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CAPÍTULO I<br />

América Latina no se ha quedado atrás en términos de litigio estratégico. La Red en Defensa de los<br />

Derechos Humanos en México ha iniciado un proceso de inconstitucionalidad contra una norma que<br />

busca retener los datos de las comunicaciones de la población entera mexicana que usa el teléfono<br />

e internet. Data, una organización uruguaya, ha presentado un amicus curiae citando también los<br />

Principios, buscando acceder a la normativa que regula el nuevo programa de vigilancia adquirido<br />

por el Ministerio del Interior. De acuerdo a la prensa uruguaya, el programa denominado El Guardián<br />

incrementará exponencialmente la capacidad del Estado uruguayo de vigilar llamadas telefónicas,<br />

correos electrónicos y redes sociales. 18<br />

En el marco de esta compleja situación internacional se enmarca el presente trabajo de investigación<br />

en cuatro países de Centroamérica coordinado por Fundación Acceso. Una de las secciones de la<br />

investigación busca evaluar a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, los<br />

marcos normativos del derecho a la privacidad, anonimato y el cifrado frente a la vigilancia estatal.<br />

Para ello, los y las investigadoras utilizaron los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los<br />

Derechos Humanos sobre la Vigilancia de las Comunicaciones como guía práctica para evaluar si<br />

la normativa de vigilancia en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua cumplen o no con los<br />

estándares en materia de derechos humanos. Esta investigación entonces continúa el trabajo iniciado<br />

por grupos de la sociedad civil para implementar a nivel nacional aquellos avances en materia de<br />

derechos humanos logrados a nivel internacional.<br />

18 Scrollini, Tudurí, Rodríguez, Vigilancia estatal de las comunicaciones y protección de los derechos fundamentales en Uruguay, (2015).<br />

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