispuesto en la Ley y en su defecto por
lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
356

Los investigadores que, dentro de los estudios de
doctorado, realicen tareas de investigación en un proyecto
específico y novedoso podrán ser contratados mediante un contrato
pre-doctoral, cuya duración máxima no podrá exceder de cuatro años,
o de seis en el caso de personal investigador en el que concurra una
discapacidad.
La segunda figura contractual propuesta es el contrato de acceso al
Sistema Español de Ciencia y Tecnología, que podrá
suscribirse con quienes se encuentren en posesión del título
de doctor. Este contrato, de duración indefinida, tendrá por objeto
realizar tareas de investigación. Esta modalidad implica un
considerable avance en la supresión de la temporalidad de los
investigadores, pues desde el momento que se accede al sistema se
garantiza una situación de estabilidad.
La actividad del investigador contratado bajo esta modalidad
será sometida a dos evaluaciones externas al empleador: la
primera a la finalización del tercer año de contrato, y la
segunda antes de la finalización del quinto año; de no ser
superada, esta última podrá ser considerada causa de
extinción del contrato por causas objetivas. La superación
satisfactoria de cualquiera de estas evaluaciones
determinará la posibilidad de acceso a la condición de
funcionario a través de los cauces que se disponen al efecto.
En tercer lugar se crea el denominado contrato de investigador
distinguido, al que se podrán acoger los agentes que quieran
contratar investigadores de reconocido prestigio, para dirigir
equipos humanos, instalaciones y proyectos científicos y
tecnológicos singulares de gran relevancia.
357

En cuarto lugar, se regulan los contratos para la realización de
proyectos específicos de investigación científica y técnica o de
transferencia del conocimiento. Su objeto será la realización de
tareas que no tengan carácter estructural en el organismo o
universidad de que se trate y su régimen jurídico es similar al del
contrato de obra o servicio.
El artículo 2.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, permite el dictado de
normas singulares de adecuación del régimen establecido
por el Estatuto a las peculiaridades del personal investigador; haciendo
uso de esta autorización, el Capítulo II regula en su Sección 1ª el
Régimen Especial del personal investigador de los Organismos
Públicos de Investigación adscritos a la Administración General del
Estado. Por su parte, la Sección 2ª del Capítulo II se refiere
a determinados aspectos relacionados con el personal técnico al
servicio de esos agentes.
La carrera profesional del personal investigador funcionario se
estructura en torno a un nuevo diseño de escalas científicas, con un
régimen de selección, retributivo y de promoción homogéneo para
facilitar su movilidad.
Además, se prevé el establecimiento de un sistema
objetivo para evaluar el desempeño del personal funcionario a los
efectos de carrera profesional horizontal, formación, provisión de
puestos de trabajo y percepción de retribuciones
complementarias, mediante la evaluación de las funciones ejercidas en
Organismos Públicos de Investigación cada cinco años, y la
actividad desarrollada cada seis años.
Los procesos selectivos de acceso a las escalas científicas, que se
adecuarán a lo establecido en la Oferta de Empleo Público
que se aprueba cada año para la Administración General del
358

Estado, podrán prever un turno de promoción interna para el acceso,
bien desde otras escalas científicas, bien desde el contrato de acceso
al Sistema Español de Ciencia y Tecnología, o bien,
desde los cuerpos docentes universitarios de Universidades
públicas, y se prevé la posibilidad de establecer
procedimientos de promoción interna entre las escalas científicas y las
técnicas del mismo Subgrupo de clasificación, para facilitar el
desarrollo de la carrera profesional.
Se regula la participación de extranjeros en los procesos selectivos de
acceso a las escalas científicas, si bien no podrán acceder a
empleos públicos que impliquen ejercicio del poder público o
de las funciones de salvaguardia de los intereses del Estado,
y se posibilita la realización de las pruebas pertinentes en idioma inglés
para facilitar la participación de estos candidatos.
Al personal técnico al servicio de los Organismos Públicos de
Investigación adscritos a la Administración General del Estado, al que
se refiere la Sección 2ª, le será de aplicación lo dispuesto en la
Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, y su normativa de desarrollo, en lo que no se oponga a esta
Ley. El personal técnico se agrupa en torno a cinco escalas, y su
carrera profesional será regulada por las Leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 abril.
El Capítulo III establece algunas especialidades para el
personal investigador perteneciente a los cuerpos docentes
universitarios al servicio de las Universidades públicas, cuyos procesos
selectivos al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad podrán
prever también un turno de promoción interna para el
acceso desde el contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia
y Tecnología
359

En la sexta parte de la Exposición de Motivos se señala que:
El Título III de la Ley regula el fomento y la cooperación
como elementos para el impulso de la investigación científica y
técnica, la transferencia de los resultados de la actividad investigadora
y la innovación como elemento esencial para inducir el cambio en el
sistema productivo así como la difusión de los resultados y la cultura
científica.
El Capítulo I, con el objeto de impulsar la participación activa de los
agentes públicos de ejecución en el desarrollo de la investigación y en
la implantación de la innovación para estimular la productividad y
la competitividad en España, establece una lista abierta de
medidas a adoptar por los agentes de financiación, que giran en torno
al fomento de la investigación, el desarrollo y la
innovación; la valorización del conocimiento; la transferencia
del conocimiento; la difusión de los recursos y resultados; y
el apoyo a la investigación.
En materia de cooperación entre agentes públicos y privados del
Sistema, se prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de
colaboración que permitirán la realización conjunta de proyectos y
actuaciones de investigación y de innovación; actuaciones de
transferencia de resultados; creación o financiación de
centros; formación del personal; acciones de divulgación; y
uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales.
El Capítulo II contiene el mandato, para las Administraciones Públicas,
de fomentar la valorización del conocimiento, con objeto de que
los resultados de la investigación promovidos o generados por ella
se transfieran a la sociedad.
360

En cuanto a los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e
innovación, se determina que estarán sometidos a la normativa
aplicable en materia de propiedad industrial o intelectual. Respecto a
los contratos de sociedad y acuerdos para-sociales, de colaboración
para la valorización y transferencia de resultados, de licencia, de uso y
aprovechamiento, de prestación de servicios de
investigación y de asistencia técnica, entre otros, estarán sujetos al
derecho privado.
Una de las novedades de la Ley es la previsión que establece sobre
publicación en acceso abierto, que dispone que todos los
investigadores cuya actividad haya sido financiada con los
Presupuestos Generales del Estado estarán obligados a publicar en
acceso abierto una versión electrónica de los contenidos
aceptados para publicación en publicaciones de investigación. Para
su desarrollo, se encomienda a los agentes del Sistema el
establecimiento de repositorios institucionales de acceso abierto. En
materia de cultura científica y tecnológica, la Ley impone a las
Administraciones Públicas el deber de fomentar la realización de
actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la ciencia.
El Capítulo III de este Título III incorpora dos artículos
relativos al ámbito internacional: el primero trata sobre la
internacionalización del Sistema Español de Ciencia y Tecnología,
que se define como un componente intrínseco de las acciones de
fomento y coordinación. Prevé la posibilidad de crear centros de
investigación en el extranjero, además de promover acciones para
aumentar la visibilidad internacional y la capacidad de atracción de
España en el ámbito de la investigación y transferencia del
conocimiento; el segundo se refiere a la cooperación científica
y tecnológica al desarrollo, en colaboración y coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través del
fortalecimiento de las capacidades humanas e
institucionales, especialmente en proyectos con países
361

prioritarios para la cooperación española. Las
Administraciones Públicas deberán reconocer en los
procesos de evaluación las actividades de cooperación
científica y tecnológica al desarrollo.
En la séptima parte de la Exposición de Motivos se señala que:
El Título IV contiene, en su Capítulo I, la regulación relativa al fomento
y coordinación de la investigación científica y técnica en el ámbito de la
Administración General del Estado. Para coordinar las actividades en
materia de investigación científica y técnica e innovación de los
distintos Departamentos Ministeriales se contempla la existencia de
un órgano de máximo nivel, la Comisión Delegada del
Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
Para llevar a cabo el desarrollo a nivel de la Administración General del
Estado de la programación general en materia de investigación
científica y técnica se crea un instrumento de planificación
en el medio plazo, el Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica, cuyo fin es establecer los objetivos, las
prioridades y la programación de las políticas a desarrollar en el
marco de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología. Dicho
Plan será aprobado por el Gobierno a propuesta del
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Paralelamente, los elementos e instrumentos que se ponen al servicio
del cambio de modelo productivo se planificarán en la Estrategia
Estatal de Innovación, articulada en torno a cinco ejes prioritarios, cuyo
objetivo es transformar la economía española en una economía basada
en el conocimiento.
En el Capítulo II se contempla la existencia de dos agentes de
financiación adscritos a la Administración General del Estado
como instrumentos para el ejercicio de sus políticas de
362

fomento: uno de nueva creación, la Agencia Estatal de
Investigación, orientada prioritariamente al impulso de la investigación
científica y técnica, y otro, ya existente, el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial, orientado prioritariamente al
fomento de la innovación y la implantación de nuevas tecnologías y al
impulso del desarrollo experimental. Ambos instrumentos son
fundamentales para mejorar la implementación de las políticas y para
ejercer labores de coordinación con sus homólogos europeos, aspecto
esencial en el desarrollo del Espacio Europeo de Investigación, y con
los de terceros países. Estos agentes de financiación llevarán a cabo
su actividad de acuerdo con los principios de independencia,
transparencia, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en la gestión.
El Capítulo III se dedica a los Organismos Públicos de Investigación
adscritos a la Administración General del Estado. Comienza
con su enumeración para a continuación establecer una
serie de especialidades en relación con la gestión
presupuestaria: se permite la generación de crédito derivada
de la celebración de contratos entre Organismos Públicos
de Investigación y entidades públicas o privadas, así como de
la participación en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica,
en los respectivos Planes de las Comunidades
Autónomas, y en los Programas de investigación y desarrollo de
la Unión Europea.
En la parte octava de la exposición de motivos se señala que la Ley
contiene un conjunto de disposiciones adicionales que regulan
aspectos tales como la aplicabilidad de ciertos artículos del
Título II a otros agentes del sistema como Universidades
privadas, entidades sin ánimo de lucro y consorcios y
fundaciones públicos; la encomienda al Gobierno para que elabore, en
el plazo de dos años, un nuevo Estatuto del Personal
Investigador en Formación; las condiciones de otorgamiento
de la condición de Joven Empresa Innovadora o el
363

econocimiento de la condición de personal investigador a los efectos
del Título II de la Ley al personal del Sistema Nacional de Salud que
realice actividad investigadora.
Varias disposiciones introducen los necesarios ajustes en
cuanto a la supresión, la creación y el régimen retributivo
en las Escalas de los Organismos Públicos de Investigación
de la Administración General del Estado. Estas Escalas del
personal investigador y técnico se reorganizan para resolver
los problemas creados por los diferentes regímenes retributivos
que en la actualidad se aplican a las mismas tareas.
Otra disposición adicional autoriza al Gobierno para que en
el plazo de un año apruebe una reorganización de los
Organismos Públicos de Investigación para adecuarlos a los
objetivos de la presente Ley.
Se confirma la aplicabilidad de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal, al tratamiento y cesión de datos
derivados de lo dispuesto en la Ley. Los agentes públicos de
financiación y de ejecución deberán adoptar las medidas de
índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de
los datos de carácter personal y eviten su alteración,
tratamiento o acceso no autorizados.
Se prevé la celebración por la Administración General del
Estado de convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas y en su caso con las Universidades para la justificación de
subvenciones, con el objeto de coordinar el régimen de control de los
agentes públicos de investigación y posibilitar la extensión
del régimen de cuenta justificativa simplificada previsto en la
normativa de subvenciones.
364

Se autoriza al Gobierno para crear la Agencia Estatal de Investigación
y se confirma la vigencia del Reglamento del Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial.
La perspectiva de género se instaura como una
categoría transversal en la investigación y la tecnología y, por lo
tanto, debe ser tenida en cuenta en todos los aspectos del proceso,
para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Otro grupo de disposiciones modifican determinadas leyes. Así, se
modifica la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones con el fin de permitir la concesión directa
de subvenciones a proyectos que hayan concurrido
a convocatorias públicas del Programa Marco de la Unión
Europa, y con el fin de adaptar las normas de
justificación de contratos menores. Adicionalmente, se
modifica la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
para incluir a los Centros Tecnológicos, los Centros de Apoyo a
la Innovación Tecnológica y los consorcios públicos como
entidades sin fines lucrativos a efectos de dicha Ley. Asimismo, y se
declara la investigación científica y el desarrollo
tecnológico como actividad prioritaria.
Se modifica la Ley 14/2007, de investigación biomédica, para facilitar el
desarrollo de la carrera investigadora en los centros del Sistema
Nacional de Salud, mediante la contratación por éstos de personal
laboral dedicado a actividades de investigación con arreglo a las
modalidades reguladas en esta Ley.
Se introducen varias modificaciones en la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades: un artículo sobre cooperación de Universidades
Públicas entre sí, con organismos públicos de investigación, con
empresas y con otros agentes del Sistema Nacional de Ciencia y
365

Tecnología, mediante la creación de alianzas estratégicas que
permitan desarrollar programas y proyectos de excelencia
nacional e internacional; contratación de personal investigador con
arreglo a las modalidades de la Ley de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación; atribución a las Universidades de la
consideración de Organismo Público de Investigación a los
efectos de que puedan beneficiarse de la ampliación de las
exclusiones del ámbito la Ley de Contratos del Sector Público,
reconocimiento a los funcionarios pertenecientes a cuerpos docentes
universitarios del derecho a ocupar puestos de trabajo en
Organismos Públicos de Investigación para realizar labores
relacionadas con la investigación científica y técnica; y
equiparación de los méritos investigadores, docentes y profesionales.
Se disponen modificaciones en la Ley 11/1986 de 20 de
marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad, y en
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, para regular la participación del personal
investigador de entes públicos de investigación en los
derechos y en los beneficios que se obtengan de la explotación o
cesión.
Se modifica el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley
7/2007, de 12 abril, con el fin de ampliar la situación de
servicios especiales en programas de cooperación al desarrollo en
materia de investigación, desarrollo e innovación.
Se incluyen modificaciones a la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de la Administración Pública, para reconocer al personal
docente e investigador de la Universidad la posibilidad de ser
autorizado para compatibilizar el desempeño de un segundo puesto de
trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente
366

investigador en centros públicos de investigación, dentro del área de
especialidad de su Departamento universitario, siempre que los
dos puestos vengan reglamentariamente autorizados
como de prestación a tiempo parcial. Asimismo se reconoce
al personal de los Organismos Públicos de Investigación,
de las Universidades y de los restantes centros de
investigación dependientes de las Administraciones Publicas, la
posibilidad de ser autorizado a prestar servicios en sociedades
creadas por los mismos.
La Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos se modifica para permitir la participación del personal en
ejercicio clínico de la medicina, la odontología y la veterinaria
en las entidades creadas por los Centros de Investigación
dependientes de las Administraciones Públicas con
arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
Se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud,
con el fin de permitir que el personal estatutario pueda ser declarado en
la situación de excedencia en los términos previstos por la Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Se modifica la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos
por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear,
en el sentido de rebajar el tipo impositivo a aplicar en
determinadas instalaciones.
Las Disposiciones transitorias regulan la subsistencia temporal del
Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología, el Consejo General de
la Ciencia y la Tecnología y la Comisión Delegada del Gobierno para
Política Científica y Tecnológica. Se declara, asimismo, subsistente
hasta su finalización el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 y la
367

Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología aprobada en la III
Conferencia de Presidentes hasta su sustitución por la Estrategia
Española de Ciencia y Tecnología.
Se establece, por último, un régimen transitorio para la
entrada en vigor de los contratos de personal investigador en
formación que prevé esta Ley. Los programas de ayuda para el
personal investigador en formación existentes deberán adaptarse a lo
dispuesto en la norma en lo que respecta a las convocatorias que se
realicen a partir de su entrada en vigor. A las convocatorias
que estén en ejecución en ese momento les será aplicable la
normativa contenida en el Real decreto 63/2006, de 27 de enero.
Asimismo, se establece un régimen transitorio para los
sistemas de evaluación del desempeño.
La Disposición derogatoria prevé la derogación, desde su entrada en
vigor, de todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la
Ley. Se concluye con varias Disposiciones finales relativas al título
competencial y carácter de legislación básica, y al desarrollo
reglamentario.
En el título preliminar se dispone que
“Esta Ley establece el marco para el fomento de la investigación
científica y técnica y sus instrumentos de coordinación general, con el
fin de contribuir a la generación y difusión del conocimiento y a la
innovación como elementos sobre los que ha de asentarse el
desarrollo económico sostenible y el bienestar social”.
Los objetivos generales de la presente Ley son los siguientes:
Fomentar la investigación científica y técnica en todos
los ámbitos del conocimiento como factor esencial para
desarrollar la sociedad basada en el conocimiento y la
368

competitividad, mediante la creación de un entorno económico e
institucional favorable a la innovación.
• Impulsar la transferencia de conocimiento científico y técnico.
• Fomentar la innovación en todos los sectores productivos.
• Contribuir a un desarrollo sostenible que posibilite un progreso
social armónico.
• Coordinar las políticas de investigación científica y técnica de las
Administraciones Públicas conforme a los principios de
unidad y competencia, mediante los instrumentos de
planificación que garanticen el establecimiento de
objetivos e indicadores y la asignación de recursos.
• Potenciar el fortalecimiento institucional de los agentes
del Sistema Español de Ciencia y Tecnología y la
colaboración entre ellos.
• Contribuir a la formación continua, cualificación y potenciación
de las capacidades del personal investigador.
• Favorecer la internacionalización de la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación,
especialmente en el ámbito de la Unión Europea.
• Fomentar la cooperación al desarrollo en materia de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación,
orientada al progreso social y productivo, bajo el principio de
la responsabilidad social de las instituciones de
investigación e innovación.
• Impulsar la cultura científica y tecnológica a través de la
educación, la formación y la divulgación.
• Promover la inclusión de la perspectiva de género como
categoría transversal en la ciencia, la tecnología y la
innovación, así como una presencia equilibrada de
mujeres y hombres en todos los ámbitos del
Sistema Español de Ciencia y Tecnología.
369

Según el artículo 3 del anteproyecto de Ley:
Se entiende por Sistema Español de Ciencia y Tecnología el
conjunto de agentes públicos y privados, estructuras,
medidas y acciones necesarias para promover, desarrollar
y apoyar la política de investigación científica y técnica,
que integra los sistemas de la Administración General del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
Forman parte del Sistema Español de Ciencia y
Tecnología los agentes de coordinación, de financiación y
de ejecución de la investigación científica y técnica.
Son agentes de coordinación las Administraciones
Públicas, así como las entidades vinculadas o dependientes de
éstas, cuando desarrollen funciones de coordinación del Sistema
Español de Ciencia y Tecnología. La coordinación general
de las actuaciones en materia de investigación científica y
técnica se llevará a cabo por la Administración General
del Estado, a través de los mecanismos que establece la
presente Ley.
Son agentes de financiación las Administraciones
Públicas, las entidades vinculadas o dependientes de éstas y las
entidades privadas, cuando desarrollen funciones de financiación del
Sistema Español de Ciencia y Tecnología.
Son agentes de ejecución del Sistema las entidades
públicas y privadas que realicen o den soporte a la investigación
científica y técnica. A los efectos de esta Ley, se consideran
agentes públicos de ejecución los dependientes de la
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas,
así como los creados o participados mayoritariamente por dichas
Administraciones.
370

Según el artículo 6 del anteproyecto, la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología es el instrumento para alcanzar los objetivos generales
establecidos en esta Ley en materia de investigación científica y
técnica, y en ella se definirán, para un periodo plurianual:
Los principios básicos, así como los objetivos estratégicos a
alcanzar y los indicadores de seguimiento de los mismos.
Las prioridades científico-técnicas, que determinarán el esfuerzo
financiero de los agentes de financiación del Sistema Español de
Ciencia y Tecnología.
Las líneas generales de actuación que se desarrollarán en
los Planes de la Administración General del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
Los mecanismos y criterios de articulación de la propia
Estrategia con las políticas sectoriales del Gobierno, de las
Comunidades Autónomas y de la Unión Europea, necesarios
para lograr la eficiencia en el sistema y evitar redundancias y
carencias.
El Ministerio de Ciencia e Innovación, en coordinación con
los departamentos ministeriales competentes y con los órganos
de planificación económica de la Administración General del
Estado, elaborará la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología,
la someterá al informe del Consejo de Política Científica
y Tecnológica, del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e
Innovación y de los órganos que proceda, y la elevará al
Gobierno para su aprobación y posterior remisión a las Cortes
Generales.
371

2.13.3 Recursos humanos dedicados a la investigación
Según el artículo 20 de anteproyecto se estable el contrato pre-doctoral de
acuerdo con los siguientes requisitos:
El contrato tendrá por objeto la realización de tareas de investigación
en el ámbito de un proyecto específico y novedoso por quienes estén
en posesión del título de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado
universitario con grado de al menos 300 créditos ECTS o
master universitario, y hayan sido admitidos a un programa de
doctorado. Este personal tendrá la consideración de personal
investigador pre-doctoral en formación.
El contrato se celebrará por escrito entre el personal investigador predoctoral
en formación, en su condición de trabajador, y el Organismo o
Universidad titular de la unidad de investigación, en su condición de
empleador, y deberá acompañarse de escrito de admisión al programa
de doctorado expedido por la unidad responsable de dicho programa, o
por la escuela de doctorado o postgrado cuando la hubiere.
El contrato será de carácter temporal, con dedicación a
tiempo completo o a
tiempo parcial.
La duración del contrato será de un año, prorrogable por períodos
anuales previo informe favorable del director de la tesis, durante el
tiempo que dure el periodo de investigación del programa de
doctorado. En ningún caso la duración acumulada del contrato inicial
más las prórrogas podrán exceder de cuatro años. No obstante,
cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, el
contrato podrá alcanzar una duración máxima de seis años, prórrogas
372

incluidas, teniendo en cuenta el tipo o grado de discapacidad
y las características de la actividad investigadora.
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo,
maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la
lactancia y paternidad durante el período de duración del
contrato, suspenderán el cómputo de la duración del
contrato.
La retribución de estos contratos no podrá ser inferior al 55
por 100 del salario fijado para las categorías equivalentes en los
convenios colectivos de su ámbito de aplicación durante los dos
primeros años, al 60 por 100 durante el tercer año, y al 75 por 100
durante el cuarto año.
La acción protectora de la Seguridad Social será la correspondiente al
Régimen General. Se aplicará un régimen especial de contribución a la
Seguridad Social, que será regulado por el Gobierno y que
incluirá una deducción del 30% en la cuota de cotización para
contingencias comunes.
El artículo 21 de pre-proyecto establece
Español de Ciencia y Tecnología.
el Contrato de acceso al Sistema
Los contratos de trabajo bajo la modalidad de contrato de acceso Sistema
Español de Ciencia y Tecnología podrán celebrarse con el personal investigador
en posesión del título de doctor, de acuerdo con los siguientes requisitos:
El objeto del contrato será la realización primordial de tareas
de investigación acordes con las funciones y objetivos del
Organismo o Universidad contratante.
373

El contrato será de duración indefinida, con dedicación a tiempo
completo.
La actividad investigadora desarrollada será objeto de evaluación a la
finalización del tercer año de contrato; en caso de no ser esta
evaluación positiva, el personal investigador contratado deberá
someterse a una nueva evaluación antes de la finalización
del quinto año. Las situaciones de incapacidad temporal,
riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o
acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad,
suspenderán el cómputo de estos períodos.
La no superación de la segunda evaluación será considerada causa de extinción
del contrato por causas objetivas. En cuanto a la forma y efectos de la extinción
del contrato, se aplicará lo dispuesto en el artículo 53 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Las evaluaciones serán realizadas conforme a las normas de la
Universidad u Organismo contratante, que necesariamente contará con un
informe externo. En el caso de personal investigador contratado por
Universidades Públicas, la realización de los informes corresponderá a la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), o al
órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.
Al artículo 22 del pre-proyecto establece el Contrato de investigador distinguido.
Los contratos de trabajo bajo la modalidad de contrato de investigador distinguido
se podrán celebrar con personal investigador nacional o extranjero, de
reconocido prestigio en el ámbito de la investigación científica y
técnica, que se encuentre en posesión del título de doctor, con arreglo a los
siguientes requisitos:
El objeto del contrato será la dirección de equipos humanos,
instalaciones y programas científicos y tecnológicos singulares de
gran relevancia en el ámbito de conocimiento de que se trate, y que
374

sean acordes con las funciones y objetivos del
empleador.
El contrato tendrá carácter temporal, con la duración que las partes
acuerden.
La duración de la jornada laboral, los horarios, fiestas,
permisos y vacaciones, serán los fijados en las cláusulas del
contrato.
El investigador distinguido no podrá celebrar contratos de
trabajo con otras entidades, salvo autorización expresa del
empleador o pacto escrito en contrario, y sin perjuicio del respeto a la
normativa sobre incompatibilidades del personal.
El contrato estará sometido al sistema de seguimiento objetivo que el
empleador establezca.
El contrato podrá extinguirse por desistimiento del empleador,
comunicado por escrito con un preaviso de tres meses, sin
perjuicio de las posibilidades de rescisión del contrato por
parte del empleador por causas procedentes. En el supuesto
de incumplimiento total o parcial del preaviso, el investigador
distinguido tendrá derecho a una indemnización equivalente a los
salarios correspondientes a la duración del período incumplido.
En caso de desistimiento del empleador, el investigador
distinguido tendrá derecho a percibir la indemnización prevista para el despido
improcedente en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
sin perjuicio de la que pudiera corresponderle por incumplimiento total o parcial
del preaviso.
El artículo 23 del anteproyecto establece el Contrato de trabajo para la realización
de proyectos específicos de investigación científica y técnica.
375

Se podrán celebrar contratos de trabajo bajo esta modalidad con
arreglo a los siguientes requisitos:
El personal investigador deberá encontrarse en posesión del
nivel de titulación adecuado a la naturaleza del puesto, sin
perjuicio de los méritos específicos exigidos en los
correspondientes procesos selectivos.
El objeto del contrato será la realización de un proyecto
específico de investigación científica y técnica o de transferencia del
conocimiento, e implicará la realización de tareas específicas y
concretas del Organismo o Universidad contratante que no
tengan carácter estructural.
La duración de estos contratos será la necesaria para la ejecución del
proyecto que les sirve de fundamento, e incluirá, en su
caso, el tiempo necesario para realizar el informe final o de
resultados.
La actividad desarrollada será evaluada con periodicidad anual. La no
superación de esta evaluación será considerada causa de extinción del
contrato por causas objetivas. En cuanto a la forma y efectos de la
extinción del contrato, se aplicará lo dispuesto en el artículo 53
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
En lo no regulado expresamente en el presente artículo se aplicará lo
dispuesto en el artículo 15.1.a) del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En el capítulo II del anteproyecto se definen las especialidades aplicables al
personal al servicio de los Organismos Públicos de Investigación adscritos a la
Administración General del Estado
376

Al artículo 25 del anteproyecto establece que la Carrera profesional del personal
investigador funcionario es aplicable a:
El personal investigador funcionario de carrera al servicio de los
Organismos Públicos de Investigación adscritos a la Administración General del
Estado tendrá derecho a la carrera profesional, entendida como el
conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso
profesional, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El personal investigador funcionario de carrera al servicio de los
Organismos Públicos de Investigación adscritos a la Administración
General del Estado se agrupa en las siguientes escalas científicas:
“Profesores de Investigación de Organismos Públicos de
Investigación.Investigadores Científicos de Organismos Públicos de
Investigación. Científicos Titulares de Organismos Públicos de
Investigación”.
El ingreso en las escalas científicas se realizará, a través de los
procesos selectivos correspondientes, mediante un turno libre al que
podrán acceder quienes posean el nivel de titulación equivalente al
doctorado y cumplan los requisitos a que se refieren los números
anteriores, y un turno de promoción interna.
Para el acceso a la Escala de Investigadores Científicos de Organismos Públicos
de Investigación, podrá participar en el turno de promoción interna el
personal funcionario perteneciente a la Escala de Científicos
Titulares de Organismos Públicos de Investigación.
Para el acceso a la Escala de Investigadores Científicos de Organismos Públicos
de Investigación, podrá participar en el turno de promoción interna el
personal funcionario perteneciente a las Escalas de
Investigadores Científicos de Organismos Públicos de Investigación
y de Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación.
377

Además, en los procesos selectivos convocados para el acceso a la
Escala de Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación, podrá
participar en acceso al Sistema Español de Ciencia y Tecnología al
servicio de los Organismos Públicos de Investigación adscritos a la
Administración General del Estado, siempre que la evaluación
correspondiente a la finalización del tercer año, o la segunda evaluación
en caso de haberse producido, sea positiva.
En el artículo 27 se estable que el status de personal técnico al servicio de los
Organismos Públicos de Investigación adscritos a la Administración General del
Estado se aplica al personal técnico al servicio de los Organismos Públicos de
Investigación adscritos a la Administración General del Estado lo dispuesto en la
Ley 7/2007, de 12 abril, en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y en su normativa de desarrollo, así como lo dispuesto en esta
Sección.
En el artículo 28 del pre-proyecto se establece que se considerará personal
técnico funcionario al servicio de los Organismos Públicos de Investigación
adscritos a la Administración General del Estado, a los efectos de la presente
Sección, el personal perteneciente a las Escalas técnicas que se indican a
continuación:
- Tecnólogos de Organismos Públicos de Investigación;
- Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos de
Investigación;
- Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación;
- Ayudantes de Investigación de Organismos Públicos de
Investigación; y
- Auxiliares de Investigación de Organismos Públicos de
Investigación.
En el artículo 41 se define que la Estrategia Estatal de Innovación constituye el
marco de referencia plurianual en el que se definirán los elementos e
378

instrumentos disponibles al servicio del cambio del modelo productivo, con el
objetivo de trasformar la economía española en una economía basada en la
innovación.
La Estrategia Estatal de Innovación incluirá:
Los principios básicos y los objetivos estratégicos a
alcanzar durante su periodo de vigencia, así como los
indicadores que permitan un adecuado seguimiento;
Los ejes prioritarios de la actuación estatal, como vectores del fomento
de la innovación;
Los mecanismos y criterios de articulación de la Estrategia
con las políticas sectoriales del Gobierno, de las
Comunidades Autónomas y de la Unión Europea,
necesarios para lograr la eficiencia en el sistema y evitar
redundancias y carencias; y
Los agentes, entre los que se encuentran las Universidades y las
empresas.
El Ministerio de Ciencia e Innovación, en coordinación con los
órganos de planificación económica de la Administración General del
Estado, elaborará la Estrategia Estatal de Innovación, la someterá al
informe del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y de los
órganos que proceda, y la elevará al Gobierno para su aprobación.
En el artículo 42 se define los Ejes prioritarios de la Estrategia Estatal de
Innovación:
Los cinco ejes prioritarios de la Estrategia Estatal de Innovación son:
- La modernización del entorno financiero;
379

- El desarrollo de mercados innovadores;
- La internacionalización de las actividades innovadoras;
- La cooperación territorial; y
- Las personas, como base fundamental de la innovación.
Se diseñarán instrumentos que faciliten el acceso de las empresas innovadoras a
la financiación de sus actividades y proyectos mediante la promoción de líneas de
financiación bancaria a la inversión en innovación; la constitución de
fondos de inversión especializados en innovación basados en esquemas
de co-inversión público-privada; el fomento de la inversión en capital
riesgo durante las fases iniciales de los proyectos; y el desarrollo del
Mercado Alternativo Bursátil que facilite a las empresas innovadoras el acceso
a vías de financiación, incentivando la inversión privada en su capital.
Se impulsará la contratación pública de actividades innovadoras, con
el fin de alinear la oferta tecnológica privada y la demanda pública, mediante
actuaciones en cooperación con las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, de acuerdo con lo
señalado por la Ley de Economía Sostenible.
Los departamentos ministeriales con competencias en materia de investigación y
desarrollo tecnológico aprobarán y harán público un plan que detalle su política de
compra pública innovadora y pre-comercial.
Se apoyará la participación de entidades españolas en programas
europeos e internacionales, y se impulsarán instrumentos conjuntos en el ámbito
de la Unión Europea para proteger la propiedad industrial e intelectual.
Las convocatorias de ayudas a la innovación incorporarán, entre sus criterios de
evaluación, la valoración del impacto internacional previsto por los proyectos.
380

Se fomentará la suscripción de acuerdos de cooperación y gestión compartida por
parte de la Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas
para el desarrollo de los objetivos de la Estrategia Estatal de Innovación, en los
cuales se establecerá el desarrollo de los cinco ejes prioritarios de la Estrategia.
Se desarrollarán programas de incorporación a las empresas de
doctores y tecnólogos y de gestores de transferencia de conocimiento
ligados a grupos de investigación, dedicados a proteger y transferir la
propiedad industrial generada por la investigación de excelencia.
En el artículo 43 del anteproyecto se establece que son agentes de
financiación adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación la Agencia
Estatal de Investigación y el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Son funciones de la Agencia Estatal de Investigación y del Centro
para
el Desarrollo Tecnológico Industrial:
Gestionar los programas o instrumentos que les sean
asignados en el Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y, en su caso, los derivados de convenios de
colaboración con entidades españolas o con sus agentes
homólogos en otros países;
Contribuir a la definición de los objetivos del Plan y colaborar en las
tareas de evaluación y seguimiento del mismo;
Realizar la evaluación ex ante para la asignación de los recursos del
Plan, y la evaluación ex post de las acciones establecidas por el Plan;
Asesorar en materia de gestión, sistemas de financiación,
justificación y seguimiento del Plan Estatal; y
381

Cualquier otra que les sea encomendada por su Estatuto, su
reglamento o la normativa vigente.
La Agencia Estatal de Investigación estará orientada prioritariamente al impulso
de la investigación científica y técnica, y utilizará como criterio
evaluativo para la asignación de los recursos el mérito científico o técnico.
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial estará orientado
prioritariamente al fomento de la innovación y la implantación de nuevas
tecnologías y al impulso del desarrollo experimental. Utilizará para la asignación
de sus recursos criterios evaluativos que tomarán en cuenta el mérito técnico o de
mercado y el impacto socioeconómico de los proyectos, y se
orientará prioritariamente a gestionar los programas liderados por las empresas.
Tanto la Agencia Estatal de Investigación como el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial desarrollarán su actividad como agentes de
financiación, de forma coordinada y de acuerdo con los principios de
autonomía, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, eficacia
y eficiencia en la gestión. Sus procedimientos de evaluación y financiación se
ajustarán a los criterios vinculados a las buenas prácticas establecidas
en el ámbito internacional. Además, cooperarán en el ámbito de
sus funciones con sus homólogos españoles y extranjeros.
En el artículo 44 del anteproyecto se define a los Organismos Públicos
de Investigación adscritos a la Administración General del Estado.
Son Organismos Públicos de Investigación los creados con esta
denominación para la ejecución directa de actividades de investigación
científica y técnica, de prestación de servicios tecnológicos, de fomento
de la investigación científica y técnica, y de aquellas otras actividades
de carácter complementario necesarias para el adecuado progreso científico y
tecnológico de la sociedad, que les sean atribuidas por esta Ley y por sus normas
de creación y funcionamiento.
382

Tienen la condición de Organismos Públicos de Investigación adscritos a
la Administración General del Estado la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científica (CSIC); el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA); el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME); el Instituto Español de
Oceanografía (IEO); el Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológica (CIEMAT); el Instituto de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA); y el Instituto de Astrofísica de Canarias
(IAC).
En la Disposición
adicional sexta se crea nuevas Escalas de Organismos
Públicos de Investigación adscritos a la Administración General del Estado.
Se crea la Escala de Profesores de Investigación de Organismos
Públicos de Investigación, con adscripción al Ministerio de Ciencia e Innovación
y clasificada en el Grupo A, Subgrupo A1, previsto en el artículo 76 de la Ley
7/2007, de 12 de abril.
Para el acceso a esta escala se exigirá estar en posesión del nivel de titulación
equivalente al doctorado. El personal funcionario integrado en esta escala tendrá
encomendadas las funciones que correspondían a la extinta Escala de Profesores
de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y, en concreto, las de especial exigencia y
responsabilidad, dentro de las que constituyen la finalidad específica
del organismo, con una labor investigadora propia de singular relevancia.
Se integrará en esta escala el personal funcionario que, en el momento de
entrada en vigor de esta Ley, pertenezca a la extinta Escala de
Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, cualquiera que fuera la situación administrativa en la que se
encuentre.
El personal que, a la entrada en vigor de la presente Ley, se encuentre inmerso
en
383

la realización de procesos selectivos para el ingreso por acceso
libre o por promoción interna en la extinguida Escala de Profesores de
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una
vez supere las pruebas correspondientes será nombrado personal
funcionario en la nueva Escala de Profesores de Investigación de
Organismos Públicos de Investigación.
El personal funcionario perteneciente a la nueva Escala de
Profesores de Investigación de Organismos Públicos de Investigación se
considerará acreditado para Catedrático de Universidad, a los efectos de lo
dispuesto en el Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
Se crea la Escala de Investigadores Científicos de Organismos
Públicos de Investigación, que queda adscrita al Ministerio de
Ciencia e Innovación y la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Para el acceso a esta escala se exigirá estar en posesión del nivel de titulación
equivalente al doctorado. El personal funcionario integrado en esta escala tendrá
encomendadas las funciones de la antigua Escala de Investigadores
Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en concreto las
funciones de alto nivel, dentro de las distintas actividades que
constituyen la finalidad peculiar del organismo, que desarrollará formando
parte de un grupo de trabajo o dirigiendo un equipo.
Se crea la Escala de Científicos Titulares de Organismos
Públicos de Investigación, que queda adscrita al Ministerio de
Ciencia e Innovación y clasificada en el Grupo A, Subgrupo A1,
previsto en el Artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Para el acceso a esta escala se exigirá estar en posesión del nivel de titulación
equivalente al doctorado. El personal funcionario integrado en esta escala tendrá
encomendadas las funciones que le correspondían a las antiguas
Escalas de Científicos Titulares del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y de Investigadores Titulares de los
384

Organismos Públicos de Investigación, y en concreto las funciones que
comprenden las actividades de investigación científica o tecnológica, que
desarrollará formando parte de un equipo de trabajo.
Se crea la Escala de Tecnólogos de Organismos Públicos de Investigación, que
queda adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación y clasificada en el Grupo A,
Subgrupo A1, previsto en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Se crea la Escala de Técnicos Superiores Especializados de Organismos
Públicos de Investigación, que queda adscrita al Ministerio de Ciencia
e Innovación y clasificada en el Grupo A, Subgrupo A1, previsto en
el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Las funciones que desarrollará el personal funcionario integrado en esta
escala serán las encomendadas a las extintas Escalas de
Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y de Técnicos Superiores Especialistas de los
Organismos Públicos de Investigación, y en concreto el desarrollo
de tareas de concepción, diseño, aplicación y mejora en instalaciones
científicas experimentales, o de dirección, asesoramiento, análisis o elaboración
de informes en sus especialidades respectivas.
Se crea la Escala de Técnicos Especializados de Organismos
Públicos de Investigación, que queda adscrita al Ministerio de
Ciencia e Innovación y clasificada en el Grupo A, Subgrupo A2,
previsto en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Las funciones que desarrollará el personal funcionario integrado en esta
escala serán las de apoyo y colaboración en materia de
diseño, aplicación, mantenimiento y mejora de instalaciones
científicas, elaboración de informes, estudios o análisis, y en general,
participación en la gestión técnica de planes, proyectos, programas o
aplicaciones y resultados de la investigación
385

En la Disposición adicional octava se:
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año desde la
entrada en vigor de esta Ley, mediante real decreto acordado en
Consejo de Ministros a iniciativa de los Ministerios de adscripción
y a propuesta conjunta de los Ministros de Economía y
Hacienda y de la Presidencia, proceda a reorganizar los
actuales Organismos Públicos de Investigación para
adecuarlos a los objetivos de la presente Ley, con arreglo
a los principios de eficacia, eficiencia, calidad, coordinación,
rendición de cuentas y cooperación con el resto de los agentes del
Sistema Español de Ciencia y Tecnología.
En el plazo establecido en el apartado anterior, el Gobierno aprobará
los nuevos Estatutos de los Organismos Públicos de Investigación
resultantes. Además de los contenidos exigidos en función de
su forma jurídica, los Estatutos deberán ajustarse a los
siguientes principios organizativos:
Todos los Planes Plurianuales de Acción de los
Organismos Públicos de Investigación tendrán una proyección
plurianual coincidente en el tiempo, y para su diseño y
ejecución podrán incorporar la colaboración del resto de los agentes
del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, especialmente
de Comunidades Autónomas y Universidades.
Para el cumplimiento de sus fines, los Organismos Públicos de
Investigación se organizaran en estructuras operativas como núcleo
organizativo básico, a través de las que ejecutarán sus políticas
específicas definidas en los Planes Plurianuales de Acción.
Las estructuras operativas podrán organizarse con recursos
pertenecientes a un único Organismo o mediante la asociación con
386

otros agentes del Sistema, a través de los instrumentos previstos en la
presente Ley.
En aquellos casos en que se considere necesario para alcanzar la
masa crítica precisa para una actividad de excelencia, se podrán crear
supra estructuras de investigación o de prestación de servicios
mediante la agrupación, física o en red, de estructuras inferiores
pertenecientes al mismo área temática, bien del propio Organismo
Público de Investigación, bien de otros agentes asociados al mismo.
Los Estatutos de los Organismos Públicos de
Investigación determinarán la naturaleza y funciones de dichas supra
estructuras, que podrán tener un ámbito de actuación territorial superior
al de los agentes asociados al Organismo Público de Investigación.
Se promoverá la investigación en áreas temáticas
prioritarias mediante la constitución de unidades de investigación,
propias o en cooperación con otros agentes del Sistema, con la
forma jurídica de fundación o cualquier otra adecuada a la
naturaleza de las funciones que hayan de realizar. Dichas
unidades tendrán la consideración de centros adscritos al Organismo
Público de Investigación que los promueva y estarán sujetos
a su coordinación y dirección estratégica, a excepción de las
fundaciones que estarán sometidas al protectorado establecido
por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
En la Disposición adicional decimoséptima, Se declara la actividad de
investigación científica y desarrollo tecnológico como actividad prioritaria a
efectos de lo previsto en el artículo 22 de Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
2.14 Política en ciencia, tecnología e innovación de México
387

2.14.1 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
La elaboración de políticas de ciencia y tecnología en México cae en la
responsabilidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
creado el Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970. El CONACYT es un
organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, adscrito
al Sector Educativo.
Según la información obtenida en el portal del CONACYT, entre 1979 y 1999
hubo dos reformas y una ley para coordinar y promover el desarrollo científico y
tecnológico. El 5 de junio del 2002 se promulgó una nueva Ley de Ciencia y
Tecnología.
Según la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 (Cámara de Diputados 2002):
“El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en adelante CONACYT,
es un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía
técnica, operativa y administrativa, con sede en la ciudad de México,
Distrito Federal”.
El CONACYT, es la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para
articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la
investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la
modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le
corresponderá al CONACYT, a través de los órganos que establece esta Ley y de
sus representantes, realizar lo siguiente:
Formular y proponer las políticas nacionales en materia de ciencia y
tecnología;
Apoyar la investigación científica básica y aplicada y la formación y
consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del
conocimiento, las que incluyen las ciencias exactas, naturales, de la
salud, de humanidades y de la conducta, sociales, biotecnología y
agropecuarias, así como el ramo de las ingenierías;
388

Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, así como el
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva
nacional;
Formular, integrar y proponer al Consejo General de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico el programa especial de ciencia y
tecnología, así como coordinar su ejecución y evaluación, en los
términos de la Ley de Planeación y de la Ley de Ciencia y Tecnología;
Asesorar en materia de ciencia y tecnología a dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, a los Gobiernos de las
entidades federativas y a los municipios, así como a los organismos de
los sectores social o privado que lo soliciten, en las condiciones y sobre
las materias que acuerden en cada caso;
Proponer al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico las prioridades, los lineamientos programáticos y los
criterios de asignación del gasto para ciencia y tecnología que deberán
tomar en cuenta las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal en sus anteproyectos de programa y presupuesto;
Realizar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público la revisión y análisis integral de los anteproyectos de programa
y presupuesto de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal para apoyar la investigación científica y el desarrollo
tecnológico, a fin de asegurar su congruencia global con las políticas,
prioridades, lineamientos programáticos y criterios de asignación del
gasto definidos, con la participación de dichas dependencias y
entidades;
La conducción y operación del Sistema Nacional de Investigadores, y
establecer sus objetivos, funciones y forma de organización en las
reglas de operación y reglamentación interna.
389

Promover la participación de la comunidad científica y de los sectores
público, social y privado en el desarrollo de programas y proyectos de
fomento a la investigación científica y tecnológica y al desarrollo
tecnológico;
Proponer a las autoridades competentes y, en su caso, definir políticas,
instrumentos y medidas de apoyo a la ciencia y la tecnología por parte
de la Administración Pública Federal, especialmente en cuanto a
estímulos fiscales y financieros, facilidades administrativas, de
comercio exterior y regímenes de propiedad intelectual;
Apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos
y tecnológicos;
Emitir los criterios generales, términos de referencia y parámetros de
evaluación para medir el impacto, los resultados y beneficios de los
recursos asignados a los programas de las dependencias, órganos
administrativos desconcentrados y entidades paraestatales que
realicen investigación científica y tecnológica, así como de los apoyos
otorgados para la investigación científica y tecnológica;
Dictaminar, administrar y evaluar los aspectos técnicos y científicos
vinculados con la aplicación de los estímulos fiscales y otros
instrumentos de fomento de apoyo a las actividades de investigación
científica y desarrollo tecnológico;
Proponer para su aprobación ante la Junta de Gobierno la creación,
transformación, disolución o extinción de centros públicos de
investigación con base en criterios de oportunidad de desarrollo,
vinculación con necesidades y prioridades, y a un sistema de
evaluación de calidad y productividad institucional; Debiéndose contar
con la opinión del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
390

Promover y apoyar la conformación y funcionamiento de una Red
Nacional de Grupos y Centros de Investigación para definir estrategias
y programas conjuntos, articular acciones, potenciar recursos humanos
y financieros, optimizar infraestructura, propiciar intercambios y
concertar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así
como definir los criterios y estándares de calidad institucional aplicados
en los procesos de evaluación para ingreso y permanencia en dicho
sistema;
Promover y apoyar el desarrollo de la Red Nacional de Grupos y
Centros de Investigación y los proyectos de investigación científica y
tecnológica de las universidades e instituciones públicas de educación
superior;
Formular estudios, programas y promover, conjuntamente con las
autoridades competentes, planes de carrera orientados a ofrecer
incentivos para la profesión de investigador y tecnólogo, fortalecer y
multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad de
investigadores entre centros, constituir nuevos centros e instituciones,
incluyendo aquellos orientados a la formación de recursos humanos de
alto nivel y especialización en áreas científicas y tecnológicas y crear
redes en áreas estratégicas de propuestas de conocimiento. Dichos
planes de carrera comprenderán catálogos de puestos y tabuladores
de sueldos para los centros públicos de investigación;
Diseñar, organizar y operar programas de apoyo y un sistema nacional
de estímulos e incentivos para la formación y consolidación de
investigadores y grupos de investigadores en cualquiera de sus ramas
y especialidades, así como promover el establecimiento y difusión de
nuevos premios y estímulos;
Aportar recursos a las instituciones académicas, centros de
investigación y, en general, a personas físicas y morales, públicas,
sociales y privadas, para el fomento y realización de investigaciones y
391

desarrollos tecnológicos, en función de programas y proyectos
específicos, en los términos de esta Ley, de la Ley de Ciencia y
Tecnología y, en su caso, de los convenios que al efecto celebre el
CONACyT con otros aportadores y con las instituciones o centros
interesados, sin perjuicio de que dichas instituciones y centros sigan
manejando e incrementando sus propios fondos y patrimonio;
Formular y financiar programas de becas y en general de apoyo a la
formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades, y
concederlas directamente, así como integrar la información de los
programas de becas que ofrezcan para postgrado otras instituciones
públicas nacionales o los organismos internacionales y Gobiernos
extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta materia y establecer
esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las
convocatorias correspondientes;
Operar en colaboración con las entidades federativas, el Sistema
Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica y
el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas, de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, y
publicar la información estadística de dicho sistema;
Apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal en los aspectos técnicos y científicos que requieran para
sustentar la formulación y modificación de sus esquemas regulatorios y
sus funciones de normalización y metrología, y promover la
certificación tecnológica de las empresas, así como promover y
verificar el cumplimiento de las disposiciones que establezcan
compromisos para la realización de actividades de investigación
científica y desarrollo tecnológico, en coordinación con las autoridades
competentes;
Promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión
sistemática de los trabajos realizados tanto por los investigadores
392

nacionales como por los extranjeros que residan en el país, mediante la
utilización de los medios más adecuados para ello, así como publicar
anualmente avances relevantes de la ciencia y la tecnología
nacionales, sus aplicaciones específicas y los programas y actividades
trascendentes de los centros públicos de investigación;
Investigar en forma directa exclusivamente sobre el desarrollo y estado
de la ciencia y la tecnología, para lo cual deberá: i) Sistematizar y
mantener actualizada la información de recursos humanos, materiales
y financieros dedicados a la investigación científica y tecnológica y
desarrollo tecnológico en el país; ii) Realizar estudios prospectivos para
identificar las necesidades nacionales en ciencia y tecnología, estudiar
los problemas que la afecten y sus relaciones con la actividad general
del país, e iii) Promover la operación de servicios de información y
documentación científica, en el marco del Sistema Integrado de
Información Científica y Tecnológica.
Coordinarse con los Gobiernos de las entidades federativas para el
establecimiento, operación, integración, desarrollo y evaluación tanto
de los consejos locales de ciencia y tecnología como de los programas
estatales en estas materias;
En lo que se refiere a asuntos internacionales en materia de ciencia y
tecnología: i) Ejecutar programas y proyectos de cooperación científica
y tecnológica internacional, obtener información y dar a conocer las
acciones de cooperación científica y tecnológica pactadas y
desarrolladas por el CONACyT o por dependencias y entidades que
apoyen la formulación e instrumentación de la política nacional de
ciencia y tecnología, en coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores. Tales actividades deberán observar las disposiciones
legales aplicables; ii) Remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores
para su dictamen jurídico, los acuerdos y convenios internacionales
que en ámbito de la ciencia y la tecnología requiera suscribir el
CONACyT, así como concertar convenios con instituciones extranjeras
393

y con agencias internacionales para el cumplimiento de su objeto,
previa consulta jurídica con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Participar conforme lo dispongan las leyes aplicables, en los
organismos o agencias internacionales de los que México sea parte y
que se relacionen con la materia de su competencia; iii) Fomentar
programas de formación de recursos humanos de alto nivel y de
intercambio de profesores, investigadores, técnicos y administradores,
en coordinación con dependencias, entidades, instituciones
académicas o empresas, tanto nacionales como extranjeras; iv)
Concertar acuerdos de cooperación técnica que identifiquen y
seleccionen oportunidades para establecer flujos positivos de
conocimiento y recursos tecnológicos hacia las empresas nacionales,
bajo criterios de asimilación inicial y posterior innovación; v) Asesorar,
al titular del Ejecutivo Federal y a sus dependencias y entidades, la
definición de posiciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a
ser presentadas por el Gobierno de México en los diversos foros y
organismos internacionales en coordinación con la Secretaría de
Relaciones Exteriores;
Ejercer las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos
corresponden a las dependencias coordinadoras de sector, respecto de
las entidades paraestatales que el Presidente de la República
determine, en los términos de los artículos 48, 49 y 50 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal;
Realizar las demás actividades inherentes al cumplimiento de su objeto
en los términos de esta Ley y de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Por otro lado, según esta Ley:
El CONACyT apoyará el funcionamiento del Consejo General de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, los cuales se integrarán y operarán conforme
a lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología.
394

De acuerdo a la mencionada Ley, el CONACyT tiene los siguientes órganos de
gobierno y administración:
- Junta de Gobierno, y
- Director General.
La Junta de Gobierno del CONACyT estará integrada por trece miembros que
serán: Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Un
representante de la Secretaría de Economía; Un representante de la Secretaría
de Educación Pública; Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; Un representante de la Secretaría de Energía; Un
representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación; Un representante de la Secretaría de Salud; Se invitará a formar
parte de la Junta de Gobierno al Secretario General de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, a un miembro del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, así como a dos investigadores en funciones
preferentemente de los dos niveles superiores del Sistema Nacional de
Investigadores y a dos representantes del sector productivo, los cuales serán
propuestos por el Director General del CONACyT. Cada miembro propietario
contará con un suplente.
Las sesiones serán presididas por quien determine el Presidente de la República
de entre los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal que tengan mayor
actividad científica y tecnológica y tendrá voto de calidad en caso de empate.
Los representantes propietarios de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal deberán ser los Subsecretarios o nivel
equivalente, que tengan la responsabilidad de las funciones de promoción de la
investigación científica y desarrollo tecnológico en dichas dependencias y
entidades. En el caso de los suplentes deberán contar con el nivel jerárquico de
Director General o equivalente. A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá
invitar con voz pero sin voto a servidores públicos y a científicos o especialistas
395

que, por la naturaleza de los asuntos a tratar, acuerde la propia Junta de
Gobierno.
La Junta de Gobierno, además de las atribuciones que le confiere el artículo 58 de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:
Aprobar la constitución, modificación o extinción de todas las
modalidades de Fondos CONACyT a que se refiere la Ley de Ciencia y
Tecnología y los criterios para la celebración de convenios para la
constitución, modificación o extinción de Fondos Sectoriales, Mixtos e
Internacionales, así como de los contratos, las reglas de operación y
programas de los Fondos Institucionales;
Aprobar las políticas y los programas del CONACyT a propuesta del
Director General, así como autorizar y expedir las reglas de operación
de los programas sustantivos, o sus modificaciones, sin necesidad de
autorización posterior alguna. La información, transparencia y
evaluación de las reglas de operación se regirá por las disposiciones
del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda;
Aprobar el dictamen que presente el Director General a que se refiere
la fracción XIV del artículo 2 de esta Ley;
Analizar y, en su caso, aprobar las reglas de operación y
reglamentación interna del Sistema Nacional de Investigadores que
para tal efecto le presente el Director General.
Aprobar la distribución del presupuesto anual definitivo del CONACyT,
el programa de inversiones y el calendario de gasto, de acuerdo con el
presupuesto total autorizado;
Aprobar, sin que se requiera autorización de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, las adecuaciones presupuestales a los programas
del CONACyT, que no impliquen la afectación de su monto total
396

autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados con crédito
externo, ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos;
Decidir el uso y destino de los recursos autogenerados y la aplicación
de ingresos excedentes, ya sea dentro del presupuesto de la entidad o
canalizando éstos a los Fondos CONACyT;
Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera, las que
siempre serán en renta fija;
Nombrar, a propuesta del Director General, a los servidores públicos
del CONACyT que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas
inferiores a la de aquél, y ser informada de su remoción;
Aprobar y modificar la estructura básica de la entidad de acuerdo con el
monto total autorizado de su presupuesto de servicios personales, así
como definir los lineamientos y normas para conformar la estructura
ocupacional y salarial, las conversiones de plazas y re-nivelaciones de
puestos y categorías, conforme a las normas generales que expida la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Aprobar, a propuesta del Director General, la administración
desconcentrada de funciones, programas y recursos
Aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto
administrativo y autorizar las erogaciones identificadas como gasto
sujeto a criterios de racionalidad;
Aprobar el modelo de convenio de desempeño y la suscripción de los
mismos por parte de Director General del CONACyT con las entidades
reconocidas como centros públicos de investigación en los términos de
la Ley de Ciencia y Tecnología;
397

Aprobar el programa anual de comunicación científica y tecnológica del
CONACyT, sin requerir de ninguna otra autorización;
Analizar, y en su caso, aprobar y expedir el estatuto orgánico y sus
modificaciones que le proponga el Director General, así como
establecer los órganos internos permanentes o transitorios que estime
convenientes para la realización del objeto de CONACyT;
Establecer los procedimientos de evaluación externa que le permitan
conocer los resultados sustantivos programados y los efectivamente
alcanzados, así como el impacto que tengan los programas del
CONACyT;
Nombrar, a propuesta del Director General, al Secretario y
Prosecretario de esta Junta, quienes tendrán las facultades que se
establezcan en el estatuto orgánico, y
Las demás que le resulten aplicables.
2.14.2 Visión, misión y metas del CONACYT
El NSPR en México no ha crecido al mismo ritmo que la inversión en ciencia y
tecnología. Ello ha llevado a reformar las Ley de Ciencia y Tecnología,
fortaleciendo los aspectos relacionados con la innovación. En el portal del
CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2010) se señala que la
meta es consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a
las demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades
específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la
población; para ello se requiere:
Contar con una política de Estado en la materia;
Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país; y
Elevar la calidad, la competitividad y la innovación de las empresas.
398

¿Cuál es el Camino a seguir?:
Fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país apoyando la
investigación científica de calidad;
Estimular la vinculación entre los procesos productivos y la academia;
Promover la innovación tecnológica en las empresas; y
Impulsar la formación de recursos humanos de alto nivel.
La visión:
El CONACYT, siempre según la presentación en su portal, tiene la visión al 2025
de
Impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización
tecnológica de México, mediante la formación de recursos humanos de
alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de
investigación y la difusión de la información científica y tecnológica.
Y la misión:
CONACYT Contribuirá conjuntamente con otras dependencias y
entidades del Gobierno Federal, así como del sector productivo a que
México tenga una mayor participación en la generación, adquisición y
difusión del conocimiento a nivel internacional, y a que la sociedad
aumente considerablemente su cultura científica y tecnológica,
disfrutando de los beneficios derivados de esta.
2.14.2.1 Las metas desde el 2002
399

En el marco de esa visión:
En el 2002 se crea el Programa Especial de Ciencia y Tecnología como
resultado de un intenso proceso de consulta nacional mediante la cual
científicos, tecnólogos, empresarios, académicos y gobernantes
contribuyeron en la elaboración de este instrumento vital para el
desarrollo científico y tecnológico de México.
En el 2006, México participará activamente en la generación,
adquisición y difusión del conocimiento a nivel internacional, tratando
de alcanzar el 1% del producto interno bruto en ciencia y tecnología.
Habrá aumentado considerablemente la cultura científica y tecnológica
de los mexicanos, y se concretará un mayor número de casos de éxito
en investigación y desarrollo tecnológico.
El uso de la ciencia y la tecnología en los procesos productivos
contribuirá gradualmente al crecimiento económico del país.
En el 2025, México invertirá más del 2% del PIB en actividades de
investigación y desarrollo.
Gracias al esfuerzo de todos, la economía mexicana será una de las
diez más importantes del mundo.
México se posicionará como uno de los 20 países más desarrollados
en ciencia y tecnología.
Como en todos los entes de ciencia y tecnología de los países en desarrollo,
según el portal del CONACYT:
El reto de México consiste en estructurar un modelo económico que
posibilite a su población la producción de bienes de alto valor agregado a
partir del conocimiento científico y tecnológico. Esto le permitirá al país
400

evertir su situación actual caracterizada porque un alto porcentaje de los
bienes producidos no rebasa un dólar por kilogramo.
México necesita de un nuevo modelo de desarrollo para crecer y competir
globalmente.
México necesita un sistema científico-tecnológico robusto para
transformar su sector productivo a bienes y servicios de más alto valor
agregado.
2.14.2.2 Áreas de Crecimiento Estratégico
Para el CONACYT, las áreas que resultan estratégicas para la solución de los
problemas más urgentes del país son:
- Las tecnologías de información y las comunicaciones;
- La biotecnología;
- Los materiales avanzados;
- El diseño y los procesos de manufactura; y
- La infraestructura y el desarrollo urbano y rural, incluyendo sus
aspectos sociales y económicos.
Las innovaciones en estas áreas se orientarán a atender a la población menos
favorecida. Recibirán también especial atención las acciones relacionadas con la
atención a mujeres, personas con discapacidad, grupos indígenas y migrantes.
2.14.3 Las normas relacionadas con la ciencia y tecnología
Según el portal del CONACYT, con la aprobación del Congreso de la Unión a
partir de 2003 México cuenta con un marco legal moderno y actualizado para
impulsar decisivamente la ciencia y la tecnología a través de:
Ley de Ciencia y Tecnología;
401

Ley Orgánica del CONACYT;
Reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta relativa a los incentivos
fiscales;
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, presidido e integrado por 17
miembros destacados de las comunidades científica, tecnológica y
académica de mayor renombre en el país;
Comité Intersecretarial para la integración del presupuesto federal
consolidado de ciencia y tecnología;
Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
encabezado por el titular del Ejecutivo;
CONACYT como entidad no sectorizada dependiente del Ejecutivo, con
funciones de coordinación sectorial y administrador de un ramo
presupuestal para Ciencia y Tecnología;
Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología como instancia
coordinadora entre l las oficinas y consejos de los Estados y el
CONACYT para impulsar la descentralización científica y tecnológica;
Publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que
se adiciona el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, con
fecha 1° de septiembre de 2004; y
Acuerdo de la Comisión Nacional Hacendaria para crear el Ramo 39 y
canalizar recursos a los Estados para impulsar las actividades
científicas y tecnológicas.
2.14.4 Sistema Nacional de Investigadores
El potencial humano en ciencia y tecnología es fundamental para cualquier plan o
programa de innovación tecnológica. Los países que lo han comprendido así, y
han creado mecanismos para incentivar las carreras de ciencia y tecnología. Así,
en México, por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de julio de 1984, se establece el Sistema Nacional de
Investigadores. En 1999 se publica una reforma al Reglamento que estable ese
acuerdo. Según esta Reforma (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2009),
considerando:
402

Que por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de julio de 1984, y modificado mediante acuerdos
publicados en el mismo órgano oficial los días 6 de febrero de 1986, 24
de marzo de 1988, 4 de junio de 1993 y 14 de septiembre de 1995, se
estableció el Sistema Nacional de Investigadores, entre cuyos objetivos
se encuentran fortalecer y estimular la eficiencia y calidad de la
investigación en cualquiera de sus ramas y especialidades, a través del
apoyo a los investigadores de las instituciones de educación superior o
de los centros de investigación del sector público, así como también a
aquellos que desempeñan su labor en instituciones de carácter privado;
Que es prioridad del Gobierno Federal asegurar que el país cuente con
una comunidad científica vigorosa que logre avances en el
conocimiento universal y que esté atenta a colaborar en la solución de
los problemas nacionales;
Que para lograr el fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico
en el país resulta necesario estrechar aún más los vínculos existentes
entre la educación superior y la investigación en todos los campos del
conocimiento, de tal forma que ésta constituya un apoyo para elevar la
calidad de dicho tipo educativo;
Que con el propósito de garantizar la transparencia del proceso de
evaluación de los aspirantes a ingresar o reingresar en el Sistema
resulta conveniente establecer una instancia a través de la cual éstos
puedan plantear sus inconformidades, y
Que con el fin de alentar la participación de la comunidad científica en
la investigación y con ello favorecer el desarrollo del país;
se ha tenido expedido el siguiente Acuerdo por el que se reforma el diverso que
establece el sistema nacional de investigadores de modo que queda como sigue:
403

ARTÍCULO 1o.- Se establece el Sistema Nacional de Investigadores, el
cual tendrá los siguientes objetivos:
Fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país fortaleciendo la
investigación en cualquiera de sus ramas y especialidades, a través del
apoyo a los investigadores de las instituciones de educación superior y
de investigación en México;
Incrementar el número de investigadores en activo con que cuenta el
país, elevando su nivel profesional;
Estimular la eficiencia y calidad de la investigación;
Mejorar la calidad de la educación superior mediante la participación de
los investigadores en la formación de los profesionistas, profesores e
investigadores en todos los campos del conocimiento;
Propiciar la participación de los investigadores en el desarrollo
nacional, incluyendo la innovación tecnológica, con base en las
prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo;
Apoyar la formación de grupos de investigación en las entidades
federativas del país; y
Contribuir a la integración de sistemas nacionales de información
científica y tecnológica por disciplina, que incrementen y diversifiquen
los servicios vigentes actualmente.
ARTÍCULO 2o.- Podrán participar en el Sistema Nacional de
Investigadores:
Los investigadores de las instituciones de educación superior y de
investigación del sector público, tales como: i) Las unidades y órganos
desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, así como los
404

organismos descentralizados que estén coordinados por la misma; ii)
Los centros de investigación científica en los que la Secretaría de
Educación Pública participe; iii) Los centros de investigación
coordinados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; iv) Las
universidades públicas autónomas, o dependientes de los Gobiernos
de los Estados que así lo deseen, y v) Las dependencias y entidades
del sector público que lleven a cabo funciones de investigación;
Los investigadores de las instituciones de educación superior y de
investigación del sector privado, con las modalidades que este Acuerdo
establece, tales como: i) Universidades, institutos, colegios y centros
que realicen actividades de investigación científica y tecnológica,
cualquiera que sea el régimen jurídico con el que estén organizados; ii)
Centros de investigación de empresas privadas;
Los organismos e instituciones a los que se refiere esta fracción, que
decidan participar, deberán celebrar con el Sistema Nacional de
Investigadores los convenios que estipulen las formas y condiciones en
que serán evaluados sus investigadores para ingresar en éste, de
acuerdo con las bases que determine el Reglamento del propio
Sistema;
Del mismo modo, dichos organismos e instituciones se sujetarán a la
rectoría que el Sistema Nacional de Investigadores establece para la
evaluación y estímulo de las actividades de investigación, y deberán
proporcionar los recursos económicos para financiar el desarrollo de
las investigaciones que realicen sus investigadores.
ARTÍCULO 3o.- El Sistema Nacional de Investigadores tendrá un
Consejo Directivo, cuyas funciones serán las siguientes:
Establecer los lineamientos, políticas y programas para el Sistema
Nacional de Investigadores, de acuerdo con los objetivos y prioridades
405

señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa de
ciencia y tecnología correspondiente;
Decidir sobre las propuestas que le haga el Secretario Ejecutivo;
Supervisar el funcionamiento de los mecanismos de evaluación y
operación del Sistema Nacional de Investigadores;
Aprobar los criterios que se aplicarán en la evaluación de los aspirantes
a ingresar o reingresar en el Sistema;
Decidir sobre las propuestas de distinciones que por conducto del
Secretario Ejecutivo del Sistema, le hagan las Comisiones
Dictaminadoras y la Comisión Dictaminadora Revisora a la que se
refiere el artículo 26 del presente acuerdo, y
Aprobar el Reglamento y las reformas que, en su caso, se realicen al
mismo para regir la organización y funcionamiento del Sistema.
ARTÍCULO 4o.- El Consejo Directivo estará integrado por:
El Presidente, que será el Secretario de Educación Pública;
El Vicepresidente, que será el Director General del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología;
Un Secretario, que será el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Investigadores; y
Cuatro vocales, uno de ellos será el Presidente de la Academia
Mexicana de Ciencias, A.C. previa invitación que le formule el
Secretario Ejecutivo y los otros tres serán investigadores del más alto
nivel del Sistema, según lo defina el Reglamento, designados por el
Presidente del Consejo Directivo. El cargo de los vocales tendrá una
406

duración de tres años, pudiendo ser designados nuevamente por una
sola ocasión. Cuando menos uno de los vocales deberá prestar sus
servicios como investigador en una de las instituciones a las que se
refiere el artículo 2o. localizada fuera del área metropolitana del Valle
de México.
Los nombres de los integrantes del Consejo Directivo se harán del
conocimiento público y anualmente aparecerán en la convocatoria a la
que se refieren los artículos 6o., fracción V y 24 de este Acuerdo.
ARTÍCULO 5o.- El Sistema Nacional de Investigadores contará con un
Secretario Ejecutivo, quien será designado por el Secretario de
Educación Pública.
ARTÍCULO 6o.- El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:
Recibir las solicitudes que los investigadores presenten al Sistema y
enviarlas a las Comisiones Dictaminadoras correspondientes;
Coordinar las actividades de las Comisiones Dictaminadoras;
Presentar a la consideración del Consejo Directivo, las
recomendaciones emitidas por las Comisiones Dictaminadoras durante
el proceso de evaluación, así como los dictámenes de la Comisión
Dictaminadora Revisora, en los casos de revisión a los que se refiere el
artículo 26 del presente Acuerdo;
Informar al Consejo sobre el funcionamiento de los mecanismos de
evaluación y de operación general del Sistema;
Expedir las convocatorias anuales para el proceso de selección de los
investigadores nacionales;
407

Elaborar los proyectos de reglamento y de reformas que, en su caso,
deban realizarse al mismo, para regir la organización y funcionamiento
del Sistema, y someterlos a la consideración del Consejo Directivo; y
Cumplir cualquiera otra función que le delegue el Consejo Directivo.
ARTÍCULO 7o.- Las áreas del conocimiento y el número de
Comisiones Dictaminadoras a ser integradas se establecerán en el
Reglamento.
De acuerdo con los lineamientos que al efecto establezca el Consejo
Directivo, para cada promoción, el Secretario Ejecutivo podrá integrar
las subcomisiones que considere necesarias para la evaluación de
disciplinas específicas.
ARTÍCULO 8o.- Cada Comisión Dictaminadora estará integrada por
doce miembros designados por el Consejo Directivo de entre los
investigadores nacionales del Sistema, de acuerdo con lo establecido a
este respecto en el Reglamento correspondiente.
Tres de los miembros de cada comisión serán designados de entre la
lista que al efecto se le requiera y presente la Academia Mexicana de
Ciencias, A.C. y los nueve restantes, de la que presente para tal efecto
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a propuesta de otras
instituciones de alto nivel académico y asociaciones científicas.
Las Comisiones sesionarán y tomarán sus decisiones de conformidad
con lo establecido en el Reglamento.
ARTÍCULO 9o.- Los miembros de las Comisiones Dictaminadoras
durarán en su cargo tres años.
ARTÍCULO 10o.- Podrá aspirar a formar parte del Sistema Nacional de
Investigadores la persona que realice investigación en las instituciones
408

a que se refiere el Artículo 2o. de este Acuerdo, según las condiciones
que especifique el Reglamento.
ARTÍCULO 11o.- El investigador que desee formar parte del Sistema,
deberá presentar al Secretario Ejecutivo su solicitud de ingreso o de
reingreso en los términos que se establezcan en el Reglamento y en la
convocatoria respectiva.
ARTÍCULO 12o.- Las Comisiones Dictaminadoras evaluarán los
méritos académicos de los aspirantes y propondrán al Consejo
Directivo, a través del Secretario Ejecutivo, la ubicación, en su caso,
que corresponda a cada solicitante dentro del Sistema.
ARTÍCULO 13o.- Los criterios fundamentales para decidir sobre la
incorporación del investigador al Sistema tendrán en cuenta:
La productividad reciente del investigador, tanto en la calidad de sus
trabajos como en su contribución en tareas educativas y en la
formación de profesionistas, profesores e investigadores; y
La contribución de sus actividades de investigación al desarrollo
científico, tecnológico, social y cultural de México, tomando en cuenta
los objetivos y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo;
ARTÍCULO 14o.- El Sistema Nacional de Investigadores tendrá dos
categorías. La primera, que contará con tres niveles, estará destinada a
estimular a los investigadores activos; la segunda, que contará con un
solo nivel, para estimular a quienes se inician en la carrera de
investigación.
ARTÍCULO 15o.- Los requisitos para ingresar o reingresar al Sistema
en cualquiera de sus categorías y niveles, se establecerán en el
Reglamento del propio Sistema.
409

ARTÍCULO 16o.- Las Comisiones Dictaminadoras propondrán los
criterios académicos de evaluación específicos en cada una de las
áreas. Estos criterios serán aprobados por el Consejo Directivo del
Sistema.
ARTÍCULO 17o.- El aspirante al Sistema Nacional de Investigadores
cuya solicitud sea aprobada para ingresar a la primera categoría a que
se refiere el artículo 14, recibirá la distinción de "Investigador Nacional"
y los de la siguiente categoría, recibirán la de "Candidato a Investigador
Nacional".
Los investigadores nacionales que se encuentren en el nivel más alto
del Sistema, que cuenten con sesenta años de edad o más y dos
reingresos consecutivos en ese nivel, podrán recibir la distinción de
"Investigador Nacional Emérito", por su extensa y relevante labor
científica, en los términos y con los derechos que establezca el
Reglamento.
ARTÍCULO 18o.- Además de las distinciones a que se refiere el artículo
anterior, dentro del Sistema Nacional de Investigadores se podrán
otorgar estímulos económicos a los investigadores en cada una de las
categorías, cuyo monto y condiciones aparecerán establecidos en las
normas reglamentarias del propio Sistema.
ARTÍCULO 19o.- La percepción de los estímulos económicos
otorgados no afectará la relación del investigador con la institución
donde preste sus servicios, a la que continuará vinculado y sujeto a las
disposiciones que rijan el funcionamiento de la misma.
ARTÍCULO 20o.- Las cantidades que se otorguen a los investigadores
a través del Sistema constituyen un estímulo económico y de ninguna
manera se considerarán como un salario o como contraprestación por
un servicio prestado.
410

ARTÍCULO 21o.-Para los fines de este Sistema, la condición de
Investigador Nacional y la de Candidato a Investigador Nacional o los
estímulos económicos correspondientes se retirarán por las causas que
determine el Reglamento.
ARTÍCULO 22o.- Los Investigadores Nacionales podrán seguir
recibiendo los estímulos económicos correspondientes a su nivel, en el
caso de hacer uso de períodos sabáticos con propósitos de
investigación, desempeñar comisiones académicas y otras actividades
sancionadas como parte de su desarrollo académico de acuerdo con lo
que establezca el Reglamento y considerando las normas de las
instituciones en las que presten sus servicios.
ARTÍCULO 23o.- Los estímulos económicos otorgados dentro del
Sistema, se darán sin perjuicio de los ingresos que por salario,
compensaciones y otras prestaciones tengan los investigadores.
ARTÍCULO 24o.- El Secretario Ejecutivo emitirá anualmente
convocatorias para ingresar o reingresar al Sistema Nacional de
Investigadores. Estas convocatorias se emitirán en las fechas y con la
duración que señale el Reglamento respectivo. La decisión del Consejo
Directivo, en cada promoción, será publicada en por lo menos dos de
los diarios de mayor circulación en el país y a través de los medios de
comunicación que el Secretario Ejecutivo considere idóneos,
especificando los nombres de los investigadores aprobados e
indicando la categoría y nivel que les hayan sido conferidos.
ARTÍCULO 25o.- La decisión a la que se refiere el artículo anterior será
notificada por escrito al aspirante por conducto del Secretario Ejecutivo,
acompañándose el dictamen debidamente razonado, emitido por la
Comisión Dictaminadora correspondiente.
ARTÍCULO 26o.- De las inconformidades de los aspirantes a ingresar o
reingresar al Sistema conocerá una Comisión Dictaminadora Revisora
411

que se establecerá de conformidad con lo que se disponga en el
Reglamento.
Para tales efectos los aspirantes inconformes, dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha en que se les notifique la decisión, se
dirigirán por escrito libre a la instancia que se indica, acompañando los
documentos y demás elementos que sustenten su argumentación.
ARTÍCULO 27o.- Las distinciones de Investigador Nacional y de
Candidato a Investigador Nacional surtirán efecto a partir del 1º de julio
de cada año y tendrán la duración que señale el Reglamento.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México Distrito Federal, a los 9 días del mes de abril de mil novecientos
noventa y nueve. -Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas.- Rúbrica.
Los criterios de evaluación para ingresar o reingresar al Sistema Nacional de
Investigadores han ido cambiando con el tiempo, de acuerdo con los modelos
imperantes de desarrollo. El año 2009, el Consejo aprobó los criterios internos de
evaluación del Sistema Nacional de Investigadores (Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología 2010b) tomando en cuenta las áreas de:
- Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra;
- Biología y Química;
- Medicina y Ciencias de la Salud;
- Humanidades y Ciencias de la Conducta;
- Ciencias Sociales;
- Biotecnología y Ciencias Agropecuarias;
412

- Ingenierías;
Criterios de evaluación para el área Físico-Matemáticas y Ciencias de la
Tierra
Según uno de los documentos del Sistema Nacional de Investigadores
El Área I concentra a los investigadores que se abocan al
estudio de la Astronomía, Ciencias de Materiales, Física,
Geofísica, Geología, Matemáticas y Oceanografía, en sus
vertientes básica y aplicada, generando nuevos conocimientos
e incluyendo la generación de tecnología.
Nuevo Ingreso
Candidato
Haber obtenido el grado de doctor y contar con
productos recientes en investigación propios de la disciplina y que
a juicio de la Comisión Dictaminadora tengan los elementos de alta
calidad para ingresar al S.N.I.
Queda también a juicio de la Comisión Dictaminadora obviar
el requisito de contar con el grado de doctor con base en
la elevada productividad, calidad y trayectoria del aspirante.
Nivel I
Haber participado de manera activa y consistente en labores
de investigación original y contar con artículos de investigación
recientes publicados en revistas indexadas de alto factor de
impacto que a juicio de la Comisión tengan los elementos de
alta calidad para ingresar al S.N.I.
Nivel II
413

Además de lo señalado para el Nivel I:
Demostrar consistencia, independencia y consolidación
en su línea de investigación preponderante.
Contar con reconocimiento en el medio, avalado por la
calidad, impacto y trascendencia en su obra científica realizada y
debidamente acreditada.
Haber contribuido a la formación y fortalecimiento de recursos
humanos de alto nivel en su disciplina.
Nivel III
Además de lo señalado para el Nivel II:
Área: Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra
Criterios Internos de Evaluación
Haber realizado de manera sostenida una obra ampliamente
reconocida por su impacto nacional e internacional.
Ser reconocido como un líder en investigación en su disciplina.
Haber realizado una labor destacada en la formación y
fortalecimiento de recursos humanos de alto nivel.
Infraestructura
Nivel III
Además de lo señalado para el Nivel II:
414

Haber realizado de manera sostenida una obra ampliamente
reconocida por su impacto nacional e internacional.
Ser reconocido como un líder en investigación en su disciplina.
Haber realizado una labor destacada en la formación y
fortalecimiento de recursos humanos de alto nivel.
Infraestructura
La creación de infraestructura es un elemento adicional y relevante en
las promociones a los Niveles II y III, y consiste en:
Generación, consolidación o fortalecimiento de unidades o
laboratorios de investigación del país.
Creación de instrumentación para la investigación. Esta actividad se
pondera con base en el reconocimiento explícito en artículos
científicos, patentes generadas, o bien por los usuarios mismos.
Desarrollo y consolidación de postgrados, grupos de
investigación y otras estructuras académicas.
Calidad e Impacto
La ponderación de la calidad y el impacto de la obra sometida a
evaluación se realizan con base en los criterios siguientes:
Para artículos de investigación, además de su contenido,
se considera el prestigio e impacto de la revista, así como
las citas bibliográficas externas recibidas.
En particular, para las promociones a los Niveles II y III, la Comisión
Dictaminadora hace un análisis de las citas externas
415

eportadas y pondera su distribución en la obra global del
investigador. Se sugiere clasificar las citas externas en
publicaciones de prestigio y presentar la distribución de citas.
No incluir las autocitas o citas de coautores al trabajo correspondiente.
En el caso de posibles promociones a nivel II, en el
apartado de “Consideraciones a la Comisión Dictaminadora”
se deberán dar elementos de independencia, mientras que en
el caso de posible promoción a nivel III se deberán dar
elementos de liderazgo y reconocimiento internacional; de formación de
grupos; y de formación de investigadores independientes.
En el caso de publicaciones con múltiples autores, se recomienda
anexar una carta del líder o líderes del proyecto en el que se
especifique el nivel de participación del solicitante.
Para las patentes se toma en cuenta la calidad de su
contenido, su uso demostrado por cartas de los usuarios,
y por las citas bibliográficas correspondientes.
Para los desarrollos tecnológicos, se considera la
repercusión industrial de conocimiento generado debidamente
acreditado por los usuarios.
Para actividades y productos de divulgación científica se
toma en cuenta de manera adicional su contenido científico, así
como la originalidad, creatividad y eficacia debidamente
documentados.
Para libros publicados producto de una investigación, además de su
contenido, se toma en cuenta el prestigio de la casa editorial, su tiraje,
número de reediciones y traducción a otros idiomas.
Reingreso Vigente
416

Candidato
Haber realizado aportaciones recientes en investigación propias de un
recién doctorado en su disciplina, que se hayan traducido en
artículos de investigación en revistas indexadas de alto factor de
impacto.
Nivel I
Demostrar continuidad y alta calidad en su productividad académica.
Nivel II
Mantener una alta productividad científica y/o tecnológica con
aportaciones relevantes.
Demostrar continuidad en la formación y fortalecimiento de recursos
humanos.
Nivel III
Mantener su liderazgo académico con aportaciones
relevantes y una alta productividad científica y/o tecnológica.
Demostrar una participación continua en la formación y
fortalecimiento de recursos humanos.
Reingreso No vigente
Se evaluará a partir del Nivel I de acuerdo con los criterios de nuevo
ingreso.
417

Criterios de evaluación para el área Ingenierías
Respecto a las ingenierías, área con más incidencia en las
aplicaciones, éstas abarcan, a los investigadores que se abocan al
estudio de la Ingeniería en sus diferentes sub-disciplinas entre
otras: Aeronáutica, Ambiental, Civil, de Comunicaciones,
Electrónica y Control, Eléctrica, Computación, Industrial,
de Materiales, Marina y Portuaria, Mecánica, Minera, Nuclear,
Petrolera, Química y Textil, en sus vertientes tanto básica como
aplicada. Para estos casos los criterios son los siguientes:
Nuevo Ingreso
Candidato
Haber obtenido el grado de doctor y contar con aportaciones recientes
en cualquiera de los rubros descritos en los artículos 40 y 41
del Reglamento y que a juicio de la Comisión Dictaminadora
tengan los elementos de calidad para ingresar al SNI.
Nivel I
Además de lo señalado para el Candidato:
Tener una línea de investigación definida.
Demostrar que sus aportaciones han contribuido a la solución
de problemas específicos o a la consecución de metas
específicas a lo largo de su línea de investigación o al
desarrollo individual, de grupo o institucional dentro de lo que dichas
aportaciones enmarcan.
Nivel II
418

Además de lo señalado para el Nivel I:
Demostrar independencia, creatividad y consolidación en su
línea de actividad preponderante.
Contar con reconocimiento en el medio, avalado por la
calidad, impacto y trascendencia de la obra realizada y debidamente
acreditada.
Haber contribuido a la formación de recursos humanos
mediante la docencia, dirección de tesis de maestría y/o
doctorado o haber formado grupos de investigación o
desarrollo tecnológico.
Queda a juicio de la Comisión Dictaminadora obviar el requisito de
contar con el grado de doctor, con base en la productividad, calidad y
trayectoria del aspirante.
Nivel III
Además de lo señalado para el Nivel II:
Haber realizado una obra científica y/o tecnológica ampliamente
reconocida por su impacto en los ámbitos nacional e internacional.
Ser reconocido como líder y haber tenido un desempeño
sobresaliente en el desarrollo de su obra.
Haber realizado una labor destacada en la formación o en el
fortalecimiento de recursos humanos.
Haber realizado una labor destacada en difusión y/o divulgación
científica.
419

Independencia y liderazgo.
Los investigadores que aspiren al Nivel II deben demostrar
independencia y aquellos que aspiren al Nivel III liderazgo en los
términos arriba descritos.
Infraestructura.
La creación de infraestructura es un elemento adicional relevante en
las promociones a los Niveles II y III, y consiste en:
Generación, consolidación o fortalecimiento de unidades, laboratorios o
grupos de investigación y/o desarrollo tecnológico del país.
Creación de nueva instrumentación parra la investigación y/o para el
desarrollo tecnológico. Esta actividad se pondera con base en el
reconocimiento explícito en artículos científicos, patentes otorgadas y/o
desarrollos tecnológicos avalados por usuarios.
Creación y consolidación de postgrados y otras estructuras
académicas.
Calidad e Impacto.
La ponderación de la calidad y el impacto de la obra sometida a
evaluación se realizan con base en los siguientes criterios:
Para los artículos de investigación se considera el prestigio
de la revista, así como las citas bibliográficas recibidas. En
particular en las promociones a los Niveles II y III, la Comisión
Dictaminadora analiza las citas reportadas y pondera su distribución
sobre la obra global del investigador.
420

Para los libros publicados se toma en cuenta el prestigio de la casa
editorial, el tiraje, las reediciones y las traducciones.
Para las patentes, certificados de invención, de registro
y desarrollos tecnológicos se toma en cuenta la calidad de su
contenido y su uso e impacto demostrado a través de cartas de
usuarios.
Para las normas y reglamentos se considera la aplicación e
innovación de la normatividad generada y tipo del organismo
acreditador.
Para las actividades y los productos de difusión y/o
divulgación científica y/o tecnológica, se toma en cuenta la
transparencia y fidelidad de su contenido científico y/o
tecnológico, así como la originalidad, creatividad y efectividad
de educar al público al que va dirigida.
Reingreso
Cumplir con los criterios especificados para el ingreso a cada nivel y
además:
Nivel I
Demostrar productividad reciente.
Nivel II
Además de lo anterior:
Mantener una alta productividad con aportaciones relevantes.
421

Demostrar la formación de recursos humanos mediante la docencia y
dirección de tesis de maestría y/o doctorado, o formación de
grupos de investigación y desarrollo tecnológico.
Nivel III
Además de lo anterior:
Mantener una productividad de alta calidad con aportaciones
relevantes.
Mantener una destacada labor en la formación o
fortalecimiento de recursos humanos.
Demostrar una continua participación en difusión y/o
divulgación científica y/o tecnológica.
2.15 Marco conceptual
Parte de estas definiciones son tomadas del Plan Nacional de Ciencia y
Tecnología
Competitividad
La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o un país de obtener
rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad
depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los
insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros
oferentes del mercado. (ZE Zona económica 2009)
Derecho de autor
El derecho de autor abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas,
los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de
422

arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños
arquitectónicos.
Desarrollo experimental.
Son trabajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes, derivados de
la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos
materiales, productos o dispositivos; al establecimiento de nuevos procesos,
sistemas o servicios; o a la mejora sustancial de los ya existentes.
Estado de la técnica
Está compuesto por la información que ha sido puesta a disposición del público
en cualquier lugar del mundo mediante divulgación escrita u oral.
Innovación
Edward Roberts asume la definición de la innovación como compuesta por dos
partes: i) la generación de una idea o invención y ii) la conversión de esa
invención en un negocio o aplicación práctica. Colocando la definición como
fórmula sería:
innovación = invención + explotación.
Investigación aplicada.
Consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos;
sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico especifico.
Inteligencia artificial.
Es la rama de la informática que desarrolla procesos que imitan a la inteligencia
de los seres vivos. La principal aplicación de esta ciencia es la creación de
máquinas para la automatización de tareas que requieran un comportamiento
inteligente.
423

Invención de dominio público
El titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a
estar disponible para la explotación comercial por parte de terceros.
Invento patentable
Cuando un invento cumple las condiciones para ser protegida por una patente:
debe tener uso práctico; debe presentar asimismo un elemento de novedad; debe
presentar un paso inventivo que no podría ser deducido por una persona con un
conocimiento medio del ámbito técnico; y su materia debe ser aceptada como
"patentable" de conformidad a derecho.
Oficina de patentes
Son las oficinas que conceden las patentes. Puede ser una oficina nacional de
patentes o una oficina regional que trabaja para varios países, como la Oficina
Europea de Patentes y la Organización Regional Africana de la Propiedad
Intelectual. La oficina de patentes del Perú forma parte del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
Organización Mundial de Comercio Internacional (OMC)
La Organización Mundial de Comercio (OMC) es la que se ocupa de las normas
que rigen el comercio entre los países, a nivel mundial o casi mundial. En su sitio
internet, la OMC se define a sí misma (Organización Mundial de Comercio 2010):
La OMC es esencialmente un lugar al que acuden los Gobiernos Miembros para
tratar de arreglar los problemas comerciales que tienen entre sí. El primer paso es
hablar. La OMC nació como consecuencia de unas negociaciones y todo lo que
hace es el resultado de negociaciones. La mayor parte de la labor actual de la
OMC proviene de las negociaciones celebradas en el período 1986-1994 — la
llamada Ronda Uruguay — y de anteriores negociaciones celebradas en el marco
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La OMC es
actualmente el foro de nuevas negociaciones en el marco del “Programa de Doha
para el Desarrollo”, iniciado en 2001.
424

Cuando los países se han enfrentado con obstáculos al comercio y han querido
reducirlos, las negociaciones han contribuido a liberalizar el comercio. Pero la
OMC no se dedica solamente a la liberalización del comercio y en determinadas
circunstancias sus normas apoyan el mantenimiento de obstáculos al comercio:
por ejemplo, para proteger a los consumidores o impedir la propagación de
enfermedades.
Su núcleo está constituido por los Acuerdos de la OMC, negociados y firmados
por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Estos
documentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio
internacional. Son esencialmente contratos que obligan a los Gobiernos a
mantener sus políticas comerciales dentro de límites convenidos. Aunque
negociados y firmados por los Gobiernos, su objetivo es ayudar a los productores
de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar a cabo sus
actividades, permitiendo al mismo tiempo a los Gobiernos lograr objetivos sociales
y ambientales.
El propósito primordial del sistema es ayudar a que las corrientes comerciales
circulen con la máxima libertad posible, — siempre que no se produzcan efectos
secundarios desfavorables, — porque esto es importante para el desarrollo
económico y el bienestar. Esto significa en parte la eliminación de obstáculos.
También significa asegurar que los particulares, las empresas y los Gobiernos
conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio en todo el mundo,
dándoles la seguridad de que las políticas no sufrirán cambios abruptos. En otras
palabras, las normas tienen que ser “transparentes” y previsibles.
Las relaciones comerciales llevan a menudo aparejados intereses contrapuestos.
Los acuerdos, inclusive los negociados con esmero en el sistema de la OMC,
necesitan muchas veces ser interpretados. La manera más armoniosa de resolver
estas diferencias es mediante un procedimiento imparcial, basado en un
fundamento jurídico convenido. Este es el propósito que inspira el proceso de
solución de diferencias establecido en los Acuerdos de la OMC.
425

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se define a sí misma
como (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 2010):
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un organismo
especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo
es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea
equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y
contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.
Se estableció en 1967 en virtud el Convenio de la OMPI, con el mandato de los
Estados miembros de fomentar la protección de la PI en todo el mundo mediante
la cooperación de los Estados y la colaboración con otras organizaciones
internacionales. Su Sede se encuentra en Ginebra (Suiza).
Patentes (OMPI, 2009: Invenciones, patentes)
Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un
producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer
algo o una nueva solución técnica a un problema. Una patente proporciona
protección para la invención al titular de la patente. La protección se concede
durante un período limitado que suele ser de 20 años. La protección de una
patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada,
distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la
patente.
Propiedad Intelectual (PI)
La propiedad intelectual (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 2009)
tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos
utilizados en el comercio. La PI se divide en dos categorías: la propiedad
industrial y el derecho de autor.
426

Propiedad industrial
La propiedad industrial incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y
modelos industriales e indicaciones geográficas de origen.
Solicitud de patente
Es la solicitud que se hace ante la oficina nacional de patentes en cada país para
obtener una patente. Contiene, por lo general, el título de la invención, así como
una indicación sobre su ámbito técnico; debe incluir los antecedentes y una
descripción de la invención, en un lenguaje claro y con los detalles suficientes
para que una persona con un conocimiento medio del ámbito en cuestión pueda
utilizar o reproducir la invención.
La solicitud de patente puede ser realizada por residentes o no residentes en un
país. Cuando se usa una patente obtenida por un no residente se tendrá egresos
de capital por concepto de derecho de patentes.
427

CAPITULO III
HIPOTESIS
3.1 Hipótesis principal
En concordancia con el Planteamiento de la Problemática presentado en el
capítulo de Introducción y el estudio detallado de la historia de las políticas
públicas realizadas en el el Marco Teórico, se plantea la siguiente hipótesis
principal: La política pública de CTI, según sean sus características, influye,
positiva o negativamente, en el número de solicitudes de patentes de residentes,
en el periodo 1990 – 2007.
Ello significa que el número de solicitudes de patentes de residentes de un país
es un resultado de las políticas públicas que se aplican para impulsarlas. De
modo que para lograr un mayor que los nacionales de un país depositen un mayor
número de solitudes de patentes será necesario implementar políticas apropiadas.
3.2 Hipótesis derivadas
Intuitivamente puede pensarse que los elementos de políticas públicas de CTI con
mayor influencia o peso son las relacionadas con los recursos económicos que se
dedican para financiar la investigación y el desarrollo. Intuitivamente también
parece lógico pensar que será igualmente influyente la forma cómo está
organizado el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que los va a usar y
aplicar para incrementar la inventiva nacional. Lo último pero no lo menos
importante para lograr los objetivos el es tipo de gestión del potencial humano que
428

va a trabajar en el logro de los objetivos. En ese sentido planteamos la siguiente
hipótesis específica:
La inversión en I+D influye positivamente en el número de solicitudes de patentes
de residentes, en el periodo 1990 – 2007, siempre y cuando se tenga una
organización articulada del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica y una normativa apropiada para incentivar la creatividad de los
investigadores.
Entre las hipótesis derivadas tendremos las siguientes:
Una organización articulada de instituciones de investigación científica y
tecnológica, con un fuerte liderazgo y dirigido del nivel administrativo más elevado
posible, influye positivamente en el número de solicitudes de patentes de
residentes, en el periodo 1990 - 2007.
Una ley de carrera del investigador científico y tecnológico, que defina un status
de investigador en la carrera pública e incentive económicamente a los que más
producen, influye positivamente en el número de solicitudes de patentes de
residentes, en el periodo 1990 - 2007.
Debemos aclarar que en el tipo de administración estatal con la que cuenta la
mayoría de países iberoamericanos, el nivel administrativo más alto que puede
tener un organismo es un ministerio. De modo que la primera hipótesis derivada,
para el caso del Perú, se traduce en la necesidad de un ministerio para impulsar
la creatividad en el país.
Respecto a la segunda hipótesis derivada, es necesario señalar que la ley de
carrera del investigador no se trata de una carrera universitaria nueva. En
realidad, todas las carreras universitarias forman investigadores, el mayor nivel de
los cuales se alcanza con al grado de doctor. La ley de carrera militar, por
ejemplo, existe porque se considera que las fuerzas armadas son importantes
para el desarrollo y la defensa de la Nación. Aparte de las escuelas militares que
forma a los profesionales de esa rama, existe una ley de carrera que permite el
429

ingreso anual de un contigente de militares y el ascenso de los que se
desempeñan mejor en el servicio.
3.3 Variables e indicadores
La tesis contempla como método de investigación el desarrollo de un análisis no
experimental y longitudinal y de nivel explicativo causa-efecto.
La variable independiente del problema general es la política pública de CTI, la
que se traduce en la inversión en I+D, organización del SINACYT y la carrera del
investigador de ciencia y tecnología.
La variable dependiente del problema general es el número de solicitudes de
patentes presentadas (NSPR) ante la oficina de patentes correspondiente, siendo
el INDECOPI para el caso del Perú.
La organización de las instituciones de CTI se expresa en las normas que las
rigen.
La carrera del investigador científico tecnológico (CICT) se representa en la Ley
que norma el ingreso y el ascenso profesional de los investigadores científicos y
tecnológicos.
430

CAPITULO IV
METODOLOGIA
4.1 Diseño Metodológico
Se usará una metodología histórica y deductiva. La metodología será histórica en
la medida de que se analizarán las políticas de CTI, las que han variado a través
de los años a partir de 1990, y han tenido consecuencias en la creatividad y la
inventiva de los países. La metología será deductiva en la medida que del estudio
de la creatividad e inventiva de los países permitirá deducir qué políticas han
obtenido mejores resultados.
En este trabajo identificaremos a los países que tienen el mayor valor NSPR en
relación a la inversión en I+D y se estudiara las políticas que aplicaron, para
eventualmente adaptarlas al Perú, tomando en cuenta la realidad nacional.
Para estudiar los efectos de las políticas en el NSPR se ha escogido periodos
históricos en los que se ha producido cambios en las políticas, como es el caso
del periodo que incluye el 1994, año en que los países firmaron el Acuerdo sobre
la OMC, el que incluye el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Organización Mundial de
Comercio, 2009).
4.2 Población y muestra
La población está constituida por los países del mundo, los que están compitiendo
en el mercado mundial con sus productos y servicios. La venta de patentes está
431

en el rubro de servicios. Es la venta de conocimiento tecnológico transable. El
Perú debe pagar por el uso de cada invento que se ha usado para elaborar los
productos que usa.
La muestra está constituida por Estados Unidos y los países iberoamericanos
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, España, México,
Perú y Portugal.
La creatividad y la inventiva que se reflejan en el NSPR y los efectos que tendrán
las políticas públicas en un país dependen de la cultura y de las relaciones
comerciales que tenga este país con el mundo. Una misma política en culturas
diferentes puede tener efectos diferentes. Por esa razón, para diseñar políticas de
CTI para el Perú se tomará como referencia los casos de Estados Unidos y
Canadá, pero se estudiará con mayor detenimiento los casos de Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, España, México, Perú y Portugal, puesto que estos países tienen
relaciones históricas, culturales y comerciales bien establecidas con el Perú. En
particular, las bases culturales de los países iberoamericanos son comunes y
tienen sus raíces en España. Sin embargo, como referencia a otros ámbitos
culturales, estudiaremos los casos de Canadá y Estados Unidos.
4.3 Operacionalización de Variables
Para la RICyT (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2009), “los
indicadores de ciencia, tecnología e innovación son instrumentos indispensables
para la elaboración y la implementación de políticas que puedan contribuir al
desarrollo de los países de América Latina y el Caribe”. En ese sentido, propone
una serie de indicadores del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación,
clasificados en indicadores de contexto, indicadores de insumo –los que se
dividen en recursos financierosy recursos humanos-, graduados en educación
superior, indicadores de patentes, e indicadores bibliométricos.
Entre los indicadores de contexto están:
Población,
432

Población Económicamente Activa (PEA)y
Producto Bruto Interno (PBI).
Entre los indicadores de recursos financieros están:
Gasto en ciencia y tecnología,
Gasto en CYT en relación al PBI,
Gasto en CYT por habitante,
Gasto en I + D por investigador,
Gasto en I + D por tipo de investigación,
Gasto en CYT por sector de financiamiento,
Gasto en CYT por sector de ejecución,
Gasto en CYT por objetivo socioeconómico,
Créditos presupuestarios públicos en I+D por objetivo socioeconómico, y
Gasto en CYT por disciplina científica.
Entre los indicadores de recursos humanos están:
Personal de ciencia y tecnología,
Investigadores por cada mil integrantes de la pea,
Personal por género,
Investigadores por sector,
Investigadores por disciplina científica, e
Investigadores por nivel de formación.
Entre los indicadores de graduados en educación superior están:
Titulados de grado,
Titulados de maestrías y
Doctorados.
Entre los indicadores de patentes están:
Solicitudes de patentes,
Patentes otorgadas,
Tasa de dependencia,
433

Tasa de autosuficiencia, y
Coeficiente de invención.
Entre los indicadores bibliométricos están:
Publicaciones en SCI,
Publicaciones en PASCAL,
Publicaciones en INSPEC,
Publicaciones en COMPENDEX,
Publicaciones en chemical abstracts,
Publicaciones en biosis,
Publicaciones en medline,
Publicaciones en cab,
Publicaciones en ICYT,
Publicaciones en IME,
Publicaciones en periodica,
Publicaciones en clase,
Publicaciones LILACS,
Publicaciones en SCI por habitante,
Publicaciones en PASCAL por habitante,
Publicaciones en SCI en relación al PBI,
Publicaciones en PASCAL en relación al PBI,
Publicaciones en sci en relación al gasto en I + D,
Publicaciones en pascal en relación al gasto en I + D,
Publicaciones en sci cada 100 investigadores,
Publicaciones en pascal cada 100 investigadores.
Nosotros hemos escogido el número de solicitudes de patentes de residentes
(NSPR) en un país como la variable dependiente de las políticas de ciencia,
tecnología e innovación. Nuestro interés está en las patentes, más precisamente
en solicitudes de patentes de residentes (NSPR), que es un indicador de la
actividad de innovación de un país –la que mide la capacidad creativa e
innovadora de un país- relacionado con los inventos con valor comercial. De
modo que la variable dependiente es el indicador NSPR.
434

Las variables independientes que nosotros estudiamos son la inversión en I+D, la
organización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y las políticas de CTI
relacionadas con la gestión del potencial humano.
La inversión en I+D será lo que el Estado y la empresa privada inviertan en
investigación y desarrollo, la que sirva para contar con investigadores, construir y
mantener la infraestructura; adquirir los insumos; así como adquirir y mantener el
equipamiento necesario.
Una política articulada en un sector la diseña y aplica un ministerio. La existencia
de políticas separadas de ciencia y tecnología en cada sector puede generar
desarticulación y multiplicidad de esfuerzos. Por esa razón, se puede establecer
una variable independiente que sea existencia o inextencia de un ministerio de
ciencia y tecnología.
Las políticas de gestión del potencial humano en ciencia y tecnología son un
conjunto de normas para incentivar la creatividad, cuya mayor expresión es una
ley de carrera del investigador, aplicada a todo investigador independientemente
que trabaje en la Universidad, en centros de investigación o en alguna entidad
donde realice su investigación para el Estado.
Un componente fundamental de política es la gestión de personal investigador,
una de cuyas formas se establece mediante una ley de carrera del investigador.
Sin embargo, solo algunos países tienen una ley de carrera del investigador. En
otros países existen reglamentos institucionales de tratamiento de personal. Una
variable independiente está relacionada con la existencia o inexistencia de una
carrera del investigador.
435

4.4 Técnicas de Recolección de Datos. Descripción de los instrumentos,
Procedimientos de comprobar de la validez y confiabilidad de los
instrumentos
Los temas de creatividad, inventiva e innovación son de actualidad por lo que
sobre ellos se ha organizado innumerables congresos, conferencias y foros. La
participación en esos eventos nos permite realizar entrevistas a los expertos de
diversos países de modo a tener una idea de los impactos de las políticas en los
investigadores científicos y tecnológicos.
Los organismos internacionales y organismos no gubernamentales se han
preocupado por medir el NSPR y otros indicadores relacionados con la ciencia y
la tecnología. Para este trabajo se cuenta con información consistente de las
estadísticas de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y de la
Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT).
Asimismo, dado que las políticas se expresan, en gran parteen decretos y leyes, y
éstos son publicados en los medios oficiales, se cuenta con abundante
información oficial generada por las instituciones gubernamentales relacionadas
con la ciencia, la tecnología, la creatividad, la inventiva y la innovación.
Debido a la importancia de los mencionados temas, existe abundante bibliografía
sobre ellos. Sin embargo, lo que falta es un análisis de los efectos de las políticas
de ciencia, tecnología e innovación, que es precisamente lo que queremos
subsanar con este trabajo.
4.5 Técnicas para el Procesamiento de la Información
La técnica está basada en el análisis de los datos extraido de las bases de datos
de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual 2009) sobre el NSPR
correspondiente a los países mencionados y de la Red de Indicadores de Ciencia
y Tecnología (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología 2010). Se harán
gráficos que muestran i) la evolución en el tiempo de la inversión en I+D; y ii) la
evolución del número de solicitudes de patentes de residentes. A seguir los
436

gráficos representativos de ambos indicadores se podrá deducir los efectos que
tuvieron en el NSPR, los cambios en la inversión en I+D.
Se buscará la relación entre la inversión en I+D y el NSPR en el periodo 1990-
2007 para cada uno de los países escogidos, que el periodo en el que se cuenta
con datos para la mayoría de los países de la muestra.
No necesariamente los cambios en el NSPR tienen que ser los mismos para un
aumento en la inversión en I+D. Estos dependerán también de las otras variables
independientes. Veremos las normas relacionadas con las políticas públicas de
los países influyen también en esos cambios.
El trabajo forma parte de 30 años de observación de los resultados de las
políticas en ciencia y tecnología en el Perú, tanto como investigador como
miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y
como presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear.
Como coorganizador de la Red Internacional de Ciencia y Tecnología y
organizador del Encuentro Científico Internacional
(www.encuentrocientificointernacional.org) se ha recabado opinión de los
participantes que vienen de diversos países sobre el problema. Además, como
coordinador de esta Red, se ha constatado que los científicos recién graduados
deben emigar debido a que las normas legales no permiten el ingreso de
contingentes de investigadores a los institutos del Estado.
Finalmente, cabe señalar que hemos participado en numerosas reuniones de
expertos en los temas de innovación de las que surgen propuestas de políticas de
innovación, pero no se tiene un organismo con el nivel político suficiente como
para que estas propuestas lleguen al Consejo de Ministros, donde se define las
políticas que demandan recursos del Estado. También se recalca que para la
elaboración de la presente tesis se ha respetado el Código de Ética de la
Universidad de San Martín de Porres.
437

Cuadro 1. Representación esquemática de la cadena que relaciona el
problema, los objetivos, las hipótesis, las variables sus importancias y
limitaciones en este trabajo.
Problema Objetivos Hipótesis Variables Importancia Limitaciones
¿Cómo la
política
pública de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación
(CTI) influye
en el número
de solicitudes
de patentes
de residentes
(NSPR), en el
periodo 1990 -
2007?
El objetivo
general de es
descubrir cómo
la Política
Pública de CTI
influye en el
NSPR, en el
periodo 1990 –
2007.
Específicos
Descubrir cómo
la inversión en
I+D influye en
el NSPR, en el
periodo 1990 -
2007.
Descubrir cómo
la estructura de
los organismos
de I+D influye
en el NSPR, en
el periodo 1990
– 2007.
Descubrir cómo
la Carrera del
Investigador
Científico y
Tecnológico
(CICT) influye
en el NSPR, en
el periodo 1990
– 2007.
General:
La política pública de
CTI, según sean sus
características, influye
positiva o
negativamente en el
número de solicitudes
de patentes de
residentes, en el
periodo 1990 – 2007.
Específicos
La inversión en I+D
influye positivamente
en el número de
solicitudes de
patentes de
residentes, en el
periodo 1990 – 2007,
siempre y cuando se
tenga una
organización
articulada del
SINACYT y una
normativa que
incentive la
creatividad de los
investigadores.
Una organización
articulada de
instituciones de
investigación científica
y tecnológica influye
positivamente en el
número de solicitudes
de patentes de
residentes, en el
periodo 1990 - 2007.
Una carrera del
investigador científico
y tecnológico que
incentive
económicamente a los
que más producen
influye positvamente
en el número de
solicitudes de
patentes
de
residentes, en el
periodo 1990 - 2007.
Dependiente (Y):
Número de
solicitudes de
patentes de
residentes (NSPR)
Independientes
X1:
Inversión en I+D
X2:
Organización de los
organismos de
investigación en el
NSPR.
X3:
Carrera del
investigador
científico y
tecnológico
Alta para
Desarrollo
Alta
Alta
Alta
No se traduce
necesariamente en
innovación, pero
lograrse un producto
para ser ofrecido en
el mercado. La
creatividad que
desarrolla puede
aplicarse en
innovaciones.
No se puede
indentificar con
claridad de la
inversión, pero
existen estimaciones
en organismos
internacionales.
Las organizaciones
son variadas y no
puede cuantificarse.
Pero pueden
resumirse en
articuladas y
desarticuladas
Existen diversos
tipos de reglamentos
carreras y no se
puede cuantificar.
Pero puede
resumirse en que
existe o no
reglamentos e
identificar aspectos
que incentivan las
patentes.
438

CAPÍTULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
A continuación se analizarán las principales bases de datos halladas con la
finalidad de poder probar las hipótesis señaladas en el primer capítulo de es
trabajo.
5.1 Hipótesis principal: la política pública de CTI, según sean sus
características, influye, positiva o negativamente, en el número de
solicitudes de patentes de residentes, en el periodo 1990 – 2007.
Vamos a mostrar que el número de solicitudes de patentes está correlacionado
con los montos de inversión en I+D, excepto en países en los que no existe un
articulado SINACYT y un sistema de incentivos para los investigadores
productivos. Para ello, usaremos los datos de la Red de Indicadores de Ciencia y
Tecnología (RICYT).
5.1.1 El número de solicitudes de patentes de residentes en función de la inversión en I+D
En la ilustración 5 se observa que, a partir del año 1994, el número de solicitudes
de residentes y de no residentes en Estados Unidos creció significativamente.
Este crecimiento está correlacionado con el aumento de la inversión en I+D que
empezó en 1994, luego de la firma del Acuerdo sobre los ADPIC.
439

El hecho de que el número de solicitudes de patentes de no residentes crece más
que el de residentes es interpretado suponiendo que las empresas con mayor
inventiva, situadas en las potencias industriales, con el Acuerdo sobre los ADPIC,
adquieren confianza de que en los países emergente se respete las patentes,
contrario a lo que ocurría antes de esos acuerdos.
Cabe señalar que patentar un invento implica describir en detalle cómo se elabora
el producto, lo que significa otorgar una gran ventaja al que tiene intenciones de
copiar el invento en un país en el que no se respeta el derecho de las patentes.
En la ilustración 5, en el caso de Estados Unidos se observa que el NSPR está
correlacionado con la inversión en I+D. Hasta 1994, no había crecimiento
significativo de la inversión, la que se incrementó a partir de 1995, resultado que
es coherente con sus esfuerzos para que se firme el Acuerdo sobre los ADPIC,
tendientes a un respeto irrestricto de las patentes. Es decir, Estados Unidos logra
que se firme el Acuerdo sobre los ADPIC y, con mayor garantía de que se respete
las patentes, invierte en I+D para tener más patentes, y el resultado es el
esperado.
Vemos claramente que la curva del NSPR sigue la tendencia creciente de la curva
de la inversión en I+D. En el periodo 2001 – 2003 (gobierno de Georges W. Bush)
dejó de incrementarse la inversión en I+D. Como resultado, el NSPR se estancó
entre 2002 y 2004. El 2004 se volvió a incrementar la inversión en I+D, hasta el
punto que en el 2007 se invirtió prácticamente lo mismo que se habría hecho
siguiendo de la tendencia del periodo 1994 – 2000. El NSPR también se recuperó
en el mismo sentido.
En suma, las curvas representativas de inversión en I+D y el del NSPR de
Estados Unidos están correlacionadas, con un año de retraso del NSPR, respecto
a la inversión en I+D. Esto es interpretado como que la inversión en I+D, en
Estados Unidos, da resultados positivos en el año siguiente. En otras palabras, el
SINACYT de Estados Unidos parece estar bien organizado como para responder,
en NSPR, a los recursos que se le asigne.
440

Ilustración 5. Estados Unidos: Evolución del monto de inversión en I+D y
del NSRP, 1990-2007
(En número de patentes y en millones de dólares invertidos)
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Número de solicitudes de patentes de residenes
Millones de dólares invertidos en I+D
Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Estados Unidos entre 1990 y 2007.
Ver valores en tabla 4 de anexo 2.
Elaboración: Propia.
En la ilustración 6 se observa que, en el caso de Canadá, la tendencia del número
de solicitudes de patentes por los residentes es la misma que la de la inversión en
I+D. Aproximadamente, entre 1996 y 2007, la inversión en I+D se multiplicó por
2,5 y el NSPR se multiplicó por 2.
Cabe señalar que, para Canadá, la curva de NSPR está relativamente más baja
de la curva de inversión en I+D que en el caso de Estados Unidos. El SINACYT
de Canadá no tiene la misma productividad en términos de NSP como el de
Estados Unidos.
441

Ilustración 6. Canadá: Evolución del número de soliticitudes de patentes
de residentes y la inversión realizada en I+D, 1990-2007
(En número de patentes y en millones de dólares invertidos)
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Número de solicitudes de patentes de residenes
Millones de dólares invertidos en I+D
Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Canadá entre 1990 y 2007. Ver
valores en tabla 4 de anexo 2.
Elaboración: Propia.
Por otro lado, vemos que Canadá no incrementó la tasa de crecimiento de la
inversión en I+D en el 1995, como sí lo hizo Estados Unidos. La interpretación es
que eso se debe a que Canadá no fue el de la idea de el Acuerdo sobre los
ADPIC: le fue impuesta por Estados Unidos.Recién a partir de 1999, Canadá
empezó a incrementar la tasa de crecimiento de la inversión en I+D. Los efectos
se ven a partir del 2004 y éstos son apenas perceptibles. La interpretación es que
Canadá no tiene un SINACYT productivo.
442

Ilustración 7. México: Evolución del monto de inversión en I+D y del
NSRP, 1990-2007
(En número de patentes y en millones de dólares invertidos)
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Número de soliciitudes de patentes
millones de dólares invertidos en I+D
Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en México entre 1990 y 2007. Ver
valores en tabla 4 de anexo 2.
Elaboración: Propia.
México empezó a incrementar su tasa de crecimiento de la inversión en I+D
desde 1996. Entre 1995 y 2005, se cuadriplicó la inversión en I+D, mientras que el
número de solicitudes de patentes de sus residentes entre esos años pasó de 386
a 584. La respuesta del NSPR a la inversión en I+D no es tan acentuada. Ver
ilustración 7. La interpretación es que el SINACYT de México no es muy eficiente.
Ambas curvas son divergentes.
443

Ilustración 8. Chile: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSRP,
1990-2007
(En número de patentes y en millones de dólares invertidos)
700
600
500
400
300
200
100
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Número de solicitudes de patentes
Millones de dólares invertidos en I+D
Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Chile entre 1990 y 2007. Ver
valores en tabla 4 de anexo 2.
Elaboración: Propia.
En la ilustración 8 se muestra que entre, el año 1990 y 2007, en Chile existe una
correlación entre el NSPR y la inversión en I+D. Hay una tendencia al crecimiento
de ambos indicadores. Entre 1990 y 1994 el NSPR creció aproximadamente en la
misma proporción que la inversión en I+D. Entre 1995 y 2001 ambos indicadores
se mantuvieron sin crecimiento, y aumentó a partir del 2002.
Es interesante notar que ambas curvas están muy cerca, avanzan cercanas. La
interpretación es que Chile tiene un SINACYT más eficiente que los Estados
Unidos y Canadá.
444

En la ilustración 9 se muestra cómo Argentina tiene una inversión oscilante
alrededor de aproximadamente mil millones de dólares y un NSPR que oscilan
alrededor de 800 al año. La inversión en I+D tiene resultados a mediano plazo.
Así, la variación brusca de inversión en I+D no tiene efectos inmediatos en el
NSPR. En Argentina, en el 2000 se disminuyó la inversión en I+D, para caer
abruptamente el 2002 y retomar su valor anterior el 2007. Sin embargo, la
variación en el NSPR no es tan brusca como la de la inversión en I+D.
Ilustración 9. Argentina: Evolución del monto de inversión en I+D y del
NSRP, 1990-2007
(En número de patentes y en millones de dólares invertidos)
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Número de solicitudes de patentes
Millones de dólares invertidos en I+D
Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Argentina entre 1990 y 2007. Ver
valores en tabla 4 de anexo 2.
Elaboración: Propia.
445

Vemos que ambas curvas, la del NSPR y el de la inversión en millones de dólares
en I+D están cercanas. Aunque las curvas son oscilantes, muestran que el
SINACYT argentino tiene una productividad similar a la de Chile.
Como para el caso de Argentina, en la ilustración 10 se muestra cómo Brasil tiene
una disminución en la inversión en I+D a partir del año 2000, una recuperación el
2004 hasta duplicarla en el 2006. Sin embargo, la disminución de la inversión
recién tiene efectos en el NSPR el año 2006.
Ilustración 10. Brasil: Evolución del monto de inversión en I+D y del
NSRP, 1990-2007
(En número de patentes y en millones de dólares invertidos)
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Número de solicitudes de patentes
Millones de dólares invertidos en I+D
Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Brasil entre 1990 y 2007. Ver
valores en tabla 4 de anexo 2.
Elaboración: Propia.
446

Lo que hace único al caso de Brasil es que la curva de NSPR está siempre por
encima de la curva de inversión en millones de dólares en I+D. La interpretación
es que el SINACYT de Brasil tiene una mayor productividad que los de Estados
Unidos, Canadá, Argentina y México. Ello sugiere estudiar el SINACYT de Brasil
para identificar las características que permiten incrementar el NSPR.
En la ilustración 11 se observa que, en el caso de Colombia, hubo una caída en la
inversión en I+D del 1997 al 1998, llegando a un valor que se mantuvo
aproximadamente hasta el 2002, año a partir del cual aumentó hasta duplicarse
en el 2005. Entre el 2002 y el 2005 también se duplicó el NSPR. Sin embargo,
para Colombia, la curva del NSPR está muy por debajo de la correspondiente a la
inversión en millones de dólares en I+D, lo que se interpreta suponiendo que el
SINACYT de Colombia no es eficiente.
Ilustración 11. Colombia: Evolución del monto de inversión en I+D y del
NSRP, 1990-2007
(En número de patentes y en millones de dólares invertidos)
800
700
600
500
400
300
200
100
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Número de solicitudes de patentes
Millones de dólares invertidos en I+D
Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Colombia entre 1990 y 2007. Ver
valores en tabla 4 de anexo 2.
Elaboración: Propia.
447

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
En la ilustración 12 se observa que, en el caso de España. A partir del 2003 se
incrementa la inversión en I+D hasta triplicarla en 2009. Sin embargo, el número
de solicitudes de patentes no es muy sensible a ese aumento.
Ilustración 12. España: Evolución del monto de inversión en I+D y del
NSRP, 1990-2007
(En número de patentes y en millones de dólares invertidos)
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Número de solicitudes de patentes de residentes
Millones de dólares invertidos en I+D
Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en España entre 1990 y 2009.
Elaboración: Propia.
En el caso del Perú, entre 1997 y 2003, la inversión en I+D se ha mantenido la
misma, y, entre 2003 y 2004, hubo un incremento de 63 a 100 millones de
dólares. Sin embargo, el NSPR se ha mantenido alrededor de 40. Entre 1997 y
2005, el número de solicitudes de patentes tiene una ligera tendencia a disminuir.
448

El caso del Perú es único, en el sentido que el NSPR tiende a disminuir con el
tiempo, a pesar de que la inversión en I+D no ha sufrido ninguna disminución.
Ilustración 13. Perú: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSRP,
1990-2007
(En número de patentes y en millones de dólares invertidos)
120
100
80
60
40
20
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Número de solicitudes de patentes de residentes
Millones de dólares invertidos en I+D
Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Perú entre 1990 y
2007. Ver valores en tabla 4 de anexo 2.
Elaboración: Propia.
5.1.2 Productividad en número de patentes de la inversión en I+D
Como hemos mencionado, en 1994, en Marrakech (Marruecos), los países
miembros de la Ronda Uruguay de Negociaciones Multilaterales sobre Comercio
firmaron –entre otros- el Acuerdo sobre los ADPIC. Esos acuerdos obligaban a los
países firmantes al reconocimiento de las patentes, con mayor fuerza con la que
actuaba la OMPI.
449

Estos acuerdos incentivaron a los países para incrementaran su inversión en I+D,
tendiente a aumentar el número de solicitudes de patentes de sus nacionales. En
la ilustración 14 se presenta las curvas sobre el NSPR por millón de dólares
invertidos en I+D. En general, la inversión en I+D de los países aumenta con el
tiempo. De modo que estas curvas representan la respuesta a la inversión en I+D.
Si definimos la productividad en número de solicitudes de patentes de la inversión
en I+D por millones de dólares (PIID), encontramos que ésta es diferente para
cada país.
Ilustración 14. Número de solicitudes de patentes de residentes por
millón de dólares invertidos en I+ D, 1990-2007
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú
Canadá EEUU España Bolivia Cuba Portugal
Nota: Evolución del NSPR en relación a la inversión en I+D de varios países, entre 1990 y2007.
Ver valores en tabla 5 de anexo 2.
Elaboración: Propia.
Estados Unidos es el único país que tiene un valor del PIID que se mantiene
constante. Para este país, el PIID es aproximadamente igual a 0,6. Su sistema de
innovación responde a la inversión en I+D. Si clasificamos a los países, con
450

especto a Estados Unidos, según el número de solicitudes de patentes en
relación con la inversión en I+D, se observa dos grupos. El primer grupo
compuesto por países cuyo valor de PIID disminuye cuando se aumenta la
inversión en I+D, o tienen un valor de PIID menor que el correspondiente a
Estados Unidos; y un segundo grupo compuesto por países con un valor de PIID
mayor que el correspondiente a Estados Unidos.
5.2 Una organización articulada de instituciones de investigación científica y
tecnológica, con un fuerte liderazgo y dirigido del nivel administrativo más
elevado posible, influye positivamente en el número de solicitudes de
patentes de residentes, en el periodo 1990 - 2007.
Con el objetivo de identificar las características que favorecen la inventiva en los
sistemas de ciencia y tecnología, vamos a analizar los países que tienen un
ministerio de ciencia y tecnología. Tomaremos como país de comparación a
Estados Unidos, por ser el país que, en la segunda mitad del siglo XX, se convirtió
en la principal potencia científica y tecnológica del mundo. Los países serán
entonces clasificados según su producción en número de solicitudes de patentes
de residentes por millón de dólares invertidos sea mayor o menor que el
correspondiente a Estados Unidos.
Antes de hacer esa comparación, vamos a analizar la política en ciencia y
tecnología que ha sido aplicada en Estados Unidos. En 1945, Vannevar Bush
presenta al Presidente Roosevelt su informe "Ciencia: la frontera sin fin" (Bush
1945) y, en 1950, el presidente Truman funda la National Science Foundation
(NSF), un organismo que financia y hace el seguimiento de proyectos de
investigación en todos los sectores de la actividad humana (National Science
Foundation 2008). En 1993, el Gobierno de Estados Unidos promulgó el Decreto
de Desempeño y Resultados del Gobierno (GPRA) (Office of Management and
Budget of USA 2008), tendiente a mejorar la eficiencia y efectividad de las
funciones de las agencias federales y estatales, mediante resultados, calidad del
servicio y satisfacción del cliente, considerando el planeamiento estratégico, los
presupuestos, las metas y medidas de desempeño.
451

En ese mismo año, el presidente Clinton escribe el mensaje a la Nación “Ciencia;
el recurso infinito”, anunciando la creación del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (NSTC) para coordinar la I+D, que será parte del gabinete y dirigido
por el propio presidente. En ese mensaje se enfatiza la relación de la
investigación científica y tecnológica con los intereses de la población (Clinton, Bill
1995). En 1995, se conoce que el plan estratégico de Estados Unidos propone
impulsar las ciencias en relación con el bienestar de la población, para lo cual se
pondría a disposición los recursos necesarios. En 1997 se publica el segundo
plan estratégico denominado “Plan Estratégico NSF GPRA”, y en el 2001 el
denominado Tercer Plan Estratégico, para el período 2001-2006. Este último
define la visión de "asegurar el futuro de la Nación a través del descubrimiento, el
aprendizaje y la innovación" y la misión de "promover el progreso de la ciencia
para el avance de la salud de la población nacional, para la prosperidad y el
bienestar; para la defensa nacional; y para otros propósitos". Estados Unidos
toma la decisión de "invertir en las promesas de hoy para el logro del mañana",
tomando en cuenta "personas, ideas y herramientas" (National Science
Foundation 2000).
Como vemos, Estados Unidos ha construido un sistema promotor del
descubrimiento, el aprendizaje y la innovación, parte de cuyos frutos son las
innovaciones o inventos. Como parte de ese sistema están los grandes
laboratorios nacionales, uno de los cuales es el Fermilab. Ante la pregunta
¿cuáles son los beneficios de la investigación sobre física de partículas? El
Fermilab responde (Fermilab 2004):
inventamos el World Wide Web;encontramos tratamientos contra el
cáncer con partículas;encontramos formas de construir nuevas
máquinas e instrumentos;encontramos nuevas formas de trabajar con
corrientes eléctricas y magnetismo, las que están en el núcleo de
virtualmente toda herramienta e instrumento;hemos desarrollado
magnetos superconductores que han hecho posible la resonancia
magnética nuclear;hemos extendido la investigación usos de
computadoras;hemos encontrado nuevas formas de hacer más
pequeños cosas como circuitos eléctricos e instrumentos de
452

procesamiento de información;estamos entre los primeros que usan
dispositivos que más tarde serán estándar para comunicaciones más
eficientes y claras, tales como fibras ópticas, que fueron desarrolladas
para transportar señales de computación de fuentes de alta energía
donde no funcionarían filamentos metálicos con propiedades
magnéticas.
En la visión de Edward Roberts, la innovación cubre todos los esfuerzos
necesarios para obtener nuevas ideas y lograr que funcionen. El proceso de
explotación comprende todas las etapas de desarrollo comercial, aplicación y
transferencia, incluyendo la focalización de las ideas o invenciones hacia objetivos
específicos, la evaluación de esos objetivos, la transferencia de los resultados de
la investigación y el desarrollo, y una eventual amplia utilización, diseminación y
difusión de los productos tecnológicos. Así, la gestión de la innovación tecnológica
incluye la organización y dirección de los recursos humanos y capitales hacia:
la creación de nuevo conocimiento;la generación de ideas técnicas
dirigidas a productos, procesos y servicios mejorados;el desarrollo de
prototipos basados en esas ideas; ysu transferencia a la fabricación, su
distribución y uso.
Los resultados de la innovación tecnológica vienen en muchas formas: en un
grado incremental o radical; modificaciones de las unidades existentes o unidades
enteramente nuevas; orientadas al consumidor industrial o gubernamental;
basadas en tecnología singulares o múltiples. Mientras que la invención está
marcada por un descubrimiento o establecimiento de una nueva existencia,
generalmente en el laboratorio, la innovación está marcada por su primer uso, en
la fabricación o en un mercado. (Roberts 2007).
Estados Unidos, el país promotor del Acuerdo sobre los ADPIC, entre 1990 y
1994, tenía la aproximadamente la misma tasa de crecimiento de la inversión en
I+D. Coherente con su política de promover la innovación y proteger las patentes,
Estados Unidos aumentó la inversión en I+D entre 1995 y 2000. Entre 2001y 2004
hubo una disminución de la tasa de crecimiento; pero tuvo una recuperación a
453

partir del 2005. La tasa de crecimiento del número de solicitudes de patentes
siguió esa tendencia con un año de retraso. Ello permite afirmar que Estados
Unidos tiene un sistema de innovación cuyo resultado es una dependencia lineal
entre número de solicitudes de patentes y la inversión en I+D. De acuerdo a los
datos arriba presentados, el modelo de sistema de innovación que mejor
responde a la inversión en I+D es el de Estados Unidos. Este modelo consiste en
un conjunto de fundaciones ante las cuales los investigadores presentan sus
proyectos de investigación. Las empresas basadas en el conocimiento se instalan
lo más cerca posible de las universidades más exitosas para utilizar el
conocimiento de los investigadores, en busca de nuevos procesos y productos, lo
que da lugar a patentes (Guerrero 2009, Sorrow 2009). Una vez patentados estos
productos o procesos son publicados en revistas especializadas.
5.2.1 Países con decreciente o bajos valores de productividad en número de solicitudes de
patentes de la inversión en investigación y desarrollo (PIID)
Los países cuyo valor del PIID disminuye con el tiempo son Perú, España,
México. Los países que tienen un bajo valor de PIID respecto a Estados Unidos
son Portugal y Canadá. Perú, España, México, Portugal y Canadá no contaban
con un ministerio de ciencia y tecnología, entre 1990 y 2007. En el caso de
México, luego de la firma del Acuerdo sobre los ADPIC, entre 1995 y 2005, se
cuadriplicó la inversión en I+D, mientras que el número de solicitudes de patentes
de sus residentes entre esos años pasó de 386 a 584. Se puede afirmar que, en
México, la mayor protección de las patentes provocó mayores esfuerzos en la
inversión en I+D, lo que dio lugar a un crecimiento, pero su SINACYT no
respondió proporcionalmente con el número de solicitudes de patentes. Para
Colombia no se tiene datos sobre inversión antes del 1995, por lo que no se
puede saber los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC.
En España, desde 1990 hasta el 2001 se mantuvo con el mismo NSPR en
relación con la inversión en I+D. A partir del 2002 hasta el 2007, ese indicador ha
disminuido regularmente. Ello se debe a que España, luego de mantener
estancada su inversión en I+D en alrededor de 5 000 millones de dólares entre
1990 y 2002, la elevó sostenidamente hasta alcanzar 18 000 millones de dólares
454

en el 2007, pero sólo produjo un aumento no muy significativo en el número de
solicitudes de patentes. Ante esa situación, el 2008, en España se creó en
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), para, según el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “estar menos pendientes de la
construcción y más pendientes de servicios del conocimiento, invertir más en
ciencia y tecnología, ayudar a las empresas a innovar, y coordinar con
universidades y centros de investigación” (Sánchez 2008).
La creación de MICINN de España fue acompañada de un análisis de su
SINACYT, para buscar políticas públicas que aumenten el número de patentes.
Según un informe de la consultora Deloitte, España ocupa el puesto 18 en lista de
países con mayor inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i),
pero en cuanto a la eficiencia de esa inversión se encuentra en el puesto 23
(Molina 2009). Según Deloitte, con un cambio que signifique pasar el 30% la
actual inversión hacia las empresas que investiguen, se debería multiplicar por 12
el número de patentes.
En el caso de Canadá, puede verse que la inversión en I+D crecía linealmente
con una pendiente constante entre 1990 y 1998. El Acuerdo sobre los ADPIC
firmó el 1994 y el NSPR empezó a crecer con mayor pendiente entre 1996 a
1997. Cabe anotar que de 1998 a 1999 aumenta la tasa de crecimiento de la
inversión en I+D, lo que parece tener efecto el 2000, con un significativo aumento
de solicitudes de patentes de los residentes. En el caso excepcional de Perú, no
se tiene datos antes del 1996, pero después, la productividad en número de
solicitudes de patentes de la inversión en I+D del Perú viene disminuyendo. En el
Perú no se cuenta con un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se tiene el
CONCYTEC que es el rector del SINACYT, el que se mantiene desarticulado.
5.2.2 Países con valor constante del PIID o valores mayores que el correspondiente a
Estados Unidos
Chile es otro país que ha mantenido una productividad aproximadamene estable,
alrededor de 1. Cabe señalar que Chile es uno de los primeros países en los que
se implantó el modelo norteamericano. Cuenta con varias fundaciones ante las
455

cuales concursan los investigadores en cooperación con las empresas. Chile dejó
de incrementar su inversión en I+D a partir de 1996, manteniéndola constante
hasta el 2001, para incrementarla entre el 2002 y 2004.
Para Brasil no se tiene datos de inversión antes del 1994. Brasil tuvo un ligero
incremento de la inversión en I+D del 1994 al 1995. Luego no hay datos hasta el
2000. La inversión de ese año aparece prácticamente la misma que en el 1996,
con una pequeña disminución y una recuperación en el 2004. Empieza a
incrementarse a partir del 2005 hasta el 2007, con una nueva política científica y
tecnológica del Gobierno, la que empezó el 2003. Sin embargo, el número de
solicitudes de patentes empezó a crecer sostenidamente a partir del 1999; pero
se produce una pronunciada disminución entre el 2005 y 2006. En América
Latina, Brasil es el primero que se dotó de un ministerio de ciencia y tecnología y
cuenta con una carrera del investigador científico y tecnológico.
En el 2007 Argentina, que ya contaba con una carrera del investigador, creó el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En Brasil, el Ministerio
de Ciencia y Tecnología (Brasil) (MCT) fue creado el 15 de marzo de 1985, por el
Decreto Nº 91.146, como órgano central del sistema federal de Ciencia y
Tecnología. El 6 de septiembre del 2006, por decreto No. 5.886, se estableció sus
áreas de competencia. Es órgano de administración directa teniendo en su marco
de competencias los siguientes asuntos:
- política nacional de investigación científica, tecnológica y de
innovación;
- planeamiento, coordinación, supervisión y control de las actividades
de la ciencia y la tecnología;
- política de desarrollo de la informática y automatización;
- política nacional de bioseguridad;
- política espacial; política nuclear; y
- control de la exportación de bienes y servicios sensibles.
456

Brasil cuenta con órganos de fomento como la Financiadora de Estudios y
Proyectos (FINEP) y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
(CNPq) y sus unidades de investigación.
Al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil están adscritas las instituciones de
investigación, lo que le permite coordinar los programas y actividades que
responden a una política nacional de CTI.El objetivo de esa política es transformar
el sector en componente estratégico del desarrollo económico y social de Brasil,
contribuyendo para que sus beneficios sean distribuidos en forma justa en toda la
sociedad.
- El MCT tiene adscritos a los siguientes institutos:
- Centro de Gestión y Estudios Estratégicos;
- Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN);
- Agencia Espacial Brasilera (AEB);
- 19 unidades de investigación científica, tecnológica y de innovación;
- y cuatro empresas estatales: Industrias Nucleares Brasileras (INB);
- Nuclebras Equipamientos Pesados (Nuclep);
- Alcântara Cyclone Space (ACS); y
- Centro de Excelencia en Tecnología Electrónica Avanzada (Ceitec).
Este sistema permite al MTC ejercer sus funciones estratégicas desarrollando
investigaciones y estudios que se traducen en generación de conocimiento y de
nuevas tecnologías, creación de productos, procesos y gestión de patentes
nacionales. Brasil, Argentina y Bolivia tienen productividades mayores que
Estados Unidos. Brasil cuenta con un Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Argentina lo ha creado recientemente.
5.3 Una ley de carrera del investigador científico y tecnológico, que defina
un status de investigador en la carrera pública e incentive económicamente
a los que más producen, influye positivamente en el número de solicitudes
de patentes de residentes, en el periodo 1990 - 2007.
457

México, que tiene valores de PIID menores que Estados Unidos, tiene carrera del
investigador, pero no cuenta con un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Brasil,
que tienen valores de PIID mayores que Estados Unidos, además de tener un
Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuenta con una carrera del investigador, en la
que ingresa y se asciende en función de la producción en artículos publicados en
revistas científicas internacionales indizadas y de patentes. Argentina, que tiene
valores de PIID mayores que Estados Unidos, cuenta con una carrera del
investigador, y acaba de crear el Ministerio de Ciencia e Innovación Productiva.
Estados Unidos y Chile tienen sistemas similares de CyT. Los investigadores son
promovidos de acuerdo a su producción científica y tecnológica representada por
sus publicaciones e inventos. Estados Unidos se ha acuñado la frase publish or
perish, con la que se señala un objetivo claro para los investigadores (Mckeown
2009). Esta regla es importante para obtener el nombramiento como profesor
(tenure) en una universidad (Plaster 2009).
Chile tiene un tratamiento similar a los profesores universitarios. Los
nombramientos se otorgan cuando los investigadores han mostrado una
significativa producción científica (Arellano 2009). Las publicaciones científicas
contaron, por ejemplo, para que el físico peruano Rafael Pujada fuera incorporado
a la Universidad de Chile (Pujada 2009).
España tiene un relativamente alto valor de PIID, pero con tendencia a la baja.
Este país, aunque cuenta desde el 2003 cuenta con el estatuto de becario de
investigación (Juan Carlos Rey del España 2003) y tiene un estatuto del becario
investigador en formación (Juan Carlos Rey de España 2006), no tiene una
carrera del investigador. El bajo número de solicitudes de patentes en relación
con la inversión en I+D ha provocado un debate sobre el SINACYT y se plantea la
necesidad de una carrera del investigador. Se piensa en una reforma de la carrera
de los investigadores y se busca otras formas de contrato para atraer a más
cerebros (Pérez de Pablos 2009). La opinión de los expertos, sin embargo, señala
la necesidad de contar con la carrera del investigador de modo que sólo luego de
mostrar su productividad, el investigador pueda contar con un contrato indefinido.
(Vidavilla 2009).
458

Según el proyecto de ley "el desarrollo profesional dependerá básicamente de los
resultados que se obtengan siguiendo las prácticas internacionalmente aceptadas
y lo que debe contribuir a situar a España en un entorno más competitivo
internacionalmente", y se contempla nuevas modalidades de contratación para los
investigadores que ya hayan concluido su doctorado, haciendo mención a las
declaraciones de Carlos Martínez Alonso, secretario de Estado de Investigación
del Ministerio de Ciencia e Innovación (CincoDias.com 2009). Se tratará de una
carrera a la que se ingrese con doctorado, será con un contrato de duración
indefinida sujeto a condición.
5.4 Patentes de latinoamericanos en Estados Unidos
Como hemos visto, el Acuerdo sobre los ADPIC provocaron una mayor inversión
en I+D en varios países de América, España y Portugal. Dado que la mayoría de
países de América Latina tiene un intenso intercambio comercial con Estados
Unidos, es pertinente analizar el impacto que esa mayor inversión ha tenido en el
número de solicitudes de patentes de latinoamericanos en Estados Unidos e,
inversamente, de estadounidenses en América Latina. De los datos del
Organismo Mundial para la Propiedad Intelectual se obtiene que el número de
solicitudes de patentes presentadas en Estados Unidos por mexicanos pasó de
99 a 212 entre 1995 y 2007; mientras que el número de solicitudes originadas en
Estados Unidos y presentadas en México pasaron de 3 048 en 1995 a 8 689 en el
2007.
Las patentes presentadas en Estados Unidos por peruanos pasaron de 8 en el
2003 a 3 en el 2007; mientras que las solicitudes de norteamericanos presentadas
en el Perú pasaron de 295 en el 1996 a 476 en el 2007. Las patentes solicitadas
en Estados Unidos por chilenos pasaron de 1 en 1998 a 68 en 2007; mientras que
las solicitudes de los estadounidenses en Chile pasaron de 734 en el 1995 a 1
064 en el 2007. Las patentes solicitadas en Estados Unidos por brasileros
pasaron de 115 en el 1995 a 375 en el 2007; mientras que las solicitudes de
estadounidenses en Brasil pasaron de 1 370 en 1995 a 8 372 en el 2006.
459

Ilustración 15. Estados Unidos: Solicitudes de patentes de
Latinoamericanos, 1995-2007
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina en USA Brasil en USA Chile en USA Colombia en USA México en USA Perú en USA
Nota: Evolución del número de solicitudes de patentes depositadas en EEUU por nacionales de
algunos países de América Latina entre 1990 y 2007. Ver valores en tabla 6 de anexo 2.
Elaboración: Propia.
En la ilustración se presenta curvas correspondientes a la evolución del número
de solicitudes de patentes realizadas por argentinos, brasileros, chilenos,
colombianos, mexicanos y peruanos depositados en Estados Unidos. En términos
de patentes, Perú es prácticamente inexistente en Estados Unidos.
Es evidente que, en lo que respecta a patentes, con el TLC, el Perú tiene poco
que defender en Estados Unidos. Entre los países de América Latina, Brasil y
México son los países que tiene una mayor cantidad de solicitudes presentadas
en Estados Unidos. Estos países han reaccionado positivamente al Acuerdo
sobre los ADPIC.
5.5 Observaciones sobre los sistemas exitosos
De la observación del número de solicitudes de patentes en relación con la
inversión en investigación y desarrollo de los países de la muestra escogida,
460

puede concluirse que los sistemas de ciencia y tecnología exitosos son Brasil y
Argentina.
Ilustración 16. América Latina: Número de solicitudes de patentes de
norteamericanos, 1995-2007
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
De USA en Argentina de USA en Brasil de USA en Chile de USA en Colombia de USA en México de USA en Perú
Nota: Evolución del número de solicitudes de patentes depositadas por nacionales de EEUU en
algunos países de América Latina entre 1990 y 2007. Ver valores en tabla 7 de anexo 2.
Elaboración: Propia.
Como se ha visto en este capítulo, y se muestra en el cuadro 1, estos son los
países que tienen una ley de carrera del investigador, entendiéndose como tal a
una ley que reglamenta los ascensos de nivel remunerativo de los investigadores
según su producción científica y tecnológica, en particular su producción en
patentes.
Brasil, el país que mayor éxito ha tenido en relación con las patentes, cuenta con
un Ministerio de Ciencia y Tecnología desde 1985. La existencia de un ministerio
grantiza que la política del sector es tratada a nivel del Consejo de Ministros, con
la participación de los ministros de los otros sectores.
461

Cuadro 2. Países que tienen Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ley de
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.
Creación de Ministerio de
CyT o similar
Creación de carrera del
investigador
Argentina Año 2007 por Ley 26.338 Año 1973 por Ley 20.464
Brasil Año 1985 por Decreto 91.146 Año 1993 por Ley 8.691
Chile
Colombia
Costa Rica
Canadá
E.E.U.U.
España Año 2008 por D.R. 432/2008
México
Año 1984. Diario oficial 26 de
julio
462

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA
INCREMENTAR EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE PATENTES
6.1 Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo económico en América
Latina
Cada país de América Latina tiene un historia particular, pero en el campo de la
ciencia y la tecnología, todos los países tienen algo en común: una colonización
que destruyó las estructuras económicas y de desarrollo científico y tecnológico
que se habían establecido en América Central y en el Perú.
La Colonia se basó en la exportación de recursos naturales y en la explotación de
la mano de obra sin considerar sus calificaciones. Las repúblicas que se
establecieron con la independencia no cambiaron mucho esa realidad. No hay
premios Nobel en ciencia y tecnología ni se han dado inventos significativos para
el mundo. Luego de la independencia, América Latina, en general, importa
productos con alto valor agregado y exporta recursos naturales.
Hoy se sabe que la ciencia y la tecnología son componentes esenciales para un
plan de desarrollo económico y social sostenible de un país. Con la aplicación del
conocimiento científico y tecnológico se resuelve problemas relacionados con la
obtención y utilización de energía, alimentos, la tierra cultivable, agua potable,
entre otros; y se mejora la productividad y la competitividad, constituyéndose en la
463

ase del crecimiento económico necesario para una mejor distribución de la la
riqueza y lograr una mejor gobernabilidad.
La investigación científica y tecnológica da lugar a innovaciones e inventos. Las
empresas patentan sus inventos para tener el derecho por 20 años al monopolio
de su explotación comercial, lo que les permite recuperar su inversión en
investigación y obtener utilidades, parte de las cuales es reinvertida en
investigaciones de nuevos procesos y productos. Así, hay una relación directa
entre número de solicitudes de patentes y valores de PBI: los países que cuentan
con los mayores números de solicitudes de patentes son los que tienen los
mayores valores de PBI.
Ello ha llevado a los países, liderados por Estados Unidos, a firmar el Acuerdo
sobre los ADPIC, para que se respete con mayor rigor la propiedad intelectual en
general y las patentes en particular, fortaleciendo así el sistema de patentes.
Ante el fortalecimiento del sistema de patentes, los países han reaccionado
invirtiendo más en investigación y desarrollo. Sin embargo, los resultados en
número de solicitudes de patentes dependen de la institucionalidad en ciencia y
tecnología de cada país.
De los datos mostrados en el capítulo V, puede concluirse que el aumento de la
inversión en investigación y desarrollo -promovidos por los acuerdos multilaterales
de 1994- incentivó a que algunos países de América, España y Portugal,
incrementaran sus inversiones en I+D. En general, tales incrementos de inversión
produjeron un aumento en el número de solicitudes de patentes de residentes
(NSPR). Sin embargo, el impacto no ha sido el mismo para todos.
En el capítulo II hemos presentado algunos elementos relevantes de las políticas
de CTI en los países de la muestra escogida; y en el capítulo V se tienen los
resultados de esas políticas en términos de NSPR. En esa muestra, los países
que cuentan con los mayores números de solicitudes de patentes son los que han
prestado alta importancia a la evaluación de la producción de los investigadores,
464

que se ha expresado en normas para la carrera del investigador científico y
tecnológico. Estos países son Brasil, Argentina, México, Chile.
El país de América Latina que tiene el mayor número de solicitudes de patentes y
el que se proyecta como potencia mundial es Brasil. Este país creó su Ministerio
de Ciencia y Tecnología en 1985 y aplicó políticas específicas para promover la
ciencia y la tecnología desde el más alto nivel de la administración pública.
Siguiendo el ejemplo de Brasil, Argentina creó su Ministerio de Ciencia e
Innovación Productiva en el 2007, y España creó el Ministerio de Ciencia e
Innovación en el 2008. Argentina ya contaba con una carrera del investigador.
El Ministerio de Ciencia e Innovación de España, país que ha incrementado su
inversión en I+D sin tener resultados en el NSPR por millones de dólares
invertidos en I+D, ha presentado un proyecto de ley de carrera de investigadores
científico tecnológicos.
6.2 La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en el Perú
El Perú es heredero de civilizaciones altamente creativas, las que fueron
sometidas por estado colonial desde el siglo XVI para establecer sistemas de
explotación de los indios principalmente en las minas. La independencia que se
logró en el siglo XIX no cambió mucho esa realidad. Hasta hoy el Perú sigue con
una gran dependencia de la minería y la exportación de materias primas.
Luego de la firma de los acuerdos ADPIC, pero sobre todo después del TLC con
Estados Unidos, en el Perú ha surgido un debate nacional sobre políticas en
ciencia y tecnología, en relación con las patentes, las que convierten en más
estricto el respeto a los inventos patentados.
Una revisión de los datos sobre indicadores relacionados con la ciencia, la
tecnología y la innovación (CTI) en América Latina nos da los siguientes
resultados:
465

a) En el 2004, el número de investigadores por cada mil integrantes de
la PEA en el Perú (0,39) es mucho menor a los existentes en Brasil
(1,59), Chile y Argentina (2,78 y 2,99, respectivamente). Entre las
razones de ello están la falta de centros de investigación en las
empresas privadas y el prohibición en organismos públicos de
nombramiento de personal que no tiene Ley de Carrera, como es el
caso de los investigadores científico tecnológicos.
b) En el 2004, el gasto en investigación y desarrollo en el Perú (240
millones de dólares americanos) es muy inferior a lo registrado en
países como Chile (1233 millones de dólares americanos), México
(4 924 millones de dólares americanos) y Brasil (13 433 millones de
dólares americanos). Entre las razones de ello están la priorización
que presta el Estado a la producción primario exportadora; la
predominancia de empresas basada en mano de obra no calificada;
y la dispersión de las actividades de ciencia y tecnología en
numerosos y pequeños organismos públicos que, por esa razón,
globalmente implica un alto porcentaje de personal burocrático en
desmedro del personal científico tecnológico.
c) En el Perú, entre los años 1990 y 2005, el número de solicitudes de
registro de patentes pasó de 46 a 38, mientras que el número de
solicitudes de patentes de no residentes y residentes pasó de 222 a
786. En el 2004, en el Perú se otorgó 15 patentes a residentes, en
tanto que en países como las Argentina y México se otorgó más de
100. Entre las razones del bajo número de solicitudes de patentes
están la falta de incentivos para patentar. Están prohibidos los
ascensos de personal que no tiene Ley de Carrera -como es el caso
de los investigadores científico tecnológicos- en organismos
públicos; y la existencia en las universidades y los organismos
públicos de reglamentos internos de evaluación de personal que
prestan peso nulo o prácticamente nulo al número de solicitudes de
patentes (Lo mismo se puede decir respecto número de
publicaciones en revistas científicas y tecnológicas).
466

6.3 La Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica
Con la intención dar un marco institucional que impulse las actividades de ciencia
y tecnología en el Perú, se dio la Ley 28303, la que crea el Sistema Nacional de
Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT). Sin embargo, persisten
los siguientes problemas:
a) Aún cuando el CONCYTEC es definido como órgano rector del
SINACYT, no se establece una relación orgánica y sistémica entre
el CONCYTEC y los institutos conformantes (organismos públicos
sectoriales de investigación) ni entre éstos mismos; lo que en la
práctica significa que no hay sistema;
b) Los acuerdos del SINACYT, resultado de la coordinación de
esfuerzos de cooperación técnica de los 18 institutos conformantes
del sistema, no se cumplen en su totalidad. Ello es debido a que la
Ley no los hace de carácter vinculante;
c) No existe una relación administrativa entre el CONCYTEC y las
instituciones miembros del SINACYT, las que están adscritas a
sectores diferentes y tienen el mismo nivel jerárquico en la
administración pública. Así, sus disposiciones son solamente
referenciales.
d) Los institutos de investigación, además de ser pequeños en
recursos humanos, financieros y materiales disponibles, están
desarticulados, y administrados sin una visión integradora de
equipos humanos e infraestructura física;
e) Existe dispersión de recursos destinados a la ciencia y la
tecnología, la que se agrava con la creación del FINCYT para
467

administrar los fondos para la promoción de la ciencia y la
tecnología fuera del ámbito del CONCYTEC, el que formalmente
tiene el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDECYT) al
que no se le asigna recursos;
f) Hay ausencia de normatividad única y vinculante para la evaluación
de las investigaciones en CTI a nivel nacional;
g) No se incentiva la creatividad e innovación en los reglamentos
internos de trabajo de las instituciones miembros del SINACYT;
h) No hay incentivos para que las investigaciones terminen en
patentes; y
i) No se consideran políticas de incentivo a la formación de nuevos
investigadores, capacitación y retención de los actuales, y retorno
de investigadores nacionales.
Lo expuesto demuestra que el Estado no viene cumpliendo en su plenitud con el
mandato constitucional, que en su artículo Art. 14º, entre otros, establece que “…
es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país”.
Ante ello, es preciso adoptar medidas reactivadores para que, a la vez de cumplir
con dicho mandato, asegurar el avance de la CTI para que contribuya al
desarrollo sostenido del país, canalizando el esfuerzo de los investigadores
nacionales, debidamente reconocidos, y en un marco de eficiencia en la gestión
de los recursos.
6.4 Marco institucional para incentivar la inventiva y la innovación en el Perú
Como hemos visto, entre los países de la muestra estudiada, Brasil es el que
mejor ha respondido a la inversión en investigación y desarrollo. La característica
más notoria de Brasil es que este país desde 1985 tiene un ministerio de ciencia y
468

tecnología, el que ha establecido políticas públicas claras para promover la
ciencia y la tecnología, entre las que está la dación de la Ley del Investigador
Científico y Tecnológico.
Un ministerio de ciencia y tecnología asegura que el tema se encuentre en la
agenda política y sea parte de las decisiones sobre políticas públicas, en el seno
de los consejos de ministros, donde se definen además los presupuestos
sectoriales. Una Ley de Carrera del Investigador adecuada condicionará a los
investigadores a patentar sus inventos para seguir y ascender en su puesto de
investigador científico y tecnológico.
Sobre la base de los resultados de nuestros estudios, se recomienda para el Perú
la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(MCTIT) que aplique políticas para incentivar la inventiva, que incluya la dación de
la Ley de Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICT).
6.4.1 Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (MCTIT)
Por lo expuesto se propone un proyecto de ley con los artículos siguientes:
Artículo 1°.- Créase el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(MCTIT), el que contará con el Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Vice
Ministerio de Innovación Tecnológica.
Artículo 2°.- Son funciones del MCTIT:
a) En coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico, elaborar el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica y dirigir la ejecución de las políticas que
deriven de ese Plan;
469

) Definir, en concordancia con los Gobiernos regionales, el SINACYT,
y los gremios empresariales, las prioridades de investigación,
optimizando la asignación de los recursos;
c) Promover la formación de polos tecnológicos articuladores de las
actividades empresariales y de investigación;
d) Estructurar el presupuesto del SINACYT, la organización, los
recursos humanos y materiales, en base a los recursos de las
instituciones miembros del SINACYT;
e) Proponer y defender, ante el Consejo de Ministros y el Congreso de
la República del Perú, el presupuesto dedicado a la investigación y
desarrollo;
f) Administrar el Fondo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Tecnológica, mediante proyectos concursables, respetando las
prioridades definidas en el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica;
g) Administrar la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico
(CICT) que tenga en cuenta los siguientes aspectos: definición de
requisitos para obtener la condición CICT -basados en estándares
internacionales-, definición de los niveles remunerativos en la CICT;
definición de los requisitos para conformar o conducir equipos y
centros de investigación -basado en la meritocracia con criterios de
producción de patentes registradas o publicaciones certificadas;
h) Otorgar becas para maestría y doctorado en ciencias e ingeniería
en el Perú y en extranjero;
i) Otorgar pasantías de investigación en laboratorios peruanos y
extranjeros; y
470

j) Establecer y ejecutar programas de repatriación de investigadores
científicos y tecnológicos, basados en la Ley de Carrera del
Investigador Científico y Tecnológico (CICT);
6.4.2 Creación de la Carrera del Investigador Científico Tecnológico (CICT)
Artículo 4°.- Créase la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICT).
Artículo 5°.- Pueden concursar, para ingresar a la CICT, investigadores científico y
tecnológicos con por lo menos cinco artículos publicados en revistas científicas
internacionales indexadas o una patente.
Artículo 6°.- La incorporación a la carrera del investigador científico y tecnológico
se realiza por concurso cabo cada fin de año, en áreas priorizadas en el Plan
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
Artículo 7°.- La CICT tiene 10 niveles.
Artículo 8°.- Para ascender un nivel en la CICT, se requiere haber publicado 5
artículos en revistas científicas internacionales indexadas o haber obtenido dos
patentes.
Artículo 9°.- Para mantenerse en la carrera de investigador, debe publicarse
anualmente un artículo en una revista científicas internacionales indexadas o
haber logrado una patente.
Artículo 10°.- Los cargos de mayor jerarquía de los institutos serán designados
entre los investigadores científicos y tecnológicos con el mayor nivel de carrera.
Artículo 11°.- Disposición transitoria
Encárguese al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica para elaborar el Reglamento de la presente Ley.
471

Artículo 12°.- Deróguese las leyes que se contrapongan a la presente Ley.
Regístrese, Comuníquese y Publíquese.
6.5 Plan para impulsar la innovación y la competitividad en el Perú
Un Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene el poder de reunir a los agentes de la
ciencia, la tecnología e innovación para que, en consenso, elaboren propuestas
de políticas públicas, las que serán presentadas al más alto nivel político, es decir
en el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros aprobará el Plan Estratégico
Nacional, el que comprenderá también el sector de ciencia y tecnología. Del
Consejo de Ministro se tendrá los decretos supremos y propuestas de Ley que
conformarán el marco institucional de la promoción de la ciencia, la tecnología y la
innovación y las políticas públicas que cuya ejecución será dirigida por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Entre los objetivos a largo plazo del Plan Estratégico Nacional están el de contar
con ciudadanos creativos, con alta capacidad de inventar y generar nuevos
productos y servicios, integrados con ventajas al mercado mundial altamente
competitivo. Para ello deberá llevarse a cabo políticas públicas para que las
futuras madres gocen de adecuados de niveles de alimentación, salud,
esparcimiento y educación, de modo que las nuevas generaciones tengan esas
mismas condiciones para que, luego de un apropiado proceso educativo, logren
sus mayores niveles físicos e intelectuales.
Estas políticas involucran a los sectores público y privado, los que tienen que
llegar a un plan de consenso para el desarrollo nacional. En este documento, sólo
nos referimos a las propuestas de políticas relacionadas con la educación en
ciencia y tecnología y al sector de ciencia y tecnología, el que tiene que ver con la
innovación y la competitividad del país.
472

6.5.1 Ciencia y tecnología en el Sistema Educativo Nacional
La capacidad creativa e innovadora, como en prácticamente todas las disciplinas
humanas, son estructuradas en los primeros años de vida. Por ello, el proceso de
formación de una generación creativa y inventora debe empezar en casa y el
Estado tiene que poner todos los recursos que sean necesarios para incentivar la
ciencia y la tecnología en la sociedad.
El sistema educativo nacional debe apuntar a formar generaciones de
profesionales creativos, innovadores, emprendedores y competitivos. Ello implica
incentivar la curiosidad y la experimentación científica y tecnológica, tanto en la
escuela primaria y secundaria, y la necesidad realizar investigación y generar
innovación en la universidad, la enseñanza de la ciencia y la tecnología.
Para la escuela primaria, secundaria y universitaria proponemos las metas que
pasamos a enunciar.
Escuela primaria y secundaria
a) Crear el Centro Nacional de Entrenamiento para la Enseñanza de la
Ciencia y la Tecnología, en el que los investigadores más creativos,
miembros de la CICT, enseñen a los profesores de primaria,
secundaria y universitarios los últimos avances de la ciencia y la
tecnología en el Perú y en el mundo;
b) Crear el Centro de Ciencias Cognitivas para investigar sobre los
procesos de aprendizaje y difundir los resultados en el Sistema
Educativo Nacional;
c) Crear escuelas y colegios estatales especializados en el tema de la
ciencia, la tecnología y la innovación;
d) Crear museos interactivos de ciencia y tecnología en las capitales de
departamento, para que los niños y las familias descubran lo
473

interesante y productivo que resultan las actividades relacionadas con
la ciencia y la tecnología;
e) Crear centros de formación de padres para que interactúen con sus
hijos a través del descubrimiento y juegos científicos, atractivos y
apropiados para incentivar la curiosidad;
f) Organizar a los laboratorios públicos de investigación para que reciban
visitas de escolares desde la primaria, para lo cual deberán contar con
un museo interactivo sobre sus temas de investigación;
g) Crear la red de clubes de ciencia en todo el país, en los que se
involucre escolares y padres de familia;
h) Fortalecer las ferias de ciencia y tecnología, formando profesores
especializados para promoverlos y para incentivar la creatividad;
i) Crear programas de radio y televisión dedicados a la ciencia y la
tecnología, en los que se muestre el lado divertido y productivo de la
ciencia y la tecnología y se difunda en las familias el interés por estas
actividades; y
j) Crear programas de radio y televisión “Los Secretos del Éxito” donde
se muestre, mediante entrevistas e investigación, que la dedicación al
estudio y la investigación genera personas exitosas.
Educación universitaria
a) Crear la Universidad de Altos Estudios Científicos y Tecnológicos,
conformado por profesores seleccionados mediante la Ley de Carrera
del Investigador Científico y Tecnológico y por alumnos seleccionados y
becados por el Estado, de manera a formar los líderes de ciencia y
tecnología en el Perú;
474

) Seleccionar por concurso, mediante la Ley de la CICT, jóvenes
egresados para realizar tesis en temas que desarrollan los
investigadores científico tecnológicos en colaboración con empresas u
organismos de investigación;
c) Fortalecer el sistema de becas de postgrado, priorizando las carreras
de ciencia y tecnología que se llevan en instituciones de prestigio en el
extranjero;
d) Incentivar la instalación de empresas tecnológicas en el vecindario de
las universidades tecnológicas, fomentando la formación de polos
tecnológicos.
e) Restablecer el requerimiento de tesis para obtener el título profesional,
condicionado a que el sistema de elección y priorización de los temas
tenga articulación con las necesidades y demandas de investigación por
parte de los usuarios y beneficiarios de los conocimientos, tecnologías
adaptadas y demás productos de las actividades de investigación; e
f) Reforma la Ley Universitaria para que la investigación sea realmente
una actividad obligatoria de los docentes universitarios, de modo que
los estudiantes puedan participar en proyectos de investigación.
g) Modificar la ley del canon minero para hacer facilitar su uso en
investigación, en especial que se permita usar parte de esos recursos
para remuneraciones y pago de tesistas.
6.5.2 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la
Competitividad
Para lograr que la Academia, la Empresa y el Estado interactúen eficazmente
para la generación de nuevos productos y servicios para el mercado nacional e
internacional, como también para atender las necesidades sociales del país, es
necesario fortalecer el SINACYT, conformado por instituciones de esos tres
475

componentes. Con ese objetivo se define políticas de financiamiento, priorización
de las líneas de investigación y de soporte a las actividades de ciencia, tecnología
e innovación para la competitividad.
6.5.2.1 Financiamiento
a) Incrementar recursos del Estado destinados a los fondos de promoción
de ciencia y tecnología y a la gestión de la carrera del investigador
científico tecnológico hasta contar con el número de investigadores que
requiere el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología;
b) Evitar la duplicidad de funciones, mayor gasto y dispersión en
burocracias, integrando todos los fondos para ciencia, la tecnología y la
innovación (FINCyT, FIDECOM, INCAGRO, Canon Minero, etc.) al
FONDECYT del CONCYTEC;
c) Optimizar y mejorar la capacidad gerencial de los administradores de
los fondos asignados a CyT;
d) Definir indicadores de gestión por resultados para informar a la
población los avances y logros reales de los proyectos financiados y su
nivel de aporte a la innovación del aparato productivo y de
problemáticas de tipo social; y
e) Explorar fondos internacionales en temas de interés común del país y
de instituciones internacionales.
6.5.2.2. Priorización de las líneas de investigación
a) Definir áreas prioritarias de alta tecnología y de carácter transversal y
complementario al trabajo en otras áreas de investigación y desarrollo,
en las que la inversión tenga grandes probabilidades de éxito, para
orientar el uso de los recursos en proyectos de gran envergadura,
476

tendientes a obtener productos y servicios de alto valor tecnológico,
para competir con el mercado internacional.
b) Definir programas focales sectoriales de innovación tecnológica, donde
tengan cabida especialidades científicas y tecnológicas, para adaptar
y/o desarrollar tecnologías que aporten a resolver los cuellos de botella
de las cadenas productivas priorizadas en cada región.
c) Promover que los fondos destinados al fortalecimiento institucional se
inviertan productivamente, en temas postergados y urgentes como:
integración de las bases de datos de proyectos en ejecución y
terminados, de recursos humanos científicos y tecnólogos por
especialidad, formación de masa crítica en gestión de CTI (fortalecer
capacidad gerencial) en instituciones de alto nivel en el exterior, entre
otros aspectos.
d) Promover la política de priorización de proyectos de CTI por enfoque de
demanda, es decir, que la asignación de fondos a proyectos no sólo sea
a los que producen conocimiento básico, sino también a proyectos
aplicados que proporcionen soluciones oportunas y factibles a las
necesidades de CTI del sistema productivo y social, aportando a la
competitividad y desarrollo de la región beneficiaria.
e) En la priorización tomar en cuenta el carácter de megadiverso del Perú,
y el potencial que se tiene gracias a las biotecnologías modernas; las
ciencias de la vida; las ciencias de los materiales en relación a nuestros
recursos mineros; y la tecnologías de la información y la comunicación.
6.5.2.3 Soporte (Recursos humanos calificados, redes, infraestructura, entre otros)
Para fortalecer los factores críticos que determinan la calidad de los
resultados de la producción científica y tecnológica de alto nivel competitivo
se propone:
477

a) Optimizar la organización institucional en ciencia, tecnología e
innovación tecnológica, fusionando institutos que pueden realizar
actividades complementarias en la solución de problemas nacionales o
en la investigación demandada por la empresa;
b) Crear el Centro de Investigación Científica y Tecnológica
Interdisciplinaria, abierto a la cooperación con las empresas privadas
para investigar nuevos productos y servicios, seleccionando su personal
científico en el marco de la Ley de Carrera del Investigador Científico
Tecnológico;
c) Crear el Centro de Creatividad e Inventiva para promover los inventos y
las patentes, y salvaguardar los conocimientos de las comunidades
amenazadas por la biopiratería
d) Promover la formación de polos tecnológicos regionales en los que se
instalen empresas de alta tecnología, universidades e institutos de
investigación científica y tecnológica;
e) Adscribir al MCTI a los organismos públicos dedicados a la
investigación, de modo que se logre una verdadera articulación
científica y tecnológica y se optimice el uso de los recursos dedicados a
la investigación en los temas priorizados;
f) Crear el Foro Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica, compuesto de investigadores científicos y tecnológicos y
empresarios para que asesoren al Congreso en sus actividades
relacionadas con la ciencia, la tecnología e innovación;
g) Renovar los cuadros de investigación de los organismos públicos de
ciencia y tecnología existentes, en el marco de la Ley de la Carrera del
Investigador Científico y Tecnológico;
478

h) Seleccionar por concurso, mediante la Ley de la Carrera del
Investigador Científico y Tecnológico, profesores investigadores de
universidades privadas o estatales que deseen dedicarse a la
investigación en la Universidad, en colaboración con la Empresa y los
organismos públicos de investigación;
i) Crear el Foro Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica, compuesto de investigadores científicos y tecnológicos y
empresarios para que asesoren al Congreso en sus actividades
relacionadas con la ciencia, la tecnología e innovación;
j) Establecer, la carrera de ciencia y tecnología, las ramas de
investigación, de tecnología y de gestión, respectivamente. Para lograr
instituciones científicas y tecnológicas competitivas a nivel internacional,
en esa Ley debe asegurarse ingresos remunerativos igualmente
competitivos a nivel internacional;
k) Crear las agregadurías científicas y tecnológicas para canalizar la
cooperación científica y tecnológica extranjera y la participación de
investigadores peruanos residentes en el extranjero;
l) Crear el Instituto de Peruanos en el Extranjero para organizar la
participación de científicos e ingenieros peruanos en el extranjero en
proyectos de investigación y desarrollo del Perú;
m) Promover la integración de científicos y tecnólogos extranjeros de alto
nivel a los proyectos regionales, para afrontar el déficit de recursos
humanos calificados para investigar una problemática particular (que
lleva a empresas a buscar gente fuera del país);
n) Premiar a los jóvenes integrantes de los proyectos con becas en las
mejores universidades del exterior; y
479

o) Crear el premio Presidente en Ciencia y Tecnología, mediante el cual
se reconozca anualmente a un investigador que haya producido
conocimiento científico y tecnológico relevante;
p) Participar como Estado con 50% de la inversión en la investigación
sobre las líneas priorizadas que realicen colaboración las organismos
públicos de ciencia y tecnología, las universidades y la Empresa.
480

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502

ANEXO
TABLAS
Tabla 1: Número de solicitudes de patentes de residentes y de no residentes en
los países del mundo, según los datos de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), Junio, 2008.
Año
Total de solicitudes de
patentes
Solicitudes de residentes
Solicitudes de no
residentes
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
926,008 950,983 997,195 1,013,500 1,017,650 1,006,044 895,680 951,860
641,513 663,158 700,429 701,257 692,261 676,951 588,567 623,023
284,495 287,825 296,766 312,243 325,389 329,093 307,113 328,837
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
951,586 948,316 1,052,677 1,090,926 1,156,104 1,205,571 1,274,081 1,383,557
638,130 627,021 678,186 680,043 704,142 718,613 751,044 830,703
313,456 321,295 374,491 410,883 451,962 486,958 523,037 552,854
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1,460,536 1,448,420 1,491,494 1,570,970 1,701,179 1,788,788 1,854,416
847,157 839,803 870,200 908,370 975,673 1,006,293 1,051,563
613,379 608,617 621,294 662,600 725,506 782,495 802,853
Nota: Estimaciones de la OMPI. Las cuentas son basadas en la fecha de la
solicitud.
Las solicitudes de los residentes se refieren a las solicitudes llenadas en las
oficinas de o actuando en nombre del Estado en el cual el nombre del primer
solicitante involucrado tiene residencia. Las solicitudes de no residentes se
refieren a las llenadas en las oficinas de o actuando en nombre del Estado en el
cual el nombre del primer solicitante involucrado no tiene residencia.
503

Tabla 2a: Número de solicitudes de patentes de residentes, 1990 -1998.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Argentina 955 943 503 787 694 676 1 097 824 861
Bolivia 21 42 42 25 27 30 48 40 40
Brasil 6 6 5 6 6 279 7 232 7 008 7 111 6 995
619 472 393 402
Canadá 2 2 3 4 3 043 3 039 2 583 3 344 3 809
549 230 208 067
Chile 161 240 320 328 406 315 348 265 310
Colombia 85 120 138 124 141 87 80 161
Costa Rica 29
Cuba 187 210 122 116 121 104 84 107 129
Ecuador 13 23 13 38 69 76 83 100
España 2 2 2 2 351 2 280 2 596 2 741 2 965
300 221 341
Guatemala 27 31 27 40 21 32 22 36 26
Honduras 6 5 4 6 17
México 661 564 565 553 498 432 386 420 453
Nicaragua 3 2 3 12
Panamá 6 4 8 20 13 15 31 4 33
Perú 46 31 19 30 28 23 53 50 38
Portugal 101 102 72 93 105 82 87 72 97
Paraguay 16 4 3 19 15 12 7 5 7
El Salvador 6 9 11 10 10 20 23 19 26
Estados
Unidos
90
643
87
955
92
425
99
955
107
233
123
958
106
892
120
445
135
483
Uruguay 169 34 39 29 18 35 25 32 27
Venezuela 262 233 202 186 224 258 182 320 83
Datos del Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). Sitio de internet
www.ricyt.org, Extraído el 4 de febrero del 2010.
Notas de la RICYT: Los datos de los subtotales de América Latina y el Caribe,
Iberoamérica y Total son estimados.
504

Colombia: Para el año 2001 tiene 3 patentes sin asignar y para el año 2002 posee
331 patentes sin asignación
España: El total de Patentes Solicitadas incluye las solicitadas por vía nacional,
las solicitadas a través de la Oficina Europea de Patentes (OEP), que designan a
España, las solicitadas vía Euro-PCT, que son las presentadas a la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que designan a España a través de
una patente europea.
Fuente: Oficina española de Patentes y Marcas
505

Tabla 2b: Número de solicitudes de patentes de residentes, 1999 y 2007.
Continuación de la tabla 2.2a.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina 899 1 691 718 792 786 1 1 937
062
054 020
Bolivia 35 30 40
Brasil 8
261
8
877
9
535
10
002
10
672
11
178
13
169
10
343
Canadá 4
061
4
187
3
963
3
959
3
929
5
231
5
183
5
522
4
998
Chile 344 406 414 524 496 570 573 492 486
Colombia 68 75 65 53 82 76 99 143 115
Costa Rica 47 47 52 38 21 1
Cuba 110 149 143 156 153 124 73 89 74
Ecuador 54 31 13 18 49 11
España 3
187
3
531
3
464
3
055
3
081
3
100
3
252
3
352
3
439
Guatemala 28 54 30 8 6 9 18 28 9
Honduras 8 7 37 22 4 22 13 10 5
México 455 455 431 526 468 565 584 574 641
Nicaragua 9 11 16 7 6 3
Panamá 10 25 24 26 33 19 24 20 15
Perú 49 40 36 29 32 38 26 38 28
Portugal 81 81 107 130 125 121
Paraguay 17 11 10 14 12 18 24
El
20 28 17 22 19 21 33 62 33
Salvador
Estados
Unidos
149
825
164
795
177
511
184
245
188
941
189
536
207
867
221
784
241
347
Uruguay 27 44 62 30 45 37 27 31 35
Venezuela 276 212 234 165 183 231 248 274 152
506

Tabla 3a: Producto Bruto Interno, 1990-1998
(En miles de millones de dólares USA)
Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Argentina 141.34 189.63 228.77 236.51 257.44 258.03 272.15 292.86 298.95
Barbados 1.71 1.69 1.58 1.64 1.74 1.87 1.99 2.20 2.38
Bolivia 4.87 5.34 5.64 5.73 5.98 6.72 7.21 7.82 8.53
Brasil 447.52 409.67 390.56 438.30 546.49 703.96 840.27 871.28 841.30
Canadá 582.74 598.20 579.52 563.68 564.48 590.50 613.78 637.53 616.78
Chile 30.40 34.41 42.75 44.47 50.92 65.22 75.77 82.82 79.37
Colombia 40.27 42.52 49.26 55.83 70.15 80.53 97.15 106.67 98.44
Costa Rica 5.71 7.16 8.57 9.64 10.56 11.72 10.77 11.69 12.90
Cuba 19.64 16.25 14.90 15.09 19.20 21.74 23.12 23.44 23.78
Ecuador 10.69 11.75 12.66 14.30 16.61 17.94 19.04 19.77 19.72
España 493.42 530.32 579.30 481.49 484.41 584.70 622.65 573.38 601.62
Guatemala 7.61 9.42 10.41 11.40 12.97 14.65 15.67 17.79 19.19
Honduras 3.05 3.07 3.42 3.51 2.94 3.44 3.51 4.08 4.49
México 262.71 314.45 363.61 403.19 420.77 286.70 332.91 401.48 421.21
Nicaragua 1.11 1.69 1.79 1.91 2.98 3.18 3.32 3.38 3.57
Panamá 5.31 5.84 6.64 7.25 7.73 7.91 8.15 8.66 9.14
Perú 27.87 34.08 36.33 34.66 44.86 53.60 55.85 59.12 56.78
Portugal 71.64 81.24 97.90 86.64 90.69 113.02 117.66 112.13 118.60
Paraguay 5.27 6.25 6.45 6.88 7.83 8.98 9.60 9.56 8.51
El Salvador 4.80 5.31 5.95 6.94 8.09 9.50 10.32 11.13 12.01
E.E.U.U. 5,803.2 5,986.20 6,318.90 6,657.41 7,072.23 7,397.70 7,816.90 8,304.30 8,747.00
0
Uruguay 9.30 11.21 12.88 15.00 17.48 19.30 20.51 21.70 22.37
Venezuela 48.39 53.38 60.40 59.81 54.68 77.32 70.80 85.84 91.33
Datos del Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). Sitio de internet
www.ricyt.org, Extraído el 4 de febrero del 2010.
Los datos de los subtotales de América Latina, América Latina y el Caribe,
Iberoamérica y Total son estimados.
Las estimaciones en dólares fueron obtenidas aplicando los datos de Tipo de
Cambio del Fondo Monetario Internacional sobre la información en moneda local,
provista por cada país.
Cuba: Se utilizó el Tipo de Cambio Oficial: 1 Peso Cubano = 1 Dólar
507

Tabla 3b: Producto Bruto Interno, 1999-2007
(en miles de millones de dólares USA) (Continuación de la tabla 2.3a).
Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina 283.52 284.20 268.70 102.04 129.60 153.13 183.20 214.27 262.33
Barbados 2.48 2.56 2.55 2.48 2.69 2.81 3.06 3.45 3.12
Bolivia 8.53 8.73 8.89 8.46 8.09 8.77 9.44 11.16 13.70
Brasil 573.12 642.42 552.84 505.96 552.45 663.73 882.04 1,089.40 1,314.17
Canadá 661.25 724.91 715.44 734.65 865.90 992.23 1,132.75 1,278.69 1,326.38
Chile 72.96 75.20 68.53 67.27 73.99 95.68 118.18 146.43 163.92
Colombia 86.19 94.08 92.87 93.02 91.70 113.77 144.58 162.13 171.98
Costa Rica 14.48 15.95 16.40 16.84 17.52 18.60 19.91 22.52 25.23
Cuba 26.15 32.69 33.82 36.09 38.62 41.06 46.16 56.18 58.60
Ecuador 13.69 15.93 21.02 24.31 27.20 32.96 36.49 41.40 44.18
España 618.70 582.19 609.66 688.41 885.24 1,023.70 1,135.56 1,230.59 1,429.23
Guatemala 18.32 19.29 21.04 23.27 24.90 26.37 27.23 30.19 34.35
Honduras 4.63 5.22 5.59 5.83 6.14 6.64 7.45 8.36 16.09
México 481.20 581.43 622.09 649.08 639.11 698.87 767.54 840.20 893.36
Nicaragua 3.74 3.94 4.12 4.03 4.10 4.46 4.85 5.30 5.67
Panamá 9.56 11.20 11.23 12.27 12.93 14.18 15.48 17.10 19.74
Perú 50.58 52.73 53.90 57.00 61.13 67.31 79.27 92.41 109.19
Portugal 121.82 112.94 115.82 127.86 156.69 175.43 186.40 194.79 220.24
Paraguay 7.76 7.73 6.45 5.13 5.52 6.92 7.33 9.28 12.19
El Salvador 12.46 13.13 13.81 14.31 15.05 15.80 17.07 18.65 20.22
E.E.U.U. 9,268.40 9,817.00 10,128.00 10,469.60 10,960.80 11,685.90 12,433.90 13,194.70 13,811.20
Uruguay 20.91 20.09 18.56 12.28 10.81 11.84 16.61 19.31 23.09
Venezuela 97.98 117.15 122.87 92.89 83.44 110.10 144.82 184.51 228.07
508

Tabla 4a: Número de solicitudes de patentes de residentes, 1990 - 1998
Países 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Argentin 955.00 943.00 503.00 787.00 694.00 676.00 1097.00 824.00 861.00
a
1136.20 1228.80 1229.60
0.97 0.67 0.70
Brasil 6619.00 6472.00 5393.00 6402.00 6279.00 7232.00 7008.00 7111.00 6995.00
5047.11 6134.96 6008.59 0.00 0.00
1.24 1.18 1.17
Chile 161.00 240.00 320.00 328.00 406.00 315.00 348.00 265.00 310.00
154.94 183.56 248.90 277.97 314.52 401.08 399.78 407.50 396.46
1.04 1.31 1.29 1.18 1.29 0.79 0.87 0.65 0.78
Colombi
a
0.00 85.00 120.00 138.00 124.00 141.00 87.00 80.00 161.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.92 546.90 561.41 316.34
0.32 0.16 0.14 0.51
Costa
Rica
0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.30 37.30 36.30
Canadá 2549.00 2230.00 3208.00 4067.00 3043.00 3039.00 2583.00 3344.00 3809.00
8793.46 9400.22 9380.14 9444.42 9769.06 10021.57 10133.72 10569.72 10844.90
0.29 0.24 0.34 0.43 0.31 0.30 0.25 0.32 0.35
E.E.U.U. 90643.00 87955.00 92425.00 99955.00 107233.0
0
123958.0
0
106892.0
0
120445.0
0
135483.0
0
152039.0
0
160863.0
0
165211.0
0
165782.0
0
169212.0
0
183617.0
0
197288.0
0
212121.0
0
226311.0
0
0.60 0.55 0.56 0.60 0.63 0.68 0.54 0.57 0.60
España 0.00 2300.00 2221.00 2341.00 2351.00 2280.00 2596.00 2741.00 2965.00
4190.12 4628.31 5291.90 4403.18 4098.42 4741.45 5062.40 4595.58 5258.03
0.00 0.50 0.42 0.53 0.57 0.48 0.51 0.60 0.56
Nota la primera fila, contiene la inversión en investigación y desarrollo (segunda
fila) y la tasa correspondiente, definida como rentabilidad en número de
solicitudes de patentes de la inversión en investigación y desarrollo, para los años
entre 1990 y 1998. Los datos son de la Red de Indicadores de Ciencia y
Tecnología, tomada de su sitio de internet www.ricyt.org, el 4 de febrero 2010.
509

Tabla 4b: Número de solicitudes de patentes de residentes, 1999-2007
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina 899.00 1062.00 691.00 718.00 792.00 786.00 1054.00 1020.00 937.00
1285.40 1247.20 1140.90 396.80 531.51 670.03 844.11 1059.81 1332.46
0.70 0.85 0.61 1.81 1.49 1.17 1.25 0.96 0.70
Brasil 8261.00 8877.00 9535.00 10002.00 10672.00 11178.00 13169.00 10343.00
0.00 6541.45 5765.54 4982.29 5292.05 5970.39 8567.45 10871.61 14649.94
1.36 1.65 2.01 2.02 1.87 1.54 0.95
Chile 344.00 406.00 414.00 524.00 496.00 570.00 573.00 492.00 486.00
370.51 394.88 360.08 458.15 493.43 644.71 0.00 0.00 0.00
0.93 1.03 1.15 1.14 1.01 0.88
Colombia 68.00 75.00 65.00 53.00 82.00 76.00 99.00 143.00 115.00
275.41 288.96 256.03 281.37 321.35 446.99 662.84 667.01 683.50
0.25 0.26 0.25 0.19 0.26 0.17 0.15 0.21 0.17
Costa
0.00 0.00 0.00 47.00 47.00 52.00 38.00 21.00 1.00
Rica
52.40 61.76 0.00 0.00 62.51 69.39 0.00 87.60 80.79
0.75 0.75 0.24 0.01
Canadá 4061.00 4187.00 3963.00 3959.00 3929.00 5231.00 5183.00 5522.00 4998.00
11871.60 13841.40 14935.82 14994.42 17643.18 20624.59 23224.07 25313.83 24945.24
0.34 0.30 0.27 0.26 0.22 0.25 0.22 0.22 0.20
E.E.U.U. 149825.00 164795.00 177511.00 184245.00 188941.00 189536.00 207867.00 221784.00 241347.00
243517.00 264634.00 274211.00 276434.00 283795.00 312068.00 323546.00 342886.00 367297.52
0.62 0.62 0.65 0.67 0.67 0.61 0.64 0.65 0.66
España 3187.00 3531.00 3464.00 3055.00 3081.00 3100.00 3252.00 3352.00 3439.00
5329.23 5282.77 5577.49 6791.11 9286.28 10888.63 12746.09 14821.99 18163.87
0.60 0.67 0.62 0.45 0.33 0.28 0.26 0.23 0.19
Nota: la primera fila contiene información sobre la inversión en investigación y
desarrollo (segunda fila) y la tasa correspondiente, definida como rentabilidad en
número de solicitudes de patentes de la inversión en investigación y desarrollo,
para los años entre 1999 y 2007. Los datos son de la Red de Indicadores de
Ciencia y Tecnología, tomada de su sitio de internet www.ricyt.org, el 4 de febrero
2010.
510

Tabla 5: Productividad en número de solicitudes de patentes de la inversión en
millones de dólares (PIID) para algunos países en los años entre 1990 y 2007
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Argentina 0.97 0.67 0.70
Brasil 1.24 1.18 1.17
Chile 1.04 1.31 1.29 1.18 1.29 0.79 0.87 0.65 0.78
Colombia 0.32 0.16 0.14 0.51
México 0.62 0.40 0.49 0.37 0.30 0.28
Perú 1.03 0.68
Canadá 0.29 0.24 0.34 0.43 0.31 0.30 0.25 0.32 0.35
EEUU 0.60 0.55 0.56 0.60 0.63 0.68 0.54 0.57 0.60
España 0.50 0.42 0.53 0.57 0.48 0.51 0.60 0.56
Venezuela 1.48 1.11 0.68 0.66 0.71 0.54 0.58 0.86 0.23
Panamá 0.30 0.18 0.35 0.77 0.46 0.50 1.01 0.13 1.06
Bolivia 2.00 1.09 1.12 1.25 2.00 1.60 1.60
Cuba 1.37 1.89 0.72 0.98 1.14 1.03 0.97 1.05 1.00
Portugal 0.28 0.12 0.13 0.13 0.11 0.13
Uruguay 1.76 0.77 0.70 0.46 0.38 0.55
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina 0.70 0.85 0.61 1.81 1.49 1.17 1.25 0.96 0.70
Brasil 1.36 1.65 2.01 2.02 1.87 1.54 0.95
Chile 0.93 1.03 1.15 1.14 1.01 0.88
Colombia 0.25 0.26 0.25 0.19 0.26 0.17 0.15 0.21 0.17
México 0.22 0.21 0.18 0.19 0.16 0.18 0.17
Perú 1.01 0.69 0.62 0.50 0.51 0.38 0.00
Canadá 0.34 0.30 0.27 0.26 0.22 0.25 0.22 0.22 0.20
EEUU 0.62 0.62 0.65 0.67 0.67 0.61 0.64 0.65 0.66
España 0.60 0.67 0.62 0.45 0.33 0.28 0.26 0.23 0.19
Venezuela 0.73 0.48 0.38 0.42 0.71 0.83 0.50 0.08 0.02
Panamá 0.30 0.56 0.53 0.58 0.75 0.56 0.63 0.47 0.38
Bolivia 1.42 1.25 1.67
Cuba 0.85 1.02 0.80 0.82 0.73 0.54 0.31 0.38 0.29
Portugal 0.09 0.09 0.12 0.13 0.11 0.09
Uruguay 0.50 0.92 0.93 0.44 0.34
Nota:. Los datos para el cálculo han sido Extraídos de la Red Indicadores de
Ciencia y Tecnología, de su sitio de internet www.ricyt.org, el 4 de febrero del
2010.
511

Tabla 6: Solicitudes de patentes de latinoamericanos en Estados Unidos entre
1995 y 2007.
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
Argentin 65 78 76 118 95 137 137 95 125 103 94 117 150
a
Brasil 115 145 107 155 179 220 219 243 259 287 295 341 375
Chile 1 1 3 1 3 33 51 55 76 68
Colombi
20 20 11 21 23
a
México 99 97 105 139 144 190 196 157 185 179 180 213 212
Perú 8 5 2 2 3
Nota: Los datos han sido Extraídos el 5 de febrero del 2010 del sitio de internet
www.ompi.org de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
Tabla 7: Solicitudes de patentes de estadounidense en países de América Latina
entre 1995 y 2007.
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
Argenti
na
2,39
0
2,55
7
2,59
7
Brasil 1,37
0
1,29
7
5,97
5
5,90
4
6,24
5
5,90
3
5,54
1
5,08
8
5,72
1
6,34
3
6,66
7
8,37
2
Chile 734 807 1,22
6
1,36
2
1,29
0
1,35
4
1,09
7
893 831 1,04
1
1,05
7
1,06
4
Colomb 694 668 948 883 808 218 90 726
ia
México 3,04
8
2,27
6
2,04
8
1,92
2
6,86
9
7,25
0
7,33
6
6,67
6
6,43
6
6,91
3
7,69
3
8,15
9
8,68
9
Perú 295 423 532 553 325 396 476 476
Nota: Los datos han sido Extraídos el 5 de febrero del 2010 del sitio de internet
www.ompi.org de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
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