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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
VALENCIA
Rollo Penal nº 10/2009
A U T O 60/09
Excmo.Sr.Presidente
Don Juan Luis de la Rúa Moreno
Iltmos. Sres. Magistrados
Don Juan Montero Aroca
Don José Francisco Ceres Montés.
Valencia, a uno de agosto de dos mil nueve.
Siendo Ponente el Iltmo Sr. D. José Francisco Ceres Montes
.
ANTECEDENTES DE H E C H O
PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción número Cinco, por auto de
fecha cinco de marzo de dos mil nueve dictado en las Diligencias Previas que tramitó
con el número 275/08, acordó remitir exposición razonada, con testimonio de lo
necesario, a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana a los efectos de que por la misma se decidiera sobre la
asunción de competencia para el conocimiento de determinados hechos de posible
significación delictiva que en dicha resolución se relacionaban y en los que podían
haber tenido intervención personal D. Francisco Enrique Camps Ortiz, Presidente de
la Generalidad Valenciana, D. Ricardo Costa Climent, Diputado de las Cortes
Valencianas, ambos aforados ante dicho Tribunal, D. José Víctor Campos Guinot,
que desempeñó en su día el cargo de Vicepresidente del Consell de la Generalidad
Valenciana, y D. Rafael Betoret Parreño, que desempeñó el cargo de Jefe de Gabinete
de la Consellería de Turismo de la Generalidad Valenciana en la fecha en que
ocurrieron los hechos.
SEGUNDO.- Por auto de fecha 21 de abril ésta Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia se declaró competente para el conocimiento de esos
hechos consistentes en la supuesta aceptación de regalos en forma de prendas de
vestir que en aquel auto del Juzgado Central de Instrucción número Cinco se
atribuían tanto a las dos personas aforadas ante la citada Sala como a las otras dos
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personas no aforadas ante ella; se acordó continuar la tramitación de las actuaciones
que constaban en la pieza formada al efecto, mandando registrarlas como Diligencias
Previas por delito de cohecho; y se designó Magistrado Instructor con arreglo al turno
establecido en las normas de reparto.
TERCERO.- En las Diligencias Previas 2/2009 tramitadas ante ésta Sala Civil
y Penal, en fecha 29 de mayo de 2009, por el Iltmo Sr. Magistrado-Instructor de las
mismas, se dictó auto, que acordaba lo siguiente:
a) Declarar terminadas las Diligencias Previas,
b) No haber lugar al sobreseimiento libre y archivo de la causa solicitado por
las representaciones procesales de los imputados por existir suficientes
indicios racionales para estimar que los hechos que se les imputan pudieran
ser constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo
426 primer inciso del Código Penal, y
c) La continuación de la tramitación del procedimiento con el mismo objeto,
por los trámites del procedimiento para las causas ante el Tribunal del
Jurado, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, señalando la fecha del próximo día 15 de julio a las 10, 30
horas para la celebración de la comparecencia prevenida en el artículo 25
de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
CUARTO.- En el antecedente de hecho sexto de dicha resolución se
consignaba, con el carácter indiciario, propio de la fase de instrucción, los siguientes
hechos :
“1. La entidad “Orange Market, S.L.”, domiciliada en Valencia y cuyas
participaciones sociales pertenecen a D. Luis de Miguel Pérez (99,96%) y a D. Pablo
Crespo Sabaris (0,04%), tiene por objeto la creación y ejecución de campañas de publicidad
y la realización de campañas de marqueting y de proyectos de organización. Comenzó su
actividad el 10 de noviembre de 2003 y de su gestión en Valencia se ha ocupado D. Álvaro
Pérez Alonso, quien fue nombrado administrador único de la misma en 9 de enero de 2006 y
presidente en 10 de marzo de 2008 (folio 19, pieza II). Dicha sociedad se ha dedicado a la
organización de actos para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, actuando
como proveedora del mismo. En el ejercicio de esa actividad D. Álvaro Pérez Alonso
entabló relación de amistad, entre otras personas, con D. Ricardo Costa Climent (según se
reconoció por este último) quien, además de ocupar diferentes cargos en el mencionado
partido político, ha desempeñado el de Diputado en las Cortes Valencianas desde la V
Legislatura (1995) hasta la actualidad. D. Álvaro Pérez ya era conocido de D. Ricardo
Costa desde el año 1996 porque, según dijo este último, aquél intervenía en la organización
de numerosos actos del partido por todo el territorio nacional.
Aparte de los encargos que le hiciera el citado partido político (que se encuentra en
funciones de gobierno en la Generalidad Valenciana), desde el año 2005 le fueron
adjudicados a esa sociedad por diferentes organismos de la Administración de la
Generalidad Valenciana numerosos contratos de muy variado objeto y, en particular, el que
anualmente se convocaba con motivo de la instalación del pabellón de la Generalidad
Valenciana en la feria FITUR, así como en otras ferias denominadas TVC, Expovacaciones,
SITC e INTUR, ascendiendo el importe total de esa variada contratación a la cantidad de
1.748.839,19 € en el año 2005, de 1.174.767,17€ en el año 2006, de 1.325741,44 € en el año
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2007, de 1.714.860,26 € en el año 2008 y de 953.172 € hasta mayo de 2009 (folios 433 a
446, en el tomo II de las Diligencias Previas).
“Orange Marquet, S.L.” estaba relacionada con un grupo de sociedades dedicadas a
la inversión especulativa y a la prestación de servicios que gestionaba desde Madrid Pablo
Crespo Sabaris y que, al parecer, dirigía y controlaba Francisco Correa Sánchez. En la
oficina en que Pablo Crespo realizaba sus funciones de gestión, sita en el número 40 de la
calle Serrano de Madrid, tenían también su domicilio social la entidad FCS (iniciales que
coinciden con el nombre de Francisco Correa Sánchez) y otras sociedades del grupo de las
que el citado Pablo Crespo era administrador, como Special Events, Rial Green, S.L.,
Pasadena, S.L. o Estudios Vesubio, S.L. (folios 41 a 44 de la Pieza I).
2. Álvaro Pérez Alonso solía frecuentar con Pablo Crespo Sabaris un
establecimiento de prendas de vestir de la cadena denominada “Milano”, sito en la misma
calle Serrano, número 29 de Madrid, en la que les atendía normalmente su director
comercial, D. José Tomás García. Los señores Pérez y Crespo llegaron a convenir con D.
José Tomás que las compras que hicieran en dicho establecimiento, bien para sí, bien para
otras personas a quienes acompañaran o por cuya indicación se les atendiera, no les fueran
cobradas en caja y se anotaran en una cuenta abierta a nombre de Álvaro Pérez, siendo
luego saldado el importe de la deuda por Pablo Crespo, a quien se remitía periódicamente
una relación de lo debido con indicación de las personas receptoras o destinatarias de las
prendas. El pago se hacía por Crespo en varias ocasiones al año, bien en metálico, bien por
transferencia o mediante la entrega de cheques librados con cargo a la cuenta de alguna de
las sociedades del grupo.
3. En el ámbito de ese acuerdo y siguiendo ese modo de actuar:
A) En el mes de enero del año 2005 (coincidiendo con la feria FITUR) Álvaro Pérez
Alonso acompañó a D. Rafael Betoret Parreño, Jefe de Gabinete de la Consellería de
Turismo de la Generalidad Valenciana, a la tienda de Milano de la calle Serrano, nº 29 de
Madrid, diciéndole a D. José Tomas: “vamos a hacerle una serie de ropa a este señor”. En
tal ocasión D. Rafael Betoret encargó tres trajes a medida, un abrigo a medida, otro de
confección y dos americanas también a medida (declaración de Tomás y tiquets pendientes
de pago nº 184795, por 1.150 € y nº 184856, por 2.399 €, a folio 219 de la pieza I), todo lo
cual le fue enviado por el Sr. Tomás a Valencia, siendo satisfecho el importe de esas
prendas por Pablo Crespo, según el sistema convenido por este último y por Álvaro con
José Tomás, mediante la entrega de un talón de fecha 13 de julio de 2005 librado contra la
cuenta corriente de “Orange Market, S.L.” en La Caixa (folios 221 y 223 a 225 de la pieza
I; folio 1143, al tomo IV y folios 1457 a 1459, al tomo V). Con la entrega de ese cheque,
librado por importe de 24.308,38 €, se saldaba la suma total a que ascendía la deuda
mantenida en aquellas fechas con la referida tienda por la adquisición de diferentes prendas
de vestir realizada por Álvaro Pérez, por Pablo Crespo y por otras personas a indicación
suya (las operaciones de liquidación de cada uno de los tiquets se relacionan en los folios
220 a 225 de la pieza I y se especifican con mayor detalle al folio 1208 del tomo IV de las
Diligencias Previas).
B) En fecha no precisada del año 2005 José Tomás se desplazó, desde Madrid, a la
ciudad de Valencia por indicación de Álvaro Pérez, quien le dijo que tenía el propósito de
presentarle a determinadas personas relacionadas con el Partido Popular en la Comunidad
Valenciana para que recibiera de ellas los encargos de ropa a medida que éstas le hicieran.
Tras concertar una cita por teléfono con D. Ricardo Costa Climent, fueron a visitarle al
despacho que el mismo tenía en la sede de aquel partido, en cuyo interior le tomó medidas
D. José Tomás, encargándole aquél varias prendas a la vista del muestrario de telas que le
fue exhibido. Al día siguiente Álvaro y José Tomás acudieron al despacho oficial de D.
Víctor Campos Guinot, que desempeñaba el cargo de Vicepresidente del Consell de la
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Generalidad Valenciana, en cuyas dependencias el Sr. Tomás le tomó medidas y le exhibió
el muestrario de telas, recibiendo el encargo de varias prendas de ropa. En la tarde-noche
de ese mismo día, Álvaro Pérez y José Tomás se reunieron en un restaurante con D. Rafael
Betoret Parreño, quien también eligió telas del muestrario para que le fueran
confeccionadas varias prendas a medida (al Sr. Betoret no le fueron tomadas medidas
porque el Sr. Tomás ya disponía de ellas, con motivo de la visita que aquél hizo en su día a
la tienda de Madrid).
Existe constancia documental de que los Sres. Costa, Campos y Betoret encargaron
al Sr. Tomás, al menos, las siguientes prendas a medida: D. Ricardo Costa, tres trajes, por
importe 2.400 € (tiquet pendiente de pago nº 187730, a folio 1213, tomo IV); D. Víctor
Campos, tres trajes, dos americanas y cinco pantalones, por importe 4.850 € (tiquet nº
187755, a folio 1214, tomo IV); y D. Rafael Betoret, tres trajes, una americana y un
pantalón, por importe de 3.250 € (tiquet nº 187705, a folio 1212, tomo IV). Todas esas
prendas, una vez confeccionadas, fueron enviadas a sus destinatarios.
Según manifestó D. José Tomás, la Secretaria del Sr. Costa le llamó por teléfono
para preguntarle el importe de lo que éste debía, pero aparte de ese dato y más allá de la
mera afirmación de los propios interesados, que dijeron haberle entregado a Álvaro Pérez
(algunos en diferentes momentos) el dinero a que ascendía el importe de aquellas prendas
de vestir por ellos encargadas, no existe constancia en las actuaciones de que los receptores
de esas prendas abonaran su precio directa ni indirectamente al establecimiento vendedor;
y sí la hay, en cambio, de que las cantidades que por las mismas se adeudaban fueron
satisfechas mediante la entrega de dos cheques librados contra la cuenta de Orange Market,
S.L. en el Banco de Santander, uno por 10.672 € y otro por 16.936 €, ambos de fecha 11 de
septiembre de 2006 (folios 236 y 237 de la pieza I), con cuyo importe conjunto se saldaba la
suma total a la que ascendía una deuda mayor contraída con Milano por la adquisición de
diferentes prendas de vestir realizada por Álvaro Pérez, por Pablo Crespo y por otras
personas a indicación suya. Los cheques fueron declarados en la tienda el 15 de septiembre
de 2006 (en cuya fecha se canceló en Caja el pago pendiente) e ingresados en una cuenta
bancaria de la entidad acreedora el día 20 del mismo mes y año (folio 236, pieza I, folios
1141, 1212 y siguientes del tomo IV y folios 1413 y 1460 a 1462 del Tomo V).
El apunte contable (tiquet de caja) de los pagos que habían quedado pendientes
como consecuencia de aquellos encargos aparecen registrados en caja con fechas 24, 26 y
28 de enero de 2006. Hasta el momento del pago de dichos encargos (mediante los
reseñados cheques), las cantidades adeudadas por el valor de aquellas prendas fueron
incluidas en el inventario de pagos pendientes de la tienda que elaboraba semestralmente la
cajera, apareciendo en el listado correspondiente a enero de 2006 sendas anotaciones con
la mención de los apellidos de los Sres. Costa y Betoret y la del nombre y apellido de D.
Víctor Campos, junto con la indicación del número del tiquet de pago pendiente y de su
importe (folios 1194 y 1195, al tomo IV); y se reprodujeron luego en el inventario de agosto
de 2006, esta vez sin indicación de nombres y bajo la mención “Comunidad Valenciana”,
con igual referencia numérica de tiquet y de importe adeudado (folios 1198 –nota adhesivay
1207, al tomo IV).
Las anotaciones con indicaciones de nombre y apellidos en los inventarios
semestrales de pagos pendientes se hacían por la cajera del establecimiento a la vista de lo
que constaba en la copia de color del resguardo o nota de encargo que quedaba cosida al
tiquet pendiente de pago, cuya copia se destruía después de que la deuda fuera saldada.
C) También existe constancia documental de que en marzo del año 2006 se
confeccionaron a medida para D. Ricardo Costa Climent, por encargo efectuado en la
tienda Milano, tres pantalones, un traje y dos americanas (folios 1656, 1676, 1680, 1682, al
tomo IV y 1720 a 1725, al tomo V), cuyo precio se debió liquidar en 15 de septiembre de
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2006 mediante la entrega de los dos cheques librados contra la cuenta de “Orange Market,
S.L.”, uno por 10.672 € y otro por 16.936 €, a los que anteriormente se ha hecho referencia,
los cuales fueron ingresados en la cuenta bancaria de la entidad acreedora el día 20 del
mismo mes y año (folios citados supra y folio 2140, al tomo VII). Las facturas emitidas por
la empresa que confeccionó esas prendas y en las que consta el nombre de D. Ricardo
Costa, obran a folios 2188 a 2190 del tomo VII.
D) En fecha no precisada, a principios del año 2006, D. Francisco Enrique Camps
Ortiz (que desempeñaba entonces y sigue desempeñando en la actualidad el cargo de Muy
Honorable Presidente de la Generalidad Valenciana) visitó por indicación de D. Álvaro
Pérez la tienda de Milano de la calle Serrano, 29 de Madrid, siendo atendido por D. José
Tomás García, sin que se llevara en esa ocasión ninguna prenda ni realizara ningún
encargo. Quince o veinte días después regresó al establecimiento, eligió telas y encargó,
primero, un traje a medida, luego, otro y, algún tiempo después, otros dos (las hojas de
confirmación del pedido de esos cuatro trajes por la empresa de sastrería a la que se
encargó su confección por la tienda Milano obran a los folios 1560 a 1563 del tomo V). Los
cuatro trajes fueron entregados en su momento al Sr. Camps Ortíz y, como no le venían
bien, pasado el verano de ese mismo año fueron devueltos por el mismo al Sr. Tomás, quien
ya no trabajaba en la tienda de Milano, sino en otro establecimiento, no obstante lo cual
dicho señor se ocupó de hacer llegar los trajes a su destino, según se reconoció por él en su
declaración.
A principios de ese mismo año (al tiempo del encargo del primer traje al que antes se
ha hecho referencia) también se encargaron por D. Francisco Camps tres americanas a
medida (tiquet pendiente de pago nº 187706, al folio 1218, tomo IV, y hojas de
confirmación del pedido por la empresa de sastrería a los folios 1557 a 1559 del tomo V).
En el inventario semestral de pagos pendientes de la expresada tienda de Milano
correspondiente a enero de 2006, aparecen dos anotaciones con el apellido Camps (folio
1194 al tomo IV): una se corresponde con el tiquet número 187706, por importe total de
3.300 €, que comprende un traje de 900 € (uno de los que debieron ser devueltos), dos
americanas a medida por importe de 1.800 € y otra americana a medida por importe de 600
€ (folio 1218, al tomo IV); y la otra anotación se refiere al tiquet número 187729 por dos
trajes (también de los que debieron ser devueltos) e importe de 1.400 € (folio 1212, del tomo
IV). El apunte contable del pago que quedaba pendiente por aquellos dos tiquets se generó
con fecha 24 y 26 de enero de 2006, respectivamente, y se mantuvo hasta su cancelación en
el inventario de agosto de 2006, esta vez sin indicación de nombre y bajo la mención
“Comunidad Valenciana”, aunque con igual referencia numérica de tiquet y de importe
adeudado (folios 1198 –nota adhesiva- y 1207, al tomo IV). El importe del primero de esos
tiquets se saldó mediante dos entregas en efectivo, una de 300 € efectuada el día 23 de enero
de 2007 y otra de 3000 € efectuada el día 27 de enero de 2007 (folio 1218, al tomo IV); y el
segundo, el día 15 de septiembre de 2006, mediante la entrega de los dos talones de fecha
11 de septiembre de 2006 anteriormente referidos (folio 1212 al tomo IV).
E) Según manifestó D. José Tomás en la declaración que prestó ante este magistrado
instructor, sobre la primavera de 2006 D. Víctor Campos se presentó en la tienda de la calle
Serrano y se llevó un chaqué de confección de la talla 48 y varias cosas más (lo que el Sr.
Campos negó en su declaración). Un chaqué de confección de esa misma talla aparece
reseñado, junto con otras prendas, en el tiquet nº 188986, cuyo apunte contable se generó en
29 de junio de 2006 (folio 1218, al tomo IV), apareciendo detallada la deuda en el
inventario de pagos pendientes correspondiente a agosto de 2006, dentro de un epígrafe
alusivo a “Comunidad Valenciana” (folio 1207, tomo IV), así como en el inventario de
pagos pendientes correspondiente a enero de 2007, esta vez con la mención expresa del
apellido Campos y con el mismo número de tiquet (folio 1239 tomo IV). La hoja de
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confirmación de pedido relativa al pantalón a medida que se reseña en el mencionado tiquet
obra al folio 1576 del tomo V. La deuda fue finalmente saldada en metálico, y no por el Sr.
Campos, el día 23 de enero de 2007, el mismo día y a la misma hora (exactamente un
minuto después) en que se saldó, también en metálico, parte de la deuda que se ha reseñado
en el anterior apartado C (folio 1218 del Tomo IV).
4. Después del verano de 2006, cuando D. José Tomás García se fue a trabajar como
director de la cadena de establecimientos comerciales denominados “Forever Young”, con
locales abiertos en la ciudad de Madrid, lo puso en conocimiento de sus clientes y siguió
manteniendo con Álvaro Pérez y con Pablo Crespo la misma relación y el mismo modo de
actuar que ya habían utilizado en Milano, consistente en la anotación en una cuenta a
nombre de Álvaro Pérez de los encargos de prendas de vestir que le hicieran aquéllos u
otras personas que acudieran en su nombre; la remisión periódica a Pablo Crespo de una
relación de las cantidades pendientes con indicación de las personas beneficiarias; y el
pago por éste último, en varias ocasiones al año, del importe de lo adeudado.
Siguiendo esa pauta de actuación:
A) José Tomás llamó por teléfono a D. Francisco Enrique Camps Ortíz diciéndole
que en el nuevo establecimiento “Forever Young” del Paseo de la Castellana tenía trajes a
medida de mejor factura que en “Milano”. Como consecuencia de esa llamada D.
Francisco Camps le encargó, al menos, un total de cuatro trajes a medida. Tres de ellos
fueron anotados en sendas hojas de pedido de sastrería con fecha 14 de noviembre de 2006
(folios 308 a 310, de la pieza I), y el cuarto en otra hoja de pedido con fecha 4 de enero de
2007 (folio 312 de la pieza I). Por los tres primeros trajes se generó en la tienda un recibo
de venta pendiente de cobro, con aquella misma fecha y por valor de 2.160 €, con la
indicación “CAMPS Nuevo Cliente” (folio 127 de la pieza II), y por el cuarto traje otro
recibo de igual clase, con fecha 4 de noviembre de 2006, por valor de 720 €, con la misma
indicación (folio 124 de la pieza II). El Sr. Camps Ortíz admitió el encargo de ese número
total de trajes a medida, datando su recepción en diferentes fechas. No existe constancia de
que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de
aquellos trajes, como afirmó el Sr. Camps en su declaración, pues el contenido de los
documentos de pago en efectivo que han sido aportados a la causa por la entidad
propietaria del establecimiento a requerimiento de este instructor (folios 1289 y 1290 del
Tomo IV de las Diligencias Previas) no se corresponde ni con el número de prendas, ni con
el género del tejido que aparece en las hojas de encargo, ni con la cualidad de trajes a
medida, ni coinciden tampoco las fechas que aparecen en esos documentos con aquellas en
que el expresado señor dijo haber efectuado los pagos. Sí hay, en cambio, constancia de que
el pago pendiente generado por aquella operación de los cuatro trajes se canceló, junto con
otras englobadas en una deuda de mayor importe, con cargo a unos cheques librados por la
entidad “Servimadrid Integral, S.L.” y del modo que luego se dirá, de lo que se dejó
justificación contable el día 4 de julio de 2007 mediante la emisión de un tiquet de pago, con
expresa referencia al importe del saldo pendiente que se cancelaba y al apellido “Camps”
(folio 133 de la pieza II). Las hojas de confirmación del pedido de esos cuatro trajes por
parte de la empresa de sastrería que los confeccionó obran a los folios 1565 a 1568 del
tomo V, fijándose en ellas como fecha de entrega a la tienda Forever Young los días 8 y 29
de enero de 2007. Junto con esas hojas se ha remitido por la misma empresa de sastrería
otra relativa a un quinto traje confeccionado para el mismo cliente con fecha de entrega el
23 de octubre de 2006 (folio 1564 del tomo V). Todas esas prendas se incluyen, con el
mismo nombre de cliente, en la facturación remitida por la citada empresa a Forever Young
por la confección de esas prendas (folios 1265, 1274, 1276 y 1278 del tomo IV).
B) Según declaró D. José Tomás:
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a) En ese mismo año 2006 Álvaro Pérez le encargó por teléfono la confección de un
esmoquin para D. Francisco Camps, que fue enviado a la oficina de Álvaro en Valencia,
pero no existe constancia en las actuaciones de la hoja de encargo de sastrería, ni de la
hoja de confirmación del pedido, ni de la recepción de dicha prenda por su destinatario.
b) También declaró dicho señor que el mismo Álvaro Pérez le encargó un frac a
medida para él y otro, también a medida, para el Sr. Camps, diciéndole que los necesitaban
para un acto protocolario en el Vaticano, siendo confeccionado y entregado el
correspondiente a Álvaro, pero como la premura de tiempo no le permitía hacer el otro frac
a medida para el Sr. Camps, optó por prestarle uno ya confeccionado que, una vez utilizado
por el mismo en aquel acto, le fue devuelto por el expresado señor. Con motivo de ese
mismo acto Álvaro le encargó también dos chalecos negros para los fracs, que confeccionó
y remitió. El préstamo del frac fue admitido por el Sr. Camps, quien afirmó haberlo devuelto
juntamente con el chaleco negro.
c) Declaró igualmente el Sr. Tomás que en la primavera del año 2007 D. Francisco
Camps le encargó personalmente dos americanas a medida y algún pantalón, llevándose
también en esa ocasión dos pares de zapatos de piel de potro de una reputada marca
comercial. No existe constancia en las actuaciones de la hoja de encargo de aquellas
prendas de vestir, ni de la hoja de confirmación del pedido por la empresa de sastrería. El
Sr. Camps admitió haberse llevado un solo par de zapatos en marzo de 2007 (con ocasión
de recoger el tercero de aquellos trajes a medida por él encargados y a los que antes se ha
hecho referencia), cuyo precio de 120 o de 130 euros dijo haber pagado en el acto y en
efectivo. De los documentos de pago en efectivo que han sido aportados a la causa por la
entidad propietaria del establecimiento a requerimiento de este instructor (folio 1291 del
Tomo IV de las Diligencias Previas), no se desprende la realidad de ese pago en metálico,
pues no coinciden dichos documentos ni con la fecha, ni con el precio, ni con la clase de
género correspondientes a aquellos zapatos. Su precio, por tanto, debió ser incluido por
José Tomás en la cuenta de Álvaro Pérez y satisfecho luego por Pablo Crespo, según el
sistema convenido entre ellos.
d) En otoño de 2007 Álvaro Pérez pasó un día por la tienda y se llevó cuatro
corbatas de elevado precio diciendo que eran para regalárselas a D. Francisco Camps. Con
ese motivo se generó un recibo de venta pendiente de cobro por importe de 438 € (folio 497
de la pieza I) que fue incluido en la cuenta de aquél para que fuera abonado por Pablo
Crespo. No se ha acreditado que esas corbatas fueran entregadas al Sr. Camps.
e) También manifestó el Sr. Tomás que en la primavera o verano del año 2008 D.
Francisco Camps le encargó otros dos trajes a medida (que se probó en julio estando él de
vacaciones), llevándoselos posteriormente junto con otros dos pares de zapatos, cuyo
calzado luego devolvió. No existe constancia en las actuaciones de la hoja de encargo de
esos trajes, ni de la hoja de confirmación del pedido, ni del recibo de venta pendiente de
cobro. El importe de aquellos trajes, según Tomás, fue abonado mediante una transferencia
de Orange Market, S.L. realizada el día 15 de octubre de 2008 con la que se abonó una
deuda mayor por diversas prendas y por importe total de de 4.040 € (folio 378 de la pieza I
y folios 2112 y 2121 y vuelto, al tomo VII).
C) En la primavera del año 2007 D. Ricardo Costa Climent encargó en la misma
tienda del establecimiento “Forever Young” del Paseo de la Castellana, de Madrid, varias
prendas de vestir a medida que fueron anotadas en sendas hojas de pedido de sastrería con
fecha 3 de mayo de 2007 (parte de ellas obran a los folios 287 a 289, de la pieza I). En esa
misma hoja de encargo se indica que el Sr. Costa ya tiene ficha abierta y que deben hacerse
determinadas rectificaciones con respecto a las medidas del último traje. Según explicó
Tomás, al existir esa ficha anterior no se hizo recibo de pago pendiente con la indicación de
“nuevo cliente”. En las hojas de confirmación de pedidos extendidas por la empresa de
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sastrería que confeccionó esas prendas a medida aparecen como encargadas en aquella
ocasión a nombre de D. Ricardo Costa, con el número de referencia 54464-11 a 17, las
correspondientes a un traje y seis pantalones (folios 1726 al 1732, tomo VI), que fueron
efectivamente confeccionados para dicho señor y a su nombre (folios 1952 y 1953, tomo VI),
emitiéndose las oportunas facturas por la confección a la empresa la empresa que efectuó el
encargo (folios 2191 y 2192, al tomo VII). Siguiendo el modo habitual de actuación, por ese
pedido no se generó en la tienda ningún recibo de pago pendiente a nombre del verdadero
interesado, el Sr. Costa, sino que el importe de esas prendas se incluyó en la cuenta de
Álvaro Pérez y el pago que quedó pendiente se canceló, junto con una deuda de mayor
importe, del modo que luego se dirá.
En la primavera del año 2008 el Sr. Costa Climent adquirió en la tienda del mismo
establecimiento, sita en la calle Concha Espina, de Madrid, dos pantalones vaqueros de la
marca “Seven” que pagó en caja, según dijo él mismo y declaró también en igual sentido el
Sr. Tomás García (quien especificó que, de todos, fue este el único caso de pago en caja).
D) Entre finales del año 2006 y principios del 2007 D. Rafael Betoret Parreño
encargó en la misma tienda de Forever Young una americana, cinco trajes y un abrigo, todo
a medida. Todos esos encargos quedaron anotados en sendas hojas de pedido de sastrería
sin expresión de fecha (folios 300 a 306, de la pieza I), uno de cuyos pedidos (el del folio
302) coincide en su número de orden con los pedidos que hizo D. Ricardo Costa en fecha 3
de mayo de 2007 (las hojas de confirmación del pedido por parte de la empresa de sastrería
a la que se encargó su confección obran a los folios 1569 a 1575 del tomo V). El importe de
todas esas prendas se incluyó en la cuenta de Álvaro y su pago se realizó del modo que
seguidamente se dirá.
Las cantidades que quedaron pendientes de pago como consecuencia de las
operaciones señaladas en los precedentes apartados A), C) y D) que se tienen por
acreditadas, como también se tiene, al menos, la del par de zapatos mencionados de la letra
c) del apartado B), fueron incluidas por José Tomás en la cuenta que tenía convenida con
Álvaro Pérez y con Pablo Crespo, y su importe fue satisfecho juntamente con el de una
deuda de más elevada cuantía cuya suma total comprendía la que se había generado en
aquel periodo de tiempo por la adquisición de diferentes prendas de vestir. Esa deuda se fue
cancelando parcial y sucesivamente por Pablo Crespo del siguiente modo:
1) El día 3 de julio de 2007, mediante una transferencia bancaria de 9.497,60 €
ordenada con cargo a la cuenta corriente de una sociedad del grupo denominada “Diseño
Asimétrico, S.L.” en el banco Bilbao Vizcaya, (folios 512 de la pieza I, 353 de la pieza I, 130
de la pieza II).
2) El día 5 de julio de 2007, mediante la entrega de cinco cheques, por importe total
de 16.017,30 €, librados contra la cuenta corriente de la sociedad del grupo “Servimadrid
Integral, S.L.” en la entidad Banesto, tres de ellos de fecha 28 de junio (folios 340 y 341,
344 y 346, 357 y 359 de la pieza I), otro de fecha 4 de julio (folios 362 y 364 de la pieza I) y
otro de fecha 13 de julio de 2007 (folios367 y 369 de la pieza I y 30 de la pieza II).
3) Finalmente, los días 12 y 24 de julio de 2007, mediante sendas transferencias
bancarias, una de 2.590 € y otra de 2.574 €, ordenadas con cargo a la misma cuenta
corriente de la citada sociedad “Diseño Asimétrico, S.L.” en el banco Bilbao Vizcaya (folios
512, 315, 331, 335 de la pieza I, y 104 de la pieza II).
Todos esos pagos parciales (que llegaron a hacerse efectivos en la cuenta bancaria
de la entidad propietaria de Forever Young, “Castellana Inmuebles y Locales, S.A.”, según
resulta de los folios 2112, 2123 a 2133 y 2135, al tomo VII) se fueron anotando de forma
manuscrita por el empleado del establecimiento D. Javier García Fernández en la parte
inferior de un folio en cuya parte superior figuraba la indicación “A/ATT. PABLO CRESPO
(COMUNIDAD VALENCIANA)” seguida de una lista nominal que incluía los nombres de
8

Francisco Camps, Rafael Betoret, Ricardo Costa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo (folio 512 de
la pieza I), junto a cada uno de cuyos nombres se indicaban unas cantidades expresadas en
euros.
Ese documento fue hallado en una carpeta de facturas que guardaba José Tomás en
una dependencia del establecimiento con motivo de la realización de una auditoría contable
que encargó la entidad propietaria del mismo (Castellana Inmuebles y Locales, S.A.) a raíz
de los hechos que dieron lugar a las declaraciones del citado Tomás, primero, como testigo
y, luego, como imputado, en las actuaciones origen del presente procedimiento. No se ha
podido determinar quién fue la persona que hizo materialmente la relación nominal con
signos tipográficos en mayúsculas que aparece en la parte superior de dicho documento,
pero sí la de quien hizo las anotaciones manuscritas relativas a la cancelación de la deuda
imputada a cada una de aquellas personas (el citado Javier García), que las iba realizando
a medida que se recibían los instrumentos de pago para saldarla. Esa lista respondía al
modo de actuar convenido entre José Tomás, Álvaro Pérez y Pablo Crespo para que este
último abonara los pagos pendientes, y parte de su contenido fue remitido por correo
electrónico por José Tomás, desde su dirección en “foreveryoung.es”, a la dirección de
Pablo Crespo en “fcsgrupo.com” el día 19 de marzo de 2007, a las 11.41 horas, siendo
reenviado por este último, desde esa misma dirección, a la de Álvaro Pérez Alonso en
“specialevents.es”, a las 20.57 horas del mismo día (folios 1453 y 1454 del tomo V).
5. La persona que realizaba el pago de las prendas del modo antes dicho solicitaba y
obtenía la emisión de facturas por conceptos diferentes de los adquiridos, pero por igual
importe que el efectivamente satisfecho (así, en folios 329 a 379 de la pieza I), con la
presumible finalidad de utilizarlas para justificar aquellos pagos en la contabilidad de las
empresas que asumían el cargo. Por esos hechos se formuló una denuncia por D. Eduardo
Hinojosa García Puente (representante de Castellana Inmuebles y Locales, S.A.), por
posible delito de falsedad documental, que quedó unida a la causa principal de la que
dimana este procedimiento (folios 318 y siguientes, pieza I y pieza II, y folios 1036 y 1169 a
1171, al tomo IV).
6. No existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de
vestir con las que parecen haber sido obsequiados D. Francisco Camps Ortíz, D. Ricardo
Costa Climent, D. Víctor Campos Guinot y D. Rafael Betoret Parreño, y los concretos actos
de contratación realizados por las autoridades y los funcionarios de cada uno de los
concretos organismos de la Administración autonómica valenciana que decidieron su
adjudicación a “Orange Market, S.L.” en el ámbito de sus respectivas competencias y
conforme a sus facultades decisorias y presupuestarias. Tampoco existe constancia de que
los agasajos hacia aquellas cuatro personas fueran la causa determinante de esa concreta
adjudicación decidida por las citadas autoridades y funcionarios responsables de los
referidos organismos, cuyos criterios obedecían, más bien, al conocimiento interno que
parecía tenerse en casi todos aquellos servicios y organismos de la existencia de “Orange
Market, S.L.” y de Álvaro Pérez, a quienes solían encomendarse las más variadas tareas y
encargos”.
QUINTO.- Frente a dicha resolución se interpusieron por los imputados en la
misma, respectivamente, distintos recursos de apelación, los cuáles han sido
impugnados por las acusaciones, ante ésta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia, solicitando el sobreseimiento y archivo del procedimiento, con los
razonamientos que, seguidamente, se expondrán:
1º) Recurso interpuesto por el Molt Honorable Sr. Camps.
9

En el mismo, se solicita la revocación de la resolución recurrida, atendiendo a las
razones expuestas mediante escritos de 6 de abril y de 17 de junio de 2009, cuyas
razones estima plenamente vigentes, y que se evacuaron al darse vista de las
diligencias practicadas, y ello como consecuencia de un análisis del mencionado auto,
tanto en relación con dichas pruebas como en función de las sustanciales
contradicciones internas del mismo.
En el primer escrito, tras destacar las contradicciones del testigo de cargo D. José
Tomas sobre el pago de las prendas, también hacía referencia a que además, los
hechos no encajaban típicamente en el artículo 426 del Código Penal, ya que, no se
encontraba ningún elemento fáctico que permitiera concluir que los supuestos regalos
tuvieran que ver con la condición de autoridad y no con la que ostentaba en el Partido
Popular, no existiendo una conexión causal entre la dádiva o regalo y la función de
autoridad y en todo caso, estimaba que se excluía la tipicidad por la existencia de
usos sociales, derivados de los actos del partido y las buenas relaciones existentes con
D. Álvaro Pérez.
Con carácter subsidiario, estimaba que el archivo procedía por deber acordarse la
nulidad de las actuaciones (artículo 238.1 y 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial),
y ello, porque por parte del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia
Nacional, se había venido sucesivamente prorrogando el secreto de las actuaciones,
desde el 5 de septiembre de 2008, faltando la prórroga del correspondiente al 4 de
diciembre, siendo en consecuencia nulas las actuaciones. Como segundo motivo de
nulidad entendía que se había afectado al derecho a un procedimiento con las debidas
garantías en relación con el derecho al Juez predeterminado por la Ley porque el
indicado Juzgado Central de Instrucción, ante la aparición en las actuaciones de un
posible aforado, como el recurrente, debió remitir el procedimiento o la parte que
afectara al aforado, a ésta Sala Civil y Penal como Tribunal competente. A su vez
subsidiariamente a la anterior nulidad, entendía que las actuaciones llevadas a cabo
por el Juez Instructor a partir del auto de inhibición de 5 de marzo de 2009, también
resultaban nulas, por infracción del artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
en relación no sólo con el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, sino
también con el derecho a las garantías del procedimiento y a la tutela judicial
efectiva.
Seguidamente, en su escrito de 17 de junio de 2009, ratificaba su escrito de 6 de
abril e insistía, en que no existían indicios bastantes para acreditar los hechos
inicialmente atribuidos, entendiendo que en términos acusatorios no resultaban
típicos. Y así, insistía en las contradicciones del Sr. Tomas, y en la ausencia de
cualquier pago por terceros. Seguidamente añadía, que de las diligencias practicadas,
no podía desprenderse que el Sr. Camps comprara prenda alguna en Milano, sino que
simplemente encargó determinados trabajes que fueron devueltos. Y respecto de las
adquisiciones realizadas en la tienda Forever Young, se ratificaba que se compró y
abonó lo adquirido en el acto por el Sr. Camps, explicando las razones del pago en
metálico, realizando distintas consideraciones sobre las diligencias probatorias
practicadas.
10

Y en lo que constituye su alegación tercera, que es donde específicamente, se
sostienen directamente los argumentos tendentes a la revocación de la resolución
recurrida, muchos de ellos reiterativos de los anteriores, entendía que no existía una
prueba en términos mínimamente aceptables en Derecho para entender que terceros
hayan pagado prenda alguna al Sr. Camps, recordando el valor de la presunción de
inocencia, el valor de la declaración de los coimputados y la exigencia de prueba de
cargo bastante, no pudiendo sanarse la carencia de prueba de cargo con la falta de
credibilidad que el Tribunal otorga a la prueba de descargo.
Los argumentos esenciales sostenidos por dicha representación procesal tendentes
a estimar no acreditados los hechos relativos a la adquisición y regalo de los trajes
por terceros, pueden, resumirse, en los siguientes:
1) En cuestionar la valoración judicial realizada de la declaración del testigo
D. José Tomás, y ello, tanto por sus contradicciones, y por concurrir en
dicho testigo una situación procesal anómala e irregular, al haber declarado
como testigo, cuando está imputado por falsedad documental en las
diligencias seguidas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y sin
embargo D. Álvaro Pérez, en igual situación declara con las garantías de
imputado.
2) Por las contradicciones internas sustanciales de la resolución recurrida, y
ello, porque descarta buen número de las prendas supuestamente adquiridas
por el Sr. Camps a las que se refirió el Sr. Tomás cuando cambió de
versión, así como porque se dan por pagadas por terceros prendas que se
reconoce en el propio auto como no adquiridas por el Sr. Camps, no
guardando una correlación de las cantidades que se dicen pagadas con la
supuesta compra en concreto y siempre integrándose en pagos globales, y
cuya integración tiene lugar por razón de lo que afirma el Sr. Tomás o por
instrucciones que se dice que éste daba. Analizando las supuestas compras
en los dos establecimientos comerciales, indica:
a) Por lo que se refiere a las supuestas compras en Milano, niega que
visitara el establecimiento a principios del año 2006, porque no lo hizo
antes de la primavera o verano de dicho año, en que se encargaron los
cuatro trajes. Recordaba que los trajes encargados fueron todos
devueltos, no siendo posible entender que se adquirieron los trajes
cuando se reconoce que se devolvieron. Igualmente, negaba que fuera
posible la adquisición de las tres americanas.
b) Por lo que se refiere al establecimiento comercial “Forever Young”,
destacaba que llamaba la atención que se atribuyan a compras del Sr.
Camps pagos y recibos realizados con anterioridad a la hipotética
compra (se indica en el auto que un traje con hoja de pedido el 4 de
enero del 2007 genera un recibo de venta el 4 de noviembre de 2006, lo
que es imposible), que se identifique el concepto “Camps Nuevo
11

Cliente” con el Sr. Camps pese al contundente informe de Forever
Young del Sr. Hinojosa y Sra Vázquez, que no cuadre la cifra asignada
al Sr. Camps con las prendas compradas en el conocido documento 71,
folio 513, por la cuantía de 5.393, 50 euros, cuando los cuatro trajes
suman 2880 euros, lo que demostraba que se trataba de una inclusión
voluntaria, pues toda la documental se enmarcaba en las construcciones
del Sr. Tomas que decidía a quién atribuir, para justificarlos, los
diversos pagos, sin control alguno, englobándolos en compras ya
abonadas o supuestas.
3) Que no se traían a colación elementos de la investigación de evidente
descargo para los imputados, como el informe pericial del Sr. Genjor, y se
evita toda consideración sobre el contenido de la diligencia de la Sra
Secretaria Judicial del 20 de junio de 2009 en la sede social de la empresa
Castellana de Inmuebles y Locales y sobre el informe de 3 de julio de 2009.
Finalmente, respecto de la selección de una cadena de conversaciones
telefónicas, hacía referencia a la ausencia de intervención de las partes en la
selección lo que constituye una quiebra elemental del derecho de las partes,
olvidándose de la habida entre el Sr. Pérez y el Sr.Correa, haciendo
referencia posteriormente a la imposibilidad de que si las conversaciones
comienzan el 20 de enero de 2009, pueda transcribirse una conversación
entre los Sres Crespo y Herrero.
Por tanto, solicitaba el sobreseimiento libre del procedimiento (artículo 637.1 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y con carácter subsidiario, a efectos dialécticos,
el sobreseimiento libre por no ser los hechos constitutivos de delito (artículo 637.2 de
la Ley procesal penal), ya que entendía, que aún siendo ciertos los hechos, no podían
integrar el delito del artículo 426 del Código Penal, reiterando su escrito de 6 de abril,
entendiendo que desde la perspectiva del interés jurídico protegido, que no existía la
menor afección al mismo ni su puesta en peligro por la conducta descrita en la
resolución recurrida no pudiendo hablarse de la necesaria antijuridicidad material,
adentrándose en el peligroso campo de las valoraciones incompatibles con el
principio de legalidad.
Recordaba, que conforme a la jurisprudencia, debe concurrir la necesaria
conexión causal entre la entrega de la dádiva y el carácter público del receptor, no
siendo esa relación lineal sino en razón a las posibles actuaciones que pueda llevar a
cabo dicho cargo, siendo necesario probar que sólo por la especial posición y poder
que el cargo público desempeñado le otorga, le ha sido ofrecida la dádiva objeto del
delito, sin que la resolución recurrida discierna sobre supuestos regalos típicos y su
relación con el correcto, imparcial y objetivo desarrollo de las funciones del Sr.
Camps, acreditando la testifical lo contrario, ya que, si los regalos fueran ciertos
ninguna eficacia tuvieron para las adjudicaciones contractuales, como declararon los
miembros de las Mesas de Contratación. Insistía, en la no intervención del Sr. Camps
en adjudicación alguna, siendo un medio absolutamente inidóneo el supuesto regalo
en si mismo si se hubiera pretendido alguna finalidad por quien hiciera el regalo.
12

Igualmente indicaba, que no analiza la resolución recurrida, hipótesis alternativas
a la condición de Presidente de la Generalitat Valenciana, pues algún conocimiento
tenía que haber en atención a las funciones realizadas con relación en actos y
campañas del Partido Popular.
2) Recurso de apelación formulado por el Ilustre Señor Diputado de las Cortes
Valencianas D. Ricardo Costa Climent.
Solicita la revocación de la resolución recurrida para que se acuerde el
sobreseimiento libre y archivo.
Sostenía que el Instructor centraba la hipotética relación del Sr. Costa con la
empresa Orange Market SL y el Sr. Pérez por el cargo que el recurrente ocupaba en el
seno del Partido Popular Valenciano, y ello, con independencia de que fuera, o no,
Diputado en las Cortes Valencianas, lo que evidencia la inexistencia de la conexión
entre la entrega de la supuesta dádiva con el cargo de Diputado.
Cuestionaba la declaración del Sr. Tomás, y que las hojas de encargo fueran
encargadas por el recurrente. Respecto de las compras realizadas, indicaba: a) Que en
el establecimiento de Milano, únicamente encargó un solo traje, que no se hizo a su
satisfacción, que se efectuaron los correspondientes arreglos, motivo por el cuál se
confeccionó un nuevo traje, y que dada la precariedad del trabajo, nunca se pudo
poner, siendo éste el único pedido realizado. Añadía, que dicho encargo fue pagado,
como viene a desprenderse de la declaración del Sr. Tomás, que reconoció que la
secretaria del recurrente preguntó por el pago y se le indicó que se lo abonara al Sr.
Pérez, b) Respecto de las adquisiciones de Forever, entendía que no se podían inferir
de la prueba practicada, no siendo las supuestas hojas de encargo, las encargadas por
el mismo, ya que no se corresponden con sus medidas, no pudiéndose afirmar que
fuera cliente de dicho establecimiento.
Igualmente, insistía en que aún admitiendo la entrega de la dádiva, a efectos
dialécticos, la finalidad no podía provenir por la condición de Diputado a las Cortes
Valencianas sino por su cargo dentro del Partido Popular de la Comunidad
Valenciana (particular), dada la relación que la empresa Orange Market SL mantenía
con dicho partido, condición que estaría al margen del Derecho Penal. Destacaba la
necesidad de la concurrencia de un enlace causal entre la entrega de la dádiva y el
carácter público del receptor, “en consideración a su función”. Concluía que no había
aceptado las dádivas, que no existía una conexión causal entre éstas y su condición de
Diputado y que nunca ha disfrutado de ningún cargo en la Generalitat Valenciana.
Finalmente, indicaba que no resultaba procedente mantener el status de imputado
respecto del Sr. Costa.
3) Recurso formulado por el Honorable Señor D. José Víctor Campos Guinot.
13

En relación a los hechos imputados por la resolución recurrida, se solicita el
sobreseimiento libre del artículo 637.1 en relación con el 779.1.1ª de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, porque estima concurre una inexistencia de “indicios
racionales de haberse perpetrado el hecho”, a saber, regalos recibidos por autoridad
en consideración a su función. Subsidiariamente, solicita el sobreseimiento
provisional del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por no resultar
“debidamente justificada la perpetración del delito.
Las discrepancias fácticas de esta parte recurrente, se refieren, tanto a la realidad,
fecha y detalles de las prendas encargadas, y en particular, por atribuir un segundo
encargo, sobre la primavera de 2006, que no reconoce, constituyendo núcleo del
recurso, como así indica, que la entrega de dichas prendas no constituía un regalo
sino que fueron abonadas por el Sr. Campos al Sr. Pérez, y luego éste se lo abonó a
Milano, estimando que aunque no exista una constancia documental, sí puede
inferirse por vías indirectas (afirmación de los Sres Campos y Pérez, verosimilitud de
tal afirmación al existir circunstancias personales de amistad y que explicaría la
ausencia de cualquier recibo, o por el reconocimiento del Sr. Tomás de que recibió
llamadas de la secretaria del Sr. Campos interesándose por el pago).
Entiende que existen serias sospechas sobre la autenticidad del contenido de los
tiquets de caja que se atribuyen al recurrente en los inventarios semestrales. Así,
respecto de la primera adquisición de prendas de vestir realizadas por el Sr. Campos,
y procedentes del establecimiento Milano, se indica que consistieron en tres trajes,
dos americanas y cinco pantalones por importe de 4850 euros (evidenciada por el
tique nº 187755, obrante en las actuaciones), pese a lo cuál sostiene que el contenido
de dicho tiquet no puede ser cierto, porque la fecha que incorpora es del 28 de enero,
que era la del encargo o a lo sumo uno o dos días posteriores, y en cambio el Sr.
Tomás declaró que la toma de medidas tuvo lugar sobre mayo o junio de 2005. E
igualmente, cuestiona la segunda adquisición por dichos razonamientos.
Sostiene, como núcleo del recurso, que las prendas no fueron un regalo sino
que fueron compradas abonándoselas el recurrente al Sr. Pérez, lo que estima
verosímil dada la amistad entre ellos
4) Recurso formulado por D. Rafael Betoret Parreño
Cuestiona el recurrente, en modo similar a anteriores recursos, el que la
resolución recurrida se haya basado para dar por acreditados los hechos, en la
cambiante declaración testifical del Sr. Tomás, y en haber otorgado fiabilidad a la
documentación contable generada, tanto por Milano como y Forever Young, que
contenía serias irregularidades.
Indica la parte recurrente, que la resolución recurrida estima que el Sr. Betoret
adquirió y no pagó en el establecimiento de Milano, tres trajes a medida, un abrigo a
medida y otro de confección, y dos americanas a medida, por importe de 3549 euros
(compra realizada en enero de 2005), y otra de tres trajes, una americana y un
14

pantalón por un precio conjunto de 3250 euros encargados al Sr. Tomás en una visita
de éste a Valencia (compra realizada en fecha indeterminada del año 2005). Y
respecto del establecimiento de Forever Young, a finales del año 2006 o principios
de 2007, una americana, cinco trajes y un abrigo, por un precio que no especifica. El
recurrente, reconoce haber comprado en la tienda de Milano tres trajes, una
americana y un pantalón (finales de 2006), por los que pagó al Sr. Pérez 2000 euros,
y en Forever, cuatro trajes a medida por un precio de 4000 euros que entregó también
a la indicada persona, no reconociendo, la compra de otros cuatro trajes más, tres
abrigos, y tres americanas en el período de entre 2005 a 2007.
En relación a la segunda compra encargada al Sr. Tomás en Valencia, y
procedente del establecimiento de Milano, se indica que la constituyen tres trajes, una
americana y un pantalón por importe de 3250 euros, que debe estimarse acreditado,
en ésta fase procesal, habida cuenta que el Instructor basa sus conclusiones en el
tiquet (nº 187705), además de las declaraciones citadas. Igualmente manifiesta que
abonó al Sr. Pérez 2000 euros en el mes de julio de 2006, para hacerlo coincidir con
la paga extra, realizando las dos disposiciones bancarias que señala el día 4 de julio
por importes de 1500 y 500 euros
Respecto de la tercera compra, que, conforme a los hechos de la resolución
recurrida, tuvo lugar ya en el establecimiento Forever Young, entre finales del año
2006 y principios de 2007, y relativas a una americana, cinco trajes y un abrigo a
medida, por importe que no se indica, la parte recurrente reconoce que estuvo en el
citado establecimiento en enero de 2007, y que hizo un encargo de prendas de vestir,
pero no reconoce que sean las que refleja la resolución recurrida, ya que, su
adquisición se limitó a cuatro trajes, por un importe conjunto de 4000 euros que
abonó al Sr. Pérez mediante un pago aplazado durante el año 2007 de la forma que
reseña, y mediante disposiciones de efectivo (27 de abril 500 euros; 20 de junio 2000
euros, 24 de octubre 1980 euros, de los que 1500 euros destinó a dicho pago).
Desde el punto de vista jurídico sostiene que el Sr. Betoret, que era Director de
Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, con la que estaba vinculado por una
relación laboral, no es funcionario público a efectos del artículo 24 del Código Penal,
habida cuenta que la naturaleza de la actividad que desempeñaba en relación con las
ferias de turismo en las que la Comunidad Valenciana instaló pabellones no supone
ejercicio de funciones públicas.
Añade, que en todo caso, los hechos no tenían encaje en el artículo 426 primer
inciso del Código Penal. Invoca la interpretación restrictiva del tipo propia del
Derecho Penal, y la interpretación que debe realizarse respecto la expresión “en
consideración a su función” contenida en el precepto. Así alega, que ni en las fechas
en que sucedieron los hechos ni con posterioridad, el Sr. Betoret ha tenido respecto de
Orange Market u otras sociedades de su grupo, ni respecto de sus gestores, relación
alguna por razón de sus competencias como Jefe de Gabinete de la Agencia
Valenciana de Turismo que pudiera suponer para aquellas sociedades o para sus
gestores una ventaja de futuro derivada del desarrollo en su trabajo en la Agencia,
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siendo ajeno a los procedimientos administrativos que culminaron con la
adjudicación a Orange Market de determinados concursos, estimando que la
resolución recurrida otorga al vocablo “función”, que utiliza el tipo una desmesurada
extensión, equiparándolo a la simple ostentación por parte del autor de un título que
le permita calificarlo simplemente de funcionario a efectos penales, aún cuando, por
razón de sus competencias, se encuentre absolutamente desvinculado del particular
obsequiante, por lo que en la resolución recurrida se anuda la responsabilidad a la
simple condición de funcionario y convierte en indicio (la ausencia de cualquier otra
razón), en lo que precisamente, debería haber considerado como contraindicio.
SEXTO.- Frente a dicha resolución, por el Ministerio Fiscal, se interpuso recurso
de apelación, que es impugnado por las defensas y al que se adhiere la acusación
popular, previo recurso de reforma, que el Instructor desestimó por Auto de 14 de
julio de 2009. El objeto del recurso del Ministerio Fiscal es extender los hechos
inicialmente imputados, y relativos a la figura del delito de cohecho pasivo impropio
del artículo 426 del Código Penal, a los que pudieran derivarse del cohecho activo
(art. 423 del Código Penal), es decir, respecto de los particulares que han obsequiado
a dichas autoridades y funcionarios públicos, de forma, que pudieran analizarse y, en
su caso, enjuiciarse, las referidas conductas bilaterales en un mismo procedimiento.
En consecuencia, el Ministerio Fiscal, tras unas previas consideraciones sobre que
el recurso adecuado debía ser el de queja dada la supletoriedad del procedimiento
ordinario, solicitaba la revocación de la resolución impugnada, acordando que la
comparecencia a celebrar en los términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del
Tribunal del Jurado lo sea también respecto de Álvaro Pérez Alonso, Pablo Crespo
Sabaris y Francisco Correa Sánchez en relación con los hechos contenidos en la
resolución recurrida.
El Ministerio Fiscal, en su recurso, sostenía la tipicidad de la conducta de los
particulares en el artículo 423 del Código Penal, negada por tres de las cuatro
defensas, es decir, el denominado cohecho activo impropio, citando al respecto
diversas sentencias del Tribunal Supremo (STS 11 de mayo de 1994, 7 de noviembre
de 1997, y 13 de enero de 1998), por lo que, entendía que se trataba de un criterio
consolidado sin que, estimaba, que pudiera verse afectado por una única sentencia
contraria (STS 8 de junio de 2006), indicando que el carácter bilateral de éste tipo de
cohecho es asumido en el Auto de ésta Sala de 21 de abril de 2009.
En consecuencia, entiende el Fiscal que determinada la tipicidad de los hechos
imputados a particulares, que en esencia son los mismos, dichas conductas debían
enjuiciarse en éste procedimiento, dada la íntima relación entre las conductas de
quienes aparecen como particulares donantes de los regalos, y las autoridades y
funcionarios perceptores de los mismos, por lo que, su enjuiciamiento conjunto
resultaba ineludible, pudiendo dar lo contrario a pronunciamientos contradictorios.
SEPTIMO.- Por el procurador D. Juan Antonio Ruiz Martin, en representación
de D. Ángel Luna González, D. Joaquín Puig Ferrer, Dña Carmen Ninet Peña y Dña
16

Cristina Moreno Fernández, todos ellos Diputados del Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes Valencianas, personados en el concepto de acusación popular, se
interpone recurso de apelación contra el Auto de 16 de julio de 2009, que desestimó
el de reforma previamente interpuesto contra el Auto de 6 de julio anteriormente
indicado, al que se adhiere en parte el Ministerio Fiscal, e impugnan las defensas.
Solicitaba solicitar la continuación de las Diligencias Previas, y la práctica de
diversas diligencias: requerimientos documentales de aportación de diversos
expedientes de contratación entre la Generalitat Valenciana y las empresas Orange
Market, S. L., Easy Concert, S. L., Down Tow, S. L., remisión de la contabilidad de
diversas sociedades obrantes en las Diligencias 1/2009 tramitadas ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, declaración como imputados de Francisco Correa
Sánchez, Pablo Crespo Sabaris, Cándido Herrero Martínez, Felisa Isabel Jordan, y
José Luis Izquierdo López, así como diversa prueba testifical. Y todo ello por
entender que la decisión de conversión del procedimiento a Jurado, resulta cuanto
menos precipitada, porque aún está por determinar con la precisión exigida los
hechos punibles y la identificación de las personas a las que se les imputen, tal y
como se ha venido sosteniendo en diversos recursos de reforma y de apelación
interpuestos por dicha parte contra la denegación de diligencias de investigación,
entre las que se encontraban la solicitud de la comparecencia en calidad de
imputados, entre otros, de Francisco Correa, Pablo Crespo y Cándido Pérez,
entendiendo que de admitirse tal práctica de diligencias podría variar la calificación,
y sobre todo, la concurrencia de otros delitos que excluyeran la competencia del
Tribunal del Jurado.
Estimaba que las diligencias solicitadas tenían como pretensión acreditar el tipo
de cohecho, ya que, aunque la doctrina ha sostenido que aún cuando el artículo 426
del Código Penal parece excluir el cohecho activo, sin embargo le es también de
aplicación la variable del artículo 423 del mismo texto legal, requiriendo esta proteica
valoración jurídica, el examen de los expedientes de contratación por los que los
imputados por razón de su cargo hayan tenido contacto con las empresas
adjudicatarias, máxime si para la jurisprudencia es un indicio relevante, aún cuando
se circunscribiera la calificación al artículo 426 del texto penal anteriormente citado,
criterio que se apunta en el Auto del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2009.
Entendía que las limitaciones competenciales asignadas en el Auto de esta Sala de
21 de abril de 2009 han impedido el examen de la concurrencia de otras conductas
delictivas que, de comprobarse, excluirían la aplicación de la Ley Orgánica del
Tribunal del Jurado, siendo ésta en realidad la cuestión de fondo que se sustancia en
el recurso, junto con la apelación pendiente de elevar a la Sala, y que en definitiva
trata de que a la luz de las diligencias practicadas la Sala varíe su competencia.
OCTAVO.- Tras tenerse por interpuestos y admitido los indicados recursos de
apelación, mediante providencia del Magistrado-Instructor se dio traslado a las demás
partes por plazo común de cinco días para que pudieran alegar cuanto estimaran
17

conveniente, presentando los escritos de adhesión e impugnación anteriormente
indicados.
NOVENO.- Por providencia del Iltmo Sr. Magistrado-Instructor de fecha 27
de julio de 2009, tras haber transcurrido el plazo legalmente establecido para la
impugnación de los recursos de apelación de los imputados contra el auto de fecha 6
de julio del presente, así como el relativo a los recursos de apelación interpuestos por
el Ministerio Fiscal contra el auto de 14 de julio resolutorio del de reforma contra el
citado de 6 de julio, y el relativo al de apelación interpuesto por la acusación popular
contra el auto de 16 de julio, resolutorio también del de reforma contra el citado auto
de 6 de julio, acordaba elevar las actuaciones originales a esta Sala Civil y Penal para
la decisión del mismo.
DECIMO.- Por providencia de esta Sala de fecha 27 de los corrientes, se
acordó turnar la Ponencia para la resolución de los recursos de apelación interpuestos
anteriormente indicados, según las normas de reparto de esta Sala, correspondiendo
su designación al Iltmo Sr. Magistrado D. José Francisco Ceres Montés, que formará
Sala con el Excmo Sr. Presidente D. Juan Luis de la Rúa Moreno y con el Iltmo Sr.
D. Juan Montero Aroca.
UNDECIMO.- Dado que el plazo para el dictado de la presente resolución se
iniciaba el 28 de julio, y finalizaba el 1 de septiembre, dada la inhabilidad del 1 de
agosto, por auto de ésta Sala de fecha 30 de los corrientes, para no interrumpir la
continuación de la deliberación, redacción y notificación de la presente resolución, se
acordó habilitar los días 1, 2 y 3 de agosto del presente.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- La resolución recurrida es el Auto del Iltmo. Sr. Magistrado-
Instructor, de fecha 6 de julio de 2009, Auto en el que acordó, en el ámbito que es
propio del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una vez practicadas
las diligencias que se han considerado esenciales, por un lado, el fin de la fase de
instrucción y, por otro, desestimar el sobreseimiento libre con archivo de la causa, y
ello frente a lo solicitado por los imputados, autoridades y funcionarios públicos a los
que se refieren los antecedentes de la presente resolución. En el Auto se estima que
concurren suficientes indicios racionales de responsabilidad criminal hacia los
imputados por un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 426, primer
inciso, del Código Penal, y en consecuencia, ordenó continuar el procedimiento por
los trámites establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
Contra esa resolución se interponen por los cuatro dichos imputados y de
forma directa, otros tantos recursos de apelación, solicitando esencialmente, y como
denominador común a los mismos, el sobreseimiento libre con archivo, primero, por
no estar acreditados los hechos imputados y, después y subsidiariamente, porque los
hechos no son constitutivos de delito. Es decir, se pide el sobreseimiento con
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fundamento en los números primero y segundo del artículo 637 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y por ese orden.
Además de dicha petición respecto del sobreseimiento, en el recurso
interpuesto por el Sr. Camps, si bien referencialmente, se hace una remisión a un
escrito de alegaciones anterior, el de 6 de abril de 2009, que contiene una solicitud de
nulidad de actuaciones, que ya había sido desestimado por el Instructor (Auto de 4 de
mayo de 2009).
A su vez las partes acusadoras, pública y popular, interponen contra dicha
resolución de 6 de julio de 2009, tras haberse desestimado previamente el de reforma,
otros dos recursos de apelación. En el del Ministerio Fiscal se pide una ampliación
del objeto procesal al cohecho activo, dada la que estima íntima conexión con el
cohecho pasivo imputado en la resolución recurrida, de forma tal que solicita que se
revoque la resolución recurrida acordando celebrar la comparecencia prevenida en el
artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, no únicamente respecto de las
autoridades y funcionarios públicos imputados por el delito de cohecho pasivo
impropio, sino también respecto a Álvaro Pérez Alonso, Pablo Crespo Sabaris y
Francisco Correa Sánchez, presuntos donantes de los obsequios recibidos y, en
consecuencia, posibles autores del delito de cohecho activo.
Por parte de la acusación popular personada en las actuaciones se solicita la
revocación de la resolución recurrida, pidiendo la continuación del procedimiento por
el trámite de Diligencias Previas, por estimar precipitada la decisión de
transformación a procedimiento de la Ley del Jurado, por estar aún por determinar
con la precisión exigida tanto los hechos punibles como la identificación de las
personas a las que se les imputan, para acabar solicitando la práctica de distintas
diligencias de investigación.
Razones de método y de estricta lógica procesal, aconsejan: 1) Resolver en una
misma resolución la pluralidad de recursos de apelación interpuestos por las distintas
partes personadas, imputadas y acusadoras, habida cuenta de que se trata de la misma
resolución recurrida, y 2) Proceder inicialmente a la resolución del particular
contenido en el recurso del Sr. Camps, relativo a una posible nulidad de las
actuaciones, cuyo pronunciamiento por parte de ésta Sala, debe ser ineludiblemente
previo al análisis de la procedencia de los demás recursos de apelación formulados.
A su vez, resuelta, como lo será en sentido desestimatorio la referida petición
de nulidad, se resolverán, con arreglo a la citada lógica procesal, en primer lugar, los
recursos de las partes acusadoras, en tanto en cuanto postulan de una u otra forma una
posible ampliación del objeto procesal, cuya previa decisión constituye un prius para
poder valorar ulteriormente, y conforme a lo que se resuelva al respecto, la
procedencia del sobreseimiento solicitado por partes imputadas.
SEGUNDO.- Por tanto, antes del análisis de los distintos recursos de
apelación indicados en el anterior fundamento jurídico, debe procederse, a analizar la
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alegación, siquiera referencial y por mera remisión a escritos anteriores, que efectúa
la representación del Sr. Camps, en la que se solicita la declaración de nulidad de
determinadas actuaciones. La preferencia en esta cuestión se deriva de que la
estimación de la misma afectaría a la regularidad del procedimiento y, en
consecuencia, haría innecesario el análisis de los demás recursos interpuestos.
Dicha nulidad venía planteada, aunque con carácter subsidiario, en un escrito
de esa parte, el de 6 de abril de 2009, al que alude genéricamente la representación
del Sr. Camps en este recurso de apelación, cuando pasa a reproducir en su integridad
dicho escrito, sosteniendo: “por estar plenamente vigentes en su fundamentación tras
la instrucción practicada”, si bien, es de insistir, no contiene una autónoma, expresa y
concreta referencia al planteamiento de la nulidad, fuera de dicha mención indirecta,
ni tampoco la contiene en el suplico del escrito del recurso de apelación, limitado a
solicitar el sobreseimiento libre de las actuaciones al amparo de lo previsto en el
artículo 637, 1.º y 637, 2.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante ello,
aún pudiendo dudarse de si en realidad mantiene o no dicha petición de nulidad, la
Sala se pronunciará, aunque sea someramente, sobre la misma a la vista de los
antecedentes procesales existentes.
En el citado escrito de 6 de abril se consideraba que procedía el archivo del
procedimiento al deber acordarse la nulidad de las actuaciones (art. 238, 1º y 3º de la
Ley Orgánica del Poder Judicial), y ello, porque por parte del Juzgado Central de
Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional, se había venido sucesivamente
prorrogando el secreto de las actuaciones, desde el 5 de septiembre de 2008, por
sendos autos de idéntico contenido, no constando la resolución que acordara la
prórroga correspondiente al mes de diciembre, por lo que la causa había estado
secreta sin deber estarlo desde el 4 de diciembre de 2008 hasta la fecha, siendo los
autos posteriores al 4 de noviembre de 2008 prórrogas de una resolución sin
constancia en los autos, y en consecuencia nulas las actuaciones que han tenido lugar
en estas fechas por infracción del artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
con quiebra del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y a la
defensa (art. 24 de la Constitución).
Igualmente, como segundo motivo de la nulidad, entendía que se había
afectado al derecho a un procedimiento con las debidas garantías en relación con el
derecho al juez predeterminado por la Ley (art. 24 de la norma suprema indicada),
porque el indicado Juzgado Central de Instrucción, ante la aparición en las
actuaciones de un posible aforado, como el recurrente, debió remitir el
procedimiento, o la parte que afectara al aforado, a ésta Sala de lo Civil y Penal como
tribunal competente, conociéndose ya desde el 6 de noviembre de 2007, la referencia
y aparición del Sr. Camps en las actuaciones, por lo que el indicado Juzgado debió
inhibirse ante ésta Sala, no existiendo necesidad de una instrucción conjunta inicial
para provocar una conexión inexistente con los hechos, siendo esa supuesta conexión
irreal, dando lugar a la sustracción de la competencia al Tribunal competente, dando
lugar a la nulidad de las actuaciones respecto de lo instruido por dicho Juzgado.
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A su vez, subsidiariamente a la anterior nulidad, entendía que las actuaciones
llevadas a cabo por el Juez Instructor a partir del Auto de inhibición de 5 de marzo de
2009, también resultaban nulas, por infracción del artículo 25 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en relación no sólo con el derecho al juez ordinario
predeterminado por la Ley, sino también con el derecho a las garantías del
procedimiento y a la tutela judicial efectiva.
Dicha solicitud de nulidad, que se insiste, no se formula de modo expreso en
éste recurso de apelación, en todo caso debe ser desestimada por ésta Sala, habida
cuenta de desconocerse si en realidad se está o no de nuevo formulando, máxime
cuando no figura en el suplico ni se desprende del mismo, además de que fue resuelta
en sentido desestimatorio por el Instructor en el Auto de 4 de mayo de 2009, sin que
conste haya sido recurrida, al menos en apelación en su adecuado momento procesal
ante ésta Sala, por lo que, en consecuencia, fue consentida y firme.
En todo caso, diremos, que dicha resolución, con cita de copiosa doctrina
jurisprudencial, desestima la invocada nulidad al no existir constancia del Auto de
prórroga del secreto sumarial del día 4 de diciembre de 2008, porque aún no
apareciendo unido a la actuaciones el documento en que se plasmaba la resolución
judicial indicada correspondiente al mes de diciembre de 2008, sí aparecía dictada en
el sistema informático (quedaba registrado automáticamente con el número de
acontecimiento 61 de aquél procedimiento), por lo que existía un acto que fue
registrado en soporte informático aunque no quedara reflejado en un documento en
papel. De este modo, no se duda de la existencia del “acto” aunque no apareciera
plasmado en un “acta” en forma escrita (partiendo de la distinción entre el acto
jurídico, como declaración de voluntad, que existió sin duda, y la plasmación
documental y en papel).
Igualmente, además de precisar con el pertinente detalle fáctico, que la
incoación de las Diligencias judiciales tuvo lugar el día 6 de agosto de 2008, y que
existía una relación de conexidad indudable entre las indicadas diligencias y aquéllas
a las que fueron incorporadas, al referirse a supuestas dádivas que al parecer se
realizaban por los sujetos imputados en dichas Diligencias Previas y al modo cómo
éstos disimulaban su actuación mediante la petición de facturas por conceptos
distintos de las operaciones verdaderamente realizadas, entendía, que la no remisión
anterior del procedimiento a ésta Sala, pese a encontrarse imputada una persona
aforada, no entrañaba, en el supuesto, vulneración ninguna del derecho fundamental
al juez predeterminado por la ley, porque es constante doctrina jurisprudencial, que
expresamente se citaba como la STS 15 de octubre de 2004 y el ATS de 27 de enero
de 1998, que cuando se imputen actuaciones criminales a varias personas y alguna de
ellas tenga el carácter de aforado, además de deber individualizarse la conducta
concreta respecto de dicho aforado, ha de indicarse la concurrencia de “algún indicio
o principio de prueba suficiente” que pueda servir de apoyo a tal imputación, lo que
exige una previa actividad jurisdiccional para su debida averiguación y constancia.
21

Es más, podemos añadir, que el Tribunal Supremo, siguiendo dicha constante
doctrina, en su Auto de 7 de abril de 2009 (núm. de recurso 20121/2009) inadmitió la
querella interpuesta contra el Iltmo. Sr. Juez Central de Instrucción de la Audiencia
Nacional, que conoció de las mencionadas Diligencias Previas 275/2008,
precisamente siguiendo similares criterios a los del Auto de 4 de mayo del 2009
dictado por el Iltmo. Sr. Magistrado Instructor de ésta Sala.
Finalmente el Instructor desestimaba la petición de nulidad basada en haberse
practicado ulteriores diligencias pese a haber dictado el Auto de 5 de marzo de 2009,
entre ellas la declaración del Sr. Tomás el día 13 de marzo de dicho año, porque se
habían acordado en una resolución anterior, si bien se aplazó debido a la
incomparecencia de alguna de las personas que debían declarar el día y hora
inicialmente señalados a tal efecto, además de que el Juzgado Central de Instrucción
no podía dictar un genuino Auto de inhibición, dadas las concretas condiciones
procesales y de superior rango del órgano judicial que debía efectuar la declaración
sobre su propia competencia debiendo elevar la pertinente exposición razonada, por
lo que mientras no se efectuara esa declaración dicho Juzgado debía proseguir en la
actividad instructora llevando a cabo las pertinentes diligencias, a excepción de las
que afectaran directamente a la persona aforada, añadiendo que en cualquier caso
podían reproducirse la práctica de dichas diligencias, ante el órgano que resulte
definitivamente competente.
La Sala, en consecuencia, ante el no expreso planteamiento en el recurso de
dicha nulidad, en que con anterioridad la misma fue desestimada por el Instructor, y
no fue recurrida, y porque son plenamente ajustadas a Derecho las consideraciones
jurídicas reseñadas por el Instructor en la indicada resolución, desestima
expresamente la misma.
TERCERO.- De conformidad con lo anteriormente indicado, procede en
primer lugar, analizar los recursos de las partes acusadoras, en tanto en cuanto,
singularmente el interpuesto por el Ministerio Fiscal, al que se adhiere la acusación
popular, de ser estimado, implicaría una ampliación del objeto procesal.
a) El objeto del recurso del Fiscal
Lo que el Fiscal pretende es extender los hechos inicialmente imputados, y
relativos a la figura del delito de cohecho pasivo impropio del artículo 426 del
Código Penal, a los que pudieran derivarse del cohecho activo (art. 423 del Código
Penal), es decir, respecto de los particulares que han obsequiado a dichas autoridades
y funcionarios públicos, de forma que pudieran analizarse y, en su caso, enjuiciarse,
las referidas conductas bilaterales en un mismo procedimiento.
Con el indicado planteamiento se interpuso por el Ministerio Fiscal previo
recurso de reforma, que el Instructor desestimó por Auto de 14 de julio de 2009, con
fundamento en no indicarse norma alguna que se considere infringida en el Auto de 6
de julio de 2009, en que no se solicita la revocación de ninguno de los
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pronunciamientos que en el mismo se contienen y en que se trataba de una
ampliación del objeto del proceso, cuando la Sala de lo Civil y Penal ya había
delimitado, al admitir su competencia, el objeto de ese proceso a las conductas del
cohecho pasivo impropio, conociendo de las conductas sobre las que se postula la
ampliación otro órgano jurisdiccional, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid y, por tanto, dentro del objeto más amplio de otro
proceso en curso.
El Ministerio Fiscal, como consecuencia de esa pretendida ampliación del
objeto procesal, lo que al respecto interesa en el suplico de éste recurso de apelación
es la revocación de la resolución impugnada, acordando que la comparecencia a
celebrar en los términos del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado lo
sea también respecto de Álvaro Pérez Alonso, Pablo Crespo Sabaris y Francisco
Correa Sánchez en relación con los hechos contenidos en la resolución recurrida
b) La inaplicación del recurso de queja
De modo previo se realizan por el Fiscal distintas consideraciones tendentes a
sostener que el recurso que debiera proceder es el de queja, y todo ello por la
aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevista en el artículo
24.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y del régimen de recursos
establecidos en aquélla.
Sostiene que dicha supletoriedad debe referirse a las normas del proceso
llamado ordinario, esto es, el que se tramita en la forma de sumario, en tanto en
cuanto se sostiene que es el establecido legalmente como procedimiento común frente
al resto de procedimientos, configurándose el recurso de queja como el ordinario, ya
que el de apelación únicamente procede en los casos determinados en la ley (art. 217
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y en el articulado de la Ley del Jurado,
solamente se dispone la procedencia del recurso de apelación contra concretas
resoluciones. No obstante, estima que, dada la referencia expresa que la resolución
impugnada realiza al recurso de apelación, y que la resolución de ambos recursos
corresponde a ésta Sala, así como por la mayor brevedad del plazo para la
interposición del recurso de apelación (art. 213 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal), interpone éste último recurso.
En primer lugar debe indicarse, en relación con la cuestión suscitada de cuál es
el recurso, apelación o queja, realmente aplicable contra la resolución recurrida, que
la misma ha devenido en gran parte intrascendente desde el momento en que el
propio Ministerio Fiscal, expresa que, pese a su postura, finalmente recurre en
apelación.
En todo caso, y sin perjuicio de estimar que no es una cuestión tan pacífica la
de qué concreto recurso sería el procedente a consecuencia de la aplicación de la
indicada supletoriedad, tal y como señalan parte de los impugnantes, es lo cierto que
la resolución recurrida se dicta en el marco de unas Diligencias Previas dentro del
23

Procedimiento Abreviado y, aunque dicha resolución acuerda su transformación a
procedimiento de la Ley del Jurado, la misma, como lo demuestran los recursos
interpuestos, no es firme. En consecuencia, y sin perjuicio de que no produzca la
suspensión del procedimiento, a los efectos de ser impugnada, los recursos que se
planteen contra la misma han de ser los establecidos en el procedimiento donde se
adopta, esto es, en las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado, y de ahí, la
acertada información de recursos proporcionada por el Instructor en la resolución
recurrida (artículo 766 y 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
c) El fondo del recurso
Ya aludimos a que, respecto del fondo, el Ministerio Fiscal sostenía que la
continuación del procedimiento por los trámites ante el Tribunal del Jurado debía
realizarse citando a la comparecencia del artículo 25 de su ley reguladora a Álvaro
Pérez Alonso, Pablo Crespo Sabaris y Francisco Correa Sánchez, sosteniendo, frente
al criterio del Instructor, que se trataba de una verdadera impugnación, y no de una
petición tendente a la ampliación del objeto del proceso, ya que, los hechos se
refieren a los regalos efectuados a los cuatro imputados en ésta causa, y abarcan tanto
la entrega por parte de los particulares como la recepción de las dádivas por parte de
las autoridades y funcionarios públicos, de modo que lo que se interesa es una
ampliación subjetiva de los sujetos imputados, pero no de los hechos investigados, sin
que las previas resoluciones dictadas por ésta Sala en el presente procedimiento
impidan de forma definitiva la imputación interesada (Autos de 21 de abril y 19 de
junio de 2009).
A su vez funda la tipicidad de la conducta de los particulares en el artículo 423
del Código Penal, negada por tres de las cuatro defensas, es decir, el denominado
cohecho activo impropio, citando al respecto diversas sentencias del Tribunal
Supremo (STS 11 de mayo de 1994, 7 de noviembre de 1997 y 13 de enero de 1998),
por lo que, entendía que se trataba de un criterio consolidado sin que -decía- pudiera
verse afectado por una única sentencia contraria (STS 8 de junio de 2006), indicando
que el carácter bilateral de éste tipo de cohecho es asumido en el Auto de ésta Sala de
21 de abril de 2009, citando el párrafo que indica: “la Sala no se pronuncia, por el
momento, sobre la competencia acerca de las conductas bilaterales atribuibles a
particulares que, en su caso, debieran ser también objeto de enjuiciamiento en un
mismo proceso, sin perjuicio de lo que deba acordarse en su momento y caso por lo
que resulte del curso del las actuaciones”.
En consecuencia, entiende el Fiscal que determinada la tipicidad de los hechos
imputados a particulares, que en esencia son los mismos, dichas conductas debían
enjuiciarse en éste procedimiento, dada la íntima relación entre las conductas de
quienes aparecen como particulares donantes de los regalos y las autoridades y
funcionarios perceptores de los mismos, por lo que su enjuiciamiento conjunto
resultaba ineludible, pudiendo dar lugar la solución contraria a pronunciamientos
contradictorios, citando al respecto el Auto del Tribunal Supremo de 23 de junio de
24

2009, así como se aludía a que dicho criterio es el que ha sostenido el Ministerio
Fiscal en éste procedimiento desde el primer escrito remitido a esta Sala.
d) La inadecuación del recurso
El Ministerio Fiscal, conforme a su suplico, en puridad, como con acierto
sostiene el Instructor, no cuestiona los pronunciamientos específicos y propios de la
resolución recurrida, dado el ámbito en que es dictada (art. 779 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal), ya que, no cuestiona que existan indicios racionales de
criminalidad contra los imputados por el delito de cohecho del artículo 426 del
Código Penal, descartando, en consecuencia, el sobreseimiento interesado por las
defensas, ni tampoco la decisión de acordar la transformación al procedimiento de la
Ley del Jurado, sino que lo que solicita, mediante los razonamientos sobre la
ampliación subjetiva interesada, es que la celebración de la comparecencia del
artículo 25 de dicha Ley se celebre también con los presuntos donantes de las dádivas
percibidas por los imputados (expresamente se indica en su segundo párrafo del
apartado segundo de su escrito: “El pronunciamiento recurrido por el Fiscal se refería
precisamente a ésta citación…”).
Dicha petición, que no era el objeto principal y genuino de la resolución
recurrida, pudiera haberla planteado, en su caso, en el propio procedimiento de la Ley
del Jurado, naturalmente con carácter previo a dicho acto, dado que se trata ya de una
decisión adoptada en otro procedimiento (en el propio de la Ley del Jurado). Es más,
la resolución recurrida, pudo limitarse a acordar dicha transformación, además de los
otros pronunciamientos más sustanciales decididos para, dentro ya del procedimiento
de la Ley del Jurado, acordar mediante providencia la citación para dicha la
comparecencia (recordemos que el Ministerio Fiscal expresa que recurre dicha
“citación”). La mera convocatoria a la comparecencia del artículo 25 de la Ley del
Jurado no forma parte, genuinamente, de una resolución judicial propia del objeto del
artículo 779 anteriormente indicado, si bien, que por aconsejables razones de
economía procesal, pueda interesar acordarla en el mismo, acompañando a los
pronunciamientos, estos sí verdaderamente específicos de dicha decisión.
e) Las antecedentes procesales
No obstante lo anterior, procederemos a responder a las alegaciones realizadas
por el Ministerio público. El Instructor compendia, en la resolución recurrida, las
vicisitudes originarias de éste procedimiento, recordando su incoación por el Juzgado
Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional por unos hechos complejos,
con un entramado de sociedades que tenían su origen y vínculo de unión entre sí en la
actividad ilícita desarrollada por los responsables de la mismas y dirigido, al parecer,
desde Madrid por Francisco Correa, para lograr, entre otras cosas, la adjudicación de
contratos públicos por entidades pertenecientes a las distintas administraciones
públicas, en varios lugares del territorio nacional, encontrándose implicados en la
práctica de obsequiar con posibles dádivas a algunas autoridades y funcionarios, el
citado Sr. Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, a quienes, al parecer, además de
25

otros delitos, se les imputa en el proceso principal origen de las diligencias, un delito
de cohecho, probablemente en régimen de continuidad delictiva. Finalmente, ésta
Sala, recibida que fue la pertinente Exposición Razonada, aceptó la competencia
respecto de los imputados en éste procedimiento por un delito de cohecho del artículo
426 del Código Penal, tras considerar escindibles la parte afectante a los imputados
de los demás, y todo ello por haber presuntamente aceptado regalos en forma de
prendas de vestir por parte de dichos imputados, continuando la causa principal su
normal tramitación respecto de todos los demás hechos.
Constan en las actuaciones informes del Ministerio Fiscal en los que estimó
que determinados hechos del procedimiento, que podemos denominar principal, eran,
en principio, “escindibles” del resto de las actuaciones, y por ello solicitó que se
remitiera testimonio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
para que aceptara el conocimiento de los mismos (informes de 18, 23 y 3 de marzo,
que son reflejados y recordados en el de 14 de abril), y éstos hechos considerados
escindibles eran los propios del delito de cohecho pasivo impropio, inclusive
limitados a los dos imputados aforados ante éste Tribunal. Indicaba así en dicho
informe que los hechos escindibles serían “…los atribuidos a Francisco Campos Ortiz
y Ricardo Costa, que consisten en la recepción de dádivas procedentes de alguno de
los imputados en la presente causa. Regalos que, en el estado actual de la causa, no
aparecen relacionados con una actividad concreta de las mercantiles vinculadas a
Francisco Correa”.
Además, ante el pronunciamiento del Juzgado Central de Instrucción de
plantear que la competencia de ésta Sala pudiera extenderse no únicamente a los dos
imputados aforados (Sres. Camps y Costa), sino también respecto de los Sres.
Campos y Betoret, el propio Ministerio Fiscal interpuso recurso de reforma contra el
Auto del indicado Juzgado Central de 5 de marzo, e inclusive de apelación, sin que
ésta Sala tenga conocimiento del resultado de éste último. En dichos recursos se
reiteraba en el indicado informe y se insistía en la investigación separada de las
personas no aforadas indicadas; literalmente: “…la investigación de los hechos
atribuidos a las dos personas no aforadas mencionadas en el Auto de 5 de marzo de
2009 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 debe realizarse con el conjunto de la
causa. Ello con el objeto de determinar la posible relación de las eventuales dádivas
percibidas con la actividad de las mercantiles vinculadas a Francisco Correa y, en
concreto, con las sociedades Orange Market S. L. y Orange Factory, S. L.,
domiciliadas en Valencia”.
Finalmente, y a modo conclusivo, se decía en el apartado quinto del informe
de 14 de abril antes citado: “…los hechos que el Fiscal considera deben ser
investigados por el TSJ de Valencia son exclusivamente los atribuidos a Francisco
Camps Ortiz y Ricardo Costa. Dichos hechos consisten en la recepción de dádivas
procedentes de alguno de los imputados en la presente causa sin que, en el momento
presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, resulten
vinculados a una concreta actividad del entorno del Francisco Correa…”.
26

Por tanto, aunque es cierto, y no puede ser de otro modo, que dichos informes
venían referidos al estado inicial del procedimiento y sin perjuicio de lo que
ulteriormente resultara en la instrucción, y esa es la razón del fundamento jurídico
tercero del Auto de ésta Sala de 21 de abril de 2009 por el que se asumía y delimitaba
la competencia y al que se refiere la parte recurrente y que además iba más allá de
dicho informe al asumir la competencia respecto de los no aforados, también lo es
que no consta qué alteración cualitativa no conocida entonces haya tenido lugar para
posibilitar la inclusión en éste procedimiento del delito de cohecho activo que pudiera
haberse cometido por los particulares, cuando se sostenía incluso que los imputados
no aforados a éste Tribunal debían quedar sometidos al proceso “principal. Pero es
que, además, el enjuiciamiento de las conductas de los particulares en éste
procedimiento podría colisionar con el objeto del proceso más amplio del que conoce
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid e, incluso,
podría romper la continuidad delictiva que, en su caso, podría atribuirse a los mismos.
En éste sentido son de citar las resoluciones dictadas por ésta Sala, en
anteriores recursos de apelación interpuestos, si bien por la acusación popular, de
fecha 19 de junio y más reciente de 21 de julio, en donde se reafirma el ámbito
competencial de ésta Sala, previamente establecido en nuestro Auto de 21 de abril del
presente que asumió la competencia, y a ellos nos remitimos en aras de la brevedad.
f) La improcedencia de la llamada ampliación subjetiva
Resultan sin duda sugestivos los argumentos de algunas de las partes
impugnantes en relación con la posible atipicidad del delito de cohecho activo que
pudieran haber cometido los particulares (art. 423 del Código Penal) como reverso de
la conducta de la aceptación de dádivas por los funcionarios públicos (art. 426 de
dicha norma), con argumentos relativos a la distinta ubicación que en el Código Penal
actual tiene el precepto frente al derogado. Se trata de que pudiera considerarse que el
artículo 423 debe ceñirse a las conductas relacionadas con las de los delitos de
cohecho pasivo propio anteriores en su numeración a dicho precepto, ya que a
diferencia del anterior Código, donde su homólogo, ex artículo 391, aparecía al final
y detrás en todo caso del delito de cohecho pasivo impropio al que también podría
comprender (art. 390), pero ésta Sala, estima que dicha cuestión trasciende de la
eminentemente procesal planteada de ampliación del objeto y, en todo caso de los
sujetos activos del delito.
No obstante, sí hemos de indicar, a los efectos de la cuestión planteada, que la
doctrina de la unilateralidad del delito de cohecho está ampliamente admitida
jurisprudencialmente, y dicha unilateralidad abunda en la posibilidad de su
enjuiciamiento autónomo. Así la STS 8 de junio de 2006, que cita las SSTS
2215/1993, de 7 de octubre, y 692/1997 de 7 de noviembre, indica, que tanto el
artículo 425 como el artículo 426 del Código Penal tipifican conductas consideradas
como cohecho pasivo impropio, que no ostentan la condición del delito
necesariamente bilateral, y no se extiende al cohecho activo paralelo, llegando a
afirmar que la conducta del donante puede no ser punible, salvo que pueda
27

encuadrarse en el tipo del artículo 423 del Código Penal, reflejándose en dicha
sentencia de 8 de junio de 2006, que incluso el Ministerio Fiscal retiró la acusación
en relación a los particulares (en el caso, procuradores involucrados en la acción
delictiva del recurrente). Al respecto, cabe añadir también la STS 378/1995.
Además de dicha resolución, la citada unilateralidad no se recoge únicamente
en la sentencia últimamente indicada, sino que expresamente se menciona en otras
recientes resoluciones, que tienen un carácter definitivo del procedimiento. Así en el
ATS de 2 de febrero de 2009 (recurso 20296/08) y en la STS 102/2009, de 3 de
febrero, se destaca dicha unilateralidad: “…la doctrina mayoritaria actual sostiene, y
esta parece la construcción más acorde con la tipificación del Código penal, la
naturaleza unilateral del delito de cohecho (…) si se descubre la existencia del pacto,
dará lugar a dos tipificaciones distintas, la del particular y la del funcionario,
bastando que el particular ofrezca la dádiva y que el funcionario la acepte para que
cada uno de ellos responda por su respectiva tipicidad (…) Consecuencia de esta
construcción es que el delito de cohecho no requiere la existencia de un pacto,
bastando para la tipicidad el acto unilateral de cada uno de los hipotéticos sujetos
activos de las respectivas incriminaciones contenidas en el delito de cohecho…”.
Igualmente en la STS 1096/2006, de 16 de noviembre, referida al delito de
cohecho pasivo propio se dice: “… La dinámica de la conducta típica pone de
manifiesto que el cohecho pasivo propio, es un delito unilateral, de mera actividad
que se consuma con la mera solicitud, con la mera manifestación exterior de la
actitud personal del sujeto, no siendo necesaria la producción de resultado material
externo alguno para la consumación, esto es la aceptación de la solicitud en el abono
de la dádiva, en la realización del acto injusto ofrecido o solicitado como
contraprestación, SS. 776/2001 de 8.5, 1114/2000 de 12.6”.
En conclusión, procede la desestimación del recurso interpuesto.
CUARTO.- Por la representación de la acusación popular se interpone recurso
de apelación contra el Auto de 16 de julio de 2009, que desestimó el de reforma
previamente interpuesto contra el Auto de 6 de julio anteriormente indicado, al que se
adhiere en parte el Ministerio Fiscal.
a) El objeto del recurso
En consonancia con anteriores recursos de dicha parte, se pretende ahora
seguir solicitado la continuación de las Diligencias Previas y la práctica de diversas
diligencias: requerimientos documentales de aportación de diversos expedientes de
contratación entre la Generalitat Valenciana y las empresas Orange Market, S. L.,
Easy Concert, S. L., Down Tow, S. L., remisión de la contabilidad de diversas
sociedades obrantes en las Diligencias 1/2009 tramitadas ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, declaración como imputados de Francisco Correa Sánchez, Pablo
Crespo Sabaris, Cándido Herrero Martínez, Felisa Isabel Jordan, y José Luis
Izquierdo López, así como diversos actos de investigación de naturaleza testifical.
28

Y todo ello por entender que la decisión de conversión del procedimiento a
Jurado resulta cuanto menos precipitada, porque aún están por determinar con la
precisión exigida los hechos punibles y la identificación de las personas a las que se
les imputen, tal y como se ha venido sosteniendo en diversos recursos de reforma y
de apelación interpuestos por dicha parte contra la denegación de diligencias de
investigación, entre las que se encontraban la solicitud de la comparecencia en
calidad de imputados, entre otros, de Francisco Correa, Pablo Crespo y Cándido
Pérez, entendiendo que de admitirse tal práctica de diligencias podría variar la
calificación y, sobre todo, la concurrencia de otros delitos que excluyeran la
competencia del Tribunal del Jurado.
Estima la parte que las diligencias solicitadas tenían como fundamento
acreditar el tipo de cohecho, ya que, aunque la doctrina ha sostenido que aún cuando
el artículo 426 del Código Penal parece excluir el cohecho activo, sin embargo le es
también de aplicación la variable del artículo 423 del mismo texto legal, requiriendo
esta proteica valoración jurídica el examen de los expedientes de contratación por los
que los imputados por razón de su cargo hayan tenido contacto con las empresas
adjudicatarias, máxime si para la jurisprudencia es un indicio relevante, aún cuando
se circunscribiera la calificación al artículo 426 del texto penal anteriormente citado,
criterio que se apunta en el Auto del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2009.
Entendía que las limitaciones competenciales asignadas en el Auto de esta Sala
de 21 de abril de 2009 han impedido el examen de la concurrencia de otras conductas
delictivas que, de comprobarse, excluirían la aplicación de la Ley Orgánica del
Tribunal del Jurado, siendo ésta en realidad la cuestión de fondo que se sustancia en
el recurso y que en definitiva trata de que a la luz de las diligencias practicadas la
Sala varíe su competencia, bien porque modifique el ámbito de la investigación en
relación con las irregularidades de las adjudicaciones conforme a lo informado por la
Sindicatura de Cuentas, y demás indicios que concurren sin entrar en conflicto con la
investigación que se lleva a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid, toda vez que allí se investigan tales irregularidades desde la
vertiente de las distintas actuaciones delictivas del Grupo Correa y aquí de la
incidencia en cuanto a la calificación jurídica del tipo de cohecho aplicable, o en su
defecto, si se estimase que existe tal conflicto, que el Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana promueva conflicto de jurisdicción mediante la
declinatoria de competencia.
b) El contenido de la desestimación de la reforma
El Instructor desestimó el recurso de reforma interpuesto porque las peticiones
formuladas por la parte recurrente se oponen a la previsión contenida en el artículo
309 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Ley
Orgánica del Tribunal del Jurado, ya que, si resulta la existencia de un hecho punible
que sea imputable a persona determinada y su enjuiciamiento viene atribuido al
Tribunal del Jurado, debe procederse a la incoación de dicho procedimiento, sin que
29

la continuación de la tramitación de la causa con arreglo a ese procedimiento
legalmente establecido suponga restricción ninguna en cuanto a las posibilidades de
actuación de las partes en defensa de sus respectivas posturas procesales.
Y respecto de la petición de las diligencias que se interesaban la decisión fue
denegatoria por coincidir en gran parte con las interesadas en el escrito de querella y
con las pedidas posteriormente en otro escrito de fecha 19 de junio, siendo denegadas
motivadamente en el Auto de 29 de mayo pasado y confirmado por Auto de ésta Sala
de 19 de junio, y en el de 22 de junio, el cuál cabe añadir que fue confirmado por
Auto de ésta Sala de 21 de julio del presente. En consecuencia, entendía que,
permaneciendo idénticas las circunstancias de hecho, se ha de estar necesariamente a
lo decidido al respecto en aquellas resoluciones, no pudiendo ser materia de éste
procedimiento el control de la regularidad de los actos administrativos realizados por
la Administración, sino sólo la determinación de los elementos fácticos que
conforman el hecho punible que dio lugar a la formación de la causa (supuesta
aceptación de regalos en forma de prendas de vestir por parte de determinadas
personas que ostentaban la condición de autoridad o funcionario público).
c) Las resoluciones anteriores
La Sala debe confirmar el razonado criterio del Instructor, basado a su vez, en
anteriores resoluciones dictadas por el mismo y por ésta Sala, resoluciones que ya que
han sido reseñadas, reiterándonos, en lo que sea aplicable, en lo previamente
manifestado respecto del recurso interpuesto por el Ministerio Público. En el recurso
no viene a discreparse de los pronunciamientos genuinos y propios de la resolución
recurrida, a saber: descartar el sobreseimiento y ordenar la continuación de las
diligencias por existir indicios racionales de la comisión de un delito de cohecho
pasivo impropio, y éste es el objeto del proceso, conforme al Auto firme de 21 de
abril de 2009. Tampoco cabe cuestionar el haberse dictado ese Auto por entenderlo
precipitado, en cuanto a la transformación de procedimiento de la Ley del Jurado, ya
que, como muy bien señala el Instructor, existen preceptos que obligan a dicha
trasformación e, incluso, se crea un específico recurso de queja para que no se retrase
dicha transformación (art. 309 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), pudiendo
en dicho procedimiento solicitarse y, en su caso, acordarse, las diligencias que se
estimen pertinentes a su objeto por el Instructor. En éste sentido el Ministerio Fiscal
impugnó la solicitud de improcedencia de incoar el procedimiento de la Ley del
Jurado. Por lo demás, la aparición hipotética de nuevos delitos no deja de ser una
contingencia por ahora sin base, y siempre sería posible la adaptación procedimental
a dicha contingencia, si ésta tuviera lugar.
Además debemos recordar, como hace el Instructor, que la pretensión de
variación del objeto procesal, sin una alteración de los hechos tenidos en cuenta en la
delimitación competencial en su día asumida, y la práctica de las múltiples
diligencias que solicita la parte recurrente, prácticamente coincidentes con las que de
nuevo reitera, ha sido en su mayor parte objeto de otros distintos recursos de dicha
30

parte, desestimados por ésta Sala, y a los que cabe remitirse, sin perjuicio de las
siguientes sumarias referencias.
Así, en el Auto de ésta Sala de 19 de junio de 2009, se desestimaba el recurso
interpuesto por dicha parte contra el Auto del Instructor de 29 de mayo de 2009 que,
admitiendo la personación de la acusación popular, no accedía a la práctica de
diligencias solicitadas, por no guardar relación con el objeto de la causa. Allí el
argumento sostenido por la acusación popular era que habían variado las
circunstancias por no tenerse conocimiento de si la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid había asumido la investigación de los hechos
provenientes del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 y que, en todo caso, no era
excluyente, así como la posibilidad de revisión de la declaración competencial
realizada por ésta Sala, y la relación de conexidad con éste procedimiento.
Dicho recurso fue desestimado por las siguientes razones: 1) Que el Auto de
delimitación competencial de ésta Sala de 21 de abril de 2009 por unos hechos, que
podrían integrar la figura del cohecho pasivo impropio, era firme, 2) Que la mera
incorporación de un querellante a un proceso en tramitación no permitía, sin más, una
retroacción de las actuaciones, ni un reexamen de resoluciones ya dictadas por el
Instructor o por ésta misma Sala, sin constatarse una alteración o mutación sustancial
de los elementos fácticos tenidos en cuenta en su día al dictar las resoluciones
anteriores a tal personación (la personación se produce in statu et termini), 3) Que la
competencia asumida por ésta Sala no tiene por base una competencia penal general
sino que tiene por base el aforamiento de dos de los imputados y la intensa conexión
con la dinámica comitiva de otras dos personas la cual no tenía el mismo grado de
relación, implicación e intensidad con la que proponía el recurrente, y 4) Que los
hechos y las conductas que se estime necesario investigar deben serlo en el ámbito de
la pieza principal del proceso tramitado actualmente ante la Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la que se comunicó la decisión de ésta
Sala, por lo que no puede invocarse la creencia por parte del Tribunal de Madrid de
que el de Valencia conozca de los hechos cuya ampliación pretende el recurrente.
A su vez, en el más reciente Auto de ésta Sala de 21 de julio de 2009 se
desestimó el recurso interpuesto por la acusación popular contra un anterior Auto del
Instructor (de 1 de julio) que desestimaba el de reforma contra un anterior Auto (de
22 de junio) que denegaba la práctica de diligencias muy similares a las solicitadas en
el nuevo recurso, y dicho recurso es expresamente aludido y en cierto modo
vinculado en el motivo primero de su recurso. En el anterior recurso se cuestionaba el
alcance del objeto del presente proceso, no centrándose su argumentación en meras
consideraciones propias de cada una de las diligencias de investigación solicitadas
sino que se hacía una argumentación genérica sobre la ampliación del objeto del
proceso y se solicitaba que la Sala se cuestionara la revisión sobre el ámbito de su
competencia y del proceso mismo.
La Sala, previas las precisiones fácticas y jurídicas en relación con la
competencia especial por razón de aforamiento y no general de ésta Sala, de que las
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Diligencias Previas no nacían de una querella interpuesta por la acusación popular, la
necesidad de variación sustancial en los hechos para revisar anteriores resoluciones
judiciales dictadas en la Instrucción, la previa desestimación por la Sala por Auto de
19 de junio de otro anterior y similar recurso de la acusación popular, de la
imposibilidad de variar en un recurso de apelación el objeto sobre el que se recurrió o
sobre lo que versó la solicitud al Instructor y la decisión de éste, desestimó el recurso
por : 1) No existir hechos nuevos que lleven a decidir de modo distinto lo ya
decidido, ya que se insiste en lo ya desestimado, sin que se estime que ahora pueda
ser pertinente y útil no aludiendo la parte recurrente a nuevos hechos, 2) Que nada
añade respecto de la pertinencia de las declaraciones que se interesaban, 3) Que las
diligencias no se atienen a lo que ha sido delimitado como objeto del proceso, siendo
impertinentes, entendiendo que el contenido de los expedientes de contratación no
alteraría la calificación jurídica de las conductas que integran el objeto del proceso, 4)
Que no deben admitirse actos de investigación que atiendan a personas distintas de
las en este proceso consideradas imputadas, si no se indica la utilidad de su
declaración y se añade que están imputadas en otro proceso, y 5) Que no deben
tomarse en consideración los argumentos que lo que persiguen es negar la
delimitación del objeto del proceso previamente establecida.
d) La desestimación del recurso
Y todas éstas razones, y las demás contenidas en las resoluciones judiciales
indicadas, cabe reproducirlas en el presente, ya que se vienen a solicitar
prácticamente las mismas diligencias, reiteradamente denegadas (únicamente, salvo
error u omisión, varía el status en que se solicita la declaración de algunas personas,
ahora como imputados y en la que dio lugar al Auto de 21 de julio de 2009 se
solicitaba en calidad de testigos, así como en la 7.ª y relativa a la petición de
cooperación judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para conocer si entre
la investigación que se sigue en sus Diligencias Previas se encuentra la regularidad o
irregularidad de los expedientes de contratación de la administración valenciana con
Orange Market, S. L.), que deben denegarse por los mismos razonamientos ya
mencionados en relación al concreto objeto del proceso que se tramita en éste
Tribunal y relativo al delito de cohecho pasivo impropio, y que como recordamos a
propósito del recurso del Ministerio Fiscal, se estimó, en su día, escindible, sin que
exista variación cualitativa para alterar dicha consideración.
Como recalcó el Instructor, el objeto del presente proceso no es el control de la
regularidad de los actos administrativos realizados por la Administración, sino la
supuesta aceptación de regalos, en forma de prendas de vestir, por parte de
determinadas autoridades y funcionarios públicos. Inclusive, el propio Ministerio
Fiscal, que se adhiere parcialmente al recurso, considera, al menos por el momento,
que no procede practicar el requerimiento a la Consellería de Presidencia para que
remita los expedientes de contratación a que se refiere la acusación popular, porque
entiende que las posibles irregularidades cometidas en la contratación referida son
objeto de las Diligencias Previas 1/09 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A
su vez, debemos recordar, en consonancia con lo resuelto respecto del recurso del
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Ministerio Fiscal que, sin entrar en cuestión de la tipicidad del cohecho activo reverso
del pasivo impropio, la posibilidad de enjuiciamiento autónomo de éste último delito,
y que constituye el objeto del presente proceso, está establecida jurisprudencialmente.
En consecuencia el recurso, y su adhesión parcial por el Ministerio Fiscal,
deben ser desestimados, estimándose respecto de la adhesión, ceñida a la denegación
de la diligencia de la incorporación a la causa de la contabilidad de las entidades
Orange Market, S. L., Diseño Asimétrico, S. L., Orange Factory, S. L. y Servimadrid
Integral, S.L, y la documentación intervenida en el registro de la sede de Orange
Market, S. L., habida cuenta que constituiría la ampliación del objeto de éste proceso,
cuando el Tribunal de Madrid conoce del mismo, reiterándonos en lo ya manifestado,
contenido a su vez en el Auto de ésta Sala de 21 de julio, viniendo a reconocer el
propio Ministerio Fiscal el carácter “general en cuanto amplias” de la citada
diligencia, si bien entiende que se refiere a lo que es objeto de éste procedimiento y
sin que ésta Sala deba atender, en un recurso de apelación en el que se revisa la
adecuación jurídica de una concreta resolución, a lo ocurrido posteriormente en la
comparecencia prevenida en la Ley del Jurado, sin que, por todo ello, deba entrarse
sobre la “forma” en que pueda hacerse efectiva la entrada de tal documentación en el
presente procedimiento.
QUINTO.- Por las representaciones procesales de los imputados en éste
procedimiento (la del Muy Honorable Señor Presidente de la Generalitat Valenciana
D. Francisco Enrique Camps Ortiz, del Ilustre Señor Diputado de las Cortes
Valencianas D. Ricardo Costa Climent, ambos aforados a éste Tribunal, así como las
otras dos personas también imputadas no aforadas ante el mismo, Honorable Señor D.
José Víctor Campos Guinot y D. Rafael Betoret Parreño), se interponen los
anunciados cuatro recursos de apelación ante esta Sala de lo Civil y Penal. En todos
ellos se pide el sobreseimiento libre del procedimiento, petición que les fue denegada
por el Iltmo. Sr. Magistrado-Instructor en el Auto de 6 de julio de 2009, por el que se
acordaba, como dijimos, por un lado, declarar terminadas las Diligencias Previas y,
por otro, no haber lugar al sobreseimiento libre con archivo de la causa solicitado.
Esta denegación se hace en el Auto recurrido por estimar el Instructor que existen
suficientes indicios racionales para estimar que los hechos que se les imputan
pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo
426 primer inciso del Código Penal.
Conviene, antes de nada, dejar constancia de los elementos esenciales de este
procedimiento necesarios para entender este recurso y su resolución, partiendo de que
el mismo se incoó por Auto de fecha 21 de abril de 2009 de ésta Sala de lo Civil y
Penal, que se declaró competente para el conocimiento de los hechos, tras recibir la
Exposición Razonada proveniente del Juzgado Central de Instrucción número 5, que
fue el que conoció inicialmente de los hechos.
a) Los hechos básicos.
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Éstos hechos, de acuerdo con las distintas resoluciones judiciales dictadas, y
en particular la recurrida, se refieren, de modo esencial, a que las personas imputadas,
habrían efectuado, al parecer, varios encargos de determinadas prendas de vestir por
diferentes cuantías en dos establecimientos abiertos al público de la ciudad de Madrid
(Milano y Forever), a los que acudieron por indicación del Sr. Pérez Alonso
(administrador de una sociedad, Orange Market, S. L., que concurría a los concursos
para la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en distintas ferias
de turismo, obteniendo esa adjudicación), y habrían recibido y aceptado, en territorio
de ésta Comunidad, dichas prendas sin pagar su importe.
Ese importe, según lo convenido entre el encargado de dichos establecimientos
Sr. Tomás García y el Sr. Álvaro Pérez, se iba anotando en una cuenta abierta en
dichos establecimientos a nombre de éste último, siendo saldado posteriormente la
deuda, no por los imputados, sino por D. Pablo Crespo, si bien a través de sociedades
controladas por el mismo, como Diseño Asimétrico, S. L. o Servimadrid Integral, S.
L., lo que se hacía periódicamente, en alguna ocasión con dinero en efectivo pero
normalmente tanto mediante el libramiento de cheques como por la realización de
transferencias bancarias, de modo que liquidaban de forma global las cantidades
pendientes de pago.
b) La resolución recurrida
El Auto del Magistrado-Instructor, como se indicó, estima, en el ámbito propio
del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que de las diligencias de
investigación practicadas no era posible llegar a la conclusión de que los hechos que
motivaron la incoación de las presentes actuaciones no hayan existido, entendiendo
que la verosimilitud inicial alcanzaba un alto grado de probabilidad.
Las diligencias practicadas, que permiten la conclusión alcanzada por el Iltmo.
Sr. Magistrado Instructor, consisten en las declaraciones testificales del Sr. Tomás
García, y la de la cajera del establecimiento comercial Milano de Madrid, así como
distinta prueba documental practicada: tiques de caja del citado establecimiento, los
inventarios semestrales de pagos pendientes que se realizaban por la cajera del
indicado establecimiento, los tiques generados para la cancelación de los pagos
pendientes, las hojas de encargo de sastrería cumplimentadas en el establecimiento
Forever Young y remitidas a la empresa que confeccionaba los trajes (Satstgor), los
recibos de pagos pendientes que eran generados por ese mismo establecimiento
Forever Young, las hojas de confirmación de los pedidos expedidas por la indicada
empresa de sastrería y la facturación emitida por la misma, y los instrumentos de
pago de las deudas generadas).
A lo que debe añadirse también: 1) la cadena de conversaciones telefónicas
mantenidas entre los Sres. Tomás García, Crespo Safaris, Delgado, Pérez Alonso y el
Sr. Costa Climent, que denotaba una patente preocupación por lo ocurrido, tratando
de buscar una salida a la situación creada, y 2) el conocimiento evidenciado de las
diligencias (y, en particular de los correos electrónicos internos), más o menos
34

extendido, por parte de los empleados del establecimiento “Milano” acerca de ésta
manera de suministrar prendas de vestir a determinadas personas de relevancia
política relacionada con la Comunidad Valenciana.
A su vez, la resolución recurrida, tras descartar en el inciso final del
fundamento jurídico segundo, que la finalidad perseguida con dichos obsequios fuera
lograr un concreto acto, y en particular la adjudicación de contratos que se celebraban
con los diversos organismos de la Administración de la Generalitat Valenciana,
detalla, en el indicado fundamento jurídico, la tipificación de los hechos como
constitutivos de un delito de cohecho pasivo impropio, previsto y penado en el
artículo 426, primer inciso, del Código Penal, al tratarse los imputados de personas
que tenían a la fecha de los hechos la condición de autoridad (Sres. Camps, Costa y
Campos) o de funcionario público (Sr. Betoret), conforme al concepto establecido en
el artículo 24 del Código Penal, mereciendo las prendas de vestir con las que fueron
obsequiados la conceptuación de dádiva, y sin que exista ninguna causa o razón
diferente de la atinente a la condición personal de los receptores de las prendas y a la
función pública que los mismos desempeñaban la que pueda explicar dichos
obsequios.
Igualmente explica que dichos obsequios, por la peculiaridad de su objeto, su
reiteración y valor, no podían ser amparados en el marco de la adecuación social, por
entender que pudiera tratarse de atenciones de cortesía o mero reconocimiento que los
usos sociales aceptan como inocuos y admisibles. Y que el precio, aunque pudiera
estimarse escaso en comparación con la magnitud de la función desempeñada por
dichas personas, no era excluyente del desvalor de la acción, de modo que si se
pretendiera realizar un juicio de valor sobre la antijuridicidad de dichas conductas,
ello implicaría la “relativización misma de los valores sociales que las normas
jurídicas tratan de preservar y una degradación de los principios que deben regir en
todo caso la actuación de quienes ejercen funciones públicas”. Y en cuanto a su
finalidad, no era otra que la de “lograr el agasajo o provocar la complacencia de
aquéllas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero
sin tender a la obtención de una determinada contraprestación”.
c) Ámbito de los recursos
Del contenido de esa resolución importa destacar dos aspectos, pues son
determinantes del ámbito en el que debe moverse esta resolución al pronunciarse
sobre los siguientes recursos:
1) El Magistrado-Instructor deja claramente establecido que no se está en
modo alguno ante el supuesto segundo del artículo 426, de modo la autoridad o el
funcionario no admitió la dádiva o regalo que le fue ofrecido para la consecución de
un acto no prohibido legalmente.
35

Dado que contra este extremo concreto del Auto no existe recurso alguno que
lo impugne de modo directo, la Sala tiene que partir del mismo a la hora de hacer
todas sus consideraciones.
2) De la misma manera el Magistrado Instructor se centra en el inciso
primero del dicho artículo 426, el que se refiere a que es delito el que la autoridad o
funcionario admitiere dádiva o regalo que le fuere ofrecido “en consideración a su
función”.
También aquí debe estarse a este concreto extremo tal y como lo ha delimitado
el Magistrado Instructor, pues el mismo seguidamente afirma que no existe
constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir y los
concretos actos de contratación realizados por distintos órganos de la Administración
autonómica. Esta consideración tampoco ha sido objeto de recurso, y aún puede
decirse que en el escrito de interposición del recurso de apelación de la acusación
popular se llega a decir que “ciertamente estos datos a nivel indiciario no son aún
suficientes para incorporarlos al acerbo fáctico para concluir una relación causal entre
los regalos y las contrataciones”, aunque luego se refiera a la denegación de otros
actos de investigación.
d) El contenido de los recursos
En los cuatro recursos de apelación interpuestos por los imputados se pretende
el sobreseimiento libre de las actuaciones al entender que las prendas de vestir que
estiman que adquirieron no fueron un regalo u obsequio, sino una compra adquirida
mediante pago por los propios imputados, ya ese pago lo realice directamente el
mismo interesado (caso del Sr. Camps) o se haga por medio de un tercero al que se le
abonó a su vez el importe (caso de los Sres. Costa, Betoret, y Campos), si bien en
varios de los recursos se cuestiona la condición misma de autoridad o de funcionario
público exigida por el artículo 426 del Código Penal.
De esta manera el Sr. Camps entiende que no existe ningún elemento fáctico
que permita concluir que los supuestos regalos tengan que ver con la condición de
autoridad y no con la que ostenta en el Partido Popular; el Sr. Costa entiende que la
finalidad de la entrega no podía provenir de la condición de Diputado a las Cortes
Valencianas, sino por su cargo dentro del Partido Popular y, en consecuencia, en su
condición de particular al margen del Derecho Penal; y caso del Sr. Betoret que
estima que no es funcionario público a efectos penales por que la naturaleza de la
actividad desempeñada por el mismo, en relación con las ferias de turismo en las que
se instaló pabellones, no supone el ejercicio de funciones públicas.
No obstante, respecto de dichas peticiones concordes de sobreseimiento libre,
no todas confluyen en la misma clase de sobreseimiento, sino que se formulan
respecto de diversos apartados del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
en ocasiones de forma subsidiaria, siendo su naturaleza distinta:
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1.º) El recurso interpuesto por el Sr. Camps lo es al amparo de lo previsto en el
artículo 637, 1.º y 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formulándose de forma
subsidiara. Además, debe indicarse, que sin perjuicio de realizar en su alegación
tercera específicas referencias a la resolución recurrida, se reiteran también sus
escritos anteriores de 6 de abril y 17 de junio de 2009, en los que, además de
solicitarse el sobreseimiento, se solicitó en el primero de ellos, de forma subsidiaria la
nulidad de las actuaciones, la cual ya fue resuelta en anterior fundamento jurídico.
2.º) La petición del Sr. Betoret se refiere al sobreseimiento libre y archivo del
núm. 2 del artículo 637 en relación con el 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal,
3.º) La del Sr. Campos al sobreseimiento del núm. 1 del artículo 637 en
relación con el 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien, subsidiariamente
solicita el sobreseimiento provisional del artículo 641.1 de la Ley procesal penal por
no resultar “debidamente justificada la perpetración del delito”.
4.º) Y por el Sr. Costa se solicitó el sobreseimiento libre y archivo.
SEXTO.- Debemos comenzar pues, por analizar los distintos recursos
formulados por los imputados, en los que citando el artículo 637, 1.º de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (“cuando no existan indicios racionales de haberse
perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa”), cuestionan
los hechos que, con el carácter indiciario propio de la fase de instrucción, ha estimado
el Iltmo. Sr. Magistrado Instructor que se desprenden de las diligencias practicadas, y
ello porque de estimarse que los hechos no han quedado debidamente acreditados
sobraría cualquier otra consideración o pronunciamiento sobre los aspectos
genuinamente jurídicos a los que se refieren los recursos.
Los recurrentes, conforme al indicado precepto, cuestionan que en realidad
haya existiera un regalo o una dádiva, como elemento integrador del tipo del delito de
cohecho del artículo 426 del Código Penal del que son imputados. Por el contrario,
sostienen que o bien pagaron directamente y en metálico las adquisiciones de prendas
de vestir (postura del Sr. Camps), o que el pago se realizó a D. Álvaro Pérez (postura
del resto de los recurrentes), no reconociéndose por los mismos la adquisición de
todas las prendas contenidas en la relación fáctica de la resolución recurrida.
a) Síntesis de los hechos
Los hechos imputados, si bien modo indiciario, como es lógico en esta fase
procesal, aparecen recogidos en el apartado sexto de los antecedentes de hecho de la
resolución recurrida, en el que vienen a detallarse, pormenorizadamente, las distintas
adquisiciones de prendas de vestir, singularmente trajes, indiciariamente realizadas
por cada uno de los imputados, que tenían en dichas fechas, y algunos actualmente
desempeñan, relevantes cargos en la en el Gobierno de la Generalitat o en las Cortes
Valencianas, adquisiciones que se realizaron en los establecimientos de Milano y
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Forever Young de Madrid, en distintas fechas a partir de los años 2005, 2006 y 2007.
Previamente a dichas adquisiciones D. Álvaro Pérez y D. Pablo Crespo, de una parte,
y el director comercial de dichos establecimientos D. José Tomás García, por otra,
habrían convenido en que no se les cobrara a dichas personas cantidad alguna por las
citadas adquisiciones, las cuáles serían abonadas posteriormente, mediante distintos
pagos globales periódicos, por sociedades vinculadas y controladas por D. Pablo
Crespo (Diseño Asimétrico, S. L. y Servimadrid Integral, S. L.).
A su vez se indicaba que D. Pablo Crespo Sabaris tiene participaciones en la
entidad Orange Market, S. L. gestionada en Valencia por el citado Sr. Pérez que fue
nombrado administrador único y presidente de dicha sociedad, la cual ha venido
dedicándose a la organización de actos para el Partido Popular de la Comunidad
Valenciana y, se añadía, que desde el año 2005 a dicha sociedad le habían sido
adjudicados numerosos contratos por diferentes organismos de la Administración de
la Generalitat Valenciana, en particular la instalación del pabellón de la feria FITUR,
si bien, concluye la resolución recurrida, que no existen constancia de ninguna
relación directa entre el pago de las prendas de vestir con las que pudieran haber sido
obsequiados y los concretos actos de contratación realizados con organismos de la
Administración autonómica valenciana que decidieron tal adjudicación.
b) El momento procesal y la naturaleza simplemente indiciaria.
Ésta Sala, como consideración general a la hora de resolver los recursos
interpuestos por el motivo indicado, debe señalar que no puede dejar de valorar y
tener en consideración la concreta fase procesal en la que se produce la resolución
recurrida, es decir, como expresamente se recalca en la misma, se produce en el
ámbito del artículo 779 de la Ley procesal penal, es decir, cuando el Instructor estima
que se han practicado las diligencias pertinentes que permiten ya el dictado de una de
las decisiones alternativas a que se refiere dicho precepto, clausurando en definitiva
la primera fase o de instrucción del proceso penal y, en concreto, estimando que no
concurren los presupuestos para el sobreseimiento que era solicitado por los
imputados.
Además, integrando dicho precepto con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica
5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, con el artículo 73.3, b) de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y con los artículos 780.3º y 309 bis de la indicada Ley
procesal penal, al tiempo de declarar terminada la fase de investigación propia de las
Diligencias Previas, acuerda no sobreseer libremente, por existir indicios racionales
de criminalidad contra los imputados por un delito de cohecho pasivo impropio (art.
426, primer inciso del Código Penal), acordando, en consecuencia, la continuación de
la tramitación del procedimiento, si bien por los cauces procesales del procedimiento
de las causas ante el Tribunal del Jurado en el ámbito de éste Tribunal Superior, dado
que dicho delito forma parte de la competencia objetiva del indicado Tribunal.
Es decir, no nos encontramos ante una declaración de hechos probados de una
sentencia, y ni siquiera ante una apertura de juicio oral, sino ante la terminación de la
38

fase procesal inicial de investigación, en la que se descarta que, en dicho momento
procesal, proceda el sobreseimiento, acordando la continuación del procedimiento, si
bien por los trámites prevenidos en la indicada Ley del Jurado, permitiendo a las
partes solicitar y al Instructor acordar, en su caso, la práctica de las distintas
diligencias que prevé su ley reguladora, en la cual se vuelven a establecer distintos
hitos procesales para analizar, de nuevo, la procedencia o no del sobreseimiento, o la
continuación del procedimiento, a la vista de las nuevas diligencias que, en su caso,
se acuerde practicar.
Las consideraciones siguientes, por tanto, no implican, un pronunciamiento de
la Sala sobre lo que por la misma se considera o no acreditado, sino que está
simplemente ante la revisión de la valoración probatoria realizada por el Instructor.
c) El ámbito de la revisión por la Sala.
En el momento procesal en el que nos encontramos, donde la resultancia
fáctica no constituye, ni mucho menos, una certeza (en lo que es posible en un
proceso), sino que se está ante unos indicios que se caracterizan por su
provisionalidad, ésta Sala, revisando la resolución del Magistrado Instructor, estima
que la estructura esencial del discurso valorativo del resultado de los actos de
investigación que se efectúa por el mismo no puede calificarse de irracional, carente
de toda lógica, o manifiestamente contraria al resultado de esos actos.
Se está diciendo, pues, que aunque en ésta fase procesal no cabe descartar
otras posibles versiones de los hechos, caso de las sostenidas por las partes
imputadas, máxime si entre los resultados de los actos de investigación pueden
apreciarse claras contradicciones y aún pudiera estimarse que existen irregularidades
en la documentación comercial y contable de las empresas, es lo cierto que, atendida
las plurales fuentes de la investigación de que se nutre la resolución recurrida y su
plural motivación respecto de los indicios que estima provisionalmente acreditados
(fundamento jurídico primero) y que comprenden desde declaraciones testificales (se
citan la de D. José Tomás y la de la cajera de Milano) y variados documentos (tiquets
de caja de la tienda Milano, inventarios semestrales de pagos pendientes realizados
por la cajera de Milano, tiquets generados para la cancelación de los pagos
pendientes, hojas de encargo de sastrería cumplimentadas en el establecimiento
Forever Young y remitidas a la empresa que confeccionaba los trajes Satstgor,
recibos de pagos pendientes que eran generados por ese establecimiento Forever
Young, hojas de confirmación de los pedidos expedidas por la citada empresa de
sastrería que confeccionaba los trajes y la facturación emitida por la misma,
instrumentos de pago de las deudas generadas y que realizaba un tercero), así como
diversos indicios que posibilitan ciertas conclusiones provisionales (derivadas del
contenido de la cadena de intervenciones telefónicas realizadas y el conocimiento
más o menos extendido de los empleados de Milano acerca de la manera de
suministrar prendas de vestir a personas de relevancia política relacionadas con la
Comunidad Valencia), las conclusiones fácticas provisionales a las que llega el Auto
recurrido responden a cánones de la racionalidad.
39

La Sala no ha realizado actos de investigación, es decir, no ha perseguido el
conocimiento de unos hechos inicialmente desconocidos para ella, no ha partido de
hipótesis y perseguido su demostración. Más aún, la Sala no ha tenido conocimiento
directo de los hechos, ni de los actos de investigación. La Sala está cumpliendo su
función revisora de la base fáctica del Auto recurrido sólo a los efectos de resolver
los recursos interpuestos en los que se insta la revocación del Auto recurrido en el
extremo de que se deniega el sobreseimiento libre en atención a que, según los
recurrentes, no existen indicios racionales de haber perpetrado los hechos que han
dado lugar a la formación de la causa. Los actos de investigación los ha realizado el
Magistrado Instructor y ahora por la Sala se trata simplemente de comprobar si en el
Auto recurrido, y en relación a los hechos, se han respetado los criterios de exclusión
de la arbitrariedad, de adecuación a la racionalidad, de coherencia interna, de no
reducción al absurdo.
Con la limitación revisora fáctica indicada, y analizando más concretamente,
los recursos interpuestos, cuestionan estos, en especial el interpuesto por el Sr. Camps
y el Sr. Betoret, la especial valoración judicial concedida a la declaración del testigo
D. José Tomás por las contradicciones esenciales que presenta con anteriores
declaraciones del mismo prestadas ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 y
ante la Policía Judicial, haciendo especial hincapié la representación del Sr. Camps en
la anómala situación procesal del testigo pues declaró cuando se encuentra imputado
en un proceso por falsedad de las facturas y demás elementos contables de los
establecimientos en que trabajó como Director Comercial, cuestionando de tal forma,
parte de la prueba documental en que dicho testigo intervino o que ordenó a
empleados suyos que realizaran. A su vez, en ambos recursos, se cuestiona la
relevancia otorgada a parte de la prueba documental mercantil o contable de las
empresas, en tanto en cuento, tuvo participación en la originación de la misma el
citado Sr. Tomás.
SEPTIMO.- Seguidamente y con arreglo a los parámetros indicados,
procederemos a analizar las consideraciones fácticas de los distintos recursos y
tendentes todas ellas a estimar que los hechos imputados no están acreditados,
particularmente porque las distintas adquisiciones de prendas de vestir que admiten
fueron abonadas por los mismos.
A) En relación con el recurso interpuesto por el Sr. Camps.
1) Consideración general sobre la prueba testifical.
En principio, debemos indicar, de forma genérica respecto de la prueba testifical,
que los comportamientos de los testigos y las variaciones que se produzcan en sus
declaraciones, máxime si son sustanciales, poco justificadas o cercanas
cronológicamente consideradas, no contribuyen, precisamente, a dotar de la mayor
40

solidez y credibilidad a sus declaraciones (véase el interés del Legislador por que se
aclaren esas contradicciones en el artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
En relación con el citado testigo D. José Tomás García, puede llamar la atención,
como en algunos pasajes de sus distintas declaraciones, se sostengan versiones
sustancialmente diversas en algunos de los múltiples aspectos sobre los que ha sido
preguntado, en particular sobre si el Sr. Camps le pagó o no directamente al citado
testigo algunos de los trajes adquiridos (en concreto, declaró ante el Iltmo Sr.
Instructor del Juzgado Central de Instrucción, como obra al folio 202, en relación con
adquisiciones de dos trajes en el establecimiento Forever Young, “…Ya esa vez le
conseguí entregar los dos trajes y los pagó. Y ya está y bueno…”; o cuando ante la
pregunta de si el sistema de pagos al Presidente Camps era el mismo a través de
Álvaro, manifiesta : “No, en eh, las dos veces esas que estuvo pagó él. Esas pagó él.
La única vez que él no me ha pagado…”, obrante al folio siguiente), y en cambio, en
su declaración ante el Iltmo Sr. Instructor de esta causa, posteriormente, declara
tajantemente que los citados cuatro trajes de Forever y el esmoquin los liquida Pablo
Crespo).
Pero el Instructor que ha practicado una exhaustiva declaración a dicho testigo,
justifica la valoración que concede al mismo, porque estima que gran parte de ellas,
coinciden con otras diligencias de carácter documental a las que, indica, que
principalmente se ha atenido, es decir, que ha sometido a un análisis crítico y
comparativo dicha prueba testifical, y justifica las posibles imprecisiones en que haya
podido incurrir en ciertos extremos por la dificultad de recordar con precisión los
hechos dado el tiempo transcurrido, y detalla que dicho testigo ha expuesto “con igual
actitud tanto lo que era favorable como lo que resultaba desfavorable para las
personas a las que se refería”, y en éste sentido, ha de recordarse, en relación a las
adquisiciones del recurrente, que reconoció que devolvió cuatro trajes de Milano, y
en cuanto al Sr. Costa como, expresamente declaró, que su secretaria reiteradamente
le llamó preguntándole por el precio de las prendas adquiridas en Milano.
También ha de recordarse, y ello incide en la labor crítica que del citado acto de
investigación ha realizado el Instructor, que cuando ha estimado no corroborados por
otras diligencias, o ha estimado no verosímiles ciertas afirmaciones del Sr. Tomás, las
ha excluido de su consideración como acreditados (véase, las exclusiones que de
diversas prendas se realiza en el antecedente de hecho sexto, apartado cuarto, letra b)
bajó el título “Según declaró D. José Tomas,”). El que el testigo esté imputado en
otro procedimiento penal por la realización de unas facturas que puedan estimarse
falsas, es un dato que conoce y ha valorado el Instructor, sin que por dicha razón
pueda dejar de valorarse dicho testimonio, máxime si el Instructor busca su
corroboración con otras diligencias. Y respecto, a la consideración de su
comparecencia como testigo y no imputado, es de tener en cuenta, que en el presente
proceso, su intervención dado el objeto del mismo, no puede ser otra consideración
que la de testigo, condición que en principio puede beneficiar más a las partes
imputadas por la obligación de veracidad que conlleva, y sin perjuicio de que pueda
ser parte pasiva de otros procesos penales con otro objeto distinto, sin que las
41

alegaciones que al respecto se realizan en el recurso, puedan implicar una alteración
de la valoración llevada a cabo por el Instructor.
2) En relación con las adquisiciones de prendas de vestir realizadas en el
establecimiento de Milano.
Específicamente en el recurso de apelación del Sr. Camps, en relación a las
supuestas compras realizadas por el mismo en Milano, niega la visita al centro a
principios de 2006, y alega que los cuatro trajes encargados fueron devueltos, por lo
que nunca los adquirió, no entendiendo que se consigne que fueran pagados.
Examinada la resolución recurrida, la misma describe dicha devolución de los
trajes, y si bien refleja cómo se abonaron los mismos, en unión de otras prendas, ello
no tiene mayor trascendencia en la resolución recurrida a pesar de existir una cierta
contradicción interna en misma, la cuál trata de describir cuál era la mecánica de
pago global de las distintas prendas compradas, sin que desde luego, quepa dar por
constatada la adquisición final de las mismas, pudiendo explicarse su pago, porque
cuando la devolución se produce se realiza directamente al Sr. Tomás, que además ya
no trabaja en Milano sino en Forever, y en dicho ínterin, pudo olvidarse por quien
correspondiera cancelar el tique pendiente de pago, dada la operativa genérica de
cuadrar los pagos periódicamente (así, el Sr. Tomas, explica, que como existió un
error al realizar el encargo y él ya no estaba en la tienda de Milano, les llamó, y les
dijo que “no lo facturasen”, reclamarlo a fábrica, ha sido un error, y que “no se van a
pagar”, como consta a partir del minuto 32:02 del primer disco de grabación).
Y respecto de las tres americanas a medida, el Instructor se basa en el tiquet
pendiente de pago (nº 187706), y hojas de confirmación del pedido de la empresa de
sastrería, por lo que resulta razonable la conclusión del Instructor sobre su
adquisición. El Instructor reseña, que también tuvo en cuenta la declaración de Dª
Elena Victoria Rodríguez García, cajera del establecimiento, que realizó el inventario
de pagos a cuenta que le solicitaba el Departamento de Auditoria Interna,
relacionando las operaciones no saldadas con los tiquets correspondientes, lo cuál da
racionalidad a las conclusiones del mismo, sin perjuicio de que se invoque la
existencia de una posible confusión en los apellidos conforme a la diligencia de la Sra
Secretaria de 10 de junio de 2009.
3) En relación con las adquisiciones realizadas en el establecimiento de Forever
Young.
En el recurso se menciona que cuando se hace referencia al cuarto traje se indica
la imposibilidad de fechas reflejadas en la resultancia fáctica (se consigna como hoja
de pedido de sastrería la fecha de 4 de enero de 2007 y el recibo de venta pendiente
de cobro lleva, extrañamente una fecha anterior, en concreto la de 4 de noviembre de
2006). Dicha circunstancia, no tiene mayor alcance, dados los múltiples documentos
manejados, pudiendo tratarse de un error. No obstante, examinadas las diligencias
documentales a dichos efectos, la hoja de pedido de sastrería citada por el Instructor
42

(folio 312 de la pieza I pudiera corresponderse con otro recibo de venta de 4 de julio
de 2007 (folio 133) que refleja las dos facturas con dichos importes.
También se cuestiona en el recurso, que bajo el concepto “Camps Nuevo Cliente”,
que implicaba que se generara en la tienda un recibo de venta pendiente de cobro de
14 de noviembre de 2006, se identifique con el recurrente, pese al informe de Forever
Young de 3 de julio de 2009. Al respecto, lo relevante para el Instructor, como se ha
reiterado, ha sido la secuencia de diligencias documentales en unión de otras
diligencias (recibo, el abono de los cuatro trajes englobados en otras operaciones con
cargo a cheques librados por Servimadrid Integral SL, la justificación contable que
quedó el día 4 de julio de 2007 mediante la emisión de un tiquet de pago con expresa
referencia al importe del saldo pendiente que se cancelaba y al apellido “Camps”), así
como de otro lado, la no constancia de su abono en caja y en metálico en el momento
de recogida de los trajes, deducido de que no se corresponda la relación y el
contenido de los documentos de pago en efectivo que han sido aportados a la causa
por la entidad propietaria, y que no se corresponde con las prendas adquiridas ni con
sus fechas, todo lo cual, cubre los parámetros de la racionalidad indicada.
5) Consideraciones sobre las diligencias de descargo invocadas en el recurso.
En el informe de Forever Young de fecha 3 de julio, a que se refiere el recurso, se
hacen referencias a las dudas de a quien pudiera pertenecer los encargos pendientes
de cobro bajo el concepto “Camps Nuevo Cliente”, por coincidir con el apellido de
otro cliente, pero es de insistir, la valoración de las diligencias corresponde al
Instructor, que se apoya en otra prueba documental, y en una no irrazonable
inferencia.
Igualmente, cuestiona la valoración que pueda concederse al documento 71, y en
concreto, se indica por los recurrentes, que la cifra asignada en el citado documento
por la cuantía de 5393,50 euros no cuadra con pago concreto alguno, ni con concretas
prendas compradas, (folio 513 de la Pieza de Aforados), estimando que los cuatro
trajes suman 2880 euros, y aún sumando un quinto traje “aparecido”, no alcanza
dicha cifra, negando, en consecuencia, validez de prueba alguna al indicado
documento ni a su correlativo correo electrónico, que se enmarca en las
construcciones del Sr. Tomás, que seguía su propia dinámica en relación con terceros,
decidiendo personalmente en qué contexto atribuir los pagos, cheques o
transferencias ordenando sin control alguno los pagos, englobando en tales pagos
compras ya abonadas, cuestionando, por tanto, la conclusión de que los pagos
tuvieran lugar por transferencias bancarias de 9497,60 euros de Diseño Asimétrico,
cantidad que no tenía que ver con la atribuida en dicho documento ni la atribuible,
según el auto, a los trajes, e igual conclusión realizaba respecto de los cheques de
Servimadrid Integral SL por importe de 16017,30 euros, concluyendo que existe una
manifiesta falta de fiabilidad de la prueba documental. Finalmente indicaba, que la
suma de los importes de los trajes atribuidos al recurrente Sr. Camps (2160, 720:
2880) no coincidía con el importe exacto de los cheques (2845,50, 5203, 2660,
4348,75 y 960), ni con la indicada transferencia.
43

Constituye, una cierta dificultad, la dinámica y forma de pago global de las
prendas, para poder lograr descifrar a posteriori a qué concretas operaciones de
compra se refieren los pagos realizados de forma global y semestral, máxime si se
indica que se han detectado variadas irregularidades en la llevanza de la
documentación mercantil en el establecimiento Forever Young, pero como se
indicará, ello no impide, cuestionar sólidamente, las conclusiones probatorias del
Instructor.
Así, en el informe denominado de “revisión de las facturas sustitutivas de los
tiques de venta”, realizado por Cenyval Asesores, y ratificado por el Sr. Censor,
refleja múltiples incidencias en el periodo de noviembre de 2006 a diciembre de 2008
en el establecimiento de Forever Young, como la no llevanza por las facturas de una
numeración correlativa de acuerdo a la fecha de emisión, facturas que no llevan
grapado o no hacen referencia al tique de venta origen de las mismas, falta de firma
de la factura, no llevanza de un archivo con todas las facturas, falta de información a
la persona que lleva la contabilidad de la existencia de las facturas emitidas, o
sustitución de la descripción de los artículos vendidos por otros que no forman parte
del negocio indicando como posible finalidad su tratamiento como gasto deducible en
el impuesto de sociedades. Se indica, además, en dicho informe que dentro de la
carpetas de las facturas falsas localizadas se ha encontrado un documento,
probablemente un fax dirigido a D. Pablo Crespo, desglosando cantidades a seis
señores distintos por compras a Forever, y que aunque se han verificado los cobros de
acuerdo a las anotaciones no figura ningún tique de venta a nombre del Sr. Camps,
Costa, ni figuran dados de alta como clientes, y añade que existe una transferencia de
36.000 euros de fecha 22 de julio de 2008, que cancela diversas compras (hasta
34589 euros), existiendo un exceso de 1411 euros que se canceló y aplicó a otros
clientes.
A éste respecto el Instructor indica, que aunque no se ha podido determinar quién
fue la persona que hizo materialmente la relación nominal con signos tipográficos en
mayúsculas de la parte superior, sí ha tenido en cuenta que se conoce quién realizó las
anotaciones manuscritas relativas a la cancelación de la deuda imputada a cada una
de aquéllas personas (D. Javier García) que las iba realizando a medida que se
recibían los instrumentos de pago para saldarla, correspondiendo dicha lista al modo
convenido de actuar entre los Sres Tomás, Pérez y Crespo, evidenciado por un correo
electrónico, al modo descrito en la resultancia fáctica. Igualmente, D. Arturo Cenjor,
autor de dicho informe, a preguntas del Instructor, aclaró, que dichas facturas aunque
no obedecían al concepto, disfrazando el objeto de venta principalmente con finalidad
de deducción fiscal, sí obedecían a algún objeto cierto, correspondiendo el pago
realizado a tiquets de venta que respondía a operaciones reales, y respecto del
documento nº 71, que aunque no puede saberse si las personas nominalmente
mencionadas en el mismo eran deudores, sí podía conocerse que los instrumentos de
pago que aparecían respondían a pagos realizados coincidentes con su total.
Por todo ello, cabe concluir en la racionalidad de las inferencias del Instructor.
44

Y respecto de las alegaciones relativas a que queda suficientemente probada la
imposibilidad de poder dar por acreditado, siquiera indiciariamente, el pago por
terceros de prendas realmente adquiridas por el mismo, citando también el artículo 87
del Código de Comercio, de presunción al contado del pago de las compras en
establecimiento, ya se dijo, que aunque en la presente fase procesal ninguna versión
es totalmente descartable, dichas alegaciones, no desvirtúan por todo lo indicado, la
racionalidad de las conclusiones del Instructor, además de que se trata de una mera
presunción iuris tantum..
Finalmente, respecto de las alegaciones sobre la valoración otorgada por el
Instructor a la cadena de conversaciones, que como un indicio más se señala en la
resolución recurrida, no consta que se haya cuestionado con anterioridad la selección
realizada por el Instructor, que ha intentado preservar del conocimiento público
conversaciones del ámbito estrictamente privado, ciñéndose a las que pudieran tener
relación con los hechos, y aunque es cierto que no mencione todas las
conversaciones, las que cita se refieren a valorar la reacción de algunas personas
cuando conocen que pueda abrirse una investigación sobre los hechos, lo que puede
tener trascendencia. En definitiva, se trata de otro dato indiciario más, sin una
significación autónoma, sino unida al resto de diligencias practicadas.
En conclusión, el motivo del recurso, pretendiendo el sobreseimiento por el
número 1º del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a no estar
acreditados los hechos en los términos indicados, debe ser desestimado, sin perjuicio
de que como se ha indicado, no cabe descartar de forma absoluta otras versiones.
B) En relación al recurso formulado por el Sr Costa.
Si bien en dicho recurso, no se cita expresamente el sobreseimiento del nº 1º del
artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y viene centrado esencialmente,
en aspectos de más contenido jurídico, también se contienen algunas referencias
relevantes a aspectos fácticos en el segundo de sus motivos.
1) Sobre la primera adquisición en el establecimiento de Milano.
Se manifiesta que el Sr. Costa y el propio Sr. Tomás, únicamente hacen referencia
a que el recurrente encargó un solo traje, que no se hizo a su satisfacción, que se
efectuaron los correspondientes arreglos, motivo por el cuál se confeccionó un nuevo
traje, y que dada la precariedad del trabajo, nunca se pudo poner, siendo éste el único
pedido realizado. Estima, que se viene a reconocer que la secretaria del Sr. Costa
preguntó por su importe al Sr. Tomás, siendo éste quien le indicó que entregaran el
dinero al Sr. Pérez, lo que denota la verosimilitud de la afirmación del recurrente que
realizó el pago al Sr. Pérez.
Las adquisiciones referentes a ésta primera compra se refieren a tres trajes por
importe de 2.400 euros. La resolución recurrida refleja, a consecuencia del testimonio
45

del Sr. Tomas, que dicha secretaria le preguntó por el precio, constando en dicho
testimonio, cómo la secretaria del Sr. Costa, llamada Ana, reiteradamente le telefoneó
preguntándole por el precio de las prendas adquiridas en Milano, y que éste le dijo a
la tercera llamada, previa indicación de Álvaro Pérez, que se las pagaran a éste
último, el cuál a su vez, le dijo que le diera las gracias por haber recibido el dinero, y
que estuviera en la cuenta de que él ya se lo pagaría (declaración del Sr. Tomás a
preguntas del Instructor, y en particular a preguntas del Sr. Letrado del Sr. Costa Sr.
Casanueva, obrantes al tercer disco, a partir del minuto 3:15 segundos).
Por todo ello, se ha de entender, partiendo de la misma resolución recurrida, que
debe darse verosimilitud de la versión del Sr. Costa de haber pagado éstas prendas a
través del Sr. Pérez, dada la racionalidad de tal inferencia.
2) Sobre las posteriores adquisiciones.
La resolución recurrida refleja como adquiridos por el Sr. Costa en marzo de
2006, tres pantalones, un traje y dos americanas, cuyo precio se liquidó el 15 de
septiembre de 2006, mediante la entrega de dos cheques, y englobados en un importe
de cuantía superior, y librados contra la cuenta de Orange Market SL. También
constan reflejadas en dicha resolución, si bien referidas a adquisiciones en el
establecimiento Forever Young, en la primavera del año 2007, por parte del Sr. Costa
de un traje y de seis pantalones confeccionados para el mismo, y que siguiendo la
mecánica habitual, se incluyeron en la cuenta de Álvaro Pérez, pagándose su importe
junto con una deuda de mayor importe.
Respecto de dichas adquisiciones la racionalidad de las conclusiones del
Instructor, avaladas por las plurales diligencias documentales que indica, deben
afirmarse, máxime cuando no consta que las llamadas de la secretaria del Sr. Costa,
anteriormente mencionadas, se refieran también a estas ulteriores ventas, que además
tuvieron lugar con posterioridad, y el propio testigo Sr. Tomás concretó que las
llamadas se referían a las primeras compras. Y en relación a la alegación de no
correspondencia de las medidas del Sr Costa, y que se contienen en las hojas de
encargo de las empresas Milano y Forever Young, en relación con las que estima el
sastre habitual del Sr. Costa (Sr. Sanchéz Rincón Puebla), son alegaciones que
pudieron realizarse anteriormente, y no desvirtúan las conclusiones del Instructor.
En consecuencia, el motivo del recurso, relativo a la no acreditación de los
hechos imputados, debe desestimarse, salvo en lo relativo al pago por el Sr. Costa de
la primera adquisición realizada en Milano, que debe ser estimado.
C) En relación al recurso formulado por el Sr Campos.
En relación a los hechos imputados por la resolución recurrida, se solicita el
sobreseimiento libre del artículo 637.1 en relación con el 779.1.1ª de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, porque estima concurre una inexistencia de “indicios
46

acionales de haberse perpetrado el hecho”, a saber, regalos recibidos por autoridad
en consideración a su función.
Las discrepancias fácticas de esta parte recurrente, se refieren tanto a la realidad,
fecha y detalles de las prendas encargadas, y en particular, por atribuir un segundo
encargo, sobre la primavera de 2006 que no reconoce, constituyendo núcleo del
recurso, como así indica, que la entrega de dichas prendas no constituía un regalo
sino que fueron abonadas por el Sr. Campos a través del Sr. Pérez.
Procediendo someramente al análisis de las mismas, diremos
1) En relación con la primera adquisición en el establecimiento de Milano.
Se manifiesta que consistieron en tres trajes, dos americanas y cinco pantalones
por importe de 4850 euros (evidenciada por el tique nº 187755, obrante en las
actuaciones). De las alegaciones contenidas al respecto en el recurso, se desprende
que en puridad no se cuestiona ésta primera adquisición, sino el segundo encargo
pese a lo cuál sostiene que el contenido de dicho tique no puede ser cierto, porque la
fecha que incorpora es del 28 de enero, que era la del encargo o a lo sumo uno o dos
días posteriores, y en cambio el Sr. Tomás declaró que la toma de medidas tuvo lugar
sobre mayo o junio de 2005.
Dado que en realidad el recurrente no viene a cuestionar su existencia, sino su
fecha, y el tique de caja, y dado que el Instructor, como venimos diciendo, se ha
atenido a diligencias documentales corroboradas con las correspondientes testificales,
(en concreto también a la de la cajera Sra Rodríguez, que ratificó el inventario de
pagos a cuenta que le solicitaba el Departamento de Auditoria interna) valorando
críticamente las mismas, se ha de concluir en la racionalidad de su inferencia, sin que,
al menos en la actual fase procesal, pueda concluirse que el indicado tique sea
inauténtico.
2) Sobre la segunda adquisición en el establecimiento de Milano.
Respecto de la segunda adquisición, que es la que realmente cuestiona, ésta de
acuerdo a la resultancia fáctica de la resolución recurrida, se produjo en la primavera
de 2006, en el propio establecimiento de Milano, consistiendo en un chaqué de
confección de la talla 48 y varias cosas más. Se indica que dicha deuda fue saldada en
metálico, el día 23 de enero de 2007, que fue el día en que se saldó también, de la
forma indicada, parte de otra deuda.
Como tantas veces venimos manifestando, dado el plural acervo probatorio
documental (se refleja el tiquet, el apunte contable, el inventario de pagos pendientes)
indicado con que ha contado el Instructor, unida a la declaración del Sr. Tomas, y la
cajera Sra Rodríguez, no cabe estimar irracional la conclusión del Instructor.
47

Y respecto de la afirmación, de que en todo caso dichas adquisiciones no
constituyen un regalo, la misma sin poder descartarse de forma absoluta, no pueden
estimarse acreditadas, y ello por la ausencia de prueba documental de dicho pago,
hecho reconocido por el recurrente, y porque aunque es cierto que el Sr. Tomás en su
declaración ante el Juzgado Central de Instrucción, aludió a que fueron las secretarias
de los Sres Costa y Campos, las que le llamaron para preguntarle lo que se le debía,
enfatizó especialmente en la del Sr. Costa, declarando ante el Instructor de éste
procedimiento, que aunque dijo anteriormente también la secretaria del Sr. Campos,
no recordaba que le llamara, si bien, sí recordaba, incluso por su nombre, que
reiteradamente lo hizo la del Sr. Costa.
El motivo de impugnación relativo a la falta de acreditación de los hechos
imputados al Sr. Campos, debe en consecuencia ser desestimado.
D) En relación al recurso formulado por el Sr. Betoret.
Cuestiona el recurrente, en modo similar a anteriores recursos, el que la resolución
recurrida se haya basado para dar por acreditados los hechos, en la cambiante
declaración testifical del Sr. Tomás, y en haber otorgado fiabilidad a la
documentación contable generada, tanto por Milano como y Forever Young, que
contenía serias irregularidades, así como en el valor otorgado al documento nº 71,
debiendo estar en lo que sea aplicable a lo ya manifestado.
1) Adquisiciones en Milano.
De las prendas de vestir que la resolución recurrida estima que fueron adquiridas
por el recurrente procedentes de la tienda de Milano (tres trajes a medida, dos abrigos
y dos americanas a medida, por importe de 3549 euros, compra realizada en enero de
2005, y otra segunda de tres trajes, una americana y un pantalón por un precio
conjunto de 3250 euros) se reconoce haber comprado los trajes, una americana y un
pantalón (finales de 2006), por los que pagó al Sr. Pérez 2000 euros.
Como venimos diciendo no cabe sino concluir en la racionalidad de las
conclusiones del Instructor, al basarse en diligencias documentales (tiques pendientes
de pago nº 184795, por importe de 1150 euros, y el nº 184856 por 2399 euros, más el
pago global mediante talón), en unión de la testifical indicada, y dicho discurso
racional no pierde su valor porque en respuesta a requerimiento judicial la entidad
Cortefiel, propietaria de Milano, no encontrara el listado de enero de 2005, ni se haya
aportado documento de empresa de transporte que verifique la entrega.
En relación a la segunda compra (y relativa a tres trajes, una americana y un
pantalón por importe de 3250 euros), que debe estimarse racional las conclusiones del
Instructor que se fundamentan el tiquet (nº 187705), además de las declaraciones
citadas, siendo racional que no estimara acreditado el Instructor el pago que se indica
mediante dos disposiciones bancarias (el día 4 de julio por importes de 1500 y 500
48

euros), al no invocarse y acreditarse documentalmente que dichas disposiciones
bancarias tuvieran como destinatario directo al Sr. Pérez.
2) Adquisiciones en Forever.
Respecto de éstas adquisiciones (una americana, cinco trajes y un abrigo) se
reconocen la de cuatro trajes a medida por un precio de 4000 euros, con la misma
forma de pago, debe concluirse la racionalidad de las inferencias del Instructor
amparadas en las diligencias documentales (hojas de pedido de sastrería, hojas de
confirmación del pedido), sin que el que se haya aportado el tiquet de venta al que se
refiere el recurso por sólo cuatro trajes, anule los citados razonamientos del
Instructor, al poder existir distintos encargos. También resulta razonable que el
Instructor no acepte la forma de pago invocada mediante su abono al Sr. Pérez,
conforme a los razonamientos indicados respecto de la anterior compra.
Por todo ello, el motivo del recurso relativo a la falta de acreditación de los
hechos consignados en la resolución recurrida, debe ser desestimado.
OCTAVO.- Desestimados los recursos formulados por los imputados en
relación a los aspectos fácticos contenidos en la resolución recurrida, en los términos
antes expuestos, procederemos, de igual modo analizar, también de forma conjunta y
sin perjuicio de los necesarios matices para cada parte, los recursos interpuestos por
los cuatro imputados en relación con los aspectos jurídicos de la resolución recurrida
que expresamente cuestionan.
En primer lugar, algunos de los recursos interpuestos cuestionan directamente
la concurrencia del carácter de funcionario público o autoridad en el sujeto activo del
delito, concurrencia resulta imprescindible para poder aplicar el delito de cohecho
imputado (caso del recurso del Sr. Betoret), y algunos otros aluden a que la finalidad
de la dádiva, que insisten en que tampoco admiten su existencia, no procedería, en su
caso, por la condición de autoridad, sino de los cargos ocupados en el Partido Popular
de la Comunidad Valenciana (caso del recurso del Sr. Costa, conteniendo ciertas
alusiones en similar sentido en el interpuesto por el Sr. Camps, y también en el del Sr.
Betoret).
Posteriormente los recursos interpuestos vienen a sostener que los hechos no
tienen encaje en el delito de cohecho imputado (art. 426, inciso primero del Código
Penal), negando que la dádiva entregada, aún admitiendo su existencia a los meros
efectos dialécticos y con carácter subsidiario, fuera concedida “en consideración a la
función” que desempeñan las autoridades y funcionarios imputados.
a) Recurso del Sr. Camps
Se insiste en que, desde la perspectiva del interés jurídico protegido, no existe
la menor afección del mismo, ni su lesión o puesta en peligro por la conducta descrita
en la resolución recurrida, por lo que no puede hablarse de la necesaria antijuridicidad
49

material para poder considerar como delictiva una conducta. Niega la concurrencia de
la necesaria conexión causal entre la entrega de la dádiva y el carácter público del
receptor, que es exigida por la jurisprudencia, siendo necesario probar que “solo por
la especial posición y poder que el cargo público desempeñado le otorga, le ha sido
ofrecida la dádiva objeto del delito”, sin que nada se argumente en relación a
supuestos regalos típicos y su relación con el correcto, imparcial y objetivo desarrollo
de las funciones públicas del Sr. Camps, máxime si las adjudicaciones de contratos se
realizaron con objetividad e imparcialidad, según declararon los miembros de las
Mesas intervinientes, no teniendo ninguna eficacia los regalos, si fueran ciertos, dado
que la función del recurrente ninguna intervención tenía o pudo tener en todo ello,
alegando finalmente, que nada se analiza sobre hipótesis alternativas a la condición
de Presidente de la Generalitat Valenciana, dadas las funciones en relación con actos
y campañas del Partido Popular.
Finalmente añade que, de ser ciertas las ínfimas dádivas carecen de la
necesaria idoneidad objetiva para afectar a la función del recurrente, sin que quepa
acudir a valoraciones ético-sociales excluyendo el necesario juicio de
proporcionalidad y el establecimiento de la aludida relación causal y excluyendo un
auténtico juicio sobre la antijuridicidad de la conducta, adentrándose en el peligroso
campo de las valoraciones incompatibles con el principio de legalidad penal. Desde el
punto de vista de la culpabilidad, estima que se desprende la buena fe del recurrente,
dadas las llamadas al Sr. Tomás preguntándole por lo que sucedía. Igualmente, en
escritos anteriores, a los que se remite, también hacía referencia, conforme a lo
reseñado en los antecedentes de hecho de la presente, que la adecuación social del
regalo, excluiría la tipicidad.
b) Recurso del Sr. Costa
Se sostiene, igualmente, la inexistencia del delito del artículo 426 del Código
Penal imputado, por no concurrir el necesario enlace causal entre la supuesta dádiva y
el carácter público del receptor, y ello, porque la finalidad de la entrega no podía
provenir por la condición de Diputado a las Cortes Valenciana del Sr. Costa, sino que
dicha motivación, únicamente, tendría sentido por la condición del cargo que ha
venido ocupando dentro del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, dada la
relación que la empresa Orange Market, S. L. mantenía con el partido Popular de ésta
Comunidad en la ejecución de actos, eventos y campañas que venía realizando para el
mismo, situación que dada la condición de particular y la relación de Derecho privado
que la preside estaría al margen del Derecho Penal, máxime si el Sr. Costa nunca ha
disfrutado de ningún cargo en la Generalitat Valenciana, careciendo de
responsabilidad alguna en la Administración Pública, siendo Diputado en las Cortes,
y Vicesecretario y actualmente Secretario General del Partido Popular de ésta
Comunidad, siendo dichos cargos de dirección por los que, hipotéticamente y
siguiendo la teoría del Instructor, D. Álvaro Pérez podría “contar con la gratitud o
favor” del Sr. Costa, circunscribiéndose la dirección o gerencia de un Partido Política
al ámbito del Derecho Privado, por lo que, los hechos carecen de trascendencia penal.
50

c) Recurso del Sr. Betoret
En el recurso interpuesto por el Sr. Betoret, se alega la interpretación
restrictiva del tipo propia del Derecho Penal, y la interpretación que debe realizarse
respecto la expresión “en consideración a su función” contenida en el tipo. Así alega,
que ni en las fechas en que sucedieron los hechos ni con posterioridad, el Sr. Betoret
ha tenido respecto de Orange Market u otras sociedades de su grupo, ni respecto de
sus gestores, relación alguna por razón de sus competencias como Jefe de Gabinete
de la Agencia Valenciana de Turismo que pudiera suponer para aquellas sociedades o
para sus gestores una ventaja de futuro derivada del desarrollo en su trabajo en la
Agencia, siendo ajeno a los procedimientos administrativos que culminaron con la
adjudicación a Orange Market de determinados concursos, estimando que la
resolución recurrida otorga al vocablo “función”, que utiliza el tipo una desmesurada
extensión, equiparándolo a la simple ostentación por parte del autor de un título que
le permita calificarlo simplemente de funcionario a efectos penales, aún cuando, por
razón de sus competencias, se encuentre absolutamente desvinculado del particular
obsequiante.. Sostiene que en la resolución recurrida se anuda la responsabilidad a la
simple condición de funcionario y convierte en indicio (la ausencia de cualquier otra
razón), en lo que precisamente, debería haber considerado como “contraindicio”.
Finalmente añade que la objetivación del tipo que realiza la resolución
recurrida, conculcando el principio pro reo, que en modo alguno es ajeno a la
instrucción de una causa penal, pues atribuye la causa de concesión de los
inexistentes regalos a la cualidad de funcionario o de autoridad de los imputados y no
a la de su condición de dirigentes, miembros destacados o simpatizantes del Partido
Popular.
d) El recurso del Sr. Campos
Se adhiere a los recursos anteriores, si bien luego añade algunas
consideraciones preferentemente fácticas y relativas de modo especial a su caso
concreto, ya analizadas.
NOVENO.- Debe procederse por la Sala, en primer lugar a analizar, si los
hechos son constitutivos del delito del artículo 426 (inciso primero), primer inciso, así
como los elementos constitutivos de dicho delito.
Pues bien, el artículo 426 del Código Penal, regulador del denominado
doctrinal y jurisprudencialmente delito de cohecho pasivo impropio, tipifica como
delito: “la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le
fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no
prohibido legalmente”, imponiéndole la pena de multa de tres a seis meses.
El bien jurídico protegido en todos los delitos de cohecho es el correcto
funcionamiento de la Administración Pública, y el principio de imparcialidad que
debe guiar su actuación, y específicamente para la modalidad delictiva del cohecho
51

pasivo impropio, se identifica con la preservación de la confianza pública en que los
funcionarios ejercen sus funciones, en un Estado de Derecho, sometidos
exclusivamente al imperio de la ley (Auto del Tribunal Supremo de 1 de junio de
2007, que, a su vez, cita la STS de 16 de marzo de 1998, y en parecido sentido la STS
361/1998, 16 de marzo).
Conforme a la jurisprudencia dicha modalidad constituye la figura de la
concusión o cohecho pasivo, en cuanto el funcionario no se presta a realizar por
dádiva o presente un acto irregular, delictivo o simplemente impropio de su función,
sino que acepta regalos que le son ofrecidos, bien en atención a la función que
desempeñada, bien para conseguir la ejecución de un acto debido (y, por ende, justo)
que no tiene por qué ser remunerados por los particulares (STS 30/1994, de 31 de
enero).
La doctrina jurisprudencial (por ejemplo ATS 1 de junio de 2007 y STS 13 de
junio de 2008) viene exigiendo la necesaria concurrencia, respecto de los dos
supuestos de este artículo 426, de una serie de elementos para la comisión de éste tipo
delictivo:
1.º) La cualidad en el sujeto activo de la condición de autoridad o funcionario
público, y el ejercicio de funciones públicas por parte del mismo.
2.º) La aceptación por éste de dádivas o regalos, y
3.º) Una conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y la función
de la autoridad o el funcionario. La finalidad del regalo o dádiva ha de ser “en
consideración a su función”.
Igualmente se viene señalando doctrinal y jurisprudencialmente (STS 13 de
junio de 2008) que existen supuestos en que la conducta puede no ser típica, como en
el caso de que venga a ser generalmente admitida por los usos sociales. Así, existen
supuestos en los que no resulta fácil la delimitación de la relevancia típica de
determinadas acciones, pues la existencia de módulos sociales generalmente
admitidos en los que la aceptación de regalos o actos de cortesía forma parte de la
normalidad de las relaciones personales, obliga a un esfuerzo para discernir cuándo
determinados obsequios adquieren carácter típico y cuando pueden inscribirse en el
marco de la adecuación social.
Y para la delimitación antedicha suele acudirse a los principios de
insignificancia y de adecuación social, como principios excluyentes de la tipicidad
del hecho y, en consecuencia, entender excluidos del delito de cohecho aquéllas
entregas que por su insignificante cuantía o moderación, no sean objetivamente
adecuadas para motivar al funcionario a actuar, o que vengan amparadas por los usos
sociales, principios que se han ido desarrollando cada vez más en la moderna ciencia
penal, singularmente en Alemania, y que también van siendo cada vez más tenidos en
consideración por el Tribunal Supremo español (sentencia anteriormente citada de 13
de junio de 2008, y Auto de dicho Alto Tribunal de 2 de junio de 2008, si bien, éste
último en relación con otro delito distinto, el del artículo 441 del Código Penal).
52

Algunos ordenamientos jurídicos establecen una exención de punibilidad
cuando la autoridad competente en el marco de su respectiva competencia, ha
autorizado previamente al funcionario a la aceptación de una ventaja no exigida por
él (Código Penal alemán, en su art. 331.3 StGB).
DÉCIMO.- Aspecto común a la mayoría de los recursos en su vertiente de
impugnar la calificación jurídico penal realizada por el Instructor, viene a constituirla
la invocada inexistencia de una relación de causalidad, si bien, en el recurso del Sr.
Betoret, singularmente se cuestiona, destacadamente también, el carácter de
funcionario público en el mismo a los efectos penales, por lo que, de estimarse dicha
alegación, se haría innecesaria entrar a analizar, respecto del mismo, la concurrencia
de los demás elementos del tipo.
A) La condición de funcionario público del Sr. Betoret
Comenzando por el análisis de dicha cuestión, por la representación procesal del
Sr. Betoret se indica que a la fecha de los hechos ostentaba el cargo de Director de
Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo con la que le vinculaba una relación
laboral, y al respecto se sostiene en el recurso que la naturaleza de la actividad
realizada por el mismo, respecto de las ferias de turismo en las que la Comunidad
Valenciana instaló pabellones, no suponía el ejercicio de funciones públicas, por lo
que, consiguientemente, no cabe ahora conceptuarlo como funcionario público a los
efectos del artículo 426 del Código Penal. De ello se derivaría que en su conducta es
atípica, es decir, no incluida en la norma penal. Sostiene que las concretas funciones
realizadas por el mismo, que no participó en las mesas de contratación, ni en la
emisión de informes técnicos, no atendían a competencia e influencia en materia de
contratación de proveedores de servicios, pus las funciones sí ejercitadas –dice- no
implicaban ni el ejercicio de potestades ni de funciones administrativas, con lo que
concluye que no puede considerársele funcionario público.
El concepto de funcionario público a efectos penales, como reconoce la parte
recurrente y recogido en el artículo 24.2 del Código Penal, es mucho más amplio que
el que establece el Derecho Administrativo, y así, se considera por penalmente
funcionario a todo aquél que por disposición inmediata de la Ley, o por elección, o
por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones
públicas. Por tanto, la cualidad de funcionario a efectos penales no puede
subordinarse, ni hacerse depender, de su vinculación o calificación administrativa, ni
de las definiciones contenidas en las normas reguladoras de su relación con la
Administración Pública, sino que ha de atender a lo dispuesto en el Código Penal, que
únicamente hace depender tal cualidad del hecho concreto y real de que una persona
se halle participando, más o menos permanente o temporalmente, habiendo sido
designado para ello, en el ejercicio de tales “funciones públicas” (STS 8 de mayo de
1992, y 27 de marzo de 1982, entre otras), llegándose a incluir en tal concepto los
denominados “funcionarios de hecho”, es decir, aquéllos que desempañan una
función pública, aunque no reúnen todas las calificaciones o legitimaciones
53

equeridas (STS 30 de septiembre de 1992) o los interinos y sustitutos (SSTS 9 de
octubre de 1991, y de 20 de mayo de 1993).
Bajo éstos parámetros ha de considerarse funcionario público, a efectos penales,
al Sr. Betoret, que ostentaba el cargo de Director de Gabinete de la Agencia
Valenciana de Turismo, entidad que es de Derecho Público e incardinada en la
Generalitat Valenciana, y ello con independencia de que le vinculara con tal entidad
una relación laboral y no funcionarial, porque es indudable que las actividades de
promoción del turismo, máxime desde una perspectiva de un ente de Derecho Público
al que estaba vinculado, implican el ejercicio de una función pública, entendida como
aquélla que tiende a satisfacer un objetivo de interés general para los ciudadanos, cuál
es el caso. Las concretas funciones del cargo desempeñadas no obstaculizarían las
anteriores conclusiones, además de que las funciones que describe el recurrente
(apoyo a la Secretaría de la Agencia, comprobación de las condiciones en que iban a
celebrarse los concursos, verificación de los stands, y otras funciones generales)
forman parte o coadyuvan al cumplimiento de la función pública anteriormente
indicada, sin que se precise para reunir la condición de funcionario a efectos penales
tener capacidad presupuestaria sobre fondos públicos, ni una capacidad de mando
especial.
Dicha consideración no puede ser obviada porque la específica relación
contractual que unía al recurrente con la Agencia Valenciana de Turismo fuera de
naturaleza laboral, pues lo primordial es que participaba del ejercicio de funciones
públicas, que tal función era desarrollada por un ente público y sujeta a Derecho
Público. Por otra parte dicha actividad era realizada habiendo sido nombrado por la
autoridad competente, como lo es los órganos propios de la indicada Agencia
Valenciana, que acordaron o concertaron dicho contrato laboral, ya que el precepto
penal meramente exige que se haya producido un nombramiento por autoridad
competente, sin especificar qué tipo de concreta modalidad contractual o relación
jurídico pública haya de concurrir.
B) La relación de causalidad
No cuestionándose la potencialidad de que la entrega de prendas de vestir pueda
considerarse dádiva a efectos del delito de cohecho impropio, hemos de analizar la
concurrencia del cuestionado elemento causal, de la necesaria concurrencia de la
relación de causalidad entre la aceptación de la dádiva por la autoridad o funcionario
público, y que la finalidad de la misma sea “en consideración a la función”
desempeñada por éste último. Ya vimos en el razonamiento anterior que esa relación
de causalidad es, según la jurisprudencia, elemento determinante del tipo.
a) La situación del Sr. Costa
Entrando a analizar en concreto la concurrencia de dicha relación de causalidad,
cabe concluir que la misma no puede ser afirmada respecto del recurrente Sr. Costa, y
ello porque, con independencia de lo que se señalará respecto de los demás
54

ecurrentes, en el caso concreto del Sr. Costa concurren dos circunstancias que
excluyen la tipicidad:
1.ª) El Sr. Costa no ha desempeñado cargo alguno dentro del esquema de
organización del gobierno de la Generalidad Valenciana. Ha sido desde 1995
miembro de las Cortes Valencianas.
Este simple hecho pone de manifiesto que si ha de existir relación de causalidad
entre la dádiva y la función y ésta segunda es la función legislativa, habría que llegar
a relacionar el participar en la redacción de las leyes con la razón de ser de la dádiva.
No se desconoce que en determinados países se admite la existencia de grupos de
personas influyentes, organizados para presionar en favor de determinados intereses y
que lo hacen al mayor rango, al legislativo, de modo que pretenden conformar el
sentido de las leyes nuevas o en el modificar las ya existentes.
Queda fuera de toda consideración práctica que el regalo se hiciera al Sr. Costa en
tanto que diputado en las Cortes Valencianas, pues ello exigiría, nada menos que, en
atención a lo concreto, se entendiera como factible que el Sr. Costa pudiera conseguir
aunar las voluntades suficientes para aprobar una ley, que es la función que todo
Diputado tiene en el Parlamento, y que ésta pudiera, de alguna forma beneficiar, aún
siendo justa, al donante o a las sociedades vinculadas al mismo. Esta es una hipótesis
extravagante, tanto que no se ha planteado ni contemplado en realidad las
actuaciones.
La acusación popular, en su impugnación al recurso, alude a que el Sr. Costa no
habría recibido regalos por parte del Grupo Correa de no haber sido miembro del
legislativo valenciano, puesto que es desde ese cargo, desde el “cual puede influir en
las adjudicaciones atribuidas a la entidad Orange Market SL”, y ello lo deriva porque
dicha entidad ha suscrito contratos con la administración valenciana, que no con el
Partido Popular (o también)…”. Sin embargo, no indica que la contratación le
corresponda al Parlamento, sino que le corresponde al gobierno, por lo que si el Sr.
Costa no formaba parte de él, y no consta que expresamente haya influido para lograr
dichas contrataciones, mal puede hablarse de relación de causalidad. La alegación del
impugnante, de que de ésta forma “esta en posición de influir o esperar que tenga
influencia en tal sentido” implican una indeterminación tal, que en unión de lo ya
indicado, hace improsperable la insistencia en la concurrencia de la relación de
causalidad.
2.ª) El Sr. Costa sí ha sido y es, bien vicesecretario general, bien secretario general
del Partido Popular en la Comunidad Valenciana
Si excluimos la referencia de la dádiva con la función de diputado en las Cortes
Valencianas, queda abierta otra posibilidad mucho más razonable, derivada de las
funciones del Sr. Costa en el Partido Popular. Es hecho admitido que la empresa
Orange Market, S. L. y su dirigente el Sr. Pérez tenían una relación comercial con el
Partido Popular que al parecer le llevó a organizar actos importantes para dicho
55

partido político y en esa relación tiene más sentido que las dádivas pudieran atender
al agasajo de los dirigentes del Partido. No debe olvidarse que el Sr. Tomás García
acudió a tomar medidas al Sr. Costa en la sede de las oficinas del Partido en Valencia,
y que quien se interesó por el precio de las prendas, llamando por teléfono al Sr.
Costa varias veces, fue la secretaria del Sr. Costa en esas oficinas.
La relación de causalidad debe buscar, por tanto, no la relación entre la dádiva y
la función pública de diputado en las Cortes Valencianas, sino entre la dádiva y la
situación relevante del Sr. Costa en el Partido Popular. El artículo 426, primer inciso,
no tipifica la dádiva hecha a personas no autoridades ni funcionarios, de modo que la
conducta del Sr. Costa queda fuera de la aplicación de esa norma. En este sentido,
cuando el Ministerio Fiscal preguntaba al imputado por la relación entre la
contratación y su partido político, el Instructor, vino a declarar impertinente la
pregunta (“…no es necesario que conteste respecto a la contratación de su partido. En
definitiva está sometido a derecho privado”).
b) La situación de los demás imputados
Excluida la relación de causalidad en relación al Sr. Costa, analizaremos si
concurre o no en los demás recurrentes.
1.º) El punto de partida
En el Auto de fecha 5 de marzo de 2009 del Juzgado Central de Instrucción núm.
5 de la Audiencia Nacional, por el que acordaba remitir a ésta Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia la Exposición razonada, a los efectos de una posible
asunción de competencia, se venía a relacionar las adquisiciones de prendas por las
indicadas autoridades y funcionarios con la concurrencia de la empresa Orange
Market, S. L. a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunidad
Valenciana en distintas ferias de turismo.
Desde ese punto de partida debe advertirse que en el Auto del Magistrado
Instructor de 6 de julio de 2009, que es la resolución recurrida y a la que debe atender
la Sala, se hacían estas dos afirmaciones (en el subapartado sexto del también
apartado sexto de la relación fáctica): 1) No existe constancia de ninguna relación
directa entre el pago de las prendas de vestir, con las que parecen haber sido
obsequiados los imputados, y los concretos actos de contratación realizados por las
autoridades y los funcionarios de cada uno de los concretos organismos de la
Administración autonómica valenciana que decidieron su adjudicación a Orange
Market, S. L. en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a sus
facultades decisorias y presupuestarias, y 2) Tampoco existe constancia de que tales
agasajos fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación decidida por las
citadas autoridades y funcionarios responsables de los referidos organismos, y no por
los imputados.
56

La Sala debe partir de estas afirmaciones a la hora de decidir sobre la
concurrencia o no de la relación de causalidad. Esta vinculación directa entre la
dádiva y contratación aparece también en el escrito de interposición del recurso de
apelación de la acusación popular, al folio 5º párrafo tercero de su escrito, se dice:
“Ciertamente esos datos a nivel indiciario no son aun suficientes para incorporarlos al
acervo fáctico con la suficiente consistencia parta concluir una relación causal entre
los regalos y las contrataciones” (aunque luego sigue refiriéndose a la denegación de
diligencias de investigación). Igualmente, por dicha parte, al impugnar el recurso del
Sr. Costa, al folio 2º indica, “…que es desde ese cargo, desde el cual puede influir en
las adjudicaciones atribuidas a la entidad Orange Market SL”.
2.º) La constatación de las circunstancias del caso
Además de lo anterior debe dejarse constancia de toda una serie de circunstancias
que afectan al examen de la relación de causalidad, es decir a la posible relación de
causalidad entre la entrega de la dádiva y que ésta tuviera por finalidad la
consideración a la función que desempeñaban las indicadas autoridades y
funcionarios públicos:
1) El ámbito de las funciones desempeñadas por las autoridades y funcionarios
públicos imputados en el presente procedimiento, como se reconoce en la resolución
recurrida, no tiene por objeto la aprobación y adjudicación de los concretos actos de
contratación que le fueron adjudicados a la sociedad Orange Market, S. L.
2) Se afirma en la resolución recurrida que las adjudicaciones de organización de
actos públicos fue decidida por las autoridades y funcionarios responsables de los
organismos competentes, no por los aquí imputados.
3) Con independencia de las discusiones doctrinales tendentes a diferenciar las
dos modalidades del delito de cohecho pasivo impropio del artículo 426 del Código
Penal (especialmente después de la reforma del Código Penal en el año 1991, en texto
que ha sido asumido en el Código Penal vigente de 1995), puede afirmarse que la
primera modalidad ha quedado referida a actos propios de “su función”, y en
consecuencia, a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario.
Se trata de que la necesidad de una valoración in concreto de la relación de
causalidad ya no es únicamente tributaria de la segunda modalidad del artículo 426
del Código Penal, sino también de la primera. Precisamente por ello la necesidad de
tener en cuenta la “función” ejercitada por la autoridad o el funcionario fue
expresamente remarcada por el legislador con la modificación introducida por la Ley
Orgánica 9/1991. En efecto, con anterioridad a la regulación actual del Código Penal,
la modalidad delictiva del cohecho pasivo impropio aparecía regulada en el artículo
390 del anterior texto punitivo, que a su vez, fue objeto de modificación por la citada
Ley Orgánica 9/1991, para además de añadir a la admisión de regalo, prevista
inicialmente, la de la dádiva, se recalcó expresamente la finalidad que debía guiar al
donante, y así se modificaron las expresiones anteriores de “en consideración a su
57

oficio o para la consecución de un acto justo que no deba ser retribuido”, por las de
“en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido
legalmente”.
4) La indicada acentuación de la “función” a desempeñar por la autoridad o
funcionario, en la primera modalidad del artículo 426 del texto punitivo, viene a
implicar que la entrega y aceptación de la dádiva, se realiza porque se encuentra
dentro de las competencias y potestades de la autoridad o funcionario la concesión u
otorgamiento de contratos u otros actos o, al menos, que aún no estándolo, dicha
autoridad o funcionario haya procurado que el funcionario a quién sí compete,
conceda al donante alguna clase de ventaja, que no fuera injusta, lo cual, como vimos
no se ha acreditado. Función, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua,
entre otras acepciones, significa, tarea que corresponde realizar a una institución o
entidad o a sus órganos o personas. Y “en consideración”, es una expresión, que
máxime recalcada con la preposición “en”, denota una idea finalista concreta respecto
de la causa de la dádiva, idea finalista que aparece en otros preceptos distintos del
Código Penal (“en perjuicio de”, en el artículo 257.1 del Código Penal, entre otros).
5) Entendemos por todo ello, que no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar
que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir
una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras
posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable,
que se estime que necesariamente se realiza “en consideración a su función”, por el
mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario
público.
Ya indicamos, que la finalidad de la reforma legislativa realizada en el año 1991,
precisamente, abundaba en la necesidad de realzar y recalcar una relación concreta
con la “función“ ejercida. En éste sentido, la resolución recurrida (fundamento
jurídico segundo apartado c), no aprecia que exista ninguna especial razón que
justifique el obsequio, pues indica: “…ninguna causa o razón diferente de la atinente
a la condición personal de los receptores de las prendas y a la función pública que los
mismos desempeñaban, que permita explicar por qué motivo Álvaro Pérez o las
sociedades a las que el mismo estaba vinculado tuvieran que obsequiarles de aquél
modo”. Es decir, que se descarta incluso un posible agradecimiento por la
adjudicación contractual obtenida, e inclusive se reitera, que no se tendía a la
obtención de una determinada contraprestación (fundamento jurídico segundo in
fine).
Por tanto, no cabe concluir que se haya lesionado o puesto mínimamente en
peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal y relativo a la correcta actuación
de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones.
6) Las anteriores consideraciones vienen avaladas por la más actualizada doctrina
jurisprudencial, de la cual se infiere que no cabe realizar una valoración automática o
genérica de la concurrencia de dicha relación de causalidad. Por ello, el Tribunal
58

Supremo, en supuestos de falta de concurrencia in concreto del elemento causal,
viene incluso inadmitiendo la correspondiente querella, precisamente por la ausencia
de tal requisito estructural. Así en el ATS núm. 7784/07, de 1 de junio de 2007
(recurso 20637/06, en causa especial, confirmado por el ATS núm. 12929/07 de 27 de
septiembre de 2007 indica que a éste respecto no valen genéricas referencias o
suposiciones y en concreto: “…la genérica referencia a unos supuestos asuntos que
pudieren encontrarse sometidos al conocimiento del órgano que preside la querellada
y en los que se ventilarían intereses y derechos propios de la aseguradora no colma
las exigencias del delito imputado…”.
En similar sentido, el Auto de sobreseimiento dictado en fase de instrucción por la
Iltma. Sra. Instructora de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias de 21 de mayo de 2009, no estimando in concreto la necesaria relación de
causalidad entre la aceptación de la invitación a un viaje y el cargo o condición de la
autoridad imputada. También en cierto sentido en la STS de 3 de febrero de 2009
(núm. 923/09) se hace referencia a que no concurre en el hecho probado la finalidad
para la que se entregó el dinero. La STS de 13 de junio de 2008 hace referencia
expresa a la condición de guardias civiles de los acusados, considerando su actuación
en concreto, en relación al no abono de diversas consumiciones y diversos encuentros
sexuales en un club de alterne, algunas de cuyas visitas se producían en ocasiones con
motivo de su función. La STS 2115/1993, de 7 de octubre, hacía referencia a la
necesidad de considerar qué cualidades definen el correspondiente oficio, y la
relación entre los regalos y las actuaciones que puede desempeñar el funcionario. En
la STS 378/1995, de 10 de marzo, se hace referencia a ésta relación, al indicar que el
hecho probado “… describe un regalo y que se realizó tan sólo en consideración al
cargo para evitar que por informes del acusado se suprimieran los nuevos cursos de
formación del INEM”.
La STS 102/2009, de 3 de febrero, descarta la tipificación interesada por no
concurrir “…en el hecho probado la realización de la finalidad para la que se entrega
el dinero, tratándose de un contrato de préstamo incumplido en orden a la devolución,
sin que medie la realización de un acto propio del cargo, o recompensa del ya
realizado, o que haya sido entregado en consideración a su función”. En igual sentido,
sobre la relación concreta con la función, el ATS 2 de febrero de 2009 (recurso
20296/2008), o la STS núm. 709/1994, de 28 de marzo: “…La nota característica de
todas las infracciones que el CP dedica al delito de cohecho, es la de que la persona
sobornada, o cuya corrupción se pretende, además de ser funcionario público, realice
los actos que de él se soliciten en el ejercicio de los deberes de su cargo como propios
e inherentes a las funciones que desempeñan…”.
7) Dicha posición puede, igualmente, considerarse presente en el ámbito
doctrinal, pues viene relacionándose la expresión “en consideración a su función” con
que los obsequios deben ser entregados en atención al puesto que dentro de la
organización administrativa ocupa la autoridad o funcionario, y consiguientes
competencias que del mismo se derivan.
59

En éste sentido, en relación con las características del acto del cargo, en el delito
de cohecho pasivo propio, cuya doctrina general pudiera entenderse trasladable al
impropio, se indica que la dádiva no se ofrece o se entrega para comprar el favor
general del funcionario, sino por un acto concreto, aunque no sea preciso que el acto
esté determinado al detalle, sino que esté lo suficientemente individualizado para que
objetivamente se pueda saber que la solicitud de la dádiva es contraprestación a un
acto concreto.
Igualmente, se describe, en algunos preceptos similares sobre cohecho pasivo
impropio del Derecho Comparado (art. 331.1 StGB del Código Penal Alemán, que
dentro del cohecho pasivo, especifica que la recepción de una ventaja debe serlo
“para el desempeño de su función”).
C) Conclusión.
La falta de concurrencia de la relación de causalidad cabe apreciarla respecto de
todos los imputados, inclusive en el Sr. Betoret, al que prima facie la concurrencia de
la misma pudiera presentarse, aparentemente, como relativamente más factible que en
los restantes, dado el cargo que desempeñaba de Vicepresidente ejecutivo de la
Agencia Valenciana de Turismo, ente público de la Generalitat, y con la que se
hicieron diversas contrataciones con la entidad Orange Market SL. Pero ello, debe ser
descartado, porque aún valorando que sus funciones concretas no estaban
directamente relacionadas con la aprobación de las adjudicación de las
contrataciones, ni con la participación en la mesa de contratación, se podría plantear
como posible que de alguna forma, aún excediéndose de dichas funciones, pudiera
haber influido o participado de algún modo en las mismas, tal como aduce la
acusación popular, pero dado que ello es descartado expresamente en la resolución
recurrida, la ausencia de la relación de causalidad debe también ser mantenida
respecto del mismo.
En consecuencia, dada la ausencia del requisito de la necesaria relación de
causalidad, que es de insistir es un requisito estructural del tipo penal, procede la
estimación parcial de los recursos interpuestos, en el sentido de considerar que los
hechos imputados, no son constitutivos del delito imputado de cohecho pasivo
impropio del artículo 426 del Código Penal, y todo ello respecto de todos los
recurrentes imputados, ya que, además del Sr. Costa ya excluido anteriormente de la
aplicación del tipo, los restantes no tenían por objeto de su cargo o función, conforme
a lo anteriormente manifestado, ninguna relación o competencia respecto de la
adjudicación de contratos ofertados por la sociedad Orange Market, S. L., no
constando tampoco actuación alguna favorecedora de la misma, ni, en todo caso, que
tales obsequios lo fueran por agradecimiento.
La representación de la acusación popular, hace referencia, respecto del Sr.
Camps, a que no puede olvidarse las millonarias adjudicaciones realizadas a la
empresa Orange Market SL por las distintas Consellerias del Gobierno de la
Generalitat que preside el mismo. Pero aparte de la falta de competencia de dicho
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elevante cargo con las contrataciones, y la ausencia de relación directa entre las
mismas, se ha de recordar que los hechos delimitados como objeto del presente
proceso, como se dijo al resolver anteriores recursos, no se identifican con la
existencia de una “irregular contratación”, sino que las entregas de las dádivas
tuvieran una relación causal con tales contrataciones; es más debe tratarse de
adjudicaciones justas o correctas, ya que, si se tratara de un acto irregular,
transcenderíamos del artículo 426 a otra figura del cohecho (artículo 420 si el acto es
injusto), con mutación de los hechos que son objeto del debate procesal.
La asunción de competencia por ésta Sala, no implicaba la asunción ni de una
clara antijuridicidad material en las conductas ni de una clara existencia de una
relación causal, sino meramente que los indicios que se indicaban en la exposición
razonada, cumplían los parámetros para el inicio de una investigación judicial en éste
Tribunal, y recordemos, que entre esos indicios figuraban presentes la relación entre
la dádiva y la contratación, que el Instructor, tras la pertinente investigación ha
descartado. Inclusive, como se dijo, la misma acusación popular, en su recurso de
apelación, aunque postula la práctica de más actos de investigación, manifiesta que
los datos a nivel indiciario no eran aún suficientes para incorporarlos al acervo fáctico
con la suficiente consistencia para concluir una relación causal entre los regalos y las
contrataciones.
Y todo ello sin olvidar que también existe una relación entre la indicada sociedad
y el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, a la fecha de los hechos, y a la que
expresamente se refiere la resolución recurrida, respecto de alguno de los recurrentes
(además del Sr. Costa, el Sr. Camps era el Presidente del Partido Popular de la
Comunidad Valenciana a la fecha de los hechos), y si bien cabe considerar, en
particular respecto del Sr. Camps (ya se dijo que sí respecto del Sr. Costa) que no
elimina su carácter de posible sujeto activo del delito pues también se reúne la
condición de Presidente de la Generalitat que puede absorber a aquélla, si difumina,
aún más si cabe, la conclusión de que la realización de los obsequios tenga por causa,
y exclusivamente, “la consideración a la función” realizada por las autoridades y
funcionarios públicos en quienes concurre tal condición.
Por tanto, como dijimos, al no constatarse tan siquiera un mínimo de puesta en
peligro para el bien jurídico, procede la declaración de sobreseimiento libre, en tanto
en cuanto los hechos no son constitutivos de ninguna de las modalidades del delito de
cohecho del artículo 426 del Código Penal (artículo 637.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal), lo que debe extenderse al Sr. Campos, que si bien ha
centrado su recurso, más que en aspectos jurídicos del delito imputado en la
inexistencia de los hechos, por haber existido pago y no obsequio en la adquisición de
las prendas de vestir, deben extenderse al mismo, necesariamente, el sobreseimiento
al ser idéntica la imputación esencial de los hechos, sin que la Sala, dada dicha
estimación parcial de los recursos, estime deba realizar el pronunciamiento a que se
refiere la representación procesal del Sr. Camps en el primer otrosí de su recurso.
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UNDECIMO.- En la fase procesal en la que se encuentra la instrucción,
ordena la ley que el Magistrado Instructor debe decidir entre seguir el procedimiento
adelante o sobreseer; y pudiera ser conveniente dejar aquí constancia de lo siguiente.
a) En el derecho español, y como es sobradamente conocido, el avance del
proceso va exigiendo que se hagan “juicios” sobre la naturaleza jurídica de los
hechos, de manera que no se continúe con el desarrollo del proceso cuando aparece,
ya en esta fase, que los hechos no son constitutivos de delito.
La instrucción penal tiene entre sus objetivos el determinar si existen o no los
elementos necesarios para que se vaya avanzando en el proceso, puesto que se
considera legalmente que la continuación del mismo, y de modo especial el verdadero
enjuiciamiento que se abre con el juicio oral, sólo debe ser sufrido por el imputado
cuando concurran elementos suficientes para ello.
La continuación del proceso y, sobre todo, el juicio oral, sólo debe ser
realizado cuando razonablemente se haya llegado a la constatación por un tercero
ajeno a las partes, es decir, por un tribunal, no de que va a obtenerse una sentencia
condenatoria, lo que es obvio que no cabe, pero sí de que, en lo que ahora importa, el
hecho puede ser delictivo. La decisión relativa a la continuación del procedimiento
debe tomarse en momentos determinados, como es el supuesto del artículo 779.
b) Desde lo anterior puede entenderse como el Auto del Magistrado-
Instructor de 6 de julio, que es el recurrido, significa en la instrucción que el
Magistrado ha entendido que procede la continuación del proceso, mientras que las
partes recurrentes, imputadas en las actuaciones, lo que piden por medio de sus
recursos es que no continúe el procedimiento.
Se trata, pues, de que al final de la instrucción, en este caso, al final de las
Diligencias Previas, el Magistrado Instructor tiene que dictar una resolución en la que
debe optar, básicamente en lo que ahora nos importa, entre: 1) Estimar que el hecho,
existiendo a nivel de indicio, no es constitutivo de delito, caso en el que sobreseerá, y
2) En sentido contrario, considerar que existen indicios suficientes para estimar que el
hecho investigado, aparte de que ocurrió, pudiera ser constitutivo delito, caso en el
que ordenará seguir el procedimiento por sus trámites.
Pues bien, el Magistrado Instructor ha considerado que los hechos que describe
en su Auto, y que se presentan de modo indiciario, pueden ser constitutivos y por ello
ordena la continuación del procedimiento. Las partes imputadas, en el uso de su
derecho, discrepan de esa decisión y por medio de este recurso piden a la Sala que
revise si los hechos, con todas las matizaciones y correcciones que hemos visto antes,
son o no constitutivos de delito. Al final resulta que la decisión sobre la naturaleza
jurídica de los hechos corresponde a esta Sala, la cual debe decidir si es necesario que
el procedimiento siga adelante o si debe terminar aquí por medio del sobreseimiento.
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Con la decisión de sobreseimiento libre adoptada por ésta Sala a causa de la
ausencia de la necesaria relación de causalidad, ésta Sala no se está anticipando a
cuestiones o juicios de valor discutibles o dudosos que pudieran entenderse más
propios de una fase procesal más avanzada, singularmente la del juicio oral, sino que
se trata, de que a la vista y partiendo de que la misma resolución recurrida concluye
que no existe relación directa entre el pago de las prendas y los concretos actos de
contratación realizados por las autoridades y funcionarios de cada uno de los
organismos que decidieron la contratación a la empresa Orange Market, y de que no
hay constancia de que los agasajos fuera la causa determinante de esa concreta
adjudicación, lo que se ha acreditado, es que falta todo tipo de relación de causalidad,
ya que es de insistir, no se indica únicamente que los imputados no tuvieran
competencia para autorizar dicha contratación, sino que los funcionarios competentes
que sí la tenían actuaron para otorgar dichas adjudicaciones por otras motivaciones
ajenas a las dádivas.
El sobreseimiento y archivo, y por tanto en la actual fase procesal en que nos
encontramos, ha sido también acordado, por el Tribunal Supremo, en otros supuestos,
ante la ausencia de la necesaria relación de causalidad, que debe considerarse,
conforme a su propia doctrina, un requisito estructural del delito imputado (ATS 1 de
junio de 2007, ATS de 27 de septiembre de 2007, además de los citados). Si la
relación de causalidad entre la dádiva y la función desempeñada por las autoridades o
funcionarios públicos, no se ha acreditado tras la fase de instrucción, y así se refleja
en la resolución recurrida, y la misma constituye un requisito consustancial al tipo,
estimamos, que debe resolverse, en consecuencia, en el presente momento procesal.
El Ministerio Fiscal, al impugnar el recurso, alude que estando pendientes de
practicar aún diligencias que pudieran ser relevantes para la calificación y prueba de
los hechos, sería prematuro pronunciarse sobre un archivo definitivo de los mismos.
Pero ha de indicarse, que si el ministerio público pensaba que era prematura la
clausura de la instrucción, pudo recurrir dicha resolución por dicho fundamento, y sin
embargo, el recurso interpuesto se refiere a otras cuestiones, ya suficientemente
analizadas en el fundamento jurídico tercero, y en todo caso, si el Instructor ha
podido dar por clausurada la fase de instrucción, decantándose tras las diligencias
practicadas, por el dictado de una de las alternativas del artículo 779 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, no parece posible, que el procedimiento pueda continuar,
máxime cuando en el ámbito propio del citado precepto el Instructor, tras una
escrupulosa y adecuada instrucción, ha llegado a la conclusión contraria de
inexistencia de la relación de causalidad..
La estimación del recurso, debe serlo de forma parcial, al no haber prosperado el
pronunciamiento solicitado en primer lugar, y por ende principal, de sobreseimiento
por no existir indicios de haberse perpetrado el hecho a que se refiere el presente
procedimiento (artículo 637.1 de la indicada Ley procesal penal).
DUODECIMO.- Respecto de los recursos interpuestos por las partes
imputadas recurrentes, dada su estimación parcial, procede sobre las costas su
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declaración de oficio, no procediendo especial imposición a ninguna de las partes.
Respecto de las originadas por el recurso de la acusación popular, dada su
desestimación y en virtud del principio del vencimiento, se imponen a dicha parte
recurrente, y sin especial imposición de las generadas por el recurso del Ministerio
Fiscal, dada su especial posición de parte objetiva y necesaria en el proceso penal
(arts. 239, 240 y 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
DECIMOTERCERO.- Dado que en la presente resolución, se acuerda, al
resolver un recurso de apelación, revocando la resolución recurrida, el sobreseimiento
libre, por entenderse que los hechos sumariales no son constitutivos de delito, que se
trata de un proceso, que por razón de aforamiento, correspondería conocer al Tribunal
del Jurado en el ámbito de esta Sala de lo Civil y Penal en única instancia, y que el
Iltmo. Sr. Magistrado Instructor, imputó, por los mismos, a las autoridades y
funcionarios indicados en la presente resolución, Auto que aunque transformaba el
procedimiento al de la Ley del Jurado, contenía una clara imputación a personas
concretas, descartando expresamente el sobreseimiento, con descripción de hechos y
figura delictiva imputada, y por tanto, similar al de transformación a procedimiento
abreviado (si bien que dada la naturaleza de delito corresponda la tramitación del
procedimiento establecido en la Ley del Jurado), que de no ser por la naturaleza del
delito sería el que se habría dictado (se dice en el ámbito del artículo 779 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal), de conformidad con lo dispuesto en el art. 848 de la
indicada Ley procesal penal, la doctrina del Tribunal Supremo, (STS 14 de enero de
2004, 3 de julio de 2001, 3 de mayo de 1999), y lo acordado en el Acuerdo no
Jurisdiccional de dicho Alto Tribunal de 9 de febrero de 2005, sobre los autos que
dictados en procedimiento abreviado son recurribles en casación, contra la presente
resolución, cabra interponer recurso de casación, sí bien, únicamente por infracción
de ley, conforme al artículo 848 de dicha ley procesal.
Dicho Acuerdo no Jurisdiccional especifica como requisitos para que pueda
acceder a casación un Auto dictado en el procedimiento abreviado, los siguientes: 1)
Debe tratarse de sobreseimiento libre; 2) Que haya recaído imputación judicial
equivalente a procesamiento, entendiendo por tal, aquella resolución, en que se
describa el hecho, se consigne el derecho aplicable, y se indiquen las personas
responsables; 3) El Auto se haya dictado en procedimiento, cuya sentencia sea
recurrible en casación.
Y por lo que se refiere al tercer requisito ha de valorarse en concreto (ATS de
19 de diciembre de 2007, Auto 2312/07), es decir valorar si en el procedimiento
concretamente seguido en el caso en el que ha sido dictada la resolución en estudio
albergase la posibilidad de ulterior recurso de casación frente a la sentencia que, en su
lugar, hubiera podido recaer en su seno, a lo que cabe dar una respuesta afirmativa,
habida cuenta, que pese a la penalidad a imponer en la figura delictiva del artículo
426 del Código Penal, por razón de deber de enjuiciarse ante el Tribunal del Jurado
en el ámbito de éste Tribunal Superior, la sentencia que pudiera dictarse tendría
acceso al recurso de casación (artículo 847 a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
y, además, en todo caso, la tendría también, si se tratara del procedimiento abreviado
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el adecuado, ya que, también la sentencia se dictaría por razón de aforamiento ante
ésta Sala en única instancia, artículo 847.1.a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
En todo caso, el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del
derecho a los recursos legalmente establecidos, motivaría la interpretación más
favorable como se hace en la presente.
Naturalmente, la posibilidad de interponer recurso de casación por haberse
acordado el sobreseimiento libre, queda limitada a dicho pronunciamiento, y no a las
desestimaciones realizadas respecto de los recursos de las acusaciones, popular y
pública, contra las cuales, legalmente, no procede dicho recurso de casación.
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,
LA SALA DECIDE:
1.º) Desestimar la petición de nulidad de actuaciones formulada por la
Procuradora de los Tribunales Dña. Pilar Palop Folgado, en representación del Muy
Honorable Señor Presidente de la Generalitat Valenciana D. Francisco Enrique
Camps Ortiz.
2.º) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. Juan
Antonio Ruiz Martin, en representación de D. Ángel Luna González, D. Joaquín Puig
Ferrer, Dña. Carmen Ninet Peña y Dña. Cristina Moreno Fernández, todos ellos
Diputados del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Valencianas, personados
en el concepto de acusación popular, al que se adhirió parcialmente el Ministerio
Fiscal y que es impugnado por las defensas, contra el Auto de fecha 6 de julio de
2009, dictado por el Iltmo. Sr. Magistrado Instructor en las Diligencias Previas
2/2009 tramitadas ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
con imposición del pago de las costas del citado recurso de apelación a dicha parte
acusadora popular.
3.º) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, al
que se adhirió la acusación popular e impugnaron las defensas, contra el citado Auto
de fecha 6 de julio de 2009, dictado por el Iltmo. Sr. Magistrado Instructor en las
Diligencias Previas 2/2009 tramitadas ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia, sin especial imposición del pago de las costas generadas por el
citado recurso de apelación.
4.º) Desestimar los recursos de apelación interpuestos por las representaciones
procesales de los imputados en este procedimiento (la del Muy Honorable Señor
Presidente de la Generalitat Valenciana D. Francisco Enrique Camps Ortiz, del Ilustre
Señor Diputado de las Cortes Valencianas D. Ricardo Costa Climent, ambos aforados
a éste Tribunal, así como las otras dos personas también imputadas no aforadas ante
el mismo, Honorable Señor D. José Víctor Campos Guinot, y D. Rafael Betoret
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Parreño), respecto de la solicitud principal de sobreseimiento libre interesada al
amparo del apartado primero del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
5.º) Estimar dichos recursos de apelación interpuestos por las representaciones
procesales de los imputados en este procedimiento (la del Muy Honorable Señor
Presidente de la Generalitat Valenciana D. Francisco Enrique Camps Ortiz, del Ilustre
Señor Diputado de las Cortes Valencianas D. Ricardo Costa Climent, ambos aforados
a éste Tribunal, así como las otras dos personas también imputadas no aforadas ante
el mismo, Honorable Señor D. José Víctor Campos Guinot, y D. Rafael Betoret
Parreño), en lo relativo a su petición subsidiaria, y en consecuencia, se acuerda el
sobreseimiento libre de todos ellos por no ser los hechos constitutivos de delito, de
conformidad con el apartado segundo del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, sin especial imposición de costas a ninguna de las partes recurrentes.
6.º) Librar testimonio de la presente resolución para su remisión a las
Diligencias Previas 2/09, y al Procedimiento ante el Tribunal del Jurado 1/2009.
Notifíquese al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, instruyéndoles de
que respecto del pronunciamiento de sobreseimiento libre realizado en la presente
resolución al estimarse en parte los recursos interpuestos por las partes imputadas,
puede interponerse recurso de casación dentro del plazo de cinco días hábiles
siguientes a la notificación de la presente y cumpliendo las prescripciones señaladas
en los artículos 855 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que
proceda recurso alguno respecto de las desestimaciones de los recursos interpuestos
por las acusaciones.
Llévese certificación de la presente al Rollo.
Así lo disponemos, mandamos y firmamos.
Doy fe.
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Voto particular que formula el Magistrado Juan Montero Aroca
La discrepancia con la mayoría de la Sala que se expresa en este voto
particular no afecta a los pronunciamientos de la parte dispositiva del Auto que se
enumeran con los ordinales primero a cuarto. La discrepancia se centra en el ordinal
quinto y, dentro del mismo, solamente en la estimación de los recursos, con el
consiguiente sobreseimiento, de los Sres. Camps, Campos y Betoret; por tanto,
tampoco se discrepa de la estimación del recurso, con el sobreseimiento, del Sr.
Costa.
En los términos dichos la discrepancia responde a dos dudas. La mayoría de la
Sala considera, con razones perfectamente atendibles, que existe seguridad en la
conclusión de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no son
constitutivos de delito y lo hace asumiendo la que estima jurisprudencia del Tribunal
Supremo. Las dudas de este Magistrado radican, primero, en si los hechos pudieran
ser constitutivos de delito y, segundo, en que no está convencido de que la
jurisprudencia reseñada en el Auto responda a la interpretación que estima adecuada
del artículo 426, primer inciso, del Código Penal.
En el tramite en que se encuentra el proceso la decisión que decrete el
sobreseimiento debería responder a la seguridad (en sentido jurídico) de que los
hechos no son constitutivos de delito, mientras que la decisión sobre la continuación
del proceso se basaría, simplemente, en que los hechos pudieran ser constitutivos de
delito; en un caso no son y en el otro pudieran ser.
Pues bien, este Magistrado no está convencido de que los hechos imputados a
los Sres. Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito. Ese no
convencimiento radica en que el tipo del artículo 426, inciso primero, requiere, sí,
que la dádiva tenga algún sentido o adecuación a la función de la autoridad o del
funcionario, de modo que no quepa decir que no existe relación alguna (y por esto se
comparte el sobreseimiento del Sr. Costa, dada su condición de diputado en las
Cortes Valencianas, no de miembro de los órganos de gobierno de la Generalidad
Valenciana), pero no parece a este Magistrado que ese tipo penal tenga que requerir
una relación de causalidad, por lo menos en los términos que en el Auto se dice y
respecto de los Sres. Camps, Campos y Betoret.
Según el parecer de quien formula este voto particular esa falta de
convencimiento le debe llevar a discrepar de la mayoría de la Sala, de lo que deja
constancia por medio de este voto particular.
En Valencia y a uno de agosto de dos mil nueve.
Fdo. Juan Montero Aroca
Ante mí, doy fe.
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