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Escuela de estudios judiciales
SAPERE
AUDE
2
Atrévete a Pensar
Enero-junio 2013
No.

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
REVISTA
Sapere Aude
–Atrévete a pensar–
2
NÚMERO
Edición:
Enero-junio 2013

Revista
Sapere Aude / Atrévete a pensar
Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
Formación para la Justicia y la Paz
Lote 12, finca San Gaspar, aldea Santa Rosita,
zona 16, ciudad de Guatemala, C.A.
PBX: 24267700
www.oj.gob.gt/uci
Número: 2
Edición: Enero-junio 2013
Diseño de portada:
Helber García
Diseño de interiores:
Oswaldo Morales
ISBN: 978-9929-651-01-2
Los contenidos de la presenta publicación no expresan necesariamente la
opinión de la Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala. Se permite su reproducción
parcial o total para fines didácticos, siempre que se cite la fuente.
Distribución sin fines de lucro.
Diseño y edición: Magna Terra editores S.A.
5a. ave. 4-75, zona 2
Tels.: 2238-0175, y 2251-4048 251-4298 Fax: 2250-1031
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Correo electrónico: info@magnaterraeditores.com

Consejo Editorial
Gabriel Antonio Medrano Valenzuela
Presidente del Organismo Judicial y de la
Corte Suprema de Justicia
Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos
Magistrado Vocal IV de la Corte Suprema de Justicia
Mynor Custodio Franco Flores
Magistrado Vocal IX de la Corte Suprema de Justicia
Vladimir Osman Aguilar Guerra
Procurador General de la Nación
Ricardo Armín Velásquez Rivera
Director de la Escuela de Estudios Judiciales
Secretaria del Consejo Editorial
María José Roldán Velásquez

ÍNDICE
• PRESENTACIÓN 1
• INVESTIGACIONES
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO
EJES FUNDAMENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL 5
Mario Luis Román Coto
LAS DEBILIDADES DEL JUICIO POR DELITO
DE ACCIÓN PRIVADA 29
Miriam Elizabeth Castillo Rivera
ACCIÓN CIVIL PROVENIENTE DE DELITO 41
Moisés Emilio De León Díaz
CONSULTA PREJUDICIAL: MECANISMO PARA LA
UNIFORME APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO 61
Juan Luis Cano Chávez
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA 77
Gustavo Adolfo Sigüenza Sigüenza
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA EN GUATEMALA 105
Nidia Victoria Jordán Villeda
IX

• DOCUMENTOS
ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO 135
VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia
y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife,
Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001
MARCO DE INTEGRACIÓN Y DE REALIZACIONES
A FAVOR DE LAS PERSONAS, CUMBRE JUDICIAL
IBEROAMERICANA 147
Sergio Muñoz Gajardo
Javiera Ascencio de la Fuente
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL, DECRETO NÚMERO 41-99
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 159
Presentada por la Corte Suprema de Justicia
el 10 de junio de 2013
X

PRESENTACIÓN
La Escuela de Estudios Judiciales, creada mediante acuerdo número 40-92
de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 25 de noviembre de 1992, es la
Unidad de Capacitación Institucional del Organismo Judicial.
La Ley de la Carrera Judicial establece que la Unidad de Capacitación Institucional
es el órgano encargado de planificar, ejecutar y facilitar la capacitación
y formación técnica y profesional de jueces, magistrados, funcionarios y empleados
del Organismo Judicial y otras personas u organizaciones relacionadas
o interesadas en el sistema de justicia, con el fin de asegurar la excelencia y
actualización profesional para el eficiente desempeño de sus cargos. Esta responsabilidad
permite que los participantes amplíen sus conocimientos, asuman
actitudes positivas y desarrollen sus habilidades en el desempeño efectivo de su
rol laboral.
Su propósito fundamental, es ofrecer una formación integral, ordenada,
sistemática, coherente, sostenible y basada en una adecuada evaluación diagnóstica
para desarrollar programas educacionales construidos sobre la base de
las necesidades, características y problemas de los destinatarios.
La formación judicial es especializada porque responde a criterios originados
en las necesidades existentes del sistema y aborda con especialidad
el tratamiento de los temas jurisdiccionales, judiciales y administrativos. Es
permanente porque se proyecta hacia el futuro y logra el suficiente grado
de sostenibilidad que permite su permanencia. Y, es participativa porque,
juntamente con los destinatarios involucrados en su proyecto educativo institucional,
crea las estructuras para que los destinatarios tengan acceso directo en
los procesos de formación y capacitación.
Los programas de formación y capacitación para el personal del Organismo
Judicial son factores determinantes en la introducción de cambios positivos
para la modernización del sistema de administración de justicia.
Por medio de la formación inicial y continua se desarrollan los conocimientos
(el saber), las aptitudes (saber hacer), las actitudes (saber ser) y las
habilidades sociales (saber estar). Sin embargo, no es la solución para todos los
1

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
2
problemas institucionales, es solo un medio para que el mismo personal busque
soluciones.
Las políticas de formación judicial, ante los desafíos de la nueva era, son
consideradas guías generales de acción que orientan la toma de decisiones en
la administración educativa judicial. Están diseñadas sobre la base de la determinación
de necesidades, competencias, procesos de consecución, controles
de ejecución y sistemas de evaluación, para el fortalecimiento institucional, el
logro de la excelencia profesional y el cambio de paradigmas.
Por ello, la Escuela de Estudios Judiciales ofrece, como un aporte académico
y científico, esta segunda edición de la revista “Sapere Aude” –Atrévete
a Pensar– a magistrados, jueces, funcionarios judiciales, auxiliares, personal
técnico-administrativo del Organismo Judicial y a los profesionales del derecho,
investigadores y docentes de las ciencias jurídicas. El propósito es dar a conocer
la opinión e investigación versadas de los autores, quienes voluntaria y espontáneamente
presentan sus artículos para informar sobre temas de interés relacionados
directa e indirectamente con el Sistema de Administración de Justicia.
Es importante señalar, que esta revista viene a llenar un vacío en el importante
campo de la formación especializada en nuestro país y, de manera
particular, en el de la capacitación jurisdiccional.
En la presente edición, se publican artículos que refieren los conocimientos,
opiniones, experiencias y vivencias jurídicas y jurisdiccionales de sus autores
muy bien interrelacionados con el sistema de administración de justicia. El
lector encontrará temas relacionados con los sistemas de gestión administrativa,
como ejes fundamentales en la implementación de proyectos de modernización
judicial; las debilidades del juicio por delito de acción privada; la acción
civil proveniente de delito; la consulta prejudicial: mecanismo para la uniforme
aplicación e interpretación del derecho comunitario centroamericano; la carrera
judicial, microcomparación: Guatemala y España; la formación judicial, una herramienta
para el fortalecimiento de la administración de justicia en Guatemala
y temas conexos que permiten una visión macro del sistema de administración
de justicia guatemalteca.
Guatemala, junio de 2013
Ricardo Armín Velásquez Rivera
Director a.i
Escuela de Estudios Judiciales

INVESTIGACIONES

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
COMO EJES FUNDAMENTALES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE
MODERNIZACIÓN JUDICIAL
Mario Luis Román Coto*
* Abogado y Notario (USAC). Magíster Artium en Derecho del Trabajo y Seguridad
Social, con mención SUMA CUM LAUDE (USAC). Aprobado primer año del
Doctorado de Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos (USAC).
Fue auxiliar judicial en los Tribunales de Trabajo y Abogado Asesor y defensor
del Estado en asuntos laborales en la Procuraduría General de la Nación. Ha sido
ponente en congresos jurídicos nacionales e internacionales. Seis años de ejercer
la Docencia en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala a nivel de pregrado y
postgrado. Promovió la creación de la Maestría de Derecho del Trabajo y Administración
Empresarial, habiendo diseñado la malla curricular del programa (UMG).
Director Fundador del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia
Laboral, actualmente se desempeña como Director del mismo.
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Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN 7
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS QUE MOTIVARON
LA NECESIDAD DE SU CREACIÓN 8
3. ¿QUÉ SON LOS SISTEMAS O CENTROS DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA? 11
4. ALGUNOS ELEMENTOS GENERADORES DE LA MORA JUDICIAL 13
5. REINGENIERÍA DEL SISTEMA JUDICIAL LABORAL 14
6. DERECHO COMPARADO Y EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES 22
7. BENEFICIOS DE LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 23
8. CONCLUSIÓN 27

Resumen
El presente artículo aborda la ponencia que el suscrito postuló en el
Segundo Encuentro de Salas de Trabajo de Centroamérica y República
Dominicana, en representación del Organismo Judicial.
Dicha ponencia plantea un estudio científico-judicial respecto de la
Administración de Justicia y la nueva tendencia internacional a la utilización
de “los Sistemas de Gestión Administrativa”, los cuales a juicio
del autor vienen a constituir un eje fundamental en la implementación
de proyectos de modernización de los Poderes Judiciales.
Habiendo acontecido un proceso de Modernización o Reingeniería en
el sistema judicial laboral guatemalteco es interesante dar a conocer el
diseño y formulación de dicho Sistema de Gestión Administrativa y el
modelo de Despacho Judicial, implementados por la Corte Suprema
de Justicia. Este Sistema y Modelos han sido reconocidos y aplaudidos
a nivel mundial por varios países y por la misma Organización Internacional
del Trabajo, dado los resultados positivos que se han obtenido.
Palabras clave: Sistema de Gestión Administrativa, Centro Laboral,
Celeridad Procesal, reingeniería, modernización, modelo laboral, informática.
1. INTRODUCCIÓN
En el presente Congreso se formularon y expusieron diversos temas jurídicos
relacionados con institutos del Derecho de Trabajo, otros relacionados
con los avances de diversas políticas y planes de Modernización Judicial
y las experiencias de los hermanos países Centroamericanos y de República
Dominicana en la implementación y puesta en marcha de dichos proyectos.
Es meritorio aplaudir los Proyectos y Políticas de Modernización, en virtud
que llevan inserta la decisión firme de fortalecer los respectivos sistemas y
poderes judiciales en materia laboral, en pro de atender y responder a las necesidades
de tutela judicial que claman los pueblos del istmo. Esto a la par de consensuar
y mediar entre las necesidades del mundo moderno laboral globalizado,
el que necesita, de igual forma, de la creación y establecimiento de una serie de
nuevas instituciones jurídicas y prácticas que le permitan su desenvolvimiento
y desarrollo económico.
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Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
8
Ante tal escenario, y teniendo como actores a los típicos y antagónicos
elementos personales del mundo laboral, aparece nuestro amado Derecho del
Trabajo como salvaguardia, protector y mediador en las relaciones que acontecen
entre dichos actores, buscando otorgar solución a la diversidad de conflictos
individuales y colectivos que se generan en este campo económico social.
Solución que, en muchos de los casos, es dada mediante la correcta y acertada
aplicación e interpretación de los Principios del Derecho del Trabajo, los
cuales, lejos de divorciar, vienen y deben venir a consolidar el principio magno
que inspira a esta misma norma jurídica, la “Justicia Social”. No puede pretenderse
solucionar los conflictos individuales y colectivos, que acontecen en
nuestras sociedades actualmente, si las soluciones que se postulen a los mismos
no están revestidas o incluso se hallan separadas del referido principio Justicia
Social.
Es pues necesario que, en el afán de otorgar una verdadera Justicia Social,
los Poderes Judiciales, celosos guardianes e implacables otorgantes de la tutela
judicial, estén, además de especializados, organizados y preparados para responder
a las necesidades de los sujetos en favor de quienes se deben. Tómese
en cuenta, que esa necesidad lleva inmersa, como parte integrante y como elementos
inseparables, la respuesta pronta y efectiva; ya que, si carece de estos
últimos elementos desvirtúa totalmente su esencia.
En ese contexto, aparecen los Sistemas de Gestión Administrativa, como
entes de la misma Organización Judicial. Ellos vienen a coadyuvar con los Órganos
Jurisdiccionales en los procesos de recepción y comunicación de los usuarios
de la administración de Justicia y se integran en el engranaje de la moderna
administración de Judicial.
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS QUE MOTIVARON LA
NECESIDAD DE SU CREACIÓN
Tanto en Guatemala, como en varios países de América Latina, la creación de
los sistemas de gestión administrativa es motivada por la necesidad de agilizar
los procesos de comunicación entre los Órganos Jurisdiccionales y las partes
y sujetos procesales. Procesos de comunicación que, en muchos de los casos,
afectaban el avance y celeridad en los procesos judiciales, repercutiendo directamente
en el acrecentamiento de la mora judicial, en perjuicio de la población
y de la misma organización de justicia.

En el caso particular de Guatemala, los puntos que motivaron la creación
de los Sistema de Gestión Administrativa fueron los siguientes:
• El atraso en los procesos de notificación.
• La desigual distribución de procesos o expedientes entre los Órganos Jurisdiccionales.
• Extravío y pérdida de Procesos Judiciales. (Caso particular en el Ramo Penal).
En el año de 1997, mediante el Acuerdo 15-1997 de la Corte Suprema
de Justicia, se crea el primer Centro de Gestión Administrativa de Guatemala,
denominado Centro Metropolitano de Notificaciones; departamento que posteriormente,
en el año 1998, mediante el Acuerdo 27-1998 de la Corte Suprema
de Justicia, fue nominado como “Centro de Servicios Auxiliares de la Administración
de Justicia”. Departamento al cual se le delega la tarea administrativa de
realizar la práctica de los actos de Notificación de los Tribunales del Ramo Civil
de la Ciudad de Guatemala. Dicho proyecto fue desarrollado bajo la asesoría y
el apoyo de la Cooperación Española.
No obstante las dificultades que se presentaron al inicio del funcionamiento
de dicho departamento, el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración
de Justicia, durante sus primeros tres años de labores, practicó varios actos de
notificación de resoluciones judiciales dictadas en los periódos comprendidos
de la década de los años cincuenta a los ochenta e, incluso, según compartiera
la Licenciada Dora Lizet Najera Flores, actual Magistrada de la Sala Cuarta de
la Corte Apelaciones del Tribunal de los Contencioso Administrativo de Guatemala,
quien fuera Directora de este Departamento, se practicaron actos de
notificación de un proceso del año mil novecientos.
Definitivamente, los resultados esperados en la creación del Centro de Servicios
Auxiliares de la Administración de Justicia fueron satisfactorios. Esto se
debió a que se logró reducir la mora judicial existente en aquella época, en los
procesos que se tramitaban ante los Tribunales del Ramo Civil de la Ciudad de
Guatemala; así también, se logró la reducción de los tiempos para practicar los
actos de notificación de las resoluciones proferidas por los Tribunales.
Otra dificultad que se presentaba, en aquella época, era la saturación de
expedientes judiciales en algunos Tribunales; esto debido a que los usuarios
tenían la libertad de presentar sus demandas directamente ante el Tribunal que
decidieran, lo que provocaba una desigualdad en la distribución de procesos y,
por su puesto, la carga desmedida de los mismos. Esta situación era un factor
más que provocaba la mora judicial e incidía en el desgaste del recurso humano.
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO EJES FUNDAMENTALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL
9

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
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Es por ello, que a partir del año 2000, el Centro de Servicios Auxiliares de la
Administración de Justicia, mediante la utilización de un sistema informático,
realiza la recepción y distribución equitativa entre los Tribunales del Ramo Civil
y de Familia; proyecto al cual se adhiere al Ramo Laboral en el año 2001.
En el año de 1998, dados los resultados obtenidos en el Ramo Civil, se crea
el Centro Administrativo de Gestión Penal, ente que es configurado con algunas
variantes del Centro Civil. Adicional a la gestión de los actos de notificación,
este departamento absorbe la tarea de custodia de los procesos judiciales, buscando
con ello generar transparencia en la tramitación de dichos procesos. Este
departamento fue concebido bajo la asesoría y colaboración técnica y económica
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.
Posteriormente, los Centros de Gestión Administrativa fueron difundidos
e instalados en las Ciudades de Quetzaltenango, Huehuetenango y Cobán y,
por último, en la cabecera departamental del Departamento de Escuintla, en
la Ciudad de La Antigua Guatemala y en los Municipios del Departamento de
Guatemala, específicamente, Villa Nueva y Mixco.
En el caso específico del Ramo de Trabajo y Previsión Social, con la creación
de los Juzgados Noveno al Décimo Sexto de Trabajo y Previsión Social en
el Departamento de Guatemala en el año 2009, se crea el Centro de Servicios
Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, mediante el Acuerdo 01-
2009 de la Corte Suprema de Justicia. A este Centro de Gestión Administrativa
se le delegan las siguientes funciones:
• La Práctica de todos los Actos de Notificación de las Resoluciones dictadas
por los Diecinueve Tribunales de Trabajo y Previsión Social del
Departamento de Guatemala (dieciséis Juzgados de Primera Instancia
y tres Salas de la Corte de Apelaciones) y, con ello, la obligación de
practicar todas las diligencias especiales en materia laboral (Reinstalación
de Trabajadores, Requerimientos de Pago, Embargo de Bienes
Muebles, Secuestros de Bienes muebles embargados, Embargo con Carácter
de Intervención de Empresas Mercantiles, Recuento de Trabajadores
que apoyen un Movimiento de Huelga, etc. (El Término Diligencias
Especiales, en Materia Laboral, es un concepto que el postulante
utilizó desde el año 2009, en la capacitación que sugirió y diseñó en
conjunto con la Escuela de Estudios Judiciales, denominada : “Funciones
del Ministro Ejecutor”; término mediante el cual se distinguen
cada una de las diligencias que en materia laboral deben practicar los
Notificadores de esta materia. Término y concepto que es utilizado
en el Artículo quinto del Acuerdo 26-2012 de la Corte Suprema de
Justicia).

• La recepción y distribución equitativa entre los Tribunales de Trabajo y
Previsión Social del departamento de Guatemala, de los despachos y
exhortos provenientes de los Tribunales del interior del País.
• La recepción, asignación y distribución equitativa, entre los Tribunales
de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, de
todos los procesos nuevos que son materia de conocimiento de estos
Tribunales.
Para los efectos de dar cumplimiento a estas funciones se ordenó el traslado,
de un notificador de cada Tribunal de Trabajo y Previsión Social del departamento
de Guatemala, (16 Juzgados de Primera Instancia y 3 Salas de la Corte de
Apelaciones) al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia
Laboral, ente administrativo que inició sus operaciones el cuatro de mayo del
año 2009, en su sede inicial ubicada en el noveno nivel de la Torre de Tribunales
de la Ciudad de Guatemala.
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO EJES FUNDAMENTALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL
3. ¿QUÉ SON LOS SISTEMAS O CENTROS DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA?
Reciben diversas nominaciones, en América Latina y Europa son más conocidos
como Centros de Gestión Judicial o Centros de Gestión Administrativa.
En Guatemala son nominados de dos formas: Centros de Servicios Auxiliares y
Centros Administrativos de Gestión Judicial. Cualquiera que sea su nominación,
se refiere a los Sistemas de Gestión Judicial o Administrativa que nacen en la Organización
Judicial, con la finalidad de absorber algunas tareas administrativas
de los Órganos Jurisdiccionales, procurando con ello coadyuvar al desempeño
del Despacho Judicial.
Es pues importante conocer algunas definiciones que se han formulado en
torno de los sistemas de gestión administrativa que, como se dijera anteriormente,
es conocida fuera de nuestras fronteras como Gestión Judicial. Con estas
definiciones se pretende arribar a una mejor comprensión de dichos sistemas de
Gestión Administrativa, así como las tareas administrativas que se han asignado
a dichos entes para apoyar la actividad de los Órganos Jurisdiccionales.
• Para el Doctor Claudio S. Castillo, escribiente mayor del Superior Tribunal
de Entre Ríos, de la República de Argentina, “La gestión judicial
es una cuestión práctica”, que se refiere: “…a métodos de trabajo
y, por lo tanto, todo aporte teórico en esta materia tiene que acre-
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Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
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ditar su idoneidad en los hechos.”, estableciendo que “una nueva
gestión judicial no solo ha de partir del estado actual de gestión,
sino también del estado actual de sus recursos y herramientas.”
• Por su parte, el Tribunal Superior de la Provincia del Chubut de la República
de Argentina, advierte que la Gestión Judicial es “…la función
administrativa de asistencia de la función jurisdiccional, a través de
una eficaz y eficiente dirección de los recursos humanos y materiales
disponibles”.
• La Abogada Sonia Navarro Solano, Directora del Programa de Modernización
de la Administración de Justicia de Costa Rica, al referirse a la
Gestión Judicial en su trabajo titulado como “La gestión judicial: sus
límites y posibilidades en la reforma judicial”, considera que ésta pretende
“…atacar la ineficiencia de la estructura organizacional y de
la tramitación de los procesos judiciales, mediante la incorporación
de criterios organizacionales y valores de la nueva gestión pública,
como el de racionalización y economías de escala, eficiencia y servicio
público; en un afán de romper la frontera de producción estructural
que, como señalaba Douglas North, se encuentra muy por
debajo de las capacidades de producción técnica en nuestra región.”.
• El Maestro Jesús Valencia Peña, en la publicación que hiciera en la
Revista del Instituto de la Judicatura Federal del Estado de México,
trabajo jurídico que tituló “La gestión judicial y su implementación
dentro del Poder Judicial de la Federación” puntualiza que: “La gestión
judicial comprende toda la actividad organizacional de índole
administrativa, que sirve de apoyo a la labor jurisdiccional de los
jueces, pues su implementación y estudio permiten la adecuada
administración de los recursos humanos y materiales destinados a
dicha función.”
Puede distinguirse que la gestión Administrativa involucra aquel conjunto
de actividades operativas y de comunicación que parten de la misma Función
Judicial, actividades que, en una organización judicial común o antigua, realiza
un Órgano Jurisdiccional. Tales actividades se refieren principalmente a las siguientes
funciones:
1. Recepción, documentación, guardado y seguimiento de demandas y
escritos de trámite.
2. Comunicación a las partes y sujetos procesales, de las resoluciones
emitidas por el Órgano Jurisdiccional.

3. Información del trámite y estado actuarial de los procesos.
4. Seguimiento y ejecución de lo ordenado por el Órgano Jurisdiccional.
Dichas actividades comúnmente son desempeñadas por un Órgano Jurisdiccional,
pero, ante el crecimiento de nuestras sociedades y, con ello el incremento
de las relaciones civiles, comerciales, mercantiles y laborales y, ante la
difusión y conocimiento de los Derechos que le asisten a los habitantes de
nuestras ciudades, provocan en la actualidad el acrecentamiento de demandas
y procesos judiciales, cantidad de causas que provocan la saturación de los procedimientos
y actividades de los Órganos Jurisdiccionales.
4. ALGUNOS ELEMENTOS GENERADORES DE LA
MORA JUDICIAL
En prima facie se podría pensar que la solución inmediata es la creación de más
Órganos Jurisdiccionales y la modificación de las leyes para crear procedimientos
judiciales más sencillos. Sin embargo, en algunos países de Suramérica no
ha sido esta la solución y respuesta generada, mas bien, se ha optado por la
optimización de los recursos y procedimientos, buscando motivar una nueva
gestión del Despacho Judicial, en la cual se separan del mismo aquellas actividades
que provocan la saturación de procedimientos del Órgano Jurisdiccional.
Si a lo analizado, le agregamos el ingrediente propio de nuestra región, que es la
limitación económica de nuestros pueblos y Poderes Judiciales; debemos reparar
que, definitivamente es más importante la generación de una nueva forma
de trabajo que responda a nuestras necesidades y realidades.
Nuestros pueblos claman por la obtención de una respuesta inmediata a
sus demandas judiciales y a una solución efectiva de los conflictos individuales
y colectivos que, en el seno de las relaciones laborales, se presentan en la sociedad
moderna. En nuestras Constituciones tenemos en común el compromiso a
otorgar una “Justicia Pronta y cumplida”, no obstante las limitaciones económicas
que se tengan. El compromiso es, el otorgamiento de una verdadera tutela
judicial efectiva.
En ese escenario, aparece como una solución los Sistemas de Gestión Administrativa,
los cuales han sido adoptados por los Poderes Judiciales, con el
objeto primordial de realizar la modernización de los sistemas y, en algunos
casos, llegar hasta el punto de una reingeniería de los mismos. Se convierten en
una verdadera herramienta para implementar cambios y nuevos proyectos de
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO EJES FUNDAMENTALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL
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modernización, esto, sin afectar la labor judicial, ya que estos sistemas constituyen
herramientas de apoyo a la judicatura, que le permiten optimizar el tiempo
que les ocupaba la gestión administrativa en la labor propia y pura del despacho
judicial.
5. REINGENIERÍA DEL SISTEMA JUDICIAL LABORAL
El suscrito, respecto al caso particular de Guatemala, afirmó en diversos escenarios
científicos y académicos que ha acontecido un proceso de reingeniería a
su sistema Judicial Laboral, el cual es resultado de cambios en la organización
habitual del despacho judicial y en el reordenamiento de tareas y servicios que
son adoptados por un sistema de gestión administrativa; teniendo por fin la obtención
de mejores resultados en los procedimientos de gestión administrativa.
Respecto a la reingeniería, este es el procedimiento administrativo mediante
el cual se reformula o readecuan las estructuras orgánicas de una empresa o
institución, tanto físicas como de recursos humanos, con la finalidad de garantizar
la prestación de un buen servicio para los usuarios internos y externos de la
Organización. Con ello se busca: La elevación de la productividad, la optimización
y ahorro de insumos y la identificación del recurso humano con la misma
Organización.
Los procedimientos de reingeniería son implementados regularmente bajo
condiciones de emergencia, aunque esta no es la norma. Ahora bien, en cuanto
a su implementación, tómese en consideración que existen dos niveles de implementación:
En el Primero: Se reformulan totalmente los procesos organizacionales y
de funcionamiento de la empresa o institución. Se cambia la Organización en
materia de recursos humanos, desde los mandos altos a los más bajos niveles;
y, en materia de funcionamiento, se cambian las formas de producción y de
prestación de servicios.
En el Segundo: Se realizan cambios significativos a los procedimientos de
producción y de prestación de servicios, realizando cierta reestructuración en el
Recurso Humano. No se registran cambios tan drásticos en la organización, ya
sea porque no lo requiera el caso o porque exista algún elemento externo que
se lo limite.
En el caso de Guatemala se registra el segundo nivel de implementación,
esto debido a que el proceso de reingeniería se realiza sin la necesidad de tener

que efectuar cambios en su legislación ordinaria: Código de Trabajo. La reingeniería
acontece únicamente en el escenario judicial, quien lo motiva y lidera,
pero, de igual forma, lo comparte e invita a las Instituciones administrativas a
involucrarse. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala motiva un proceso de
reingeniería en el sistema judicial laboral, el cual cumple con dos fases iniciales:
La primera: acontece en el año 2009 con los siguientes cambios:
• Creación de ocho Tribunales de Trabajo y Previsión en el Departamento
de Guatemala (del Juzgado Noveno al Décimo Sexto).
• Creación del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración
de Justicia Laboral. Con las tareas de: práctica de los actos
de notificación, recepción de demandas nuevas y distribución
de Despachos y Exhortos.
La segunda: acontece en el año 2011 con los siguientes cambios:
• Centralización de Tribunales de Trabajo y Previsión Social y
Centro Laboral en un mismo Edificio. (Centro de Justicia Laboral).
• Transformación de los Juzgados Décimo Quinto y Décimo Sexto
en Juzgados Primero y Segundo para la Admisión de Demandas.
• Incorporación de Comisarios de los Tribunales de Trabajo al
Cen tro Laboral.
• Creación de la sede del Ministerio de Trabajo en el Centro de
Justicia Laboral.
• Creación del Centro de Mediación Laboral.
Pero, para que la administración de justicia responda a las necesidades de
la sociedad y el pueblo, a favor de cual se debe, ésta debe reformularse, debe
motivar una reingeniería como el caso guatemalteco. De esto ya había advertido
el Doctor Roberto O. Berizonce en la disertación que realizara en el XVI
Congreso Nacional de Derechos Procesal, realizado en Buenos Aires, Argentina
en el año 1991 al decir: “El Poder Judicial debe ser concebido y organizado
como una verdadera empresa de servicios, sometida a estrictas reglas de
organización que aseguren su eficiencia y el adecuado aprovechamiento de
los recursos humanos y materiales disponibles.”
Y en efecto, en la administración de justicia se pretende el otorgamiento de
un servicio de calidad, en el cual se busca satisfacer las necesidades (pretensio-
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO EJES FUNDAMENTALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL
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Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
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nes) de los clientes (usuarios de la administración de Justicia); pues claro, con
algunas diferencias lógicas, aquí el cliente, en cuanto a su solicitud (pretensiones),
no siempre tendrá la razón, y esto no porque se brinde un mal servicio,
sino porque la Ley no lo permite en algunos casos; y aquel cliente satisfecho, ya
no regresa como el caso del sector privado.
Sin embargo, la apreciación de la sociedad respecto a la organización judicial
cambia drásticamente y le genera mayor confianza por la transparencia
y rapidez en su actuar. Esto, tal como lo afirmara Rafael A. Bielsa y Roberto J.
Vernengo en el Boletín La Ley, publicado el cinco de mayo del año 1999: “La
justicia, además de las características típicas tradicionales de imparcialidad
y objetividad, debe ser democrática, transparente, rápida, poco formalista,
racional, dinámica, efectiva y económica”.
La concepción empresarial en el servicio de la administración de justicia,
más las características de transparencia, rapidez, poco formalista, dinámica y
económica son las que, al insertarse en los sistemas de gestión administrativa,
dan como resultado un ente ideal por excelencia para realizar la renovación
constante de los servicios de la administración de justicia. Esto debido a que,
la finalidad de los sistemas de gestión administrativa no es solamente motivar
un procedimiento de Reingeniería o Modernización en los Poderes Judiciales,
sino de mantener una constante revisión a los procedimientos insertados en los
nuevos modelos, ya sea para ser celosos guardianes del nivel de servicio implementado
o para generar nuevas readecuaciones al mismo servicio.
En una de las visitas que realizara a Guatemala el Experto de la Organización
Internacional del Trabajo (O.I.T.), Doctor Miguel Canessa, expresó su
admiración a los cambios tan drásticos que se implementaron en Guatemala,
tanto en infraestructura como en la forma y nueva filosofía de servicio; mucho
de lo cual se realiza bajo la asesoría de la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional ( USAID) y del Programa para el fortalecimiento de la
Justicia Laboral para CAFTA-DR.
De igual forma, mostró su preocupación debido a que, por la experiencia
vista por él en otras partes del mundo, en donde se habían desarrollado muchos
proyectos positivos por diversos cooperantes; a la terminación de la gestión del
ente patrocinador, aquellos proyectos se desvirtuaban hasta desaparecer por la
absorción a la habitual forma de trabajo, que fue precisamente la que motivó
el cambio.
El caso que no ocurrió en Guatemala, ya que la Corte Suprema de Justicia,
con la finalidad de consolidar los proyectos desarrollados bajo la asesoría del
cooperante, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Social (USAID),

los institucionalizó, por medio del Acuerdo 26-2012, el cual Reestructura las
funciones del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral
y, de igual forma, crea la Dirección de Gestión Laboral (Unidad Específica
de Modernización Judicial del Ramo Laboral, que da seguimiento y evaluación
constante a los servicios que se brindan en el Centro de Justicia Laboral). Estos
ingredientes dan como resultado que en Guatemala se configure una organización
de autogestión y evaluación permanente, propias de un sistema de gestión
administrativa ideal.
De esa cuenta, hoy por hoy, el Sistema de Gestión Administrativa Laboral
de Guatemala, no solamente es desarrollado por el Centro de Servicios Auxiliares
de la Administración de Justicia Laboral, sino que involucra a la Dirección
de Gestión Laboral, entes que en el engranaje desarrollan los servicios que más
adelante se describirán, los que , en otros sistemas de gestión, son considerados
como ejes fundamentales.
La nueva conformación, en el Sistema de Gestión Administrativa Laboral
de Guatemala, viene a garantizar su permanencia, ya que Institucionaliza los
proyectos desarrollados, a la par de generar un proceso de auto evaluación, monitoreo
de procedimientos y control de calidad; con ello se concibe un Sistema
de Gestión Administrativa Propio, tanto en el país como a nivel Internacional
que, a la par de procurar la continuación de los proyectos incorporados, se
autoevaluará y medirá su impacto, con la finalidad de mantener un estándar
de servicio de calidad, en beneficio de los usuarios externos e internos de la
administración de justicia laboral.
En ese orden de ideas, a continuación se describen los proyectos y servicios
que conforman el sistema de gestión administrativa laboral desarrollado
y establecido en Guatemala; descripción que especifica, en principio, el ente
administrativo que se encarga de cada proyecto.
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO EJES FUNDAMENTALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL
17
5.1. Servicios que brinda el Centro de Servicios Auxiliares
de la Administración de Justicia Laboral
5.1.1 Formación del Expediente Electrónico
El primer paso es la formación del expediente, para lo cual se realiza la Recepción,
Digitalización y Distribución de Demandas nuevas y escritos, de los
procesos Judiciales que se tramitan ante los Tribunales de Trabajo de la ciudad

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
de Guatemala. Haciendo la aclaración que, en la actualidad, aún se lleva el
expediente físico.
El Centro Laboral cuenta con un sistema informático que le permite recibir
digitalmente, vía Internet, demandas nuevas y escritos de trámite; de hecho,
este servicio fue contemplado en el Convenio Institucional que firmara, el diez
de enero del año 2012, la Corte Suprema de Justicia con el Ministerio de Trabajo
y Previsión Social.
Actualmente, los usuarios internos de los Tribunales de Trabajo y Previsión
Social trabajan el Expediente Electrónico mediante el Sistema de Gestión de
Tribunales (SGT); sistema que permite consultar y visualizar las resoluciones,
escritos o memoriales y documentos que presentan las partes procesales en la
tramitación de un proceso. Expediente electrónico que podrá ser consultado
por las partes procesales desde la página web de la Corte Suprema de Justicia; y,
por supuesto, la consulta de dichas actuaciones únicamente podrán hacerla las
partes procesales que actúen en los respectivos procesos, siempre y cuando ya
hayan sido notificadas las resoluciones judiciales.
18
5.1.2 Notificación Electrónica
Desde el mes de febrero del año 2012, el Centro Laboral practica actos de notificación
electrónica que, adicionalmente a enviar en formato de documento
portable, por sus siglas en inglés (Portable Document Format, PDF) las resoluciones
emitidas por los Tribunales, envía también en el mismo formato los
memoriales, escritos o documentos que motivan las respectivas resoluciones.
Contrario a otros sistemas de notificación electrónica, en los cuales únicamente
se remite un aviso electrónico de la existencia de una resolución y documentos
para una parte procesal en el Tribunal; este sistema sí responde a las necesidades
de las partes procesales y del Tribunal; ya que, al poderse remitir en forma
íntegra, tanto las resoluciones como los memoriales, escritos y documentos que
motivan las resoluciones judiciales, puede establecerse con certeza, que los plazos
judiciales se inician a partir del momento en que la parte procesal recibe la
notificación electrónica en el servidor o casillero electrónico que se determine
para el efecto; extremo este que se configura en los sistemas informáticos, para
dar certeza jurídica.
Oportuno es mencionar que, en el caso de Guatemala, el Centro de Servicios
Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, en los años 2010 y
2011 estuvo generando “Avisos Electrónicos” con las Unidades del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría de Defensa del Trabajador y la Ins-

pección General de Trabajo, algunos abogados particulares, centrales sindicales
y la Unidad Laboral de la Procuraduría General de la Nación; los cuales no generaban
carga procesal y remitían, en los mismos, únicamente las resoluciones
que se dictaban en los procesos judiciales.
Este fue un servicio de prueba, que se motivó con el fin de generar confianza
en dichos usuarios hacia los futuros medios de comunicación electrónica: la
notificación electrónica. El primero en generar el Sistema de Notificación Electrónica,
implementado en Guatemala, fue el Centro de Servicios Auxiliares de
la Administración de Justicia Laboral.
Actualmente se está por adoptar un nuevo sistema de notificación electrónica,
el cual permitirá crear, a cada usuario, un casillero electrónico en la página
web de la Corte Suprema de Justicia, desde la cual las partes procesales podrán
consultar y recibir las notificaciones electrónicas enviadas por el Centro de Servicios
Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral.
Respecto al desenvolvimiento del sistema de Notificaciones Electrónicas,
el ponente se permite informar que, a la fecha en la que se realiza la actualización
de la presente ponencia, veintiuno de marzo del año 2013, los resultados
obtenidos en todos los Tribunales de Trabajo y Previsión Social del Departamento
de Guatemala (16 Juzgados de Primera Instancia y 3 Salas de la Corte
de Apelaciones), a través del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración
de Justicia Laboral se han practicado un total de: Veinte mil seiscientos ochenta
y cinco (20,685) notificaciones electrónicas; nueve mil doscientas veintidós
(9,222) por el portal de Notificaciones Electrónicas del Organismo Judicial (Del
siete de enero al veintidós de marzo del año 2013).
Once mil cuatrocientas sesenta y tres (11,463) por el sistema informático
que se creó para el Ramo Laboral por el Centro de Informática y Telecomunicaciones
del Organismo Judicial (Del mes de Febrero del año 2011 al veintiuno
de marzo del año 2013).
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO EJES FUNDAMENTALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL
19
5.1.3 Práctica de Actos de Notificación
Fue este servicio el que motivó la creación del Centro de Servicios Auxiliares de
la Administración de Justicia Laboral, el cual se encarga de notificar a las partes
procesales, que actúan ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social de la
Ciudad de Guatemala, las resoluciones que emanan de dichos Tribunales. Para
el efecto cuenta con un equipo de notificadores, los cuales antes se encontraban
asignados en los Tribunales de Trabajo y Previsión Social; pero, en virtud de la
creación del Acuerdo 01-2009 de la Corte Suprema de Justicia, son trasladados

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
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a este departamento administrativo. Lugar en el cual, se distribuye y organiza
dicho recurso humano en las diferentes rutas de notificación, con las cuales se
cubre diariamente el recorrido en la Ciudad de Guatemala. Se procura la rotación
diaria de dicho recurso humano, lo cual permite generar formas de control
efectivo a la labor de los notificadores.
5.1.4 Práctica de Diligencias Especiales y Actos de Verificación
Nominamos diligencias especiales a las siguientes: requerimientos de pago, embargo
de bienes muebles, secuestro de bienes muebles, embargo de empresas
mercantiles con carácter de intervención y reinstalación de trabajadores despedidos,
no obstante gozar del derecho de inamovilidad o estabilidad relativa.
Dichas diligencias son ordenadas por los respectivos Tribunales de Trabajo y
Previsión Social y ejecutadas por los Notificadores de la Unidad Especial de
Ejecución y Verificación de Reinstalaciones y Diligencias Especiales en materia
laboral; Unidad especializada creada para llevar a cabo esta función.
La Unidad citada debe realizar los actos de verificación, los cuales realiza
dentro de los quince días seguidos a la ejecución de una reinstalación. Se busca
con este servicio establecer el cumplimiento de la orden emanada por el
Órgano Jurisdiccional competente, ya que permite dar seguimiento a los casos
laborales en Guatemala y le provee de una importante herramienta al Tribunal,
para tomar las medidas pertinentes ante el incumplimiento de lo Ordenado en
algún proceso judicial laboral.
5.1.5 Práctica de Notificaciones Internas
Los Juzgados de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas, al
ser creados fueron ubicados físicamente en el primer nivel del Centro de Justicia
Laboral, junto al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia
Laboral, ente que tiene una Unidad específica que trabaja con dichos Tribunales
en la tramitación inicial de todas las demandas laborales nuevas que ingresan
en la Ciudad de Guatemala. Esta unidad coadyuva en la celeridad que se da
a todos los expedientes judiciales nuevos, en virtud que tiene la finalidad de
notificar inmediatamente a la persona que acaba de presentar una demanda;
estableciéndose como forma de trabajo: que entre el momento de la presentación
de una demanda nueva, al acto de notificación de la resolución de trámite
de dicha demanda, no deben transcurrir más de cuarenta y cinco (45) minutos.

De igual forma, esta Unidad de Notificación Interna deberá trasladar, a la
Unidad de Notificación Externa, las Notificaciones dirigidas a la parte demandada
y demás partes, las cuales se deberán realizar al día siguiente de la recepción
del expediente por parte de esta Unidad. Por último debe trasladar el expediente
al Juzgado que seguirá conociendo en definitiva sobre dicho proceso.
La Dirección de Gestión Laboral se encarga de brindar el servicio de Medición
o Coeficiente de Gestión Judicial y Administrativa. Tarea novedosa y de
gran importancia para la Corte Suprema de Justicia, ya que consolida e institucionaliza
los proyectos recientemente desarrollados y da seguimiento al proceso
de Reingeniería que se ha realizado en el sistema de justicia laboral de Guatemala.
Tarea que permitirá garantizar la permanencia de los proyectos generados,
así como también la realización de mediciones periódicas a los servicios
que brindan los Tribunales de Trabajo y Previsión Social y el Centro de Servicios
Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral.
Este ente administrativo tiene la tarea de realizar un Sistema de Control de
Calidad del servicio de la administración de justicia laboral, teniendo para el
efecto la facultad de proponer modificaciones a los manuales de procedimientos,
a efecto de que se puedan redistribuir las tareas administrativas y operativas
de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social y del Centro Laboral. Con ello
se busca, la obtención de la eficiencia y eficacia de los recursos humanos y
materiales, así como la reducción de los tiempos en la realización de dichos
procedimientos y prestación de servicios.
Esto busca, a la par de motivar la difusión de los proyectos en todos los
Tribunales de Trabajo y Previsión Social de la República de Guatemala, lograr
una estandarización del servicio de justicia laboral guatemalteco. Importante es
mencionar, que las personas que integran dicha Unidad trabajaron en el proceso
de asesoría, diseño y puesta en marcha de los actuales modelos del despacho
judicial y sistema de gestión administrativa vigentes en la ciudad de Guatemala.
Los entes administrativos y proyectos citados son los que, en su conjunto,
conforman el actual y moderno Sistema de Gestión Administrativa de Guatemala.
Departamentos y proyectos que se convierten en las herramientas de
apoyo directo a la función Judicial de los Tribunales de Trabajo y Previsión
Social, que son los entes judiciales a favor de los que se genera este conjunto
de implementaciones.
El siguiente paso, a la par de la institucionalización de este modelo y su
difusión en los demás Tribunales de Trabajo y Previsión Social de la República
de Guatemala, es la obtención de la acreditación y certificación internacional de
los Tribunales de Trabajo y Previsión Social y del Centro de Servicios Auxiliares
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO EJES FUNDAMENTALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL
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de la Administración de Justicia Laboral, los cuales, en su conjunto forma un Sistema
de Gestión Único en el Mundo. Este paso es desafiante, por las exigencias
y arduas horas de trabajo que representan, pero es importante porque, a la par
de ser el primer Ramo de Justicia de Guatemala que se anima a iniciar con este
proceso importante, se logrará garantizar a la población guatemalteca que su
sistema de justicia laboral sí responderá a las necesidades del otorgamiento de
una Verdadera Justicia Pronta y Cumplida.
6. DERECHO COMPARADO Y EXPERIENCIAS EN
OTROS PAÍSES
El establecimiento de modelos o sistemas de gestión administrativa ágiles e
ideales, y la acreditación y certificación de los mismos es una corriente actual
en América Latina, por ello se cita brevemente lo que está ocurriendo en otros
países:
Argentina, en el año 2007 creó la Comisión Nacional de Gestión Judicial, la
cual impulsa el rediseño de la organización del Poder Judicial de aquel país. Ella
se ha centrado actualmente en los siguientes ejes: Los sistemas de gestión administrativa,
organizacional-rediseño de procesos; coeficiente de gestión judicial;
firma digital; notificación electrónica y expediente digital.
Costa Rica se encuentra generando un sistema de gestión de calidad de
la administración de justicia, sistema que lo basa en tres pilares: las políticas
públicas en el servicio; el derecho de las personas usuarias y el desarrollo de
un enfoque sistémico integral. Dichos pilares han sido determinados por la
Comisión de Gestión Integral de Calidad y Acreditación de Justicia (Comisión
GICA-Justicia), coordinada por el Magistrado Rolando Vega Robert. Esto a la par
de haber incorporado un sistema de notificación electrónica.
En Honduras, recientemente se estableció, en el sistema judicial laboral, la
Conciliación obligatoria, sistema que ya ha iniciado a dar los resultados esperados,
en virtud que se ha registrado la conciliación en buena parte de los procesos
nuevos. Esto, a la par que se encuentran realizando actualmente un proceso
de modernización del despacho judicial en vías a un proceso de acreditación de
los Tribunales de Trabajo.
En Nicaragua, con la creación del nuevo Código Procesal del Trabajo, se
realiza un nuevo ordenamiento legislativo al ramo laboral, el cual lleva aparejado
el impulso de la modernización a los sistemas de gestión judicial y la
utilización de los sistemas informáticos.

En Guatemala, adicional al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración
de Justicia Laboral, existen los siguientes centros de Gestión Administrativa,
los cuales, en sus respectivas competencias desarrollan la función de apoyo
a la función judicial:
• Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia (conocido
como Centro Civil).
• Centro Administrativo de Gestión Penal. (Actualmente nominado,
Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal)
• Centros Administrativos de Gestión Penal de los Diversos Municipios
y Departamentos de la República de Guatemala.
Los departamentos citados son los que llevan a cabo en Guatemala, la gestión
administrativa judicial que le ha sido encomendada por la Corte Suprema
de Justicia, la cual involucra y contempla las siguientes tareas:
• Recepción y Distribución de Demandas.
• Práctica de Actos de Notificación.
• Custodia de Expedientes Judiciales (solo en el Ramo Penal).
• Recepción de Escritos de trámite (Ramo Penal y Laboral).
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO EJES FUNDAMENTALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL
23
7. BENEFICIOS DE LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Los principales beneficios que ha generado la creación del Centro de Servicios
Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral para la Corte Suprema de
Justicia son los siguientes:
7.1. La eficiencia y eficacia del Recurso Humano
(Notificadores y Comisarios del Ramo Laboral)
Con anterioridad los Notificadores, al encontrarse en los Tribunales de Trabajo
y Previsión Social, en la mayoría de los casos debían desplazarse a los mismos
lugares a Notificar (Inspección General de Trabajo, Bufetes Populares de las
Universidades, Gremiales Sindicales, Bufetes Corporativos, Instituciones Estatales,
etc.), provocando con ello el desgaste innecesario del recurso humano

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
24
y su desaprovechamiento, lo cual se evidenciaba en el atraso en los procesos
Judiciales.
La centralización de los Comisarios en el Centro Laboral permite la generación
de nuevos proyectos, como lo son la formación del expediente electrónico,
la optimización del recurso humano y la unificación de procedimientos administrativos
en la documentación y registro de demandas y escritos.
7.2. Especialización de los Notificadores del Ramo Laboral
Es evidente que las actividades que realizan los Notificadores en materia de
Trabajo y Previsión Social son distintas a las que efectúan los Notificadores de
otros Ramos (Civil, Penal, Familia, etc.). Por lo cual, la concentración de los
Notificadores en el Centro Laboral, ha permitido la inversión eficaz en la Capacitación
constante de los Notificadores. Se han planificado y ejecutado para ellos
diversos cursos de especialización, lo cual permite garantizar la calidad del servicio
que prestarán. Los cursos que a la fecha se les han impartido, entre otros,
son : Juicio Ordinario Laboral, Conflictos Colectivos de Trabajo, Funciones del
Ministro Ejecutor, Proceso Constitucional de Amparo, Integración y trabajo en
equipo.
7.3. La rapidez en la práctica de los Actos de Notificación
y Diligencias Especiales
Ello se debe a que todos los actos de notificación y Diligencias Especiales en
materia laboral son practicados al día siguiente de la recepción de las resoluciones
en el Centro Laboral. (Reinstalación de trabajadores, requerimientos de
pago, Intervenciones de Empresas Mercantiles, Embargo de Bienes Muebles,
Secuestros de Bienes Embargados).
7.4. La rapidez en la práctica de los Actos de Notificación
y Diligencias Especiales ordenadas en los Exhortos
La Creación del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia
Laboral es de beneficio a todos los Tribunales del Interior del País, dado que
desde el mes de Septiembre del año 2010, para agilizar el diligenciamiento de
los actos de Notificación y práctica de diligencias especiales en materia laboral,
ordenadas por los Tribunales de Trabajo y Previsión Social del interior del país,

el noventa y cinco por ciento de los Exhortos y Despachos son diligenciados al
día siguiente de su recepción en el Centro Laboral.
7.5. La Eliminación de la Mora Judicial y el Fomento de
la Celeridad Procesal
Como consecuencia de la rapidez en la práctica de los actos de notificación (al
día siguiente de la recepción de las resoluciones en el centro laboral), el trámite
de los procesos judiciales, por parte de los Tribunales de Trabajo y Previsión
Social en el Departamento de Guatemala, es mucho más ágil. Además de permitir
que aquellos expedientes judiciales, cuyo trámite se encontraba rezagado,
fueran nuevamente reactivados y finalizados. Lo cual permitió el fomento de
la verdadera celeridad procesal en la tramitación de los procesos judiciales en
materia laboral.
7.6. Distribución Equitativa de Procesos Judiciales entre
los Tribunales de Trabajo
Mediante la utilización del Sistema de Gestión de Tribunales (sistema informático
del Organismo Judicial) y la configuración en el mismo de los diferentes
procesos que deben conocer los Tribunales de Trabajo, este departamento distribuye,
sin mediar voluntad humana, en la distribución equitativa de los procesos
judiciales, entre los diecinueve Tribunales de Trabajo y Previsión Social del
Departamento de Guatemala (16 de Juzgados de Primera Instancia y 3 Salas de
las Corte de Apelaciones).
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO EJES FUNDAMENTALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL
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7.7. Traslado de Actividades Administrativas de los Tribunales
de Trabajo y Previsión Social al Centro Laboral
Gracias a la creación de este Departamento, que atiende las actividades administrativas,
se ha logrado que los Tribunales de Trabajo y Previsión Social se
dediquen exclusivamente a su actividad jurisdiccional.

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7.8. La innovación de servicios
Se han creado nuevos servicios, acordes con las necesidades que se perciben en
el desarrollo de sus actividades, lo cual busca generar la eficacia de los recursos,
en virtud que la actividad administrativa y servicios de apoyo a los Tribunales se
concentra en este Departamento (Centro Laboral). Tal es el caso de las Notificaciones
Electrónicas, la formación del expediente electrónico y publicación de
este en la página Web de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
Y como un servicio novedoso, en Guatemala existe viabilidad legal al respecto
en materia laboral, se encuentra la recepción digital de Demandas Nuevas
y Escritos de trámite, servicio que se prestaría de igual forma a través de la
Pagina Web del Organismo Judicial.
26
7.9. Elevación del Prestigio Institucional del Organismo
Judicial y la Corte Suprema de Justicia de Guatemala
De igual forma, como consecuencia de las bondades en la agilización de los
procesos judiciales en materia laboral, la misma permitió fortalecer el prestigio
Institucional del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia en el ámbito
laboral, colocándola como una de las mejores Instituciones del Estado de
Guatemala, por la promoción e instauración de políticas públicas que fomentan
la elevación de la prestación de servicios de calidad para sus usuarios y la eficiencia
y eficacia en la administración de sus recursos.
Prueba de esto es la suscripción del Convenio con la Corte Suprema de
Justicia de la hermana República de Honduras, por medio del cual, la Corte
Suprema de Justicia de Guatemala, ofrece la colaboración y asesoría para la
construcción y formulación de un sistema de Gestión Administrativa y Judicial
para los Tribunales de Trabajo de San Pedro Sula.
Importante es citar la reciente visita efectuada, en el mes de febrero del año
2013, por la Directora de Normas Internacionales del Trabajo, Doctora Cleopatra
Doumbia Henry, y altos Funcionarios de la Organización Internacional del
Trabajo, al Centro de Justicia Laboral de Guatemala; visita en la cual, tanto la
Doctora Doumbia como los funcionarios de la O.I.T., expresaron su admiración
al Sistema y Organización que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha
instalado en el Ramo Laboral. Reconocieron que es un Sistema Único en su
género en el Mundo, no solo por la existencia de un Centro de Justicia Laboral
con nuevos servicios y Tecnología, sino también por la inclusión de políticas

de gestión ágil, que fomentan Buenas Prácticas en el sector Judicial de Trabajo
y Previsión Social. Un delegado de la Organización Internacional de Trabajo
formuló la recomendación, de procurar la generación de convenios de entendimiento
entre la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y la O.I.T., para que los
proyectos desarrollados en el sector de Justicia de Guatemala (Sistema de Gestión
Administrativa y Organización de Tribunales de Trabajo), por intermedio de
la O.I.T., sean ofrecidos como un Sistema Modelo a los demás Estados parte de
tan importante Organización.
8. CONCLUSIÓN
Concluyo diciendo que la existencia de los Sistema de Gestión Administrativa
permitirá, a los Poderes Judiciales, la implementación de proyectos de Modernización
e incluso a la generación de sistemas de Reingeniería, sin afectar la
propia función judicial.
Los sistemas de Gestión Administrativa son verdaderas herramientas de
apoyo a la función judicial; no vienen a desvirtuar aquella, por el contrario, buscan
modernizar la forma de documentación y comunicación de las actuaciones
judiciales, ya que permiten generar y establecer mejores sistemas de control de
calidad, transparencia y celeridad procesal. Ello, al final, contribuye a que los
Órganos Jurisdiccionales y los Poderes Judiciales respondan a las necesidades
de obtención de justicia laboral de sus respectivas sociedades y países.
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO EJES FUNDAMENTALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL
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LAS DEBILIDADES DEL JUICIO
POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA
MIRIAM ELIZABETH CASTILLO RIVERA*
* Abogada y Notaria (USAC). Pensum cerrado de la Maestría de Derecho Penal
(USAC). Con 27 años de laborar en el Organismo Judicial y trece años de fungir
como jueza de sentencia. Actualmente se desempeña como Jueza Vocal y Unipersonal
del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente de Quetzaltenango.

Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN 31
2. CONCEPTO DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA 31
3. ADMISIBILIDAD DE LA QUERELLA 32
4. TRÁMITE DEL JUICIO DE ACCIÓN PRIVADA 33
5. INCIDENCIAS QUE SE PRESENTAN DURANTE EL TRÁMITE
DEL JUICIO DE ACCIÓN PRIVADA 35
6. CONCLUSIÓN 39
7. NORMATIVAS 40

Resumen
El trabajo versa sobre el procedimiento establecido para tramitar los
delitos de acción privada que, mediante la práctica tribunalicia, de una
u otra forma, ha generado ciertas incidencias que dicho procedimiento
específico no contiene expresamente.
Palabras claves: Querellado, Querellante Exclusivo, Audiencias, Sobreseimiento,
Desistimiento, Ampliación escrito acusación.
1. INTRODUCCIÓN
Como juzgadora y dentro de la práctica tribunalicia, se ha establecido que
el Juicio de Acción Privada ha generado una serie de interrogantes, al
haber dejado, el legislador, lagunas legales que el juzgador debe solventar
a su prudente criterio y con apego a la ley. En consecuencia, no existe unidad de
criterios en cuanto a su tramitación y en específico a las incidencias que dentro
del mismo se presentan. En el curso del tema se intenta puntualizar sobre las
mismas y aportar soluciones que ayuden en el diario quehacer de los jueces.
Se describirán, paso a paso, cada una de las circunstancias que pueden
suscitarse durante el trámite del juicio de acción privada y que todos saben es
un juicio entre partes.
2. CONCEPTO DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA
Los delitos de acción privada han surgido como una alternativa a la resolución
del conflicto que surge con ocasión de la comisión de un delito –enfocado en
un punto de vista de una política criminal determinada–. Es un ámbito de aplicación
especial. (Calderón, Maldonado, Luis Alexis. Delitos de Acción Privada,
Págs: 15, 145).
En consecuencia, de conformidad con el artículo 24 quáter, 122, 332 bis y
474 del Código Procesal Penal, quien pretenda perseguir por un delito de ac-
31

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
32
ción privada, entiéndase los relativos al honor (calumnia, injuria y difamación),
daños, violación y revelación de secretos y estafa mediante cheque, siempre
que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandatario
especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio,
indicando el nombre, domicilio o residencia del querellado. Debe cumplir, además,
con lo establecido en el artículo 302 del Código Procesal Penal. De conformidad
con las reformas al Código Procesal Penal, relativas a la reparación digna,
el procedimiento de acción privada también se somete a estas reglas, por lo
cual, después del debate de responsabilidad penal debe realizarse la audiencia
de reparación correspondiente.
3. ADMISIBILIDAD DE LA QUERELLA
Uno de los supuestos por los cuales se puede declarar inadmisible una querella,
por delito de acción privada, es el “incumplimiento de alguno de los requisitos
previsto”. Ahora bien, de la lectura de todas las normas jurídicas relativas al
título III, del libro cuarto del Código Procesal Penal, se advierte que no existe
un solo apartado referente a los requisitos que debe cumplir la querella en este
procedimiento. Esta laguna legal ha sido superada correctamente por la práctica
forense, al aplicar contextualmente los artículo 302 y 332 bis del indicado código;
toda vez que la primera establece los requisitos de toda querella y la segunda
la imputación de cargos, a través de la fijación de los hechos en la acusación.
Claro está, adecuando los requisitos a manera que presenten una estructura
inteligible.
Esta aplicación contextual de la norma jurídica genera, en no pocos casos,
el incumplimiento de algunos requisitos, en especial lo relativo a una “clara, precisa
y circunstanciada relación de los hechos imputables”; razón por la cual, en
un alto porcentaje, las querellas son desestimadas, lo cual genera gastos inútiles
a los interesados, no obstante que se puede repetir la misma haciendo alusión
del rechazo anterior y cumpliendo con el requisito formal cuya inobservancia
dio motivo al rechazo.
Otra razón, por la cual las querellas son desestimadas, lo constituye la interpretación
de los requisitos de la querella de acción privada, que realizan los
jueces, siendo el caso que algunos son más rigoristas que otros, lo que, consecuentemente,
provoca la falta de aplicación certera de la ley y se someten a
la impredecibilidad del criterio jurisdiccional. Una de las soluciones a este respecto
se estructura bidimensionalmente: primero en el acervo jurisdiccional, a
razón que los jueces inteligiblemente establezcan los requisitos de las querellas

de acción privada e interpreten el rigor de su contenido, para así, mantener la
predicibilidad de la decisión y la coherencia del derecho. Y, en un segundo momento,
a través de foros jurídicos con abogados litigantes, con el objeto de dar
a conocer los requisitos formales de toda querella por delito de acción privada y
el criterio prudente de los órganos jurisdiccionales al respecto.
4. TRÁMITE DEL JUICIO DE ACCIÓN PRIVADA
Se tratará de ir en orden y dar el aporte que se ha planteado, a fin de coadyuvar
en algo en el trámite del juicio de acción privada y sus incidencias.
• La querella debe llenar los requisitos contenidos en los artículos: 302,
332 bis y 474 del Código Procesal Penal. Entendiéndose que dentro de
la querella va inmersa la acusación.
• Si la misma, llena los requisitos legales, se admite y se señala día y hora
para la audiencia de conciliación, misma que se notifica al querellante
y querellado.
• A la audiencia de conciliación, las partes asistirán personalmente o representadas
legalmente con sus respectivos abogados, para no violentar
el derecho de defensa, contenido en el artículo 12 de la Constitución
Política de la República de Guatemala. Si el querellado comparece
sin abogado se le provee de defensor público, conforme el artículo 92
del Código Procesal Penal.
• En la audiencia de conciliación, el juez da oportunidad a las partes
para que dialoguen sobre el asunto y propongan fórmulas de arreglo.
Si se arriba al acuerdo o convenio, el mismo se aprueba y se ordena el
archivo del proceso.
• Si el querellado incumple el arreglo, el querellante tiene derecho de
acudir a la vía civil, para ejecutar éste en la vía de apremio, conforme
a lo establecido en el artículo 294 numeral 7 del Código Procesal Civil
y Mercantil. Al respecto, algunos juzgadores consideran que, por ser
un delito de acción privada, debe ponderarse que es un delito entre
partes y que lo procedente es continuar con el trámite ordinario de la
querella; es decir, citar al procesado para su sujeción al procedimiento,
previa identificación del mismo. Incluso lo anterior, en atención a lo
preceptuado por el artículo 29 constitucional, en acceso a la justicia
LAS DEBILIDADES DEL JUICIO POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA
33

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
34
que se integra con el artículo 5 del Código Procesal Penal o sea la
tutela judicial efectiva a la víctima.
• Si el querellado ha sido legalmente citado, se le convoca para identificarlo,
para que señale lugar para recibir notificaciones, nombre abogado
defensor de su confianza y, de no hacerlo, se le nombra de oficio y
se le informa sobre su sujeción al procedimiento.
• Posteriormente se señala audiencia dentro del plazo de tres días, para
que las partes ofrezcan los medios y órganos de prueba que estimen
pertinentes. En dicha audiencia opera el contradictorio. Agotado éste,
el o la juzgadora, admite la prueba que sea pertinente, necesaria, legal
y legítima y rechazará la abundante, innecesaria, impertinente e ilegal.
Señalará día y hora para el debate, ello de conformidad al artículo 343
del Código Procesal Penal, toda vez que es necesario discutir adversarialmente
sobre la imputación probatoria, extremo por el cual los
jueces deben realizar esta audiencia.
• Cualquiera de las partes pueden plantear recurso de reposición, el cual
será rechazado in limine con apego al artículo 66 inciso c) de la Ley del
Organismo Judicial, si resulta espurio o bien no especificare el agravio
que exige el segundo párrafo, artículo 281 del Código Procesal Penal,
lo que se notificará en audiencia a los sujetos procesales.
• Si se plantea conforme el 403 y 281 del Código Procesal Penal, se
corre audiencia a la otra parte, declarando con lugar o no el recurso
de reposición. Este puede ser parcial al acoger únicamente parte de las
pretensiones del interponente.
• Para la realización del debate se procede conforme a lo establecido en
los artículos: 354 al 382 del Código Procesal Penal.
• Debe realizarse la audiencia de reparación digna, conforme lo establece
el artículo124 del Código Procesal Penal, a efecto de cumplir con la
tutela judicial efectiva, que le asiste a toda persona víctima de delito.
• La sentencia que se dicte puede ser impugnada ante la sala jurisdiccional
respectiva.
• Al quedar firme la sentencia, se agota la fase de ejecución de los fallos.

5. INCIDENCIAS QUE SE PRESENTAN DURANTE EL
TRÁMITE DEL JUICIO DE ACCIÓN PRIVADA
A continuación se describen algunos incidentes que se han podido percibir en
la tramitación del juicio de acción privada.
• Inadmisibilidad. La querella será desestimada por auto fundado, cuando
sea manifiesto que el hecho no constituye delito, cuando no se
puede proceder o faltare alguno de los requisitos establecidos en el
artículo 302 del Código Procesal Penal. En estos casos se devolverá al
querellante el escrito y copias acompañadas, incluyendo la resolución
judicial.
• El querellante podrá repetir la querella corrigiendo sus defectos, si es
posible, con mención de la desestimación anterior.
• La investigación preparatoria se efectúa cuando es imprescindible
identificar o individualizar al querellado o determinar su domicilio, residencia
o fuere necesario establecer, en forma clara y precisa, el hecho
punible. El tribunal lo acordará y enviará el expediente al Ministerio
Público, para que efectúe la investigación preparatoria, quien lo devolverá
al concluir las diligencias. Cabe destacar que, este extremo, muy
raras veces se presenta; toda vez que, en la mayoría de casos, quien
presenta la querella tiene individualizada a la persona en contra de
quien acciona penalmente.
• Mediación y conciliación. Las partes, previo a acudir al órgano jurisdiccional,
pueden ventilar el conflicto en centros de mediación y conciliación.
El arreglo a que se llegue constará en acta o en registro magnetofónico,
que se remitirá al tribunal para su homologación siempre y
cuando no se violen preceptos constitucionales o tratados internacionales
en materia de derechos humanos. Si en el plazo de treinta días el
acuerdo de mediación no se suscribe, las partes quedan en la libertad
de acudir al órgano jurisdiccional.
• Admitida la querella y citado a conciliación a las partes, si el querellante
no se presentara, se tendrá por desistido tácitamente de la acción
o se decretará el abandono de la acción penal a pedido de la defensa
del querellado.
• Si el querellado justifica su incomparecencia y el juez la encuentra
ajustada a derecho, admite la excusa y señala nuevo día y hora para
la audiencia de conciliación, dejándose sin efecto la declaratoria de
abandono a la acción intentada.
LAS DEBILIDADES DEL JUICIO POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA
35

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
36
• Si el querellado no fue citado por dirección inexacta, se le solicita al
querellante que establezca dichos extremos. Si no obstante hacerlo, el
querellado no es habido, se puede comisionar, conforme el artículo
33 y 71 del Código Procesal Civil y Mercantil, y designar a un notario
particular, ajeno al proceso para que ubique al querellado y le notifique.
Para el efecto se le remitirá el original, copias del memorial de
querella y resolución respectiva, debiendo el notario firmar el libro
correspondiente. El notario asentará la notificación a continuación de
la resolución respectiva.
• Ejecutado lo anterior con resultado positivo, sin que el querellado
comparezca a la audiencia de conciliación señalada, se decretará su rebeldía
y se ordenará su detención preventiva. Se paraliza el proceso en
tanto es habido. Al detenérsele se pondrá al querellado a disposición
del juez competente, en el plazo de seis horas, conforme al artículo
6 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En este
momento procesal, el juez de la causa, le hará saber el motivo de su
detención, lo identificará, requerirá que señale lugar para recibir citaciones,
el nombre del abogado defensor y le informará sobre su sujeción
al proceso. Posteriormente se señala la audiencia de ofrecimiento
de prueba, se discute y resuelve al respecto. Luego se señala día y hora
para el debate.
• Si al ser habido el querellado, fueren días y horas inhábiles, se pondrá
a disposición del juez de paz de turno, quien le hará saber el motivo
de su detención y cursará lo actuado al juez de sentencia respectivo, a
primera hora hábil siguiente.
• Si fueren varios los querellados, el proceso, en caso de rebeldía, solo
se paralizará en cuanto a los rebeldes. Se juzga conforme al procedimiento
de acción privada a los que comparecieron a la audiencia de
conciliación y subsiguientes.
• Puede ser que en la primera audiencia de conciliación el defensor particular
se haga presente, no así el querellado legalmente citado. En
consecuencia el querellante pide se declare su rebeldía, ante lo cual
el juez corre audiencia al defensor y éste pide tiempo para establecer
los extremos de la incomparecencia de su defendido. Se ampara en lo
que para el efecto establece el artículo 79, segundo párrafo del Código
Procesal Penal, que dice: La declaración de rebeldía será emitida por el
Juez de Primera Instancia o Tribunal competente, previa constatación
de la incomparecencia, fuga o ausencia… Por tanto se accede a lo

pedido. Si justifica su incomparecencia, se señala nueva audiencia de
conciliación, notificando la decisión a las partes.
• Si no halla el defensor al querellado y lo comunica al tribunal, éste
declara la rebeldía y hace los pronunciamientos de ley. La declaratoria
de rebeldía implica la revocación de la libertad simple o la aplicación
de medidas sustitutivas de prisión preventiva. El proceso se paralizará
solo en cuanto a dicho procesado, porque si fueren varios, a estos se
les juzgará en esa oportunidad.
• En la audiencia de conciliación, el defensor particular puede requerir
que se le admita la renuncia, porque no ha logrado contacto con el
querellado. El juez o jueza tiene por presentada la renuncia a la defensa
técnica del querellado, misma que se le hace saber al procesado. Se
le fija plazo para que nombre un abogado defensor particular de su
confianza que sustituye al actual, advirtiéndole que se le nombrará de
oficio si no lo hace. En tanto esto se resuelve, el defensor renunciante
no puede abandonar la defensa hasta que no intervenga su sustituto.
Dicha decisión se notifica al querellante y defensor presentes en la
audiencia y al procesado en la forma legalmente establecida.
• En cuanto a la renuncia de la defensa, en la audiencia de conciliación o
antes, se debe tener por planteada la misma conforme al artículo 102
del Código Procesal Penal. El defensor técnico no puede renunciar
durante el debate o audiencias. Esto no debe entenderse radicalmente
porque, tómese en cuenta que el debate aún no se ha abierto e incluso
hay que tener presente lo opinado por el Colegio de Abogados al respecto,
quien sostiene que se puede renunciar a la defensa en cualquier
momento. Esto es así, pero el renunciante debe proponer un sustituto
y pedirle la anuencia al querellado sobre si acepta o no tal designación.
Así, el tribunal tiene por planteada la renuncia, pero fija un plazo al
querellado conforme el artículo 153 del Código Procesal Penal, para
que nombre abogado particular de su confianza y, si no lo hiciere, se le
nombrará uno de oficio; pero, el defensor titular no puede abandonar
la defensa hasta que no comparezca el abogado que lo reemplace.
• Luego de la identificación y sujeción del procesado a procedimiento,
algunos tribunales convocan a las partes para la apertura a juicio
y ordenan que el querellante haga saber el hecho al querellado. Lo
cual, obviamente no procede, porque el querellado ya está enterado
del contenido de la querella al momento de notificársele y entregarle
copia del escrito respectivo. Esto tiene su razón de ser, en virtud que
la querella ha pasado por el proceso de depuración previa admisión.
LAS DEBILIDADES DEL JUICIO POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA
37

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38
De actuar así, se quebrantaría el procedimiento al variar las formas
del proceso, violentando de esta manera el principio de imperatividad
contenido en el artículo 3 del Código Procesal Penal. Lo anterior así
debe ser, porque la ley regula el procedimiento específico, a efecto de
no correr el riesgo que se ataque la acusación, conforme a lo establecido
en los artículos: 336 al 339 del Código Procesal Penal. Amen que,
conforme al artículo 10 del Decreto 7-2011 del Congreso de la República,
dicho extremo se subsume en el alegato de apertura que hace la
parte acusadora y la defensa, donde cada quien presenta su teoría del
caso y su anti tesis. (Arto. 368 CPP). En el caso que el querellado manifieste
que no lo ha comprendido, el juzgador debe resumir el hecho.
• El querellante puede, en el debate, pretender ampliar la acusación, por
inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiere
mencionado en la acusación. Acá surge la interrogante, ¿Procederá?
La ponente del tema considera que sí. En consecuencia, deja en el
uso de la palabra al querellante para que amplíe la acusación y, de la
misma, se le da audiencia al procesado, misma que evacua su defensor.
• Posteriormente, si el juez lo estima pertinente, admite la ampliación
que integrará la acusación inicial y se lo da a conocer al querellado.
Subsiguientemente procede a recibir la declaración del procesado, si es
el caso, luego se somete al interrogatorio. El juez hace saber a las partes
el derecho que les asiste de pedir la suspensión del debate, para ofrecer
nuevas pruebas o preparar su intervención. Ante esto, el juez fija un
plazo prudencial, conforme el artículo 152 del Código Procesal Penal.
Al respecto de las incidencias que se dan en la tramitación del Juicio de
Acción Privada, la ponente del tema consultó el Código Procesal Penal Peruano,
del Instituto de Ciencia Procesal Penal del año dos mil cuatro y le pareció importante
establecer que, en el artículo 459 se habla de la querella que debe ser
formulada ante el juez penal unipersonal. Extremo que da sustento a las últimas
reformas introducidas al procedimiento penal guatemalteco. El artículo 460 regula
sobre la admisibilidad de la querella, misma que, si no es clara y completa,
dispone que dentro de tercero día, el querellante subsane o aclare la misma. De
no hacerlo, ordena el archivo definitivo. Consentida dicha decisión no puede
volver a renovarla. El artículo 462, del citado cuerpo legal, regula lo atinente
al auto de citación a juicio y audiencia, en el cual se observa mayor avance en
Guatemala, pero, lo que sí me parece bien es, que si el querellante injustificadamente
no asiste a la audiencia o se ausenta de ella, se sobresee la causa.

Se consultó además los códigos penales de Colombia y Chile. El nuevo
Código Penal y de Procedimiento Penal, Nuevo Sistema Penal Acusatorio, de
Colombia, en su artículo 71 regula lo del querellante legítimo que, en nuestro
medio, es el querellante exclusivo. El Código Procesal Penal de Santiago de
Chile, en su artículo 401, regula el Desistimiento de la querella y dispone: “Si
el querellante desistiere de la querella, se decretará sobreseimiento definitivo
en la causa y el querellante será condenado al pago de las costas, salvo que el
desistimiento obedeciere a un acuerdo con el querellado”.
Con todo, una vez iniciado el juicio no se dará lugar al desistimiento de la
acción privada, si el querellado se opusiere a él. Comparado dicho artículo con
el 483 del Código Procesal Penal guatemalteco, se estima que está mejor redactado
en Guatemala el desistimiento expreso, porque se requiere la anuencia del
querellado para desistir expresamente y así no incurrir en condena de costas
procesales.
El artículo 402 del citado cuerpo normativo me pareció importante, porque
versa sobre el abandono de la acción y dice: La inasistencia del querellante a la
audiencia del juicio, así como su inactividad en el procedimiento por más de
treinta días, entendiendo por tal falta de realización de diligencias útiles para
dar curso al proceso que fueren de cargo del querellante, producirán el abandono
de la acción privada. En tal caso el tribunal deberá, de oficio o a petición de
parte, decretar el sobreseimiento de la causa. Lo novedoso de este artículo, es
que en forma expresa se decreta el sobreseimiento.
El artículo 404 tiene como lo relevante en cuanto a la conciliación, que si
se trata de delitos de calumnia o injuria se otorgará, al querellado, la posibilidad
de dar explicaciones satisfactorias de su conducta, lo cual denota el juego limpio
con que se insta a las partes a litigar y que se regula en el ordenamiento guatemalteco,
en el artículo 17 de la Ley del Organismo Judicial.
LAS DEBILIDADES DEL JUICIO POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA
39
6. CONCLUSIÓN
El proceso penal guatemalteco, en lo que respecta a los delitos de acción privada,
al momento de ventilarlo, da margen a una serie de incidencias que deberán
los juzgadores resolver de acuerdo al imperio de la ley, la experiencia en la
emisión de fallos precedentes y correcto entendimiento humano, ya que hay
circunstancias no previstas expresamente por el legislador.
Se espera que el presente aporte brinde alternativas óptimas para la solución
de circunstancias procesales, que tengan que resolver los jueces de senten-

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40
cia unipersonales y que el legislador no contempló, o bien, que a tan delicado
tema a juicio de la ponente, se hagan las observaciones o aportes que coadyuven
a optimizar aún más el trámite del proceso de acción privada o bien mejorar
dicho trabajo.
Finalmente, se recomienda que la Escuela de Estudios Judiciales propicie
un curso al respecto, en donde se desarrolle el conversatorio, fáctico, probatorio,
jurídico y doctrinario.
5. NORMATIVAS
• Código Procesal Penal de Guatemala.
• Código Procesal Civil de Guatemala.
• Ley del Organismo Judicial de Guatemala.
• Código Procesal de Perú.
• Código Procesal Penal y de Procesamiento Penal. Nuevo Sistema Penal.
• Acusatorio de Bogotá Colombia. Editorial Unión.
• Código Procesal Penal de Chile.

ACCIÓN CIVIL
PROVENIENTE DEL DELITO
MOISÉS EMILIO DE LEÓN DÍAZ*
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO EJES FUNDAMENTALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL
41
* Abogado y Notario (USAC). Magister Artium de Procesal Civil y Mercantil (UMG).
Maestro en Criminología, doble titulación, con distinción Magna Cum Laude
(USAC y Universidad de la Habana, Cuba). Juez de Sentencia Penal, con veinte
años de servicio para el Organismo Judicial; Catedrático Universitario.

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Tabla de contenido
1. CONCEPTOS TRADICIONAL Y MODERNO DE LA ACCIÓN 43
2. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL 44
3. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL PROVENIENTE DE DELITO 44
4. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO
A LA VÍCTIMA DEL DELITO 44
42
5. LA VÍCTIMA DEL DELITO CONSTANTE Y RECURRENTEMENTE
SUFRE DAÑOS DE DIFERENTE ÍNDOLE 46
6. TRATAMIENTO LEGAL A ESTA PROBLEMÁTICA DE REPARACIÓN
DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO, A TRAVÉS DEL
DEVENIR HISTÓRICO DE LA HUMANIDAD Y SUS FORMAS DE
ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN 48
7. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN CIVIL Y LEGISLACIÓN
NACIONAL VIGENTE 51
8. CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 53
9. FORMAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO 54
10. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELICTO
Y ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE DICHA
RESPONSABILIDAD CIVIL 55
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 58

Resumen
El presente artículo contiene una visión panorámica de lo que constituye
la acción civil proveniente del delito. Daños que sufren las víctimas
del delito; lo relativo a sus derechos resarcitorios; reparación de daños
y perjuicios y, finalmente lo que concierne a la audiencia de la reparación
digna.
Palabras Claves: Responsabilidad civil, víctima del delito, procesado,
acusado, condenado, agraviado, acción civil, daños, perjuicios, patrimonio,
moral, psicológico, resarcimiento, reparación, restitución.
1. CONCEPTOS TRADICIONAL Y MODERNO
DE LA ACCIÓN
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMO EJES FUNDAMENTALES
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN JUDICIAL
43
LA ACCIÓN, es la forma legal de ejercitar una potestad, a través de la justicia.
El Derecho Romano, artífice quizás inigualado en la materia, compendiaba
la esencia de la acción procesal en estas palabras: “Nihil aliud est
actio, quam jus quod sibili debeatur juicio persequendi” (la acción no es sino
el derecho de pedir en juicio lo que a uno se le debe). (Diccionario de Derecho
Usual. Guillermo Cabanellas).
Los modernos procesalitas de mayor relieve internacional definen así la
acción: “Un derecho público subjetivo, que tiene el individuo como ciudadano,
para obtener del Estado la composición del litigio (Carnelutti1994).
La acción es cuando se está ante la potestad jurídica de darle vida a la
condición para la actuación de la ley (Chiovenda). En opinión de Bulow, “el
derecho a obtener una sentencia justa, en lo cual consiste la acción, solo nace
con la demanda”.
En 1939, el profesor florentino, Piero Calamandrei, citado por el Doctor
Erick Alfonso Álvarez Mancilla, en su libro Fundamentos Generales del Derecho
Procesal, publicó su ensayo “la relatividad del concepto de acción”. En él sienta
la hipótesis de que todas las teorías que se han formulado sobre el concepto de

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acción, encuentran todas ellas su justificación histórica, en cuanto que cada una
de ellas debe entenderse como relativa a una entre las diversas concepciones de
las relaciones entre ciudadano y Estado. De esta suerte cada una de las teorías
no se puede considerar en sí misma ni absolutamente verdadera ni absolutamente
falsa, porque sirve para recoger, desde un diverso punto de vista, una
diversa porción de verdad.
2. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL
La acción civil es aquella que compete a uno para reclamar, en juicio, sus bienes
o intereses pecuniarios; nace del derecho sobre las cosas y de las mismas
fuentes que de las obligaciones; es decir, de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos,
de los delitos y de los cuasidelitos. En la jurisdicción criminal, la que
entablan la víctima de un delito o sus derechos habientes para conseguir la restitución
de lo arrebatado, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios.
44
3. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL PROVENIENTE
DE DELITO
Es aquella que se otorga al perjudicado por un delito, para exigir la reparación
del daño o su indemnización. Toda persona criminalmente responsable lo es
también civilmente, por razón de sus hechos. La extinción de la responsabilidad
criminal no anula la civil, a no ser que expresamente se establezca. Utilizada la
acción penal, se entiende iniciada la acción civil, salvo que el interesado renuncie
a ésta, o se reserve el derecho a plantearla cuando mejor le conviniera.
4. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA REPARACIÓN
DEL DAÑO A LA VÍCTIMA DEL DELITO
Al tomar en cuenta ciertas consideraciones sobre la reparación del daño a la
víctima, en la legislación penal guatemalteca, las consecuencias que emanan
de la comisión de delito o falta no se detienen en tan solo la pena, sino que
también, de su comisión, se derivan las sanciones civiles de carácter reparatorio,
como consecuencia del daño que se haya producido. Es en el Código Civil,

en su artículo 1646, donde se establece la consecuencia reparadora del daño
producido por un delito doloso o culposo, lo que se complementa con el artículo
112 del Código Penal. Personas responsables. “Toda persona responsable
penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente”. Con lo que se acoge
esta responsabilidad.
De conformidad con lo anterior, nos encontramos ante una acción civil
que nace como consecuencia del daño ocasionado, derivado de un delito o
falta. Este sistema, al permitir la exigencia de las responsabilidades civiles, por
medio de la vía penal, vulnera el principio de autonomía de las esferas pública
y privada, tomando en consideración que la responsabilidad civil retribuye un
daño privado y, la responsabilidad penal, un daño público. Sin embargo, es necesario
partir de que existen poderosas razones de oportunidad y utilidad que
lo hacen indispensable, sobre todo, para evitar que la víctima se vea inmersa en
una actividad que le dificulte y le empantane la reparación del daño del que ha
sido objeto y sea sometida a una actividad engorrosa, burocrática y molesta.
La reparación del daño es el contenido de la responsabilidad civil, que significa
la sujeción de una persona, que vulnera un deber de conducta impuesto
en interés de otro sujeto, a la obligación de reparar el daño producido.
Es importante que tanto abogados litigantes, como fiscales, jueces y quienes
tengan intervención en el proceso penal, cuenten con las herramientas relevantes
a los derechos resarcitorios de las víctimas del delito, el tipo de daños
ocasionados y las formas de resarcimiento de los mismos.
Me ha llamado poderosamente la atención que en los fallos judiciales, los
jueces, en su mayoría, hasta el día de hoy, incluyen en el rubro de Responsabilidad
civil proveniente del delito, lo relativo al cobro de honorarios de los abogados
litigantes que auxilian a la víctima; cuando, en realidad, este es rubro de
costas procesales que, por imperativo legal, se deben imponer a la parte vencida
en juicio y, el momento procesal oportuno para que se hagan valer es, precisamente,
en la liquidación de costas en el Juzgado de Primera Instancia Penal. En
el supuesto que los jueces de los tribunales de sentencia no impusieran el pago
de costas al vencido y que ello sea la causa de que se limite al cobro de costas
procesales, es aquí donde, el abogando litigante, debe hacer uso de sus recursos
y apelar la sentencia que exime del pago de costas al vencido.
ACCIÓN CIVIL PROVENIENTE DEL DELITO
45

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5. LA VÍCTIMA DEL DELITO CONSTANTE Y
RECURRENTEMENTE SUFRE DAÑOS DE
DIFERENTE ÍNDOLE
“Lesión moral. Daño en los intereses patrimoniales. Deterioro. Pérdida. En sentido
técnico estricto, la ganancia lícita que se deja de obtener, o los gastos que
origina una acción u omisión ajena, culpable o dolosa; a diferencia del daño, o
mal efectivamente causado en los bienes existentes, y que debe ser reparado”
(Cabanellas, 1979: Pág. 203).
Los daños provocados por un acto delictuoso, pueden ser objeto de resarcimiento,
mediante el ejercicio de la acción civil.
46
5.1. Daños patrimoniales
Se consideran como el menoscabo, demérito, destrucción o pérdida que sufre
una cosa material en el patrimonio económico de una persona (física o jurídica)
a consecuencia de un ilícito penal y que, en virtud al acto penal que motivó el
perjuicio, surge la correspondiente obligación civil. Su fuente es en el ámbito penal,
con el objeto de restablecer el equilibrio patrimonial de la persona afectada
por la comisión del delito, de acuerdo con la situación de hecho y de derecho
preexistente a perpetración de la infracción criminal.
5.2. Daños cuasi patrimoniales o indirectamente
patrimoniales
Esta categoría doctrinal, al igual que las otras, tiene el mismo origen. A criterio
de quien realiza la presente investigación, el daño carece de graduaciones o de
categoría en cuanto a su razón de ser, ya que se parte del punto de vista de estimar
al daño como un concepto unitario, respondiendo a aquellos perjuicios que
se producen en la víctima del delito y, que no tienen una graduación determinable
en metálico, a diferencia de la categoría anterior (daño patrimonial), puesto
que la realidad es que aquí lo que se quita carece de una tarifa económica que
permite hacer, de forma adecuada y exacta, la correspondiente compensación,
a efecto de establecer ese equilibrio patrimonial, precedente a la comisión de la
infracción penal.

De conformidad con lo anterior se puede decir que son aquellos que no
atacan en sí a un patrimonio material; es decir, que no menoscaban directamente
el aspecto económico del sujeto pasivo del delito, sino que lo que se lesiona
son intereses no metálicos que repercuten o trascienden a valores económicos
del agraviado. Derivado de lo anterior se puede decir: lo inmaterial no es el
daño en sí, sino el acto que lo produce. Como supuesto de daños o perjuicios
patrimoniales impropios suelen citarse: la pérdida de un cargo o trabajo, por
causa de calumnia o injuria vertida; la necesidad de tener que trasladarse o
mudarse de domicilio o más aún de una población a otra, por la misma causa.
ACCIÓN CIVIL PROVENIENTE DEL DELITO
5.3. Daños morales
Resulta complejo dar un concepto de perjuicio o daño moral, puesto que, si
para ello se acude a la vía de una solución descriptiva, se consideran como
tales: los males psíquicos, dolores físicos y mentales, afectaciones estéticas, sufrimientos,
entre otros. Siendo su ambigüedad excesiva y, por tanto, adolecen
de la falta de precisión jurídica suficiente para sustentar su basamento. Si por
el contrario se acude a determinados males personales, lesiones, incapacidades
o cualquier otra figura, que puedan afectar a la obtención de los medios para
la subsistencia, se hallaría dentro de los llamados daños o perjuicios morales
impropios; aunque esta categoría no deje de estar en entredicho. Por ello, tal
vez la mejor explicación la da la vía negativa o de exclusión, es decir: son daños
morales aquellos que no lo son patrimoniales, en cierto aspecto. Definición que,
si en principio pareciera ser buena, no deja de presentar inconvenientes, ya que
existen daños que aun siendo morales, de forma indirecta vienen a repercutir
en el patrimonio de la víctima del delito; por lo que, ante ello, se hace difícil
aceptar como viable la solución conceptual propuesta. Se debería dejar sentado,
por una parte que, cuando nos referimos a los perjuicios o daños morales, se
estima como tales, no sólo los que realmente son daños de esta clase, sino también
los perjuicios de tal índole que con el delito se causan a la víctima directa
e indirecta del mismo.
Es oportuno aclarar que, el monto de esta indemnización (daños morales)
debe ser por equivalencia. Esto significa que se debe buscar un equivalente, que
va a tener la función compensatoria, y que trate de poner en una situación no
idéntica, pero sí lo más igual posible a la que se tenía antes del acontecimiento
dañoso. El mejor equivalente que cumple esa función es el dinero. Debe
advertirse que en ningún momento se está comerciando con los bienes que
integran el daño moral, sino que el fin de la reparación por este medio, es el
47

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48
de otorgar una satisfacción por la lesión que sufrió un individuo, considerando
las condiciones personales de éste y la entidad de los procedimientos sufridos.
Así, cobra vital importancia el análisis de la gravedad objetiva del daño, la edad
y personalidad de la víctima, su situación familiar, social, cultural, etc. (Malváez
Contreras s.a)
En la legislación guatemalteca se le da la denominación de perjuicios, a las
ganancias lícitas que deja de percibirse y que deben ser consecuencia inmediata
y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente
deban causarse 1 . Pretensión que debe ser reclamada en el proceso penal,
pero que se debe puntualizar el monto de los perjuicios, a través de argumentos
fácticos y jurídicos.
6. TRATAMIENTO LEGAL A ESTA PROBLEMÁTICA DE
REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS DEL
DELITO, A TRAVÉS DEL DEVENIR HISTÓRICO
DE LA HUMANIDAD Y SUS FORMAS DE
ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN
La reparación del daño producido por una conducta ilícita es conocida desde los
más remotos tiempos, la encontramos en el código de Hammurabi (l728-1686
AC), en las Leyes de Manú (s VI AC) y en las Doce Tablas Romanas (s.V AC).
En el Código de Hammurabi se obligaba al delincuente a compensar a su
víctima. En casos de robo o daño debía restituir treinta veces el valor de la cosa.
Cuando el delincuente era insolvente el Estado (la ciudad) se hacía cargo de
reparar el daño a la víctima o, a su familia en los casos de homicidio.
En las leyes de Manú, la compensación es considerada como penitencia, y
se extiende a los familiares en caso de desaparición de la víctima.
En las Doce Tablas el ofensor está obligado, en todos los casos de delito y
cuasi delito, al pago de daños y perjuicios. Así, en los casos infraganti de robo, se
paga el doble de lo robado, en los demás, será el triple. En otros delitos se toma
en cuenta la calidad de la víctima y las circunstancias del hecho.
1 Código Civil, Decreto Ley 106. Artículo 1,434.

En el Congreso Penitenciario de Roma (noviembre 1885), Garófalo, que
propuso las multas en beneficio de una caja, que sirviera para compensar a las
víctimas del delito, esta multa sería proporcional a la fortuna del delincuente.
Los deudores solventes serán detenidos hasta que paguen y los insolventes sufrirán
descuentos de su salario, hasta extinguir la deuda.
En 1885, en el célebre Primer Congreso de Antropología Criminal celebrado
en Roma, Garófalo presenta las mismas conclusiones y Ferri, Fioretti y
Venezian propusieron que la reparación es de interés inmediato para el perjudicado
y para la defensa social preventiva y represiva del delito; por lo tanto,
manifiestan el deseo de que las legislaciones positivas pongan en práctica en los
procesos, lo más pronto posible, los medios más convenientes contra los autores
del daño, los cómplices y los encubridores, considerando la realización de la
reparación como una función de orden social, confiada de oficio a las siguientes
personas: Al Ministerio Fiscal durante los debates, a los jueces en las condenas
y a la administración de las prisiones, en la recompensa eventual del trabajo
penitenciario y en las propuestas de liberación condicional 2 .
ACCIÓN CIVIL PROVENIENTE DEL DELITO
En 1889, el tema vuelve a tratarse en el Congreso de Derecho Penal en
Bruselas y en el Congreso Jurídico de Florencia de 1891, en el que se contempla
el embargo preventivo y la hipoteca de los bienes del victimario para garantizar
la reparación a la víctima.
49
En 1891, el Congreso de la Asociación Penal Internacional (Cristiania) insiste
en la utilización y el trabajo del reo para la reparación. El Congreso Penitenciario
de París (1895) reitera la preocupación del abandono a la víctima.
En el momento actual, la reparación existe como obligación material en
todas las legislaciones del mundo y se encuentra también en prácticas tradicionales,
como en el Derecho Consuetudinario Africano, en el Sariah Islámico y en
los países asiáticos (India, Pakistán, Filipinas, etc.) 3 .
En el Derecho consuetudinario africano se utilizaría dinero de sangre, que
debía pagarse en los casos de homicidio; obligación que recaía sobre todos los
hombres adultos del grupo al que pertenecía el infractor (Somalia).
La diyya es la indemnización que paga el infractor o sus familiares a la víctima
o a la familia de esta y la kassana que prevé la compensación de la víctima
a cargo del Estado, ambas en el Shariah Islámico.
2 Garófalo, Raffaele, Op. Cit. (indemnización), p 126.
3 Cfr ONU. Op. Cit. (Directrices), E/AC 57/1984/14,t 15.

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50
En los países asiáticos se prevén el arreglo de controversias, sin recurrir a
los tribunales ordinarios, mediante la mediación y el arbitraje, como por ejemplo:
los panchayats, indios; los diyats, pakistaníes y los baranguays,filipinos.
En Alemania se maneja el Wiedrgutmachung, que es la compensación e
indemnización a las víctimas de violaciones masivas de derechos, y a la Weltanschawng
que es el “remediar una injusticia”.
En nuestra legislación actual, lo relativo a la responsabilidad civil y consecuente
reparación del daño, tiene sus antecedentes en el Código Penal de 1877,
en el artículo 13, el cual establecía: “Toda persona responsable criminalmente
de un delito o falta, lo es civilmente”. Asimismo, el artículo 33 del Código Penal
de 1889 señalaba idéntica regulación, en los artículos posteriores, además de “.
. .si fueren dos o más los responsables de un delito o falta, los tribunales señalarán
la cuota de que deba responder cada uno”.
Como se puede observar en el Código Penal de 1877, la responsabilidad civil
ex delicto pasó al Código Penal de 1889, adoptándose una estructura semejante
en el Código Penal de 1936, en el que se contemplaba, por un lado, a las
personas responsables civilmente de los delitos y faltas y por otro se regulaba el
contenido de las responsabilidad civil y las costas procesales.
Cabe afirmar, en términos generales y de acuerdo con documentos de la
Organización de las Naciones Unidas que reflejan el sentir general, que el delincuente,
bien se trate de una persona individual o colectiva, es decir una organización
económica o entidad comercial, un estado o un grupo de individuos,
a quien quepa imputar una conducta que resulte en una violación de derecho,
debe considerarse responsable de la reparación debida a la víctima de dicha
conducta, y debe estar sujeto a cualquier otro tipo de sanciones y medidas correctivas
que, al tenor de las circunstancias, resulte justo y adecuado imponerle.
Así, la norma 5 de la Declaración dice: Se establecerán y reforzarán, cuando
sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos, que permitan a las víctimas
obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean
expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus
derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.
Y la norma 8 agrega: Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta
resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares
o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los
bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos
realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la
rehabilitación de derechos.

Zaffaroni, en su notable informe sobre sistemas penales y derechos humanos
en América Latina (1986, Pág. 96) se ocupa del tema, señalando que
la reparación del daño es una medida de planificación social, por lo que debe
fomentarse, haciendo que el condenado pruebe haber indemnizado a la víctima
antes de obtener cualquier beneficio, creando fondos de reparación, posibilitando
la extinción o suspensión de la acción penal, cuando el procesado hubiere
reparado el daño, extendiendo el plazo de la prescripción a la acción civil emergente,
etc. 4
7. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN CIVIL Y
LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE
Con carácter previo al análisis de las cuestiones fundamentales, que presenta el
ejercicio de la acción civil en la práctica forense, es conveniente realizar algunas
consideraciones acerca de su naturaleza. La cuestión no debiera plantear especiales
dificultades, como se ha dicho, pues basta con acudir al artículo 112 del
Código Penal. Siendo evidente que en la ley sustantiva penal otorga una legitimación
para el ejercicio de una acción de naturaleza privada, cuyo contenido
debe suscribirse a la institución resarcitoria.
El hecho de que la responsabilidad civil, cuyo contenido puede reclamarse
en el proceso penal, encuentra su regulación sustantiva en el Código Penal,
ha oscurecido durante años la comprensión de esta Institución. A ello ha contribuido,
sin lugar a dudas, el peculiar régimen procesal al que se encuentra
sometida la pretensión reparadora de las secuelas de la actividad ilícita de los
defensores. A estas circunstancias, que históricamente propiciaron una cierta
confusión acerca de la naturaleza de la institución, se han sumado la entrada en
vigencia, a partir de 1 de julio de 1994, del sistema procesal que rige en Guatemala,
en el cual se estatuyen momentos procesales y formas específicas para su
reclamación. En el mismo sentido, se perfilan las reformas del Código Procesal
Penal, contenidas en los decretos Números 18-2010 y 7-2011, del Congreso de
la República de Guatemala. En ellos se aprecia, de manera más sencilla e inmediata,
la intervención de la víctima y lo relativo a la reparación del daño sufrido
a consecuencia del delito.
ACCIÓN CIVIL PROVENIENTE DEL DELITO
51
4 Vid. Rodríguez Manzanera, Luis. (2010). Victimología. Décimo segunda edición. México,
Editorial Porrúa.

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52
Dentro de los artículos que se refieren a este tema encontramos, específicamente,
el artículo 5 Fines del Proceso. “El proceso penal tiene por objeto
la averiguación de un hecho señalado como delito o falta... La víctima o el
agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela
judicial efectiva”. 117. Agraviado, este Código denomina agraviado: 1. A la
victima afectada por la comisión del delito; 2. Al cónyuge, a los padres o a
los hijos de la víctima, y a la persona que conviva con ella en el momento de
cometerse el delito; 3. A los representantes de una sociedad por los delitos
cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes
la dirijan, administren o controlen. Y, 4. El agraviado, aun cuando no se haya
constituido como querellante adhesivo, de conformidad con el presente código,
tiene derecho a: a). Ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento
Penal. b). Recibir asistencia médica, psicosocial, o cualquier otra que
tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. c). . . d). . . e). A recibir
resarcimiento y/o reparación por los daños recibidos. f). A recibir protección
cuando su integridad física corra peligro, como consecuencia de la persecución
penal en contra del sindicado. g). A que existan mecanismos que disminuyan
los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. El Ministerio
Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos
correspondientes pudiendo, para el efecto, realizar convenios con instituciones
públicas o privadas”. 124. Derecho a la reparación digna. La reparación a que
tiene derecho la víctima comprende la restauración del hecho afectado por el
hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona, con todas
sus circunstancias como sujetos de derechos contra quien recayó la acción
delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social, a fin
de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida
que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización
de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito.
La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia
condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiere ejercitado en
esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía
civil.
Ha quedado claro que la responsabilidad civil, de la que se habla, es la
derivada del delito, la que se ha producido en forma lenta a través de los siglos,
partiendo de la Lex Aquilia, la que alcanza su máximo desarrollo en la época
actual, como consecuencia del desarrollo industrial y la necesidad de evitar que
existan daños no resarcidos, porque su autor no resulta fácilmente identificable.

8. CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Resulta de utilidad describir el contenido de la responsabilidad civil, siendo lo
más relevante:
8.1. La restitución
La acción de restitución hace referencia a la acción de volver una cosa a quien
la tenía o a restablecer una cosa al estado que antes tenía. Su función, en consecuencia,
no es la de eliminar o neutralizar el daño causado mediante la prestación
de un equivalente o compensación, sino propiamente la de dejar las
cosas como estaban, suprimiendo o borrando el daño causado. Su objeto, más
que reparar los efectos nocivos del delito, es evitarlos en todo o en parte. Por lo
tanto, la restitución es siempre obligatoria, sí puede hacerse, y la misma debe
ser ordenada en la parte dispositiva del fallo, si la cosa sustraída se recuperó y,
si por cualquier circunstancia no hubiere sido entregada a su dueño (que puede
ser o no la víctima), durante el curso del proceso. La restitución se entiende,
no necesariamente, con el autor del delito sino con quien tenga el bien en su
poder. La restitución consiste en que el delincuente o la persona que, sin serlo,
responde civilmente de sus hechos, devuelva al dueño las cosas u objetos de
que, por los actos de aquel, quedó privado (Reyes, 1958: Pág. 220). Definición
que, como bien lo afirma dicho autor, abarca tanto los supuestos de unidad de
responsable civil y penal, como aquellos casos en que desdobla la figura de ambos
responsables y, además, contiene un aspecto totalitario, en cuanto requiere
que se devuelva a su dueño todo aquello de lo que el mismo quedó privado por
el delito (Reyes, 1958: Pág. 220).
ACCIÓN CIVIL PROVENIENTE DEL DELITO
53
8.2. La reparación de daños causados
Es importante tener presente que la restitución se distingue de los conceptos
de reparación de daños e indemnización de perjuicios, porque aquella, “. . .No
pertenece técnicamente a la institución jurídica de la reparación del daño”
(Aranguena,1991:Pág. 243). A este respecto basta tener presente, y al margen
de otras consideraciones, que mientras el derecho a la restitución se circunscribe,
específicamente a la devolución de la cosa, el resarcimiento abarca, no
solamente la indemnización de la disminución del valor que hubiere sufrido la
cosa por deterioro o menoscabo, o el pago de su valor equivalente, en caso de

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54
no ser posible su devolución, sino también la indemnización de los daños no
patrimoniales. En resumen, el resarcimiento se extiende tanto a los daños sufridos
por la cosa, incluyendo la eventual devolución de su valor, en caso de que
desaparezca (daños patrimoniales), como a los no patrimoniales o morales 5 .
8.3. La indemnización de perjuicios
Por su parte, la acción de indemnización de perjuicios, que comprende tanto los
materiales como los morales, abarcará, no sólo los que se hubiesen causado al
agraviado, sino también los que se hubieren irrogado por razón del delito, a su
familia o a un tercero. Los tribunales regularán el importe de la indemnización
(Landrove, 1976: Pág. 159).
La reparación del daño, causado a la víctima de un delito, es una antigua
preocupación entre los juristas y criminólogos. La necesidad de la reparación
del daño es un tema en que todos los autores de todas las escuelas están de
acuerdo. No parece haber excepción. El tema de la reparación ha sido uno de
los favoritos en materia Victimológica, se ha tratado en diferentes simposios y
se han ocupado de él todos los victimólogos.
9. FORMAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO
Al decir del doctrinario Jorge Malvaez Contreras, que se debe tener bien claro
que existen diversas formas de reparación del daño, dependiendo del bien
jurídico lesionado por el hecho, podemos decir que las más comunes son: la
reparación natural y la reparación por equivalencia.
9.1. La reparación natural, es aquella que hace posible que las cosas vuelvan
al estado en que se encontraban antes de producirse el evento
dañoso, es decir, mediante el desagravio, existe una igualdad de condiciones
antes y después del hecho ilícito, aquí nos referimos al verbo
daré, es decir, restaurar las cosas a su primitivo estado.
5 Lo anterior aconseja deslindar la acción de restitución de la de resarcimiento, pudiendo
decirse, que esta última está dirigida a poner un acto la responsabilidad civil
estictu sensu. La restitución, por tanto, habida cuenta de las importantes peculiaridades
que connota, no formaría parte de la aludida responsabilidad, sino que sería
un concepto más, integrante del grupo de las responsabilidades pecuniarias.

9.2. La reparación por equivalencia se da cuando no es posible el desagravio
perfecto, ya que las cosas no pueden estar en una situación
idéntica a la que tenían antes del daño. En este caso se buscará un
equivalente, que va a tener una función compensatoria, que trate de
poner en una situación si no idéntica, lo más igual posible a la que
tenía antes del acontecimiento dañoso. El medio mejor que cumple
con esa función es el dinero. Aquí entra en juego el verbo facere, es
decir, una indemnización adecuada en dinero y fijada de acuerdo a la
gravedad del daño causado. Debido a la facilidad que ofrece la indemnización
en dinero, esta es la más usual en nuestro sistema jurídico.
ACCIÓN CIVIL PROVENIENTE DEL DELITO
10. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EX DELICTO Y ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
DE DICHA RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde tiempos inmemorables se discute la naturaleza de la responsabilidad civil,
derivada de un delito o falta, dando una serie de soluciones no fácilmente
conciliables. Dentro de ellas están: a) se trata de una exclusividad del Derecho
Penal, porque proviene de un delito o falta; b) se estima su manutención en la
materia civil; y c) se le otorga una naturaleza mixta, dado que la responsabilidad
es eminentemente civil, pero que se ejercita y se desarrolla en lo penal.
Como parte final del presente trabajo, considero necesario discurrir en lo
que respecta a los elementos característicos de la responsabilidad civil ex delicto,
los que se resumen de la forma siguiente: a) existencia real de daños o perjuicios;
b) cuantía de los mismos; c) fundamentación de los hechos que motivan
el resarcimiento; d) existencia de la relación causal entre los hechos delictivos
con el daño o perjuicio que se pretende reparar; e) identificación de la persona
civilmente imputable.
De conformidad con el artículo 124 del Código Procesal Penal, reformado
por el Decreto número 7-2011 del Congreso de la República, para el ejercicio
de la acción civil se lleva a cabo, dentro del tercero día, una audiencia para discutir
lo relativo a la Reparación digna a la víctima, siempre que la sentencia de
responsabilidad penal haya sido de condena; en la cual la víctima, a través de su
abogado auxiliante o en su defecto por el fiscal del Ministerio Público, presentarán
sus respectivos medios probatorios para acreditar lo pedido. Su fundamento
lo encontramos en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual
dice: “Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de
55

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56
hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión.
. .”. Ello es congruente con el numeral 2 del citado artículo 124, el cual
preceptúa: “. . . En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de
la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a
las reglas probatorias y,. . .”
El juzgador debe ser muy cuidadoso, al momento de resolver lo relativo a
la Reparación digna, a efecto de mantener el equilibrio entre los sujetos procesales.
De esta manera hace valer la tutela judicial para cada una de las partes
actuando, ante todo, con justicia. La Corte Suprema de Justicia ha sustentado:
… la responsabilidad penal y, por tal razón, a nadie puede condenarse al pago
de la primera, sin haber sido declarado, previamente, autor responsable de UN
DELITO DETERMINADO […]” Sentencia del 7 de enero de 1982, Gaceta de los
Tribunales, primer semestre 1982, 19-25. En la misma dirección se puede ver en
la sentencia del 14 de enero de 1982, Gaceta de los Tribunales, primer semestre
1982, 47-51. El Juzgador, utilizando la sana crítica razonada, debe valorar la
prueba que para el efecto aporten las partes y tener muy claro qué aspectos entran
en este rubro de Responsabilidad civil. Tomar en cuenta que la reparación
civil, derivada del delito, aparece como cuestión secundaria frente a la Teoría del
Delito y de la Pena cuando, en realidad, esa reparación económica es el interés
primordial o único que lleva a muchos ante la jurisdicción penal.
En relación con el tema de la reparación digna, establecida en el Código
Procesal Penal, a través de la reforma contenida en el Decreto número 7-2011,
la cual tiene por objeto eliminar las injusticias que de manera permanente y
recurrentemente, soportan las víctimas de delitos, en la búsqueda de la tutela
judicial efectiva, mediante las normas contenidas en la Constitución Política de
la República, en tratados o convenios internacionales en materia de derechos
humanos; en leyes ordinarias y especiales de la legislación interna; asimismo
mediante la solución de conflictos como lo es la mediación y la conciliación. Y,
finalmente, lo relativo a la reparación del daño causado a las víctimas del ilícito
penal.
Con dicha reforma a la ley procesal ya relacionada, se ha dado un paso trascendental
a los derechos resarcitorios de la víctima de delitos, pues, en el mismo
sentido, dicha reforma ha derogado artículos que han constituido un obstáculo
al pleno y efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas en el proceso. La
nueva normativa constituye un punto de partida para la realización de la justicia
de las víctimas de delitos. Derivado de ello, la interpretación de la norma
ha de realizarse de manera extensiva en beneficio de las víctimas de delito, por
supuesto siempre que no se vulneren o conculquen derechos fundamentales de
las otras partes del proceso.

De conformidad con el artículo 124 del Código Procesal Penal entendemos
por derecho a la reparación digna de la víctima, lo relativo a restauración del derecho
afectado por el hecho delictivo, hasta las alternativas disponibles para su
reincorporación social, a fin de disfrutar o hacer uso, lo más pronto posible, del
derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y,
en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión
del delito. Dicho precepto legal tiene plena congruencia con el artículo 117
del mismo cuerpo legal; de donde se infiere que los juzgadores estamos llamados
a eliminar y excluir todo obstáculo o dilatación indebida del proceso, que,
aún y cuando sean opuestas por el imputado o la misma víctima, las que no
constituyen legítimas pretensiones, sino por el contrario, pretensiones espurias
que inhiben o postergan la respuesta que el proceso debe proveer en un caso
concreto, debiendo impulsar el proceso por parte de los juzgadores a una tutela
judicial efectiva de la víctima conforme a las legítimas pretensiones, resolviendo
de una manera más justa el conflicto sometido a la jurisdicción penal; siendo la
reparación digna un derecho fundamental de las víctimas de delito y una de las
manifestaciones más idóneas de la justicia restaurativa.
ACCIÓN CIVIL PROVENIENTE DEL DELITO
El sujeto activo del delito, especialmente en aquellos que delinquen de manera
reiterada, por ser el crimen su modus vivendi; regularmente eligen su víctima
dentro de los grupos vulnerables, por ejemplo: la víctima femenina: mujeres
golpeadas, mujeres abusadas, mujeres indígenas, mujeres marginadas, mujeres
sin instrucción, ancianos, la víctima menor de edad; niños de 0 a 13 años, en
todas sus manifestaciones, tal como el maltrato por sus propios progenitores,
hasta violaciones por sus parientes dentro de los grados de ley y por quienes
tienen la representación de dichos niños. Ante tales violaciones a los derechos
de las víctimas de grupos vulnerables, como los apuntados con anterioridad, es
de carácter urgente y obligatorio que el Estado cumpla con su deber de brindar
la seguridad respectiva a sus ciudadanos. Ante tal omisión debe cumplir con
apoyar a las víctimas de delitos en lo que respecta al derecho de la Reparación
Digna, a consecuencia del delito. Es atribución de los juzgadores velar por una
pronta y cumplida justicia en el tema de los derechos resarcitorios de las víctimas
del delito, garantizando, de esta manera, la tutela judicial efectiva de la
parte vulnerable que ha sido afectada por la comisión del delito.
57

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
58
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Álvarez Mancilla, Erick Alfonso (2005). Teoría General del Proceso. Guatemala.
Centro Editorial Vile.
Aranguena Fanego, Coral. (1991). Teoría General de las medidas cautelares en
el Proceso Penal. España, J.M Bosch editor S.A.
Cabanellas, Guillermo. (1979). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.
14ª. Edición. Editorial Heliasta S.R.L.
Carnelutti, Francesco (1994). Sistema de derecho procesal civil, Argentina, Editorial
UTHEA.
Couture, Eduardo J., (1978). Fundamentos del derecho procesal civil. Argentina,
Editorial Depalma.
González Álvarez, Roberto. (2008). El derecho a una tutela jurisdiccional efectiva:
el mito de una serendipia procesal. Perú, Revista Iberoamericana
de Derecho Procesal Garantista.
González Pérez, Jesús. (1985). El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
segunda edición. España, Editorial Civitas.
Landrove Díaz, Gerardo. (1976). Las consecuencias jurídicas del delito. España,
JM. Bosch Editor, S.A.
Malváez Contreras, Jorge. La Reparación del Daño al Ofendido o víctima del
delito. México, Editores Porrúa.
Reyes Montereal, Juan María. (1958). Acción y responsabilidad Civil derivadas
de delitos y faltas. España, Gráfica menor.
Rodríguez Manzanera, Luis. (2010). Victimología. México, Editorial Porrúa.
Zaffaroni, Raúl (Coordinador). (1986). Sistemas Penales y derechos Humanos
en América Latina. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Argentina. Editorial de Palma.

Normativa
Asamblea Nacional Constituyente, Guatemala, (1985) Constitución Política
de la República de Guatemala,
Congreso de la República de Guatemala (1989) Ley del Organismo Judicial,
Decreto 2-89.
Congreso de la República de Guatemala (1973) Código penal, Decreto
17-73,
Congreso de la República de Guatemala (1992) Código Procesal Penal,
Decreto número 51-92 y sus reformas.
Declaración Universal de Derechos Humanos.
ACCIÓN CIVIL PROVENIENTE DEL DELITO
59

CONSULTA PREJUDICIAL: MECANISMO
PARA LA UNIFORME APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DEL DERECHO
COMUNITARIO CENTROAMERICANO
JUAN LUIS CANO CHÁVEZ*
LAS DEBILIDADES DEL JUICIO POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA
61
* Abogado y Notario (URL) graduado con distinción cum laude, reconocimiento
a la excelencia landivariana, así como mención honorífica en su tesis de graduación.
Magíster Artium en Derecho Penal y Procesal Penal con distinción cum laude
(UMG). Doctorado en Derecho Constitucional (pensum cerrado, UMG). Asesor
jurídico en la Cámara de Amparo y Antejuicio, en la Presidencia del Organismo
Judicial. Actualmente desempeña el cargo de Letrado en la Vocalía I de la Corte
Suprema de Justicia (Cámara Civil).

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Tabla de contenido
1. GUATEMALA Y EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL 63
2. CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA Y SUS FUNCIONES 64
3. CONSULTA PREJUDICIAL 66
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 76
62

Resumen
Este trabajo aborda, de forma sucinta, lo relativo a la consulta prejudicial.
Se analizan sus elementos más relevantes, así como las funciones
que desarrolla dentro de un ordenamiento jurídico comunitario, especialmente
para la uniformidad en la interpretación y aplicación de dicho
derecho y para la convivencia pacífica de los órganos jurisdiccionales.
Se describe el procedimiento al verificar cuáles son los presupuestos de
procedencia, las fases procesales y los efectos jurídicos de la sentencia.
Todo lo anterior con base en un análisis jurídico y doctrinario, que se
auxilia del examen comparativo de la legislación europea.
Palabras clave: Corte Centroamericana de Justicia, derecho comunitario,
consulta prejudicial, unificación de la interpretación, cooperación
entre órganos jurisdiccionales.
1. GUATEMALA Y EL PROCESO DE INTEGRACIÓN
REGIONAL
Guatemala y resto de Estados centroamericanos, desde hace más de sesenta
años, han buscado la integración de la región, principalmente
en el plano económico y político. Para tal efecto, fue indispensable su
estructuración en el plano normativo, esto a través de un tratado marco o fundacional,
el cual quedó establecido en la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA) de 1951 1 . Derivado de éste, es viable encontrar
una serie de cuerpos normativos (tratados) principalmente en materia económica
(Tratado de Integración Regional Económica de 1960).
Posteriormente, en 1962, dicha Carta fue reformada para hacer más explícito
el proceso de integración regional y crear órganos que facilitaran dicho
1 Este instrumento constituye el primero que busca el establecimiento de una integración
política, para dar paso a una Comunidad de Estados; pues, si bien en Europa
se suscribió, aproximadamente seis meses antes el Tratado de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA), este se limitaba a establecer un mercado
común entre los estados miembros, sobre dichos bienes. Es hasta con el Tratado de
la Comunidad Económica Europea (CEE) de 1957, que en Europa se establece un
tratado marco.
63

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64
objetivo, lo cual influyó en la emisión de una gran cantidad de tratados que versaban
sobre aspectos de integración regional 2 . Es a partir de dicho instrumento
internacional, hasta la suscripción de su protocolo, con posterioridad, que se
emite la mayor cantidad de normativa regional.
Finalmente, en diciembre de 1991, se suscribió el Protocolo de Tegucigalpa
a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, que vino a renovar
la estructura organizativa del proceso de la integración regional. Por la finalidad
del presente artículo, únicamente se referirá a uno de ellos.
2. CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA Y SUS
FUNCIONES
La Corte Centroamericana de Justicia (en lo sucesivo CCJ) desempeña la función
de ser el órgano jurisdiccional comunitario, esto implica que a ella se le ha
encomendado garantizar el respeto del derecho, en la interpretación y ejecución
del Protocolo de Tegucigalpa, así como de los textos complementarios o derivados
de aquel (artículo 12 de ese instrumento).
El artículo relacionado le confiere a dicho órgano supranacional, la jurisdicción
en materia de derecho comunitario. Aunado a lo anterior, el artículo 35 del
Protocolo relacionado, en su párrafo segundo regula: “Toda controversia sobre
la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente
Protocolo y demás instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberá
someterse a la Corte Centroamericana de Justicia”.
Ahora bien, las competencias de dicha Corte se encuentran contenidas en
el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (en lo sucesivo el Estatuto).
Este fue suscrito en diciembre de 1992, aprobado mediante el Decreto número
2 En el presente artículo se podrá observar que, para referirse a las normas emanadas
de los órganos establecidos dentro del proceso de integración regional, en algunas
ocasiones se les identifica como tratados y, en otros apartados se les denomina normas
comunitarias o de derecho comunitario. La distinción se debe, al menos para
el caso de Guatemala, que hasta la entrada en vigencia de la actual constitución
(artículo 171 literal l) numeral 2), que reconoce la existencia de un ordenamiento
jurídico centroamericano, en los textos constitucionales previos no se hacía referencia
a dicho aspecto, sino únicamente a los tratados, con lo cual no se le confería
el reconocimiento de supranacionalidad.

78-2007 del Congreso de la República y ratificado por el Ejecutivo. Este empezó
a surtir sus efectos jurídicos el 20 de febrero de 2008 3 .
En su artículo 22 del Estatuto se establecen las competencias de la CCJ, las
cuales pueden considerarse muy amplias (doce competencias específicas), especialmente
si se compara con otros órganos jurisdiccionales, de la misma naturaleza.
Estas implican que dicho órgano pueda asumir las siguientes funciones: a)
tribunal internacional (resolución de conflictos -territoriales- entre Estados parte,
así como entre uno parte y otro no); b) tribunal comunitario (contencioso y
consultivo); c) tribunal administrativo; d) órgano encargado de la armonización
de la legislación nacional de los estados parte; y, e) tribunal constitucional y
ordinario (resolver conflictos entre poderes de un Estado y verificar el respeto
de los fallos judiciales).
Ahora bien, como se señaló previamente, la competencia derivada como
tribunal de justicia comunitaria se integra por: a) casos contenciosos; y, b) evacuación
de consultas que le son efectuadas. En cuanto al primer inciso son
todos aquellos casos, en los que alguna de las partes expone como pretensión
la vulneración a la normativa comunitaria (literales b), c) y g) del artículo 22 del
Estatuto). En torno a la función consultiva, ésta se refiere a las consultas que
son sometidas por los órganos facultados legalmente, a efecto que la Corte se
pronuncie sobre las mismas (literales d), e) y k) del artículo 22 del Estatuto).
Es pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 3 del Estatuto
referido, en el cual se indica que lo resuelto por dicha Corte causa cosa juzgada,
aunado a que la doctrina (sentencias) que emita, tendrá efectos vinculantes
para todos los estados y órganos del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA), así como los sujetos de derecho privado. Esto incluye las consultas que
le sean efectuadas, pues el artículo 24 del Estatuto señala que las consultas que
sean evacuadas por la CCJ, relativas al SIC, serán obligatorias.
El presente artículo tiene por objeto enfocarse únicamente en una de las
competencias de la Corte relacionada, específicamente en aquella consultiva, en
cuanto a la consulta prejudicial, precisamente por la íntima relación que tiene
con el devenir de los procesos judiciales que versan sobre normas comunitarias.
CONSULTA PREJUDICIAL: MECANISMO PARA LA UNIFORME APLICACIÓN
E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO
65
3 El Decreto del Congreso de la República, que incorporó el Estatuto de la Corte
Centroamericana de Justicia, fue derogado parcialmente por el Decreto número
36-2008, por lo que quedó vigente únicamente el artículo 1, que es precisamente
el que aprueba dicho Estatuto; por lo que éste no se ve afectado.

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66
3. CONSULTA PREJUDICIAL
Previo a entrar a profundizar sobre este mecanismo comunitario de consulta,
es pertinente hacer referencia a ciertos aspectos generales, que permitirán comprender
de mejor manera dicha consulta.
El derecho comunitario, como bien lo indica el profesor Guy Isaac, es “un
conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas que dispone de: a)
fuentes propias, b) órganos de producción normativa también propios, sujetos
a procedimientos y esquemas de relaciones reglados y c) un sistema judicial de
garantía de su aplicación interpretación uniforme” (1991: p. 61).
En el caso de la región centroamericana, el desarrollo de un derecho comunitario
tiene su punto de partida a partir de las Cartas de la ODECA y, en la
actualidad, por medio del Protocolo de Tegucigalpa (SICA). ‘En este último se
indica qué estados son miembros, y que ellos accedieron a la creación de una
estructura para reforzar la integración regional y le confirieron competencias
propias a cada uno de los órganos, así como un ente encargado de garantizar el
cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. Esto permite apreciar la
existencia de un verdadero derecho comunitario centroamericano.
Esto es acorde a lo regulado en el artículo 171 literal l) numeral 2 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, que reconoce la existencia
de un ordenamiento jurídico centroamericano (derecho comunitario); además,
faculta la cesión o transferencia de competencias, siempre y cuando se cumplan
los presupuestos contenidos en dicha norma constitucional.
Ahora bien, la existencia de un ordenamiento de esta índole, no implica
que la comunidad de estados absorba todas las atribuciones y competencias de
los estados, o inclusive a los mismos estados, ya que esto sería propio de una
confederación, o una, federación; por lo que, la aplicación y garantía del derecho
comunitario le corresponde a los órganos nacionales competentes. Lo anterior,
constituye el principio de subsidiariedad del derecho comunitario (como
también acontece con el derecho internacional).
Este principio cobra especial relevancia en el ámbito jurídico, ya que las
diversas normas que emanan de los órganos comunitarios centroamericanos
deben ser aplicadas y, en caso de incumplimiento, el mismo debe ser requerido
ante los órganos competentes (administrativos o jurisdiccionales). Únicamente,
si estos inobservan aquellas, pueden acudir ante el órgano jurisdiccional comunitario.

Es precisamente por este principio, que se reguló como competencia de la
CCJ la consulta prejudicial. Porque a través de ésta se pretende lograr la aplicación
e interpretación uniforme del derecho comunitario, por parte de todos los
órganos jurisdiccionales competentes de los estados miembros.
Para tal efecto, la literal k) del artículo 22 del Estatuto contempla la figura
de la consulta prejudicial, como competencia de dicho órgano; sobre el particular
establece:
Resolver toda consulta prejudicial requerida por todo Juez o Tribunal
Judicial que estuviere conociendo de un caso pendiente de fallo,
encaminada a obtener la aplicación o interpretación uniforme de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico del “Sistema de la
Integración Centroamericana”, creado por el “Protocolo de Tegucigalpa”,
sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo.
Resulta ineludible hacer referencia, a que dicha competencia encuentra su
origen en el derecho comunitario europeo, específicamente en el Tratado de
Roma (que estableció la Comunidad Económica Europea), así como el de Maastricht,
el cual, en su artículo 234 establecía dicha competencia al Tribunal de
Justicia para interpretar dicho derecho. Aunque cabe señalar que se establecía la
existencia de una consulta prejudicial facultativa y una obligatoria (cuando las
decisiones emitidas no son susceptibles de ulterior recurso) 4 .
CONSULTA PREJUDICIAL: MECANISMO PARA LA UNIFORME APLICACIÓN
E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO
67
3.1. Funciones de la consulta prejudicial en el derecho
comunitario
Se ha expuesto que el derecho comunitario debe ser aplicado por los órganos de
los estados miembros, a esta actividad jurisdiccional se le ha denominado control
de comunitariedad (Fernández Segado, 2009: p. 1205). En efecto, los derechos
emanados de aquellas normas tienen como destinatarios no a los estados,
sino a los particulares de éstos, por lo que estos son exigibles ante los órganos
nacionales, porque forman parte del ordenamiento jurídico de los estados 5 .
4 En la actualidad se encuentra regulado en el artículo 267 del Tratado de Lisboa,
cuya redacción es idéntica a la anterior.
5 A esta conclusión arribó el Tribunal de Justicia en el caso Simmenthal, por lo que
al ser normas positivas le compete a los órganos jurisdiccionales nacionales su
aplicación. De igual forma se indicó: “El juez nacional encargado de aplicar, en el
marco de su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, está obliga-

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
68
Esta particularidad conlleva una serie de problemas, entre ellos, la interpretación
y aplicación, con criterio propio, del derecho comunitario por los órganos
jurisdiccionales nacionales; esto implica, una posible falta de uniformidad en
los diversos estados, pese a ser normas comunes a todos estos. Y también la
existencia de un conflicto entre la aplicación del derecho comunitario frente al
derecho interno (aunque aquel forme parte de éste).
Para evitar lo anterior se estableció la consulta prejudicial, que también es
denominada doctrinariamente como cuestión prejudicial (no debe confundirse
con el obstáculo a la persecución penal regulado en nuestro Código Procesal
Penal), incidente de prejudicialidad o reenvío prejudicial. Ya que ésta, por su
naturaleza, permite solventar aquellas dificultades.
3.1.1. Función unificadora de la interpretación
Al inicio del presente se indicó, que si bien el proceso de integración regional se
desarrolló en dos grandes ejes: el económico y el político, también es cierto que
el mismo, para su impulso, debía sustentarse en el marco de un ordenamiento
jurídico, por lo que podría afirmarse que la comunidad posee una esencia de
naturaleza normativa.
El sistema jurisdiccional encargado de la aplicación del derecho comunitario
tiene como característica ser descentralizado, en el sentido que todos los
órganos jurisdiccionales de los estados miembros son los competentes para
conocer y resolver las controversias que se deriven de la inaplicación de aquel
derecho.
Uno de los objetivos de la integración regional es la unificación, como
acontece en el ámbito del derecho, a través de la cual se buscan establecer cuerpos
normativos homogenizados para todos los miembros. Pero esto constituye
únicamente el primer elemento, ya que la existencia de normas comunitarias
per se no implica que exista una unificación de dicho derecho.
A la vez, es pertinente que los entes encargados por la aplicación del mismo
resuelvan las controversias que se susciten ante ellos, con criterios uniformes;
caso contrario, la existencia de normativa comunitaria carecería de sentido, porque
tendría más un carácter ordinario nacional. Esto implicaría la falta de certedo
a garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si procede, inaplicadas,
por su propia iniciativa, cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación
nacional…”.

za y seguridad jurídica frente a los propios nacionales de los estados miembros
y terceros Estados (esto, principalmente en materia aduanera, sin excluir otras).
Como lo expuso Robert Lecourt, quien fue presidente del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, al manifestarse sobre este extremo: “la piedra angular
de la Comunidad no era tan sólo una misma norma común, sino que esa norma
fuera interpretada y aplicada de igual manera en toda su extensión territorial
por los Tribunales de los Estados miembros” (Fernández Segado, 2009: p. 1211).
Precisamente por lo anterior, la importancia de la figura de la consulta
prejudicial es notoria, ya que a través de ésta se viabiliza garantizar la unidad del
derecho comunitario, tanto en su interpretación como en su aplicación 6 , como
bien lo indicara Pierre Pescatore “se refiere no sólo al contenido material de las
disposiciones del Derecho comunitario, sino también, e incluso de modo especial,
a la determinación uniforme de su alcance, de sus efectos y de su eficacia”
(Fernández Segado, 2009: p. 1213).
CONSULTA PREJUDICIAL: MECANISMO PARA LA UNIFORME APLICACIÓN
E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO
3.1.2. Función conciliatoria entre los órganos jurisdiccionales nacionales
y el tribunal comunitario
69
Se ha establecido el carácter subsidiario en la intervención de la CCJ, para la resolución
de conflictos derivados de la interpretación y aplicación de normas comunitarias,
al menos en lo relativo a la competencia de la consulta prejudicial.
Ya que dicha consulta operará únicamente si es instada por el órgano jurisdiccional
del estado miembro, caso contrario si no la ejercita, le corresponderá
a aquel resolver la controversia, aspecto este que es acorde al principio previamente
relacionado.
Ahora bien, cabe efectuarse una pregunta ¿Qué acontece cuando se omite
la consulta prejudicial y el órgano jurisdiccional resuelve en contravención de la
normativa comunitaria, y dicho actuar es avalado por los tribunales de mayor
jerarquía de los estados (ordinarios y constitucionales), pero posteriormente el
órgano jurisdiccional regional emite otra resolución contraria a la interna?
6 En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en los casos Schwarze (sentencia del 1 de diciembre de 1965) y en el caso Rheinmühlen-Düsseldorf
(sentencia del 16 de enero de 1974). Sobre la función unificadora,
no ha existido pronunciamiento por parte de la Corte Centroamericana de
Justicia, pese a haber resuelto varias consultas prejudiciales.

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
70
Para dar respuesta a esta interrogante existen varios criterios, que atienden
a la naturaleza de las normas que estén en colisión (constitucionales, internacionales,
ordinarias, etc.); únicamente se hará una breve mención a las posturas,
al no ser éste el objeto del presente artículo. En el caso de colisión entre
una norma constitucional y una comunitaria, existen dos posturas antagónicas:
quienes establecen la supremacía de la constitución; mientras que la otra, en
atención al principio de primacía (propio del derecho comunitario), indicarán
la prevalencia de éste sobre aquella (fenómeno similar al que acontece con las
normas internacionales en materia de derechos humanos). Si el conflicto versa
entre normas ordinarias y comunitarias podría decantarse por los métodos de
solución de conflictos en la aplicación de norma (especialidad, ley posterior
deroga a la ley anterior; etc.); aunque quienes defienden la primacía del derecho
comunitario sostendrán que éste prevalece sobre el interno.
O bien, también es viable sostener que cada órgano jurisdiccional se encuentra
facultado para conocer y resolver determinados asuntos, en atención
a su materia. En este sentido, algunos tribunales constitucionales europeos
(España, Alemania, entre otros), en su jurisprudencia, han sostenido que ellos
están facultados para efectuar una revisión de la constitucionalidad de los actos
comunitarios, pero su ámbito se encuentra reducido a aspectos muy puntuales,
caso contrario, si la supuesta violación no encuadra en aquellos, se ha determinado
que esta debe ser analizada por el órgano específico competente.
De lo anterior se establecen las dificultades que conllevan la convivencia
de los ordenamientos jurídicos (interno y comunitario), en cuanto a la primacía
de alguno de ellos; esto, a su vez, deriva en uno punto problemático. Si se
ha optado por la aplicación preferente de alguna de las normas que integran
aquellos ordenamientos, esto en detrimento de la otra (propio de los conflictos
entre reglas jurídicas, mas no así de los principios), y se han agotado todos los
medios procesales de defensa contemplados, pero, a la vez, es viable acudir a
los del otro ordenamiento, esto implica la posibilidad de la existencia de dos resoluciones
que pudieran ser contradictorias. Derivado de esto, puede existir un
enfrentamiento entre los órganos jurisdiccionales ordinarios y el comunitario 7 .
7 Lo expuesto no acontece únicamente en un marco teórico, sino que en la práctica
puede observarse esta situación. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, la Corte
de Constitucionalidad dentro de los expedientes acumulados 12-2004 y 213-2004,
declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2, segundo párrafo y las literales b)
y c), así como el inciso a) del artículo 27 del Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y Otras Instancias Políticas, en el sentido que dichas normas
jurídicas eran inaplicables para el Estado de Guatemala; por su parte, la Corte Centroamericana
de Justicia, dentro del expediente 4-8-96, resolvió dejar sin efecto

Con el afán de evitar la concurrencia de estos problemas, así como de otros
que no fueron expuestos, se determinó crear un mecanismo procesal que permitiera
la convivencia armónica y pacífica de los órganos jurisdiccionales, ya
que, una vez concurren los problemas relacionados, la resolución de estos es
sumamente compleja.
Aunado a lo anterior, existe cierta reticencia por parte de los órganos nacionales,
para efectuar consultas al ente comunitario competente, principalmente
de aquellos tribunales de mayor jerarquía; al estimar que, con dicho actuar, ellos
pierden independencia y primacía (aunque esto no únicamente acontece en el
plano comunitario, sino también en cuanto a órganos internacionales).
Debe tenerse en consideración, por parte de los tribunales nacionales, que
sus estados se encuentran inmersos dentro de un proceso de integración regional,
reconocido por sus propias constituciones, las cuales les han cedido algunas
competencias; por esto, no es admisible ignorar el ordenamiento jurídico
comunitario, pues ellos son los principales encargados de velar por su efectivo
cumplimiento.
De las razones expuestas se establece que, la consulta prejudicial es un mecanismo
innovador que permite la convivencia de dos ordenamientos jurídicos
con características propias, que permite brindar certeza y seguridad jurídica.
Pese a esto, es pertinente señalar que su regulación, en los diversos cuerpos
normativos comunitarios centroamericanos, es deficiente y no logra cumplir
con sus objetivos plenamente; ya que, al regularse únicamente la consulta facultativa,
queda a discreción de los diversos órganos jurisdiccionales de los estados
miembros hacer uso de aquella 8 .
Es por esto que debió seguirse el modelo europeo, en cuanto a establecer
una consulta facultativa y otra obligatoria; esta última cuando la decisión a
tomar derivara del máximo tribunal (que ya no fuera susceptible de ulterior recurso),
ya que esto garantizaría el acceso a la tutela judicial efectiva del derecho
comunitario.
CONSULTA PREJUDICIAL: MECANISMO PARA LA UNIFORME APLICACIÓN
E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO
71
aquella sentencia de la Corte de Constitucionalidad, porque contravenía el derecho
comunitario.
8 Por tal motivo, según la página oficial de la Corte Centroamericana de Justicia, en
su apartado de jurisprudencia, y más específicamente en lo relacionado a los expedientes
de consultas prejudiciales, únicamente constan nueve consultas efectuadas,
de las cuales dos están en trámite. Lo cual constituye un número muy reducido, si
se toma en consideración que dicha corte inició funciones desde octubre de 1994.

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72
3.2. Procedimiento para la formulación
Al haber establecido la importancia de dicho mecanismo procesal de consulta,
es pertinente hacer referencia al procedimiento requerido para efectuar la
misma, al tenor de la normativa aplicable, sin perjuicio de hacer referencia a
aspectos de legislación comparada.
3.2.1. Legitimación para efectuar la solicitud
Al tenor de lo regulado en el artículo 22 literal k) del Estatuto, le corresponde
a esta “Resolver toda consulta prejudicial requerida por todo Juez o Tribunal
Judicial…”; lo anterior, es acorde con lo plasmado en la Ordenanza de Procedimientos
(en lo sucesivo la Ordenanza), que en su artículo 57 prevé: “La solicitud
que los jueces o tribunales nacionales formulen a la Corte…”.
De los artículos relacionados se determina que los únicos facultados para
requerir la consulta prejudicial son los órganos judiciales nacionales de los estados
miembros. Sobre este particular, existe similitud respecto a la regulación
comunitaria europea, en la que se hace referencia a órganos jurisdiccionales. Si
bien la CCJ no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el particular; por
el contrario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha mostrado un criterio
flexible y amplio a lo que debe entenderse por órgano jurisdiccional 9 .
En este sentido se ha expuesto: “el concepto comunitario de ‘órgano jurisdiccional’
no incluye tan sólo a los órganos jurisdiccionales ordinarios sino
también a los especializados (…) Incluso se ha de incluir entre tales órganos a
los Tribunales Constitucionales” (Fernández Segado, 2009: p.1215).
Luego de establecer el alcance del órgano jurisdiccional, se concluye que
únicamente dichos órganos poseen legitimación activa para efectuar la consulta
relacionada, y a estos les compete determinar la pertinencia de solicitar
la misma, es decir, es una facultad discrecional, en la cual no pueden influir las
partes procesales, ni los Gobiernos de los estados miembros, ni cualquier otras
persona o ente 10 .
9 Sobre el particular pueden consultarse las sentencias en los casos Vaassen-Gübbels
(sentencia de 30 de julio de 1966) y Pretore di Salò (sentencia de 11 de junio de
1987).
10 Respecto a la legitimación exclusiva que poseen los órganos jurisdiccionales consultar
las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en
los casos CILFIT (sentencia del 6 de octubre de 1982) y Pigs Marketing Board
(sentencia del 29 de noviembre de 1978).

3.2.2. Etapa procesal para su planteamiento
La consulta prejudicial, si se estima pertinente solicitarla, debe efectuarse previo
a la conclusión del proceso judicial nacional, tal y como lo establece la literal k)
del artículo 22 del Estatuto, que en su parte conducente indica: “… que estuviere
conociendo de un caso pendiente de fallo…”.
Si bien, dicha normativa no es clara al indicar el momento preciso en el
cual debe efectuarse, esto se debe a que no todos los procesos judiciales de
los estados miembros cuentan con las mismas fases procesales; no obstante lo
anterior, el momento procesal oportuno sería luego de desarrollarse la última
fase procesal y previo a dictar sentencia, lo anterior se debe a que es, en ese
momento, cuando el juzgador tiene conocimiento de todos los aspectos fácticos
de la litis y únicamente está pendiente de resolver esta, a través de la selección
de las normas aplicables, de su interpretación y aplicación.
La doctrina considera que esta consulta constituye un incidente que surge
dentro de un proceso judicial, al ser una cuestión accesoria a la principal; no
debe entenderse que dicha incidencia deba sustanciarse de la forma prescrita
por cada ordenamiento interno, sino que esta posee un procedimiento propio,
que se detalla a continuación. Otro aspecto diferenciador es el sujeto que la
solicita, ya que dentro de un proceso son las partes procesales quienes lo promueven;
mientras que en el presente caso es el propio órgano jurisdiccional.
CONSULTA PREJUDICIAL: MECANISMO PARA LA UNIFORME APLICACIÓN
E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO
73
3.2.3. Formalidades y requisitos para presentar la solicitud
La solicitud de consulta prejudicial debe efectuarse por escrito (al tenor
del artículo 9 de la Ordenanza) 11 , la misma puede presentarse en dos lugares
diferentes, el primero de ello sería la Secretaría de la CCJ, o bien, se
debe presentar ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia de cualquiera
de los estados miembros. Este segundo supuesto es el que más se
ha utilizado, esto en virtud que la sede de dicha Corte se encuentra en
Managua, Nicaragua.
11 Se estima que la obligatoriedad de la presentación por escrito, como única forma
para la presentación de la solicitud no es compatible con el principio de celeridad,
por ejemplo podría remitirse copia del escrito por algún medio electrónico, eso sí,
con la obligación de remitir, dentro de un plazo pertinente, el documento o documentos
originales, como se regula en los artículos 57 numeral 7 y 106 numeral 1
del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
74
Si la consulta se presenta en el país del órgano jurisdiccional, la misma debe
ser remitida por la Corte Suprema de Justicia a la Secretaría de la CCJ dentro
de las veinticuatro horas siguientes, por cualquier medio que estime pertinente,
siempre y cuando se garantice la autenticidad y reserva del mismo (esto queda
a criterio de cada Corte Suprema de Justicia). Al respecto, se estima que el plazo
para su remisión es muy reducido, porque se omite tomar en consideración la
existencia de procedimientos internos establecidos en las normativas aplicables
a dicha situación; a efecto de no incurrir en alguna responsabilidad derivada del
incumplimiento de dicho plazo perentorio, se ha optado por comunicar vía telefónica,
o bien a través de un medio análogo, la existencia de la consulta y, posteriormente,
se ha remitido el expediente físico (expediente 73-05-28-09-2005).
De conformidad con el artículo 57 de la Ordenanza, la solicitud de interpretación,
que los jueces formulen a la Corte, debe cumplir con los requisitos
siguientes:
• La designación del juez o tribunal nacional que hace la consulta.
• La relación de las normas del ordenamiento jurídico cuya interpretación
se solicita.
• La identificación de la causa que origina la solicitud y una relación
sucinta de los hechos, que el juez considere fundamental para la interpretación.
• El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá toda comunicación
de la Corte.
Recibida la solicitud, el Secretario debe asentar la razón de presentación,
y la traslada inmediatamente al Presidente para que sea conocida por la Corte,
la que deberá evacuar dicha consulta, dentro de los treinta días posteriores a la
recepción de la solicitud, y se deberá poner en conocimiento del juez solicitante,
esto a través de la emisión de una certificación.
Cabe señalar, respecto al segundo de los requisitos enumerados (relación
de las normas cuya interpretación se solicita), que las normas jurídicas que pueden
ser objeto de consulta son las expresamente contenidas en la literal k) del
artículo 22 del Estatuto; es decir, “las normas que conforman el ordenamiento
jurídico del ‘Sistema de la Integración Centroamericana’, creado por el ‘Protocolo
de Tegucigalpa’, sus instrumentos complementarios o actos derivados del
mismo”.

Si las normas cuya interpretación se solicita no son de las contenidas en el
párrafo anterior, la CCJ se encuentra impedida para emitir un pronunciamiento
al respecto.
De igual forma, si la solicitud de consulta incumple con alguno de los requisitos
señalados, la misma no puede ser objeto de análisis, ni de pronunciamiento.
La Ordenanza no contempla la posibilidad de subsanar las deficiencias
en que se incurra, al momento de su interposición.
3.2.4. Efectos de la sentencia
Las sentencias que resuelven las consultas prejudiciales conllevan efectos para
diversos sujetos. En cuanto al órgano jurisdiccional que la solicita, este se encuentra
obligado a atender el sentido en el que ha de interpretarse la norma
comunitaria, sin que pueda separarse de aquella.
Pero, no únicamente dicho órgano jurisdiccional se ve sujeto a lo dispuesto
en dicha sentencia, también se encuentran sujetos a la observancia de dicho
fallo todos los Estados miembros; por ende, todos los órganos jurisdiccionales,
esto al tenor de lo contemplado en el artículo 24 del Estatuto, el cual le confiere
a las consultas el carácter de vinculantes y obligatorias.
Lo anterior, no implica que otros órganos no puedan formular nuevas consultas
sobre las normas que ya fueron objeto de interpretación. Contra la sentencia
que resuelve la consulta no cabe recurso alguno.
CONSULTA PREJUDICIAL: MECANISMO PARA LA UNIFORME APLICACIÓN
E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO
75

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
76
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bou Franch, V. & Cervera Vallterra. M. (2010). Normativa y Jurisprudencia
Básica del Derecho de la Unión Europea. Valencia: Tirant lo Blanch.
Escobar Hernández, C. (Directora). (2006). Instituciones de Derecho Comunitario.
Valencia: Tirant lo Blanch.
Fernández Segado, F. (2009). La Justicia Constitucional: una visión de derecho
comparado. Tomo I. Los sistemas de justicia constitucional. Las “Dissenting
Opinions”. El Control de las omisiones legislativas. El control de
“comunitariedad”. Madrid: Dykinson, S.L.
Isaac, G. (1991). Manual de derecho comunitario general. Barcelona: Ariel.
López Castillo, A. (1996). Constitución e Integración. El fundamento constitucional
de la integración supranacional europea en España y en la
RFA. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
Tajadura Tejeda, J. y Miguel, J. (coordinadores). (2008). Justicia Constitucional
y Unión Europea. Un estudio comparado de las experiencias de Alemania,
Austria, España, Francia, Italia y Portugal. Madrid: Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales.
Martínez Sierra, José Manuel. (2007). La recepción constitucional del derecho
comunitario. Valencia: Tirant lo Blanch.
Normativas
Constitución Política de la República de Guatemala.
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (1951).
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (1962).
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos.
Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.
Ordenanza de Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia.

LA CARRERA JUDICIAL,
MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
GUSTAVO ADOLFO SIGÜENZA SIGÜENZA*
LAS DEBILIDADES DEL JUICIO POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA
77
* Abogado y Notario, con mención Magna Cum Laude (URL). Fue consultor en el proyecto
URL/NPT del Programa Neerlandés para el Fortalecimiento Institucional de la Educación y
Capacitación Post Secundaria e investigador de dedicación completa en el IIJ/URL. Publicaciones:
Código Civil anotado y concordado, Código de Notariado –Concordado y anotado-
(Notario Coautor), “Juicio de ponderación constitucional” en tomo VII del Opus Magna
Constitucional. Actualmente, se desempeña como docente de Derecho Civil y Coordinador
de Área para la Universidad Rafael Landívar.

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
Tabla de contenido
1. CARRERA JUDICIAL 79
2. LA CARRERA JUDICIAL EN GUATEMALA 83
3. LA CARRERA JUDICIAL EN ESPAÑA 95
4. CONCLUSIONES 99
78
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 102

Resumen
El trabajo de investigación que a continuación se presenta, contiene
una microcomparación de aspectos fundamentales que, mediante el
método comparativo, identifica las analogías y diferencias entre la Carrera
Judicial guatemalteca y la española. En él se establece, como punto
de enfoque central, el estudio de la forma de regulación de las Carreras
Judiciales para que los jueces o magistrados, según sea el caso,
puedan ascender y ser promovidos a magistraturas altas en función a
la experiencia judicial adquirida por los años laborados en la institución
jurisdiccional.
Palabras claves: Carrera Judicial, ingreso, selección, ascenso y nombramiento.
1. CARRERA JUDICIAL
1.1. Concepto
Es menester iniciar el estudio de tan importante institución, realizando
acercamientos preliminares respecto a la acepción del término o del
nombre carrera judicial. Este se concibe como aquella oportunidad que
poseen los jueces o magistrados de progresar o subir a un cargo o categoría superior
dentro de un sistema jurisdiccional respectivo, lo cual presupondría que
al subir de jerarquía se construye paso a paso una carrera que da inicio desde el
nivel mínimo de ingreso.
Eduardo Pallarés, citado por Ana Margarita Monzón Paredes, indica que
Carrera Judicial consiste en la: “serie de grados, desde el más inferior hasta el
superior, por los cuales van ascendiendo los funcionarios judiciales” (2000: pág.
88).
Por su parte, Luis Fernando Solano Carrera indica que Carrera Judicial podría
ser definida como: “el conjunto de normas, órganos y procedimientos en
base a los que se establecen los requisitos de ingreso a ella, las promociones y
ascensos con base en el mérito y la aptitud; los traslados; así como los derechos,
79

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
deberes y sanciones disciplinarias aplicables a sus miembros” (Monzón, 2000:
pág, 88).
Para César Parodi, Carrera Judicial es: “el conjunto de principios, normas,
derechos y obligaciones relativos a los funcionarios judiciales que ejercen la jurisdicción.
Tiene por objeto normar las relaciones de los funcionarios judiciales
con el órgano judicial; regular la forma y requisitos de ingreso a ella, las promociones
y ascensos con base en el mérito y la aptitud; los traslados; así como los
derechos, deberes y sanciones disciplinarias aplicables a sus miembros” (Monzón,
2000: pág. 88).
De las definiciones proporcionadas por los tratadistas se puede establecer
que la Carrera Judicial está integrada por todos aquellos principios, normas,
órganos e instituciones que norman todo lo relativo al ingreso, permanencia,
promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras actividades de los jueces y
magistrados.
80
1.2. Fines de la Carrera Judicial
Doctrinariamente existen acercamientos para establecer los principales fines
que busca la Carrera Judicial:
César Parodi, citado por Ana Margarita Monzón Paredes (2000: página 89),
señala que la Carrera Judicial tiene por fines:
a) “Asegurar que la selección de los jueces y magistrados permita la incorporación
de los profesionales más idóneos.
b) Promover la capacitación y profesionalización de los jueces y magistrados
que permita su promoción y ascenso con base en sus conocimientos
y méritos.
c) Garantizar la permanencia en la Carrera Judicial, en tanto se observe
conducta e idoneidad propias de la función.
d) Otorgar a jueces y magistrados la seguridad de no interferencia en su
independencia e imparcialidad.
e) Incentivar por medio de ascensos los logros académicos”.

1.3. Requisitos de existencia de la Carrera Judicial
Como condición necesaria e indispensable para la existencia de una auténtica
carrera judicial es menester tomar en cuenta que: “sólo puede con propiedad
hablarse de la existencia de una genuina carrera judicial, ahí donde se den, sin
lugar a dudas y en forma plena, los dos extremos siguientes: a) los sistemas
institucionales de selección, designación y ascenso de la judicatura; b) diversas
garantías que deben otorgarse al juzgador. Si falla o es insuficiente alguno de los
dos extremos anteriores, no podrá hablarse propiamente de la existencia de una
carrera judicial” (Lara, 2005: pág. 213).
1.3.1. Sistemas Institucionales de selección y ascenso
Este requisito existencial requiere el desarrollo de un verdadero y efectivo proceso
de selección y ascenso de jueces y magistrados, en donde debe existir un
método de exámenes de méritos o bien concursos por oposición que respondan
a criterios estrictamente objetivos, y que se adecuen a la realidad política y
social de un país.
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
1.3.2. Garantías del juzgador
a) Económicas. Para fomentar una efectiva carrera judicial es indispensable
que los jueces y magistrados cuenten con una remuneración digna
y decorosa, pues de no ser así, existirían graves peligros de fomentar el
detrimento en la impartición de justicia y en todo su sistema “el funcionario
bien remunerado puede desempeñar su delicado encargo con
mayor dignidad y señorío, si tiene resuelto el problema del ingreso suficiente
para que él y su familia puedan llevar una vida digna” (Lara,
2005: página 214).
b) Sociales. Estas garantías atañen al libre acceso de jueces y magistrados
a programas de seguridad social, jubilación, servicios médicos, en sí,
todo lo relativo al derecho de seguridad social para garantizar su bienestar
y retiro digno y remunerado.
c) Autonomía e independencia judicial. La autonomía viene concatenada
con las dos anteriores, pues, en tanto se le garantice a los jueces
y magistrados su cobertura económica, se está fomentando su autonomía
en el desempeño de su cargo jurisdiccional. Ahora bien, la labor
judicial está sometida a constantes presiones de tipo externo, que van
desde opiniones de Instituciones, injerencias políticas hasta presiones
de medios de comunicación, entre otras. Para garantizar la efectiva ca-
81

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
rrera judicial es fundamental dotar al juez y magistrado de una integral
seguridad y certeza que, su actuar y desempeño judicial, será evaluado
con objetivad, y que jamás responderá a influencias de tipo político,
económico o de cualquier otra índole que le creen zozobra en su función
judicial.
1.4. Sistema de selección en la Carrera Judicial
Es menester que toda carrera judicial cuente con sistemas encaminados de selección,
nombramiento, promoción y garantías que deben otorgársele al juzgador.
Como premisa fundamental es requerido que los sistemas se sustenten
objetivamente en los procesos de selección. Un ensayo de clasificación de los
sistemas de selección puede materializarse de la siguiente manera:
1.4.3. Ascenso
82
Este sistema propugna que la antigüedad en el desempeño de una judicatura
equivale a mayor experiencia en el juez y magistrado, en relación al recto y
adecuado desempeño de su función jurisdiccional. Todo ascenso que responda
al criterio de antigüedad y experiencia, erradica la parcialidad en los nombramientos.
1.4.4. Concurso
Procedimiento selectivo, en donde los candidatos se someten a una serie de
requisitos, que se deben cumplir para poder formar parte del llamamiento o
convocatoria que se realiza con fines selectivos. Esta clasificación, a su vez, se
subclasifica en:
a) Selección cerrada. Cuando el concurso de selección se realiza a nivel
interno, entre los jueces existentes de categorías inmediatas inferiores
y que posean los más altos méritos académicos, técnicos, profesionales
y éticos. Requiere la existencia de un sistema de evaluación objetivo,
imparcial y transparente, que garantice la idoneidad de los que puedan
ser promovidos.
b) Selección abierta. Este sistema abre el concurso a toda persona que cumpla
con los requisitos establecidos para optar a una judicatura. No limita
la participación a aquellos que ya conforman el cuerpo judicial, sino

invita a profesionales a ingresar a la carrera judicial, siempre y cuando
reúnan las condiciones mínimas requeridas por la ley y el concurso de
oposición.
1.4.5. Elección popular
Defiende la elección directa de magistrados y jueces por parte del pueblo, como
un ejercicio de eminente tinte democrático, sin embargo, la historia ha demostrado
el fracaso de dicho sistema, tal como ocurrió en su momento en Francia.
1.4.6. Nombramiento propio
Es la designación que realiza un tribunal de sus propios integrantes o bien de
jueces de primera instancia, si estos últimos fueren de segunda instancia.
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
1.4.7. Nombramiento por el ejecutivo
Cuando se le confiere tan delicada tarea de nombramiento de jueces y magistrados
al organismo ejecutivo.
83
2. LA CARRERA JUDICIAL EN GUATEMALA
2.1 Antecedentes normativos de la Carrera Judicial en
Guatemala
Uno de los primero antecedentes en materia de Carrera Judicial en Guatemala
se dio en el Decreto-Ley 24-82, de la Junta Militar de Gobierno, emitido el veintisiete
de abril de 1982, el cual, en su artículo 88 estableció, por primera vez, la
Carrera Judicial en Guatemala. El referido artículo establecía que la Carrera Judicial
debía desarrollarse por medio de la legislación ordinaria que incluiría: “todo
lo relativo al ingreso, ascensos, traslados, garantías para los jueces propuestos
para optar a otros cargos y motivos de remoción.” Además, el artículo 86 del
mismo cuerpo legal, en su último párrafo, establecía: “La Corte Suprema deberá
tomar las medidas necesarias para crear, en su oportunidad, un sistema que
permita la escogencia de los jueces, mediante calificación de méritos personales y
exámenes de competencia”. Las anteriores disposiciones nunca fueron tomadas
en cuenta y se quedaron sin ninguna aplicación a la realidad jurisdiccional de
Guatemala.

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84
Es importante destacar que la Carrera Judicial es concebida constitucionalmente,
con especial importancia, en el artículo 209 de la Constitución Política
de la República de Guatemala de 1985; el que, en su parte conducente dispone:
“Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y ascensos se harán
mediante oposición. Una ley regulará esta materia”.
Como marco idóneo de discusión y diálogo de las conversaciones de Paz,
entre el Gobierno y la Guerrilla, producidas en el Acuerdo sobre Fortalecimiento
del Poder Civil y Papel del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC y
PESD), definió al sistema de Administración de Justicia como una de las grandes
debilidades estructurales del Estado guatemalteco: “la marcha de los procesos
judiciales adolece de fallas y deficiencias. La obsolescencia de los procedimientos
legales, la lentitud de los trámites, la ausencia de sistemas modernos
para la administración del despacho y la falta de control sobre los funcionarios
y empleados judiciales, propician corrupción e ineficiencia”. Es, en este marco
de las negociaciones de paz, en donde el tema de la Carrera Judicial toma
nuevos impulsos y, es trece años después del mandato constitucional de 1985,
que el Congreso de la República de Guatemala, mediante Decreto No. 41-99
emite la Ley de la Carrera Judicial, busca establecer los principios, normas y
procedimientos; así como crear los órganos necesarios para la administración y
operación de la Carrera Judicial en Guatemala.
2.1. La Ley de la Carrera Judicial, Decreto 41-99 del Congreso
de la República de Guatemala
2.1.1. Definición de Carrera Judicial
Al respecto, la Ley de la Carrera Judicial, en su artículo 1 contiene una acertada
concepción inicial sobre lo que se debe entender por Carrera Judicial:
2.2 Definición
La Ley de la Carrera Judicial, Decreto 41-99 del Congreso de la República de
Guatemala, en su artículo 1, proporciona una acertada concepción inicial sobre
lo que se debe entender por Carrera Judicial al decir: “el sistema que regula
el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras
actividades de los jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoría o grado,

con el fin de garantizar su dignidad, independencia y excelencia profesional en
el ejercicio de su función jurisdiccional”.
Por su parte, la Declaración Principal del III Encuentro Iberoamericano de
Consejos de la Judicatura, celebrado en la ciudad de Zacatecas, México, a los
veinticinco días del mes de octubre del dos mil dos, concibe la Carrera judicial
como: “el sistema que dentro de un marco jurídico regula el ingreso, permanencia,
promoción, traslado, ascenso, capacitación y disciplina de jueces y magistrados
y/o de todo el personal al servicio de la justicia, según sea el caso, tomando
en consideración los méritos, aptitudes, conducta y desempeño, garantizando
con ello su estabilidad, independencia y excelencia profesional, con el objeto de
fortalecer la impartición de justicia”.
2.1.2. Principios de la Carrera Judicial en Guatemala
El artículo 2 de la Ley de la Carrera Judicial establece, como principios rectores
de la misma, los siguientes:
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
a) Independencia
85
La independencia judicial encuentra su fundamento constitucional en el artículo
203, mismo que establece: “…Los magistrados y jueces son independientes
en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución
de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del
Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código
Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público”.
El aludido principio es fundamental para una sólida Carrera Judicial, pues
de nada sirve la existencia de un organismo encargado de administrar justicia,
si a sus jueces y magistrados se les veda la libertad de resolver única y exclusivamente
con apego a la Constitución Política de la República de Guatemala y
la ley y, peor aún, resolver con intereses de terceras personas o por influencias
de otro tipo.
En relación con la Independencia Judicial, Manuel Ossorio indica: “Es ésta,
atributo esencial de los Estados de Derecho de aquellos que se asientan en la
división y equilibrio de los poderes públicos (Legislativo. Ejecutivo y Judicial). La
independencia de los jueces es tan fundamental, que de modo rotundo puede
afirmarse que, allí donde no existe, no hay verdadera administración de justicia;
como sucede en los países de régimen autocrático totalitario” (1981: pág. 375).

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86
Se busca, con la independencia, que todo juez pueda decidir según las
pruebas presentadas a los casos concretos, en donde, no exista ninguna coerción
externa, injerencia, interferencia, amenaza o represalia que influyeren en
su actuar jurisdiccional.
Otro fundamento constitucional es el artículo 205 Garantía del Organismo
Judicial, literal a) Independencia funcional. En este tema la Corte de Constitucionalidad
ha señalado: “En el campo jurisdiccional, ciertamente magistrados y
jueces están protegidos por el principio de independencia, gracias al cual tienen
potestad de resolver con criterios fundados en la ley, ajenos a la interferencia
de otras autoridades, así se trate de los de su órgano jerárquicamente superior,
independencia que, en manera alguna, los desliga de responder legalmente de
tal función” (Sentencia de fecha 19 de agosto de 1998, dictada en el Expediente
178-98).
Por su parte, el artículo 60 de la Ley del Organismo Judicial establece: “Los
jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia
lo pondrán en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, dando
cuenta de los hechos al tribunal competente, para seguir el procedimiento adecuado,
sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables
para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico”.
b) Imparcialidad
La imparcialidad en el ejercicio jurisdiccional requiere que la actuación del juez
y magistrado no sea condicionada por otros criterios ajenos a la propia interpretación
jurídica y estrictamente apegados a derecho.
Según el artículo 123 -Excusas.- de la Ley del Organismo Judicial, los jueces
deben excusarse: “… a) Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna
de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan
dudar de la imparcialidad del juzgador”.
La imparcialidad puede ser comprendida como: “un hábito de conducta y
disposición objetiva que bien puede obtenerse con el desempeño de las labores,
dentro de una carrera judicial y que va madurando el raciocinio, por encima de
la posición particular, natural a las partes en conflicto para poner al juzgador por
encima de la litis y sometido sólo al imperio de la ley” (Rosales, 2005: pág. 45).

c) No Subordinación
Este principio se enuncia taxativamente en la parte final del artículo 2 de la Ley
de la Carrera Judicial, al establecer: “Los jueces y magistrados ejercen por igual,
aunque con competencia distinta, el poder jurisdiccional que la Constitución
Política de la República asigna al Organismo Judicial, razón por la que, en su
ejercicio no existe diferencia jerárquica ni dependencia entre ellos”.
Es menester aclarar que dicha inexistencia jerárquica, no hace alusión a
las diferentes instancias que conforman un proceso, se refiere a la igualdad de
tratamiento con que la Constitución Política de la República de Guatemala trata
a todo juez y magistrado.
d) Permanencia e Inamovilidad
Este principio se establece en el artículo 3 de la Ley de la Carrera Judicial: “Los
jueces y magistrados ejercerán sus funciones de forma permanente e inamovible,
hasta que cesen en las mismas con arreglo a lo que dispone la Constitución
Política de la República y esta ley. Los jueces de primera instancia y los magistrados,
cualquiera que sea su categoría o grado, durarán en sus funciones cinco
años, pudiendo ser nuevamente nombrados o reelectos, según corresponda.
Los jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoría o grado, sólo podrán
ser removidos o suspendidos en el ejercicio de sus funciones en los casos y
mediante el procedimiento que determina la presente ley…”.
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
87
2.2. Órganos de la Carrera Judicial en Guatemala
Los órganos responsables de la Carrera Judicial en Guatemala son: el Consejo de
la Carrera Judicial, la Junta de Disciplina Judicial, las Comisiones de Postulación
y la Unidad de Capacitación Institucional.
Como administrador y rector de la Carrera Judicial se encuentra el Consejo
de la Carrera Judicial, sin embargo, el resto de órganos actúa en coordinación
y cooperación entre sí, no siendo necesaria la jerarquización entre ellos por su
eminente relación de coordinación y cooperación recíproca.

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88
2.2.3. Consejo de la Carrera Judicial
Según el artículo 5 de la Ley de la Carrera Judicial, esta: “es administrada por un
Consejo que se integra con cinco miembros, así: a) El Presidente del Organismo
Judicial, quien podrá ser sustituido por un magistrado de la Corte Suprema de
Justicia designado por ésta, con carácter de suplente; b) El titular de la Unidad
de Recursos Humanos del Organismo Judicial o quien lo sustituya con carácter
de suplente; c) El titular de la Unidad de Capacitación Institucional del Organismo
Judicial, o quien lo sustituya con carácter de suplente; d) Un representante
y un suplente, electos por la Asamblea de Jueces; e) Un representante y un
suplente, electos por la Asamblea de Magistrados. El juez y magistrado electos
para el Consejo durarán en sus cargos un año pudiendo ser reelectos por un
período igual”.
Entre las principales funciones del Consejo de la Carrera Judicial de Guatemala
están: Dar aviso al Congreso de la República del vencimiento del período
constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de igual
forma avisar al Congreso de las vacantes definitivas que se produzcan en dicha
Corte y en la Corte de Apelaciones, efectuar convocatorias para los concursos
por oposición, para el ingreso a la Carrera Judicial de jueces y magistrados y
evaluar el desempeño de jueces y magistrados, de conformidad con un sistema
idóneo que se establezca para el efecto.
2.2.4. Junta de Disciplina Judicial
Se integra por dos magistrados de la Corte de Apelaciones y sus respectivos
suplentes y un juez de primera instancia y su respectivo suplente, designados
para un periódo de un año, por sorteo practicado por el Consejo de la Carrera
Judicial.
Corresponde a la Junta de Disciplina Judicial el conocimiento y ejercicio
de la función y acciones disciplinarias y correctivas previstas en esta ley y sus
reglamentos.
2.2.5. Comisiones de Postulación
Son los órganos colegiados encargados de la elaboración de las nóminas de
candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de
Corte de Apelaciones y Tribunales de similar categoría. Las mismas deben ser
convocadas por el Congreso de la República de Guatemala, con al menos cuatro
meses de anticipación al vencimiento del período de los funcionarios a elegir, y
se deben integrar a más tardar a treinta días de efectuada la convocatoria.

El fundamento constitucional de dicha nómina y Comisión de Postulación
se encuentra en el artículo 215 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, el cual establece: “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
serán electos por el Congreso de la República para un período de cinco años,
de una nómina de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación
integrada por un representante de los Rectores de las Universidades
del país, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias
Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente
de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los
magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se
refiere el artículo 217 de esta Constitución”.
De igual manera se establece en el artículo 217 Constitucional respecto a
los Magistrados de las Cortes de Apelaciones: “Los magistrados titulares, a que
se refiere este artículo, serán electos por el Congreso de la República, de una nómina
que contenga el doble del número a elegir, propuesta por una comisión de
postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades
del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias
Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de
miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios
de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia”.
La principal función de las Comisiones de Postulación, según el artículo 10
de la Ley de la Carrera Judicial, es: “el examen de los expedientes formados por
el Consejo de la Carrera Judicial y los demás que les sean presentados para los
efectos de la elaboración de los listados de candidatos a magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoría…”.
Todo lo relacionado a las Comisiones de Postulación está normado en el
Decreto 19-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Comisiones
de Postulación.
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
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2.2.6. Unidad de Capacitación Institucional
De conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Carrera Judicial: “La Unidad
de Capacitación Institucional es el órgano encargado de planificar, ejecutar y
facilitar la capacitación y formación técnica y profesional de jueces, magistrados,
funcionarios y empleados del Organismo Judicial y otras personas u organizaciones
relacionadas o interesadas en el sistema de justicia, con el fin de
asegurar la excelencia y actualización profesional para el eficiente desempeño
de sus cargos”.

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2.3. Ingreso, Permanencia, Ascenso de Jueces
y Magistrados
Parte importante de la Carrera Judicial en Guatemala lo constituye el ingreso
y permanencia en la misma, para lo cual, se parte del principio que la Carrera
Judicial está dirigida exclusivamente para aquellos que, por mandato constitucional,
ejercen jurisdicción y competencia. En consecuencia, la Ley de la Carrera
Judicial clasifica en 4 categorías la Carrera Judicial los cuales no forman grado
jerárquico, así:
a) Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
b) Magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados
c) Jueces de primera instancia
d) Jueces de paz
El ingreso a la Carrera Judicial posee dos alternativas: a. Mediante nombramiento
de la Corte Suprema de Justicia para el caso de los jueces, cualquiera
que sea su categoría o grado; y, b. Mediante elección por el Congreso de la
República para el caso de los magistrados, cualquiera que sea su categoría
2.3.1. Ingreso a Jueces de Paz
Corresponde al Consejo de la Carrera Judicial convocar los concursos por oposición
para el ingreso a la Carrera Judicial de jueces y magistrados. Los requisitos
que enuncia el artículo 207 de la Constitución Política de la República de Guatemala
para ser juez son los siguientes:
a) Ser guatemalteco de origen.
b) Abogado colegiado activo.
c) Estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
d) Reconocida honorabilidad.
En la convocatoria que publica el Consejo de la Carrera judicial, los requisitos
de participación en el concurso público por oposición en la categoría de Juez
de Paz (Convocatoria CCJ-02-2013) son los siguientes:
a) Guatemalteco de origen.
b) De reconocida honorabilidad.

c) Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.
d) Tener la calidad de abogado, colegiado activo.
e) No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala.
f) No haber sido sancionado por la Unidad del Régimen Disciplinario,
ni tener expedientes disciplinarios en trámite, iniciados antes de la 1ª.
publicación de la convocatoria (para trabajadores del Organismo Judicial).
g) No haber sido sancionado por el órgano disciplinario correspondiente
a la institución donde labora, ni tener expedientes disciplinarios en
trámite, iniciado antes de la 1ª. Publicación (para trabajadores de otras
instituciones del Estado, entidades autónomas y descentralizadas).
h) Tener la disponibilidad para prestar el servicio como juez de paz en
cualquier lugar del país.
i) Someterse a todas las evaluaciones que comprenden el proceso de
selección: psicométricas, técnico-jurídicas, entrevistas y otras que el
Consejo determine necesarias.
j) De preferencia, con estudios de maestría en Derecho Constitucional,
Penal, Civil, etc.
En este punto, le corresponde a la Unidad de Capacitación Institucional,
según el artículo 18 de la Ley de la Carrera Judicial, la evaluación de los aspirantes
al cargo de juez, cualquiera que sea su categoría, la cual se basará en las
pruebas que se consideren convenientes y en entrevistas personales, públicas
o privadas. Concluida la evaluación, se elaborará la lista de aprobados como
elegibles, según el orden de las calificaciones obtenidas por cada aspirante, a
partir de la más alta. Todos los aspirantes que hayan aprobado, participarán en
el Programa de Aspirantes a Jueces, en la Unidad de Capacitación Institucional
del Organismo Judicial, el cual tendrá una duración mínima de seis meses.
Concluidos los cursos respectivos, según las vacantes existentes: “Los candidatos
que aprueben el curso impartido por la Unidad de Capacitación Institucional
del Organismo Judicial, serán declarados elegibles y nombrados por la
Corte Suprema de Justicia, según proceda: jueces de paz, de primera instancia y
destinados a las vacantes que existan, de las que tomarán posesión dentro del
mes siguiente de haber prestado la protesta respectiva” lo anterior al tenor del
artículo 19 de la Ley de la Carrera Judicial.
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
91

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92
2.3.2. Permanencia de Jueces de Paz
Respecto a los jueces de paz, una vez nombrados, detentarán su cargo de manera
estable, siempre y cuando sus funciones se adecuen a lo estrictamente
normado por la ley y reglamentos respectivos, salvo que, durante el ejercicio
busque la promoción a Juez de instancia de conformidad con la Ley de la Carrera
Judicial.
2.3.3. Nombramiento como Juez de Primera Instancia
Existen dos opciones para poder optar a una judicatura de primera instancia,
ambas deben ser convocadas por los concursos respectivos a través del Consejo
de la Carrera Judicial.
a) Convocatoria externa. En doctrina se conoce como selección abierta
y es aquella mediante la cual se abre la posibilidad que cualquier profesional
del derecho, que reúna los requisitos respectivos, pueda ingresar
a una judicatura de instancia, siempre y cuando sea elegible en función
a los resultados de las pruebas realizadas, según el artículo 18 de la Ley
de la Carrera judicial.
b) Por Convocatoria a concurso por oposición interna. En doctrina conocida
como selección cerrada, donde se convoca a los jueces de paz
en servicio, a participar en el concurso por oposición, para ascender a la
categoría de Juez de primera instancia.
De conformidad con el artículo 25 de la Ley de la Carrera Judicial: “Se
considera ascenso el acto por el cual un juez o magistrado pasa a desempeñar
un cargo judicial de competencia diferente por razón de categoría
o grado según lo establecido en esta ley, con la aprobación de la autoridad
nominadora respectiva, previo cumplimiento de los requisitos y
calidades que corresponden”.
Según el artículo 37 del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial:
“Cuando se produzca alguna vacante definitiva en la categoría de juez
de instancia o de paz, el Consejo de la Carrera Judicial lo hará del conocimiento
de los funcionarios judiciales en servicio activo que deseen
ascender o trasladarse, por medio de boletín al que le dará la publicidad
correspondiente, requiriendo a los interesados presentar la documentación
a que se refiere el artículo 16 de la Ley de la Carrera Judicial.
Posteriormente deberá practicar la evaluación del rendimiento y comportamiento
profesional del candidato y declararlo elegible para ocupar
el cargo de diferente categoría o grado. Para el efecto deberá tener a la

vista la evaluación anual o extraordinaria que haya realizado el propio
Consejo de la Carrera Judicial de conformidad con el artículo 32 de la
Ley de la Carrera Judicial.”
Requisitos de participación para convocatoria interna, ascenso a Juez de
Primera Instancia.
a) Guatemalteco de origen.
b) De reconocida Honorabilidad.
c) Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.
d) Ejercer el cargo de juez de paz, titular o suplente, y haberlo ejercido por
un período de al menos cuatro años.
e) Título de abogado, con al menos dos años de graduado.
f) Estar incorporado a la carrera judicial, mediante la aprobación satisfactoria
de su evaluación del desempeño y comportamiento profesional.
g) No haber sido sancionado por la Junta de Disciplina Judicial, por la comisión
de faltas graves o gravísimas en los últimos dos años.
h) No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados
y Notarios de Guatemala, en casos graves calificados por el Consejo
de la Carrera Judicial.
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
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2.3.4. Permanencia de los jueces de primera instancia
Vencido el período de funciones de los Jueces de primera instancia, de conformidad
con el periódo de servicio y garantía de estabilidad -5 años - de conformidad
con el artículo 3 de la Ley de la Carrera Judicial-, la Corte Suprema de
Justicia renovará o no el nombramiento de los jueces, para lo cual deberá tener
en cuenta la previa evaluación de su rendimiento y comportamiento profesional
elaborado por el Consejo de la Carrera Judicial.
2.3.5. Elección de Magistrados de la Corte de Apelaciones
Los candidatos a magistrados deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida
honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados,
además, ser mayor de treinta y cinco años, haber sido juez de primera
instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de abogado

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Los magistrados titulares, a que se refiere el artículo 217 constitucional,
serán electos por el Congreso de la República, de una nómina que contenga el
doble del número a elegir, propuesta por una comisión de postulación integrada
por un representante de los Rectores de las Universidades del país, quien la
preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales
de cada Universidad del país, un número equivalente de miembros electos por
la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por
igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia.
La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las dos terceras
partes de los miembros de la Comisión. En las votaciones, tanto para elegir la
Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos,
no se aceptará ninguna representación.
2.3.6. Elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
94
Los candidatos a magistrados deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida
honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados
colegiados; además, ser mayores de cuarenta años y haber desempeñado un
período completo como magistrado de la Corte de apelaciones o de los tribunales
colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de
abogado por más de diez años.
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso
de la República para un período de cinco años, de una nómina de veintiséis
candidatos propuestos por una comisión de postulación, integrada por un
representante de los Rectores de las Universidades del país, quien la preside,
los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de
cada Universidad del país, un número equivalente de representantes electos
por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y,
por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la
Corte de Apelaciones y demás tribunales, a que se refiere el artículo 217 de la
Constitución.
La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las dos terceras
partes de los miembros de la Comisión.
En las votaciones, tanto para elegir la Comisión de Postulación como para
la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.

La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados
titulares de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría
corresponde, con exclusividad, al Congreso de la República y se hará, tal como
quedó manifestado, entre la lista de candidatos elegibles que le presenten las
respectivas comisiones de postulación, con el voto favorable de las dos terceras
partes de sus miembros. Los magistrados podrán ser reelectos para un nuevo
periódo de 5 años, siempre y cuando reúnan los requisitos y formalidades que
establece la ley.
Con la forma en que se sustancian las elecciones de Magistrados de las
Salas de Apelaciones y de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, surgen
las principales falencias del sistema de la Carrera Judicial en Guatemala; pues
dicha Carrera Judicial termina con un único ascenso, mismo al que puede optar
un juez de paz al momento de ser ascendido a Juez de Primera Instancia. No
está al alcance de los Jueces de primera instancia el buscar una auténtica Carrera
Judicial, al optar por una magistratura de Sala de Apelaciones o en la Corte Suprema
de Justicia. Como ya se indicó, el nombramiento de dichas magistraturas
corresponde al Congreso de la República, en donde, el tiempo ha demostrado
que el acceso a las magistraturas está más al alcance de profesionales liberales
–abogados con experiencia en años- que jueces de auténtica carrera. Además
de responder, dicha elección, a las diversas influencias de tipo político que se
manejan en el Congreso de la República. Todo lo expuesto viene a desvirtuar
por completo, los principios rectores de una auténtica Carrera Judicial.
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
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3. LA CARRERA JUDICIAL EN ESPAÑA
Lo relativo a la Carrera Judicial en España se regula en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, 6/1985 del 1 de julio, que en su exposición de motivos en el numeral
VII establece: “el sistema básico de ingreso en la carrera judicial sigue siendo
el de oposición libre entre licenciados en Derecho, completada por la aprobación
de un curso en el Centro de Estudios Judiciales y con las prácticas en
un órgano jurisdiccional.
El acceso a la categoría de Magistrado se verifica en las proporciones siguientes:
De cada cuatro vacantes, dos se proveerán con los Jueces que ocupen
el primer lugar en el escalafón dentro de la categoría; la tercera, por medio de
pruebas selectivas y de especialización en los órdenes contencioso-administrativo
y social entre los Jueces, y la cuarta, por concurso entre juristas de reconocida
competencia y con más de diez años de ejercicio”

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El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye en España a los siguientes
juzgados y tribunales:
• Juzgados de paz.
• Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia
sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo, de lo Social,
de Menores y de Vigilancia Penitenciaria.
• Audiencias Provinciales.
• Tribunales Superiores de Justicia.
• Audiencia Nacional.
• Tribunal Supremo.
Según el artículo 299 de la Ley del Poder Judicial, la Carrera Judicial consta
de tres categorías así:
• Magistrado del Tribunal Supremo
• Magistrado
• Juez
La carrera Judicial en España es una función del Consejo General del Poder
Judicial, a través de su propia academia. Como parte de sus funciones está
aprobar, cada tres años como máximo, y por períodos menores cuando fuere
necesario, el escalafón de la Carrera Judicial.
3.1. Ingreso y ascenso en la Carrera Judicial
a) El ingreso en la Carrera Judicial está basado en los principios de mérito y
capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional.
b) El proceso de selección para el ingreso en la Carrera Judicial garantizará,
con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a la misma de
todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias,
así como la idoneidad y suficiencia profesional de las personas seleccionadas
para el ejercicio de la función jurisdiccional.
c) El ingreso en la Carrera Judicial, por la categoría de Juez, se producirá
mediante la superación de oposición libre y de un curso teórico y práctico
de selección, realizado en la Escuela Judicial.

También ingresarán en la Carrera Judicial, por la categoría de Magistrado
del Tribunal Supremo o de juristas de reconocida competencia en los casos, forma
y proporción respectivamente establecidos en la ley. Quienes pretendan el
ingreso en la Carrera Judicial en la categoría de Magistrado precisarán también
superar un curso de formación en la Escuela Judicial.
Para concurrir a la oposición, libre de acceso a la Escuela Judicial, se requiere
ser español, mayor de edad y licenciado en Derecho, así como no estar
incurso en alguna de las causas de incapacidad que establece la ley.
El artículo 307 de la Ley del Poder Judicial crea: “La Escuela Judicial,
configurada como centro de selección y formación de Jueces y Magistrados
dependiente del Consejo General del Poder Judicial, tendrá como objeto
proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad a los
miembros de la Carrera Judicial, así como a los aspirantes a ingresar en
ella.”
Carlo Guarnieri y Patrizia Pederzoli, citados por Carlos Rosales, afirman:
:“En España el Centro de Estudios Judiciales se ocupa sólo de la formación de
los jueces, seleccionados, también aquí, mediante un concurso abierto a los
jóvenes licenciados en derecho. Las normas del ordenamiento judicial también
prevén, sin embargo, una forma de reclutamiento personal destinado a juristas
de reconocida competencia y cuya selección tiene lugar mediante un concurso
ad hoc” (2005: página. 55)
Se requiere, en todo caso, aprobar el curso teórico práctico que se imparte
en la Escuela Judicial. Para poder ser nombrados como jueces, y según el orden
de propuesta realizado por la Escuela Judicial, se elevará al Consejo General del
Poder Judicial.
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
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3.2. Ascenso a Magistraturas
La selección para el ascenso en la Carrera Judicial recae en los jueces, tomando
en cuenta la antigüedad y los resultados de las pruebas selectivas. El paso de la
categoría de juez a la de magistrado es automático por el transcurso del tiempo.
Según el artículo 311 de la Ley del Poder Judicial, “de cada cuatro vacantes
que se produzcan en la categoría de Magistrado, dos darán lugar al
ascenso de los Jueces que ocupen el primer lugar en el escalafón dentro de
esta categoría.”

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
El Magistrado, así ascendido, podrá optar por continuar en la plaza que
venía ocupando o por ocupar la vacante que en el momento del ascenso le sea
ofertada, comunicándolo al Consejo General del Poder Judicial en la forma y
plazo que éste determine. En el primer supuesto no podrá participar en los concursos
ordinarios de traslado durante tres años, si la plaza que venía ocupando
es de categoría de Juez y un año si es de categoría de Magistrado.
La tercera vacante se proveerá entre Jueces, por medio de pruebas selectivas
en los órdenes jurisdiccionales civil y penal y de especialización en los órdenes
contencioso-administrativo, social y mercantil.
La cuarta vacante se proveerá por concurso entre juristas de reconocida
competencia y con más de diez años de ejercicio profesional que superen el
curso de formación respectivos.
Para el ascenso por escalafón será necesario que hayan prestado tres años
de servicios efectivos como Jueces. Para presentarse a las pruebas selectivas o
de especialización bastará, sin embargo, con dos años de servicios efectivos,
cualquiera que fuere la situación administrativa del candidato.
98
3.3. Magistrados del Tribunal Supremo
Sus disposiciones se norman del artículo 342 al 347 de la Ley del Poder Judicial,
mismas que en extracto establecen.
En las distintas Salas del Tribunal, de cada cinco plazas de sus Magistrados,
cuatro se proveerán entre miembros de la Carrera Judicial con diez años, al
menos, de servicios en la categoría de Magistrado y no menos de quince en la
Carrera, y la quinta entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida
competencia
Podrán ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo los Abogados
y juristas de prestigio que, cumpliendo los requisitos establecidos para ello,
reúnan méritos suficientes a juicio del Consejo General del Poder Judicial y hayan
desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años,
preferentemente en la rama del Derecho, correspondiente al orden jurisdiccional
de la Sala para la que hubieran de ser designados.
Las vacantes se producen cuando los magistrados o los jueces se jubilan o
bien son promocionados a una judicatura superior dejando vacante, por consiguiente,
la judicatura actual.

El artículo 433 bis, de la Ley del Poder Judicial de España, establece la formación
continua de los jueces y magistrados:
“1. El Consejo General del Poder Judicial garantizará que todos los Jueces y
Magistrados reciban una formación continuada, individualizada, especializada
y de alta calidad durante toda su carrera profesional.
2. El Consejo General del Poder Judicial establecerá reglamentariamente un
Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial en el que se detallarán
los objetivos, contenidos, prioridades formativas y la programación
plurianual de estas actuaciones.
3. Cada miembro de la Carrera Judicial contará con un Plan Especializado
en Formación Continuada mediante el cual se programarán de forma individualizada,
en períodos de cinco años, los objetivos formativos, garantizándose
la plena adaptación a las innovaciones jurídicas con incidencia
en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.”
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
4. CONCLUSIONES
Sobre la base del microanálisis realizado en el presente trabajo, se puede concluir
que en Guatemala únicamente existe la oportunidad de ascenso en un
único nivel dentro de la Carrera Judicial, pues el Juez de paz puede, por convocatoria
interna, ascender a Juez de Primera Instancia. Sin embargo, el acceso a
una magistratura de sala de apelaciones significa, para el Juez de Instancia, quedar
a merced de la Comisión de Postulación, en donde, si es preseleccionado
en el listado respectivo, queda a completa suerte de una decisión política que se
toma en el Congreso de la República de Guatemala. En todo caso, de ser electo,
garantizaría un virtual ascenso en su carrera que durará cinco años, pues nadie
ni nada le garantiza que al concluir dicho periódo vuelva a ser nombrado y
seleccionado nuevamente como magistrado, lo cual significaría poner fin a una
Carrera Judicial truncada. En ese mismo presupuesto, se desarrolla la opción a
una magistratura de la Corte Suprema de Justicia pues, en todo caso, los jueces
de instancia que reúnan el requisito de la edad correspondiente, quedan nuevamente
a merced de la Comisión de Postulación y del Congreso de la República
de Guatemala. Lo anterior, evidencia naturalmente la imposibilidad del Consejo
de la Carrera Judicial de ejercer plenamente la rectoría de dicho régimen.
Aunado a lo anterior, la Carrera Judicial en Guatemala no garantiza la permanencia
en la misma pues, por mandato Constitucional, tanto los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia como los Magistrados de las Cortes de Apela-
99

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
100
ciones deben durar 5 años en su función jurisdiccional, pudiendo ser reelectos;
pero, se puede dar el presupuesto que simplemente no sean reelectos o, en el
caso de los jueces de primera instancia, no ser nombrados nuevamente para
dicho cometido. Tal como se ha manifestado, en Guatemala no ha existido,
hasta la fecha, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que haya logrado
su reelección. Se puede concluir, que en Guatemala no existe una auténtica
Carrera Judicial, pues no se garantiza una genuina permanencia, promoción y
ascenso dentro del sistema judicial.
La Carrera Judicial guatemalteca es, a todas luces, frágil y relativamente
inexistente, pues, como se ha manifestado, se corre el riesgo de que el sistema
de evaluación de jueces de instancia no responda a parámetros objetivos, en
cuyo caso, la efímera carrera de un juez de instancia puede terminar en función
a dicho riesgo.
En España se da la existencia de un sistema de escalafón que permite el
ascenso a magistraturas en función al puesto escalafonario. En Guatemala no
existe dicha cuestión, pues los únicos que gozan de inamovilidad real son los
jueces de paz, quienes son nombrados por la Corte Suprema de Justicia por
un periódo indefinido. Ellos deben ajustar su función jurisdiccional a la Constitución
Política de la República de Guatemala y las leyes, para garantizar su
continuidad indefinida en una judicatura de paz; sin embargo, sus aspiraciones
a ser promovido como juez de instancia pueden terminar con su primer nombramiento,
ya que, de no ser nombrados por otros 5 años su carrera finaliza.
El mandato jurisdiccional a término en Guatemala no responde a los principios
básicos de la Carrera Judicial, pues un juez o magistrado nombrado por
cinco años realiza una función de paso, que no permite generar una verdadera
especialización e identificación con la judicatura o magistratura de que se trate.
Se sostiene que, garantizado un efectivo sistema de selección de jueces y promoción
de los mismos a magistraturas, es muy beneficioso apostar por la permanencia
por períodos de tiempo más prolongados para un efectivo ejercicio
de su función.
El sistema de ingreso a la Carrera Judicial en Guatemala y España comparten
la similitud desde la perspectiva de la realización de concursos externos de
oposición. Ahora bien, respecto a la oportunidad del ascenso a una magistratura,
únicamente en España se garantiza, mediante una formación respectiva que
permite adquirir el status de magistrado por el transcurso de un tiempo establecido
dentro de la propia carrera. Esta situación en Guatemala es inexistente,
pues, para que un juez de instancia pueda optar a una magistratura, significa
poner en riesgo su carrera al no tener certeza de ser seleccionado como un

candidato efectivo por la Comisión de Postulación, para la posterior elección
definitiva por parte del Congreso de la República.
En la Carrera Judicial española el paso de juez a magistrado es automático,
por el transcurso del tiempo respectivo y el ascenso de magistrado de apelaciones
a magistrado del Tribunal Supremo, el cual es decidido por el Consejo
General del Poder Judicial, con base en el desempeño profesional y experiencia
judicial. Ello evidencia un paso en pro de la auténtica independencia del Organismo
Judicial Español, pues goza de una sistema de Carrera Judicial más
apegado a los principios fundamentales e inspiradores de dicha institución, en
función a la permanencia, promoción y ascenso; claro está, configurando entre
cada sistema un modelo que responde a la estructura de un Estado social y
democrático de Derecho en cada país.
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
101

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
102
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Corte de Constitucionalidad. (1998) Independencia Judicial.
http://www.cc.gob.gt/sjc/frmConsultaW.aspx. Recuperado el 11 de marzo de
2013 a las 11:00 horas.
Lara, Cipriano Gómez. (2005) Carrera Judicial, Consejos de la Judicatura
y Escuelas Judiciales. Recuperado el 11 de marzo de 2013 a las
9:45 hrs. de http://enj.org/portal/biblioteca/funcional_y_apoyo/carrera_judicial/2.pdf
Monzón Paredes, Ana Margarita, (2000) La Carrera Judicial como medio
para garantizar los medios de los jueces. Guatemala, n.d.
Ossorio, Manuel, (1981) Diccionario de Ciencias jurídicas, políticas y sociales.
Argentina. Editorial Heliasta S.R.L.
Rosales Carlos, (2005) El ingreso a la carrera judicial. El buen juez por su
casa empieza. Recuperado el 11 de marzo de 2013 a las 10:45 hrs.,
de http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/refjud/cont/8/pjn/
pjn5.pdf
Normativa:
• Acuerdos de Paz: Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Papel
del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPCyPESD).
• Acuerdo Número 6-2000, Corte Suprema de Justicia, Reglamento General
de la Ley de la Carrera Judicial de Guatemala.
• Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República
de Guatemala.
• Basic Resources International (Bahamas) Limited contra la Corte Suprema
de Justicia, Cámara Civil, Expediente No. 734-00, Corte de Constitucionalidad
de Guatemala, Amparo en única instancia.
• Declaración principal del III Encuentro Iberoamericano de Consejos de
la Judicatura, Carrera Judicial, Declaración Primera. (2002), Recuperado
el 11 de marzo de 2013 a las 9:50 hrs., de http://www.cumbrejudicial.
org/web/guest/29

• Decreto No. 41-99 del Congreso de la República de Guatemala y sus
reformas, Ley de la Carrera Judicial.
• Decreto No. 2-89 del Congreso de la República de Guatemala y sus
reformas, Ley del Organismo Judicial.
• Ley Orgánica 6/1985 y sus reforma, Juan Carlos Rey de España.
LA CARRERA JUDICIAL, MICROCOMPARACIÓN:
GUATEMALA Y ESPAÑA
103

LA FORMACIÓN JUDICIAL,
UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA EN GUATEMALA
NIDIA VICTORIA JORDÁN VILLEDA*
LAS DEBILIDADES DEL JUICIO POR DELITO DE ACCIÓN PRIVADA
105
* Abogada y Notaria con mención Cum Laude (URL). Cierre de Pensum de la Maestría de Asesoría
en Tributación (URL). Estudiante del Doctorado en Derecho Constitucional (UMG). Se
desempeñó como Encargada de la Unidad de Detección de Necesidades de Capacitación de
la Escuela de Estudios Judiciales y Secretaria Ejecutiva de la Revista SAPERE AUDE.

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN 107
2. LA EDUCACIÓN DE ADULTOS, UNA NECESIDAD SOCIAL 108
3. LA FORMACIÓN: MODALIDADES Y CLASIFICACIÓN 110
4. LA FORMACIÓN JUDICIAL 117
106
5. EL ROL DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA EN GUATEMALA 119
6. CONCLUSIÓN 128
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 130

Resumen
El presente aporte se enfoca en la trascendencia que tiene la formación
del capital humano del personal del Organismo Judicial, para el
fortalecimiento de la administración de Justicia guatemalteca. Para poder
lograr lo anterior, el Organismo Judicial cuenta con la Unidad de
Capacitación Institucional, dependencia administrativa denominada
Escuela de Estudios Judiciales, encargada de planificar, ejecutar y facilitar
la capacitación y formación técnica y profesional de funcionarios
judiciales, así como de auxiliares judiciales y demás empleados del Organismo
y de otras personas vinculadas a la administración de justicia
en Guatemala.
Palabras claves: educación de adultos, formación, formación judicial,
fortalecimiento, administración de Justicia, Escuela de Estudios Judiciales
“Un poder judicial independiente, bien formado y eficaz es esencial
para el buen funcionamiento de un espacio de justicia (…)
Garantiza resoluciones correctas y ágiles y seguridad jurídica (…) Ciudadanos y empresas
quieren saber que pueden contar (…) con un cuerpo judicial competente
(…) que les permita ejercer sus derechos y obtener justicia”.
Vivianne Reding, Comisaria de Justicia de la Unión Europea.
1. INTRODUCCIÓN
Siempre que se aborda el tema de fortalecimiento y desarrollo de un país,
surge en la mente la necesidad de la educación o formación, entendiéndose
esta como la capacitación constante que debe recibir y procurar la
persona para crecer tanto individual como socialmente.
De acuerdo con las vivencias laborales, como trabajadora de la Escuela
de Estudios Judiciales, se ha podido percibir el papel importante que juega la
Unidad de Capacitación Institucional, en el fortalecimiento de la administración
de Justicia.
107

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
108
El desarrollo del presente aporte, parte de una aproximación de lo que es la
educación de adultos, las modalidades y clasificación de la formación general,
la utilización de la tecnología, la formación judicial, concluyendo con el rol que
juega la Escuela de Estudios Judiciales en este tema.
2. LA EDUCACIÓN DE ADULTOS, UNA NECESIDAD
SOCIAL
Anteriormente, la educación estaba enfocada en el conjunto de conocimientos
y valores que se les transmitían únicamente a niños y jóvenes. Pero con el paso
del tiempo, esto ha ido cambiando y la satisfacción de la demanda educativa se
ha convertido en un elemento esencial y necesario para el correcto desarrollo
de la sociedad y, por consiguiente, dirigido al conjunto de la población, niños,
jóvenes y adultos.
Los procesos educativos hasta hace poco tiempo sufrían un estancamiento,
ya que al finalizar la educación escolar, los jóvenes ingresaban al sector productivo
de la sociedad, dedicando todo su tiempo al trabajo y, por lo tanto,
dejaban de ser un sujeto activo en los procesos educativos. La experiencia ha
demostrado que la educación no puede sujetarse solo a una característica etaria
y que la formación y la educación permanente llevan a un mejor desarrollo de
la sociedad. La educación beneficia, no solo al individuo al mejorar su nivel de
vida (al tener la posibilidad de optar a un mejor trabajo), sino a la sociedad en
conjunto, al mejorar el servicio desempeñando con eficiencia y profesionalismo
la labor designada, lo anterior, llevó a convertir la educación de adultos, en una
necesidad social.
En ese contexto, se hizo necesaria una ciencia que específicamente se encargara
del estudio de la educación de adultos, en virtud que la formación de
este grupo etario implica una metodología completamente distinta a la pedagogía,
que se enfoca en la educación de la niñez y adolescencia. Esta ciencia fue
denominada Andragogía (andros, adulto y logos, ciencia).
Aportar un concepto de andragogía es complicado por ser un concepto
nuevo en el ámbito educativo, aunque su desarrollo e implementación no lo
sean. Adriana Márquez, en la ponencia presentada en el Primer Encuentro Nacional
de Educación y Pensamiento, realizado en Santo Domingo, República
Dominicana, indicó que andragogía es: “la disciplina educativa que trata de
comprender al adulto(a), desde todos los componentes humanos, es decir
como un ente psicológico, biológico y social” (1998).

A diferencia de la pedagogía, cuyo sistema en cierta manera es autoritario,
en el cual predomina la superioridad del maestro sobre el alumno; en la andragogía
el sistema es democrático, pues el maestro funge más bien como un
facilitador del aprendizaje y el participante como una persona con igualdad de
capacidades y limitaciones que el docente. Nótese que no se utiliza la definición
estudiante, sino participantes o discente y no se utiliza maestro sino docente o
facilitador ya que la Andragogía trabaja bajo dos principios: la horizontabilidad
y la participación activa del discente.
La horizontalidad en la andragogía rompe con el esquema pedagógico de
profesor-estudiante y coloca tanto al facilitador como al discente al mismo nivel,
ya que en la andragogía lo que se pretende es la participación activa de la
persona, tomando en cuenta su experiencia, nivel de vida, etc.
La metodología utilizada en los adultos difiere a la utilizada en los niños y
jóvenes en virtud que las características que presentan los adultos son distintas.
El adulto se diferencia no solo en su edad biológica, sino en su edad social,
psicológica y en los roles que desempeña en la vida. A diferencia de los niños
y adolescentes, los adultos desempeñan en su vida diaria varios roles como el
del trabajo, la familia, y el estudio. Los adultos que se proponen estudiar, tienen
un propósito definido, un deseo de superación que hace que su motivación al
aprendizaje sea mayor, pretendiendo que el aprendizaje adquirido tenga un uso
inmediato en situaciones de su vida diaria.
La metodología de aprendizaje para el adulto, debe estar enfocada a reforzar
conocimientos ya adquiridos, a profundizarlos o actualizarlos y a evaluarlos
continuamente, por ello se le debe dar participación activa en el logro de objetivos
e involucrarlos activamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
El facilitador debe tener presente que existen ciertos aspectos que se deben
evitar en la enseñanza para adulto, por ejemplo: el exceso de tareas, debido a
que el adulto comparte su tiempo con el trabajo y la familia; desvincular la enseñanza
con la realidad; y la utilización intensiva o única de la memoria, ya que, lo
que se pretende es que el adulto analice y utilice los conocimientos adquiridos y
los emplee de acuerdo con las experiencias previamente adquiridas.
De acuerdo con lo anterior, se puede determinar que el docente, en la educación
de adultos a nivel superior, adquiere un papel de facilitador. Su participación
se centra en dar confianza, estimular la reflexión crítica en el participante
y motivarlos a que se superen. Esta tarea constituye un reto para el facilitador,
quien recibe un adulto ya formado y debe ayudarle a desarrollar la habilidad de
relacionar las experiencias nuevas con los conocimientos ya adquiridos.
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
109

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
110
3. LA FORMACIÓN: MODALIDADES Y CLASIFICACIÓN
La palabra formación es un concepto que en nuestro idioma admite diversos
usos dependiendo el contexto en el cual se use, el Diccionario de la Real Academia
Española se define la formación como la “acción y efecto de formar o formarse”
(2000: Pág. 985), esta definición por sí sola no refleja mayor detalle de
lo que se entenderá por formación, por lo que para el contexto de este aporte,
se define la formación como la acción de desarrollar y fortalecer en la persona
el conjunto de habilidades aptitudinales, actitudinales y procedimentales y conceptuales,
que le servirán para el correcto desempeño de una profesión, oficio
u ocupación.
Fred Fluitman, experto de la OIT, en la exposición denominada La formación
para el trabajo en el sector informal: tema de actualidad para los años
noventa, indicó que la “formación (en sentido general), es toda transferencia de
conocimientos teóricos y prácticos y actitudes, organizada para capacitar a los
individuos con miras a la realización de actividades productivas, o para cambiar
su comportamiento laboral. Por consiguiente, puede referirse a quienes aprenden
por primera vez en su vida y a los que han trabajado siempre; abarca las
tareas escolares y las extraescolares, así como la formación profesional, técnica,
de empresa, de gestión…” (Ander-Egg, Ezequiel; Fluitman, Fred; Gelpi, Ettore y
Kambarage Nyerere, Julius, 1996: Pág. 74).
3.1. Modalidades
La formación brindada a las personas adultas, en la actualidad, puede desarrollarse
por medio de modalidades como la presencial, semi presencial y no presencial.
Algunos aspectos que caracterizan a cada una de estas modalidades son:
3.1.1. La formación presencial
Es la formación en la que toda la actividad académica se desarrolla en ambientes
en los que se encuentran presentes físicamente tanto el facilitador como los
discentes.
Entre las principales características de esta modalidad, se puede mencionar:
a) Se planifica la acción formativa a través de sesiones en las que se encuentran
presentes tanto facilitador como participantes.

) El ritmo de aprendizaje es el mismo para todos los discentes, sin tomar
en consideración sus diferencias individuales.
c) Se utilizan recursos didácticos como pizarrón, rotafolios, marcadores,
equipo multimedia, etc.
d) Constituye un costo más elevado para la dependencia que la brinda.
e) Requiere de un espacio físico que cuente con las características básicas
que permitan, de manera cómoda, recibir dicha formación.
f) Un aspecto básico de la formación presencial, es que permite el contacto
directo entre el discente y el facilitador. Lo que podría permitir de una
mejor manera el desarrollo de las habilidades, ya que se pone en práctica
inmediata lo que se va aprendiendo.
g) El discente puede plantear y resolver sus dudas inmediatamente con el
consiguiente beneficio individual y colectivo.
3.1.2. La formación semi presencial
También recibe el nombre de educación b-learning. En ella, parte del desarrollo
de la actividad formativa, se realiza en sesiones presenciales y la otra, a
distancia, vía virtual. Esta es una de las metodologías más utilizadas por las
instituciones en los procesos educativos modernos, por las características que se
presentan a continuación:
a) Genera un menor costo de recursos tanto para el ente facilitador como
para los participantes. El ente facilitador evita gastos de alimentación,
logística, pago de horas presenciales al facilitador, lo que permite cubrir
más población e implementar cursos en menos tiempo. Los discentes
gastan menos en transporte, hospedaje, alimentación y otros.
b) Se planifica tomando en cuenta tanto las actividades para las sesiones
presenciales como para el desempeño a distancia en la plataforma virtual.
c) Por la flexibilidad que brinda esta modalidad, el ritmo de aprendizaje es
pautado por el mismo discente, quien dosifica su actividad de acuerdo
con el tiempo del que dispone y a su potencial de aprendizaje.
d) Permite el contacto directo entre el participante y el facilitador en las
sesiones presenciales, lo que crea un vínculo de confianza al trabajar a
distancia.
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
111

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
112
3.1.3. La formación no presencial
Esta modalidad es la denominada e-learning, virtual o a distancia. Todo el desarrollo
del proceso se lleva a cabo virtualmente, vía Internet, utilizando una
plataforma educativa.
El e-learning se presenta como una de las estrategias formativas que puede
resolver muchos de los problemas educativos con que se encuentran los países
como los nuestros, que van desde el aislamiento geográfico de los centros del
saber, hasta la necesidad de perfeccionamiento constante que exige la sociedad
del conocimiento; sin olvidarnos del ahorro de dinero y de tiempo que supone,
o la magia del mundo interactivo en que nos introduce (CABERO, 2006).
Entre las características de la formación no presencial, se enumeran las
siguientes:
a) El papel del docente se perfila más como orientador o tutor que como
depositario del saber, ya que se avanza al paso y disciplina del discente.
b) El peso de la transmisión de conocimiento está en los materiales que se
proporcionan, porque constituyen el vínculo directo entre el participante
y los conocimientos que adquirirá. En este tipo de formación, nunca se
tiene un contacto físico directo con el facilitador, ya que todo lo necesario
para aprender está en los materiales y en la información que se
proporciona.
c) El ritmo de aprendizaje es flexible y se adapta a la disponibilidad personal
de cada participante.
d) No se necesita de un espacio físico ya que lo que se utiliza es un espacio
virtual.
e) Se obtiene una cobertura geográfica mayor ya que la formación llega al
lugar de trabajo o al domicilio del participante.
f) Requiere de un proceso previo de aprendizaje en el manejo básico de los
TIC (técnicas de informática y comunicación).
g) Y principalmente, favorece la autoformación.
El “e-learning” combina tecnologías de base computarizada como la Internet,
el correo electrónico y los discos compactos, para desarrollar y mejorar el
aprendizaje formal e informal y compartir conocimientos en cualquier tiempo,
cualquier lugar y a cualquier ritmo (Vargas, 2006).

La formación a distancia utiliza el software (programa informático), que
proporciona la logística necesaria para llevar a cabo la formación en línea
(Anónimo. 2011). La mayoría de los centros de formación o escuelas judiciales
utilizan la plataforma virtual Moodle. La plataforma Moodle es un Sistema
de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source Course Management
System, CMS), conocido también como Sistema de Gestión del Aprendizaje
(Learning Management System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje Virtual
(Virtual Learning Environment, VLE). Es una aplicación web gratuita que los
educadores pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea
(Moodle, 2013).
Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta en la educación a
distancia, es el tema del tutor virtual; a continuación se presenta un cuadro
resumen que contiene las funciones que desempeñe el tutor virtual (Llorante,
2011).
FUNCIONES
Andragógica
COMPETENCIAS
- Crear un ambiente propicio dentro del aula virtual.
- Sensibilizar a los participantes para que se conozcan e intera ctúen,
creando una atmósfera de aprendizaje colaborativo.
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
113
- Propiciar actividades que rompan el hielo, el temor a la máquina
y a la formación a distancia.
- Dar información, extender, clarificar y explicar los
contenidos presentados.
- Responder las dudas planteadas por los estudiantes.
- Asegurarse que los alumnos están alcanzando el nivel
adecuado.
Académica
- Diseñar actividades y situaciones de aprendizaje de acuerdo
a un diagnóstico previo.
- Resumir en los debates en grupo las aportaciones de los
estudiantes.
- Hacer valoraciones globales e individuales de las actividades
realizadas.
- Motivar el desempeño eficiente.
- Evaluar las tareas realizadas en línea.
- Dar la realimentación necesaria para mejorar el aprendizaje.

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Técnica
- Asegurarse que los alumnos comprenden el funcionamiento
técnico del entorno telemático de formación.
- Dar consejos y apoyos técnicos.
- Realizar actividades formativas específicas.
- Gestionar los grupos de aprendizaje que forme para el
trabajo en la red.
- Incorporar y modificar nuevos materiales al entorno
formativo.
- Mantenerse en contacto con el administrador del sistema.
- Utilizar adecuadamente el correo electrónico.
- Saber dirigir y participar en comunicaciones asincrónicas.
114
Organizativa
Orientadora
- Utilizar el software con propósitos determinados.
- Establecer el calendario del curso, de forma global como
específica.
- Explicar las normas de funcionamiento dentro del entorno.
- Mantener contacto con el resto del equipo docente y
organizativo.
- Organizar el trabajo en grupo y facilitar la coordinación
entre los miembros.
- Como encargado de la docencia a distancia, es el responsable
de contactar con expertos en el tema.
- Establecer estructuras en la comunicación online con una
determinada lógica.
- Facilitar técnicas de trabajo intelectual para el estudio en
red.
- Dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y
la calidad del mismo.
- Asegurarse que los alumnos trabajan a un ritmo adecuado.
- Motivar a los estudiantes para el trabajo.
- Informar a los estudiantes sobre su progreso en el estudio.
- Ser guía y orientador del estudiante.

Social
- Dar la bienvenida a los estudiantes que participan en el
curso en red.
- Incentivar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen
los argumentos presentados por sus compañeros.
- Integrar y conducir las intervenciones de los participantes.
- Animar y estimular la participación.
- Proponer actividades para facilitar el conocimiento entre
los participantes.
- Dinamizar la acción formativa y el trabajo en red.
3.2. Clasificación de la formación
La clasificación que se indica a continuación, surge de la interpretación al artículo
12 de la Ley de la Carrera Judicial y de la clasificación utilizada en las Escuelas
Judiciales a nivel Iberoamericano.
3.2.4. En atención al nivel académico
Esta clasificación responde al grado académico de los discentes, la cual puede
ser técnica o profesional.
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
115
a) Formación Profesional
Cabanellas define la formación profesional como: “la que tiende a preparar
a los trabajadores, capacitándolos para ejecutar sus tareas mediante estudios,
métodos y procedimientos de carácter científico; se orienta y perfecciona a los
trabajadores instruyéndolos, tanto teórica como prácticamente, para lograr su
mejor formación técnica, adelantándose al ejercicio profesional que corresponde.
Se debe tener presente que esa formación está de acuerdo en cada caso con
las modalidades propias de la actividad de que se trate, y con las circunstancias
del desarrollo técnico y económico de cada país” (2001, Pág.96).
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura –UNESCO–, la formación profesional se define como: “todas las
formas y niveles del proceso educativo que incluyen además del conocimiento
general, el estudio de las tecnologías y de las relacionadas, la adquisiciones de
habilidades prácticas de competencias actitudes y comprensivos relacionadas
con las ocupaciones en los diferentes sectores de la vida social” (Ibarrola, 1989).

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
116
Es opinión de la autora que la formación profesional, atendiendo al nivel
académico de los discentes, puede definirse como la que reciben los profesionales,
egresados de una universidad, previo a desempeñarse en un nuevo oficio o
cargo, contraria a la formación que reciben los demás empleados que no poseen
un título universitario, que se denominaría formación técnica.
b) Formación Técnica u Ocupacional
Es opinión de la autora que la formación técnica puede definirse como la que
reciben los trabajadores de las distintas dependencias u organizaciones, que
no poseen un título universitario, para prepararlos previo a iniciar una nueva
ocupación o desempeñar un puesto laboral.
3.2.5. En atención a las necesidades de formación
La formación también se ha clasificado en dos categorías: formación inicial y
formación continua, que son las que actualmente se imparten en las Escuelas
Judiciales de Iberoamérica.
a) Formación inicial
Denominación que recibe la primera formación brindada a la persona que se va
a incorporar a un nuevo puesto de trabajo, la cual responde a aspectos generales
que lo preparan adecuadamente para el correcto desempeño en dicha especialidad.
(Ander-Egg, Ezequiel; Fluitman, Fred; Gelpi, Ettore y Kambarage Nyerere,
Julius, 1996: Pág. 45).
b) Formación continua
Es la educación permanente y tiene como finalidad fortalecer los conocimientos,
habilidades y destrezas que no se desarrollaron con la formación inicial. La
formación continua llena las lagunas dejadas por la formación inicial, o satisface
las necesidades de actualización detectadas en el diario desempeño de las funciones.
Es necesaria una relación permanente entre estas dos formaciones para
permitir un enriquecimiento recíproco en los contenidos.

4. LA FORMACIÓN JUDICIAL
Es de conocimiento público que los países que tienen menor índice de analfabetismo
son los más desarrollados, por lo que utilizando este mismo razonamiento,
un país que prepara y educa a su población se desarrolla mejor. Utilizando
esta misma idea, se tiene la convicción que la formación judicial se constituye
como una herramienta para fortalecer la administración de justicia, coadyuvando
a lograr el cambio institucional que se requiere para prestar un mejor
servicio a la ciudadanía. Si bien la formación no es la única solución, pero es un
factor determinante para lograrlo.
La inversión que se ha venido haciendo en los últimos años en la formación
del personal del Sistema de Justicia en nuestros países, y la problemática que
aún persiste en cuanto a la baja eficiencia y agilidad de los servicios que prestan
las instituciones del Sistema, nos llevan a reflexionar sobre la utilidad y la efectividad
de este gran y continuo esfuerzo de capacitación que se lleva a cabo en
la región iberoamericana (Müller, 1999: Pág. 72).
La formación no se contempla únicamente en aspectos conceptuales, la
misma es holística y busca también el desarrollo de habilidades procedimentales
y actitudinales, de aplicación práctica y sobre todo con un enfoque ético. En
ese sentido, la formación judicial debe ser integral y no enfocarse únicamente
en temas relacionados con las funciones que ejercen o ejercerán los trabajadores,
dejando a un lado temas esenciales como organización y planificación del
juzgado, integridad, transparencia, ética, relaciones humanas, por lo que es necesario,
al realizar la oferta académica, tomar en cuenta tanto los temas legales,
gerenciales, interpersonales como éticos.
La formación que se le proporciona al personal en servicio y principalmente
de nuevo ingreso, es una base para el buen desempeño de la función. Las
distintas actividades académicas, buscan superar el nivel de conocimientos, la
aptitud técnica o la habilidad de los operadores de justicia, porque la formación
bajo el enfoque por competencias es holístico. La formación, por lo tanto, es
una de las herramientas para lograr el fortalecimiento de la institución y en
consecuencia la modernización del mismo.
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
117

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
118
4.1 Antecedentes de la Formación Judicial en Guatemala
En materia de formación, el Organismo Judicial ha tenido una trayectoria que
inicia en el año 1986. Como primer antecedente de la formación de los colaboradores
de justicia, se crea la Unidad de Recursos Humanos, la cual tenía como
propósito impulsar, por medio de la capacitación, el desarrollo del personal del
Organismo Judicial. Posteriormente, en 1989 esta unidad se transformó en la
Dirección de Formación y Capacitación (FORCAP) cuya función principal fue
desarrollar planes, programas de formación, capacitación y adiestramiento al
personal en servicio.
Tres años después, en 1992 se creó la Unidad de Planificación y Transformación
de la Justicia Penal, con el único objetivo de capacitar en la implementación
del nuevo Código Procesal Penal, unidad que funcionó paralela a la Dirección
de Formación y Capacitación. –FORCAP–. Posteriormente se transformó
en la Escuela de Estudios Judiciales por el acuerdo 40-92 de la Corte Suprema
de Justicia.
En el año 1996, con la firma de la paz en Guatemala, se consideró a la
Unidad de Capacitación del Organismo Judicial, como el ente encargado de la
selección y formación continua de jueces y magistrados. Y es desde esa fecha,
la principal institución para la formación y capacitación técnica y profesional de
los empleados del Organismo Judicial.
Con la entrada en vigencia del Decreto 41-99 del Congreso de la República
de Guatemala, que contiene la Ley de la Carrera Judicial, se le otorga
a la Unidad de Capacitación Institucional del Organismo Judicial, a través de
una ley ordinaria, un papel fundamental dentro de dicho Organismo ya que se
especifica que es el órgano encargado de planificar, ejecutar y facilitar la capacitación
y formación técnica y profesional de jueces, magistrados, funcionarios y
empleados del Organismo Judicial y otras personas u organizaciones relacionadas
o interesadas en el sistema de justicia, con el fin de asegurar la excelencia y
actualización profesional para el eficiente desempeño de sus cargos.
4.2 Los Acuerdos de Paz y la Excelencia Profesional
El 29 de diciembre de 1996 se firma la paz entre el Gobierno de Guatemala y
la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con lo cual se da
fin a más de treinta años de conflicto armando interno. En dichos acuerdos,
específicamente en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función
del Ejército en una Sociedad Democrática, se estableció el fortalecimiento de la

justicia bajo el subtítulo de Excelencia Profesional, en los siguientes términos:
“El fortalecimiento de la Escuela de Estudios Judiciales y de la Unidad de Capacitación
del Ministerio Público, como lugares centrales en la selección y formación
continua de jueces, magistrados y fiscales” (COPREDEH, 1997: Pág. 100).
En dicho acuerdo no solo se le da a la Escuela de Estudios Judiciales un
papel primario, sino central dentro del Organismo Judicial, como el ente encargado
de la selección y formación de jueces y magistrados. La intención de los
Acuerdos de Paz es el fortalecimiento de la administración de justicia, a través
de la formación y selección de sus colaboradores, lo que implicará mejorar el
servicio que prestan.
Si bien, los Acuerdos de Paz establecen que la Escuela de Estudios Judiciales
será el ente encargado de la selección del personal que ingrese al Organismo
Judicial, por mandato legal, la dependencia del Organismo Judicial encargada
del proceso de selección de juezas y jueces es el Consejo de la Carrera Judicial
y de los auxiliares judiciales y personal técnico-administrativo, es la Gerencia de
Recursos Humanos. La Escuela de Estudios Judiciales únicamente participa en
la elaboración y aplicación de la prueba técnico-jurídica tanto para funcionarios
judiciales (jueces) como para auxiliares judiciales (secretarios, oficiales, notificadores
y comisarios).
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
119
5. EL ROL DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRA-
CIÓN DE JUSTICIA EN GUATEMALA
El rol de las escuelas judiciales en el fortalecimiento de la administración de
Justicia no es un tema nuevo, pero sí de mucha relevancia, lo anterior se ve
reflejado en la primera reunión de la Cumbre Judicial Iberoamericana 1 de 2004,
en la que se estableció que la sociedad tiene derecho a un mejor servicio de
Justicia, el cual se logrará mediante la capacitación y ascenso de los Jueces, su
supervisión y la evaluación del desempeño.
Los Presidentes de las Cortes Supremas y de los Consejos de la Judicatura
de Iberoamérica, convencidos que la capacitación de los jueces/zas y magistra-
1 En el 2004 fue el primer año que se llevó a cabo, en una misma y única conferencia internacional,
la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales
Supremos de Justicia y el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, denominándose
a esta actividad CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA.

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
120
dos/as es prioridad para los Sistemas Judiciales, por considerar que en la medida
en que ellos estén mejor preparados estarán en condiciones de responder
óptimamente en su desempeño a las expectativas de la sociedad, declararon
la necesidad de establecer Escuelas Judiciales para el ingreso a la Judicatura y
actualización o especialización de los jueces/zas y magistrados/as. Vincular la
capacitación recibida con el ingreso a la carrera judicial, así como con el ascenso
en ella, es un buen medio para reforzar la eficacia y el prestigio del Sistema
Judicial (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2004: Pág. 14).
Conscientes de esa necesidad, la Escuela de Estudios Judiciales, Unidad de
Capacitación Institucional del Organismo Judicial de Guatemala, encuentra su
naturaleza y función en el artículo 12 de la Ley de la Carrera Judicial, la cual
señala: “la Unidad de Capacitación Institucional es el órgano encargado de planificar,
ejecutar y facilitar la capacitación y formación técnica y profesional de
jueces, magistrados, funcionarios y empleados del Organismo Judicial y otras
personas u organizaciones relacionadas o interesadas en el sistema de justicia,
con el fin de asegurar la excelencia y actualización profesional para el eficiente
desempeño de sus cargos. Su organización y funcionamiento se regirán por la
presente ley y el reglamento respectivo” 2 .
De igual manera, el artículo 22 de la Ley del Servicio Civil del Organismo
Judicial, (año) instituye lo siguiente: “se establece un sistema de capacitación
y actualización para los empleados y funcionarios judiciales, el cual deberá ser
permanente y obligatorio”.
5.1. El proceso educativo de la Escuela de Estudios Judiciales
Con la entrada en vigencia de la Ley de la Carrera Judicial en el año 1999,
se le da un nuevo giro a la formación y capacitación del recurso humano del
Organismo Judicial, ya que desde ese momento, la única dependencia dentro
de este Organismo que tendrá a su cargo tal función, es la Escuela de Estudios
Judiciales.
En ese contexto de ideas, la Unidad de Capacitación Institucional propone
una oferta académica conformada por tres niveles de formación.
2 A manera de aclaración, aunque la ley de la Carrera Judicial establece la denominación de
Unidad de Capacitación Institucional, se está haciendo relación a lo que nacional e internacionalmente
se denomina Escuela de Estudios Judiciales.

A partir del 2010, el proceso educativo de la Escuela de Estudios Judiciales
ha venido sufriendo una reestructuración académica. Para el efecto, se estableció
un proceso científico y sistematizado para ofrecer a las y los usuarios
un servicio de calidad y excelencia, pero acorde con sus necesidades y competencias,
iniciando con una detección de necesidades de capacitación, que da
como resultado la elaboración de actividades académicas relevantes al quehacer
judicial y administrativo, utilizando la metodología constructivista y el enfoque
por competencias en toda la oferta académica.
Los tres niveles de formación que maneja la Escuela de Estudios Judiciales
de Guatemala son los siguientes:
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
122
5.1.1. Programas de Formación Inicial
La Unidad de Capacitación Institucional, por ley y en cumplimiento de los
Acuerdos de Paz, es la institución encargada de velar por la excelencia profesional,
y esto lo lleva a cabo a través de los distintos Programas de Formación
Inicial.
Según lo establecido por la Cumbre Judicial Iberoamericana, los objetivos
de la formación inicial son los siguientes (Cumbre Judicial Iberoamericana,
2004: Pág. 16).
• Contribuir a la determinación del perfil o modelo del Juez previamente
definidos en el Estatuto del Juez Iberoamericano.
• Complementar la formación jurídica de los aspirantes, a través de la capacitación
de sus habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio de sus
funciones jurisdiccionales.
• Complementar la capacitación de los aspectos administrativos, concernientes
a la organización judicial (gestión del despacho).
• Formar la personalidad del Juez, reafirmando los principios éticos básicos
del sistema judicial (independencia, autonomía, autoridad, responsabilidad).
Los programas de formación inicial de la Escuela Judicial de Guatemala,
han sido diseñados adoptando la metodología constructivista y el enfoque por
competencias, la red curricular es dinámica, tomando en cuenta las necesidades
tanto internas como externas del aspirante y la sociedad. El contenido curricular
está dividido en tres grandes áreas: axiológica, metodológica y de aplicación jurisdiccional,
distribuidas en ciclos en los que se imparten cursos: fundamentales,
especiales de aplicación jurisdiccional, complementarios a la función jurisdiccional,
así como dos momentos que permiten poner en práctica los conocimientos
adquiridos, los cuales se han denominado estancias judiciales y práctica judicial
supervisada o tutelada.
La práctica judicial tutelada es una actividad formativa que consiste en el
proceso de obtener la experiencia directa y vivencial del rol profesional del juez
o jueza, mediante su inserción en la realidad y ambiente laboral de la judicatura,
que le posibilite para la aplicación integrada de los conocimientos adquiridos a
través de la formación académica.

La práctica se realiza dependiendo de la situación en que se encuentre la
o el aspirante: si las y los aspirantes han sido nombrados temporalmente en
el cargo de Juez (paz o instancia), la práctica se realiza in situ en el órgano
jurisdiccional a su cargo, y las y los tutores únicamente supervisan al aspirante,
con base en un instructivo previamente entregado. Si las y los aspirantes no
han sido nombrados, son designados a las distintas judicaturas del país, para
realizar sus prácticas bajo la tutela del juez/za titular. La finalidad de la práctica
judicial, es que las y los aspirantes unan los conocimientos obtenidos durante
la fase académica, con la realidad de las judicaturas, con el acompañamiento de
un juez con amplia experiencia, que los oriente y supervise en los aspectos que
la teoría no puede abarcar.
La práctica finaliza con un informe de la misma y la elaboración de un
trabajo de investigación jurisdiccional. Luego de haber concluido y aprobado satisfactoriamente
el programa, las y los aspirantes cumplen los requisitos para ser
considerados elegibles para una plaza en una judicatura de paz o de primera instancia,
según el caso, o ser confirmado en el cargo que ejerce provisionalmente.
Los programas de formación inicial que implementa la Escuela de Estudios
Judiciales son los siguientes:
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
123
a) Programas de formación inicial para aspirantes a Jueces de Paz (PROFI)
Los programas de formación inicial constituyen la parte final de los procesos
de selección para el ingreso a la Carrera Judicial, los cuales dan inicio con la
convocatoria que realiza el Consejo de la Carrera Judicial.
Los Programas de Formación Inicial para Jueces de Paz están dirigidos a
todos los profesionales del derecho que llenen los requisitos establecidos, sean
parte del Organismo Judicial o abogados litigantes. El PROFI forma a los profesionales
que desean ingresar al primer eslabón de la Carrera Judicial.
b) Programa de formación inicial para aspirantes a Jueces de Primera Instancia
(PROFINS)
El programa, dirigido a jueces de paz que desean optar a un ascenso en una
judicatura de primera instancia, también consiste en la parte final del proceso
de ascenso que realiza el Consejo de la Carrera Judicial. El Consejo de la Carrera
Judicial, en ejercicio de la función delegada en la literal “c” del artículo 6 de
la Ley de la Carrera Judicial, y lo establecido en sus artículos 15, 16, 17, 18 y

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
124
25, así como el artículo 37 del Reglamento de Traslados y Ascensos, Acuerdo
1-2005 del Consejo de la Carrera Judicial, realiza la Convocatoria a los Jueces de
Paz interesados en ingresar al Programa de Formación Inicial para Aspirantes a
Jueces de Primera Instancia (PROFINS).
c) Programas de Inicial para Auxiliares Judiciales –PFIAJ-
La Escuela de Estudios Judiciales consciente de la brecha existente entre los
conocimientos, habilidades y aptitudes con los que ingresan los nuevos trabajadores
judiciales y los que necesitan para desempeñar con excelencia el cargo
en el que se les nombre, implementó juntamente con la Gerencia de Recursos
Humanos el Programa de Formación Inicial para Auxiliares Judiciales. Como su
nombre lo indica, este programa está dirigido a los futuros auxiliares judiciales
y tiene como finalidad capacitar, actualizar y fortalecer los conocimientos tecnológicos,
teóricos, prácticos y éticos de conformidad al cargo, logrando así, que
cuando sean nombrados en algún órgano jurisdiccional, ya posean los conocimientos
mínimos indispensables para ejecutar su cargo.
5.1.2. Formación Continua
La formación continua es el proceso académico que pretende la adquisición permanente
de conocimientos, el desarrollo de actitudes y habilidades, requeridas
para el desempeño de las funciones de jueces, auxiliares judiciales y personal
administrativo. Su propósito es mejorar la prestación del servicio en la actividad
jurisdiccional.
Según lo establecido por la Cumbre Judicial Iberoamericana, los objetivos
de la formación continua son los siguientes (Cumbre Judicial Iberoamericana,
2004: Pág. 17).
• Facilitar la actualización en las materias jurídicas de más frecuente aplicación.
• Organizar actividades de actualización para apoyo de los jueces.
• Capacitar en reformas normativas y/o nuevas tendencias doctrinarias o jurisprudenciales.
• Formar en áreas de conocimiento no estrictamente jurídicas pero que se
consideran de importancia en la prestación del servicio.

La formación continua va dirigida a los destinatarios siguientes:
a) Funcionarios Judiciales: el área encargada de la capacitación de los
funcionarios judiciales coordina cursos dirigidos a los magistrados y
jueces del Organismo Judicial.
b) Auxiliares Judiciales: esta área desarrolla capacitaciones para el personal
auxiliar que integra los juzgados.
c) Personal Administrativo: la capacitación va dirigida al personal técnico
y administrativo del Organismo Judicial.
Aunque la función de la Escuela de Estudios Judiciales se centra en la formación
del recurso humano del Organismo Judicial, en cumplimiento a la proyección
social que deben tener las escuelas judiciales según la Red Iberoamericana
de Escuelas Judiciales, se ha brindado capacitación a otras personas vinculadas
con la administración de justicia (abogados, estudiantes universitarios, periodistas,
personal de otras dependencias estatales, etc.).
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
5.1.3. Programa de Especialización
El nivel de especialización tiene como finalidad fortalecer las especialidades que
demanda el medio laboral, así como incrementar la excelencia en el desenvolvimiento
de las actividades de trabajo.
En este nivel de formación, se han realizado y se están realizando las siguientes
actividades:
a) Maestría en Gestión Jurisdiccional
b) Diplomado en Argumentación Jurídica
c) Diplomado La Justicia Constitucional del Siglo XXI
d) Diplomado semipresencial “Actualización y especialización sobre femicidio,
violencia contra la mujer en el marco de los Derechos Humanos”
e) Diplomado en Derechos Humanos de la Niñez, Mujeres y Pueblos
Indígenas
f) Diplomado en Derecho Tributario
g) Diplomado Corte Penal Internacional
h) Especialización en el Recurso de Apelación Especial
125

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
126
5.2. La metodología constructivista y el enfoque por
competencias
El constructivismo es una teoría del aprendizaje que concibe a la persona, como
un ser racional, activo y competente, quien procesa la información obtenida
del entorno, la interpreta con base con lo que ya conoce y lo convierte en un
nuevo conocimiento. De acuerdo con la metodología constructivista, la persona
participante es el protagonista de su propio aprendizaje; su papel es activo, al
ser el constructor de su conocimiento. La persona participante es el centro del
aprendizaje porque es él quien construye su aprendizaje partiendo de sus conocimientos
y experiencias previas, para realizar nuevas construcciones mentales.
En el constructivismo el análisis crítico y reflexivo es dinámico, porque la
crítica ayuda a saber que los conocimientos, habilidades y hábitos adquiridos en
el aula serán los adecuados para la realidad en que se mueve el participante; por
lo que en el aula, no solo se debe aprender a leer, escuchar y memorizar, sino
debe servir para comprender el mundo y ajustarse a vivir en él.
Es una metodología de aprendizaje que se opone a la metodología memorística,
da valor a la experiencia y a los conocimientos previos del estudiante. Se
necesita de la disposición del participante para aprender, ya que él es el protagonista
del proceso, por lo que se debe tener la lógica, organización y articulación
de conceptos. En ese sentido, el aprendizaje debe ser funcional, debe servir para
algo. En el constructivismo, el participante aprende haciendo.
De la mano de la metodología constructivista, se encuentra el enfoque
por competencias; es importante tener presente que las Escuelas Judiciales de
Iberoamérica están haciendo un esfuerzo significativo para tener un cambio de
paradigma curricular en la formación judicial y es por eso que es tan importante
la actualización en los nuevos enfoques educativos.
Las nuevas tendencias educativas se inclinan por el enfoque por competencias,
en primer lugar, porque es el enfoque educativo que está en el centro de
la política educativa y esto hace que sea necesario que todo docente aprenda
a desempeñarse con idoneidad en este enfoque. En segundo lugar, porque las
competencias son la orientación fundamental de diversos proyectos internacionales
de educación, como el Proyecto Tuning de la Unión Europea o el proyecto
Alfa Tuning Latinoamérica. Y tercero, porque las competencias constituyen la
base fundamental para orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la
evaluación desde un marco de calidad, ya que brinda principios, indicadores y
herramientas para hacerlo, más que cualquier otro enfoque educativo (Tobón,
2006: pág. 1).

Lo importante del enfoque por competencias es que es un modelo holístico,
porque se centra en todos los elementos esenciales del proceso de formación,
como lo son: el estudiante (participante), el aprendizaje, la evaluación y
la docencia; es por eso que se dice que “seguir este enfoque es comprometerse
con una docencia de calidad, buscando asegurar el aprendizaje de los estudiantes
(Tobón, 2006: pág. 1).
Aunque en el enfoque tradicional el docente dirige la clase, da exposiciones
magistrales y, básicamente todo gira en torno a él, esto no se aplica en el
enfoque por competencias, ya que el docente se convierte en un facilitador del
aprendizaje, en un guía que debe motivar y ayudar a los discentes en el desarrollo
de las competencias establecidas.
Para entender cuál es el rol del facilitador en el enfoque por competencias,
también es necesario tener presente que se necesita ir de la mano del enfoque
constructivista, el cual consiste en construir conocimientos, a partir de conocimientos
previos. En ese sentido, entre las atribuciones que tiene el facilitador,
tomando en cuenta estos dos enfoques están:
a. Organizar el currículo en forma de espiral para que la persona construya
nuevos conocimientos con base en los que ya adquirió anteriormente.
b. Transformar la información en un formato adecuado para su comprensión.
c. Motivar a quien participe de la actividad a descubrir conocimientos
por sí mismo.
d. Diseñar y coordinar actividades de aprendizaje que sean atractivas
para los discentes.
e. Estimular el respeto.
f. Guiar al estudiante en el proceso de aprendizaje.
También es de vital importancia que el facilitador proporcione las reglas
que se aplicarán durante el proceso de aprendizaje, informe cuáles son las
competencias a desarrollar durante el programa, prepare el material didáctico,
diseñe las metodologías de enseñanza que logren desarrollar y/o alcanzar las
competencias determinadas y, finalmente, aplique los instrumentos de evaluación
antes, durante y después del proceso educativo para monitorear el proceso
y corregir las desviaciones indeseadas (Zambrano. Pág. 1).
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
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Para lograr lo anterior, es necesario que el docente cuente con los conocimientos,
habilidades y destrezas que le permitan llevar a cabo su rol y es por
eso que las escuelas judiciales deben facilitar cursos de formación docente para
desarrollar las competencias deseadas en sus facilitadores y, de esta forma, ellos
puedan cumplir con eficiencia y eficacia su rol de guía del aprendizaje.
Tomando en cuenta las atribuciones antes señaladas, una de las principales
habilidades que debe tener un facilitador es saber comunicarse para poder
transmitir sus conocimientos. También es necesario que sepa redactar las competencias
que desea lograr con su programa; diseñar los instrumentos de evaluación
que le permitan tanto medir el nivel con el que ingresan sus estudiantes,
el desarrollo de su curso o medir el resultado del proceso de aprendizaje.
Con base en todo lo anterior, la Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
diseñó una serie de cursos, que forman parte de un Programa de Formación
Docente cuya finalidad fue poner en práctica en todos los niveles de formación
de la escuela el enfoque por competencias y la metodología constructivista. El
primer módulo de este programa se centró en la formación por competencias,
ya que era necesario dotar a las y los docentes de la Unidad de Capacitación
del Organismo Judicial los conocimientos, habilidades y actitudes que les permita
formar con base en este nuevo enfoque. Lo interesante es que no solo es
importante dar a conocer qué es una competencia y cómo se redactan, también
es necesario dotar de las herramientas metodológicas que les permita lograr
las competencias de los cursos que impartan y es por eso, que los siguientes
módulos del Programa de Formación Docente están enfocados en fortalecer
las metodologías educativas y la evaluación en el enfoque por competencias.
6. CONCLUSIÓN
Valioso resulta indicar que la formación del recurso humano del Organismo
Judicial no debe enfocarse como un fin, sino como un medio para el fortalecimiento
y la correcta aplicación de la justicia. Los mejores sistemas judiciales
del mundo reposan sobre un sistema que parte de la noción que es necesario
que todo profesional continúe formándose en su especialidad, ya que la capacitación
continua persigue la excelencia en el desempeño (Comisión Nacional
para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, 2000: Pág. 15).
Por ello, la formación que proporcione la Escuela de Estudios Judiciales, debe
ir orientada a fortalecer las competencias de las personas y capacitar en el desempeño
de las funciones y atribuciones propias del cargo y la materia, con base
en una detección de necesidades de capacitación que contribuya a fortalecer la

administración de justicia, supliendo las necesidades detectadas o manifestadas
por los actores y principales involucrados en la prestación del servicio.
Es importante resaltar que el objetivo principal de la Unidad de Capacitación
Institucional del Organismo Judicial es la búsqueda de la excelencia profesional,
lo cual se convierte en un factor determinante en el fortalecimiento de
la administración de justicia y el mejoramiento de la imagen de la justicia. Por
lo anterior, se hace necesario fortalecer, tanto administrativa como académicamente,
a la Escuela de Estudios Judiciales, contemplando su autonomía académica
y funcional, dando seguimiento a procesos de investigación y proyección
social como lo es la revista SAPERE AUDE, difundiendo las actividades de
formación programadas a todos los interesados y ampliando la cobertura de la
formación, para poder llevar a cabo su finalidad.
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
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7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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las 19:20 horas. http://www.paginasprodigy.com/matrixpublicidad/reflexiones/El%20rol%20del%20Facilitador.pdf.
NORMATIVAS
Constitución Política de la República de Guatemala.
LA FORMACIÓN JUDICIAL, UNA HERRAMIENTA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Ley de la Carrera Judicial. Decreto número 41-99 del Congreso de la República
de (1999) .Guatemala.
131
Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial. Decreto Número 48-99 del
Congreso de la República. (1999) Guatemala.

DOCUMENTOS

ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO
VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES
DE CORTES SUPREMAS Y TRIBUNALES
SUPREMOS DE JUSTICIA
Celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias España,
los días 23, 24 Y 25 de mayo de 2001
TOMANDO EN CUENTA que la evolución de nuestras sociedades ha llevado a
un mayor protagonismo del juez, lo cual exige que el Poder Judicial responda a
la demanda de apertura y sensibilidad en relación con las necesidades expresadas
por diversos sectores y agentes sociales y adapte sus tradicionales métodos
de trabajo y actitudes a esas nuevas necesidades.
CONSIDERANDO que el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecuencia
o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino
como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del
Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible,
eficiente y previsible.
CONSIDERANDO, además, que, a la par de los esfuerzos que se realizan en
lo que se ha denominado , con la diversidad que en el
ámbito iberoamericano se observa, es indispensable dar respuesta a la exigencia
de nuestros pueblos de poner la justicia en manos de jueces de clara idoneidad
técnica, profesional y ética, de quienes dependen, en último término, la calidad
de la justicia.
CONVENCIDA de que para el mejor desempeño de la función jurisdiccional, y
junto a las disposiciones constitucionales y legales de cada uno de los Estados
que componen la comunidad iberoamericana, es necesario que los jueces, independientemente
de su orden jerárquico, dispongan de un instrumento que
condense, lo más precisamente posible, los derechos, deberes, condiciones y
requisitos que han de acompañarlos y orientarlos en el ejercicio de sus delicadas
tareas.
135

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
136
DESEANDO, por último, ofrecer un referente que identifique los valores, principios
institucionales, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que
la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel
del juez en el contexto de una sociedad democrática y estimule los esfuerzos
que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región.
Aprueba y promulga el siguiente
ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO
INDEPENDENCIA
Art. 1. Principio general de independencia
Como garantía para los justiciables, los jueces son independientes en el ejercicio
de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la
Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa.
Art. 2. Obligación de respeto a la independencia judicial
Los otros poderes del Estado y, en general, todas las autoridades, instituciones
y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y
organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y hacer efectiva
la independencia de la judicatura.
Art. 3. Independencia judicial y medios de comunicación
La utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar
funciones jurisdiccionales, imponer o influir el contenido de las resoluciones
judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión
e información, se considera lesiva para la independencia judicial.
Art. 4. Independencia interna
En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades
judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las
decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos, y de

la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuye a la jurisprudencia y a los
precedentes emanados de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos.
Art. 5. Defensa de la independencia judicial
Los atentados a la independencia judicial han de ser sancionados por ley, que
deberá prever los mecanismos por medio de los cuales los jueces inquietados
o perturbados en su independencia puedan obtener el respaldo de los órganos
superiores o de gobierno del Poder Judicial.
Art. 6. Condiciones materiales de la independencia
El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante
la asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades y a través
del desembolso oportuno de las partidas presupuestarias.
ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO
IMPARCIALIDAD
137
Art. 7. Principio de imparcialidad
La imparcialidad del juez es condición indispensable para el ejercicio de la función
jurisdiccional.
Art. 8. Imparcialidad objetiva
La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía.
Art. 9. Abstención y recusación
Los jueces tienen la obligación de separarse de la tramitación y conocimiento
de asuntos en los que tengan alguna relación previa con el objeto del proceso,
partes o interesados en el mismo, en los términos previstos en la ley.

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Art. 10. Incompatibilidad
El ejercicio de la función jurisdiccional es incompatible con otras actividades, a
excepción de aquellas admitidas por la ley.
SELECCIÓN DEL JUEZ, CARRERA JUDICIAL
E INAMOVILIDAD
Art. 11. Órgano y procedimiento de selección de los jueces
Los procesos de selección y nombramiento deben realizarse por medio de órganos
predeterminados por la ley, que apliquen procedimientos también predeterminados
y públicos, que valoren objetivamente los conocimientos y méritos
profesionales de los aspirantes.
138
Art. 12. Objetividad en la selección de jueces
Los mecanismos de selección deberán adaptarse a las necesidades de cada país
y estarán orientados, en todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad
de los aspirantes.
Art. 13. Principio de no discriminación en la selección de
jueces
En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de
raza, sexo, religión, ideología, origen social, posición económica y otra que vulnere
el derecho a la igualdad que ampara a los aspirantes. El requisito de nacionalidad
del país de que se trate no se considerará discriminatorio.
Art. 14. Principio de inamovilidad
Como garantía de su independencia, los jueces deben ser inamovibles desde el
momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial, en los
términos que la Constitución establezca.
No obstante, podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad
física o mental, evaluación negativa de su desempeño profesional en los

casos en que la ley lo establezca, o destitución o separación del cargo declarada
en caso de responsabilidad penal o disciplinaria, por los órganos legalmente
establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido
proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción
y recursos legales que correspondan.
Art. 15. Nombramiento a término de los jueces
Con conocimiento de que algunos países admiten el nombramiento a término
de jueces, se aspira a que esta situación se modifique para alcanzar la garantía
de inamovilidad en los términos del artículo anterior.
ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO
Art. 16. Inamovilidad interna
La garantía de inamovilidad del juez se extiende a los traslados, promociones y
ascensos, que exigen el libre consentimiento del interesado.
Excepcionalmente, podrá establecerse en la ley la posibilidad del ascenso o
traslado del juez por necesidades del servicio o modificaciones de la organización
judicial o el destino temporal de aquél, por iguales motivos, para reforzar
otro órgano jurisdiccional. En casos como estos, en que prevalece el interés
sobre el particular, deberá garantizarse el respeto del debido proceso.
139
Art. 17. Objetividad en la conformación de la carrera
judicial
Los traslados, promociones y ascensos de los jueces se decidirán con criterios
objetivos predeterminados en la ley, basados, fundamentalmente, en la experiencia
y capacidad profesionales de los solicitantes.
Art. 18. Inamovilidad
La inamovilidad del Juez garantiza también, como principio general y salvo
aquellos casos expresamente previstos en la Ley que no podrá ser apartado del
conocimiento de los asuntos que le están encomendados.

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140
RESPONSABILIDAD, INSPECCIÓN
Y EVALUACIÓN DEL JUEZ
Art. 19. Principio de legalidad en la responsabilidad del
juez
Los jueces responderán penal, civil y disciplinariamente de conformidad con lo
establecido en la ley.
La exigencia de responsabilidad no amparará los atentados contra la independencia
judicial que pretendan encubrirse bajo su formal cobertura.
Art. 20. Órgano y procedimiento para la exigencia de
responsabilidad
La responsabilidad disciplinaria de los jueces será competencia de los órganos
del Poder Judicial legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen
el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de
audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.
Art. 21. Sistema de supervisión judicial
Los sistemas de supervisión judicial han de entenderse como un medio para
verificar el buen funcionamiento de los órganos judiciales y procurar el apoyo a
la mejora de la gestión de los jueces.
Art. 22. Evaluación del desempeño
En garantía de la eficiencia y calidad del servicio público de justicia, puede establecerse
un sistema de evaluación del rendimiento y comportamiento técnico
profesional de los jueces.
Art. 23. Consecuencias de la evaluación negativa del
desempeño
El desempeño inadecuado o deficiente en el ejercicio de la función jurisdiccional,
debidamente acreditado mediante procedimiento legal y reglamentaria-

mente establecido que prevea la audiencia del juez, puede conllevar la aplicación
de periódoss de capacitación obligatoria o, en su caso, la aplicación de otras
medidas correctivas o disciplinarias.
Art. 24. Capacitación inicial
CAPACITACIÓN
La capacitación inicial tiene por objetivos la selección de los candidatos más
aptos para el desempeño de la función judicial en una sociedad democrática, a
través de mecanismos que permitan comprobar las condiciones que debe reunir
todo aspirante a la judicatura y la formación de éste en los conocimientos y
las destrezas propias de su función, con una orientación teórico-práctica que
incluya, en la medida de lo posible, un período de pasantías en órganos jurisdiccionales.
ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO
Art. 25. Centros de capacitación
Las Escuelas Judiciales, sea cual sea la denominación que en cada país reciban,
deben asumir la responsabilidad de la formación inicial de los jueces, y, en su
caso, de los que pertenecen a la carrera judicial siguiendo las indicaciones, en su
caso, del órgano superior de gobierno judicial, en cuanto a los propósitos que
deben perseguirse con esa formación, diseñando, planificando y ejecutando los
programas educativos y valorando sus resultados.
141
Art. 26. Costos de la capacitación inicial
Los costos de la formación inicial deben ser asumidos por el Poder Judicial, con
colaboración, en su caso, de instituciones públicas y privadas procurando, también
si sus posibilidades económicas lo permiten, facilitar fórmulas de apoyo
financiero a los aspirantes a jueces.
Art. 27. Naturaleza y costos de la capacitación continua
La formación continuada o capacitación en servicio constituye un derecho y un
deber del juez y una responsabilidad del Poder Judicial, que deberá facilitarla en
régimen de gratuidad.

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Art. 28. Voluntariedad de la capacitación continuada
La capacitación continuada puede ser concebida como obligatoria o como voluntaria
para el juez, pero habrá de revestir carácter obligatorio en casos de
ascenso, traslado que implique cambio de jurisdicción, reformas legales importantes
y otras circunstancias especialmente calificadas.
Art. 29. Órgano que tiene encomendada la capacitación
continua
La formación continuada o capacitación en servicio debe ofrecerse a jueces y
magistrados a través de las Escuelas Judiciales, sin perjuicio de que éstas recurran
a la colaboración de otras instituciones, públicas o privadas, cuando fuere
necesario.
142
Art. 30. Evaluación en la capacitación
La evaluación de los aspirantes que realicen procesos o sistemas de formación
inicial se realizará atendiendo a criterios objetivos, para determinar la posibilidad
o imposibilidad del ingreso a la función.
La evaluación de la formación continuada, incorporada al expediente personal
del juez, puede constituir un elemento de valoración del desempeño judicial
y un criterio de decisión para la promoción y ascenso de los jueces.
Art. 31. Participación judicial en la programación de la
capacitación
En la definición de políticas de formación judicial, los órganos competentes
deberán tomar en cuenta la opinión de los jueces.

RETRIBUCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MEDIOS MATERIALES
Art. 32. Remuneración
Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con
la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades
que conlleva.
Art. 33. Seguridad Social
El Estado debe ofrecer a los jueces su acceso a un sistema de seguridad social,
garantizando que recibirán, al concluir sus años de servicio por jubilación, enfermedad
u otras contingencias legalmente previstas o en su caso de daños
personales, familiares o patrimoniales derivados del ejercicio del cargo, una
pensión digna o una indemnización adecuada.
Es recomendable, en la medida en que las posibilidades económicas lo
permitan, la previsión de un sistema de seguridad para los jueces que incluya
un seguro de riesgos múltiples.
ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO
143
Art. 34. Recursos humanos, medios materiales y apoyos
técnicos
Los jueces deberán contar con los recursos humanos, medios materiales y apoyos
técnicos necesarios para el adecuado desempeño de su función.
El criterio de los jueces debe ser tomado en consideración en las decisiones
que se adopten sobre el particular, para lo que debe oírse su opinión.
En particular, los jueces deben tener fácil acceso a la legislación y a la jurisprudencia
y disponer de los demás recursos necesarios para la rápida y motivada
resolución de litigios y causas.
Art. 35. Seguridad personal y familiar
En garantía de la independencia e imparcialidad que han de presidir el ejercicio
de la función judicial, el Estado proporcionará los medios necesarios para la

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seguridad personal y familiar de los jueces en función de las circunstancias de
riesgo a que se vean sometidos.
DERECHO DE ASOCIACIÓN PROFESIONAL
Art. 36. Derecho de asociación de los jueces
La imparcialidad es compatible con el reconocimiento de la libertad de asociación
de los jueces salvo las excepciones que establezca la Constitución o legislación
de cada país.
ÉTICA JUDICIAL
144
Art. 37. Servicio y respeto a las partes
En el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho y en el
ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el
ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en
condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a
la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio.
Art. 38. Obligación de independencia
El juez está obligado a mantener y defender su independencia en el ejercicio de
la función jurisdiccional.
Art. 39. Debido proceso
Los jueces tienen el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido
proceso, constituyéndose en garantes de los derechos de las partes y, en particular,
velando por dispensarles un trato igual que evite cualquier desequilibrio
motivado por la diferencia de condiciones materiales entre ellas y, en general,
toda situación de indefensión.

Art. 40. Limitaciones en la averiguación de la verdad
Los jueces habrán de servirse tan sólo de los medios legítimos que el ordenamiento
pone a su alcance en la persecución de la verdad de los hechos en los
casos de que conozcan.
Art. 41. Motivación
Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su
función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones
que dicten.
ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO
Art. 42. Resolución en plazo razonable
Los jueces deben procurar que los procesos a su cargo que resuelven en un plazo
razonable. Evitarán o, en todo caso, sancionarán las actividades dilatorias o de
otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes.
Art. 43. Principio de equidad
En la resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, los jueces,
sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad vigente y teniendo siempre
presente el trasfondo humano de dichos conflictos, procurando atemperar con
criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables.
145
Art. 44. Secreto profesional
Los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional
en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el
ejercicio de su función o con ocasión de ésta.
No evacuarán consulta ni darán asesoramiento en los casos de contienda
judicial actual o posible.

LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA
Marco de integración y de realizaciones
a favor de las personas
SERGIO MUÑOZ GAJARDO
Ministro
Corte Suprema República de Chile
JAVIERA ASCENCIO DE LA FUENTE
Abogada
Secretaría Pro Tempore
SUMARIO: I. Presentación. II. Antecedentes históricos. III. La actual edición de
Cumbre: a) Desafíos iniciales; b) Lo realizado hasta ahora, c) Lo que queda por
hacer. IV. La Cumbre y las personas. V. Razonamiento final.
I.- Presentación
Afrontando el desafío de ejecutar una exposición de lo que ha sido y pretende
la Cumbre Judicial Iberoamericana, nos corresponde dejar de manifiesto el reconocimiento
inmediato a quienes participan en ella. Es una comunidad viva,
es una institucionalidad que excede a sus integrantes, que dignifica a quienes la
han servido, puesto que han cooperado en una obra que está llamada a ser un
referente de realizaciones en el ámbito internacional en todo lo relacionado con
la administración de justicia.
En la actualidad, estamos muy próximos en el tiempo para reconocerle su
real importancia, pero resulta necesario contar su historia y actuales desafíos.
147

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
148
II.- Antecedentes históricos 1
Las Presidentas y los Presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos o Superiores
de Justicia y de los Consejos de la Judicatura o Magistratura, del Principat
d’Andorra, República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa
do Brasil, República de Colombia, República de Costa Rica, República
de Cuba, República de Chile, República Dominicana, República del Ecuador,
Reino de España, República de El Salvador, República de Guatemala, República
de Honduras, Estados Unidos Mexicanos, República de Nicaragua, República de
Panamá, República del Paraguay, República del Perú, República Portuguesa, Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, República Oriental del Uruguay y República
Bolivariana de Venezuela se han unido en la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Esta Cumbre nace de la fusión de las Cumbres de Presidentes de Tribunales
y Cortes Supremas de Justicia y de los Encuentros de Consejos de Justicia de la
Comunidad Iberoamericana.
Esta estructura es fruto de una evolución que se inicia el año 1990 en Madrid,
con motivo de la “I Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia
de Iberoamérica, España y Portugal”, a la cual le siguieron dos más, también en
Madrid, y de similares características, en los años 1994 y 1997.
Por otra parte, en el año 1998 se desarrolla en Caracas la I Cumbre Iberoamericana
de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia. Al año
siguiente, también en Venezuela, se llevó a cabo la II Cumbre Iberoamericana
de Presidentes y Tribunales Supremos de Justicia.
Luego, en el año 2001, España convoca a la VI Cumbre Iberoamericana
de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos, la cual se celebró
en Canarias. A esta Cumbre le siguieron otras dos en los años 2002 y 2004 en
Cancún y Copán - San Salvador.
Paralelamente, en el año 1998 se llevó a cabo en Sucre el I Encuentro Iberoamericano
de Consejos de la Judicatura, al que le siguieron otros tres más en
los años 2001, 2002 y 2004, en Barcelona, Zacatecas y Copán – San Salvador,
respectivamente.
La actual Cumbre Judicial Iberoamericana es precisamente el resultado de
la fusión o convergencia, a partir del mes de junio de 2004, de las dos estructuras
anteriores: la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y
Tribunales Supremos de Justicia y el Encuentro Iberoamericano de Consejos de
1 www.cumbrejudicial.org

la Judicatura. Esta integración operó a partir de las trascendentales declaraciones
de Copán-San Salvador, en las que los Presidentes y Presidentas tomaron
el acuerdo de formar una sola estructura en la que radicaría la voz unificada de
las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana.
Para la numeración de las sucesivas ediciones se sumaron las reuniones
celebradas hasta ahora, tanto a nivel de Cortes como de Consejos.
De esta forma la XIII Cumbre unificada se desarrolla en Santo Domingo,
República Dominicana el 21 y 22 de junio de 2006; la XIV Cumbre se realiza en
Brasilia el 4, 5 y 6 de marzo de 2008; la XV Cumbre se efectúa en Montevideo el
28, 29 y 30 de abril de 2010, y la XVI Cumbre en Buenos Aires durante este año.
En la última edición de esta Cumbre, realizada en la Ciudad de Buenos
Aires los días 25, 26 y 27 de Abril de 2012, la Secretaría Permanente la ocupó
España y la Secretaría Pro Tempore la ejerció Argentina.
En tal evento, a la Asamblea Plenaria le correspondió ratificar la designación
de Chile como Secretaría Pro Tempore de la XVII Cumbre. En efecto, la
candidatura chilena fue presentada en la XIV Cumbre y aprobada en la XV
Cumbre desarrollada en Montevideo.
Los trabajos responden a los lineamientos estratégicos de la Cumbre Judicial
Iberoamericana, tal como quedaron definidos en la Declaración de Santo
Domingo, con ocasión de la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana y ratificados
en la Declaración de Brasilia en el marco de la XIV edición y en la de Montevideo
en el marco de la XV edición.
Conforme a la primera de las declaraciones señaladas, la Misión de la Cumbre
Judicial Iberoamericana es: “Generar proyectos y acciones concertadas en el
ámbito de las políticas judiciales de la comunidad iberoamericana de naciones.
Acciones y proyectos que desde la legitimidad que les otorga su origen, tengan
también asegurada su sostenibilidad y desarrollo posterior para alcanzar en Iberoamérica
una administración de Justicia independiente e imparcial, accesible
al ciudadano, eficaz, eficiente, pronta y equitativa, que garantice los Derechos
Humanos y el respeto a la seguridad jurídica”.
Uno de los lineamientos estratégicos que establece esa misma declaración
es: “La conformación de un acervo judicial iberoamericano mediante la producción
de textos de carácter referencial o paradigmático, que se sumen a los
aprobados en ediciones anteriores: el Estatuto del Juez Iberoamericano, la Carta
de Derechos de las Personas en el Espacio Judicial Iberoamericano y el Código
Modelo Iberoamericano de Ética Judicial”
LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA
149

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
150
De este modo, a lo largo de las distintas ediciones de la Cumbre Judicial
Iberoamericana, se ha formado un acervo de proyectos, los cuales se han concretado
en la aprobación de:
• Estatuto del Juez Iberoamericano.
• Carta de Derechos de las Personas Usuarias de la Justicia.
• Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.
• Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad o las normas mínimas sobre seguridad jurídica en el
área iberoamericana.
• Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad.
• Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas.
• “Participación, información, transparencia y acceso a la Justicia en materia
ambiental”.
• “Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e
integridad de los sistemas de justicia iberoamericanos”.
Asimismo, se han creado las siguientes estructuras organizativas:
• Comisión Iberoamericana de Ética Judicial,
• Aula Iberoamericana,
• Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ),
• Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial (IberIUS).
• Centro Iberoamericano de Capacitación Judicial Virtual.
• Sistema Iberoamericano de Información Judicial.
• e.Justicia.
• Comisión de seguimiento de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la
justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
• Comisión conjunta de trabajo entre poderes judiciales europeos y latinoamericanos.
• Comisión Iberoamericana para la Calidad de la Justicia
• Comisión de Justicia Ambiental

Por último, cabe destacar que se ha concurrido también a la creación de la
Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed).
III.- La actual edición de Cumbre
a) Desafíos iniciales.
En abril de 2012, Chile asumió la responsabilidad de ejercer la Secretaría Pro
Tempore de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, lo que implica cumplir con
una serie de obligaciones en materia de organización, con miras a la celebración
de la referida Cumbre reunida en Asamblea Plenaria. Sin embargo, más allá de
las labores inherentes al cargo, el desafío de la Corte Suprema de Chile fue organizarse
de tal manera de lograr sacar el máximo provecho a las múltiples oportunidades
que representa el trabajo mancomunado de los Poderes Judiciales de
Iberoamérica, abriendo espacios para la discusión, fomentando la participación
a través de métodos no presenciales, reubicando y revitalizando recursos que se
mantenían un poco en el olvido, entre otras acciones.
El eje temático que Chile propuso y que fue aceptado por la Asamblea
Plenaria de Buenos Aires, es Una Justicia de Futuro: Planificada, integrada y tecnológicamente
desarrollada” resumido en el slogan “Justicia de Futuro”. Este eje
fue definido en función de la necesidad de dotar al juez de mayores herramientas
y prerrogativas para que ejerza su labor con independencia, imparcialidad y
celeridad, permitiéndole plasmar en sus actos todos aquellos valores y virtudes
que una sociedad democrática espera ver en ellos, en lo cual indudablemente
tienen importancia fundamental las funciones de gobierno llevadas adelante
por las Cortes y Tribunales Supremos, como por los Consejos de la Magistratura
en los respectivos países.
En consecuencia, para esta edición, sin perder de vista los actuales productos
y proyectos aprobados por Cumbre, se planteó poner el énfasis en el juez,
y mostrar que los objetivos de Cumbre se pueden lograr si lo miramos a él en
su conjunto, y lo reconocemos como el gran impulsor de los cambios, como el
verdadero agente modernizador, innovador y creador, respecto del cual deben
generarse las condiciones para que pueda desempeñarse de manera óptima y
con la menor cantidad de obstáculos posibles.
LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA
151

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
152
b) Lo realizado hasta ahora
Con esta propuesta llegamos a la Primera Reunión Preparatoria de Coordinadores
Nacionales, en Guadalajara, México, en la cual se decidió la creación de nuevos
grupos de trabajo y la continuidad de otros creados en ediciones anteriores.
En efecto, se dio continuidad a los siguientes proyectos:
• “Participación, información, transparencia y acceso a la Justicia en materia
ambiental”.
• “Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales”.
• “Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad de los sistemas de
Justicia Iberoamericanos“.
• “Plan Iberoamericano de Estadística Judicial y Mapa Tecnológico”.
• “Brecha tecnológica (incorporado al nuevo grupo sobre tecnología de
los poderes judiciales).
• “Portal Iberoamericano del Conocimiento Jurídico”.
• “Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional IberRed “.
• “Red Iberoamericana de Gestión e Investigación para la Calidad de la
Justicia RIGIC-Justicia”
Y se aprobó la constitución de los grupos de trabajo sobre los siguientes
proyectos:
• “Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso
a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad,
con especial énfasis en justicia con enfoque de género”.
• “Cooperación Judicial Internacional”.
• “Tecnología de los Poderes Judiciales”.
• “Buenas Prácticas en Planificación Estratégica de los Poderes Judiciales”.
• “Protocolo Iberoamericano para Garantizar la Independencia de las
Resoluciones Judiciales a través de la seguridad e integridad de las y
los impartidores de Justicia”.

En esta edición se ha querido, además, seguir las recomendaciones emanadas
del Informe de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de 2012 (previo
a la Cumbre de Buenos Aires) en orden a fomentar la participación a través de
mecanismos que impliquen menores costos, y sobre la base de las mismas recomendaciones,
se acordó realizar 2 reuniones preparatorias de coordinadores
nacionales y 2 rondas de talleres. Lo anterior ha significado priorizar e intensificar
el trabajo virtual, de modo de no disminuir la calidad de los productos
esperados sino por el contrario, aumentarla, dada la concepción de un trabajo
continuo en el tiempo, y no solo limitado a las reuniones presenciales. Asimismo,
se ha distinguido entre grupos que requieren reunirse presencialmente en
rondas de talleres y aquellos que coordinan sus labores utilizando la tecnología.
En la primera ronda de talleres llevada al efecto en Antigua, Guatemala, fue
fundamental el uso de la tecnología de la videoconferencia, empleada por la
mayoría de los Poderes Judiciales, herramienta que permitió la participación
activa de integrantes de grupos de trabajo en las sesiones de la Ronda de Talleres
que le tocó organizar. Así la modernidad ha llegado al trabajo desplegado
en la Cumbre.
LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA
Por otra parte, un rol muy importante ha cumplido en esta edición la Comisión
de Coordinación y Seguimiento, quien ya se ha reunido tres veces, y ha
podido evaluar de manera permanente el desarrollo de los proyectos, generando
las recomendaciones que permitan orientarlos de la mejor manera.
153
Cabe destacar también la Reunión del grupo a cargo de la creación del
Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, que se llevó a cabo en
Venezuela, en julio de 2012, y cuyos resultados ya se están haciendo patentes.
En efecto, durante este mes se da inicio a dos cursos virtuales piloto de este
Instituto: Un curso sobre Derecho Constitucional Iberoamericano, y un curso
sobre Derecho Procesal Civil Iberoamericano, ambos destinados a mejorar la
formación de los jueces de nuestros países.
En la misma dirección, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial dio
inicio este año al primer curso virtual sobre ética judicial, seleccionando magistrados
de todo Iberoamérica.
Ambas experiencias dan cuenta de las ventajas del uso de las plataformas
digitales, tanto en el costo de los cursos (gratuitos, salvo los pocos días presenciales
del curso de ética, que no son obligatorios para obtener el certificado respectivo),
como en la posibilidad de ampliar el número de participantes en ellos.
En tanto, dentro de las próximas semanas se dará inicio a la convocatoria
para la participación en el curso virtual sobre medioambiente, que se imparte

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
154
en el contexto del trabajo del grupo “Participación, información, transparencia
y acceso a la Justicia en materia ambiental”.
Otra reunión que se llevó a cabo de manera presencial fue la I Reunión de
la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia (CICAJ) celebrada en
San José de Costa Rica los días 7 y 8 de febrero del año en curso.
Por otra parte, a través del sistema de videoconferencia, se han llevado a
cabo ya dos reuniones ordinarias del Grupo de Apoyo a Iberred, así como numerosas
reuniones ordinarias de los grupos de trabajo.
c) Lo que queda por hacer
Como parte del programa aprobado por todos los Presidentes en Buenos Aires,
queda celebrar una segunda ronda de talleres, en Colombia, los primeros días
de septiembre, y la segunda reunión preparatoria de coordinadores nacionales,
a fines de este año en Bolivia. La idea es entonces enfrentar esta recta final
hacia la Asamblea Plenaria intensificando el trabajo de cada grupo y comisión,
de modo de tener cada uno de los productos consensuados y aprobados por
los coordinadores en la Reunión de diciembre. Para esta Secretaría Pro Tempore
esto implica apoyar y promover la coordinación al interior de los grupos así
como colaborar con las distintas iniciativas que surjan de ellos. Así, se llevarán a
cabo en Chile dos importantes encuentros durante el curso de este año:
• Reunión preparatoria de la V Feria de Justicia y Tecnología
• VIII Reunión ordinaria de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial
La primera, consiste en Reunión previa con empresas tecnológicas y encargados
de informática de los Poderes Judiciales Iberoamericanos, así como
con los empresarios líderes en materia de tecnología e innovación. El objeto
de esta reunión es que los Poderes Judiciales expongan sus planes estratégicos
en materia de tecnología, además de su capital tecnológico, lo que permitirá a
las empresas asistentes detectar las eventuales necesidades de los Poderes Judiciales
y así llegar a la feria con propuestas realmente innovadoras, concretas y
hechas a medida para los miembros de la Cumbre.
La segunda, es la Reunión que anualmente congrega a comisionados y
delegados de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, y en la cual se da
cuenta del estado de la ética judicial en cada uno de los países miembros y se
discuten y acuerdan distintas acciones relativas a su órbita de competencia. Asimismo,
se realizan conferencias magistrales de connotados juristas iberoameri-

canos sobre algún tema vinculado a la ética judicial, conferencias que se abren
a la comunidad.
Otro desafío asumido por esta Secretaría es dar un nuevo impulso a la Red
de Ibercomunicadores, en orden a fortalecer y difundir las buenas prácticas en
comunicación; generar una nueva página web para desarrollar el mapa de las
comunicaciones; difundir el trabajo de los gabinetes de comunicaciones de los
países miembros (de sus poderes judiciales y consejos de la judicatura); y, por
último, realizar las gestiones necesarias para fortalecer el Canal Judicial Iberoamericano.
En este camino hemos avanzado, y ya tenemos 14 de 23 países
con los antecedentes de sus gabinetes de comunicaciones (el mapa de las comunicaciones,
con datos sobre la cantidad de personas que trabajan, la cobertura,
las labores que desempeñan), existe un repositorio de buenas prácticas, donde
han colaborado España, Paraguay, México, Puerto Rico y Chile; el Poder Judicial
chileno compró el dominio www.ibercomunicadores.org y estará prontamente
disponible para alojar la página. Una vez que esté operativo el sitio web pasaremos
a la segunda etapa que es poblarlo con información de todos los países
a través de un monitoreo de los distintos instrumentos de comunicación de los
países. Junto con ello, se estructurará un sistema de newsletter donde estarán
incorporadas noticias de la Secretaría Pro Tempore y de asuntos asociados a la
Red de Comunicadores, que será remitido a los miembros de la red y que se
solicitará que se envíe a los coordinadores nacionales de cada país.
Por último, queda culminar estos dos años de trabajo con la Cumbre Judicial
Iberoamericana, a realizarse en Santiago de Chile, y llevar a cabo la V Feria
de Justicia y Tecnología en esta misma ciudad.
LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA
155
IV.- La Cumbre y las personas
La elección del eje temático y la orientación que esta Secretaría ha querido
seguir, es precisamente la que deriva de la Misión de Cumbre, que tal como
consignara anteriormente, es “Generar proyectos y acciones concertadas en el
ámbito de las políticas judiciales de la comunidad iberoamericana de naciones.
Acciones y proyectos que desde la legitimidad que les otorga su origen, tengan
también asegurada su sostenibilidad y desarrollo posterior para alcanzar en Iberoamérica
una administración de Justicia independiente e imparcial, accesible
al ciudadano, eficaz, eficiente, pronta y equitativa, que garantice los Derechos
Humanos y el respeto a la seguridad jurídica”.

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
156
En este sentido, los proyectos que hoy se encuentran siendo objeto de
trabajo por parte de los países miembros de Cumbre, están claramente enfocados
hacia los usuarios de la justicia y los derechos que les corresponden en tal
calidad.
Por ejemplo, en materia de cooperación judicial, el proyecto apunta a aunar
los esfuerzos entre los países para eliminar los obstáculos que puedan eliminarse
y agilizar los procesos que puedan agilizarse, de modo de ofrecer a las
personas un servicio expedito en la tramitación de los asuntos que involucran
a jurisdicciones de distintos Estados Iberoamericanos, de modo de cumplir con
el compromiso asumido por ellos en la Declaración Universal de Derechos Humanos
y en otros Pactos y Convenciones Internacionales.
En materia de acceso a la justicia se hace aún más patente al elaborar un
proyecto particular para garantizar este derecho a aquellos grupos especialmente
vulnerables o históricamente desaventajados, y propiciar además el enfoque
de género.
Por último, hay que destacar que el trabajo desarrollado en ellos sirve constantemente
de orientación para la labor de los tribunales.
Así, en materia de transparencia, se está trabajando en una Mesa de Expertos
Nacionales para la construcción de indicadores, que reúne a distintos
representantes del Estado y de organismos de la sociedad civil, y que permite
no solo aportar a la Cumbre, sino también recibir la percepción de los usuarios
externos al Poder Judicial. En el mismo sentido, para rescatar las sentencias que
recogen los principios en materia de acceso a la Justicia que ha solicitado el país
coordinador de dicho grupo, se ha convocado a toda la comunidad a participar
de un concurso de jurisprudencia comentada.
En fin, así como éstas, son múltiples las iniciativas que pueden desarrollarse
a partir del trabajo que se genera en el seno de la Cumbre, y que van en directa
relación y beneficio del vínculo que se establece entre los tribunales y las ciudadanas
y ciudadanos.

V.- Razonamiento final
La Cumbre Judicial Iberoamericana se ha constituido en la actualidad en un
foro necesario, indispensable, puesto que en él se integran las visiones de toda
Iberoamérica, en condiciones de igualdad, ánimo constructivo, procurando la
integración, la participación y el desarrollo del conocimiento de las buenas prácticas.
Todo lo anterior configura un estado de la situación y principios que inspiran
sus labores, sin embargo, lo trascendente es que siempre se ha puesto a las
personas como el centro de las preocupaciones, quienes están representadas en
los usuarios de la justicia y quienes la imparten. Es por lo anterior, que sin dudar
un instante se busca reconocer y generar mejores condiciones substanciales que
eleven la dignidad de esas personas. Ese es el postulado final.
Del mismo modo, resulta pertinente destacar la entrega, compañerismo y
activa participación de toda la comunidad, en que el mayor interés se encuentra
en cooperar y contribuir.
La trascendencia de las labores llevadas adelante han permitido que hablemos
de un acervo de cumbre, de distintos hijos que le entregan contenido a
las acciones desarrolladas, que han adquirido un vuelo que sobrepasa nuestro
ámbito y se instala como referente obligado en la definición de las políticas
públicas de acceso a la justicia, ética y contenido sustancial del ejercicio de la
función jurisdiccional, la cual busca cada día su legitimación ciudadana sobre la
base de su prontitud y excelencia.
LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA
157

INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL,
DECRETO NÚMERO 41-99 DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 1
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley de la Carrera Judicial establece un sistema para regular el ingreso, permanencia,
promoción, ascenso, traslado, capacitación, disciplina y o tras actividades
de los jueces y magistrados para garantizar su indepen den cia, estabilidad
y excelencia profesional en el ejercicio de sus cargos, teniendo como órganos
de la carrera judicial al Consejo de la Carrera Ju di cial, la Junta de Disciplina, la
Supervisión General de Tribunales y la Escue la de Estudios Judiciales.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, consciente de las debilidades y
carencias que desde la vigencia de la ley han detectado los mismos jueces y
las instituciones relacionadas con sus funciones y tomando en cuenta las recomendaciones
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, decidió estudiar, analizar y redactar una propuesta de reforma a la
ley vigente que se encuentre congruente con los estándares internacionales en
materia de derechos humanos relacionados con el tema judicial, para lo cual
contó con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos. La propuesta inicial de la Corte Suprema de Justicia fue
socializada con diferentes sectores y enriquecida a partir de aportes que pudieron
ser integrados en el presente proyecto.
La presente iniciativa propone reformas en los temas más importantes que
abarca la Ley de la Carrera Judicial, siendo los siguientes:
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
159
1 Presentada al Honorable Congreso de la República de Guatemala con fecha 10 de junio de
2013.

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
PRINCIPIOS RECTORES DE LA CARRERA JUDICIAL
Para fortalecer la fundamentación de los principios de independencia e imparcialidad
judicial se propone la modificación del que contienen un detalle de
los principios rectores de la carrera judicial, incluyendo aquéllos que deberían
regir el procedimiento disciplinario, dichos principios se refieren a transparencia,
imparcialidad, idoneidad, capacidad, objetividad, debido proceso, legalidad,
proporcionalidad e igualdad.
Asimismo, se establece que en los procesos de selección de jueces, juezas,
magistrados y magistradas de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual
categoría y Corte Suprema de Justicia, mediante acciones afirmativas, deberá
promoverse la equidad de género y la participación multicultural.
En lo que respecta a la función jurisdiccional, se reafirma que los jueces y
magistrados son independientes y resolverán los asuntos que conozcan en base
a los principios de imparcialidad y objetividad, estando sujetos únicamente a la
Constitución Política de la República, a las leyes y a los convenios internacionales
ratificados por Guatemala.
160
CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL
1. Carrera Judicial
Se propone la reforma del artículo 3, relacionado con la elección de magistrados
de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual
categoría, que persigue que la Comisión de Postulación tome en cuenta preferentemente
candidatos provenientes de la carrera judicial, con lo cual se busca
su fortalecimiento dadas las limitaciones constitucionales existentes.
Con relación a lo establecido en el artículo 31 relativo a la situación en el
servicio, se propone que los jueces que hayan sido nombrados como magistrados
no estén en situación de excedencia durante el período del ejercicio de la
magistratura, buscando con ello que al no ser reelectos, puedan volver a ocupar
un cargo en la judicatura siempre y cuando se cumpla con los requisitos siguientes:
a) haber ejercido como mínimo cinco años, en los cuales no hubiesen sido
sancionados por falta grave o gravísima; b) hayan aprobado satisfactoriamente
las evaluaciones de desempeño practicadas, si fuera el caso y c) que exista disponibilidad
de plazas; para lo que se aumenta la duración de la excedencia al
período constitucional con el propósito de fortalecer la carrera judicial.

2. Órgano responsable de la carrera judicial
La ley vigente contempla cuatro órganos responsables de la carrera judicial.
Entre ellos, se consideró pertinente suprimir la regulación de las comisiones de
postulación por estar actualmente reguladas por una ley específica. Para asegurar
políticas uniformes de dirección y gestión de la carrera judicial, la reforma
designa como único órgano responsable al Consejo de la Carrera Judicial, el
cual será coadyuvado en su función por las Juntas de Disciplina Judicial y las
unidades administrativas que estime convenientes. El proyecto prevé que en segunda
instancia de los procesos administrativos disciplinarios conozca la Junta
de Disciplina de Apelación.
3. Integración del Consejo de la Carrera Judicial
Dadas las notas que caracterizan la conformación del Poder Judicial Nacional,
establecidas constitucionalmente y la divergencia en la forma en que jueces y
magistrados ingresan al sistema, se estimó conveniente reestructurar la integración
del Consejo de la Carrera Judicial, de suerte que se incluyera la participación
de jueces de primer grado y jueces de paz. También se establece expresamente
que los miembros suplentes únicamente pueden asistir a las sesiones en
ausencia del titular.
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
161
4. Atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial
En armonía con los Acuerdos de Paz y los estándares internacionales en materia
de independencia judicial y en atención a las recomendaciones formuladas por
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
–OACNUDH-; se incluyen dentro de las atribuciones del Consejo de la
Carrera Judicial, la de convocar a concurso público por oposición a los integrantes
de las Juntas de Disciplina Judicial, al Secretario Ejecutivo del Consejo de la
Carrera Judicial, al Director de la Escuela de Estudios Judiciales y al Supervisor
General de Tribunales.
Como parte integrante de la evaluación del desempeño de jueces y magistrados,
se adiciona un párrafo para que el Consejo de la Carrera Judicial
califique la calidad, juridicidad y motivación de las resoluciones, con el fin de
garantizar la independencia judicial.

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
162
SELECCIÓN, EVALUACIÓN, FORMACIÓN Y NOMBRA-
MIENTO DE ASPIRANTES AL CARGO DE JUECES
1. Ingreso a la carrera judicial
En primer orden, las reformas persiguen optimizar el sistema de ingreso a la carrera
judicial, en busca de incorporar profesionales idóneos para el desempeño
de la función judicial. Como una medida excepcional, se viabiliza y simplifica
el ingreso de abogados con anterior experiencia en el desempeño satisfactorio
de alguna judicatura, quedando sujetos a actualizarse en el área jurisdiccional
que les correspondiere, así como a otros requisitos de ingreso, que aseguren
su idoneidad para el cargo, adicionando la condición que dichos ex jueces y ex
magistrados hayan sido titulares, en concordancia con los artículos 14 y 31 de
la propuesta de reforma a la Ley de la Carrera Judicial.
Respecto a la convocatoria a concursos, se precisa que ésta deberá realizarse
con base en un diagnóstico previo que permita determinar el número y
calidad de plazas vacantes dentro del Organismo Judicial, con el fin de lograr
mayor certeza en el nombramiento de los funcionarios judiciales.
2. Evaluación y elegibilidad
Se estimó importante establecer en el artículo 18, que el proceso de evaluación
y elegibilidad debe procurar la idoneidad y honorabilidad de los postulantes, a
través de la aplicación de pruebas objetivas, técnicas, científicas y jurídicas.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL
Una importante falencia detectada por la Corte Suprema de Justicia, también
señalada por funcionarios judiciales y expertos tanto nacionales como internacionales
en la materia, ha sido la forma de evaluar el desempeño de los funcionarios
judiciales. Con el objeto de subsanarla, se dispone un método de
evaluación integral que englobe todos los aspectos de la función del evaluado
y que tome en consideración la calificación tanto de los usuarios del sistema
como de examinadores independientes, lo que redundará en una evaluación
más efectiva, certera y exhaustiva.

Asimismo, se propone en el artículo 36 que la evaluación del desempeño
sirva como criterio para los ascensos de jueces, con el fin de fortalecer la carrera
judicial sobre la base de méritos y capacidades.
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
1. Junta de Disciplina Judicial
El modelo actual de las Juntas de Disciplina Judicial ha probado ser infuncional
para los fines para los cuales se crearon; por ende, su estructura también requiere
ser reformada a efecto de que estén integradas por funcionarios especializados
en materia de derecho administrativo disciplinario, independientes de
cualquier otra función jurisdiccional, lo que entraña la creación de un auténtico
tribunal de «jueces de los jueces».
En el artículo 8 inciso b) relacionado con la función de imponer sanciones
por las Juntas de Disciplina Judicial, se precisó que además de atender al principio
de proporcionalidad, se respete el debido proceso.
La Junta de Disciplina de Apelación será un órgano no permanente que se
integrará cada vez que sea requerido por el Consejo de la Carrera Judicial por
haberse apelado una decisión de las Juntas y estará integrada por tres titulares
y tres Suplentes. La Presidencia se decidirá por sorteo que celebrará el Consejo
de la Carrera Judicial y tendrá un período de cinco años. Los requisitos para ser
miembro de la Junta de Disciplina de Apelación serán los mismos que para ser
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
163
2. Supervisión General de Tribunales
Se norman con mayor claridad y precisión las funciones de la Supervisión General
de Tribunales, así como su intervención en el procedimiento disciplinario,
lo que favorecerá el ejercicio de investigaciones apropiadas y a su vez, facilitará
la labor de las Juntas de Disciplina Judicial.
La Supervisión General de Tribunales estará a cargo de un supervisor general
nombrado por la Presidencia del Organismo Judicial, de una nómina de tres
candidatos propuestos por el Consejo de la Carrera Judicial y se integrará con
personal especializado.

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
164
La Corte Suprema de Justicia deberá incluir en el presupuesto correspondiente,
el monto necesario para fortalecer y reestructurar la Supervisión General
de Tribunales.
3. Faltas disciplinarias
Siendo que la función judicial debe desempeñarse apegada a altos estándares
de calidad profesional, decoro, legalidad y respeto por los derechos de los ciudadanos,
se ha estimado pertinente proponer una serie de reformas en el ámbito
disciplinario.
De esa cuenta, se realizó una revisión integral del tema de faltas, tipificando
nuevas infracciones, con el objeto de incluir conductas que se han identificado
como perniciosas para el Organismo Judicial y los derechos de sus usuarios,
que con la ley vigente no pueden ser sancionadas, especialmente en los artículos
40 literales d) y h) y 41 incisos e), f), g), i), j), k) y p) con el fin de garantizar
el principio de legalidad y dar respuesta a problemas derivados de los casos de
corrupción que se presentan en la práctica judicial, relativos a la discriminación
de cualquier tipo y en cualquier forma, uso de substancias ilegales, así como
actuaciones diversas y contrarias a la independencia judicial, reconociendo plenamente
los estándares internacionales aplicables.
4. Procedimiento Disciplinario
En lo que al procedimiento respecta, este se ha modificado con el afán de acelerarlo
y hacerlo eficiente, restringiendo el uso indebido del recurso de apelación,
respetando el principio del debido proceso.
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
En el artículo 12, se mantiene la capacitación interna de jueces y magistrados
por parte de la Escuela de Estudios Judiciales, permitiendo la posibilidad de
capacitar a otros funcionarios públicos relacionados con el sistema de justicia
para coadyuvar al fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.
Con el fin de fortalecer la función de la Escuela de Estudios Judiciales, en
dicho artículo, se establecen los procedimientos para recabar información sobre

las necesidades de formación y actualización que tengan los órganos jurisdiccionales
y administrativos del Organismo Judicial.
Se propone que el nombramiento del Director de la Escuela de Estudios
Judiciales lo haga la Presidencia del Organismo Judicial, de una nómina de tres
candidatos propuestos por el Consejo de la Carrera Judicial.
Finalmente, se proponen reformas a las normas de la Ley del Organismo
Judicial que se refieren a funciones disciplinarias de la Corte Suprema de Justicia,
con el fin de armonizar ambas leyes.
El proyecto es el siguiente:
DECRETO NÚMERO ____
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados y
convenios internacionales ratificados por Guatemala establecen los principios
básicos en que se sustenta la administración de justicia y que deben ser incorporados
adecuadamente en el marco del ordenamiento jurídico interno con el
afán de asegurar su observancia en atención a las necesidades y posibilidades
del Estado de Guatemala.
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
165
CONSIDERANDO
Que la consolidación del Estado democrático y constitucional de derecho requiere
del fortalecimiento de las instituciones que conforman el sector justicia a
efecto que guarde congruencia con las condiciones de estabilidad, credibilidad,
transparencia y confianza que la sociedad demanda de las mismas.
CONSIDERANDO
Que por disposición constitucional, el Congreso de la República de Guatemala
tiene la atribución de decretar, reformar y derogar las leyes, y, habiéndose determinado
en la práctica las deficiencias en la aplicación de la Ley de la Carrera
Judicial, deviene necesario proceder a la reforma y adición de artículos de dicho
cuerpo legal.

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
166
POR TANTO
El Congreso de la República de Guatemala, en ejercicio de la facultad que le
confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de la República de
Guatemala,
Las siguientes:
DECRETA
REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA JUDICIAL,
DECRETO NÚMERO 41-99 DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Artículo 1. Se reforma el artículo 2, el cual queda así:
“ARTÍCULO 2. Principios y valores rectores. En el ejercicio de la función
jurisdiccional los principios que rigen la carrera judicial son los
de independencia, transparencia, idoneidad, capacidad, objetividad,
imparcialidad y demás valores éticos y morales. Constituyen enfoques
de política judicial la perspectiva de género y la multiculturalidad.
En los procesos de selección de jueces, magistrados de Corte de Apelaciones
y otros tribunales de igual categoría y Corte Suprema de Justicia,
se procurará la equidad de género y la participación multicultural.
En el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces y magistrados son
independientes; resolverán los asuntos que conozcan de acuerdo a los
principios de imparcialidad y objetividad, y están sujetos únicamente
a la Constitución Política de la República, a las leyes y a los convenios
internacionales ratificados por Guatemala. Los jueces y Magistrados
ejercen por igual, aunque con competencia distinta, el poder jurisdiccional
que la Constitución Política de la República asigna al Organismo
Judicial, razón por la que, en su ejercicio no existe diferencia jerárquica
ni dependencia entre ellos.”.
Artículo 2. Se reforma el artículo 3, el cual queda así:
“ARTÍCULO 3. Período de servicio y garantía de estabilidad. Los
jueces y magistrados ejercerán sus funciones de forma permanente e

inamovible hasta que cesen en las mismas con arreglo a lo que disponen
la Constitución Política de la República y esta ley.
La nómina que elabore la Comisión de Postulación con la propuesta
de candidatos al cargo de magistrados de la Corte de Apelaciones y de
tribunales de igual categoría, se integrará preferentemente con miembros
de la carrera judicial y con quienes hayan ejercido la judicatura y la
magistratura, teniendo en cuenta la especialidad de quienes se postulen.
La nómina que elabore la Comisión de Postulación con la propuesta
de candidatos al cargo de magistrados de Corte Suprema de Justicia, se
integrará equitativamente con quienes hayan ejercido la magistratura
y con abogados que se postulen y que reúnan los requisitos constitucionales
y legales para el cargo. En ambos casos se deberá aplicar el
procedimiento y los principios establecidos en la Ley de Comisiones de
Postulación.”.
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
Artículo 3. Se reforma el artículo 4, el cual queda así:
“ARTÍCULO 4. Órgano responsable. El órgano responsable de la carrera
judicial es el Consejo de la Carrera Judicial, el cual será coadyuvado
en su función por las Juntas de Disciplina Judicial. El Consejo de la
Carrera Judicial podrá auxiliarse por las unidades administrativas que
estime conveniente.”.
167
Artículo 4. Se reforma el artículo cinco, el cual queda así:
“ARTÍCULO 5. Integración del Consejo de la Carrera Judicial. La
Carrera Judicial será administrada por un Consejo que se integrará así:
a) El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de
Justicia, quien durará en el cargo el tiempo que desempeñe la
presidencia y podrá ser sustituido, por quien corresponda hacerlo,
conforme el artículo 214 de la Constitución Política de la República
de Guatemala;
b) Un magistrado titular y un suplente de la Corte Suprema de Justicia,
designados por ésta;
c) Un Magistrado titular y un suplente electos por la Asamblea General
de Magistrados de la Corte de Apelaciones y tribunales de
igual categoría;

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
168
d) Un juez titular y un suplente electos por la Asamblea General de
Jueces de Primera Instancia;
e) Un juez titular y un suplente electos por la Asamblea General de
Jueces de Paz;
f) El titular de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial,
o quien lo sustituya con carácter de suplente; y
g) El titular de la Unidad de Recursos Humanos del Organismo Judicial
o quien lo sustituya con carácter de suplente.
Salvo el caso de los incisos a), b), f) y g), los demás representantes durarán
en sus cargos dos años y seis meses, pudiendo ser reelectos por
un periódo igual; si dichos miembros no terminaran su periódo por
cualquier causa, se convocará a la elección correspondiente para completarlo
o, en su caso, se hará la designación respectiva.
Las decisiones deberán tomarse por mayoría simple del total de los presentes.
Los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial electos, que
tengan la calidad de suplentes, únicamente podrán asistir a las sesiones
en ausencia de los titulares.”
Artículo 5. Se reforma el artículo 6, el cual queda así:
“ARTÍCULO 6. Atribuciones del Consejo. Son atribuciones del Consejo
de la Carrera Judicial:
a) Dar aviso al Congreso de la República, con al menos seis meses
de anticipación, del vencimiento del periódo constitucional de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de
Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, a fin de que
convoque a las comisiones de postulación respectivas;
b) Elaborar y remitir oportunamente a las Comisiones de Postulación,
la nómina con los respectivos expedientes de jueces y
magistrados para los efectos legales correspondientes;
c) Dar aviso al Congreso de la República respecto a las vacantes
definitivas que se produzcan en la Corte Suprema de Justicia, en
la Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual categoría o
grado; el aviso se dará dentro de un plazo de diez días de haberse
producido la vacante definitiva;

d) Efectuar la convocatoria a que se refiere el artículo 16 de esta
ley relacionada con los concursos de oposición para el ingreso a
la carrera judicial;
e) Convocar a concurso por oposición para elegir a los integrantes
titulares y suplentes de las Juntas de Disciplina Judicial y de la
Junta de Disciplina de Apelación, quienes serán nombrados por
la Corte Suprema de Justicia, entre una nómina de seis candidatos
para cada junta. Podrán ser removidos por la Corte Suprema
de Justicia de acuerdo a las causas y procedimientos establecidos
en la Ley;
f) Convocar a concurso por oposición para elegir al Director de
la Escuela de Estudios Judiciales y, con base en sus resultados,
proponer, a la Presidencia del Organismo Judicial, una nómina
de tres candidatos para su nombramiento;
g) Convocar a concurso por oposición para elegir al Secretario Ejecutivo
del Consejo de la Carrera Judicial, nombrarlo y, sin su
presencia, removerlo de conformidad con las causas y procedimientos
establecidos en la Ley del Servicio Civil del Organismo
Judicial;
h) Evaluar el desempeño de jueces, magistrados e integrantes de
las Juntas de Disciplina Judicial de conformidad con lo establecido
en el artículo 32 de esta ley;
i) Definir las políticas de la Escuela de Estudios Judiciales y revisarlas
anualmente de acuerdo con los fines y propósitos de esta
ley;
j) Aprobar en el mes de enero de cada año el programa de formación
judicial y administrativa, a propuesta de la Escuela de
Estudios Judiciales;
k) Convocar a concurso por oposición para elegir al Supervisor
General de Tribunales y, con base en sus resultados, proponer
para su nombramiento, a la Presidencia del Organismo Judicial,
una nómina de tres candidatos. Podrá ser removido por las causas
y procedimientos establecidos en la Ley del Servicio Civil del
Organismo Judicial;
l) Emitir los acuerdos inherentes a su objeto y naturaleza; y
m) Las demás que determine la ley.”
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
169

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
170
Artículo 6. Se reforma la denominación del Capítulo III del Título II, el cual
queda así:
“ÓRGANOS DISCIPLINARIOS”.
Artículo 7. Se reforma el artículo 7, el cual queda así:
“ARTÍCULO 7. Integración de los Órganos Disciplinarios.
a) Juntas de Disciplina Judicial: son órganos colegiados de carácter
administrativo y sus miembros actuarán con total independencia,
imparcialidad y transparencia. Se integrarán por tres
miembros titulares y tres suplentes, seleccionados mediante el
proceso de oposición correspondiente, quienes tendrán las mismas
calidades de los magistrados de la Corte de Apelaciones.
Para favorecer la descentralización y facilitar el acceso a estos
órganos, se integrarán tantas juntas como las necesidades y la
conveniencia del servicio lo haga necesario, atendiendo a criterios
de carácter geográfico, por materia u otros que resulten
convenientes. La duración en el cargo de los miembros de las
Juntas de Disciplina Judicial será por un periódo de cinco años.
La presidencia será por un período de cinco años y se decidirá
por sorteo, realizado por el Consejo de la Carrera Judicial. A los
integrantes titulares de las Juntas de Disciplina Judicial les son
aplicables las prohibiciones contempladas en el artículo 70 de la
Ley del Organismo Judicial.
b) Junta de Disciplina de Apelación: es un órgano colegiado de
carácter administrativo y sus miembros actuarán con total independencia,
imparcialidad y transparencia. Se integrará con tres
titulares y tres Suplentes, acorde con lo descrito en la literal
e) del artículo 6 de la presente ley. La Presidencia será por un
período de cinco años y se decidirá por sorteo, realizado por el
Consejo de la Carrera Judicial. La duración en el cargo de los
miembros de la Junta de Disciplina de Apelación será por un
período de cinco años. La Corte Suprema de Justicia decidirá
acerca de la sede de la Junta de Disciplina de Apelación, así
como respecto del Secretaria o Secretario, en su caso, y del personal
administrativo que la apoyará. Para ser miembro titular o
suplente de la Junta de Disciplina de Apelación se requieren los

mismos requisitos que para ser Magistrados de las Corte Suprema
de Justicia y tendrán las mismas calidades que éstos. En el
reglamento de la presente ley se regulará lo relacionado con el
funcionamiento de la Junta de Disciplina de Apelación, inclusive
lo referente a la forma de remuneración de sus integrantes.
Todos los integrantes de las Juntas de Disciplina Judicial y de la Junta de
Disciplina de Apelación, quedan sujetos al régimen de impedimentos,
excusas y recusaciones contemplados en los artículos del 122 al 132 de
la Ley del Organismo Judicial.
La Escuela de Estudios Judiciales deberá impartir capacitación en materia
administrativa disciplinaria a los integrantes de las Juntas de Disciplina
Judicial y a los de la Junta de Disciplina de Apelación.”
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
Artículo 8. Se reforma el artículo 8, el cual queda así:
“ARTÍCULO 8. Atribuciones de las Juntas de Disciplina Judicial. Las
Juntas de Disciplina Judicial tienen las siguientes atribuciones:
a) Conocer de las faltas administrativas que sean denunciadas;
b) Imponer las sanciones que establece la ley de acuerdo a los
principios de proporcionalidad y del debido proceso;
c) Formular a las autoridades del Organismo Judicial, las recomendaciones
para corregir y prevenir las faltas que se atribuyan a los
funcionarios judiciales; y
d) Cuando la sanción que corresponda sea la destitución del funcionario,
remitir el expediente respectivo a la autoridad nominadora
para que resuelva lo que corresponda.”.
171

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
172
Artículo 9. Se reforma la denominación del Capítulo V, del Título II, que queda
así:
“CAPÍTULO V
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES Y SUPERVISIÓN
GENERAL DE TRIBUNALES”.
Artículo 10- Se reforma el artículo 12, el cual queda así:
“ARTÍCULO 12. Escuela de Estudios Judiciales. La Escuela de Estudios
Judiciales es la unidad encargada de planificar, ejecutar y facilitar la
capacitación y formación técnica y profesional de jueces, magistrados,
funcionarios y empleados del Organismo Judicial y otros funcionarios
públicos relacionados con el sistema de justicia, con el fin de asegurar
la excelencia y actualización profesional para el eficiente desempeño de
sus cargos. Su organización y funcionamiento se regirá por la presente
ley y el reglamento respectivo.
Para la identificación, diseño y ejecución de las políticas en materia de
capacitación, la Escuela de Estudios Judiciales deberá establecer procedimientos
para recabar información sobre las necesidades de formación y
actualización que tengan las Cámaras y demás órganos jurisdiccionales
y administrativos del Organismo Judicial y dar respuesta a las mismas.
Los jueces y magistrados podrán ser designados por el Consejo de la
Carrera Judicial para apoyo como docente-investigador de tiempo completo
en la Escuela de Estudios Judiciales, por períodos que no excedan
de un año, en cuyo caso su situación será de licencia, en los términos del
artículo 31 de esta ley.”
Artículo 11. Se adiciona el artículo 12 Bis, el cual queda así:
“ARTÍCULO 12 Bis. Supervisión General de Tribunales. La Supervisión
General de Tribunales estará a cargo de un Supervisor General y se
integrará con personal especializado para realizar las funciones siguientes:
a) De prevención: tiene como objetivo identificar las necesidades
de recursos materiales y humanos tomando en cuenta aspectos
socioculturales del lugar, así como la existencia de indicios de
hechos constitutivos de faltas. Los resultados de la supervisión

se documentarán en acta y se pondrán en conocimiento inmediato
de la autoridad correspondiente; y
b) De investigación: tiene como objetivo llevar a cabo la investigación
a la que se refiere el artículo 49 de esta ley. Un reglamento
desarrollará la estructura y funciones de la Supervisión General
de Tribunales para cumplir su cometido.”
Artículo 12. Se reforma el artículo 14, el cual queda así:
“ARTÍCULO 14. Ingreso. El ingreso a la Carrera Judicial se hará por
alguna de las formas siguientes:
a) Mediante nombramiento de la Corte Suprema de Justicia para
el caso de los jueces, cualquiera que sea su categoría o grado;
b) Mediante elección por el Congreso de la República para el caso
de los magistrados, cualquiera que sea su categoría.
Todos los aspirantes a cargos de juez deberán reunir los requisitos y calidades
establecidas en la Constitución y las leyes y someterse al concurso
por oposición que en cada caso se establezca por el órgano competente.
Después de agotado el procedimiento y en caso de existir vacantes, el
Consejo de la Carrera Judicial, si lo estima necesario y por razones del
servicio, puede convocar a ex jueces y ex magistrados que hayan ejercido
tales cargos como titulares, quienes podrán ingresar a la carrera
judicial sin el requisito de aprobación del curso de formación inicial.
Para el efecto deberán cumplir con los requisitos siguientes:
a) Haber ejercido la judicatura o la magistratura como mínimo cinco
años, en los cuales no hubiesen sido sancionados por falta
grave o gravísima y hayan aprobado satisfactoriamente las evaluaciones
de desempeño practicadas, si fuera el caso; y
b) Someterse a los cursos de actualización a cargo de la Escuela de
Estudios Judiciales, así como a las evaluaciones especiales que
disponga practicar el Consejo de la Carrera Judicial previo a su
nombramiento.”.
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
173

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
Artículo 13. Se reforma el artículo 15, el cual queda así:
“ARTÍCULO 15. Requisitos y calidades. Los aspirantes al cargo de
juez o magistrado, cualquiera que sea su categoría, deberán reunir los
requisitos y calidades que establecen la Constitución Política de la República
de Guatemala y las leyes. Los jueces de paz comunitarios se regirán
de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal, Decreto
51-92 del Congreso de la República de Guatemala y por la presente ley,
en lo que les sea aplicable.”.
Artículo 14. Se reforma el primer párrafo del artículo 16, el cual queda así:
“ARTÍCULO 16. Convocatoria a concursos. Corresponde al Consejo
de la Carrera Judicial convocar los concursos por oposición, para el ingreso
a la carrera judicial con base en la elaboración de un diagnóstico
previo, que permita determinar el número y calidad de plazas vacantes
dentro del Organismo Judicial.”
174
Artículo 15. Se reforma el artículo 17, el cual queda así:
“ARTÍCULO 17. Información y listas. El Consejo de la Carrera Judicial
elaborará la lista de elegibles tomando como base la nómina de aspirantes
correspondiente y verificará, en cada caso, el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la presente ley. Efectuada la verificación notificará
a los interesados su decisión. Dentro de los quince días siguientes de
realizada la última notificación, la lista será publicada en el diario oficial
y como mínimo en dos diarios de mayor circulación.
Dentro del plazo de tres días contados desde el día siguiente al de la última
publicación, cualquier persona podrá presentar ante el Consejo de
la Carrera Judicial, información documentada respecto a los aspirantes,
quienes contarán con el plazo de tres días para aportar las pruebas de
descargo pertinentes. El Consejo de la Carrera Judicial resolverá en el
plazo de tres días. Contra dicha resolución no procede recurso alguno.”
Artículo 16. Se reforma el artículo 18, el cual queda así:
“ARTÍCULO 18. Evaluación y elegibilidad. Corresponde a la Escuela
de Estudios Judiciales la evaluación de los aspirantes al cargo de juez,
cualquiera que sea su categoría, la cual se basará en pruebas objetivas

técnicas, científicas y jurídicas así como en entrevistas personales, para
dictaminar ante el Consejo de la Carrera Judicial sobre la idoneidad y
honorabilidad de los postulantes. Los métodos, técnicas, modalidades,
contenidos, criterios de aprobación y valoración se desarrollarán en el
reglamento específico. La Escuela de Estudios Judiciales para el efecto
de la evaluación indicada, si lo considera pertinente, podrá tener auxilio
técnico externo.
Concluido el proceso de evaluación, se elaborará la lista de aprobados
como elegibles, según el orden de las calificaciones obtenidas por cada
aspirante, a partir de la más alta.
Los aspirantes aprobados como elegibles recibirán el curso de formación
inicial que corresponda en la Escuela de Estudios Judiciales, el cual
durará como mínimo un periódo de ocho meses.
Los aspirantes que no fuesen aprobados dispondrán de tres días para
manifestar su inconformidad acompañando los medios de prueba que
consideren pertinentes, ante el Consejo de la Carrera Judicial, el cual
solicitará a la Escuela de Estudios Judiciales que dentro del plazo de tres
días, rinda informe circunstanciado acompañado de la documentación
pertinente. El Consejo de la Carrera Judicial resolverá en el plazo de tres
días posteriores a la entrega del informe circunstanciado. Contra dicha
resolución no procede recurso alguno.”
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
175
Artículo 17. Se reforma el artículo 19, el cual queda así:
“ARTÍCULO 19. Nombramiento de jueces. Atendiendo al orden descendente
a partir de la calificación más alta de la lista de elegibles, la
Corte Suprema de Justicia nombrará a los jueces de paz o de primera
instancia destinados a llenar las plazas vacantes que existan o las nuevas
judicaturas que fuesen creadas.
La Corte Suprema de Justicia de acuerdo al criterio anterior y a la disponibilidad
de plazas vacantes, efectuará los nombramientos de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 24 de la ley.
Los nombrados tomarán posesión dentro del mes siguiente de haber
prestado la protesta respectiva; también podrán ser nombrados para
ocupar el cargo de jueces suplentes, conforme lo establecido en el artículo
34 de esta ley.”

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
176
Artículo 18. Se reforma el artículo 20, el cual queda así:
“ARTÍCULO 20. Renovación de nombramiento de jueces. Vencido
el periódo de funciones de los jueces de primera instancia, la Corte
Suprema de Justicia renovará el nombramiento de los jueces cuyo desempeño
haya sido satisfactorio de acuerdo con la evaluación de su rendimiento
y comportamiento profesional practicado por el Consejo de la
Carrera Judicial.”.
Artículo 19. Se suprime el segundo párrafo del artículo 22.
Artículo 20. Se reforma el artículo 26, el cual queda así:
“ARTÍCULO 26. Traslados y permutas. Los jueces y magistrados podrán
ser trasladados en los casos siguientes:
a) Por razones de servicio, calificadas mediante resolución motivada
del Consejo de la Carrera Judicial, previa audiencia y compensación
económica de los gastos de traslados;
b) Por solicitarlo así el interesado, y si a juicio del Consejo de la
Carrera Judicial haya acumulado méritos en el ejercicio del cargo,
tenga una causa justificada y el traslado no sea inconveniente
para el servicio de la administración de justicia; y
c) En los casos de preferencia a que se refiere el literal c) del artículo
24 de esta ley.
Mediante la permuta los jueces y magistrados de igual categoría y salario
pueden voluntariamente solicitar el intercambio de sus respectivos
puestos al Consejo de la Carrera Judicial, el cual calificará la solicitud
siempre que no afecte las necesidades del servicio y, la Corte Suprema
de Justicia, mediante resolución motivada, decidirá sobre la permuta
solicitada.
En todos los casos se atenderá preferentemente la especialidad en el
ramo en que se desempeñen.”
Artículo 21. Se reforma el inciso d) del artículo 30, el cual queda así:
“d) Por jubilación, que podrá ser voluntaria a los 50 años; y,”

Artículo 22. Se reforma el artículo 31, el cual queda así:
“ARTÍCULO 31. Situación de servicio. Los jueces y magistrados pueden
encontrarse en alguna de estas situaciones:
a) Servicio activo;
b) Excedencia;
c) Licencia; o,
d) Suspensión.
Se encuentran en situación de servicio activo quienes desempeñen un
cargo correspondiente a la Carrera Judicial.
La situación de excedencia tiene lugar cuando un miembro de la carrera
judicial, sin renunciar a tal condición, solicita dejar de prestar servicio
activo en la misma, después de haberlo desempeñado en forma satisfactoria
por lo menos durante dos años, le serán aplicables las prohibiciones
y sanciones contempladas en esta ley. El tiempo de duración de la
excedencia no puede ser mayor de cinco años, transcurridos los cuales
se entenderá perdida la condición de miembro de la carrera. El tiempo
de duración de la excedencia no se acreditará al tiempo de servicio para
efectos de determinar antigüedad. Los jueces que hayan sido nombrados
como magistrados, no están en situación de excedencia durante el
período del ejercicio de la magistratura; sin embargo, al concluir el período
constitucional y no fueren reelectos, podrán ser nombrados como
jueces de primera instancia en base a su especialidad, siempre que haya
disponibilidad de plazas.
La licencia se produce cuando el miembro de la carrera judicial, por
algún motivo justificado, solicitare pasar a esta condición.
La suspensión se produce como consecuencia de resoluciones adoptadas
en procesos penales o en procedimientos disciplinarios.
Las resoluciones relativas a estas situaciones serán competencia del
Consejo de la Carrera Judicial y son aplicables supletoriamente las disposiciones
de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial.”.
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
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178
Artículo 23. Se reforma el artículo 32, el cual queda así:
“ARTÍCULO 32. Evaluación del desempeño. El Consejo de la Carrera
Judicial, mediante la aplicación de instrumentos y técnicas objetivamente
diseñados, certificados y de conformidad con estándares nacionales
e internacionales, acordes en cada área, evaluará el desempeño de los
jueces y magistrados, anualmente o cuando el Consejo de la Carrera Judicial
lo determine. El Consejo de la Carrera Judicial tomará en cuenta,
como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Evaluación disciplinaria: se integra por el comportamiento
apegado a la disciplina del Organismo Judicial. Se descontarán
puntos por las sanciones firmes emitidas por las Juntas de Disciplina
Judicial, antes de transcurrido el plazo de prescripción;
b) Gestión de despacho: se refiere a la cantidad de resoluciones
dictadas durante el periódo de evaluación de la administración
y gerencia de los despachos, en forma directamente proporcional
a la cantidad de casos que han ingresado al órgano jurisdiccional
correspondiente;
c) Calidad: Se calificará la calidad y motivación de los autos y sentencias
emitidas por el juez o magistrado;
d) Evaluación directa: comprende la calificación de entrevista personal
que se haga al evaluado por el Consejo de la Carrera Judicial;
e) Evaluación interna y externa: es la calificación otorgada por los
usuarios del servicio de administración de justicia, así como auxiliares
judiciales del juez evaluado; y
f) Evaluación académica: comprende los créditos obtenidos en
los cursos teóricos y prácticos diseñados e impartidos por la
Escuela de Estudios Judiciales, la cual se puede complementar
con los estudios del juez a nivel de postgrado y méritos por
conocimientos adquiridos de carácter general.
Los resultados de la evaluación de desempeño también servirán como
criterio para los ascensos de jueces, así como para el diagnóstico de
necesidades de capacitación, las cuales deberán ser atendidas por la Escuela
de Estudios Judiciales.”

Artículo 24. Se reforma el último párrafo del artículo 37, el cual queda así:
“La responsabilidad disciplinaria es independiente y sin perjuicio de las
que deriven de la responsabilidad penal, civil y gremial que se determine
conforme a la legislación ordinaria.”
Artículo 25. Se reforma el artículo 40, el cual queda así:
“ARTÍCULO 40. Faltas graves. Son faltas graves:
a) Abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño
del cargo judicial;
b) Incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación
de los procesos o diferir las resoluciones, por motivos que no
sean los señalados en la ley procesal de la materia;
c) No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que por su
naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva;
d) Insultar o proferir frases discriminatorias basadas en motivos
de raza, etnia, prácticas culturales, religión, género, sexo, edad,
idioma o de otra índole en el ejercicio del cargo en contra del
personal de la institución, partes procesales, sus abogados o público
en general;
e) La falta de acatamiento de las disposiciones contenidas en los
reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la Corte Suprema
de Justicia en materia jurisdiccional;
f) Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza
pública;
g) Ausencia injustificada a sus labores por un día;
h) Asistir a sus labores en estado de embriaguez, o bajo el efecto
de estupefacientes, drogas o en cualquier otra condición anormal
análoga, salvo que tenga prescripción médica;
i) Faltar a la verdad en la solicitud de obtención de cualquier tipo
de permiso, traslado, autorización, dietas, viáticos y cualquier
tipo de ayuda o beneficio económico;
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
179

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j) El abuso de la condición de juez o magistrado para obtener un
trato favorable e injustificado por parte de profesionales, autoridades
y funcionarios públicos de cualquier naturaleza;
k) Usar ilegítimamente o permitir a otros el uso ilegítimo de bienes,
herramientas, útiles, distintivos o placas de identificación
del Organismo Judicial;
l) El incumplimiento injustificado de los horarios señalados para
la celebración de audiencias;
m) La inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia
pública que estuvieren señalados;
n) Hacer propaganda política partidista; y,
o) La segunda falta leve que se cometa dentro de un mismo año,
cuando la primera haya sido sancionada”.
180
Artículo 26. Se reforma el artículo 41, el cual queda así:
“ARTÍCULO 41. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas:
a) Desempeñar simultáneamente a la función jurisdiccional cualquier
otro empleo o servicio profesional, salvo el ejercicio de la
docencia universitaria;
b) Interferir en el ejercicio de funciones de los otros Organismos
del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia
a cualquier organismo, institución o persona, que atente
contra el Organismo Judicial;
c) Ocultar prohibición que le sea imputable para el ejercicio de la
función o abstenerse de informar una causal sobrevenida;
d) Faltar injustificadamente al trabajo durante dos o más días consecutivos,
o tres días en el mismo mes;
e) Intentar influir o influir ante otros jueces o magistrados en causas
que tramitan en el marco de sus respectivas competencias
así como aceptar o admitir dichas influencias;
f) Interferir en el criterio de los jueces de grado inferior, en cuanto
a la interpretación o la aplicación de la ley en casos concretos,

salvo cuando se conozca a través de los recursos legalmente establecidos;
g) Aceptar o admitir influencias cuando estas provienen de un
tercero, en causas que los jueces o magistrados tramitan en el
marco de sus respectivas competencias;
h) Cometer cualquier acto de coacción, especialmente aquellos de
índole sexual o laboral;
i) Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas en dinero
o en especie: a las partes, a los abogados que actúen en
casos que conozca o a un tercero;
j) Solicitar, fomentar o tolerar que el personal a su cargo solicite
favores, préstamos o dádivas en dinero o especie a las partes, a
los abogados que actúen en casos que conozca o a un tercero;
k) Emitir resoluciones con manifiesta incompetencia;
l) Revelar hechos, datos o cualquier información conocida, en virtud
del ejercicio de la función judicial o con ocasión de ésta,
cuando se cause algún perjuicio en la tramitación de un proceso
o a cualquier persona;
m) Alterar indebidamente registros electrónicos o de cualquier otro
tipo;
n) La conducta y trato discriminatorio basado en motivos de raza,
etnia, prácticas culturales, religión, género, sexo, edad, idioma
o de otra índole en el ejercicio del cargo en contra del personal
de la institución, partes procesales, sus abogados o público en
general;
o) Extraer, permitir o facilitar la salida de la sede del tribunal de
expedientes o documentos a su cargo; salvo lo establecido en el
artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial;
p) Otorgar medidas precautorias en casos en los cuales conforme
a la ley deba inhibirse, cuando sea evidente su incompetencia;
q) Incurrir en cualquiera de las prohibiciones contempladas en los
incisos a), b), c), d) y f) del artículo 29 de esta ley; y,
r) La segunda falta grave que se cometa en el plazo de un año,
cuando la primera haya sido sancionada.”
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
181

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Artículo 27. Se reforma el inciso c) y se adiciona el inciso d) del artículo 42, el
cual queda así:
“c)
Suspensión sin goce de salario de veintiún (21) días a tres meses;
y
d) Destitución para faltas gravísimas.”
Artículo 28. Se reforma el artículo 44, el cual queda así:
“ARTÍCULO 44. Suspensión. La suspensión sin goce de salario consiste
en la separación temporal del juez o magistrado del ejercicio del cargo.
Atendiendo al principio de proporcionalidad, podrá acordarse hasta por
un máximo de veinte días por las faltas graves y tres meses por faltas
gravísimas. En ambos casos debe dejarse constancia en el registro personal
respectivo.”
182
Artículo 29. Se reforma el artículo 46, el cual queda así:
“ARTÍCULO 46. Prescripción. Las faltas establecidas en la presente ley
prescriben en el plazo de seis meses contado a partir de que la autoridad
competente tenga conocimiento de la falta sin que se haya iniciado el
procedimiento disciplinario.
Este plazo se interrumpe por la presentación de la respectiva gestión escrita
ante quien corresponda. Constarán en los registros de los órganos
disciplinarios del Organismo Judicial, las faltas que sean declaradas con
lugar y sin lugar.
En las certificaciones que extiendan los órganos disciplinarios no se harán
constar aquellas que se declaren sin lugar ni las declaradas con lugar
después de un año de haber sido sancionadas.”
Artículo 30. Se reforma el artículo 47, el cual queda así:
“ARTÍCULO 47. Competencia. Las sanciones disciplinarias previstas
en la presente ley las impondrán las Juntas de Disciplina Judicial, salvo
el caso de la destitución, la cual deberá ser impuesta por la Corte Suprema
de Justicia o el Congreso de la República, según corresponda, por
recomendación de las Juntas de Disciplina Judicial.”

Artículo 31. Se reforma el artículo 49, el cual queda así:
“ARTÍCULO 49: Trámite. Conocido el hecho presumiblemente constitutivo
de falta o recibida la denuncia, la Junta de Disciplina Judicial
ordenará su traslado inmediato a la Supervisión General de Tribunales
para que en un plazo no mayor de diez días realice los actos de investigación
necesarios e informe a la Junta, la que decidirá en forma razonada
sobre su admisibilidad tomando en cuenta los hechos expuestos y la
investigación realizada por la Supervisión General de Tribunales. Dicho
traslado no será necesario cuando la denuncia se hubiere presentado
directamente ante la Supervisión General de Tribunales, en cuyo caso,
dentro del plazo establecido, ésta deberá enviarla a la Junta con el reporte
derivado de su investigación.
Si la denuncia no se admitiere para su trámite, la parte denunciante,
dentro de los tres días siguientes de haber sido notificada de la resolución
respectiva, podrá interponer recurso de apelación ante la Junta de
Disciplina Judicial, del cual conocerá la Junta de Disciplina de Apelación.
Si la denuncia fuere admitida para su trámite, la Junta citará a las partes
a una audiencia, que se celebrará en un plazo que no exceda de quince
días, la que será concentrada, oral y pública; el denunciado, previa notificación,
deberá comparecer bajo el apercibimiento de ser declarado
rebelde si dejare de hacerlo sin justa causa, aceptándose únicamente
una excusa justificada. La audiencia se desarrollará con los demás interesados
que asistan, pero, en todo caso, deberá comparecer obligatoriamente
la Supervisión General de Tribunales, que participará como
parte, para lo cual presentará las pruebas pertinentes, tarea con la que
puede coadyuvar el denunciante. En esa única audiencia contradictoria
se recibirá la prueba propuesta por las partes y los alegatos de quienes
participen en la misma.”
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
183
Artículo 32. Se reforma el artículo 50, el cual queda así:
“ARTÍCULO 50. Resolución. Si al inicio de la audiencia el juez o magistrado
aceptare haber cometido la falta, la Junta de Disciplina Judicial
resolverá en forma razonada sin más trámite. Si no se diere este
supuesto, la Junta continuará con el desarrollo de la audiencia, dando
la palabra a las partes involucradas y recibiendo los medios de prueba
que las mismas aporten o que se hayan acordado de oficio, los que deberán
ser analizados y valorados integralmente y de manera objetiva. El

Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala
184
procedimiento disciplinario se impulsará y actuará de oficio, y la Junta
pronunciará su resolución o recomendación en forma razonada en la
propia audiencia o dentro del plazo de tres días. Cuando la sanción a
imponer sea la de destitución, la Junta de Disciplina Judicial enviará
el expediente completo con su recomendación a la Corte Suprema de
Justicia o al Congreso de la República, según se trate de un juez o un
magistrado, para su resolución en forma motivada.”
Artículo 33. Se reforma el artículo 51, el cual queda así:
“ARTÍCULO 51: Derecho de apelación. Contra las resoluciones definitivas
emitidas por la Junta de Disciplina Judicial se podrá interponer
Recurso de Apelación, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación.
El mismo será interpuesto ante la Junta de Disciplina Judicial,
la cual lo admitirá para su trámite, y de inmediato, lo remitirá a la Junta
de Disciplina de Apelación, por intermedio de su Presidente, para que
previa convocatoria de éste a los otros miembros de la Junta de Disciplina
de Apelación, ésta conozca del recurso interpuesto.
La Junta de Disciplina de Apelación citará a las partes a una audiencia
en un plazo que no excederá de cinco días, para que se manifiesten
sobre el recurso interpuesto, concediendo la palabra en primer lugar al
apelante. No se admitirán réplicas. La Junta resolverá, sin más trámite,
preferentemente en la propia audiencia o en el plazo de tres días, confirmando,
revocando o anulando la resolución recurrida. Contra lo resuelto
por la Junta de Disciplina de Apelación no cabrá recurso alguno.”
Artículo 34. Se adiciona el artículo 57 Bis, el cual queda así:
“Artículo 57 “Bis”. Convocatoria. El Consejo de la Carrera Judicial
convocará dentro de los seis meses siguientes a la vigencia del presente
decreto, a concurso por oposición de los siguientes cargos: integrantes
de las Juntas de Disciplina Judicial, Junta de Disciplina de Apelación,
Secretario del Consejo de la Carrera Judicial, Director de la Escuela de
Estudios Judiciales y Supervisor General de Tribunales; dicho concurso
deberá concluir en un plazo no mayor de tres meses contados desde la
fecha de convocatoria.”

Artículo 35. Se adiciona el artículo 57 Ter, el cual queda así:
“Artículo 57 “Ter”. Cesación. Las personas que actualmente integren
la Junta de Disciplina Judicial y aquellas que ocupen los cargos de Secretario
del Consejo de la Carrera Judicial, Director de la Escuela de
Estudios Judiciales y Supervisor General de Tribunales cesarán en sus
funciones al tomar posesión las personas designadas de conformidad
con lo dispuesto en el artículo anterior.”
Artículo 36. Se adiciona el artículo 57 Quáter, el cual queda así:
“Artículo 57 “Quáter”. Procedimientos pendientes. Los procedimientos
que estén en trámite a la fecha en que entre en vigencia el presente
decreto se sustanciarán y resolverán conforme a la norma vigente
al momento de su iniciación.”
INICIATIVA DE LEY DE REFORMAS A LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL
Artículo 37. Se adiciona el artículo 57 Quinquies, el cual queda así:
“Artículo 57 “Quinquies”. La Corte Suprema de Justicia deberá incluir
en el presupuesto correspondiente, el monto necesario para fortalecer
y reestructurar la Supervisión General de Tribunales, y para el funcionamiento
de las Juntas de Disciplina Judicial y la Junta de Disciplina de
Apelación.”
185
Artículo 38. Se reforma el inciso m) del artículo 54 de la Ley del Organismo
Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República, el cual queda así:
“m)
Cuando lo considere conveniente o a solicitud de parte interesada,
pedir informe sobre la marcha de la administración de
justicia.”
Artículo 39. Se reforma el inciso d) del artículo 88 de la Ley del Organismo
Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República, el cual queda así:
“d)
Cuidar que los jueces de primera instancia, jueces menores o
cualesquiera otras personas cumplan sus funciones y los plazos
con apego a la ley o evacuen las diligencias que por despacho
o en otra forma se les encargue.”

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Artículo 40. Emisión y actualización de reglamentos. El reglamento general
de la Ley de la Carrera Judicial y demás cuerpos normativos conexos, deberán
ser actualizados en el plazo de seis meses, a efecto de que guarden congruencia
con las reformas contenidas en el presente decreto. Los reglamentos específicos
que a la fecha no se hayan emitido, deberán aprobarse en el plazo de diez meses
después de la vigencia de la presente ley.
Artículo 41. Derogatorias. Quedan derogados:
a) Los incisos b), c) y d) del artículo 100 de la Ley del Organismo
Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de
Guatemala,
b) El capítulo IV “Comisiones de Postulación”, que comprende los
artículos 9, 10 y 11 de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto
Número 41-99 del Congreso de la República de Guatemala.
186
Artículo 42. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia treinta días después
de su publicación en el diario oficial.
Guatemala, Palacio de Justicia, diecisiete de abril de dos mil trece.
PONENTE:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La presente edición de Sapere Aude –Atrévete a pensar–
se realizó en Magna Terra editores, (5ta. avenida 4-75 zona 2,
Ciudad de Guatemala, teléfono (502) 2238-0175) en junio
de 2013. El tiro sobre papel bond beige 80 gramos
consta de 2,000 ejemplares.

Formación para la Justicia y la Paz
Escuela de Estudios Judiciales
Lote 12, finca San Gaspar, aldea Santa Rosita, zona 16
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