Por Humberto Padgett padgett@mx.com.mx Fotografías de Eduardo ...

Fotogramas tomados del documental Presunto culpableEse, el de los juicios orales, es un gran logro, en opinión deRoberto Hernández: terminan con la práctica discrecional deldictado, acelera las audiencias, da efectiva voz al acusado y lavideograbación del proceso agrega elementos imposibles deintegrar en el papel, como las actitudes del juez, el ministeriopúblico y el acusado. Si el video se universaliza, aumenta lacerteza de que el juez realmente estudie el caso.En enero de 2007, Roberto escribió al ministro presidentede la Suprema Corte de Justicia, Guillermo OrtizMayagoitia, una carta en defensa de los juicios orales.“Entre más legaloide y secreto sea el proceso penal,más vulnerables son los jueces, y más grande la posibilidadde cometer injusticias. La mayoría de nuestros políticoshan optado por el populismo penal. El discurso de la manodura prefiere ceder a los impulsos de una ciudadanía aterraday apela a quienes creen que con sanciones más durasy más policías va a resolverse el problema de seguridad.También prefiere un procedimiento penal que maquilla lasdebilidades de los casos que ensamblan las procuradurías,desterrando la competencia con los defensores”.✱✱✱El equipo de Roberto Hernández fue inundado de llamadastelefónicas desde las cárceles, con gente relatando su propiahistoria de abuso e injusticia. Se disculparon en todos loscasos. “A mí me habló hasta Raúl Salinas de Gortari desdeel tambo y no vi ninguna razón para involucrarme en unasunto así”, cuenta a emeequis.Poco después de que los familiares deJosé Antonio Zúñiga terminaran sus ahorrosen la defensa con el abogado de mentiras–que cobró 70 mil pesos en la primera instanciay la apelación–, conocieron casualmentea Marco Antonio Arias, el hombre querecuperó su libertad gracias a El túnel. Lesproporcionó el número telefónico de Hernández.Insistieron hasta convencerlo.El abogado y cineasta aceptó el caso yproyecto en abril de 2006, poco antes deiniciar su doctorado en la Universidad deCalifornia en Berkeley. “Me importó lo rutinariode la violación de derechos humanos,el asunto de alguien vulnerable y pobre comola mayoría de los mexicanos. Encontré queeste muchacho es de Iztapalapa, de donde esla mayor parte de la gente en los reclusoriosen el DF, de las colonias pobres. Además,su caso es muy claro, sin grises, por lo quepedagógicamente funciona muy bien”.Y algo conectó con la propia experienciade Roberto:“Yo era muy chavo y mi familia no teníamucho dinero. Estudiaba el primer año dederecho y a veces nada más tenía dos pesos| EMEEQUIS | 09 de febrero de 200929

nitoreo con tanta garra como el que hubo. Una cámaray un micrófono son un registro objetivo de lo que ocurreen una audiencia y permite mostrar todo este despapaye.El dictado utilizado en nuestros juzgados no registra losexabruptos del juez, rechazando que se cuestionara al ministeriopúblico, o el largo silencio del testigo cuando sepidió describir a José Antonio.–¿Cómo fue poner al policía judicial, al agente delministerio público y al juez en una situación en que nopudieran ser cínicos ni indolentes?–Padrísimo. La amenaza de la rendición de una cámaraes una delicia. Fue muy agradable generar esa situación;también fue muy tenso y complicado. Los jueces no vana las audiencias, salvo cuando hay una cámara. Este juezestá presente todos los minutos del juicio y hasta aparececon toca. La justicia funciona cuando la vigilas, pero nodel sentenciado a firmar, que tome talleres ydemás, cualquier medida diversa a la cárceles mejor para la delincuencia menor.✱✱✱La cinta se logró realizar con la colaboraciónde un equipo de investigadores del CIDE,encabezado por Ana Laura Magaloni y laparticipación de Layda Negrete. Contó conel apoyo de The William and Flora HewlettFoundation. La producción obtuvo, además,la Beca Gucci Ambulante, otorgada porGael García y Diego Luna. Otros recursosprovinieron de la fundación holandesa JanVrijman.La película podría estar en exhibiciónhemos creado herramientas para vigilar. Para entrar conlas cámaras, me agarré del precepto de la garantía constitucionalde la audiencia pública.–Pero si preguntas en cualquier reclusorio quién es inocente,10 mil personas van a levantar la mano.–Hay dos tipos de inocentes. Setenta por ciento de lapoblación está en prisión por robos menores a mil pesos. Notiene sentido meterlos a la cárcel, aunque sí sancionarlos dealguna manera. Meterlos a prisión es lo más caro y estúpido.Si alguien se roba 100 pesos, en un día de prisión ya costómás a los contribuyentes, 120 pesos, según el dato oficial,pero puede ser más. Y estamos ocupando el tiempo de losjuzgados por robos de gansitos, de papas, en los Oxxos. Eneso estamos gastando los recursos públicos.Tampoco tiene sentido desde el punto de vista de laseguridad pública porque se ubica a estas personas en contactocon criminales de otro nivel. Se propicia la creación deuna red delincuencial más amplia. La tasa de reincidencia,que sirve para evaluar las cárceles, es de 40 por ciento. Sise compara la cárcel contra un programa de presentaciónen los siguientes meses. Entrevistado encasa de su familia política, Roberto lucepantalones cargo, cabellos largos, la barbade una semana. Ríe con franqueza a cadamomento.–¿Tiene alguna crisis de identidad entreser abogado y documentalista?–Es la fortuna de tener la capacidad deestar en los dos lugares. Muchos abogados hanperdido la capacidad de diálogo y el sentido demisión. Yo trato de mover las piezas, de ya noir a un juicio a dictar, sino a escuchar.Este es un modSo de entretenimientolegítimo. No quiero que la gente vaya aver esta película por algún compromisopolítico o intelectual, sino porque es unaexperiencia cinematográfica chingona. Yporque también muestra la posibilidad delos ciudadanos de no agachar la cabeza ycambiar el país.| EMEEQUIS | 09 de febrero de 200931

Los jueces, por su parte, incapaces de ejercer cualquiertipo de autonomía frente al Ejecutivo, se dedicaban a estamparsu rúbrica en esas averiguaciones previas y darlesforma de sentencias.Así, la dinámica de trabajo de estas instituciones secaracterizó por la simulación y la mentira. El expediente,con sus cientos de miles de hojas, se convirtió en el vehículoideal para ello. Al final, lo que se había escrito en esas hojas,en lo oscurito de la agencia del ministerio público, era lo queconstituía la “verdad jurídica” y, viceversa, lo que no estabaescrito, como por arte de magia, desaparecía por completodel juicio penal o inclusive de la realidad.Los costos de estas reglas informales con las que operarontodas las procuradurías del país se han hecho cada vezmás evidentes. Por un lado, la falta de todo control jurisdiccionalsobre las policías y los ministerios públicos fuecaldo de cultivo para la corrupción.Pero, además, el efecto perverso de jueces que no fiscalizabanla calidad mínima de la evidencia aportada por elministerio público, ni tampoco garantizaban los requerimientosmínimos del debido proceso, hizo que las policíasy ministerios no tuvieran ninguna necesitad de profesionalizarse,ni de elevar la calidad de sus investigaciones.Por ello, la justicia penal mexicana se convirtió en unajusticia dependiente de testimonios y confesiones e incapazde recolectar con rigor pruebas de mayor grado de objetividad(análisis de sangre, DNA, dactiloscopía, medicinaforense, etc.). Esta cultura de la simulación distorsionó a talpunto las instituciones que lo que opera en el proceso penales la desconfianza, la mentira, la trampa y el absurdo.Nos alcanzó el destinoCon estas instituciones penales permeadas por la corrupción,la arbitrariedad, la simulación y la ausencia de técnicasde investigación profesionales comienzan a aumentarlos delitos en número, complejidad y niveles de violencia.Los grandes detonadores de la delincuencia fueron, principalmente,las tres grandes crisis económicas del siglo pasado:1983, 1986 y 1995. En el lapso de 12 años (1983 a 1995)la actividad delictiva aumentó más de 100 por ciento.Al mismo tiempo, el pluralismo político fue haciéndoserealidad en los tres niveles de gobierno y en todo el país. Lasprocuradurías ya no pudieron continuar operando a puertacerrada; las comisiones de derechos humanos, la opiniónpública, las organizaciones civiles comienzan a fiscalizar yexhibir los abusos de la policía y el ministerio público.Así, las condiciones en las que funcionó la procuraciónde justicia durante décadas –baja incidencia delictiva ynula rendición de cuentas– se modificaron drásticamenteen poco tiempo. Sin embargo, no por ello cambiaron lasprácticas institucionales. La policía judicial, el ministeriopúblico, el juez penal y el defensor público se quedaronatrapados en prácticas propias de un sistema autoritario.Mi argumento es que hasta que no desterremos porcompleto esas prácticas autoritarias, el sistema penalmexicano no va a poder profesionalizarse ni ofrecer mejoresresultados a la ciudadanía. Arbitrariedad e ineficacia,aunque suene contraintuitivo, son dos caras de la mismamoneda.Ineficacia y arbitrariedadUna de las características emblemáticas de las procuraduríases su ineficacia. Según los cálculos de Guillermo Zepeda,sólo seis de cada 100 delitos denunciadosllegan a ser enjuiciados. Este nivel deimpunidad se explica, principalmente, porla ausencia de todo sistema de investigacióncriminal profesional y por los niveles de corrupcióncon los que funciona el sistema.No nos hagamos bolas, nuestras cárcelesestán principalmente habitadas porlos chivos expiatorios o los pobres que notuvieron dinero para sobornar a la policíao al ministerio público. Los delincuentesprofesionales, los que se dedican al robo decoche, al secuestro o al tráfico de armas, estánlibres por dos razones: porque las procuraduríasno saben desarrollar el tipo deinvestigaciones criminales que se requierepara detectar este tipo de delincuentes, obien, porque algún policía los protege.En cualquiera de los dos supuestos el resultadoes el mismo: el castigo sólo es parael eslabón más débil de la cadena delictiva.Según los datos de la Encuesta a Poblaciónen Reclusión realizada en 2005 por el CIDE,47 por ciento de quien estaba en la cárcel seencontraba sentenciado por robo simple sinviolencia; cuatro de cada 10 de estas personashabía robado 500 pesos o menos y ningunode ellos pudo salir bajo fianza porqueel ministerio público y el juez se encargaronde imponerle un monto impagable.A estos sentenciados, al igual que lamayoría de la población en reclusión, seles violaron sus derechos fundamentalesdesde el momento de su detención hastala sentencia. Según la encuesta ya mencionada,durante la fase de detención a 80por ciento no le informaron de su derechoa no declarar; 72 no tuvo abogado y 41 fuegolpeado y amenazado por la policía judicial.En la fase de juicio, a 60 por ciento nole informaron de su derecho a no declarary 82 por ciento ni siquiera le conoció lacara al juez.En este calvario, las características distintivasdel proceso son las miles de prácticasde simulación, mentiras, expedientesilegibles y con miles de hojas, la fabricaciónde evidencia, la falta de supervisión y controlespor parte del juez, entre otros.El resultado es un completo sinsentido:quien roba unas galletas termina dos añosen la cárcel pero quien secuestra o roba cochesopera en contubernio con la policía.Nuestras instituciones penales se hanquedado atrapadas en la inercia del susviejos patrones de conducta autoritaria.Lo que incentivan es que el castigo sea selectivoy sesgado en contra del eslabón másdébil de la cadena delictiva. Hasta que nocambiemos de forma radical esta situación,seguiremos, como hasta ahora, con un sistemapenal que sirve como detonante deviolencia, impunidad e injusticias. * Ana LauraMagaloni esdoctora en derechopor la UniversidadAutónoma deMadrid, España.Es profesorainvestigadorade la Divisiónde EstudiosJurídicos del CIDEy pertenece alNivel I del SistemaNacional deInvestigadores.| EMEEQUIS | 09 de febrero de 200933