ley de concursos mercantiles y ley de quiebras y suspension de pagos

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES Y LEY DE QUIEBRAS YSUSPENSION DE PAGOSTipo: ARTICULOAutor: Lic. Antonio Franck CabreraSocio de Franck, Galicia, Duclaud y Robles S.C.E-mail: afranck@fgdr.com.mx................................

I. LA LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOSLa LQSP se expidió en 1943 con el propósito de buscar la rehabilitación de las empresas que,debido a sus problemas económicos y financieros, incurriesen en el incumplimiento generalizadode sus obligaciones líquidas y exigibles. En caso de no lograrse este objetivo, a la empresa se ledeclaraba en quiebra y se procedía a su enajenación.La LQSP regulaba dos figuras: la quiebra y la suspensión de pagos. La primera podía ser solicitadapor el deudor, cualquiera de sus acreedores o el Ministerio Público o podía ser declarada de oficiopor un juez. En contraste, la suspensión de pagos otorgaba un beneficio al comerciante paraprevenir su posible quiebra y, por lo tanto, sólo podía ser solicitada por el deudor.Los principales actores que participaban en el procedimiento concursal eran el juez, el síndico, laintervención y la junta de acreedores. El juez era el rector del procedimiento y contaba con ampliospoderes, ya que en repetidas ocasiones durante el procedimiento se requería de su aprobación.El nombramiento del síndico recaía en la Cámara de la Industria o Comercio a la que pertenecía eldeudor y, en su defecto, en una institución nacional de crédito quien designa a un delegado.Cuando ello no sucedía, el Juez nombraba directamente a un síndico provisional. El síndico eraresponsable de la administración de la empresa del quebrado y de la buena conservación de losbienes de la masa. En la suspensión de pagos el deudor retenía la administración de sus bienes yel síndico sólo ejercía la función de vigilancia.La intervención estaba encargada de representar los intereses de los acreedores. Su participaciónera relativamente limitada, ya que su función principal era la de vigilar la actuación del síndico.La junta de acreedores tenía cuatro funciones principales: (i) el reconocimiento de créditos, (ii) laaprobación de un convenio, (iii) dirigir la intervención y (iv) examinar la actuación del síndico.Al declarase la suspensión de pagos o la quiebra, todas las obligaciones del deudor se daban porvencidas, dejaban de causar intereses y se suspendía su pago. Acto seguido a su designación, elsíndico debía proceder a levantar un inventario, iniciar el reconocimiento de créditos, elaborar undictamen sobre la situación financiera del deudor y evaluar las posibilidades de reestructuración delos pasivos del deudor.El siguiente paso era convocar a una junta de acreedores para el reconocimiento de créditos, en laque el juez debía abrir el debate contradictorio para cada crédito.Una vez concluido el reconocimiento de créditos, se convocaba a junta de acreedores para laaprobación de un convenio con base en una mayoría calificada, el juez podía aprobarlo para quese procediera a su ejecución. Con la ejecución del convenio se extinguía el procedimiento.En la suspensión de pagos, el incumplimiento del convenio daba lugar a la declaración de quiebra.Si el deudor ya se encontraba en este estado jurídico, por haberlo solicitado así el propio deudor, eljuez debía ordenar la realización del activo del comerciante y disponer la forma en que ello sellevaría a cabo.PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA LQSPLa LQSP contemplaba dos procedimientos (suspensión de pagos y quiebra) pero establecíamecanismos poco adecuados para determinar si el comerciante debía ser declarado en un estadolegal o en el otro. En principio, podría decirse que la quiebra debía entenderse como un

procedimiento apropiado para aquellos comerciantes que se encontraban en una situación deinsolvencia y que la suspensión de pagos debeía ser útil para atender los problemas decomerciantes que atravesaban por una situación de iliquidez. Sin embargo, en la práctica, eso eraimposible.Las características del procedimiento de suspensión de pagos daban un excesivo poder denegociación al deudor: (i) mantenía la administración de una empresa, (ii) era el único que podíaproponer un convenio, (iii) se suspendía la causación de intereses, (iv) el juez y el síndico carecíande los conocimientos necesarios en materia de administración, finanzas y contabilidad, y (v) lasdiferencias entre acreedores propiciaban una falta de coordinación entre ellos.El excesivo poder de negociación de los deudores, se prestaba a abusos por parte de éstos. Loanterior, aumentaba los costos de mantener en operación empresas que, en principio, debían serliquidadas. Peor aún, podían declararse en suspensión de pagos comerciantes que teníancapacidad de pago y que aprovechaban los beneficios de esa figura para incumplir en susobligaciones.La participación de los acreedores era limitada. Por ejemplo: (i) sólo el juez podía convocar a juntasde acreedores, (ii) los acreedores no participaban en el nombramiento del síndico, (iii) losmecanismos para la aprobación de un convenio eran arbitrarios y complejos, y (iv) el juez decidíasobre la mejor forma de enajenación de los activos del comerciante.La ley ignoraba diferencias importantes entre los acreedores. Por ejemplo: los mecanismos deaprobación del Convenio no distinguían entre clases de acreedores.La aprobación de un convenio o cualquier decisión sobre el futuro de la empresa, se supeditaba aque existiera una sentencia firme sobre el reconocimiento de créditos. Esto, creaba incentivos paraque algunas de la partes retardaran injustificadamente el proceso.La ley es excesivamente formal y otorga demasiada discrecionalidad a los jueces en aspectos deorden administrativo y financiero del procedimiento. Los jueces intervenían en aspectosadministrativos y financieros del proceso en los que no estaban obligados a ser expertos. Además,considerando las extraordinarias cargas de trabajo a que se someten los jueces, se impedía latransparencia y predecibilidad del proceso, lo que atentaba contra la certidumbre jurídica de laspartes.Falta de supervisión adecuada de los síndicos. Los síndicos con frecuencia carecían de losconocimientos necesarios en materia administrativa, financiera y contable y no estaban sujetos aningún mecanismo formal de acreditación o supervisión de sus funciones. Lo anterior obraba endetrimento de la credibilidad del procedimiento.II. CRITERIOS GENERALES DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES(LCM)Los criterios más importantes que orientaron el desarrollo de la LCM fueron los siguientes:1. Maximizar el valor social de la empresa;2. Inducir el flujo de información relevante que permita a los interesados participarconstructivamente;

3. Respetar en lo posible las relaciones contractuales preexistentes;4. Alinear los incentivos para facilitar un arreglo voluntario entre los deudores y acreedores;5. Propiciar las soluciones extrajudiciales;6. Apoyar a los jueces en aspectos técnicos y administrativos del procedimiento, para que puedanenfocar sus esfuerzos a las tareas jurisdiccionales, y7. Simplificar los trámites judiciales y procedimientos administrativos para hacerlos mástransparentes y expeditos, reduciendo oportunidades e incentivos para litigios frívolos.III. DESCRIPCIÓN DE LA LEYEn esta sección se presentan los aspectos más importantes de la LCM , que permitirían eliminarlos principales problemas que, bajo la legislación anterior, propicianban abusos y alarganinnecesariamente los procesos.Un solo proceso, el concurso mercantil, con dos etapas: conciliación y quiebra. Cuando unaempresa cae en los supuestos de esta Ley, se abre un periodo de conciliación con el objeto de queel deudor y los acreedores puedan alcanzar un convenio que evite la quiebra de la empresa.Cuando no sea posible alcanzar un convenio, o bien éste se incumpla, se procede a la segundaetapa, en la que un especialista realiza la enajenación de la empresa en las condiciones en que selogre el máximo valor posible, mediante un procedimiento transparente. Con el producto de laventa se pagan las obligaciones del deudor.Plazo terminante para el periodo de conciliación. Durante la etapa de conciliación sesuspenden todas las ejecuciones y los pagos de créditos. Sin embargo, para evitar abusos eincentivar los arreglos entre las partes, el plazo tiene una duración estrictamente limitada (185 díascon la posibilidad de una prórroga por 90 días más que, en condiciones excepcionales, podráextenderse por una plazo máximo de 90 días), al cabo de la cual automáticamente se procederá ala etapa de quiebra.Dentro de la conciliación, se suspenden todos los procedimientos de ejecución de loscréditos garantizados y fiscales. La suspensión de los procedimientos de ejecución tiene elpropósito de evitar que la ejecución desordenada de las garantías y otros derechos de acreedorespongan en riesgo la preservación de valor que ofrece el concurso, haciendo viable la celebraciónde un convenio entre el comerciante y sus acreedores, y al mismo tiempo reconocerles la jerarquíaque estos últimos tienen en el procedimiento concursal. El único procedimiento de ejecución queno puede suspenderse es el de los créditos laborales consignados en la fracción XXIII del apartadoA del artículo 123 constitucional.Flexibilidad en las soluciones posibles. Se designa a un especialista, el conciliador, con elmandato de procurar, con la mayor flexibilidad posible, un arreglo voluntario entre el deudor y susacreedores. La Ley no restringe las posibilidades de solución en el convenio, siempre que serespeten los derechos de las minorías disidentes. Los acreedores no requerirán congregarsefísicamente a votar el convenio ni cualquier otro aspecto en que deban participar.La autoridad fiscal cancelará las multas, recargos y otros accesorios que se hubierencausado de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación . Se establece quela autoridad fiscal cancelará las multas, recargos y otros accesorios que se hubieren

causado a partir de la sentencia de declaración de concurso mercantil, con el fin de facilitarun convenio entre el comerciante y sus acreedores. Adicionalmente, se faculta alcomerciante y al conciliador a negociar con las autoridades fiscales condonaciones yautorizaciones, con el propósito de que pueda ofrecer a sus demás acreedores un conveniomás atractivo. Por otra parte, se decidió que para efectos del pago de los créditos fiscalesen caso de que no hubiere convenio, la autoridad fiscal podrá incluir, en la determinacióndel monto de sus créditos, a dichos accesorios. Las reformas a los artículos 144, 146 y 146-B del Código Fiscal de la Federación publicadas el 31 de diciembre de 1999 reflejan dichasconsideraciones.El conciliador o, en su caso, el síndico pueden sustituir las garantías embargadas por laautoridad laboral mediante una fianza. Con el propósito de que las resoluciones de la autoridadlaboral puedan adecuarse a la materia concursal y evitar que dichas resoluciones afectensolamente a algunos acreedores (especialmente a los garantizados) se incluyó dentro de la Ley lafigura de la fianza para permitir la sustitución de garantías en los términos de la Ley Federal delTrabajo.Se elimina del concurso la figura de la junta de acreedores, que en la práctica ha resultadosumamente ineficiente y ha dificultado la coordinación de los intereses de los acreedores.Proceso paralelo de reconocimiento de créditos. Se propone un proceso ágil de verificación decréditos que se inicia paralelamente (en vez de ser secuencial como en la LQSP) con el periodo deconciliación. Con ello se elimina cualquier incentivo para demorar el proceso que surge bajo la leyanterior, pues con el procedimiento propuesto será en el mejor interés de todos los participantesconcluir rápidamente el reconocimiento para poder suscribir el convenio.Actualización del valor de las obligaciones. Con la sentencia que declara el estado de concurso,todos los créditos se dan por vencidos y se suspende su pago. Sin embargo, los créditosgarantizados continuarán causando los intereses ordinarios originalmente acordados (hasta dondealcance la garantía). Por su parte, los créditos comunes se convertirán a su equivalente en UDIs ala fecha de la sentencia para evitar su minusvalía. Con esto, se propicia la equidad y justicia en eltrato a los acreedores y se reduce un incentivo de los deudores a recurrir al concursoabusivamente con el propósito de depreciar sus obligaciones.Administración de la empresa . Como regla general durante la etapa de conciliación, eldeudor gozará del beneficio de mantener la administración de su empresa, pero podrá serremovido en casos expresamente previstos en ley o cuando se proceda a la etapa dequiebra. En este último caso, los acreedores tendrán el derecho de intervenir en ladesignación del síndico.Medidas cautelares. Al momento de dar curso a la demanda, el Juez podrá solicitar la opinión deun especialista sobre la conveniencia de dictar medidas cautelares para la protección de laempresa y de los intereses de los acreedores. En estas medidas se incluyen la posibilidad deseparar al deudor de la administración, la prohibición al deudor para realizar operaciones deenajenación o gravamen de los activos sociales, el embargo de determinados bienes, y la orden dearraigar al deudor. Adicionalmente, se incluyó la posibilidad de que el juez de oficio o bien, asolicitud del propio comerciante, pueda dictar las providencias precautorias que considerenecesarias para la protección de la viabilidad de la empresa.Los derechos de los trabajadores se amplían a los salarios devengados de los últimos dosaños. Con el fin de brindar mayor protección a los trabajadores, se amplía a dos años, el mandatoestablecido en fracción XXIII del apartado A del artículo 123 constitucional.Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Se creó un órgano del Consejo

de la Judicatura Federal para dar apoyo administrativo a los procesos concursales. El Instituto estáencargado de acreditar, nombrar y supervisar a los especialistas (visitadores, conciliadores ysíndicos) quienes son los responsables de determinar si la empresa entró en una situación deincumplimiento generalizado de pagos, proponer medidas cautelares, facilitar la suscripción delconvenio y, en su caso, administrar y enajenar a la empresa.