Ética y vocación de servicio en el administrador público

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LORENA TORRES BERNARDINO • VERÓNICA J. SAYAGO ALONZO
Como referencia a esta noción de confianza, Rafael Echeverría (2000) establece
que las acciones provocarán juicios, y tales juicios generarán la emocionalidad de
la confianza (o de la desconfianza).
Mientras que para Darío Rodríguez (1996), la confianza es una apuesta, hecha
en el presente, hacia el futuro y que se fundamenta en el pasado. Entonces como
principal producto de la confianza, tendremos relaciones recíprocas con vínculos
y redes sociales duraderas, basadas en el cumplimiento de compromisos.
Por su parte, la confianza política se presenta en dos niveles de generalización.
Por un lado, el ciudadano abriga ciertas expectativas acerca de lo que se decidirá,
posiblemente de lo que le interesa a él mismo, o del estilo de la política que apoya
y puede usar su voto como una expresión de total disolución o satisfacción. Por
otro lado, otorga su confianza al sistema político como tal, quedándose en el país
y confiando en poder llevar una vida razonable (Luhmann, 1996: 107).
En este sentido, la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del 4 de mayo del 2015 no sólo homologa los principios,
criterios y procedimientos para su aplicación a nivel nacional, sino que además
enriquece el catálogo de sujetos obligados y aumenta el número de obligaciones
de transparencia que deben ser publicadas en los portales oficiales de cada una de
las Entidades y Dependencias de la apf.
No obstante, la importancia de esta Ley Marco en la historia del acceso a la
información radica principalmente en la aplicación de sanciones por el incumplimiento,
la obstaculización e inclusive la negativa de acceso a la información
generada por los sujetos obligados, brindando de esta forma un sentimiento de
“certeza” a la sociedad, ya que al establecer sanciones, se está “vigilando” y “haciendo
cumplir” el mandato constitucional que estipula que todas las personas físicas
y morales que reciban recursos públicos deberán rendir cuentas a la sociedad.
En primera instancia, la lectura de dicho marco legal promete un cambio radical
en la materia. Sin embargo, nuestra realidad la pone en duda. Mucho se comenta
que es una Ley con muchos candados en defensa de la opacidad y la corrupción,
por lo que no se espera su cabal cumplimiento. Una crítica realizada al marco
legal no puede estar completa si se deja fuera al factor humano que la aplica, sin
exclusión del que la ejerce.
Frente a tal olvido, resulta necesario hablar sobre la importancia de implementar
programas de capacitación en las Dependencias y Entidades de la apf, haciendo
énfasis en el hecho de que el peso de garantizar el mayor nivel de transparencia,
acceso a la información y rendición de cuentas, no recae en los que toman las
decisiones, sino en la Unidad de Transparencia (antes Unidad de Enlace), que
Revista IAPEM, núm. 93 (enero-abril, 2016), pp. 109-124, México, D.F., ISSN: 1665-2088