Revista " Este de Madrid" (1991-2010) - Archivo de Arganda del Rey ...

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Firmas
DESDE LA ORILLA
Encuestas
Las encuestas han sido hasta hace poco un instrumento
para conocer los estados de opinión entre la ciudadanía
respecto a los más diversos asuntos. Con ellas en la mano,
los fabricantes planifican sus estrategias de ventas o de
producción, los comerciantes elaboran sus planes de
compra y de publicidad, los sindicatos sus movimientos,
partidos políticos sus actuaciones y así sucesivamente.
Si a un industrial una encuesta le dice que determinado
producto de su fabricación añadiéndole un determinado
componente se vendería mejor que con su contenido actual,
hará un estudio de costos y otros análisis financieros y de
mercado y, en función de ellos, y de los resultados de la
consulta, tomará la decisión que considere más acertada,
que puede ser incluso la de dejar de fabricarlo.
La encuesta era un medio más en la planificación estratégica
no algo determinante en sí mismo.
Hasta que un buen día, nos despertamos enterándonos
de que el Presidente del Gobierno y Secretario General del
PSOE había decidido que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez,
es mejor candidata para las elecciones a la Comunidad
de Madrid que el Secretario General del PSM, Tomás
Gómez. Lo dicen las encuestas que maneja. Tomás Gómez
es un excelente gestor y un político honesto, inteligente y
trabajador, pero ¡ay! las encuestas mandan que la candidata
sea otra política honesta, inteligente y trabajadora: Trinidad
Jiménez.
Y, ¿por qué no se analizaron los motivos de esa preferencia
ciudadana y se pusieron los medios para que el Secretario
General del PSM fuera tanto o más valorado por la opinión
pública que la compañera Ministra, sin recurrir a montar
la de Dios es Cristo (de nuevo) en los medios de comunicación,
ávidos de broncas políticas y más en pleno Ferragosto?
Menos mal que, como solución al desatino, y de paso
puesta en escena de Tomás Gómez, tenemos las muy democráticas
y plausibles Elecciones Primarias. Método éste no
muy del gusto de la actual dirección política del partido, a
tenor de las dificultades añadidas en esta ocasión a la normativa
para realizarlas. En Rivas no las habrá, me dicen, exclusivamente
por eso.
Pues bien, si la opinión mostrada en las encuestas es el
elemento que marca la idoneidad de los candidatos a las
elecciones, en coherencia con lo expresado en el proceso
madrileño, el Secretario General del PSOE deberá pedir al
Ministro del Interior que sea el próximo candidato para Presidente
del Gobierno de la nación.
Alfredo Pérez Rubalcaba,
y alguien más, le superan y
mucho en valoración en todas
las encuestas.
FRANCISCO
JOSÉ
DE PABLO
TAMAYO
pacopablo@
estedemadrid.com
ROMPIENDO MOLDES
Ley contra la morosidad de las
Administraciones Públicas
La Ley 15/2010, de 5 de julio, establece unas nuevas medidas de lucha
contra la morosidad de las Administraciones Públicas (Estado,
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc) entre otras cuestiones. Con
anterioridad a dicha modificación el plazo en el que la Administración
Pública debía pagar era de sesenta días. Con dicha Ley dicho plazo ha sido
reducido a treinta días habilitando un procedimiento judicial específico en
teoria de mayor celeridad donde se pretenderá facilitar el cobro de las
deudas que mantienen las Administraciones Públicas.
En este sentido se pronuncia el vigente artículo 200 bis de la Ley de
Contratos del Estado Este artículo determina que transcurrido el plazo de
treinta días que establece el artículo 200.4 sin que la Administración haya
abonado la deuda, el acreedor (contratista) deberá reclamar por escrito
ante la Administración que proceda a abonar la deuda así como los intereses
de demora que se devenguen desde que debió ser abonada hasta su efectivo
pago. La Administración deudora puede hacer dos cosas no responder al
acreedor o responder. Es de todos sabido la demora en el tiempo que tiene
la Administración es responder, por ello la Ley establece un plazo, si en el
plazo de un mes desde que presenta la reclamación el acreedor la Administración
no contesta, estamos ante una posible silencio positivo aunque solo
en el sentido del vencimientos del plazo del pago, esto es que la Administración
reconoce que ha vencido el plazo que tenía para pagar la deuda, lo que
no significa el reconocimiento del importe de la misma o al menos a mi juicio
no se deduce de la interpretación del artículo 200 bis. El acreedor contratista
en este supuesto podrá interponer en el plazo de un mes Recurso
Contencioso Administrativo, pudiendo solicitar como medida preventiva el
abono de la deuda, esto es el abono anticipado siempre a expensas de la decisión
final esto es de la sentencia que se dicte, por tanto el pago.
En este supuesto el y solicitada la medida cautelar del pago inmediato, el
Juez deberá dictar resolución (Auto) en la que ordene a la Administración
Pública el pago de la deuda. Ahora bien, el propio artículo exime a la Administración
del pago inmediato, cuando la Administración acredite la no concurrencia
de circunstancias que justifiquen el pago o que la cantidad que se
pide no es la que se debe. En este sentido entiendo que si la Administración
alegara incumplimiento del contratista, etc debería otorgarse por el Juzgador
la Medida cautelar, otra cosa es acreditar el incumplimiento por parte del
contratista para no pagar la deuda. Entiendo y es una interpretación personal
sometida a lo que establezcan los Tribunales, que unicamente la Administración
tiene la posibilidad de acreditar tal extremo cuando con anterioridad al
vencimiento del plazo de los treinta días de la obligación de pago a requerido
al contratista por incumplimiento del contrato, o ha denunciado el contrato
por cláusula abusiva , etc. En este sentido siempre será el Juez quien valore
dichas circunstancias pero entiendo que la propia Ley debería haber especificado
y no haber sido tan poco específica en las obligaciones de la Administración.
Opino que si la Administración antes de que el contratista le reclame directamente
el pago una vez transcurridos los treinta días desde que venció
el plazo para pagar la deuda, no ha manifestado al contratista por escrito la
denuncia del contrato sea por incumplimiento, u otro motivo, perdería la
razón cuando alegara o pretendiera acreditar esas cuestiones ante el Juez
para evitar la medida cautelar, siendo inmediatamente concedida la medida
cautelar por el Juez. Pero es más creo que se le debería haber dado al nuevo
procedimiento un carácter de Procedimiento Ejecutivo, esto es, que de inmediato
como ocurre con pagaré se proceda al embargo preventivo sin necesidad
de instar una ejecución posterior que es lo que a mi juicio ocurrirá
una vez acordada la Medida cautelar.
No obstante siempre quiero dejar
constancia que son interpretaciones
que como Abogada emito, y que serán
los Jueces y Tribunales quienes resuelvan
sobre todas estas cuestiones seguramente
con mejor criterio que lo aquí
expuesto.
ANA MARÍA
MARTÍN
BERMÚDEZ
(Abogada)