Salvador Cumple Edición 5

5 de marzo de 2016
Economía
Propuesta de reforma garantiza pago de pensión digna
La propuesta de reforma a la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones (Ley SAP),
promovida por el Gobierno, garantiza el pago
de pensiones dignas para los trabajadores
cotizantes sin restar viabilidad a las finanzas
públicas.
La iniciativa presentada a la Asamblea
Legislativa por el Ministro de Hacienda,
Carlos Cáceres, está orientada a crear un
sistema mixto con el objeto de promover la
equidad en los beneficios, en la inclusión
social, al ampliar la población cubierta por el
sistema, disminuir el impacto en las finanzas
públicas y garantizar los recursos para el
pago de las pensiones en un marco de
sostenibilidad financiera y viabilidad fiscal en
el mediano y largo plazo.
La privatización del sistema de pensiones en
1998 ha generado un desequilibrio en las
finanzas públicas al tener que asumir el
Estado compromisos cuyo financiamiento no
se consideró en aquel entonces.
Actualmente el Estado tiene la obligación de
asegurar el pago de la pensión básica o
mínima, pero no tiene los recursos, pues
estos los maneja el sector privado. La
reforma lo que busca es traspasar ese flujo
de cotizaciones de las personas que ganan
dos salarios mínimos hacia el Estado; de tal
manera que de ahí se vayan sacando los
recursos para garantizar el pago de las
pensiones y el Estado no siga en la espiral de
seguirse endeudando de manera
permanente.
La preocupación de las AFP es que del total
de cotizantes, el 78% pasaría al sistema de
reparto quedándose únicamente con el 22%.
Esto, por supuesto, les afecta en la
rentabilidad y sus comisiones, que hasta la
fecha le han permitido ingresos por unos mil
400 millones de dólares.
Aumento al salario
mínimo dignifica a la
clase trabajadora
La iniciativa del gobierno de aumentar el
salario mínimo es considerada justa por la
Iglesia Católica, que coincide con la visión
del presidente Salvador Sánchez Cerén,
quien presentó ante el Consejo Nacional del
Salario Mínimo una propuesta de incremento
salarial digno y justo para la clase
trabajadora.
Aumentar a 300 dólares el salario mínimo en
la zona urbana y 250 en la rural, está siendo
analizado en el Consejo por el Gobierno, los
trabajadores y la empresa privada. Esta
última propone un aumento de 11 centavos
diarios, cifra que el arzobispo de San
Salvador, José Luis Escobar Alas, considera
no se ajusta a las necesidades de la
población trabajadora, que merece un salario
que le permita tener una mejor calidad de
vida.
La propuesta del Gobierno está enfocada en
dos aristas: la justicia, el fortalecimiento y
dinamismo de la economía nacional.
Gobierno urge a la Sala de lo Constitucional
desentrampar $900 millones para la seguridad
El secretario de comunicaciones de la
Presidencia señaló la necesidad de que la
Sala de lo Constitucional resuelva a la
brevedad el recurso interpuesto sobre la
emisión de $900 millones en bonos, de los
cuales se destinará un monto importante
para las tareas de seguridad.
Los objetivos planteados en la estrategia de
seguridad que ejecuta el gobierno precisan
del financiamiento que proporcionará una
parte de los $900 millones en bonos, cuya
colocación ha sido frenada por la Sala de lo
Constitucional en el marco de una demanda,
aseguró el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.
“No podemos esperar todo el resultado que tenemos de expectativa en materia de seguridad
si no logramos dar a la seguridad pública todos los recursos necesarios”, aseguró el portavoz
presidencial.
Además hizo énfasis en que distintos sectores, incluyendo la iglesia Católica, a voz del
arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, han solicitado a los magistrados de la
Sala resolver positivamente el recurso interpuesto sobre estos fondos que ya habían sido
aprobados por la Asamblea Legislativa.
“Es injustificable desde todo punto de vista que a estas alturas y desde mayo del año pasado
la Sala de lo Constitucional, que se ha caracterizado por tener en otros temas políticos una
enorme habilidad resolutiva, a estas alturas no tenga la capacidad de resolver sobre esos
$900 millones”, señaló el vocero presidencial.
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