Informe de seguimiento Párrafo 25 de las Observaciones finales del ...

POSESIÓN Y PROPIEDAD COMUNITARIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS1. El Estado parte debe adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a losdesalojos y asegurar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas en dondecorresponda.Como el Comité conoce y el Estado señala en su informe, el Estado nacional sancionó la ley26.160 para suspender los desalojos de comunidades indígenas. Desde el año 2006 a esta parte,tal como fue informado al Comité en oportunidades anteriores, la ley es incumplida de manerageneralizada y sistemática.Pese a que el desalojo de comunidades indígenas es una de las prácticas más reiteradas de losúltimos años, el Estado argentino omite informar sobre medidas concretas que se esténadoptando con el fin de evitarlos. La única mención realizada por el Estado es sobre unPrograma de Fortalecimiento Comunitario al que las comunidades o sus integrantes podríanacudir con el fin solventar sus gastos legales. Es decir, una medida tendiente a contribuir conlos gastos que implique una acción de desalojo ya iniciada y no una que intente evitar quese multipliquen las acciones de desalojos.Sólo por mencionar algunos ejemplos, durante los años 2010 y 2011 sufrieron intentos dedesalojo la Comunidad Diaguita Calchaquí de Las Pailas (Salta), fines de 2010, la ComunidadPampa del Indio (Chaco), 30 de marzo de 2010, la Comunidad La Primavera (Formosa), 23 denoviembre de 2010, Los Toldos, pueblo mapuche (Buenos Aires), 1º de diciembre de 2010, lacomunidad de Paichil Antriao (Neuquén), el 2 de diciembre de 2010, la comunidad mapucheSanta Rosa Leleque (Chubut), orden de desalojo del 1º de marzo de 2011 y las comunidadesComunidades India Quilmes, El Nogalito, Chuschagasta, Valle de Tafí, Diaguita El Mollar, LaAngostura, Casas Viejas, Diaguitas de Anfama, Amaicha del Valle y Tolombón de la provinciade Tucumán 1 , entre otros.A este cuadro de situación se suma la falta de implementación efectiva del derecho a la posesióny propiedad comunitaria indígena. Como se verá a continuación, la implementación de laprincipal herramienta que desarrolló el Estado argentino en tal sentido – el relevamiento jurídicocatastral- (mas allá de los problemas de diseño que presenta) ha sido completamenteineficiente. Tampoco se desarrollaron nuevas herramientas que permitan detener la gravedestrucción del territorio y los recursos naturales indígenas, especialmente por actividadesmineras, petroleras, forestarles y agropecuarias.Por el contrario, se reproducen los casos de respuestas estatales violentas frente a reclamosterritoriales. Durante el año 2010 ocurrieron diversos hechos de represión de conflictos socialesen el espacio público en diferentes puntos del país, que dejaron como saldo varios muertos yheridos de gravedad, y que presentan distintos grados y modalidades de responsabilidadpolicial, judicial y política. Además, los reclamos por el cumplimiento efectivo de los derechosterritoriales no pueden ser objeto de respuestas estatales represivas y violentas que incluyen elasesinato, los desalojos por la fuerza y la criminalización de la protesta social. Por tal razón, esfundamental que el Estado pueda controlar, de manera efectiva, las conductas de losfuncionarios en operativos de esta naturaleza pero también adoptar medidas de acción positivapara desarrollar respuestas políticas adecuadas con miras a hacer efectivo el derecho a laposesión y propiedad comunitaria indígena.1 http://www.eldiario24.com/nota.php?id=128616.2