Rafael Muñoz Ramírez. Empresario y Docente - Aeca

3. EXIGENCIAS LEGALES PARA OUE EXISTALA RESPONSABILIDAD CONTABLELa Normativa Reguladora de este modelo de responsabilidad jurídica permitedistinguir siete requisitos que pueden sistematizarse en las siguientes categorías:a) Que se trate de una acción u omisión atribuible a una persona que tengaa su cargo el manejo de caudales o efectos públicosAunque el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, no aludea este requisito, sí aparece expresamente contemplado en el artículo 49 de laLey 7/1988, de 5 de abril, cuando se refiere a las pretensiones de responsabilidadcontable como aquellas que se deducen contra los que tienen «a sucargo el manejo de caudales o efectos públicos». Esta fórmula legal, procededel artículo 2.b) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, que, al referirse ala función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, la describe como «el enjuiciamientode la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a sucargo el manejo de caudales o efectos públicos».¿Qué amplitud tiene ese concepto jurídico de «manejo de caudales o efectospúblicos»?De acuerdo con el artículo 15 de la antes mencionada Ley Orgánica, «el manejo»al que nos venimos refiriendo, se concreta en las siguientes actividades:Recaudación, intervención, administración, custodia, manejo y utilización debienes, caudales y efectos públicos.La jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha engendradoimportantes criterios delimitadores del concepto de «gestor de fondospúblicos» a los efectos del enjuiciamiento contable. El análisis jurisprudencialpone de relieve muy diversas cuestiones, sobre esta materia, de entre las quedestacan por su importancia, y por la abundancia de su tratamiento, las dosque a continuación se exponen:— La responsabilidad contable de los preceptores de créditos, subvenciones,ayudas o avales procedentes del Sector Público. Es clara, en estesentido, Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, de 29de octubre de 1993, que defiende que si la potestad fiscalizadora del Tribunalde Cuentas se extiende a las subvenciones, créditos, avales u otrasayudas del Sector Público, hay que admitir que también se extienda atodas estas ayudas la función jurisdiccional de dicho Tribunal pues, eljuego de la doble competencia de este Órgano, está en la esencia institucionaldel mismo «tal como es desarrollada por las Leyes Orgánica y deFuncionamiento con base en lo dispuesto en el artículo 136 de la ConstituciónEspañola».60