Situación de derechos humanos en Honduras

Capítulo 2 Seguridad ciudadana | 37
acallar a defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones,
cuentan con la aquiescencia o apoyo del gobierno 51 .
65. El Estado debe reconocer públicamente que el ejercicio de la promoción y defensa
de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las
defensoras y defensores no actúan en contra de las instituciones del Estado o del
Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de
Derecho y la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas. Todas
las autoridades y funcionarios estatales de ámbito local deben tener conciencia de
los principios relativos a las actividades de los defensores y su protección, así
como de las directrices aplicables a su observancia.
66. La Comisión recuerda que, además de la obligación de investigar y sancionar a
quienes transgredan la ley dentro de su territorio, los Estados tienen el deber de
tomar todas las medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos o
infundados a personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de
los derechos humanos. El inicio de investigaciones penales o querellas judiciales
sin fundamento en contra de defensores de derechos humanos, no sólo tiene por
efecto amedrentar su labor sino que además puede generar una paralización de su
trabajo de defensa de derechos humanos en tanto su tiempo, recursos y energías
deben dedicarse a su propia defensa 52 . En tal sentido, de manera consistente la
CIDH ha recomendado a los Estados “[a]segurar que sus autoridades o terceras
personas no manipularán el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia
con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades legítimas
como es el caso de las defensoras y defensoras de derechos humanos […]” 53 .
b. Operadores de Justicia
i. Violencia e impunidad
67. En relación a las y los operadores de justicia en Honduras, la Comisión ha
expresado anteriormente su preocupación por los actos de violencia contra este
grupo 54 , y durante la visita recibió información consistente sobre la recurrente
situación de inseguridad y la falta de medidas de protección adecuadas para las y
los operadores de justicia y sus familias ante amenazas y riesgos derivados de las
labores que desempeñan 55 . Según las y los operadores de justicia, la ausencia de un
programa destinado a proteger su vida e integridad personal, los convierte en un
sector vulnerable por las amenazas, amedrentamientos e injerencias para
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CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas,
OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006, párr. 177.
Véase: CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las
Américas, párr. 76.
Véase: CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las
Américas, OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006, recomendación 11.
CIDH, Comunicado de Prensa 139/14, CIDH condena asesinato de operadores de justicia en Honduras, 24 de
noviembre de 2014. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/139.asp
Véase: CIDH, Informe Anual 2013, Capítulo IV. B Honduras.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH