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CAPÍTULO IV
3.2. Objetivo legítimo
Este desequilibrio en la rigurosidad
Las leyes que establezcan medidas de vigilancia de las
del marco legal también se aprecia si
comunicaciones deben perseguir objetivos legítimos y
se analiza el legítimo objetivo de las no ser aplicada de manera discriminatoria.
actividades de vigilancia. La Ley de
Intervención de las Comunicaciones
se aplica a cualquier delito 197 con el solo requisito que no exista una “medida menos gravosa”, pero
sin establecer los parámetros para la determinación de esta.
Por otra parte y aún más grave, es que la ley en su artículo 46 permite utilizar “la información recabada
mediante la intervención de comunicaciones realizada por orden del órgano jurisdiccional” en “otras
investigaciones u ofrecida como medio probatorio en procesos distintos para el cual fue emitido la
orden de intervención”.
3.3. Necesidad, idoneidad y proporcionalidad
Necesidad: La vigilancia de las comunicaciones solo debe llevarse a cabo cuando la
consecución del objetivo legítimo no pueda alcanzarse a través de métodos menos lesivos a
los derechos humanos. La carga de demostrar dicha justificación le corresponde al Estado.
Idoneidad: Las medidas de vigilancia de comunicaciones deben ser apropiadas y capaces de
conseguir el objetivo legítimo perseguido.
Proporcionalidad: Las medidas de vigilancia solo deben autorizarse por una autoridad judicial
independiente cuando exista un alto grado de probabilidad de que un delito grave o una
amenaza específica, actual y comprobable a la seguridad nacional, pueda materializarse. Las
medidas de vigilancia adoptadas deben ser las menos invasivas posibles, lo cual implica que
solamente se obtendrá, retendrá o utilizará la información relevante para la consecución del
objetivo legítimo que justifica la autorización y por períodos de tiempo limitados.
Los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad son recogidos en la Ley de Intervenciones
en el artículo 5, en similares condiciones. Se exige su razonamiento pero mínimamente. Además
las normas no son precisas en cuanto al principio de necesidad para el caso; como único requisito
previo para solicitar la intervención, es que exista una investigación abierta y que la misma cuente
con un número de registro (artículo 14), exigiendo del peticionario (Fiscalía o Procuradoría de la
República) que razone la solicitud (artículo 15), que califique el tipo penal por el que se presenta la
solicitud (artículo 15), que se señalen los datos de identificación de los servicios de comunicación a
197 Honduras “Ley Especial Sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas”, artículo 1, 5 numeral 2 y 8.
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