REVISTA ELECTRÓNICA - Facultad de Derecho

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALREVISTAELECTRÓNICAAÑO IIN° 3 - 2008

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPAL“LA INTANGIBILIDAD DE LOS CONTRATOS LEY:GARANTIA PARA LA INVERSIÓN PRIVADA ENPROYECTOS PÚBLICÓS”EDWIN FLORES TORREJONI.(i)(2) INTRODUCCIÓNDurante la década de los 90´s y gran parte del presente decenio, el Perú atravesabapor una grave crisis de credibilidad por el alto índice de desconfianza y corrupción ensus autoridades públicas y políticas; en ese sentido, un estudio del Centro deInvestigación de la Universidad del Pacífico, determinaba que el Perú era el paísmenos confiable de América Latina, situándose tercero, únicamente después deEcuador y México, en la percepción de corrupción de funcionarios. Asimismo,Transparencia Internacional ubicaba al Perú en el puesto 65 de 158 países en el índicede percepción de la corrupción e igualmente el Banco Mundial señalaba que el Perú seubicaba en el puesto 10 dentro de los indicadores de cumplimiento de la ley, con unsubíndice de aprobación debajo de la media.La situación expuesta, vergonzosa para los peruanos, fue originado por una sucesiónde hechos continuados que se remontan a la década de los 80, periodo en el cualvivimos el gobierno mas desastroso de la historia peruana y que alcanzó su augedurante el gobierno de Alberto Fujimori y su nefasto asesor Vladimiro Montesinos,quienes aprovechando la ausencia de una legislación específica y adecuada sobreprotección de la inversión privada, promulgaron normas a la medida de los postoresque ofrecieran mas beneficios para sus intereses personales, y que ahora nos pasa lafactura, pues el Estado se encuentra atada de manos para revertir o mejorar lasituación de diversos contratos suscritos en aquella época, teniendo que soportar opermitir situaciones abusivas o lesivas para los intereses de la población, aún a riesgode inminentes costos políticos, pero procurando mantener una estabilidad política queotorgue seguridad a los capitales extranjeros deseosos de invertir en el país, y quegenerará recursos, desarrollo y empleo.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALA modo de referencia cabe señalar que, a fines de los años 70, no existía en el Perú,ningún medio jurídico o de otra naturaleza que sirviera como recurso de protección a lainversión privada en proyectos públicos; es por ello que, en ese entonces, antecualquier controversia surgida por decisiones unilaterales y/o arbitrarias del Estado,únicamente podía recurrirse a los órganos jurisdiccionales o en su defecto a laprotección diplomática del Estado al que pertenece el inversionista.A fines de los años 80, la apertura de la mayor parte de las economías a la empresaprivada y la creación de un sistema de mercado que permite la concesión de garantíasal capital nacional o extranjero, marcan una nueva etapa en las relaciones Estado –Inversionistas. Entonces la vieja concepción de los inversionistas extranjeros de que losestados latinoamericanos eran tradicionalmente sostenedores de sus tribunalesnacionales, quedó atrás.Se ha llegado aún mas lejos, Estados como el Peruano han suscrito conveniosbilaterales de promoción y protección de inversiones como el suscrito con el Reino deEspaña o con el Gobierno de Chile, por mencionar solo dos, que han sido objeto demención pública, que prevé -mas allá del ámbito contractual- la protección a losinversionistas frente a tratos discriminatorios, confiscatorios o expropiatorios,garantizando al inversor la opción de recurrir a tribunales internacionales como losestablecidos de UNCITRAL y CIADI.Los Estados receptores de la inversión comprobaron que en el mundo actual, la únicamanera de establecer y conservar un flujo internacional adecuado de capitales era através de la fijación y mantenimiento de reglas claras, equilibradas, equitativas einstitucionalizadas que crearán un clima satisfactorio para las inversiones.Es entonces cuando surge la idea de crear los contratos de Estado, o mejor conocidoscomo contratos ley, los mismos que comenzarían a incorporarse progresivamente enlas constituciones estatales, entre ellas las del Perú; específicamente en la ConstituciónPolítica del año 1993, actualmente vigente.(i)Es en ese contexto y con la finalidad de atraer la inversión privada, nacional yextranjera, requerida para fomentar el desarrollo del país, en el año 1996 se crea unainstitución especializada, inicialmente conocida como PROMCEPRI, posteriormentedenominada Comisión de Promoción de la Inversión Privada – COPRI y actualmenteconocida con Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN,organismo responsable de la promoción estratégica, atención al inversionista ypromoción de la inversión privada en proyectos y activos públicos.Como parte de sus funciones, PROINVERSIÓN está encargada de formular, proponery ejecutar la política nacional de tratamiento a la inversión privada, en concordanciacon los planes económicos y la política de integración; lleva un registro de la inversión

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALextranjera; tramita y suscribe los convenios de estabilidad jurídica; y, coordina ynegocia los convenios internacionales de inversión.Es importante precisar que, en el caso específico de los Gobiernos Regionales yGobiernos Locales, éstos actúan con absoluta autonomía en la suscripción de loscontratos de concesión que tengan por objeto asuntos de sus competencias,debidamente establecidas en sus correspondientes Leyes Orgánicas; tratandodirectamente, asimismo, los asuntos relacionados a la promoción de la inversiónprivada y la estabilidad jurídica y tributaria que pueden ofrecer dentro del ámbito de susjurisdicciones y competencias. Sin embargo, pueden recurrir voluntariamente aPROINVERSION para que se encarguen de todo el proceso indicado o en su defectolos asesoren en dicho proceso.A efectos de abordar el tema materia del presente artículo, es necesario referenciardeterminados aspectos y conceptos generales relacionados a las concesiones o lasdiversas modalidades de inversión privada en actividades del Estado que posibilita lalegislación peruana vigente. En ese sentido partiremos por definir la concesión, en laacepción general que implica la participación de inversionistas privados en lasactividades públicas.CONCEPTO DE CONCESIÓNLa concesión es el Acto administrativo o contrato administrativo que otorga al particularel derecho al goce de una cosa o competencia propia de la administración; o bien, asícomo el acto administrativo que transfiere al particular potestades o facultades propiasde la administración.En la legislación peruana la concesión esta considerada como una modalidad departicipación de la inversión privada en proyectos públicos, siendo regulada por la LeyNº 28059 – Ley Marco de Promoción de la inversión Descentralizada y su Reglamento,aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2004-PCM. En las indicadas normas se definea la concesión como el método de gestión indirecta por medio del cual el Estado,otorga a un particular las facultades necesarias para la gestión, ejecución yexplotación de determinadas obras de infraestructura pública o la prestación deservicios públicos, por un plazo determinado, para beneficio de la colectividad y laactividad particular; asumiendo el concesionario el riesgo económico de laexplotación a cambio de réditos económicos derivadas de ésta.(a)(b)Para esta modalidad son aplicables losprocesos de selección denominados: Licitación Pública Especial y/o Concurso de ProyectosIntegrales, cuyo procedimiento y formalidades para su convocatoria, al igual que en el caso dela Subasta Pública, no esta regulado por norma alguna de manera específica y detallada, como

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALcorrespondería para evitar arbitrariedades o actos de corrupción, sino que únicamente seestablecen criterios genéricos, que resultan insuficientes para la transparencia e imparcialidadque debe regir el accionar de toda entidad gubernamental.(ii) MARCO JURIDICO LIBERAL Y ESTABLEPARA LA INVERSIÓN EXTRANJERACon la finalidad de captar los recursos financieros y tecnológicos requeridos paraexplotar los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas potencialidadesproductivas existentes en el país, el Perú ha establecido un marco legal estable yatractivo para la inversión privada, tanto nacional como extranjera.1. NORMAS CONSTITUCIONALESLa Constitución Política del Perú contiene normas que consagran principiosesenciales para garantizar un marco jurídico favorable para el desarrollo de lainversión privada en general y de la inversión extranjera en particular, tales como:a) La libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado ypluralismo económico.b) La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria.c) La definición del rol subsidiario del Estado en la actividad económica.d) La libre competencia y la prohibición del establecimiento de monopolios y elcombate al abuso de la posición de dominio.e) La libertad de contratar.f) La facultad del Estado de establecer garantías y otorgar seguridades mediantecontratos ley.g) La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera.h) La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado atribunales arbitrales nacionales o internacionales.i) La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera.j) La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causales excepcionalesque facultan una expropiación previo pago justipreciado; la aplicación del principiode igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún tributo puedetener efectos confiscatorios.2. LEGISLACIÓN MARCO

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALLa piedra angular de un sólido marco legal, que establece las reglas claras y lasseguridades necesarias para el desarrollo de inversiones extranjeras en el país, es elDecreto Legislativo Nº 662, aprobado en agosto de 1991.El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras escomplementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada,aprobada por Decreto Legislativo N° 757 y el Reglamento de los Regímenes de Garantía ala Inversión Privada aprobado por el Decreto Supremo 162-92-EF; así como normasmodificatorias y complementarias.El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de «tratonacional”. Las inversiones foráneas son permitidas sin restricciones en la granmayoría de actividades económicas y no requiere de autorización previa por sucondición de extranjera. La adquisición de acciones de propiedad de inversionistasnacionales es completamente permitida, tanto a través del mercado bursátil como através de operaciones extrabursátiles.En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, estánen la misma condición que los peruanos. Sin embargo, dentro de cincuentakilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas,tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, con excepción de loscasos de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobadopor el Consejo de Ministros.Respetando los compromisos asumidos en la OMC, ningún mecanismo de selecciónni requisito de rendimiento es aplicado o exigido a la inversión extranjera por sucondición de tal. En los casos de inversiones que gozan de beneficios derivados de lasuscripción de convenios de estabilidad jurídica con el Estado, los requerimientos sonlos mismos que aquellos planteados para inversionistas nacionales.Toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la formaque juzgue conveniente. Se ha derogado toda disposición legal que fije modalidadesde producción o índices de productividad, que prohíba u obligue a la utilización deinsumos o procesos tecnológicos y, en general, intervenga en los procesosproductivos de las empresas en función al tipo de actividad económica quedesarrollen, su capacidad instalada, cualquier otro factor económico similar, salvo lasdisposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación delmedio ambiente y la salud.La inversión extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formasempresariales reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades:a) Inversión Extranjera Directa, como aporte al capital social.b) Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales.c) Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional.d) Inversiones en cartera.e) Las contribuciones tecnológicas intangibles.f) Cualquier otra modalidad de inversión que contribuya al desarrollo del país.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPAL3. DERECHOS BÁSICOS DEL INVERSIONISTA EXTRANJEROComo derechos básicos del inversionista extranjero, dentro del marco de promociónde la inversión extranjera, podemos destacar las siguientes:a) El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversionista nacional.b) La libertad de comercio e industria, y la libertad de exportación e importación.c) La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos,previo pago de los impuestos que le correspondan.d) El derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el mercadopara el tipo de operación cambiaria que se trate.e) El derecho a la libre reexportación del capital invertido, en el caso de venta deacciones, reducción de capital o liquidación parcial o total de las inversiones.f) El acceso irrestricto al crédito interno, bajo las mismas condiciones que elinversionista nacional.g) Libre contratación de tecnología y remesa de regalías.h) La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversionistas nacionales.i) La posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversión.j) Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurídica, para suinversión en el país.4. CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICAEl Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas nacionales yextranjeros y a las empresas en que ellos invierten, mediante la suscripción deconvenios que tienen carácter de contrato-ley, y que se sujetan a las disposicionesgenerales sobre contratos establecidas en el Código Civil4.1. Garantías que el Estado reconoce a los Inversionistasa) Tratamiento de igualdad, por el cual la legislación nacional no discrimina a losinversionistas en empresas, en términos de su condición de nacional oextranjero.b) Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta, aplicable al inversionista,vigente al momento de suscripción del convenio.c) Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa deutilidades, dividendos y regalías en el caso de capitales extranjeros.4.2. Garantías que el Estado reconoce a la empresa receptora de la inversióna) Estabilidad de los regímenes de contratación laboral vigentes al momento desuscripción del convenio.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALb) Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones que sean deaplicación al momento de suscribirse el convenio.c) Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta.4.3. Requisitos para suscribir los Convenios de Estabilidad JurídicaPodrán suscribir los convenios de estabilidad jurídica los inversionistas y lasempresas receptoras de inversión, tanto en el caso de constitución de nuevasempresas como en el de ampliación del capital social de empresas establecidas;así como los inversionistas participantes en el proceso de privatización yconcesiones y las empresas involucradas en dicho proceso, que cumplan conlos siguientes requisitos:a) Compromiso de inversión por parte del inversionistaEl inversionista deberá cumplir con uno de los cuatro compromisos deinversión señalados a continuación:- Efectuar, en el plazo de 2 años, aportes de capital por un monto no menorde US$ 5 millones en cualquier sector de la economía, con excepción de lossectores minería e hidrocarburos.- Efectuar, en el plazo de 2 años, aportes de capital por un monto no menorde US$ 10 millones. en los sectores minería e hidrocarburos.- Adquirir más del 50% de las acciones de una empresa en proceso deprivatización.- Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria de un contrato deconcesión.b) Requisitos que debe cumplir la empresa receptora de inversión- Que uno de sus accionistas haya suscrito el correspondiente convenio deestabilidad jurídica.- En caso se solicite la estabilidad tributaria, que los aportes a recibirrepresenten un incremento del 50% respecto del monto total de capital yreservas, y sean destinados a incrementar la capacidad productiva o aldesarrollo tecnológico de la empresa.- Que se trate de la transferencia de más del 50% de las acciones de laempresa, cuando se trate de proceso de privatización.- Que se trate de una sociedad beneficiaria de un contrato de concesión.c) Plazo de vigenciaLa vigencia de los convenios es de 10 años. En el caso de concesiones, elplazo de vigencia del convenio de estabilidad jurídica se extiende por el plazode vigencia de la concesión.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALd) Solución de ControversiasLos convenios de estabilidad jurídica derivan la solución de controversias atribunales arbitrales.5. ACUERDOS DE INVERSIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONALCon la finalidad de consolidar un marco jurídico que garantice y proteja la inversión ycoadyuve a crear el adecuado clima para fomentar un mayor flujo de inversionesextranjeras, el Perú ha sido muy activo en la negociación de instrumentos decarácter bilateral, regional y multilateral, que tienen por finalidad establecer garantíasde tratamiento, protección y acceso a mecanismos de solución de controversiasaplicables a las inversiones. Se han suscrito 30 convenios bilaterales de promocióny protección recíproca de inversiones con países de la Cuenca del Pacífico, Europay América Latina, asimismo se ha suscrito un convenio con OPIC que facilita suoperación otorgando coberturas a inversiones que se desarrollan en el Perú. Perútambién es miembro del MIGA y se ha adherido a la Convención Constitutiva delCIADI, así como la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de lasSentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York).El Acuerdo de Promoción Comercial del Perú – Estados Unidos fue suscrito en laciudad de Washington el 12 de abril de 2006 y ratificado por el Gobierno Peruano el30 de junio de 2006.6. EL RÉGIMEN TRIBUTARIOEl Régimen Tributario Peruano se encuentra compuesto, entre otros, por lossiguientes impuestos: Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas,Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Temporal a los Activos Netos e Impuestoa las Transacciones Financieras además del régimen aduanero.6.1. Impuesto a la RentaEs un tributo de periodicidad anual, que se aplica sobre las rentas obtenidas porlos contribuyentes domiciliados en el país y los contribuyentes no domiciliados enel país sólo con respecto a la renta proveniente de fuente peruana. En el caso deempresas, el impuesto se aplica sobre cualquier ganancia o beneficio derivado deoperaciones con terceros, así como sobre el resultado por exposición a lainflación determinado al cierre de cada ejercicio económico. .6.2. Impuesto General a las VentasEl Impuesto se aplica sobre la venta en el país de bienes muebles, la prestación outilización de los servicios en el país, los contratos de construcción, la primeraventa de bienes inmuebles que realicen los constructores de los mismos y laimportación de bienes. La tasa aplicable es del 19%, la cual incluye la tasa deImpuesto de Promoción Municipal.6.3. Impuesto Selectivo al Consumo

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALEl Impuesto grava la venta en el país, a nivel de productor, y la importación debienes tales como cigarrillos, bebidas alcohólicas, agua gaseosa y mineral, otrosartículos de lujo, combustibles, juegos de casino y apuestas. La tasa del impuestofluctúa entre 0%, 2%, 10% 17%, 20%, 30% y 125%, según el tipo de bien oservicio.6.4. Impuesto Temporal a los Activos NetosEs un impuesto de carácter temporal que se encontrará vigente hasta el 31 dediciembre del año 2006. El impuesto se aplica sobre el valor de los Activos Netosal 31 de diciembre del año anterior.El impuesto efectivamente pagado podrá ser utilizado como crédito contra lospagos a cuenta o el pago de regularización del Impuesto a la Renta.6.5. Impuesto a las Transacciones FinancierasSe trata de un impuesto de carácter temporal que grava con la alícuota de 0.08%las operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera (tanto débitos comocréditos). El impuesto será deducible para efectos del Impuesto a la Renta yregirá hasta el 31 de diciembre de 2006.7. EL RÉGIMEN LABORALLa legislación prevé distintas modalidades de contratación laboral, incluyendocontratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra oservicio.Las empresas establecidas en el Perú pueden contratar personal extranjero en unaproporción de hasta 20% del número total de sus trabajadores. Las remuneracionesde dicho personal extranjero no podrá exceder el 30% del total de la planilla de laempresa. Los contratos de trabajadores extranjeros deben ser celebrados porescrito y a plazo determinado, por un período máximo de 3 años prorrogables,sucesivamente por períodos similares.El empleador puede solicitar exoneración de los porcentajes limitativos antesreferidos, cuando se trate de personal profesional o técnico especializado, así comocuando se trate de personal de dirección y/o gerencial de una nueva actividadempresarial o en caso de reconversión empresarial.Por otro lado, las empresas tienen la posibilidad de contratar trabajadorestemporalmente, por intermedio de las Cooperativas de Fomento del Empleo y lasempresas de intermediación laboral.En estos casos, no existe un vínculo laboral directo entre el trabajador y elempleador y se aplica un porcentaje tope de 20% con relación al número detrabajadores que mantienen vínculo laboral directo."A través de las Modalidades Formativas, las empresas pueden celebrar conveniosque relacionan el aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareasprogramadas de capacitación y formación profesional. Para el caso específico deCapacitación Laboral Juvenil, el número de beneficiarios no puede exceder al 20%

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALdel total del personal del área u ocupación específica ni del 20% del total detrabajadores de la empresa. Este límite se puede incrementar en un 10% adicionalsiempre y cuando este porcentaje esté compuesto exclusivamente por jóvenes condiscapacidad, así como, por jóvenes madres con responsabilidades familiares."El régimen laboral establece una jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horassemanales como máximo, para trabajadores mayores de 18 años, el trabajo ensobre tiempo se abona con un recargo a convenir, el mismo que no podrá serinferior al 25% del valor hora normal, para las primeras dos horas, y 35% para lashoras restantes. El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 24 horasconsecutivas a la semana, así como a descanso en los días festivos reconocidos porla ley.8. INCENTIVOS A LA INVERSIÓN8.1. Régimen de Recuperación AnticipadaEl régimen consiste en la devolución del Impuesto General a las Ventas pagado enlas importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital realizadas porpersonas naturales o jurídicas que se dediquen en el país a actividadesproductivas de bienes y servicios destinados a exportación o cuya venta seencuentre gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV), y que no haniniciado aún sus actividades comerciales.Por otro lado, las empresas que suscriban con el Estado, al amparo de leyessectoriales para el desarrollo, exploración y/o explotación de recursos naturales, yaquellas que celebren contratos de concesión con el Estado para el desarrollo deobras de infraestructura y servicios públicos, podrán acceder al régimen, respectode las importaciones y adquisiciones locales de bienes, servicios y contratos deconstrucción requeridos para la ejecución del proyecto materia del contrato.Mediante Resolución Suprema se califica a las empresas que cumplen con losrequisitos para acceder a este beneficio.8.2. Incentivos a la AgriculturaEl Gobierno ha declarado de interés prioritario la inversión y desarrollo del sectoragrario, estableciendo incentivos que son aplicables a las personas naturales ojurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepción de la industriaforestal. Asimismo, son beneficiarios, las personas naturales o jurídicas querealicen actividad agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productosagropecuarios, producidos directamente o adquiridos de las personas quedesarrollen cultivo y/o crianzas, en áreas donde se producen dichos productos,fuera de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. No estánincluidas las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillasoleaginosas, aceites y cerveza.8.3. Incentivos a la Acuicultura

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALEl Estado promueve la actividad acuícola, la cual comprende el cultivo de especieshidrobiológicas en forma organizada y tecnificada, en medios o ambientesseleccionados, controlados, naturales, acondicionados o artificiales, ya sea querealicen el ciclo biológico parcial o completo, en aguas marinas, continentales osalobres. La actividad acuícola comprende también la investigación y elprocesamiento primario de los productos provenientes de dicha actividad.8.4. Ley de la AmazoníaCon la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía,se han establecido condiciones tributarias especiales para favorecer la inversiónprivada:a. Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, dedicados principalmente a las actividades económicas:agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo; así como a las actividades manufactureras vinculadas alprocesamiento, transformación y comercialización de productos primarios provenientes de las actividadesantes indicadas y a la transformación forestal, siempre que sean producidos en la zona; así como, a lasactividades de extracción forestal, aplicarán para efectos del Impuesto a la Renta correspondiente arentas de tercera categoría, una tasa del: 10% o 5%, dependiendo de su localización geográfica.b. Los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades agrarias y/o detransformación o procesamiento de los productos calificados como cultivo nativo y/o producto alternativoal cultivo de la coca, en dicho ámbito, estarán exoneradas del Impuesto a la Renta.c. En el caso de la palma aceitera, el café y el cacao, la exoneración antes referida sólo será de aplicacióna la producción agrícola. Las empresas de transformación o de procesamiento de estos productosaplicarán por concepto del Impuesto a la Renta la tasa de 10% o 5%, según su localización geográfica.d. Las empresas dedicadas a la actividad de comercio en la Amazonía que reinviertan no menos del 30%de su renta neta, en Proyectos de Inversión podrán aplicar para efecto del Impuesto a la Rentacorrespondiente a rentas de tercera categoría, una tasa del: 10% o 5%, según su localización geográfica.9. LA PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA EN OBRAS PUBLICAS DEINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOSMediante el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM,se establece que la promoción de la inversión privada en obras públicas deinfraestructura y de servicios públicos, se realiza a través del otorgamiento deconcesiones.La entidad competente del Gobierno Nacional para promover proyectos deinversiones, bajo la modalidad de concesiones, es PROINVERSIÓN. A nivel regionalo local, los propios Gobiernos Regionales o Municipales son competentes parapromover proyectos de inversión dentro de sus jurisdicciones.En PROINVERSIÓN, los procesos de entrega de concesión de obras públicas deinfraestructura y de servicios públicos son conducidos por el Comité Especial enProyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos.Las concesiones se otorgan a través de Licitaciones Públicas Especiales oConcursos de Proyectos Integrales nacionales o internacionales y se formalizan conla firma de un contrato de naturaleza administrativa.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALEl contrato de concesión otorga al concesionario la ejecución y explotación dedeterminadas obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicospor un plazo establecido.El contrato de concesión establecerá, en su caso, los mecanismos que aseguren alconcesionario la percepción de los ingresos por tarifas, precios, peajes u otrossistemas de recuperación de las inversiones, de acuerdo con la naturaleza de laconcesión. El concesionario no podrá establecer exenciones en favor de usuarioalguno.Las concesiones podrán otorgarse bajo cualquiera de las siguientes modalidades:a) A título oneroso (el concesionario realizará una contribución en dinero u otorgaráuna participación sobre sus beneficios a favor del Estado).b) A título gratuito.c) Cofinanciada por el Estado (con entregas durante la etapa de construcción o deexplotación, reintegrables o no).d) Mixta, cuando concurran más de una de las modalidades antes señaladas.El concesionario percibirá como compensación por las obras y servicios que explote:a) La tarifa, precio, peaje, u otro sistema de recuperación de la inversiónestablecido.b) Los beneficios adicionales expresamente convenidos en el contrato, tales comoconcesiones para servicios turísticos, autoservicios, publicidad y otros.El plazo de vigencia de las concesiones es aquel que se indique en el contrato, elque en ningún caso excederá de sesenta (60) años. La vigencia se contará a partirde la fecha de celebración del contrato respectivo.El Estado podrá someter las controversias de carácter patrimonial derivadas de lasconcesiones a arbitraje nacional o internacional de acuerdo con lo establecido en laConstitución Política del Perú, aunque no se hubiera celebrado el contrato.Asimismo, los concesionarios podrán contratar dentro o fuera del país seguros quecubran sus inversiones contra riesgos comerciales y no comerciales.10. MARCO LEGAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADAMediante la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, expedida en el año2002, se da inicio a la primera etapa del proceso de descentralización del país y sedesarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre descentralización, que regulala estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada ydesconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales yGobiernos Locales.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALAsimismo, se define las normas que regulan la descentralización administrativa,económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. De otro lado, la norma antescitada regula la conformación de las regiones (en esta primera etapa se establecenlos Gobiernos Regionales que se constituyen sobre la jurisdicción territorial de losdepartamentos del Perú) y municipalidades; fija las competencias exclusivas,compartidas y delegables de los tres niveles de gobierno y determina los bienes yrecursos de los gobiernos regionales y locales; y, regula las relaciones de gobiernoen sus distintos niveles.La Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que losGobiernos Regionales ejercen determinadas funciones generales con sujeción alordenamiento jurídico establecido por la Constitución, la Ley de Bases deDescentralización y demás leyes de la República. Asimismo, desarrollan tambiénfunciones específicas, sobre la base de las políticas regionales, las cuales seformulan en concordancia con las políticas nacionales sobre la materia.En virtud de esta ley, los Gobiernos Regionales se encuentran facultados parapromover proyectos de inversión privada en sus jurisdicciones territoriales y dentrodel marco de sus funciones y competencias. Para tal efecto, pueden otorgarconcesiones y celebrar toda clase de contratos que busquen promover inversiónprivada sobre recursos de propiedad regional. Sin embargo, la ley establece laposibilidad que para ello, los gobiernos regionales puedan solicitar asistencia técnicaa entidades especializadas como el caso de PROINVERSIÓN.Mediante la Ley N° 27972, que aprueba la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, se sientan las bases, entreotros aspecto, para que los gobiernos locales puedan llevar adelante sus propios procesos de promoción de lainversión privada tanto en lo que se refiere a venta de activos, arrendamiento o modalidades similares, como enlo que respecta a la entrega de concesiones de obras públicas de infraestructura y servicios públicos. Estoquiere decir que cada municipalidad se encuentra facultada legalmente para de acuerdo a sus competencias yfunciones, promover la ejecución de proyectos de inversión privada, sea de manera directa o con el apoyotécnico de PROINVERSIÓN.Promoción de la Inversión DescentralizadaMediante la Ley Nº 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizaday su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2004-PCM se haestablecido el marco normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno(nacional, regional y local), promueva la inversión de manera descentralizada comoherramienta para lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible de cada región,en alianza estratégica entre los gobiernos regionales, locales, la inversión privada yla sociedad civil.DEFINICIÓN DE LOS CONTRATOS LEYLos contratos ley son contratos por los cuales el estado otorga a un particular garantíaso seguridades que no pueden ser modificados legislativamente. Se caracterizan porser acuerdos contractuales suscritos entre el Estado y los inversionistas privados –nacionales o extranjeros- otorgándoseles a éstos últimos garantías específicas,generalmente de naturaleza política-económica.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALSe trata de formulas contractuales por la cual el Estado unilateral y constitucionalmenteotorga a un particular determinadas seguridades jurídicas, lo que implica reconocerleun estatuto jurídico particular y anticipado que hace inalterables las reglas jurídicas delmomento del contrato. En ese sentido, aun cuando fueran modificadas dichas reglasen lo general, esto es, por acto del Estado durante la vigencia del contrato, alcontratante no le será aplicable tal modificación.Se considera entonces que los contratos ley otorgan a los pactado un blindajeconstitucional que hace impenetrable a la vida del contrato las leyes que se dictenposteriormente.En el Perú el artículo 62º de la Constitución Política del Estado le otorga carácterconstitucional a la figura de los contratos ley, la misma que se sustentó en losdispuesto por el artículo 1357º del Código Civil peruano.El régimen económico que establece la Constitución presupone que el Estado debeocupar un puesto de suplencia en aquellas actividades que puedan efectuar losparticulares. Pero para tal finalidad es indispensable garantizar un marco normativoestable que permita a dichos particulares intervenir en cualquier sector de la economía,incluso en aquellos que se creían reservados al Estado, sin que se vena amenazadospor alguna iniciativa intervensionista.En síntesis, se garantiza la seguridad jurídica indispensable a las relacionesparticulares con el estado, cuando éste actúa en uso de sus poderes de imperium.ANTECEDENTES DE LOS CONTRATOS LEYA partir del año 1991 en el Perú se emitió un conjunto normativo que tuvo por finalidadotorgar garantías para la estabilidad jurídica de los inversionistas, entre ellas el decretoLegislativo Nº 757 – Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada, mediante elcual se fomentaba la suscripción de convenios – cumpliendo ciertos requisitos ymontos mínimos de inversión -, que otorguen a los inversionistas estabilidad en losregímenes de contratación laboral, de promoción de exportaciones, del régimen delimpuesto a la renta, entre otros.Posteriormente el contrato ley fue reconocido constitucionalmente, al promulgarse lanueva Constitución Política del Estado del año 1993, en cuyo artículo 62º se establecede una parte diversas garantías para el ejercicio del derecho a la libertad contractual,que abarcaba la libertad de establecer términos contractuales válidos según la

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALnormatividad vigente al momento de suscribirse el contrato respectivo; lainmodificabilidad de los términos contractuales por leyes u otras disposiciones decualquier naturaleza posteriores a la celebración del contrato; y, la exclusividad de lavía arbitral o judicial según lo que este previsto en el contrato o ley para la solución delas controversias derivadas del una relación contractual.Adicionalmente a las indicadas garantías comunes a todos los contratos celebradas alamparo de la legislación peruana, el artículo en mención contempla la posibilidad deque el Estado pueda celebrar contratos por medio de los cuales establezca garantías yotorgue seguridades, no pudiendo ser dichos contratos modificados legislativamente.Si bien la disposición legal materia de análisis no establece expresamente el tipo degarantías, la finalidad de ellas o a quines debe otorgarse las mismas, aplicando unainterpretación en virtud al principio de unidad de la Constitución, podría afirmarse quelas garantías deben otorgarse respetando irrestrictamente el principio de igualdad, loque implicaría no admitir en extremo alguno la discriminación.Es menester indicar que el artículo 62º en comentario, constituye la culminación yconsolidación de varias antecedentes legislativos, entre los que podemos resaltar a laLey Nº 9140, del año 1940, mediante la cual se autorizaba al Poder Ejecutivo acelebrar contratos para conceder exoneraciones tributarias. Asimismo debe citarse a laLey Nº 11357 – Código de Minería, que contemplaba la posibilidad de otorgarbeneficios y garantías tributarias; la Ley Nº 13270 – Ley de Promoción Industrial, queconcedió exoneraciones y otros beneficios a empresas industriales, entre otrasnormas, que incluyen al Código Civil del año 1984, que preceptua que por leysustentada en razones de interés social, nacional o público, pueden establecersegarantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante Contrato.Finalmente cabe destacar que la institución de la estabilidad jurídica, surgió en el Perúen un contexto de inestabilidad política, económica y jurídica, que tuvo comoprecedente la nacionalización y expropiación arbitraria sin derecho a indemnizaciónjusta de actividades económicas por parte de Gobiernos militares, de violenciaterrorista y conflictos armados internos, hiperinflación, asilamiento de la comunidadfinanciera internacional, congelamiento de divisas y restricciones para la circulación ytenencia de moneda extranjera; situaciones que generaban un clima de inseguridadpara inversión extranjera y en cuyo contexto nace el contrato ley como un instrumentoprimordial para atraer y garantizar las inversiones en un país que por sus antecedenteshistóricos no ofrecía el marco mas adecuado para las inversiones.FORMAS DE APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS LEY

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALEl contrato Ley tal como se ha venido aplicando en la experiencia peruana ha tenidopor finalidad principal otorgar seguridad jurídica a los inversionistas. La racionalidadeconómica detrás de los contratos ley está contenida en primer lugar desde el punto devista de la teoría de las instituciones, la misma que sostiene que los problemascontractuales que desincentivan la inversión pueden reducirse mediante mecanismoslegales, tales como los contratos ley. Esta teoría explica que los problemascontractuales pueden minimizarse a través de una serie de mecanismos que limiten elcomportamiento oportunista del Estado por medio del cambio de las reglas de juegoaplicables a la inversión y que minimicen la discrecionalidad haciendo mas verosímilessus compromisos.Este fenómeno, jurídicamente se manifiesta en que las ventajas y seguridadestradicionalmente son otorgadas por medio de actos unilaterales (ley, reglamentos,actos administrativos), pasan a ser otorgados por medio de una negocio jurídicoplurilateral (bilateral, en la mayoría de casos) como en el contrato ley, de tal forma quelos benéficos obtenidos a futuro no podrán ser modificados o suprimidos por otro actounilateral posterior, sino que se requerirá del mutuo consenso con el beneficiado por elcontrato ley.En segundo lugar, se explica la racionalidad económica de los contratos ley desde laóptica de la teoría de la inversión como “opción de compra” , la que señala que laincertidumbre en torno a la rentabilidad ocasionada por las eventuales variaciones enla política estatal, puede generar un retraso en la decisión de la inversión.En la práctica es posible encontrar dos modalidades de aplicación de los contratos ley,las que a su vez eliminen dos fuentes de riesgo para los inversionistas. La primeraforma de aplicación se refiere a la estabilización de un determinado marco jurídico queincida directamente en el contrato, como el tributario o laboral, de tal forma que seelimina el riesgo de su modificación posterior. La segunda esta referida a la renunciaen el ejercicio de supuestas potestades exorbitantes de modificación de losdenominados contratos administrativos, tales como los de concesión de serviciopúblico y obra pública.En ese sentido, en contratos ley suscritos por los inversionistas se garantiza losiguiente:a) Tratamiento de igualdad, lo cual implica la no discriminación a los inversionistasconsiderando su condición de nacional o extranjero.b) Estabilidad del régimen del impuesta a la renta vigente al momento de la suscripcióndel contrato.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALc) Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa de lasutilidades, dividendos, regalías y demás beneficios provenientes de la inversión.Por otro lado en los contratos ley suscritos con las empresas receptoras de la inversiónse establece lo siguiente:a) Estabilidad de los regímenes de contratación laboral vigentes al momento de lasuscripción del convenio.b) Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones que sean deaplicación al momento de suscribirse el convenio.c) Estabilidad del régimen de impuesto a la renta igualmente vigente al momento de lasuscripción del convenio.Como contrapartida a los beneficios señalados, los inversionistas deben cumplir conefectuar, como mínimo, aportes dinerarios canalizados a través del sistema financieronacional, al capital de una empresa establecida o por establecerse o formalizarinversiones de riesgo con terceros por mínimos predeterminados acorde a los sectoresdonde se realizará la inversiónEn ese sentido las empresas receptoras de la inversión deben cumplir al menos conuno de los siguientes requisitos:a) Uno de los accionistas debe ser un inversionista que haya suscrito un contrato leyb) Los aportes a recibir deben representar un incremento del 50% con relación almonto total de capital y reservas, y ser destinados a incrementar la capacidadproductiva o el desarrollo tecnológico de la empresac) La transferencia debe ser mayor al 50% de las acciones de una empresa enproceso de privatización.NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS LEY

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALEn lo que concierne al carácter de estos contratos, el artículo 39º del DecretoLegislativo Nº 757 señala que “los convenios de estabilidad jurídica se celebran alamparo del artículo 1357º del Código Civil y tienen la calidad de contratos con fuerzade ley, de manera que no pueden ser modificados o dejados sin efecto unilateralmentepor el Estado. Tales contratos tienen civil y no administrativo y sólo podrán modificarseo dejarse sin efecto por acuerdo entre las partes”.Por lo tanto, se trata de figuras legales que aun cuando pertenecen al Derecho Públicoy nacen de normas públicas, se regulan ene su ejecución por el Derecho Civil. Debetenerse en cuenta que, en opinión de algunos tratadistas, los contratos ley son decarácter mixto pues su autorización, preparación, celebración y control están regidospor normas de Derecho Administrativo, en tanto que su ejecución y cumplimiento loestán por el Derecho Civil.Debe tenerse en cuenta, respecto a estos contratos que, la perspectiva quefundamenta los contratos ley incluye razones de carácter social, nacional o público. Noobstante, estos criterios fueron establecido en el Código Civil bajo la vigencia de laConstitución anterior (1979), la misma que contemplaba un rol económico del Estadosustancialmente distinto del contemplado en la Constitución vigente. Con todo esterequisito de interés social, nacional o público se encuentra implícito en los contratos deconcesión.En consecuencia, queda plenamente establecido que los contratos de concesióntienen el status de contratos ley, siendo inmodificables por una norma posterior. Ellosin embargo no quiere decir que no puedan ser modificados por las aportes enejecución del principio de primacía de la voluntad y, si se han previsto, de las cláusulaspropias del contrato ley que al efecto éste contenga.Con el propósito de comprender la naturaleza jurídica del contrato ley, así como suscaracterísticas, debe partirse por contemplar la definición de éste contrato: “loscontratos ley se caracterizan por ser acuerdos contractuales suscritos entre el Estado ylos inversionistas privados –nacionales o extranjeros- otorgándoseles a éstos últimosgarantías específicas, generalmente de naturaleza política-económica”.En ese sentido, la doctrina entiende por contrato ley aquel acuerdo celebrado entre unestado y una empresa nacional o extranjera en condiciones de igualdad, destinado aotorgar seguridades y garantías especiales e intangibles a favor del inversionista, y quesomete las diferencias relativas a la interpretación y aplicación del mismo a unainstancia arbitral.Son así, contratos por los cuales el estado otorga a un particular garantías oseguridades que no pueden ser modificadas legislativamente. Es decir se trata de

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALformulas contractuales por la cual el Estado unilateralmente otorga a un particulardeterminadas seguridades jurídicas, lo que implica reconocerle un estatuto jurídicoparticular y anticipado que hace inalterables las reglas jurídicas del momento decelebración del contrato en el transcurso de su ejecución, salvo modificaciónsustentada en el acuerdo entre las partes.Consecuentemente, aún cuando fueran modificadas dichas reglas en lo general. Estoes, por acto del Estado durante la vigencia del contrato, al contratante no le seráaplicable tal modificación. Se considera entonces que los contratos ley otorgan a lopactado un blindaje jurídico que hace impenetrable a la vida del contrato las leyes quese dicten posteriormente.Es importante señalar que este tipo de acuerdos no existió siempre, antiguamente lainversión nacional o extranjera tenía como único recurso de protección internacional lainstitución de la protección diplomática, la misma que consistía en reclamar ante lostribunales nacionales del Estado que adoptó una medida en perjuicio del inversionistay, de no obtener satisfacción en su reclamo, solicitaba la protección diplomática de suEstado a efectos de obtener una reparación.Los contratos ley comprenden tres características esenciales:a) CONCERTACIÓN EN PLANO DE IGUALDADEsta característica apunta a que el estado contratante no pueda prevalerse decalidad de ente soberano, para modificar unilateralmente su derecho interno y conello alterar directa o indirectamente los derechos y obligaciones pactadas en elacuerdo. Para lograr este efecto, se incorporaron en los derechos nacionalesciertas técnicas de estabilización, destinadas a garantizar el carácter intangible deestos contratos.b) SOMETIMIENTO A UNA JURISDICCIÓN ARBITRALEsta segunda característica se refiere a que en los contratos líela solución decualquier diferencia sobre la aplicación o interpretación del mismo, debe sersometida a la decisión de un arbitro, sea éste único o colegiado.c) EVASIÓN DEL DERECHO INTERNO DEL ESTADO CONTRATANTE

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALAunque no esta reconocida por la Constitución Política del Perú ni en la legislaciónperuana sobre la materia, el propósito es someter el contrato a la ley de un tercerpaís en sustitución de la del estado receptor.Todas estas características han llevado a un sector de la doctrina del DerechoInternacional a considerar los contratos ley como convenios cuasi internacionales,al extremo que incluso algunos le asignan la naturaleza de tratado; es por ello queademás los catalogan como convenios de una categoría jurídica superior; pudiendocitar como ejemplo, en el caso del Perú, el contrato celebrado con la empresaTelefónica del Perú con el Estado Peruano.INSTITUCIONALIDAD PRECARIA, IMPREDICTIBILIDAD E INESTABILIDADJURÍDICALa inseguridad jurídica es una constante en el Perú, así como en Latinoamérica, encuyos países ha sobrevenido un escenario en donde el retorno de ideologías deizquierda de los años 70´s se han concretado o estuvieron cercano a concretarse y semantienen en estado de latencia.La inseguridad jurídica contiene varias aristas, la referida a los derechos de propiedad,la independencia del poder judicial, permanentemente cuestionada, la corrupciónestatal, la percepción de favoritismos en la decisiones gubernamentales , la deficienciaen la función legislativa y en la labor del cumplimiento de la ley por parte del PoderEjecutivo.La situación expuesta, sumada a los antecedentes nefastos que sucedieron durante elgobierno de Alan García (1985 - 1990) y los últimos años del tercer periodo de AlbertoFujimori (2000 – 2002), contribuyeron a generar un ambiente de inseguridad jurídicapara las inversiones privadas, motivando la huida de los pocos capitales existentes enel país, y la lógica desconfianza para la llegada de nuevos inversionistas. Si bien escierto, a inicios del Gobierno de Fujimori, se intentó revertir dicha situación, con laexpedición de legislación específica que promovieran la inversión privada ygarantizaban la estabilidad jurídica y tributaria de los contratos ley; éstas, aún vigentesen su mayoría, únicamente sirvieron como “cortinas de humo”, para los “negociados”de algunos funcionarios de alto nivel con unas pocas empresas de capitales nacionalesy extranjeros, a quienes, a cambió de “dádivas”, se les benefició con contratos queocasionaban serios perjuicios al Estado y a la población, como es el caso de lasempresas mineras, quienes únicamente generan riquezas para sus propios beneficios,sin entregar regalías al Estado, sin tributar y, lo que es peor aún, contaminando elambiente en las zonas de explotación, sin hacerse merecedores a multa, penalidad ucastigo alguno. En síntesis la legislación sobre la materia, que en teoría era buena,nunca fueron aplicados en su integridad, respetando su finalidad y naturaleza, muy porel contrario únicamente fueron un instrumentos para promover, aun mas, la corrupciónen el Estado.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALEs por dicha razón que, ahora los gobiernos de turno se encuentran con los problemasderivados de los alcances de malos contratos, originando serias controversias sobre suvigencia y alcances, al extremo de motivar la intervención del Congreso de laRepública, que mediante leyes pretenden modificar unilateralmente un contrato ley,pese a que éstos gozan de la estabilidad jurídica y no pueden ser modificados, salvopor acuerdo de voluntades de las partes; hecho tal que genera inseguridad jurídica,pero que afortunadamente, pese al descontento de la población, aún predomina elEstado de Derecho, debidamente tutelado por el Tribunal Constitucional Peruano,quien a sabiendas que muchos de los reclamos realmente son justificados, como elcaso de la Renta Básica que injustificadamente nos cobra la Telefónica del Perú, haceprevalecer la condición de intangible de los contratos, por sobre todas las cosas;motivando que el estado recurra a la renegociación del Contrato para procurarenmendar las cosas, pero aún así supeditado a la buena voluntad de la otra parte.LA INTANGIBILIDAD DE LOS CONTRATOS LEYEl carácter intangible de los contratos ley ha sido expresamente consagrado en elsegundo párrafo del artículo 62º de la Constitución Política del Perú del año 1993,actualmente vigente; disposición que tiene como antecedente inmediato el artículo1357º del Código Civil Peruano del año 1984, igualmente vigente a la fecha.A su vez el precitado artículo del Código Civil tuvo su origen en el artículo 157º dela Ley General de Minería, aprobado por Decreto Legislativo Nº 109, según el cualel Poder Ejecutivo estaba autorizado para asegurar contractualmente un régimen debeneficios a favor del inversionista que, entre otras cosas, incluía estabilidadtributaria, reducción de la tasa del impuesto a la renta, ampliación de la tasa anualde castigos, revaluación, entre otros factores.Como puede advertirse de las normas señaladas el artículo 1357º del Código Civilsirvió de base a la posterior consagración constitucional de los contratos ley. Noobstante, es a partir de la Constitución de 1993 que se consagra la posibilidad deestablecer esta figura en todas las actividades económicas en que se puedandesenvolver la actividad privada. Es decir, que la institución establece un marco deprotección al inversionista dentro de un contexto en el que el Estado comienza acumplir un rol subsidiario, mediante un proceso complejo de privatización ydesregulación normativa.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALEn suma, el régimen económico que establece la Constitución presupone que elEstado debe ocupar un puesto de suplencia en aquellas actividades que puedanefectuar los particulares. Pero para tal finalidad es indispensable garantizar unmarco normativo estable que permita a dichos particulares intervenir en cualquiersector de la economía, incluso en aquellos que se creían reservados al Estado, sinque se vean amenazadas por alguna iniciativa intervensionista, es decir, segarantiza la seguridad jurídica indispensable a las relaciones particulares con elEstado, cuando éste actúa en uso de sus poderes de imperium.Sin duda uno de los riesgos que corre una empresa extranjera que contrata con unEstado y somete dicho contrato al derecho interno de este último, es el del cambiounilateral de ese ordenamiento estatal. El estado podría efectivamente intentaralterar los términos del contrato mediante la modificación de su legislación interna.Precisamente la forma que la empresa tiene para evitar este riesgo es mediante lacelebración de los denominados contratos ley que, por estar jurídicamenteblindados, evitan que el Estado contratante varié su ordenamiento interno en contrade los intereses del inversionista que contrata; por lo demás, si lo modificase, losefectos de esta nueva regulación no se aplican al contrato ley preexistente, quedebe continuar siendo regido por las normas vigentes en el momento de su firma ypor las cláusulas en él acordadas.A través de las denominadas “técnicas de estabilización”, incorporadas en loscontratos del Estado, los inversionistas logran eliminar la inestabilidad de laspolíticas económicas y la variabilidad de las normas jurídicas, lo que se conocecomo riesgo político. Estas técnicas de estabilización varían de una legislación aotra, distinguiéndose principalmente tres tipos:a) CONGELACIÓN DEL DERECHO INTERNOEn virtud a esta primera técnica, el Estado voluntariamente limita su competencialegislativa, comprometiéndose a la no modificación del ordenamiento jurídicomientras dure el contrato, de forma tal que no puedan perjudicarse los intereses dela otra parte. A veces esta congelación se completa con la promesa del estadocontratante de no nacionalizar o expropiar a la empresa. Estad técnica implica, portanto, una clara limitación de la competencia legislativa del estado contratante y porende de su soberanía, aunque ciertamente se trata de una limitación voluntaria.b) INCORPORACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE NORMASA través de esta técnica el Estado estabiliza ciertas normas jurídicas que sonexpresamente señaladas en el contrato ley, no pudiendo ser modificadas por el

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALEstado. Aquí entonces la limitación del estado para legislar es menor, pues estaceñida a las normas taxativamente referidas en el contrato.c) INOPONIBILIDAD DE NORMAS MODIFICATORIASEn razón a esta tercera técnica, el Estado podrá legislar en temas aplicables a loscontratos Ley ya existentes. A diferencia de las dos técnicas anteriores, aquí elEstado no se encuentra limitado en su capacidad legislativa. Lo que sucede es queen caso se de una ley y ella, de alguna manera, entre en conflicto con lo dispuestoen un contrato de ley, dicha ley no le será aplicable y sus efectos no le alcanzarán.Independientemente de cual sea la técnica estabilizadora que cada estado asumaen su ordenamiento jurídico interno, el resultado es básicamente el mismo: uncontrato ley no puede ser modificado, ni alterado, directa o indirectamente, por lasvariaciones legislativas que eventualmente efectué el estado contratante,directamente, a través del órgano representativo que suscribe como parte elcontrato, o indirectamente a través de cualquier otra institución que pertenezca alestado o actué como su agente.Finalmente cabe precisar que, en el Perú existe una clara coincidencia en ladoctrina civil y constitucional respecto a la intangibilidad de los contratos ley,habiendo merecido opiniones de renombrados juristas peruanos entre los quepodemos citar al Dr. Max Arias Schreiber, Dr. De la Puente y Lavalle, Dr. GarcíaToma, Dr. Marcial Rubio Correa; además de la existencia de innumerablesantecedentes jurisprudenciales.Respecto a este último caso, merece citarse al fallo de la Corte Suprema de Justiciadel 04 de marzo de 1982, que se pronunció sobre la fuerza y alcances del contratoley en el asunto planteado por la Sociedad Anónima Fábrica Nacional Textil ElAmazonas, contra la Resolución Nº 6225 del Tribunal de Aduanas, el mismo quepretendía desconocer los beneficios otorgados en un contrato ley por el estadoperuano a favor de la referida empresa, suscrito el 19 de marzo de 1979. La CorteSuprema ordenó el cumplimiento irrestricto del contrato, fundamentando supronunciamiento básicamente en los siguientes argumentos:“Este contrato era y es ley entre las partes y su cumplimiento tal y como fueconcebido, es ineludible”“Doctrinalmente se trata de la figura jurídica llamada contrato ley o ley contrato, enla que el Estado se encuentra dentro de la esfera de la contratación privada. Estoscontratos leyes no pueden modificarse en forma unilateral. Por lo tanto, es a mérito

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALde ese contrato basado en esa ley y en el solemne compromiso que fluye de todoconvenio, que la demandante tiene un derecho adquirido que no puede suprimirse nirecortarse”.En virtud del artículo 1328º del Código Civil, dada la responsabilidad de loscontratos que son obligatorios en cuento se haya expresado en ellos y debenejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes”En síntesis, el respeto a los contratos ley y la imposibilidad de que por acto de unaautoridad puedan éstos ser modificados, no sólo es un imperativo legal yconstitucional, sino que aquel forma parte de nuestra tradición jurídica, evidenciadaen la doctrina y en los fallos de nuestros tribunales constitucionales.Independientemente de cual sea la técnica de estabilización que cada estadoasuma en su ordenamiento jurídico interno, el resultado es básicamente el mismo,esto es, que un contrato ley no puede ser modificado, ni alterado directa oindirectamente, por las variaciones legislativas que eventualmente efectúe el EstadoContratante.GARANTIAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADAEl régimen de concesiones actualmente vigente en el Perú otorga una serie degarantías a efectos de estimular la inversión privada, las mismas que resultanperfectamente aplicables a las concesiones, destacándose las siguientes:CLAUSULAS INDEMNIZATORIASEn el año 1996, a través del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, actualmente recogidaen las normas sobre se estabilidad jurídica y promoción de la inversióndescentralizada, se estableció la posibilidad de incluir en los contratos ley cláusulasque estipulen una indemnización a favor del inversionista en cualquiera de lossiguientes supuestos:- Suspender injustificadamente del contrato- Dejar sin efecto el contrato- Modificar el contratoLa posibilidad de establecimiento de las mencionadas cláusulas, otorga protección alos particulares adjudicatarios contra posibles actos estatales que, promovidasarbitrariamente o por posteriores cambios en su orientación política, eventualmente

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALpuedan atentar contra el contrato ley, durante el periodo de vigencia de la misma. Delmismo modo, constituye una suerte de estímulo a la inversión privada.Las cláusulas indemnizatorias establecidas en los contratos ley respectivos, serángarantizadas a solicitud del inversionista privado, a través de un contrato o conveniocelebrado entre éste último y el Estado; hecho tal que constituye un mecanismo querefuerza la ejecutabilidad de las referidas cláusulas.a) FACTIBILIDAD DE ACUDIR A LOS MECANISMOS DE ARBITRAJE NACIONAL EINTERNACIONALDe conformidad a lo dispuesto en el artículo 63º de la Constitución Política delEstado, el estado podrá someter las controversias derivadas de la ejecución de loscontratos ley, al arbitraje nacional e internacional, siendo indispensable que secontemple la respectiva cláusula arbitral en el contrato correspondiente. Estoposibilita en que las controversias que eventualmente surjan, sean resueltas por unmecanismo de solución de conflictos, alternativo al Organo Jurisdiccional, evitandoel tránsito de las mismas por la jurisdicción ordinaria, que puede causar seriosperjuicios por el transcurso del tiempo durante el trámite del proceso, quenormalmente es excesivo en nuestro país, mucho mas cuando se trata de temascomplejos y de un significativo contenido patrimonial o económico.b) POSIBILIDAD DE SOLICITAR LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DERECUPERACIÓN DE LAS INVERSIONES Y LA FORMULA DE REAJUSTEEn este caso en particular, el inversionista, cuando medien causas sobrevivientes alcontrato que así lo justifiquen, tiene la posibilidad de solicitar lo siguiente:a) La revisión del sistema de recuperación de la inversiónb) La revisión de la fórmula de reajuste de los sistemas de recuperación de lainversiónEste mecanismo resulta positivo, tomando en cuenta que, durante la ejecución delcontrato, puede surgir un hecho que determine que el sistema de recuperación dela inversión previsto o la fórmula de reajuste, no permitan al particular recuperar lainversión realizada en el plazo y monto originalmente previstos y proyectados en elContrato respectivo, siendo indispensable para ello que las bases del proceso deselección o en su defecto el contrato mismo, establezca la forma y el plazo en queel inversionista privado podrá solicitar la revisión en referencia.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALc) EXTENSIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LOS CONVENIOS DEESTABILIDAD JURIDICAEl plazo de los convenios de estabilidad jurídica, que se pacten para los contratosley, se extenderán por todo el plazo de duración el mismo; siendo evidentementepositiva esta medida, si consideramos los antecedentes legislativos sobre lamateria, puesto que inicialmente se estableció un plazo de 10 años para losconvenios de estabilidad jurídica (Decreto Legislativo Nº 662); hecho tal querestaría significativamente el atractivo a la inversión privada que se realizaría encontratos que excedan los 10 años. Es por ello que actualmente se permiteextender el plazo de estabilidad jurídica por el plazo de vigencia del contrato, queen la mayoría de los casos suele exceder los 10 años.Actualmente la normatividad sobre la materia contemplan una serie de garantías aser otorgadas a los particulares que soliciten la suscripción de los citadosconvenios, las mismas que deben presentarse en un plazo máximo de 02 años, apartir de la suscripción del convenio. Debe considerarse asimismo que el plazo paraotorgar las garantías y el contenido de las mismas se determinará en cada contrato,lo que flexibiliza el sistema, permitiendo su adaptación a las particularescircunstancias que presente cada contrato.EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONESEXTRANJERASEl sistema se encuentra constituido por la interacción de los Tratados Bilaterales dePromoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBIs) o “Bilateral InvesmentTreaties” (BITs) y ahora último por los Tratados de Libre Comercio (TLCs), de últimageneración. En nuestro caso si bien no pertenecen al ámbito internacional, debemosconsiderar también dentro del análisis, a los Convenios de Estabilidad Jurídica, ellodebido a su uso extendido para otorgar seguridades a los inversionistas extranjeros,además dicho instrumento se ha incorporado al tratado de Libre Comercio entre el Perúy los Estados Unidos de Norteamérica.Tanto los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversionescomo los capítulos de inversión de los Tratados de Libre Comercio, tiene comofinalidad establecer reglas claras y precisas para promover las inversiones entre lospaíses suscriptores, de manera tal que los inversores de los estados parte encuentrenmecanismos de protección reales y concretos al realizar inversiones, pudiendo acudir ajurisdicción arbitral internacional en caso se vulneren las garantías especificadas en loscontratos.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALa) TRATADOS BILATERALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DEINVERSIONES EXTRANJERASa.1. AntecedentesMención especial merece este tipo de Tratados para el caso del presente acápite, porla trascendencia e importancia que ella representa como instrumento de protecciónpara las inversiones extranjeras.Estos tratados surgieron en la medida que los países exportadores de capitalentendieron que el derecho internacional no significa una protección eficaz para susnacionales, ante hechos, actos u omisiones ilegítimas de los estados receptores decapital.De manera originaria, los tratados bilaterales de comercio –cuyos antecedentes seremontan a fines del siglo XVIII- no estaban dedicados exclusivamente a regular laprotección de la inversión extranjera, siendo el objetivo prioritario de aquellos promoverla expansión del comercio y la navegación. Precisamente los llamados Convenios de“Amistad, Comercio y Navegación”, abarcaban temas como el ingreso y libertad demovimiento, la protección de las personas, el derecho a asesoramiento jurídico y juiciorápido, entre otros.Sin embargo no sería hasta el periodo de la post guerra –a partir de los años 50 delsiglo pasado- que los países exportadores de capital, perfeccionarían este instrumentojurídico como el medio adecuado para resguardar sus inversiones de los riesgos “nocomerciales” propios de los países receptores de capital y, a su vez, como respuesta oalternativa al discutido ejercicio de la protección diplomática o el uso de la fuerza.Por su parte, los países que pretendían insertarse en el flujo de capitalesinternacionales como destino confiable de los mismos entendieron que un país puedeofrecer a los inversionistas extranjeros una legislación flexible, abierta y promotora delas inversiones. Sin embargo, para otorgarles las garantías suficientes, hace falta,además, que el Estado se comprometa ante la Comunidad Internacional a respetar ymantener invariables durante un periodo razonable sus leyes internas, las cualesotorgan a los inversionistas extranjeros una serie de garantías y derechosinternacionalmente reconocidos, y, en ese orden de ideas, los tratados generan unambiente de estabilidad y predictibilidad del marco legal aplicable a las inversiones, queincentivan la atracción de la inversión extranjera.Ahora bien el objetivo de estos tratados ha consistido, en líneas generales – conformese enuncia en su preámbulo- en promover una mayor cooperación entre los países

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALcontratantes para lograr el desarrollo económico de los países y el incremento de laprosperidad de los pueblos, y específicamente en estimular la iniciativa económicaprivada y el flujo de capitales privados, dentro de un marco estable para las inversionesy un trato justo y equitativo a las inversiones.En Latinoamérica estos instrumentos internacionales fueron inicialmente muyresistidos, siendo incorporados recién en la década de los 90 como consecuencia de laconsagración del liberalismo económico y político en países como Argentina, Bolivia,Venezuela, Chile y Perú.a.2. Contenido de los TratadosDesde el año 1962, a propuesta de la Organización de Cooperación y DesarrolloEconómico, se implementó un modelo estándar de Tratado Bilateral de Inversión,dando como resultado que los convenios celebrados por distintos países a nivelinternacional exhiban preceptos semejantes entre si.Se puede hablar entonces de una estructura común de los Tratados que incluye unpreámbulo, las definiciones, las cláusulas de contenido y finalmente el lugar, fecha yfirma de los representantes de los gobiernos.a.2.1. Cláusulas Generales o Patrones de Tratamiento Generala.2.1.1. Trato justo y equitativoConstituye un típico concepto jurídico indeterminado, sin perjuicio de los cualse ha considerado que incluye la no discriminación –en el sentido que el paísreceptor de la inversión debe abstenerse del obrar discriminatorio contra losextranjeros en general y las naciones de los países específicos- como patrónmínimo internacional y la protección de la propiedad extranjera.En ese sentido, el trato justo e igualitario abarca los siguientes principios: el deno discriminación (por ejemplo establecer tipos de cambio diferenciados), elestándar internacional mínimo (que obliga al Estado a respetar ciertosestándares mínimos en el trato que se otorga a los extranjeros y losnacionales) y el deber de la protección de la propiedad extranjera (regla de ladebida diligencia). De cualquier forma, el significado y alcance de estacláusula deberá interpretarse en cada caso particular.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALa.2.1.2. Tratamiento no menos favorable que el acordado a los inversores locales otrato nacionalEste principio, importe que el inversionista extranjero –por regla generalrecibiráel mismo trato que el inversionista nacional. La aplicación práctica deeste principio conlleva a evitar la discriminación existente entre diversasnormas locales, como puede ser aquellas relacionadas con la propiedad deciertos bienes o la contratación administrativa. La importancia de este patrónno es absoluta, habiéndose previsto la posibilidad, a favor del país receptor dela inversión, de que otorgue incentivos especiales a inversiones domesticas olimite el tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propiosinversores en función de aspectos tales como la protección de la seguridadnacional.En efecto, esta cláusula puede hallarse sujeta a múltiples excepciones, talescomo: la propiedad conjunta, la participación limitada en la propiedad de unaempresa, el cumplimiento de requisitos adicionales para la constitución de unaempresa, para la realización de inversiones o, inclusive, la prohibición deacceder al crédito local. Por este motivo se considera a esta cláusula como“estándar relativo”, en contraposición al trato justo y equitativo, que calificacomo un “estándar absoluto”.a.2.1.3. Tratamiento acordado a los inversores de la nación mas favorecida o cláusulade la nación mas favorecidaEste principio puede resumirse en la posibilidad de un Estado de acceder a lostérminos mas favorables que puedan pactar o haber pactado dos estados,cuando tenga un convenio vigente con alguno de ellos . De ahí que se hablede la multilateralización de los Tratados, pues los países pueden reclamarcomo propias, las ventajas otorgadas por su contraparte a países terceros. Elexamen por tanto del marco jurídico para una inversión extranjera no secircunscribe tan solo a la legislación local y al Tratado suscrito con el paísreceptor de la inversión, sino también al de los demás tratados que dicho paíshaya suscrito.a.2.1.4. La denominada “umbrella clause” y “cláusula de estabilización”El objeto de la cláusula “umbrella clause” también denominada “cláusulaparaguas”, es asegurar que el tratamiento mas favorable, dispuesto enacuerdos internacionales u obligaciones reflejadas en la legislación interna, nose va a dejar sin efecto por los términos de nuevos tratados.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALPor su parte, la cláusula de estabilización persigue, en una situación demodificación de la legislación por una normativa menos favorable, garantizarque se siga aplicando a las inversiones anteriores a la modificación, lalegislación vigente al tiempo de la suscripción de los contratos.b) CLAUSULAS PARTICULARES O PATRONES DE TRATAMIENTO ESPECÍFICOExisten también cláusulas de tratamiento específico, tales como “reglas para latransferencia de moneda”, las “compensaciones por pérdida” y “medidas deexpropiación o nacionalización”c) SOLUCION DE CONTROVERSIASUno de los elementos de mayor importancia en el contenido de los tratados, es elrelacionado a los mecanismos previstos para la solución de controversias que pudieransurgir durante su vigencia, o lo que en buena cuenta ha venido a significar lainstitucionalización del “arbitraje internacional” como medio idóneo para la solución delos conflictos entre las partes contratantes o entre una parte contratante y uninversionista.Respecto de las controversias entre estados se reconoce, en gran medida un plazorazonable –que va indistintamente entre tres a seis meses- para arribar a un arreglo através de negociaciones diplomáticas; si ello no ocurriera, entonces se procede arequerir la constitución de un tribunal ad hoc que, entre otros aspectos, deberá definir elderecho aplicable en la generalidad de los casos.Con relación a la solución de controversias entre una parte contratante y uninversionista, si bien no todos los países admiten el sometimiento directo a arbitrajeinternacional –lo cual significa que puede haberse previsto una etapa de negociacionesamigables, así como el requisito del agotamiento de los recursos judiciales yadministrativos locales- aquel constituye un instrumento básico para la composición dedichos conflictos.Los dos principales tribunales a los cuales se puede recurrir son el Centro Internacionalde Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y un Tribunal Ad Hocestablecido de conformidad a las reglas de la Comisión de Naciones Unidas para elDerecho Mercantil Internacional (CNUDMI).LA RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALa) ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA RENEGOCIACIÓNEntre las diferentes fuentes que integran el régimen jurídico y a las que deberecurrirse para hallar la solución renegocial de los contratos públicos con inversiónextranjera, encontramos la Constitución Política, los tratados aplicables a lasdiversas circunstancias que cabe considerar (como los derechos humanos y depromoción y protección de inversiones extranjeras), las leyes, los decretos y lospropios contratos que son la ley de cada relación contractual en particular.En este orden, en virtud de la complejidad normativa a ser considerada para hallarla solución mas justa y equitativa, debe determinarse la jerarquía de cadaregulación.Pluralidad normativaEl ordenamiento de los contratos públicos de concesión de obras y de serviciospúblicos se ha efectuado a través de la incorporación y adaptación de una nuevaregulación producida por distintos órganos de creación del derecho y obedece a lasdiferentes demandas que nacieron en la propia sociedad. Es una regulación en laque ocupan un espacio importante, además del Poder Legislativo, otros órganosestatales y no estatales, a las cuales también les cabe la misión de regular, creandoderecho.Hablamos de un sistema del derecho, en el cual el Poder Legislativo no tiene elmonopolio exclusivo de la creación normativa. Existe una pluralidad de centros dedecisión, que son formas descentralizadas de producción del derecho, mecanismosinstalados por las propias demandas del sistema, que constituyen un afluente en elmarco de la policéntrica producción jurídica propia de estos tiempos detransformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y jurídicas.En este marco entendemos que resulta preciso, teniendo en cuenta la limitadacapacidad regulativa del legislador, apelar a la regulación complementaria por partede la administración y la jurisdicción. Del juego interactivo de los distintos poderesdel Estado resulta la capacidad regulativa de la entidad política en su conjunto, conlas complementarias facultades de acción y de reacción.Jerarquía normativa

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALEs incuestionable que el derecho administrativo tiene su raí en el derechoconstitucional, y allí se ajusta la pirámide normativa del ordenamiento jurídicoadministrativo, que garantiza la sumisión del obrar de la administración pública alprincipio de legalidad.El ordenamiento jurídico que regula la función administrativa se integra con lassiguientes fuentes: Constitución Política, tratados de derechos humanos, tratadosde integración y otros tratados internacionales, leyes, decretos de urgencia,reglamentos administrativos, principios generales del derecho, jurisprudenciaadministrativa, laudo arbitrales, entre otros. Estas distintas fuentes tienen unagradación jerárquica fijada a partir de la supremacía constitucional.La organización administrativa responde a la concepción política establecida en laConstitución, por cuanto el plexo normativo se inserta en la pirámide jurídica delEstado, en la cual la Constitución Política es la ley suprema como expresión de lavoluntad del pueblo soberano.La validez de todo el ordenamiento jurídico aplicable a la renegociación radica en elrespeto del orden de prelación que impone la pirámide jurídica, en cuyo vértice sesitúa la Constitución Nacional.Este bloque de legalidad se integra así, en primer término, por la ConstituciónPolítica y los tratados y convenciones internacionales, incorporados al sistemaconstitucional, cuyas reglas tiene prelación y prioridad en la solución de los casosadministrativos.Por ello la regulación que resulta de tratados y acuerdos internacionales que seintegran al plexo jurídico estatal rige internamente. En ese orden se observa que, araíz de la generalizada internacionalización del derecho, la pirámide jurídica se vesignificativamente modificada en lo relativo al orden de prelación que ocupan lasdistintas normas de derecho internacional, que renuevan el Derecho Internacional.Es por dicha razón que se le ha reconocido a ciertos tratados una jerarquíaequivalente a la propia Constitución, a los cuales la propia Carta Magna o el PoderLegislativo se confiere dicha jerarquía; básicamente los relacionados a derechosfundamentales o derechos humanos.. No están por encima de la constitución perotampoco están por debajo; se les confiere una jerarquía equivalente por lanaturaleza de los derechos que reconocen.Es importante indicar que, los tratados internacionales aplicables a la relaciónrenegocial de los contratos públicos de concesión, como los de promoción y

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALprotección de inversiones rigen a favor del patrimonio singular, si bien tiene un lugaren la jerarquía normativa por encima de las leyes, ésta es inferior a la que ostentanlos tratados de derechos fundamentales ya referidos, a pesar que unos y otrostienen tratamiento constitucional.El bloque de constitucionalidad de las normasLa constitución es la Norma fundamental y suprema que domina la pirámidenormativa del estado. En ella se sustenta y a ella se debe subordinar todo el poderconstituido, que solo puede actuar de la competencia que aquella fija.En el proceso de renegociación están en juego la seguridad jurídica y laresponsabilidad solidaria, por lo que deben merituarse la juridicidad y laconstitucionalidad del sistema renegociador, cuyos componentes entran en juegode modo recíproco, siempre sobre la base señalada por los valores y principios quesurgen de la constitución Política.Cabe precisar que los acuerdos renegociales de los contratos de concesión tienencomo fin inmediato afrontar y dar solución a la coyuntura económica general, ensituación de crisis, que ha producido graves desequilibrios en la estructura delnegocio contractual, para finalmente lograr la estabilidad.En síntesis, los procedimientos de renegociación deben llevarse a acaborespetando el bloque de constitucionalidad, y sin poner en emergencia a laConstitución. El Sistema jurídico que habilita a la renegociación de los contratospúblicos debe interpretarse en sentido hermenéutico que conduce a la validez y a laeficacia de sus normas, y de modo integral con el conjunto del ordenamientojurídico.b) BASES NORMATIVAS DE LA RENEGOCIACIÓNLas bases para la renegociación de los contratos de servicios públicos tiene unaformulación explícita, plasmada en los presupuestos normativos prefijados en la ley,que configuran su contenido dogmático. Pero además hay otras pautas de contenidoimplícito, que surgen de la axiología administrativa y que deben ser consideradas demodo especial. Éstas son la transparencia la equidad y la solidaridad, siempre bajo losprincipios del control administrativo.Es así que el marco normativo regulatorio de la renegociación se integra con losprincipios y valores administrativos y con la normatividad nacional, constitucional y

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALlegal, y supranacional, comunitaria e internacional, con fuente en los tratadosinternacionales. (existe una articulación entre el derecho internacional surgido deAcuerdos y Tratados y el Derecho Administrativo, pudiendo citarse a la ConvenciónInteramericana contra la Corrupción y la Convención para combatir el soborno a losfuncionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales)Entre estos valores, en la relación conmutativa de la contratación administrativa, queparte de la existencia de relaciones intersubjetivas bilaterales con prestacionesrecíprocas, prima el valor de la igualdad ecuacional como modalidad de la equidadadministrativa. Ello posibilita que en la relación contractual administrativa la igualdadse haga efectiva, como realidad concreta y material.La equidad administrativa es en los contratos el valor de las equivalenciascomparativas en el caso concreto. En rigor, estas reglas de equivalencia se dan entrela ecuación económica, para mantener la intangibilidad y estabilidad del precio, y laecuación política, siempre que exista tangibilidad y actualidad del interés público.Debe tenerse en cuenta que ante cualquier controversia derivada de la ejecución de uncontrato de concesión, es imposible que a través de una renegociación se pretendavolver a las pautas fijadas al momento de la transferencia d efacultades del Estado amanos privadas, en que se verificó la seguridad jurídica originaria.La renegociación no es una vuelta atrás, que intente retrotraer las condiciones a unasituación anterior. No puede establecerse una solución teórica, que surja de la nada ysirva para todos los supuestos. Por el contrario la recomposición de los contratos debeser casuística, tomando en consideración las especiales circunstancias que se hayanproducido en cada caso. La renegociación puede hacerse en partes, e incluso porsucesivas enmiendas.Por ello para hacer posible la viabilidad del contrato y de las prestaciones en situaciónde crisis, corresponde efectuar una redistribución de las cargas.Para lograr un marco de renegociación apropiado que asegure la consecución de lasprestaciones se debe tomar en cuenta el principio del “sacrificio compartido”, en tantoambas partes de la relación de servicio (prestador privado – usuario consumidor) seven perjudicadas por la crisis y es imposible que solo una de ellas soporte todo el pesode los perjuicios.La aplicación del criterio del sacrificio compartido es la premisa que permite que laspartes acuerden condiciones sobre las pautas del esfuerzo conjunto y concurrente, que

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALSerá parte interesada dentro del procedimiento todo aquel que invoque la afectación deun derecho subjetivo o de un interés legítimo, y extiende tal carácter a quienes el acto adictarse pudiera afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos.ConclusiónComo todo procedimiento administrativo, aún con sus características especiales, larenegociación tiene una fase de conclusión, que se manifiesta desde la obtención delacuerdo entre el Estado y el contratista hasta la aprobación o convalidación de dichoacuerdo.Control de la renegociaciónExiste una profunda razón jurídica y política justificativa del control en todas lasinstancias del quehacer público. El control impone como deber irreversible,irrenunciable e intransferible para asegurar la legalidad de la actividad estatal. Sincontrol no hay responsabilidad. No puede haber responsabilidad pública sinfiscalización eficaz de los actos públicos, lo que la torna imprescindible para unaasignación eficiente de los recursos como medio para alcanzar el bien común.ALCANCES E IMPLICANCIAS DE LA ESTABILIDAD JURÍDICA DE LOSCONTRATOS DE CONCESIÓN MUNICIPALESCuando un inversionista busca desarrollar proyectos de mediano y largo plazo debetomar en consideración diversos factores. Entre otros destacan la situación actual delmercado en el cual se va a desarrollar y su futuro desempeño; el acceso a insumos ytecnología; la situación política, económica y social, la normatividad legal, entre otros.De lo expuesto se puede advertir que el inversionista necesita tener la mayor cantidadde información sobre cómo se desenvolverá la rentabilidad de su proyecto.Precisamente uno de los principales factores que podrían afectar considerablemente larentabilidad del proyecto son los cambios en la legislación durante el desarrollo delrespectivo contrato de concesión. El retorno esperado por el inversionista, que lo animóa invertir en un determinado proyecto, podría verse disminuido por variaciones en elmarco laboral, tributario, comercial u otros.En algunos países, entre los que se encuentra el Perú, los cambios en la legislaciónson constantes, y es en ese contexto en que nace la figura de los convenios deestabilidad jurídica, con el objeto de cubrir en parte el problema de inestabilidad.

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALEstos convenios y contratos se asemejan a una fotografía que se realiza endeterminado momento, inmovilizando la legislación para quien suscribe le contrato. Esdecir, se trata de un compromiso de respeto de lo establecido en las leyes, reglamentosy otras normas, sin implicar de modo alguno inafectaciones, exoneraciones u otrosbeneficios. Consiste en otorgarle al inversionista la seguridad que dichas variables nocambiarán en el tiempo.Los contratos de concesión son contratos-ley o acuerdos entre el inversionista y elEstado para que se respete el marco jurídico existente en el momento en que seadoptó el acuerdo o contrato, el que no puede ser modificado por ninguna norma legal.Los convenios de estabilidad jurídica, que se extienden por todo el plazo de laConcesión, garantizan la estabilidad del impuesto a la renta vigente al momento decelebrarse el convenio; del régimen de libre disponibilidad de divisas y de remesas alexterior de utilidades, dividendos y otros; del derecho a la no discriminación por lanacionalidad de los inversionistas; de los regímenes de contratación de trabajadores encualquiera de sus formas; y, regímenes especiales de exportación.El establecimiento de una condición de estabilidad, equivale a lo que se conoce como“reglas de juego claras”, que permite reducir el riesgo del proyecto de inversión,dejando que este riesgo provenga sólo del mercado donde se desenvuelve.Bajo esta contexto, los convenios de estabilidad jurídica permiten incentivar los nivelesde inversión, desarrollar la actividad económica, dinamizando la economía.Si bien, en caso se pretenda afectar de cualquier manera lo pactado en estoscontratos, el inversionista puede recurrir a un arbitraje, existe una coincidenciageneralizada que siendo la inversión sin lugar a dudas el eje principal de nuestrodesarrollo como país, debe protegerse la seguridad y estabilidad para lo cual fueroncreados los convenios, de lo contrario el mensaje que se enviaría a los inversionistassería sumamente negativo.El respeto absoluto de lo pactado entre el Estado y cualquier privado es el fundamentobásico que sustenta la seguridad y estabilidad jurídica que necesariamente debe existirpara captar y no desalentar la inversión privada que requiere el Perú.El Perú ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversión privada,tanto nacional como extranjera, traducido en el Decreto Legislativo Nº 662 – Ley deRégimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión Privada y el Decreto legislativo N° 757 –Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, los mismos que promueven ygarantiza las inversiones en el Perú, con la finalidad de captar los recursos financieros

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO MUNICIPALy tecnológicos requeridos para explotar los vastos recursos naturales y desarrollar lasdistintas potencialidades productivas existentes en el país.