Situación de derechos humanos en Honduras

Capítulo 2 Seguridad ciudadana | 45
Asimismo, solicitó información respecto del proceso penal instaurado en contra de
36 líderes de la comunidad indígena Lenca por los presuntos delitos de “sedición
en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras y usurpación de
funciones”. La acusación estaba relacionada con la presunta toma del edificio de la
alcaldía por parte de dicha comunidad en rechazo a los resultados de las elecciones
de noviembre de 2013, en donde resultó ganador el señor Socorro Sánchez. En
respuesta a dicha solicitud, el Estado indicó que el 22 de julio de 2014, en la
Audiencia Inicial, el Ministerio Público y la defensa solicitaron se decretara el
sobreseimiento provisional por el delito de sedición contra los imputados, ya que
habrían tomado posesión de su cargo las autoridades electas y no se le habría
impedido a la autoridad el libre ejercicio de funciones. El 23 de julio de 2014, como
continuación de la Audiencia Inicial, el Juzgado Primero de Letras del
Departamento de Intibucá dictó sobreseimiento definitivo por el delito de
usurpación de funciones porque no contaba con elementos probatorios para
considerar cometido el delito y respecto del delito de sedición dictó
sobreseimiento provisional 89 . En su respuesta, el Estado no aportó información
respecto a los otros hechos de violencia y amenazas.
86. Por otro lado, la CIDH cuenta con información que indica que el 3 de septiembre de
2014, integrantes de la policía y civiles armados habrían llegado a las instalaciones
del Consejo Indígena de Santiago Apóstol y disparado al aire para asustarlos,
quemando sus pertenencias, destruyendo sus cultivos, y robando herramientas
agrícolas. El 3 de noviembre de 2014, el defensor de los derechos indígenas,
Calixto Vasquez, habría sido arrestado arbitrariamente mientras participaba en
una marcha pacífica. Se ha reportado que desde ese día, el municipio, sus
alrededores y el territorio donde la compañía ha empezado sus trabajos, se
encuentra altamente militarizado 90 .
87. La CIDH considera que la iniciación de causas penales sin fundamento en contra de
un defensor o defensora pueden acarrear una violación al derecho a la integridad
personal cuando el hostigamiento causado por la iniciación de acciones penales
afecta el normal desenvolvimiento en la vida diaria y causa grandes desequilibrios
y desconciertos en la persona sujeta a procesos judiciales y en su familia 91 , cuya
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91
asentada en Río Blanco, habría realizado una operación especial presuntamente dirigida contra el pueblo
lenca. Durante el desarrollo de dicha operación, se habrían detenido de forma arbitraria y violenta a Lindolfo
Benitez y Salvador Sánchez, integrantes del COPINH, quienes según denunciaron, habrían sido torturados.
Asimismo se alegó que el Presidente del Consejo Indígena de Río Blanco y miembro de la Coordinación
General del COPINH, Francisco Javier Sánchez, y algunos menores de edad habrían sido amenazados de
muerte por las fuerzas policiales. Asimismo, según la información recibida, el 25 de mayo de 2014, en el
municipio de San Francisco de Opalaca, Intibucá, Irene Meza y Plutarco Bonilla, integrantes de COPINH,
habrían recibido disparos por tres hombres supuestamente empleados del alcalde del municipio. En el
trayecto al hospital, habrían sido interceptados nuevamente por un grupo de hombres armados quienes les
habrían disparado, ocasionando la muerte del Sr. Meza.
Estado de Honduras. Nota Nro. 1277-DGPE/DPM-14, 3 de noviembre de 2014.
Peace Brigades International – Honduras Project, On International Human Rights Day PBI Honduras urges the
International Community to Monitor the Security Situation of Small Scale Farmers and Indigenous Peoples in
the Municipality of Santa Elena, Department of La Paz, Honduras, diciembre de 2014. Disponible en
http://www.pbi-honduras.org/fileadmin/user_files/projects/honduras/Publications_10_dec_2014.pdf.
CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las
Américas, párr. 120; CIDH, Informe de Fondo No. 43/96, Caso 11.430, José Francisco Gallardo (México), 15
de octubre de 1996, párr. 79.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH