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LA SITUACION DELOS PUEBLOS INDIGENASEN ARGENTINAInforme del Relator Especial sobre los derechosde los pueblos indígenas, James Anaya

LA SITUACION DELOS PUEBLOS INDIGENASEN ARGENTINAInforme del Relator Especialsobre los derechos de los pueblos indígenas,James Anaya

La situación de los pueblos indígenas en ArgentinaInforme del Relator Especialsobre los derechos de los pueblos indígenas, James AnayaProducción editorial: IWGIADiseño de tapa e interiores: Jorge MonrásFoto de tapa: Quebrada de Maimará, provincia de Jujuy -Foto: Maia CampbellFotos interior: Alejandro ParelladaISBN: 978-87-92786-25-8GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJOSOBRE ASUNTOS INDIGENASClassensgade 11 E, DK-2100 – Copenhague, DinamarcaTel: (+45) 35 27 05 00 – Fax: (+45) 35 27 05 07E-mail: iwgia@iwgia.org – Web: www.iwgia.org

Indicepárrafos páginaI. Introducción................................................................................1–39II. Los pueblos indígenas de Argentina........................................4–910III. Marco legal e institucional.........................................................A. Leyes e instituciones a nivel federal...................................B. Leyes a nivel provincial......................................................1011–1718–19121214IV. Preocupaciones principales del Relator Especial...................A. La tenencia de tierra y recursos naturales...............................B. Acceso a la justicia, desalojos y protesta social.......................C. Condiciones sociales y económicas........................................2021–5051–5757–7815152425V. Conclusiones y recomendaciones...........................................79–11333ApéndiceResumen de información y alegaciones proporcionadas por representantesde pueblos, comunidades y organizaciones indígenas al Relator Especialsobre los derechos de los pueblos indígenas........................................................... 42

Naciones UnidasAsamblea GeneralA/HRC/21/47/Add.2Distr. general4 de julio de 2012Original: españolConsejo de Derechos Humanos21.º período de sesionesTema 3 de la agendaPromoción y protección de todos los derechos humanos,civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,incluido el derecho al desarrolloLA SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS* **EN ARGENTINAInforme del Relator Especial sobrelos derechos de los pueblos indígenas, James Anaya* El resumen del presente informe se distribuye en todos losidiomas oficiales. El informe, que figura en el anexo, se distribuyeen español y en inglés solamente.** El apéndice se distribuye tal como se recibe, en el idioma enque se remitió únicamente.7

ResumenEl presente informe examina la situaciónde los derechos humanos de los pueblosindígenas en Argentina, y hace recomendacionesal respecto, sobre la base dela información recibida por el Relator Especialdurante su visita al país del 27 de noviembreal 7 de diciembre de 2011.El Estado de Argentina ha realizadopasos importantes para reconocer los derechosde los pueblos indígenas en elpaís. Estos pasos incluyen las reformasde la Constitución de la Nación de 1994 enmateria de los pueblos indígenas, la adopciónde la Ley 26160 que inicia un procesopara contribuir a la regularización de lastierras indígenas del país, la ratificacióndel Convenio 169 de la OIT, y el voto en laAsamblea General a favor de la Declaraciónde las Naciones Unidas sobre los derechosde los pueblos indígenas.Sin embargo, persiste una brecha significativaentre el marco normativo esta-blecido en materia indígena y su implementaciónreal. Es necesario que el Estado,tanto a nivel federal como provincial,priorice y dedique mayores esfuerzos alos temas relacionados con los derechoshumanos de los pueblos indígenas. Enparticular, el Estado debe adoptar políticaspúblicas claras, así como elaborar medidaslegislativas y administrativas adicionalespara impulsar un mayor conocimientoy acción estatal en materia indígena entretodos los poderes del Gobierno.En el presente informe, el Relator Especialhace un enfoque especial en temasrelacionados al reconocimiento y protecciónde tierras y recursos naturales, incluyendoel programa de relevamiento territorialy las industrias extractivas y agropecuarias;el acceso a la justicia, los desalojosy la protesta social; y la situación socialy económica de los pueblos indígenas, incluyendoeducación, salud y desarrollo.8

I. Introduccion1. El presente informe examina la situaciónde los derechos humanos de los pueblosindígenas en Argentina y hace recomendacionesal respecto. El informese basa en la información recabada porel Relator Especial durante su visita aArgentina del 27 de noviembre al 7 dediciembre de 2011, así como en sus propiasinvestigaciones sobre los pueblosindígenas del país.2. Durante su visita a Argentina, el RelatorEspecial se entrevistó con diversos representantesdel gobierno federal, lospueblos indígenas, la sociedad civil y lasNaciones Unidas en la ciudad de BuenosAires. El Relator Especial se reuniócon representantes de pueblos indígenasen las capitales de las provincias deRío Negro, Neuquén, Jujuy, Salta y Formosa,y llevó a cabo algunas visitas aterritorios tradicionales y comunidadesde pueblos indígenas en las provinciasde Neuquén, Jujuy y Formosa. En lasprovincias de Neuquén, Salta, Jujuy yFormosa, se reunió con los representantesde los gobiernos provinciales. Sinembargo, cabe señalar que tanto a nivelfederal como a nivel provincial, con laexcepción de la provincia de Formosa,el Relator Especial considera que no tuvola oportunidad de reunirse con unamuestra representativa de las autoridadesde todos los poderes de gobierno.3. El Relator Especial agradece al Gobiernode Argentina por su invitación al paísy el apoyo brindado por el Instituto Nacionalde Asuntos Indígenas (INAI) en larealización de la visita. El Relator Especialtambién agradece a las distintas organizacionesy personas indígenas porel apoyo logístico, indispensable, que lebrindaron para la visita, así como a losrepresentantes de los pueblos indígenaspor toda la información escrita y oralque presentaron sobre sus situaciones.Finalmente, el Relator Especial expresasu agradecimiento al personal de la oficinadel Programa de las Naciones Unidaspara el Desarrollo en Argentina, laOficina del Alto Comisionado para losDerechos Humanos en Ginebra, y elProyecto de Apoyo para el Relator Especialde la Universidad de Arizona porsu asistencia en la preparación de la visitay del presente informe.9

II. Los pueblos indígenas de Argentina4. La época de la colonización en Argentinadurante el siglo XIX y especialmentela serie de campañas militaresllevadas a cabo en el país ocasionaronel exterminio de una gran parte delos pueblos indígenas que vivían enArgentina. Desde la época de la colonizaciónhasta finales del siglo XX, lapolítica del Gobierno hacia los pueblosindígenas fue tanto de exclusión comode asimilación. En este sentido, hastael año 1994 la Constitución de la Naciónde Argentina siguió asignando alparlamento nacional la responsabilidadde “conservar el trato pacífico conlos indios, y promover la conversiónde ellos al catolicismo”. 15. A pesar de estos hechos históricos,los pueblos indígenas de Argentinatodavía representan una gran diversidade incluyen a los siguientes pueblos:atacama, ava guaraní, aymara,chané, charrúa, chorote, chulupi,comechingón, diaguita/diaguita calchaquí,guaraní, huarpe, kolla, lule,mapuche, mbyá guaraní, mocoví,omaguaca, ona, pampa, pilagá, quechua,querandi, rankulche, sanavirón,tapiete, tehuelche, toba, tonocote, tupíguaraní, y wichí. Los pueblos indígenasque tienen mayor población enArgentina son los pueblos mapuche(la Patagonia), kolla (Jujuy y Salta),1 Constitución de la Nación de Argentina de 1853(con reformas), art. 67, inc. 15.toba (Chaco, Formosa y Santa Fe) ywichí (Chaco, Formosa y Salta).6. Hasta el año 2001, el censo nacionalno recogió datos específicos sobrelos pueblos indígenas como tales.Recién en el mes de junio del año2006, el Instituto Nacional de Estadísticasy Censos publicó las primerascifras de su Encuesta Complementariade Pueblos Indígenas (EC-PI), que fue elaborada durante losaños 2004 y 2005. Según las cifrasde la ECPI, hay 600.329 personasindígenas en el país, que representanaproximadamente 1,7% de la populacióntotal. En algunas provinciascomo Jujuy, la población indígenasupera el 10% de la población. Caberesaltar que aunque la mayoría de losindígenas en Argentina viven en zonasrurales, existe un gran porcentajede la población indígena que ha migradoa las ciudades.7. Más allá de los últimos censos nacionales,existen diferencias sustanciales entrelas diferentes estimaciones censalescon relación al número de personas indígenasque habitan en el país. En estesentido, la metodología empleada en elcenso de la ECPI ha sido criticada, porejemplo por no haber incluido una preguntasobre la autoidentificación indígenaen las ciudades con más de 25,000habitantes. En consecuencia, fuentesalternativas estiman que hay una pobla-10

ción de hasta dos millones de personasindígenas en el país.8. En las últimas décadas, Argentina harealizado pasos importantes para avanzaren la implementación de los derechosde los pueblos indígenas. Al igualque en otros muchos países del mundo,este nuevo reconocimiento ha conllevadoun proceso interno entre los pueblosindígenas de reivindicación específicade sus derechos humanos a sus tierrasy recursos naturales y de otros derechos,como la revitalización de sus culturas,costumbres y lenguajes.9. Sin embargo, en Argentina existen todavíalegados de la época de colonizacióny la historia de exclusión de lospueblos indígenas sigue siendo muyvisible. Ésta se manifiesta de diversasformas como por ejemplo las condicionesde desventaja que sufren los pueblosindígenas en diversos ámbitos, lafalta de una adecuada protección desus derechos sobre sus tierras tradicionales,y el continuo desarrollo de patronesde marginalización y de discriminaciónhacia ellos, tal como se detallarámás adelante en el presente informe.James Anaya en un encuentro con el pueblo Mapuche - Provincia de Neuquén11

III. Marco legal e institucional10. Conforme al sistema federal argentino,enmarcado en la Constitución dela Nación de Argentina de 1994 (y enlas constituciones anteriores), las 23provincias del país gozan de un altonivel de autonomía y tienen la facultadde dictar sus propias constituciones,leyes y políticas sobre asuntosespecíficos, inclusive sobre cuestionesindígenas. Sin embargo, la implementaciónde varias disposicionesconstitucionales, incluyendo las relacionadascon pueblos indígenas, sehace de manera concurrente entre elgobierno nacional y las provincias.A. Leyes e instituciones a nivelfederal11. La normativa interna sobre pueblosindígenas se fundamenta en el párrafo17 del artículo 75 de la Constitución,que establece como atribucionesdel Congreso:Reconocer la preexistencia étnicay cultural de los pueblos indígenasargentinos. Garantizar elrespeto a su identidad y el derechoa una educación bilingüe eintercultural; reconocer la personeríajurídica de sus comunidades,y la posesión y propiedadcomunitarias de las tierras quetradicionalmente ocupan; y regularla entrega de otras aptas ysuficientes para el desarrollo humano;ninguna de ellas será enajenable,transmisible ni susceptiblede gravámenes o embargos.Asegurar su participación en lagestión referida a sus recursosnaturales y a los demás interesesque los afecten. Las provinciaspueden ejercer concurrentementeestas atribuciones.12. La Corte Suprema de Justicia de laNación ha dictaminado que las disposicionescontenidas en el párrafo 17del artículo 75 de la Constitución tienencarácter operativo y hacen efectivoslos derechos contenidos en eseartículo aún en la ausencia de leyesnacionales o provinciales específicas. 213. A nivel legislativo y administrativo, laLey 23302 sobre protección de comunidadesindígenas de 1985 creó elInstituto Nacional de Asuntos Indígenas(INAI), encargado de diseñar eimplementar las políticas a favor delos pueblos indígenas. Bajo esta ley ysu reglamento, se reconoce la personeríajurídica de las comunidades indí-2 Corte Suprema de Justicia de la Nación, CasoComunidad Indígena Hoktek T’Oi Pueblo Wichíc. Secretaría de Medio Ambiente y DesarrolloSustentable s. amparo, recurso de apelación (8septiembre 2003).12

genas y establece que ésta se adquieremediante su inscripción en el RegistroNacional de Comunidades Indígenas.El INAI es la entidad encargadade mantener este registro y de coordinarcon las provincias que mantienensus propios registros de comunidadesindígenas. En el año 2004, el INAIcreó el Consejo de Participación Indígenacomo espacio para incluir a lospueblos indígenas en la elaboración yejecución de sus programas y políticas,incluyendo los temas de relevamientode tierras y servicios sociales.14. En el año 2006, debido a la existenciade un patrón de conflictos sobre tierrasentre supuestos titulares de propiedadprivada y comunidades indígenasen varias partes del país, el Congresode la Nación promulgó la Ley26160. Esta ley ordena la suspensiónde desalojos de comunidades indígenaspor un período de cuatro años yencarga al INAI la realización de un“relevamiento técnico-jurídico-catastralde la situación dominial de las tierrasocupadas por las comunidadesindígenas” (art. 3). La Ley 26554 de2009 prorroga los plazos de la Ley26160 por cuatro años, hasta 2013.15. Respecto de otros temas, la Ley26206 de Educación Nacional de 2006establece la Educación InterculturalBilingüe con el fin de garantizar el derechoconstitucional de los pueblosindígenas a recibir una educación quepromueva las culturas y lenguas indígenas.La Ley 25517 de 2001 disponela restitución de restos mortales de indígenasque se encuentran en museoso en colecciones públicas o privadas,a comunidades indígenas quelos reclamen. Asimismo, la Ley 26522de Servicios de Comunicación Audiovisualde 2010 reconoce el derecho delos pueblos indígenas a la comunicacióncon identidad, particularmentemediante la provisión de radioemisorasen las comunidades indígenas. ElINAI es la entidad estatal encargadade implementar estas leyes.16. Además del INAI, existen otras institucionesrelevantes para los pueblos indígenas.La Secretaría de DerechosHumanos promueve la protección delos derechos humanos a través delInstituto Nacional contra la Discriminación,la Xenofobia y el Racismo. Asimismo,el Defensor del Pueblo, organismoautónomo que figura como ombudsman,ha prestado una atenciónparticular al tema de pueblos indígenasmediante visitas in situ para constatarcondiciones de vida de pueblosindígenas y la búsqueda de resolucionesde conflictos relacionados con lasreivindicaciones indígenas.17. Reforzando el marco legal nacional,Argentina ha ratificado varios tratadosinternacionales de relevanciapara los pueblos indígenas, en particularel Convenio N.º 169 de la OrganizaciónInternacional del Trabajo(OIT) sobre pueblos indígenas y tribalesen países independientes, de1989 (ratificado en el año 2000).Además, Argentina votó a favor de laDeclaración de las Naciones Unidas13

sobre los derechos de los pueblosindígenas al ser aprobada por laAsamblea General en el año 2007.B. Leyes a nivel provincial18. Dentro de la estructura federal contempladaen el párrafo 17 del artículo75 de la Constitución, el CongresoNacional tiene la competencia de establecerlas leyes necesarias para laprotección mínima de los derechosde los pueblos indígenas, mientrasque las provincias pueden promulgarnormas complementarias y de mayorprotección al respecto. Debido a larelativa novedad de las reformasconstitucionales en cuanto a los pueblosindígenas, muchas áreas de delimitaciónde competencias entre elGobierno federal y las provincias aúnse encuentran en desarrollo.19. Las provincias en donde existen poblacionesindígenas significativastambién han desarrollado una normativaconstitucional en materia indígena.Éstas son Tucumán, Chaco, Neuquén,Salta, Jujuy, Río Negro, BuenosAires, La Pampa, Chubut, Formosa, yEntre Ríos. Varias provincias tambiéncuentan con leyes específicas sobrediversos temas indígenas. Algunas deestas leyes son de carácter general,abarcando diversos asuntos relacionadoscon los pueblos indígenas, yotras enfocan en una temática específica,como la adjudicación de tierras ola creación de registros o de institucionesde comunidades indígenas.Recibimiento del pueblo Mapuche a la visita del Relator Especial - Provincia de Neuquén14

IV. Preocupaciones principalesdel Relator Especial20. Existe un número significativo de leyesy programas nacionales y provincialesen materia indígena. Sin embargo,se presentan una serie de problemasen relación con la implementacióny garantía de los derechos de lospueblos indígenas, especialmente enrelación con sus tierras y recursos naturales,el acceso a la justicia, la educación,la salud, y otros servicios básicos.En general, el Relator Especial observóla falta de una política adecuada quepriorice y atienda la formulación e implementaciónde políticas públicas paraefectivizar los derechos de los pueblosindígenas reconocidos en la legislaciónnacional e instrumentos internacionalesadheridos por Argentina.A. LA TENENCIA DE TIERRAS YRECURSOS NATURALES21. La situación de la tenencia de tierras delos pueblos indígenas en el país derivade la desposesión histórica de grandesextensiones de sus tierras por estancierosy por la presencia de empresasagropecuarias, petroleras y minerasque operan en tierras reclamadas porcomunidades indígenas. La mayoría delas comunidades indígenas del país nocuentan con un reconocimiento legalde sus tierras acorde a sus formas deuso y ocupación tradicional.1. La identificación y legalización detierras indígenasa) El programa federal derelevamiento territorial22. El INAI promovió la aprobación dela Ley 26160, señalada anteriormente(párr. 14 supra), en respuestaal problema de la tenenciade la tierra indígena en el país ycon el fin de cumplir con las provisionesdel Convenio N.º 169 de laOIT sobre el reconocimiento y protecciónde los derechos de los pueblosindígenas a las tierras queocupan tradicionalmente (art. 14).23. Para implementar el relevamientoordenado por esta ley, el INAI instituyóel Programa Nacional deRelevamiento Territorial de ComunidadesIndígenas. Este programaprevé la ejecución de trabajo técnicoy de campo coordinado entreel INAI, los pueblos indígenas, lasprovincias, instituciones académicasy organizaciones no gubernamentales.En los casos en los queno exista un mecanismo de coordinaciónefectivo entre el INAI y laprovincia, o en los casos particularesde grave urgencia, la ejecucióndel relevamiento estaría a15

cargo de un equipo técnico deejecución dirigido por el INAI.24. El proceso de relevamiento comprendeun estudio sobre la organizaciónsocial y cultural de la comunidad,y sobre los antecedentes desu uso y ocupación territorial, con laparticipación de la comunidad. Esteproceso incluye la elaboración deun informe cartográfico que debeser aprobado por la comunidad y laelaboración de una carpeta técnicacon la información recopilada, asícomo una descripción de los pasosque debe seguir la comunidad paralegalizar sus tierras.b) La titulación de tierras por lasprovincias25. Han existido algunas iniciativasprovinciales para regular la posesiónindígena de sus tierras. Comoresultado de estas iniciativas, algunascomunidades indígenascuentan con títulos de sus tierrastradicionales, o por lo menos departe de sus tierras.26. En Jujuy, en el año 1997 el gobiernoprovincial, dentro del marco deun convenio con el Gobierno federal,inició el Programa de Regularizacióny Adjudicación de Tierras ala Población Aborigen de Jujuyque pretendía la regularización demás de 1.200.000 hectáreas a favorde familias o comunidades indígenas.Treinta y tres títulos comunitariosfueron entregados acomunidades indígenas en losaños 2006 y 2007 bajo este programa.Sin embargo, queda pendientela titulación de otras comunidades,tanto bajo este régimencomo bajo el de la Ley 26160.27. En Salta resulta destacable que elgobierno provincial acordó en elaño 1991 otorgar un título comunitarioa la Asociación de ComunidadesLhaka Honhat, integradapor alrededor de 60 comunidadesde distintos pueblos indígenas.Esto llevó a que se realizase unproceso de relevamiento territorialcon anterioridad a la Ley 26160,que incluso sirvió de modelo dereferencia para la elaboración delprograma de relevamiento territorialdel INAI. Sin embargo, la demoraen la titulación de estas tierras,y la construcción de un puentey otras obras dentro del territorio,continúa siendo un asunto decontroversia y de litigio ante elsistema interamericano de derechoshumanos.28. En la provincia de Formosa, autoridadesprovinciales informaron queel 99,8% de las comunidades indígenastienen sus tierras mensuradasy tituladas. Contrariamente,resulta evidente que en su granmayoría, estos títulos no comprendentodo el territorio que las comunidadeshan ocupado y utilizado deforma tradicional. El título de la comunidadde Potae Napocna Navo-16

goh (la Primavera), por ejemplo,obtenido en 1985, excluye las tierrastradicionales de la comunidadque fueron incorporadas al ParqueNacional Pilcomayo u otorgadas aintereses particulares. La comunidadactualmente se encuentra enun proceso de reivindicación deestas tierras.29. La provincia de Neuquén ha creadoreservas de tierras a favor decomunidades indígenas desde laemisión del Decreto N.º 737 de1964. El decreto dispuso la titulaciónde unas 40 comunidades indígenasen la provincia. Sin embargo,se ha reportado que aún enestas comunidades, todavía existenalgunos conflictos con propietariosprivados.c) Problemas principales dentrode los procesos de relevamientoy titulación territorial30. A pesar de las importantes iniciativasnacionales y provinciales en laregularización de tierras indígenas,existen deficiencias en estas iniciativas,así como problemas en suefectiva implementación.31. Varias comunidades indígenas reportaronhaber cumplido con losrequisitos de los programas federaleso provinciales de relevamientoy titulación territorial, sinobtener una respuesta de las autoridadescompetentes. En algunoscasos, las comunidades reportaronhaber entregado su documentaciónen diversas ocasionesdurante períodos de hasta 15años, y repetidamente se les informabaque les hacía falta la documentaciónrequerida, por lo quedebían comenzar con el procesode solicitud de nuevo. Las demorasse han debido a distintos motivos,entre ellos, la insuficiencia defondos, la complejidad de las situacionesde tenencia de tierras, yla oposición por parte de los terratenientesu otros.32. Otro factor que ha contribuido a lademora en el reconocimiento yprotección de las tierras indígenases la inadecuada coordinación entreel INAI y las provincias en laimplementación de la legislaciónnacional. Se ha reportado que enciertas provincias, el relevamientono comenzó debido a desacuerdosen su ejecución e incluso a lanegativa por parte de ciertas provinciasen reconocer los derechosreclamados por los pueblos indígenas.Cabe notar que la normativanacional refleja la necesidad decoordinación y uniformidad de criteriosempleados por los gobiernosfederales y provincial en temasindígenas. Si bien las provinciastienen competencia paraejercer las atribuciones del párrafo17 del artículo 75 de la Constitución,la doctrina jurisprudencialestablece que éstas no puedenobstaculizar las actuaciones delgobierno nacional.17

33. Por otro lado, a pesar del acompañamientoque ha dado el Consejode Participación Indígena (CPI) alproceso de relevamiento, las poblacionesindígenas han señaladola falta de adecuada participaciónindígena en el programa nacionalde relevamiento, y que el procesode selección de los representantesindígenas en los CPI no es deacuerdo con los procesos tradicionalesde las comunidades.34. Además, aunque el programa derelevamiento territorial del INAI tienela finalidad de reconocer la tenenciade tierras indígenas en Argentina,no incluye un procedimientopara la titulación de tierrasindígenas. Un avance importantepara llenar este vacío es el desarrollopor parte del INAI de un proyectode ley sobre la posesión ypropiedad comunitaria indígenaque sería presentado al CongresoNacional durante el año 2012.Aunque este proyecto de ley esreconocido por representantes indígenascomo un paso importante,existen preocupaciones sobre elnivel de consulta que se ha hechocon los pueblos indígenas con respectoa esta iniciativa.35. Otra crítica relacionada al programade relevamiento del INAI esque no establece mecanismosque resuelvan casos en los queuna comunidad afirme un derechode restitución de tierras sobre tierrasde las que hayan sido desposeídasrecientemente o dondeexistan reclamos por reconocimientode territorios superpuestosentre comunidades y propietariosprivados. Además, se observa queel programa de relevamiento no seaplica a las comunidades cuyosmiembros, a raíz de la desposesiónde sus tierras ancestrales unas generacionesatrás, se encuentrandispersos en zonas urbanas.2. Las industrias extractivas yagropecuarias36. Relacionado con la inseguridad jurídicade los pueblos indígenas sobre sustierras tradicionales puede mencionarsela existencia o promoción de proyectosde industrias extractivas yagropecuarias dentro o cerca de estastierras. Argentina tiene una larga historiade extracción de los recursosnaturales, pero debido en parte a la liberalizaciónde leyes y políticas queregulan estas industrias durante losaños noventa, el otorgamiento de concesionespor parte de las provinciasha aumentado considerablemente enla última década.37. De acuerdo con el artículo 124 de laConstitución, las provincias tienen lapotestad de disponer de los recursosdentro de sus respectivos territorios.Sin embargo, bajo la Constitución, elEstado federal mantiene cierta jurisdicciónpara regular asuntos relacionadoscon las industrias extractivas.Con respecto al medio ambiente, por18

ejemplo, corresponde al Estado federalestablecer las normas mínimas deprotección, mientras que a las provinciasles corresponde dictar las normasnecesarias para complementar estasnormas federales (art. 41, párr. 3).También corresponde al CongresoNacional asegurar la participación delos pueblos indígenas en la gestión desus recursos naturales, aunque lasprovincias tienen jurisdicción concurrenteen este sentido (art. 75, párr.17). A su vez, todavía existen en Argentinavacíos y perplejidades encuanto al deslinde de competenciassobre la explotación y administraciónde los recursos naturales.a) Efectos sobre los derechos delos pueblos indígenas38. A través de los años, los proyectosagropecuarios y de industrias extractivasexistentes en Argentinahan afectado a un conjunto de derechosde los pueblos indígenas,incluyendo sus derechos a sus tierrasy recursos naturales, así comosus derechos a la alimentación, lasalud, y el desarrollo, entre otros.Las industrias agropecuarias39. El avance de la frontera agrícolaha generado la pérdida de grandesextensiones de tierras tradicionalesde los pueblos indígenas.Familias indígenas han sido desalojadasde las áreas donde vivían,y a veces han tenido quemigrar a las ciudades cercanaspara buscar oportunidades laborales,viviendo a menudo en condicionesde extrema marginación ymiseria. Los desmontes realizadoscomo parte de estas activida-Contaminación por petróleo en Loma la Lata - Provincia de Neuquén19

des agropecuarias también hanhecho que el acceso a y la disponibilidadde los animales decaza y pesca, plantas y miel derecolección, materiales para laconstrucción de viviendas utilizadospor los pueblos indígenas,así como el acceso a sitiosde importancia cultural y espiritual,como cementerios, se veanseveramente limitados. Existentambién efectos nocivos en lasalud de las personas indígenasa raíz del uso de agro-tóxicospara la fumigación de cultivos.40. Una situación de especialpreocupación es la situaciónobservada en el Chaco Salteño,provincia de Salta, habitadopor comunidades del pueblo indígenawichí en las zonas territorialesdenominadas Pilcomayo,Norte Bermejo, RivadaviaBanda Norte, Rivadavia, Itiyuro-Ruta86, Bajo Itiyuro y Ballivián.En estas zonas, empresariosagropecuarios han desmontadocientos de miles dehectáreas de bosques, de loscuales dependen estas comunidades.Esta situación ha continuadoen los años recientes.41. Un avance positivo en este contextoha sido la adopción de laLey de Presupuestos Mínimos deProtección Ambiental de los BosquesNativos (Ley 26331). Sinembargo, los desmontes hancontinuado a pesar de la vigenciade esta ley, situación que ha sidocriticada por el Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales. 3Las industrias extractivas42. La extracción de recursos naturalesa lo largo del país también hagenerado numerosos casos de disminuciónde territorios de los cualesdependen los pueblos indígenas.En las zonas desérticas delnorte del país, específicamente enlas provincias de Salta y Jujuy, representantesindígenas expresaronsu preocupación por el consumo deagua que realizan las empresasmineras y el temor de que ello conlleveefectos desastrosos sobre losniveles de este recurso en la zona.En la región de las Salinas Grandesque abarca las provincias deSalta y Jujuy, por ejemplo, se temeque la propuesta de explotación dellitio afecte el nivel de agua en estazona árida, el cual es necesario parala cría de ovejas, cabras y llamas,y es asimismo esencial parala producción y cosecha de la sal,una actividad importante para laeconomía tradicional de la zona.43. Otra preocupación central es lacontaminación producida por actividadesmineras o petroleras. Algunasde ellas desarrolladas enlas décadas anteriores y sin controlesmedioambientales adecua-3 E/C.12/ARG/CO/3, párr. 10.20

dos. Se pueden mencionar los siguientescasos:a) En la comunidad de Kaxipayiñ,región de Loma de Lata,provincia de Neuquén, el RelatorEspecial pudo constatarindicios de contaminación poractividades petroleras tal comola presencia de varias cabrasmuertas cerca de un arroyosupuestamente contaminadocon petróleo, y de numerososletreros con el mensaje“Peligro” alrededor de lasáreas donde miembros de lacomunidad tienen sus viviendas.En noviembre de 2011, laempresa Repsol YPF anuncióel descubrimiento de un nuevoyacimiento de gas y petróleoen la región de Loma de Lata,fomentando nuevas preocupacionessobre la explotación depetróleo en la zona, especialmentepor el método de extracciónparticularmente riesgosoque supuestamente utilizará:la fractura hidráulica;b) La comunidad de Pan de Azúcar,provincia de Jujuy, siguesufriendo los impactos de losefectos de la contaminacióndejada por una mina de plomo,plata y zinc que dejó de operaren el año 1989. El gobiernoprovincial ha tomado algunasmedidas, como la reparaciónde parte del dique de cola rotoen el año 2011 y el cierre deuna escuela que estaba en mediode la zona contaminada enel año 2008 (aunque falta todavíala construcción de una nuevaescuela). Sin embargo, permanecentodavía muchasáreas altamente contaminadas,lo cual se ha evidenciado,según sus habitantes, por laslagunas rojas del drenaje ácido,entre otras señales visiblesde contaminación. Supuestamente,la única acción tomadapor el gobierno ha sido el alambradode algunas de esasáreas para evitar el ingreso depersonas o animales;c) El caso del pueblo Abra Pampa,provincia de Jujuy, surge apartir de la generación de desechostóxicos y contaminaciónpor plomo, originados porla planta Metal Huasi entre losaños 1955 y 1987. En los años2009 y 2011, el gobierno provincialrealizó acciones detraslado y limpieza del área dela anterior planta, lo que el RelatorEspecial reconoce comoun avance positivo, pero todavíaexisten preocupaciones deque no se hayan tomado medidasadecuadas para atenderlos problemas de salud de lapoblación, especialmente delos niños. El Relator Especialtambién toma nota de las iniciativasdel Programa de lasNaciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) a partir de febre-21

o de 2010 para implementarun plan de remediación ambientalen Abra Pampa.44. El Relator Especial no tiene la capacidadtécnica ni el mandato pararealizar un estudio exhaustivo sobreel estado de contaminación en estascomunidades. Sin embargo, la cantidadde información recibida sobreeste tema, así como las situacionesque pudo constatar personalmente,indican que persisten problemas serios,y que la situación de contaminación,especialmente la contaminacióndejada por proyectos clausurados,no ha sido abordada con suficientediligencia por parte del Gobiernonacional y las provincias.b) Consulta y consentimiento enrelación con estos proyectos45. El derecho de los pueblos indígenasa ser consultados, con el objetivode lograr su consentimiento,está garantizado en el ConvenioN.º 169 de la OIT, que forma partedel ordenamiento jurídico internode Argentina, y por la Declaraciónde las Naciones Unidas sobre losderechos de los pueblos indígenas,que ha sido respaldada por elGobierno argentino. Sin embargo,no existe ley o política alguna, tantoa nivel federal como provincial,que regule un procedimiento deconsulta con los pueblos indígenas.Las leyes sectoriales de lanación, como la Ley de Hidrocarburosy el Código de Minería 4 tampocose refieren a la consulta conlos pueblos indígenas, aunqueesta última requiere del permisode los “propietarios” de suelo parala exploración de minerales. 5 Delmismo modo, la Ley General delAmbiente nacional sólo se refiereen términos generales al derechode “toda persona” a ser consultada,afrimando a la misma vez que“[l]a opinión u objeción de los participantesno será vinculante”. 646. Debido en parte a estos vacíos legalesy administrativos en relacióncon los proyectos extractivos, existeuna ausencia de procesos deconsulta con los pueblos indígenasque cumplan con los estándaresinternacionales. Son numerososlos casos que han sido llevados a laatención del Relator Especial alegandouna falta de consulta. Porotro lado, se alega que los procesosde consulta que si se han realizadose han visto afectados por diversasirregularidades.47. Por lo general, los pueblos indígenasno participan directamente delos beneficios económicos derivadosde estos proyectos. Sin embargo,en algunos casos, las comunidadesafectadas han podido negociarel otorgamiento de beneficios conlas empresas involucradas, tales co-4 Ley 1919 (1997).5 Ibíd., art. 26.6 Ley 25676 (2002), art. 20.22

La Primavera, provincia de Formosamo puestos de trabajo, el suministrode agua potable, y la construcciónde escuelas o caminos. En todo caso,el Relator Especial advierte quees responsabilidad del Estado proporcionarestos tipos de beneficios.48. El Relator Especial también recibióinformación sobre casos en loscuales las empresas involucradas yautoridades de las provincias hanpromovido la formación y el otorgamientode personería jurídica a “comunidades”indígenas ficticias y eldesconocimiento de las autoridadestradicionales reconocidas conel objeto de dirigir todos los arreglosy las negociaciones a travésde ellas. A veces, los territorios deestas “comunidades” se solapancon los territorios de otras comunidadeslegítimas, que a veces quedantodavía en espera del otorgamientode su personería jurídica yel reconocimiento de sus tierras.3. Otros problemas que afectan latenencia de la tierra de pueblosindígenas49. Existen también preocupaciones sobrelos efectos de la superposición deparques nacionales y áreas protegidassobre áreas habitadas o utilizadaspor pueblos indígenas. En el año2005, la Administración de ParquesNacionales y el INAI suscribieron unconvenio en el que se comprometierona brindar asistencia a las comunidadesindígenas asentadas en áreasprotegidas. El Relator Especial recibióinformación sobre avances positivosen años recientes, incluyendo un aumentodel control por parte de los pueblosindígenas en el manejo de algu-23

nos parques nacionales. Sin embargo,existen desafíos continuos para el accesode los pueblos indígenas a lastierras y recursos naturales dentro delas áreas protegidas.50. Otro problema es la designación desitios de Patrimonio de la Humanidaden tierras ocupadas por pueblos indígenas,como la Quebrada de Humahuaca,provincia de Jujuy. Después dela designación de este sitio por la Organizaciónde las Naciones Unidaspara la Educación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO) en el año 2003, seprodujo un gran aumento del turismo yel valor económico de las tierras queusan y ocupan los pueblos indígenasen la zona. A raíz de ello, la provinciaha entregado títulos de tierras a extranjerosinversionistas, ocasionando, segúnla información obtenida, el despojode tierras de las comunidades indígenasaledañas y la reducción de sus recursosde agua. Existe asimismo unafalta de participación de las comunidadesen el control y manejo del sitio, asícomo en los beneficios económicosderivados del mismo. Igualmente, elgobierno provincial supuestamente todavíano ha cumplido con el proceso derelevamiento de los territorios de lascomunidades indígenas asentadas enla Quebrada de Humahuaca.B. ACCESO A LA JUSTICIA,DESALOJOS Y PROTESTA SOCIAL51. Varias comunidades han intentado accederal sistema de justicia para obtenerprotección o reconocimiento legalde sus tierras, obteniendo resultadosdiferentes. En general, los pueblos indígenasenfrentan varias barreras paraacceder a la justicia, incluyendobarreras lingüísticas, culturales, económicasy de distancia. En particular,se ha reportado que la mayoría de lostribunales provinciales desconocen ono consideran debidamente la legislaciónnacional e internacional sobrepueblos indígenas, principalmenterespecto de los derechos a las tierrasy los recursos naturales.52. A lo largo del país, los tribunales hantendido a favorecer los derechos depropiedad privada de individuos o empresaspor encima de las formas colectivasde propiedad indígena. Todavíaexisten pocos fallos que protegenlos derechos de los pueblos indígenas.Una sentencia positiva se dio enel caso de la comunidad WenctruTrawel Leufú, provincia de Neuquén,dictada en febrero de 2011. En ella sereconoció la obligación de la empresaPiedra del Águila de consultar con lacomunidad afectada antes de procedercon sus actividades extractivas.Sin embargo, esta sentencia ha sidoapelada por la empresa y por la Fiscalíadel Estado de la provincia.53. La grave inseguridad jurídica de tierrasindígenas se ha reflejado en elalto número de desalojos de comunidadesindígenas. La mayoría de estosdesalojos han sido producto de órdenesjudiciales de tribunales provincialesen donde se acusa a miembros de24

pueblos indígenas de usurpación deterrenos privados. En algunos casos,no hubo previo aviso a las comunidadesafectadas, y los desalojos fuerondictaminados en procedimientos enque las comunidades no tuvieron laoportunidad de defensa. Existen casosen que los operativos de desalojoocasionaron la destrucción de viviendasy propiedad, incluyendo animalesde cría y cultivos, de miembros depueblos indígenas.54. Preocupa que la mayoría de estosdesalojos hayan ocurrido después dela entrada en vigencia de la Ley 26160de 2006. Se ha alegado que los tribunalesno dan una adecuada consideracióne incluso desconocen por completolos derechos de los pueblos indígenasreconocidos en la legislaciónvigente. Además, los tribunales de lasdiferentes provincias no aplican criterioscomunes para la autorización dedesalojos. Por ejemplo, a veces noreconocen a las comunidades indígenasinscritas por el INAI en su registronacional, ni toman en cuenta los resultadosde relevamientos territorialesrealizados.55. Aunque el Relator Especial no puedeevaluar los hechos específicos de cadauno de los casos de desalojo quefueron llevados a su atención, observaque el objeto y espíritu de la Ley26160 requiere evitar potenciales violacionesa los derechos humanos delos pueblos indígenas hasta que hayauna determinación de sus derechosterritoriales.56. Representantes indígenas expresaronreiteradamente al Relator Especial susentimiento de vulnerabilidad frentelos desalojos o los proyectos que lesafectan. En muchos casos, los pueblosindígenas han resistido a los desalojos,o han recurrido a la protestapacífica social para llamar la atenciónsobre sus situaciones, a través de, porejemplo, la toma de carreteras públicaso las instalaciones de las empresasde extracción.57. Esto ha generado una respuesta estatalque ha criminalizado actos vinculadosa estas protestas. Se observa quemuchos individuos indígenas siguenprocesados por supuestos crímenescometidos en este sentido. En algunoscasos, estas protestas y la respuestade la fuerza pública o terceros privadoshan generado momentos de violenciay hasta han ocasionado la pérdidade vida de miembros de pueblosindígenas. Se ha alegado que en varioscasos ha habido un uso desproporcionadode la fuerza por parte de lapolicía, y que estos hechos han permanecidoimpunes mientras miembroscomunitarios han sido imputadospor sus actos de protesta.C. CONDICIONES SOCIALES YECONÓMICAS58. Existe todavía en Argentina un conocimientoprecario sobre la realidad delos pueblos indígenas del país en términoseconómicos y sociales. Debidoa que hasta el año 2001 el censo na-25

cional ignoraba el tema indígena, losdatos desagregados sobre la situacióneconómica y social de los pueblos indígenasdel país son escasos. Por lotanto, es difícil evaluar cambios en lasituación de los pueblos indígenas através de los años o examinar la condiciónde los pueblos indígenas relativaa otros sectores de la población.Esto también ha dificultado la formulaciónde políticas públicas para respondera las necesidades básicas de lospueblos indígenas.59. A pesar de lo anterior, la informaciónestadística existente, así como la informaciónpresentada al Relator Especial,indican una situación de seriamarginalización de los pueblos indígenas,especialmente en algunas regionesy en relación a algunos grupos indígenas.Cabe notar que esta situaciónse contrasta con la de la poblaciónde Argentina en su conjunto, yaque Argentina es uno de los paísesmás desarrollados de América Latinay calificado por las Naciones Unidasentre los países de “muy alto” desarrollohumano en el mundo.1. Educacióna) Acceso a la educación60. El acceso a la educación fue un temasobre el que repetidamente sellamó la atención del Relator Especialdurante su visita. Los pueblosindígenas continúan sufriendo seriosobstáculos en el acceso a laeducación, incluyendo una carenciade escuelas, especialmentepara la educación secundaria, enmuchas de las comunidades ruralesdonde habitan pueblos indígenas.Los pueblos indígenas tambiénconfrontan barreras particularespor sus condiciones de pobreza,lo cual les obliga a menudo aescoger entre la educación y eltrabajo. Un avance importanteidentificado para responder a estaproblemática ha sido la progresivaasignación de becas a alumnos indígenaspor parte del INAI (segúnlos datos disponibles de 5.000 becasen 2003 a 11.000 en 2006).Pero la cantidad de estas becas siguesiendo insuficiente en comparacióncon las necesidades de lascomunidades indígenas, ademásde existir un retraso significativo enel pago de las becas.61. A pesar de estos problemas, segúnlos datos reportados por elFondo de las Naciones Unidaspara la Infancia (UNICEF) basadosen los datos oficiales, la granmayoría de niños indígenas entrelos 5 y 14 años asiste a un centroescolar (94,6%). En contraposición,es importante resaltar queentre ciertos grupos indígenas,como los pueblos mbyá guaraní,pilagá, toba, mocoví y wichí, el nivelde asistencia a la escuela paraestas edades es mucho menor y,en general, los pueblos indígenastienden a no terminar los nivelesobligatorios de la escuela (hasta la26

secundaria) y, mucho menos, losniveles universitarios.b) La educación interculturalbilingüe62. Como ya se ha señalado (párr. 11supra), existe en Argentina un importantenivel de reconocimientolegal del derecho a la educaciónbilingüe e intercultural, sujeto a lajurisdicción concurrente entre lanación y las provincias. A nivel nacional,el INAI ha impulsado elPrograma de Apoyo a la educaciónintercultural aborigen, quecontiene los siguientes componentes,entre otros: becas paraestudiantes indígenas; tutorías interculturales(designados por laspropias comunidades); alfabetización;recuperación y fortalecimientodel conocimiento ancestral encomunidades indígenas; y apoyopara estudiantes indígenas en losniveles superiores.63. Muchas de las provincias están enel proceso de desarrollar sus propiosprogramas y políticas sobre laeducación intercultural bilingüe. ElRelator Especial fue informado,por ejemplo, sobre iniciativas de laprovincia de Formosa de incorporarla educación intercultural bilingüedentro de los niveles de educaciónprimaria, secundaria y superior;la creación de institutos paracapacitación de docentes interculturales;y la facilitación de diseñoscurriculares interculturales.64. A pesar de estas iniciativas importantes,en todos los lugares visitadosel Relator Especial fue informa-Reunión con comunidades indígenas en La Primavera - Provincia de Formosa27

do de la falta de una adecuada implementaciónde la educación interculturalbilingüe y de recursos suficientesdesignados para tal fin.Existe todavía una falta de formaciónde maestros en el tema, y enparticular, de maestros que provengande las propias comunidades indígenas.Además, se han expresadopreocupaciones sobre una faltade lineamientos curriculares de laeducación intercultural bilingüe y sealega que los materiales de educacióntodavía no reflejan adecuadamentelas realidades de los pueblosindígenas, persistiendo en algunostextos información perjudicial sobreellos (por ejemplo materiales queidentifican a los mapuches como unpueblo indígena que solo existe enChile). Un programa prometedor deINAI en este sentido involucra la ediciónde materiales elaborados porlos miembros de las comunidades.65. Además, la educación bilingüe soloestá contemplada para la enseñanzade idiomas; las otras clases básicasno son impartidas en idiomasindígenas. Este problema destaca,según el UNICEF, en las áreasdonde los pueblos indígenas todavíamantienen sus propios idiomasy hablan poco español, como enlas comunidades mbyá guaraní deMisiones y wichí en Chaco, Formosay Salta. Cabe resaltar en estesentido, que la tasa de analfabetismoen el idioma español para lapoblación indígena de diez años omás de los pueblos mbyá guaraní ywichí de estas provincias, es másde nueve a diez veces mayor quela media nacional de 2,6% (29,4%y 23,4% respectivamente).c) La situación de las mujeres yniñas indígenas66. Las mujeres y niñas indígenasconfrontan retos particulares enrelación con el acceso a la educación.Frecuentemente, las niñascarecen de la oportunidad de estudiar,ya que suelen abandonar susestudios por obligaciones familiareso porque las familias indígenasdan preferencia a los niños. El Ministeriode Salud ha concluido quelas mujeres indígenas sufren peoresniveles de educación tanto encomparación con hombres indígenascomo en comparación conmujeres no indígenas.67. Otro problema específico identificadofue la vulnerabilidad de lasmujeres estudiantes que emigrana los centros urbanos para accedera una educación. Las estudiantestienen que alojarse en alberguesdurante la semana, dondea veces están en las mismashabitaciones que los estudiantesvarones y son supervisadas porhombres. Esta situación deja a lasestudiantes en una situación deextrema vulnerabilidad de maltratosexual, debiendo precisar que enalgunos casos las estudiantes hansalido embarazadas de los albergues.En las escuelas sin alber-28

Reunión con comunidades indígenas en La Primavera - Provincia de Formosa29

2. Saludgues, las niñas a menudo tienenque trabajar para pagar sus gastosbásicos de supervivencia, trabajandocomo empleadas domésticaso niñeras con salarios muyescasos y horas de trabajo muylargas.68. Los datos ofrecidos por el Ministeriode Salud indican, por lo general, unalto nivel de accesibilidad de los pueblosindígenas a los servicios gratuitosde salud del Estado (un hospital o uncentro de salud primaria). A pesar deesta accesibilidad generalizada, envarias ocasiones los horarios de atenciónde los centros de salud en lascomunidades rurales son reducidos, yel número de profesionales de saludque atienden y la cantidad de medicamentosy ambulancias disponibles,son insuficientes para las necesidadesde las poblaciones indígenas.69. Varias fuentes identificaron la carenciade datos oficiales específicos sobre lascondiciones de salud de los pueblosindígenas como una de las principalesbarreras para el desarrollo de serviciosde salud adecuados. Sin embargo, algunosdatos disponibles llaman la atencióndel Relator Especial. Un estudiodel Ministerio de Salud de 2007 encontró,por ejemplo, que el 12,65% de lasmujeres indígenas entrevistadas tuvieronpor lo menos un hijo que fallecióantes del primer año de vida y que el60% de estas muertes fueron por causasaltamente prevenibles.70. Situaciones específicas tambi én indicanlas graves condiciones de saludentre las comunidades indígenas enArgentina. En el año 2007, el Defensordel Pueblo de la Nación presentó antela Corte Suprema una demanda sobreuna serie de muertes de personas indígenastobas en la región denominadaEl Impenetrable, provincia del Chaco,denunciando el extremo grado de desnutricióny abandono de los pueblosindígenas por parte de los gobiernosnacional y provincial. La Corte Supremaordenó a los gobiernos nacional yprovincial implementar una serie deacciones para procurar la asistenciasanitaria y la adecuada alimentación alos habitantes de esa región, y se advierteque el Estado ha hecho avancesen este sentido. Otra situación de especialpreocupación es la situación en lacomunidad de Quebrachal II, habitadapor miembros del pueblo wichí, provinciade Salta, donde se alega que enaños recientes, varios niños y otrosmiembros de la comunidad han fallecidodebido a su desnutrición.71. La situación de pobreza de los pueblosindígenas, especialmente en lasáreas rurales del norte del país, esuno de los factores que más contribuyena sus problemas de salud, segúnel Ministerio de Salud. Las limitacionesque enfrentan las comunidadesindígenas en Argentina respecto delacceso a las tierras y recursos naturalescontribuyen a la falta de acceso a30

los servicios básicos. Por ejemplo, segúninformación recibida, la comunidadPotae Napocna Navogoh (La Primavera)en Formosa tiene prohibido sacaragua limpia de los lagos en el ParqueNacional Pilcomayo, los cuales se encuentranubicados en tierras que sonconsideradas por ellos como sus tierrastradicionales, situación que ha contribuidoa una severa deshidratación delos miembros de esta comunidad.72. Existe también discriminación contrapersonas indígenas, especialmentemujeres indígenas, y particularmenteen las ciudades, cuando acceden aservicios médicos en los centros desalud, siendo a veces que las personasindígenas son atendidas despuésde las personas no indígenas. Laspersonas indígenas que mantienensus idiomas enfrentan discriminacióny barreras de comunicación con losfuncionarios del sistema de salud. Alrespecto, el Relator Especial toma notade la existencia del programa delPNUD durante el año 2011 que buscaapoyar al INAI a implementar accionescontra el estigma que enfrentan laspersonas indígenas y para la eliminaciónde barreras de acceso a la salud.3. Pobreza y desarrollo comunitario73. Los pueblos indígenas en Argentinasufren bajos niveles de desarrollo económicoy social en comparación conlos sectores no indígenas del país.Según el UNICEF, el 23,5% de los hogaresindígenas se encuentran con lasnecesidades básicas insatisfechas, encomparación con el 13,8% de los hogaresno indígenas. Las provinciascon los mayores niveles de necesidadesbásicas insatisfechas en los hogaresindígenas son Formosa (74,9%),Chaco (66,5%) y Salta (57,4%), quetienen niveles alarmantes en este sentido.Además, según un estudio delMinisterio de Salud, el ingreso de loshogares de la población indígena es,en promedio, siete veces menor al delconjunto de los hogares del país.74. Frente a esta situación, el INAI hacreado una Dirección de Desarrollo deComunidades Indígenas, para crearproyectos para el “desarrollo integral”de las comunidades indígenas. Losproyectos se basan en los diagnósticosdesarrollados en las asambleascomunitarias, y según el INAI, “buscanlegitimar y consolidar la tenencia de latierra, aplicación de la Ley N.º 26160,principal eje de acción del próximobienio”. 7 El Relator Especial no recibióinformación sobre los logros de esteproyecto, pero toma nota del importantereconocimiento de la estrecharelación entre la protección de las tierrasde los pueblos indígenas y su desarrolloeconómico y social.75. Sin embargo, existe una falta de respuestaadecuada por parte de las autoridadesante los reclamos de lospueblos indígenas en cuanto al acce-7 INAI, “Desarrollo de las comunidades indígenas”,disponible en:www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/Institucional/2.DesarrolloDeComunidadesIndigenas.pdf31

so de servicios en sus comunidades.Por ejemplo, en la comunidad deAguas Calientes, departamento de ElCarmen, provincia de Jujuy, varias familiasen la comunidad alegan no contarcon un techo propio y no teneragua potable, a pesar de haber denunciadoreiteradamente esta situacióna las autoridades. También en laQuebrada de Maimará, provincia deJujuy, el Relator Especial fue informadosobre los esfuerzos de los miembrosde las comunidades de la regiónpara crear la infraestructura necesariapara traer agua potable a la zona dondeviven, ante la falta de acción de lasautoridades.76. Entre las razones citadas para la faltade implementación de proyectos nacionalesde desarrollo, están las demorasen la firma de convenios correspondientesentre la nación y laprovincia; demoras en la firma de conveniosentre las provincias y los municipios;y las dificultades en conseguirespecialistas para implementar losproyectos. Existen también casos enlos cuales los proyectos de desarrollopropuestos por las mismas comunidadesindígenas han sido rechazadospor las provincias porque las comunidadesno cuentan con sus títulos detierra.77. De especial preocupación en cuantoal acceso a servicios básicos, está lasituación de los miembros del puebloindígena Nivaclé, cuyo territorio tradicionalabarca la zona fronteriza entreParaguay y Argentina. Según la informaciónrecibida, unas 130 familias delpueblo Nivaclé que viven en la provinciade Formosa y que nacieron en Argentina(o por lo menos algunosmiembros de ellas), no cuentan condocumentos argentinos de identidadpor ser considerados paraguayos porlas autoridades del Estado. La falta dedocumentos de identidad impide suacceso a servicios básicos.78. Por otro lado, el Relator Especial fueinformado sobre propuestas de desarrollohechas por los mismos pueblosindígenas. Un ejemplo interesante seencuentra en la comunidad diaguita deAmaicha del Valle, en Tucumán, queestá desarrollando un proyecto de autodesarrolloque comprende, entreotras actividades, la instalación de unabodega comunitaria para la fabricaciónde vino, la instalación de paneles solares,y el manejo de santuarios de bosques.Representantes de la comunidadexpresaron que la seguridad jurídica desus tierras ha sido un factor esencialpara avanzar con estos proyectos.32

V. Conclusiones y recomendacionesMarco legal e institucional79. El Estado de Argentina ha dado pasosimportantes para reconocer losderechos de los pueblos indígenasen el país. Estos pasos incluyen lasreformas de la Constitución de laNación de 1994 en materia de lospueblos indígenas, la adopción dela Ley 26160 (y su prórroga, la Ley26554) que inicia un proceso paracontribuir a la regularización de lastierras indígenas del país, la ratificacióndel Convenio N.º 169 de laOrganización Internacional del Trabajosobre pueblos indígenas y tribalesen países independientes, yel voto en la Asamblea General delas Naciones Unidas a favor de Declaraciónde las Naciones Unidassobre los derechos de los pueblosindígenas.80. Sin embargo, persiste una brechasignificativa entre el marco normativoestablecido en materia indígenay su implementación. Es necesarioque el Estado, tanto a nivel federalcomo provincial, priorice y dediquemayores esfuerzos a los temasrelacionados con los derechos humanosde los pueblos indígenas.En particular, el Estado debe adoptarpolíticas públicas claras, así comoelaborar directrices para losfuncionarios de gobierno tanto anivel federal como provincial, y medidaslegislativas y administrativasadicionales para impulsar un mayorconocimiento y acción estatal enmateria indígena entre todos los interesados,incluyendo ministerios,parlamentarios, autoridades judicialesy otros funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley.81. Dada la jurisdicción concurrenteentre el Gobierno federal y las provincias,el Gobierno federal debetomar las medidas necesarias paragarantizar la coherencia y la uniformidadde las disposiciones legislativasy de otra índole que adoptenlos gobiernos provinciales. Ellocon el objeto de aplicar íntegramentelas provisiones de la Constitucióny de la demás legislación enmateria indígena, conforme a losestándares internacionales. Esteproceso debería ser llevado a cabocon la participación de los pueblosindígenas.82. Se debe actualizar, en la medida necesaria,la normativa legal, incluyendoel Código Civil, el CódigoPenal, el Código Minero y otra legislaciónnacional y provincial relevantes,para que no sea contradictoriacon lo establecido por laConstitución Nacional, la legislaciónfederal o los estándares inter-33

nacionales en materia de pueblosindígenas. En todo caso, las leyesvigentes deben ser interpretadas yaplicadas de conformidad con losderechos de los pueblos indígenasreconocidos.83. El Relator Especial reconoce el importantetrabajo del INAI, especialmenteen relación con el relevamientoterritorial, pero observa quela escasa asignación de presupuestoa esta institución obstaculiza seriamentesu funcionamiento efectivo.Existe además una carenciapreocupante de participación de losmismos pueblos indígenas en el desarrolloe implementación de programasy políticas del INAI.84. El Estado debe implementar todaslas medidas necesarias para remediarestos problemas y en particular,el INAI debe revisar sus programasactuales, con la participaciónde los representantes indígenasseleccionados por ellos mismos, ymodificarlos en la medida que seanecesario para responder adecuadamentea las demandas y aspiracionesde los pueblos indígenas. Asu vez, el Estado debe asegurarque el INAI tenga la capacidad financierae institucional para quepueda llevar a cabo con eficacia sutrabajo de promoción y protecciónde los derechos humanos de lospueblos indígenas. 885. El Estado debe elaborar un mecanismoo procedimiento de consulta,de acuerdo a los estándares internacionales,para aumentar laparticipación de los pueblos indígenasen las decisiones que lesafectan, 9 lo que podría ser desarrolladocon el apoyo del sistema delas Naciones Unidas en Argentina.Tierras y recursos naturalesReconocimiento de los derechos a lastierras y a los recursos naturales86. Aunque el Gobierno ha dado algunospasos importantes para reconocer yproteger los derechos de los pueblosindígenas a sus tierras y recursos naturalestradicionales, existe todavía enArgentina una falta de seguridad jurídicageneralizada respecto de estosderechos.87. El Gobierno nacional y los gobiernosprovinciales deben redoblaresfuerzos para coordinar accionespara realizar el debido relevamientoterritorial y reconocimiento de lapersonería jurídica de las comunidadeso pueblos indígenas, así comosuscribir los convenios necesariospara tal fin y así, evitar cualquierefecto perjudicial sobre losderechos de los pueblos indígenasque pudieran surgir por esta faltade coordinación y coherencia. 108 Véase también CERD/C/ARG/CO/19-20, párr.22.9 Véase también CERD/C/ARG/CO/19-20, párr.23.10 Véase también E/C.12/ARG/CO/3, párr. 8.34

Encuentro en Salinas Grandes – Provincias de Jujuy y Salta88. El Gobierno nacional y los gobiernosprovinciales deben proporcionar alos pueblos indígenas el apoyo técniconecesario para preparar la documentaciónrequerida para el relevamientoterritorial de sus comunidades,obtener el reconocimiento desus respectivas personerías jurídicas,y poder realizar los trámites correspondientesuna vez que hayanentregado sus carpetas completas.89. Dado los retrasos en el proceso derelevamiento bajo las Leyes 26160y 26554, el poder legislativo debecontemplar la ampliación de losplazos de estas leyes más allá delaño 2013. Del mismo modo, el Estadodebe agilizar el proceso de relevamientoterritorial y asegurar alINAI los recursos técnicos y financierosnecesarios para finalizaradecuadamente el proceso.90. Finalmente, es necesario avanzarcon el desarrollo de mecanismos yprocedimientos efectivos para lademarcación y el reconocimientolegal de los territorios sobre loscuales los pueblos indígenas tienenderechos. Los procesos establecidospara tales fines deben serllevados a cabo en consulta con lospueblos indígenas.Industrias agropecuarias yextractivas91. De conformidad con los estándaresinternacionales aplicables, se debenllevar a cabo consultas con lascomunidades que puedan verseafectadas por proyectos de desarrolloy explotación de recursos naturalescon el objetivo de obtener suconsentimiento libre, previo e infor-35

mado sobre los aspectos de estosproyectos que afecten sus derechoshumanos. 11 Esto podría ser facilitadoa través de la reglamentación deun procedimiento de consulta conlos pueblos indígenas.92. Como parte de este proceso, y especialmenteen cuanto a propuestas defuturos proyectos, el Gobierno nacionaly los gobiernos provinciales debendesarrollar estudios exhaustivossobre los posibles impactos socialesy ambientales, incluyendo sobre losrecursos naturales como el agua, ysobre los derechos de los pueblosindígenas, que estos proyectos pudieranocasionar.93. Asimismo, se deben tomar medidasadecuadas de mitigación de impactos,reparación y justa compensacióna las comunidades indígenas afectadaspor los daños ambientales y a lasalud ocasionados por los proyectosque actual o anteriormente han operadoen o cerca de territorios habitadospor pueblos indígenas. 1294. El Estado debe investigar las alegacionesde serias irregularidades enlos procedimientos relacionadoscon proyectos agropecuarios y extractivosexis tentes, con el fin dedesarrollar nuevos procesos deconsulta, si estos fueran consideradosnecesarios.11 Véase también E/C.12/ARG/CO/3, párr. 9 yCERD/C/ARG/CO/19-20, párr. 26.12 Véase también E/C.12/ARG/CO/3, párr. 9.Parques nacionales yáreas protegidas95. El Estado debe revisar su política relacionadacon el establecimiento de parquesnacionales y áreas protegidascon el fin de asegurar que no se perjudiquelos derechos de los pueblos indígenassobre sus tierras y recursosnaturales dentro de esas áreas, y deberemediar las situaciones en las que elestablecimiento de parques nacionaleso áreas protegidas haya impedidoel goce de estos derechos.96. Además, el Estado debe asegurarprocesos adecuados de consulta conlos pueblos indígenas cuando se propongaestablecer un parque nacionalo área protegida que pueda afectarles.Asimismo, debe facilitar y desarrollarmedidas que aseguren a lospueblos indígenas que viven en o alrededorde estas áreas, el aprovechamientode los beneficios turísticos yde otra índole que pudieran ofrecerestos sitios, si así lo desean.97. En cuanto a la Quebrada de Humahuaca,declarada como Patrimoniode la Humanidad por la UNESCO, elGobierno nacional, el gobierno provincialde Jujuy y los representantesde la UNESCO deben fortalecer laparticipación de los pueblos indígenasen las zonas aledañas al sitio enel manejo de éste, asegurando a suvez, que estos pueblos puedan mantenersus actividades tradicionales yde subsistencia dentro de la Quebradade Humahuaca.36

Desalojos y acceso a la justicia98. La serie de desalojos de miembrosde pueblos indígenas dentro de extensionesde tierras reclamadas porellos con base a su ocupación tradicionalo ancestral, constituye unaespecial pre ocupación para los pueblosindígenas a lo largo del país.99. El Relator Especial hace un llamadoal Gobierno nacional, y especialmentea los gobiernos provinciales ya los tribunales, para que apliquen laletra y el espíritu de las Leyes 26160y 26554 y suspendan todos los actosprocesales o administrativos dedesalojo de comunidades indígenashasta que se realice el proceso derelevamiento técnico-jurídico de lastierras ocupadas por pueblos indígenas.En particular, se deben tomarmedidas inmediatas para respondera las demandas de las comunidadesindígenas que se encuentran enriesgo inminente de ser desalojadas.13100. Se deben también adoptar todaslas medidas necesarias para eliminarlos impedimentos que puedanenfrentar los pueblos indígenasen el acceso a la justicia, especialmenteen relación con sus esfuerzospara la protección de sus derechosa sus tierras y recursosnaturales. 14101. En este sentido, se deben emprenderprogramas de capacitaciónpara funcionarios del poderjudicial a nivel nacional y provincialsobre las normas nacionales e13 Véase también CCPR/C/ARG/CO/4, CERD/C/ARG/CO/19-20, párrs. 20 y 26.14 Véase también CERD/C/ARG/CO/19-20, párr.21.Encuentro en Salinas Grandes - Provincias de Jujuy y Salta37

internacionales en materia de pueblosindígenas, y en particular sobrelos derechos a sus tierras yrecursos naturales. Esto podríaincluir foros entre funcionariosdel poder judicial y académicos,juristas y representantes del sistemade las Naciones Unidas, entreotros, con el objetivo de intercambiarexperiencias y conocimientosen esta materia.a las normas internacionales dederechos humanos.104. Del mismo modo, el Estado debeadoptar medidas para prevenir, investigary sancionar los actos deviolencia, las amenazas e intimidacionescontra los miembros depueblos indígenas, tanto por partede funcionarios públicos como departiculares.Protesta social y criminalización102. El Relator Especial observa que lafalta de un mecanismo para reivindicarlos derechos a las tierras tradicionalesindígenas o para reparara los pueblos indígenas por la perdidade sus tierras podría habercontribuido a un ambiente de enfrentamientoen el que algunosmiembros de pueblos indígenasse habrían sentido sin opcionesadecuadas y, por ende, habríanoptado por la protesta social queen algunos casos implicaría lacomisión de actos contrarios alorden público.103. Existe la necesidad de revisar lapolítica penal aplicada en los últimosaños respecto a las personasindígenas y sus actos de protesta,con la finalidad de que lapolítica penal se oriente a la búsquedade soluciones que permitanla compatibilidad entre los finesde orden público y el respetoCondiciones sociales y económicas105. El Estado debe tomar medidas pararecoger mayores datos oficialessobre la situación social y económicade los pueblos indígenas,especialmente en el área de la salud.Dichas estadísticas son necesariaspara el desarrollo de programasy políticas públicas querespondan efectivamente a losproblemas que siguen onfrontandolos pueblos indígenas a lo largodel país. 15Educación106. El Relator Especial insta al Gobiernofederal y a los gobiernos provincialesa tomar medidas para eliminarlas barreras que limitan el accesoa la educación por parte de lospueblos indígenas, especialmenteen los niveles superiores, a través15 Véase también CERD/C/ARG/CO/19-20, párr.29, y CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 22.38

Encuentro en Salinas Grandes - Provincias de Jujuy y Salta39

del establecimiento de más escuelassecundarias en áreas rurales yel otorgamiento de más becas aestudiantes indígenas, entre otrasmedidas. 16 El Estado debe prestarespecial atención a los pueblos indígenasque tienen menores nivelesde asistencia escolar, en particularlos pueblos mbyá guaraní,pilagá, toba, mocoví y wichí.107. Si bien toma nota con agrado delimportante nivel de reconocimientolegal del derecho a la educaciónbilingüe e intercultural, el RelatorEspecial considera que deben redoblarselos esfuerzos para implementarefectivamente este derechoy designar mayores recursospara tal fin. 17 En particular, el Estadodebe implementar medidas paracapacitar docentes indígenasen la educación intercultural bilingüey desarrollar mayores lineamientoscurriculares y materialesen este sentido, en consulta conlos pueblos indígenas. El Estadotambién debe considerar proporcionarclases básicas en idiomasindígenas, especialmente en lasáreas donde los pueblos indígenastodavía mantienen su idioma.108. El Estado debe ampliar sus esfuerzospara responder a los problemasestructurales que enfrentanlas mujeres y niñas indígenas en16 Véase también CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 68,inc. a.17 Véase también E/C.12/ARG/CO/3, párr. 24, yCERD/C/ARG/CO/19-20, párr. 19.Saludacceder a la educación. Asimismo,debe asegurar que las niñas indígenasque se encuentren estudiandoen las escuelas albergues enáreas urbanas no enfrenten condicionesque las dejan vulnerables ala discriminación y maltrato. 18109. El Relator Especial reconoce el altonivel de accesibilidad, en general, delos pueblos indígenas a los serviciosgratuitos de salud del Estado. A suvez, para asegurar un acceso adecuadoa estos servicios, es necesarioampliar las horas de atención, elnúmero de profesionales que atiendena los pacientes, y la cantidad demedicamentos disponibles en loscentros de salud, especialmente enlas áreas rurales.110. El Estado debe implementar accionesconcertadas para responder alos factores estructurales que contribuyena los problemas de saludde los pueblos indígenas del país,incluyendo las situaciones de pobrezay la falta de acceso a sus tierrasy recursos naturales tradicionales.Es necesario también combatirla discriminación que confrontanlos pueblos indígenas enlos centros de salud, y tomar lasmedidas necesarias para asegurarque los pueblos indígenas quemantienen sus idiomas puedan co-18 Véase también CEDAW/C/ARG/CO/6, párr. 42 yCRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 32, inc. a.40

municarse y comprender a los funcionariosdel sistema de salud.Desarrollo social111. El Gobierno nacional y los gobiernosprovinciales deben realizarmayores esfuerzos para respondera las solicitudes de los pueblos indígenasen relación con el accesoa servicios básicos en las áreasrurales, especialmente los serviciosdel agua. En este sentido, elEstado debe adoptar una visión alargo plazo para el desarrollo socialde estas áreas, tomando encuenta la importancia que revistenlas tierras tradicionales para las vidasy culturas de los pueblos indígenas.112. Necesitan ser fortalecidas las iniciativasde desarrollo propuestaspor los mismos pueblos indígenasque promuevan el manejo propiode sus recursos naturales y la auto-suficienciaeconómica de suscomunidades.113. El Estado debe prestar una atenciónparticular a la situación delos miembros del pueblo nivaclé yde otros pueblos que viven en laszonas fronterizas de Argentina,con el fin de asegurar su estatusde ciudadanía según la legislacióny estándares internacionales pertinentes,y para proporcionarleslos servicios sociales y de saludnecesarios. 1919 Véase también CRC/C/ARG/CO/3-4, párr. 41.41

ApéndiceResumen de información yalegaciones proporcionadas porrepresentantes de pueblos,comunidades y organizacionesindígenas al Relator Especial sobrelos derechos de los pueblos indígenasProvincia de Río NegroComunidad de Huenchupan: falta de reparaciónde rutas de acceso y de titulaciónde tierras.Comunidad mapuche Chewelche “KintulFolil”: falta de implementación de laeducación intercultural bilingüe y deconsulta por reinicio de actividades dela mina de Hierro Patagónico.Comunidades mapuche de Currug Leufu,Puel Mapu: preocupación por reaperturadel proyecto minero Calatreu, lademora en la titulación de tierras y lanecesidad de políticas públicas porefectos de erupción del volcán Puyehue.Comunidad Lof Painefil: la Dirección deTierras de la provincia no reconoce losderechos territoriales de la comunidady necesitan servicios sociales porefectos de cenizas del volcán Puyehue.Comunidad Lof Paso-Huentelaf: ha tenidouna disputa legal con propietarios privadossobre tierras que comunidadintenta recuperar, y exigen título depropiedad comunitaria.Comunidad de Lof Wiritray: exige la titulaciónde territorio luego de terminar relevamiento,en tierra que forma partede parque nacional.Comunidad Kume Peuke Mapuche: estacomunidad ha llevado conflicto confamilia de terratenientes por más de 3décadas quienes han alambrado tierrastradicionales de la comunidad, ydescribe un violento desalojo ocasionadoen 1967.Consejo de Desarrollo de ComunidadesIndígenas (Co.De.C.I.) y Coordinadoradel Parlamento Mapuche de Río Negro:falta de fondos para Co.De.C.I.;falta de implementación de políticaeducativa intercultural; efectos que generaríanproyectos mineros de Calcatreuy Mina de Ángela; impacto económicoy ambiental del volcán Puyehue.Comunidad mapuche Lof Che Cañumil:procesos penales contra las autoridadesindígenas por usurpación, a pesarde completarse relevamiento en suterritorio, y exigen titulación de tierras.Comunidad Lof Mapuche Ancalao: conflictocon familias de terratenientes, quieneshan alambrado tierras de la comunidade iniciado causas legales contradirigentes comunitarios por usurpación.Comunidad Lofche Kona Niyeu: falta deprogramas de educación intercultural,falta de consulta en el manejo de áreanatural protegida Meseta de Somuncura,y situación de emergencia eco-42

Encuentro en Salinas Grandes - Provincias de Jujuy y Saltanómica debido a cenizas del volcánPuyehue.Comunidad mapuche “Tequel Mapu”: procesospenales contra varios miembrosde la comunidad, que no cuentan confondos para contratar abogados.Comunidad mapuche Roberto Maliqueo:desalojo por institución de Parques Nacionales.Quieren recuperar sus tierrasy viven en condiciones precarias de vivienda.Comunidad mapuche Telhuelche Río Chico:preocupaciones sobre proyectominero que se pretende en sus tierras,y efectos del volcán Puyehue sobre lasalud y economía de los habitantes.Comunidad Nehueh Ñuke Mapu: muertede animales como consecuencia delvolcán Puyehue; solicitud de educación,centro de salud y proyecto integralde desarrollo.Comunidad mapuche Tacul-Chewque: comunidaddesalojada en 1953 por autoridadesde Parques Nacionales, exigetitulación de tierras luego de finalizarproceso de relevamiento en 2011.Comunidades Pucurrha, Chaiful, Luis JuliánSantos, Zungun Curratañipuche,Putrrhewtli, y otras: informan sobresus acciones legales contra el proyectoCalcatreu, y exigen que se les consulten.Comunidad Mapuche Kezzuwen: comunidaddesalojada en 2010; habitantesacusados de usurpación por propietarioquien no les permite obtener aguade territorioComunidad Lof Lafkenche: sus miembrosse sienten amenazados de desalojodebido a intereses inmobiliarios.Comunidad Eluney Lof Ojeda: busca larecuperación de territorio ancestral enmanos de propietario privado.Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque:busca recuperación de territorio ancestralen manos de la empresa Benetton,que había solicitado órdenes de desalojo.43

Comunidad Mapuche Millalonco- Ranquehue:denuncian presencia de ejército ydesalojos a lo largo de varias décadas,y presencia de residuos peligrosos enterritorio.Comunidad urbana mapuche Lof ColhuanNahuel: comunidad en área urbanabusca recuperar territorio en área ancestral,donde se construyó una plazasin consulta.Comunidades Follil, Nehuen Che y TequelMapu: buscan participar en manejo deReserva Natural y de la Biosfera CerroPerito Moreno; preocupación por posibledisminución de agua.Provincia del ChacoComisión de Derechos Humanos de laCámara de Diputados de la provincia:presenta denuncia recibida de comunidadesqom de Maipú y Barrio Belgranosobre basural a cielo abiertoinstalado por municipio de La Leonesa.Datos sobre demanda del Defensordel Pueblos contra el Estado porcondiciones infrahumanas de indígenasen Chaco.Provincia de FormosaRepresentantes wichí de Área Lote 8: faltade educación, servicios de salud, capacitaciónpara docentes y agentes sanitarios.Comunidad wichí de la comunidad BarrioObrero: solicita mesa de diálogo conel Gobernador provincial para solucionartemas de vivienda y servicios básicos.Comunidad Toba (Qom) Potae NapocnaNavagoh (La Primavera): buscan soluciónde demandas territoriales y denunciandesalojo violento y muerteocurrida en noviembre de 2010. Buscanmesa de diálogo con Formosa.Comunidad Qom Potae Napocna Navagoh(La Primavera): describe demandasterritoriales, y denuncia criminalizaciónde miembros de la comunidadpor sucesos de noviembre de 2010, yfalta de reconocimiento de su líder.Pobladores indígenas del departamentode Ramón Lista: solicitan mejorar calidadeducativa y que el Instituto de ComunidadesAborígenes recupere autonomía.Representantes de comunidades wichí deEl Portillo, Santa Teresa, Lote 8, Tucumancito,El Chorro, El Quebracho, enel departamento Ramón Lista e IngenieroJuárez: exigen que comunidadesreciban regalías por actividades petroleras,contratación de indígenas y capacitaciónen gestión de proyectos.Cacique de la Comunidad toba de la Ciudadde Clorinda: falta de terrenos paracomunidades.Organización Interwichí (Integrada por comunidadesLaka Wichí; Colonia Muñiz,Lote 27, Lote 47, Lote 42 y la Pantallade las Lomitas; Campo de TresPozos de Juan G. Bazán y Tichá dePozo del Mortero): educación deficientey no culturalmente apropiada; imposiciónde formas de organización porgobierno; situación de salud por Chagas;criminalización de comuneros pordemandas territoriales.44

Comunidades Nivaclé de El Potrillo, San José,Guadalcázar, San Cayetano, MediaLuna y La Madrid y San Martín Número2: viven en condiciones precarias, sinterritorio y sin documentos nacionalesde identidad (son considerados paraguayos);falta de educación intercultural.Comunidades de El Tucumancito y LoteUno: problemas en reconocimiento deterritorio, denuncias de que individuosestán alambrando sus territorios; necesidadesen vivienda y salud.Comisión Interétnica de los estudiantes delos Pueblos Originarios (Wichi, Qom, Pilagas)de la Universidad Nacional deFormosa: invitación a Primer CongresoLatino Americano de Estudiantes dePueblos Originarios; solicitud de financiamientopara congreso.Asociación Comisión Vecinal, ComunidadWichí Barrio Obrero: una solicitud parasolucionar falta de vivienda de 900 familiasen zona urbana no ha sido atendida.Miembro de la comunidad Santo Domingo:denuncia por usurpación y no cuentacon título de propiedad.Miembro del Concejo de Comunidades Originarias:problemas territoriales y hechosde violencia.Comunidad Aborigen Km. 503: han solicitadoa autoridades ampliación de mediciónde territorio por riesgo de inundación,y hay riesgo de desalojo.Asesores jurídicos del Barrio Nam Qom:informan sobre criminalización de protesta.Provincia de MisionesPueblo Mby’a Guarani: efectos culturalesy ambientales de represa Yacyretá;relocalización e indemnización inadecuada.Ciudad de Buenos AiresUnión de Pueblos de la Nación Diaguita,Salta: temas de representatividaddentro de institución provincial parapueblos indígenas.Miembro de la comunidad Nam Qom: faltade consulta respecto aprobación e implementaciónde Ley de EducaciónNacional 26206.Equipo de Comunicadores de los pueblosoriginarios: avances que se han dadoen área de comunicación indígena araíz de la Ley de Servicios de ComunicaciónAudiovisual.Comunidad Warpe, Provincia de SanJuan: restitución de restos ancestralesen la Universidad Nacional de SanJuan.Representante de la Comisión de JuristasIndígenas de Argentina: pocos avancesen registro de comunidades enRENACI; casos judiciales, conflictos, yasesinatos de dirigentes indígenas araíz de reclamos territoriales indígenas.Consejo Plurinacional Indígena: escasoavance de relevamiento territorial endistintas provincias; desalojos de comunidades;injerencia de Estado enorganizaciones indígenas; falta deconsulta y participación.Autoridad de la comunidad wichí “Honatle’les (hijos de la tierra)”: denuncias dedeslizamiento, inundaciones y consiguientedesplazamiento de comunidadesindígenas por tala indiscriminadade bosque nativo.45

Abogada indígena: describe gestiones legalesde Tribu de Coliqueo para reconocimiento.Miembro del pueblo Diaguita Cacano, Provinciade Santiago del Estero: tala debosques tradicionales por ganaderos:desalojos de comunidades, persecuciónpolicial.Representante de la Organización de Comunidadesde Pueblos Originarios,Provincia de Salta: represión policial;deforestación de territorio para construcciónde canchas de rugby.Comunidad Ysyry: intentos de desalojopor parte de autoridades municipalesy propietarios privados; esperan relevamientopor parte de INAI.Comunidad Mbokajaty (Palmar): intentode desalojos y actos intimidatorios portitulares privados.Comunidades Tekoa Porá y Guaraní: hadenunciado a empresa papelera pordesmontes de sus tierras.Comunidad Mbya Guaraní Tacuapi: efectosde cultivos de parcelas familiaressobre tierras de la comunidad.Pueblo mbya y otros en MisionesComunidades de Ka’a Kupe o Kuña Piru IIArroyo Liso; Ysyry; Alecrín; Katupyry;Pindo Poty; Tamanduá; Pozo Azul;Ka’aguy Poty; Tekoa Pora; TekoaGuaraní; Jeji: inacción de la Provinciaante propuesta de ley para pueblosindígenas.Comunidades del Valle de Kuña Pirú: YvuPyta, Ka’aguy Poty y Kapi’i Poty: presenciade empresas madereras; acciónlegal por reconocimiento de tierras.Comunidad Alecrín: conflicto y disputaslegales entre comunidad y empresaforestal.Comunidades Tekoa Yma, Kapi’i Yvate,Aracha Poty y Takuaruchu: demandapor posesión y propiedad comunitaria,por daños y perjuicios por actividadesmadereras.Comunidad Ka’a Kupe o Kuña Piru II: empresaha intentado desalojar comunidad,la cual ha puesto demanda porpropiedad y daños y perjuicios.Provincia de San JuanPueblo warpe: falta de acceso a suficienteagua potable y para uso agropecuario;exclusión de comunidades en procesode relevamiento; exclusión de docenteswarpe en educación intercultural; exclusiónde indígenas urbanos en censo;falta de consulta en decisiones tomadaspor delegado de Consejo de ParticipaciónIndígena; restitución de restosancestrales.Provincia de NeuquénComunidades mapuche de la zona centro(Lonko Purran, Agrupación Mapuche“Felipin” y otras): conflictos permanentespor invasión y avance de ejidosurbanos municipales, ganaderos, empresasforestales, proyectos mineros,turísticos e inmobiliarios. Imputación aindígenas por usurpación.Confederación Indígena Neuquina: relevamientoterritorial aún no iniciado;inexistencia de legislación provincial46

sobre titulación de tierras y consultaprevia; exclusión de jurisdicción indígenaen nuevo código procesal penalprovincial; decreto provincial de personeríapermite autoridad provincial reconocero negar personalidad y no reconoceregistro de comunidades deINAI; exclusión de comunidades eneducación; desalojos y criminalizaciónde la protesta indígena; desconocimientode identidad indígena por poderjudicial.Lof Mapuche Placido Puel: efectos deventa de tierras alrededor de LagoAluminé, despojo de tierras y causasjudiciales contra comunidad.Lof Quintriqueo: conflictos con propietariosprivados e institución de ParquesNacionales respecto a acceso a tierrasy recursos naturales.Comunidad Mapuche Kaxipayiñ: efectosambientales por explotación de yacimientopetrolero Loma de Lata; negaciónde registrar personería jurídica decomunidad.Confederación Indígena Neuquina: impactode empresas petrolíferas en zonacentro de Neuquén, falta de consulta,contaminación ambiental, falta de indemnizaciónpor daños.Confederación Mapuche: incumplimientode Ley de Servicios de ComunicaciónAudiovisual; medios de comunicaciónno reflejan diversidad cultural y Gobiernono ha dado financiamiento.Representante de la Comunidad Puel Puju:presenta propuestas para una nuevaley de educación en la provincia deNeuquén.Provincia de JujuyComunidad Aborigen Malón de la Paz yresidente de ciudad de Abra Pampa:efectos ambientales y de salud porplanta Metal Huasi; plan de remediaciónno contempla tratamiento médicode niños.Comunidad Aborigen Maymaras: falta detitulación de tierras y presencia de comunidadesficticias que son reconocidaspor INAI y provincias.Comunidad Aborigen Agua Caliente de laPuna: no han recibido carpetas de relevamientodespués de dos años dehaberse finalizado.Comunidad Aborigen de Cobres y ComunidadAborigen de Santuario de TresPozos: falta de consulta por explotaciónde litio en la región Salinas Grandesde la Laguna de Guayatayoc.Afecta a comunidades en provinciasde Salta y Jujuy.Comunidad Aborigen Aguas Blancas: tienepersonería jurídica y ha entregadodocumentación pero no cuenta conterritorio legalizado. Falta de consultasobre exploración y explotación de litioen Salinas grandes, notando dañosambientales.Pueblo Indígena Atacama: solicitan investigacióny procesamiento judicial dedirector de la Escuela 363 Policía FederalArgentina por ser un peligro paraniños y niñas en centro educativo.Comunidad Aborigen de Olaroz Chico,Comunidad Aborigen de Pastos Chicos,Comunidad Aborigen de Catua,Comunidad Aborigen de Puesto Sey yComunidad Aborigen de Huancar: solicitanrespeto a su decisión de permi-47

tir extracción de litio, y que Estadogarantice efectiva participación y repartode ganancias por actividad minera.Comunidad Aborigen Pueblo AtacamaCobres: gobierno no ha brindado ayudasocial, salario universal y se handado graves impactos ambientalespor explotación de litio.Comunidad Aborigen de Pozo Colorado:solicitan mayor cantidad de agua decalidad; realización de exploración yexplotación de litio sin información yconsulta.Comunidad Aborigen de Rinconadillas:solicitan el reconocimiento de su títulocomunitario. Existe escasez de agua.Comunidades Aborígenes del Departamentode Cochinoca (Abra Pampa –centro urbano y cabecera de departamento),Abralaite, Agua Caliente de laPuna, Agua de Castilla, Río Grande,Agua Chica, Arbolito Nuevo, Barrancas,Casa Colorada, Casabindo, Cochagaste,Cochinoca, Doncellas, Guadalupede la Peña, Lumará, Mirafloresde San José, Miraflores de la Candelaria,Muñayoc, Pasajes, Potrero de laPuna, Puerta Potrero, Quebraleña,Quera, Queta, Quichagua, Rachaite,Rinconadillas, Rumi Cruz, Santuario,Sayate Este, Sayate Oeste, Tabladitas,Tambillos, Tinate, Tusaquillas,Ugchara y Comunidades de la JurisdicciónMunicipal de Puesto del Márquez:Chipaite, Llamería, Puesto deMárquez, Mocoraite, Pueblo Viejo,Tinte, Redonda, Llulluchayoc, entreotras): actividades mineras sin previaconsulta, en comunidad Quebraleñapor Mina Aguilar, comunidades en laLaguna de Guayatoc y Salinas Grandespor extracción de litio; la comunidadQuichagua por proyecto mineroIván Alberto. Existen pasivos ambientalesgenerados por las empresas entoda la Puna, incluyendo empresa MetalHuasi en Abra Pampa y el ProyectoIván Alberto. Señalan poco acceso ala educación y carencia de educaciónintercultural bilingüe.Consejo de Salud Indígena de Jujuy: deficienciaen funcionamiento de puestosde salud, falta de reconocimiento de lamedicina ancestral, ausencia de losagentes sanitarios, y falta de consultade pueblos indígenas en la programaciónde políticas de salud.Mina Pirquitas (Pueblo Kolla): solicitan verificaciónambiental de los impactosambientales de la Mina Pirquitas Inc.Comunidad Aborigen de Lipán: solicita elrelevamiento del territorio comunal;informan sobre explotación minera inconsultade la empresa Sulboro, Exar,Oro Cobre, entre otras, y la escasezde agua.Comunidad Aborigen de Quebraleña: elGobierno de Jujuy no ha cumplido conentrega del título comunitario, a pesarde haber presentado la documentaciónrequerida; preocupaciones sobrela escasez de agua por actividad minerade la empresa Aguilar SA y por laaprobación sin consulta de leyes quedeclaran la importancia de los proyectosmineros, principalmente de litio.Comunidad Aborigen Pan de Azúcar:afectación ambiental y a la salud ocasionadapor antigua explotación minerade la empresa Samic Río Cincel yfalta de un centro educativo.48

Comunidad Aborigen de Rinconada: denunciafalta de entrega de su títulocomunitario, y adhesión de la ComisiónMunicipal de Rinconada al Decreto7984 de la Ley 5653 sobre regalíasmineras que beneficiaría solo a municipiosque no se hayan opuesto a laactividad minera.Comunidad Aborigen San Miguel de Colorado:escasez de agua para actividadestradicionales; esperan acuerdocon propietarios privados para solicitarconjuntamente a provincia un títulocomunitario.Comunidad Aborigen Santuario de TresPozos: solicitan título comunitario; carecende agua para las actividadesagrícolas.Comunidad Aborigen Pórtico de los AndesSusques: su título comunitario no incluyózona urbana; empleados de empresaprovocan divisiones para lograrpartidarios de la explotación de litio.Consejo de Organizaciones Aborígenesde Jujuy: discriminación por parte demaestros y directores de escuelascontra mujeres indígenas, problemascon acceso a la educación y adecuacióncultural de la educación, tierras,recursos naturales y consulta previa.Comunidad aborigen Wanhlai-Aguas Calientes:informan sobre la falta de aguapotable; carencia de viviendas.Comunidad Aborigen “Pueblo Tilian”: denuncianamenaza de muerte contrajurista indígena en contexto de conflictocon terrateniente que ha alambradoterritorio.Comunidad Kullasuyu Marka: comunidaddentro de terrenos privados obligada apagar alquiler, es sujeta a desalojos,vive en condiciones insalubres; su reconocimientocomo comunidad estáen trámite.Consejo de delegados de las comunidadesaborígenes del Pueblo Ocloya:solicitan aplicación del derecho a laconsulta en la implementación de políticasy ejecución de proyectos.Comunidad aborigen Tilquiza-PuebloOcloya: tierras reclamadas por la comunidaddentro de tres fincas privadasdonde se realizan actividades forestalesy de turismo que impactancomunidad. La comunidad ha interpuestomedidas cautelares que noestán siendo cumplidas.Organización Asamblea del Pueblo GuaraníTradicional: problemas con educaciónintercultural bilingüe, la falta dereconocimiento de la medicina tradicional,situación de extrema pobreza.El Gobierno provincial ha incumplidoel compromiso de entregarles 11.000hectáreas.Miembro de la Asociación WARMI, presidentede la comunidad de Liviara yabogado apoderado de las comunidadesindígenas de la provincia de Jujuy:informan sobre acciones legales deamparo por problemas de tierras yotra por contaminación de abastecimientode agua.Autoridades indígenas e integrantes de lacomunidad de Palca de Aparzo: los títulosrecibidos en 2011 no comprendentodo lo que constituye sus territorios.Pueblo Omaguaca: despojo de territorios;solicitan Plan de Desarrollo Comunitarioconsensuado entre los gobiernosnacional y provincial y las comunidadesdel pueblo Omaguaca; contami-49

nación por desechos cloacales, residuosde mina y basureros cercanos ala Quebrada de Humahuaca. Entregade tierras comunitarias a particulares,falta de consulta sobre minería y turismoen la zona.Comunidad aborigen de Guerrero – PuebloKolla: mantienen un conflicto judicialcon un terrateniente que ha realizadoalambrado y extraído recursos naturalesa pesar de medida de no innovar afavor de comunidad hasta que se resuelvael litigio.Comunidades del Pueblo Fiscara: solicitanel reconocimiento como puebloFiscara y la restitución de las tierrasancestrales y protección frente a la urbanizaciónde las tierras comunalespor la provincia, así como a la realizacióninconsulta de proyectos.Presidentes de las Comunidades del PuebloQuechua, Departamento de SantaCatalina, Presidentes de las Comunidadesdel Departamento de Rinconada,y Representante del Pueblo Kolla:denuncian falta de consulta en relacióna realización de un mapeo geoquímicoy evaluación de recursos minerales enlos departamentos de Cochinoca, SantaCatalina y Rinconada.Comunidades pertenecientes al pueblokolla de la Región Puna: informan no serconsultados sobre las actividades delgobierno en torno a la educación bilingüe,la contaminación de la comunidadPan de Azúcar y actividad minera.Representante del pueblo kolla de la Regiónde la Puna: Denuncia persecución,intimidación y discriminación encontra de su persona por haber realizadodenuncias públicas sobre lasanormalidades en la implementacióndel Programa de Relevamiento Territorialde Comunidades Indígenas (RE-TECI).Presidente de la Comunidad Aborigen deYumpaite: denuncia amenaza por partedel Instituto Provincial de Colonización.Se le quiso obligar a firmar unaval de un mapa de croquis a cambiode que dicho instituto no trabe los títuloscomunitarios de dicha comunidad.Comunidad Aborigen de Orosmayo Grande:denuncian discriminación y violaciónal derecho a la consulta y participaciónde la comunidad respecto a laconcesión de la empresa Incovi SRLpara la extracción de áridos.Comunidad Aborigen de El Portillo: denuncianviolaciones al derecho a la participacióny consulta respecto de la explotaciónsobre el cauce del río Yavi Chicoque realizó la empresa Jumi SRL.Comunidad Aborigen Sarahuaico: denunciafalta de personería jurídica, títulocomunitario y por conflicto que mantienecon la Comunidad Cueva del Inca,quien si tiene personería pero haasentado sobre tierras reclamadas porSarahuaico.Comunidad Raíces Andinas: señalan queno se ha respetado el derecho a laconsulta en los proyectos mineros desarrolladosen la zona.Comunidad Aborigen El Angosto y Oca-Sol de Mayo: preocupación sobreabastecimiento de agua en general,así como la falta de regularización desus títulos de propiedad.Comunidad aborigen de Sianzo: señalanque no se les quiere reconocer su títulocomunitario y muestran preocupa-50

ción por la escasez de agua y por posiblesactividades de extracción de litioque se podrían llevar a cabo en suterritorio.Comunidad aborigen de Cochagaste: informanque desde que cuentan con eltítulo comunitario, les cobran impuestosinmobiliarios, que según señalanno deberían pagar.Comunidad Indígena de Corralitos delPueblo Atacama: denuncia sobre faltade consulta en la implementación dediversos proyectos. Informan de laexistencia de contaminación de la empresaOro Blanco SRL.Comunidad aborigen San Francisco deAlfarcito: preocupación por actividadesmineras de extracción de litio, laescasez y la actual contaminación delagua. Hace diez años que vienen solicitandosu título comunitario.Comunidades Originarias del Pueblo Quechua,Departamento de Santa Catalina:falta de implementación efectivade proyectos sociales a favor de lacomunidad; la existencia de discriminaciónen contra de la mujer indígenapor el poco acceso a la educación ygran nivel de desconocimiento delidioma castellano.Comunidad Indígena Tilkara “Wilkiphujo”:denuncian problemas derivados de ladeclaración de patrimonio de la humanidadde la Quebrada de Humahuaca,alega que gobierno entrega territorio aprivados, preocupación por la escasezde agua, por su contaminación por laempresa minera Aguilar SA y por losdesechos cloacales que son depositadasen el río Grande sin tratamientoalguno.Comunidad Indígena Angosto El Perchel,Marka Tilcara: denuncian usurpaciónde sus tierras por comunidades que elINAI registró sin hacer un riguroso estudiosobre su verdadera historia deocupación, y por la cual existe superposiciónde territorio con ambas comunidades.Comunidades Kollas asentadas en el territoriode la Quebrada de Humahuaca:a raíz de la declaración de patrimoniode la humanidad a la Quebrada deHumahuaca, se ha incentivado el despojode su territorio en la medida queha puesto en valor estos territorios, yse ha ocasionado la escasez de aguapor el turismo. Esta declaración se hizosin el consentimiento previo, libre einformado de las comunidades, asícomo sin la realización de un relevamientode los territorios poseídos tradicionalmentepor las comunidades.Comunidad Aborigen Mudama y Simarrones:requieren la construcción de carreterasque los acerque a las escuelasy a los puestos de salud. Lespreocupa la escasez de agua y problemasderivados de la declaración dePatrimonio de la Humanidad por altoprecios de inmuebles y costo de alimentación.Comunidad El Toro y Rosario de Susques:señalan que el Gobierno no quiere reconocerloscomo comunidad aborigen.Solicitan que los recursos naturales,paleontológicos, históricos, culturales,arqueológicos y antropológicosque forman parte de sus lugares sagradosno se encuentren dentro deparques turísticos y empresas mineras.Señalan minería sin consulta pre-51

via, que ha producido la escasez ycontaminación del agua en sitios dondese extrae litio.Comunidades Kollas del departamento deCochinoca: desde 1996 han solicitadoreconocimiento de su territorio. Señalanque existe un fallo del SuperiorTribunal de Justicia en el que erróneamentese considera que el gobiernoprovincial cumplió con entregar la totalidadde territorios.Comunidades Indígenas del departamentode Yavi: no cuentan con el reconocimientode su territorio. En 2010, elSuperior Tribunal de Justicia falló erróneamenteseñalando que el gobiernoprovincial cumplió con entregar la totalidadde territorios. Solicitan se incluya ala Educación Intercultural Bilingüe en losprogramas y currículas oficiales y quelos equipos de trabajo y planeamientoestén conformados por representantesgenuinos de las comunidades.Comunidad Indígena de la Pulpera: existendesechos producto de la actividadminera que no han sido tratados en lacomunidad La Pulpera, Cangrejillos,El Tolar y Punta de Agua. Se interpusouna denuncia al respecto, luego dedos años el Tribunal Federal de Jujuyse declaró incompetente y derivó ladenuncia a la justicia ordinaria, quedandoel juicio paralizado.Comunidad Aborigen Primero de Agosto:solicitan la construcción de un playónpolideportivo para los niños y adolescentesrequerido hace aproximadamente10 años.Comunidades Aborigen Cangrejillos, LaPulpera y El Tolar: señalan que se realizaactividad minera a pesar de haberexpresado desacuerdo con los Informesde Impacto Ambiental y sin haberrespetado el derecho a la participaciónefectiva.Comunidades campesinas e indígenas enel departamento de Santa Bárbara: señalanque están siendo afectadas porlos desmontes autorizados, el avancede la frontera agropecuaria, y enfermedadesproducidas por fumigaciones.Provincia de TucumánUnión de Pueblos de la Nación Diaguita:descripción de desalojos de comunidadesindígenas Diaguitas y Lule incluyendocomunidad de Quilmes, El Nogalito,Valle Tafí y sucesos de violencia y asesinatode comunero en comunidad deChuschagasta.Comunidad indígena Diaguita Amaichadel Valle: presentación de política yeconómica de desarrollo comunal.Provincia de SaltaComunidad Guaraní (1) El Arenal - Prof.Salvador M.; Pets; Torta; Pteu; Tgal;Cheresterareta de Embarcación: denuncianque estas comunidades fuerondesalojadas en 2007.Comunidad Indígena Diaguita Calchaquíde Animana: a partir del año 2003 comenzaronlos desalojos y usurpacióndel territorio por empresas y atropellospor parte de las fuerzas policiales, asícomo la pérdida de sus plantas medicinales,zonas de pastoreo, frutos yanimales, destrucción de sitios sagra-52

Conferencia de prensa en Buenos Aires al finalizar la visita del Relator Especialdos, y afectación por desmonte y perforaciónde pozos.Comunidad Indígena Suri Diaguita Kalchaki:denuncia la desaparición ymuerte de un delegado indígena de lacomunidad Sur, como parte de unapolítica aplicada en varias provinciaspara desalojar a indígenas de sus territorios.Comunidad Diaguita Las Pailas: denunciandesalojo de diciembre 2010, donde39 personas entre niños, mujeres yancianos fueron desalojadas y destruidassus casas, cercos y sembradíos.Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita-Salta: presenta varios casos que presentanproblemas de protección de derechossobre tierras y recursos naturales:• Comunidad Diaguita Calchaquí deAnimaná: tala de Bosques Nativose incumplimiento de la Ley 26331,cierre de caminos ancestrales ycomunitarios;• Comunidad Diaguita “el Divisadero”:denuncian persecución policial,usurpación de tierras, cobrode pastaje, juicios de desalojo,destrucción de lugares sagrados ydesaparición de bosques nativospara desarrollar el monocultivo dela vid. Existencia de proyecto decanalización de vertientes y ríosque provee agua a toda la comunidad,realizado sin su consulta yparticipación;• Comunidad Originaria DiaguitaCalchaquí “El Algarrobal”: juicio dedesalojo por vencimiento de contratoy falta de pago en contra deuno de los miembros de la comunidad.Señalan que el gobiernoprovincial ha demorado en regis-53

trar la personería jurídica de lacomunidad;• Comunidad Originaria DiaguitaCalchaquí Jasimaná: señalan queen la zona se desarrolla minería acielo abierto, generando contaminación;• Comunidad Diaguita “Juan Calchaquí”:informan sobre la falta deacceso al agua y luz y posible rutaconstruida en medio de comunidad;• Comunidad Diaguita Calchaquí“La Paya”: canalización inconsultadel río comunitario por parte de losterratenientes, impidiendo el accesoa los miembros de la comunidad.De otro lado, afirman queexiste discriminación por parte dela directora de la escuela;• Comunidad Diaguita Calchaquí “Potrerode Díaz”: cobro de pastaje;• Comunidad Diaguita CalchaquíPayogasta: existen alambradosque impiden el uso del territorio.Gobierno provincial niega la inscripciónde su personería jurídica;• Comunidad Diaguita CalchaquíPiul: cobro de pastaje, amenazase intimaciones a miembros de lacomunidad y negación de la inscripciónde su personería jurídica;• Comunidad Diaguita CalchaquíBuena Vista: miembros de la comunidadsujetos a amenazas dedesalojos y muerte por parte deterratenientes. Informan sobrematanza de sus animales y negaciónde la inscripción de su personeríajurídica;• Comunidad Diaguita CalchaquíMolinos: cobro de pastaje y amenazasde muerte a los miembrosde la comunidad;• Comunidad Diaguita CalchaquíSan Miguel La Poma: cobro depastaje; persecución de los comunerospor los terratenientes parahacerles firmar contratos dearriendos y así producir desalojosde la comunidad;• Comunidad Diaguita CalchaquíInti Huaman: contaminación delaire por actividad de la mina donOtto y negación de la inscripciónde su personería jurídica.• Organización Zonal Wichi Tch’otLhamejenpe: exploración inconsultade área hidrocarburífera“Morillo”, afectación del territorio ylos recursos naturales de las comunidadesWichi Lewetes Kalehi(Misión Los Baldes), La Represa,La Cortada, El Chañar y los Blancos.Comunidad Guaraní Carapari – EtniaGuarani: denuncia construcción degaseoducto por empresa Refinor SAsin previa consulta y sin hacerse estudiosde impacto ambiental, social ycultural y la imposición de un gravamensobre las tierras comunitarias.Petición presentada a la Comisión Interamericanade Derechos Humanos(CIDH) en el año 2008.Federación Wichí Cuenca del Río BermejoRutas 81 y 53 en formación JurisdicciónEmbarcación, Salta: incumplimientode la Ley 26160, falta de consultapara realizar actividades petroleras;falta de respuesta a solicitud de54

informe sobre impacto ambiental ysocial en relación a la extracción depetróleo; asimismo, existe desmonteen la zona.Unidad Norte Indígenas en Salta: construccióninconsulta del gaseoductoPocitos – Campo Duran, que causógran destrucción en la comunidad. Lacomunidad ha interpuesto una acciónde amparo y ha presentado el casoante la CIDH.Unidad Norte Indígena en Salta: contaminaciónpor explosión e incendio de laplanta de Refinor SA, lo cual impactónegativamente en la salud de habitantesde la Comunidad Campo Duran.Fortín Dragones: señala situación de damnificadosen la Cuenca del Norte – JurisdicciónFortín Dragones, así comola falta de reconocimiento de sus territoriosy falta de agua.Comunidades Wichí de El Traslado: HupWumek – Zopota y El Escrito: falta deentrega de títulos de propiedad; realizaciónde desmontes, la tala ilegal, alambradosy portones colocados por ganaderos,así como de la criminalización ypersecución de líderes indígenas.Autoridades del Consejo Indígena delPueblo Tastil: falta de reconocimientode la existencia del pueblo Tastil porparte de la provincia, retardo en la tramitaciónde la personería jurídica desus comunidades y judicialización dela posesión del territorio. Además presentanlos siguientes casos:• Comunidad Indígena Las Cuevas:agresión física y verbal contra lospobladores por parte de tercerosparticulares;• Realización de actividad de la empresaminera Salta ExploracionesSA sin el debido proceso de consulta.Existe amenaza de contaminaciónde la población y de lasaguas superficiales y subterráneas;• Preocupación por la posibilidad deque declaren su territorio comoPatrimonio Cultural de la Humanidad“Proyecto Q’apak Ñan”;• Comunidad Quebrada de Toro: litigioentre la comunidad y la firmaFoster SA por el territorio;• Comunidad Indígena El Gólgota:amenazas de desalojo y preocupaciónpor la construcción de unaplaya de descarga de mineralesque contaminaría el territorio de lacomunidad;• Comunidades Indígenas Los Alisos,Inkawasi y Valle de Sol: procesoentre las familias de estascomunidades y particulares por laposesión del territorio.Comunidad Indígena del Pueblo DiaguitaPotrero de Díaz, Camino a Cachi: denuncianque tierras de pastoreo compradasa favor de la comunidad en1986 todavía figuran como tierras fiscales,informan sobre la inaplicaciónde la Ley 26160 y usurpación de tierraspor parte de particulares.Asociación de Comunidades AborígenesLhaka Honhat: falta de cumplimientode la entrega de título de propiedad;tala ilegal de madera, cercos y alambradospor no indígenas; falta de consultay participación en la realización

de obras hídricas, que ha tenido impactosambientales.Universitarios indígenas: solicitan becaspara jóvenes estudiantes indígenas.Asociación El Quebrachal Ballivián, MisiónEl Quebrachal, General Ballivián,comunidad Aborigen Quebrachal II,Misión Quebrachal II General Ballivián:carecen de agua potable y enfrentanemergencia sanitaria por contaminaciónde agua ocasionando enfermedades,desnutrición y muerte.Organizaciones de Comunidades Aborígenesde Nazareno, Unión de ComunidadesAborígenes Victoreñas, ComunidadesIndígenas Alta Cuenca RíoLipeo, Consejo Indígena Kolla de Iruyay TINKUNAKU: solicitan títulos comunitarios.Comunidades wichí: Chustaj Lhokwe (SanJosé); Cuchuy; Corralito y Chaguaral,Zona Este de Ballivián: Incumplimientodel relevamiento de tierras y efectosgenerados por desmontes realizadossin previa consulta. Incumplimiento demedida cautelar otorgada para suspenderlos desmontes. Señalan queprivados han alambrado y colocadoportones restringiendo la libre circulacióny acceso a su territorio. Aleganademás que carecen de agua por contaminaciónde, aguadas, represas ylagunas artificiales.Comunidad Indígena Lules de Finca LasCostas: informan de la existencia dedesalojos y usurpaciones por parte deterratenientes y gobierno; el procesamientode 14 miembros de la comunidadpor turbación, posesión, lesionesy amenazas a raíz de sus accionespor defensa de territorio. Solicitan reconocimientocomo pueblo. Lespreocupa la posible instalación decanchas de Jockey en la Finca LasCostas.Comunidad Kolla Los Naranjos: falta deatención a temas de territorio indígenasy de educación. Posibles afectacionespor la construcción de un túnelen “Mal Paso”. Informan de la existenciade organizaciones que obtuvieronsu personería jurídica para representara los pueblos indígenas pero queen realidad no los representan. Denuncianno tener libertad para elegir alos miembros del Consejo de ParticipaciónIndígena. Falta de consultacuando se construye una obra o realizaun proyecto minero, la devoluciónde tierras, y la adecuación de políticaseducativa o de salud.Comunidad Aba Guaraní “El Estación”:existencia de una disputa entre la comunidady la empresa Seabord Corporationpor la propiedad y posesióndel territorio, existiendo maltratos porlos propietarios administradores de laempresa.Grupo de estudiantes de la UniversidadNacional de Salta provenientes depueblos originarios y campesinos: solicitanal Relator Especial que actúecomo mediador con la presidenta de laNación para lograr su inclusión en elPrograma Conectar Igualdad con la finalidadde obtener una computadoraportátil para cada estudiante.Delegado del Consejo de Participación Indígenadel INAI: informa sobre depredaciónde bosques, falta de reconocimientodel territorio ancestral y denunciaspor usurpación en la comunidad56