COSTA
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6 RECOMENDACIONES<br />
En este capítulo se presentan pautas de actuación propuestas a lo largo de años por<br />
investigadores, organizaciones conservacionistas, universidades, profesionales y<br />
ciudadanos para corregir la insostenibilidad del modelo de desarrollo de la costa que ha<br />
dominado el litoral español desde mitad del siglo XX.<br />
Los principios concretos sobre los que se ha de gestionar el desarrollo de las áreas<br />
costeras son:<br />
‐ Reconocer la enorme presión que existe sobre el recurso estratégico colectivo que<br />
es el litoral. Mantener la idea de los bienes comunes, expuesto en la Constitución<br />
de 1978 a partir del artículo 132.2 en el que define el dominio público marítimoterrestre,<br />
incompatible con la existencia de enclaves de titularidad privada sobre el<br />
mismo. La gestión privada del litoral siempre conduce a una búsqueda de la máxima<br />
rentabilidad a corto plazo que potencia indefectiblemente decisiones insostenibles de<br />
cara al futuro.<br />
‐ Considerar el cambio climático como factor clave dentro de la política del litoral, que<br />
ha de regirse de acuerdo con la GIZC, gestión integrada de zonas costeras,<br />
Recomendación 2002/413/CE, de 30 de mayo de 2002. Se pretende que las<br />
políticas tiendan hacia la planificación en relación a los ecosistemas, reducir la<br />
construcción en las primeras líneas de playa, dejar zonas naturales como salinas o<br />
dunas sin construir, aplicar una planificación participativa para suscitar el consenso,<br />
conseguir el apoyo y la participación de todas las instancias administrativas<br />
competentes o adoptar decisiones que no hipotequen el futuro, etc.<br />
‐ Proponer actuaciones dentro de planes y programas, de acuerdo con el Protocolo del<br />
Mediterráneo, vigente desde marzo del 2011.<br />
‐ El cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas y la Directiva de Protección del<br />
Medio Marino, ambas traspuestas a la normativa estatal. ⎫<br />
‐ El modelo de Asturias, reconocido por su estricta protección de la franja costera, y<br />
un adecuada gobernanza con ayuntamientos y comunidades autónomas, debe<br />
reconocerse como el modelo a implantarse en el conjunto del territorio costero.<br />
‐ Considerar el carácter dinámico de las riberas del mar, con sus propias tasas de<br />
erosión y acreción.<br />
‐ Mantener el efecto 2018, que permitiría ver mejoras en el litoral.<br />
‐ Revisar el efecto de los traspasos de las competencias ya realizados a Andalucía y<br />
Cataluña.<br />
‐ Mantener el programa de adquisición de fincas del Ministerio de Medio Ambiente,<br />
Medio Rural y Marino para la incorporación de terrenos de elevado valor ecológico, o<br />
sometidos a presión urbanística, colindantes con el DPMT.<br />
‐ Mantener la calidad del recurso que es base del turismo, como se pone en relieve en<br />
el Plan de Turismo 2020 y otras estrategias e instrumentos de planificación relativos<br />
al sector turístico, que supone el 12% del PIB.<br />
‐ La biodiversidad y los aspectos ecosistémicos, se deben considerar en la<br />
planificación e integrar en relación a su conservación y al plan estratégico de<br />
patrimonio natural 2011-2017.<br />
‐ Es importante la coordinación entre la administración hidráulica con la del litoral y la<br />
marina. Este aspecto de coordinación institucional y entre políticas, esencial para<br />
cualquier política de costas, tampoco se pone de manifiesto en la última revisión de<br />
la legislación de Costas de 2013.<br />
‐ Respecto a los puertos, es evidente la ausencia de coordinación que parece<br />
advertirse entre la política portuaria y la de costas. Predomina una actitud de<br />
competición entre diferentes puntos del litoral para atraer embarcaciones, lo que se<br />
traduce al final en una carrera competitiva entre promotores privados a costa de los<br />
recursos naturales costeros de carácter público. Este es un aspecto que se debe<br />
corregir con la necesaria planificación a un nivel suficientemente alejado de los<br />
intereses más locales.<br />
‐ Igual que en políticas de costas diseñadas en otros países: parece lógico definir la<br />
capacidad de carga del territorio litoral y la huella ecológica de las actuaciones,<br />
desarrollar mecanismos y técnicas de compensación interterritorial, utilizando el<br />
concepto de equidistribución de costes y beneficios ambientales entre territorios,<br />
fomentar y estimular la preservación del territorio litoral: elaboración de códigos de<br />
buenas prácticas y establecimiento de premios e incentivos para la mejora del<br />
estándar proteccionista, y finalmente establecer los mecanismos necesarios para la<br />
resolución de los conflictos que puedan surgir entre administraciones, y entre éstas<br />
y la sociedad.<br />
‐ Desde un punto de vista científico es recomendable ampliar las escalas temporales<br />
en la planificación.<br />
‐ La asignación de inversiones debe responder en el futuro a criterios claros y<br />
pautados, priorizando los criterios ambientales y sostenibles en función de la<br />
particular problemática de la Demarcación.<br />
‐ Parece lógico que en el proceso de elaboración de una ley que afecta a tantos<br />
sectores y que puede producir grandes efectos ambientales, económicos y sociales,<br />
tenga que haber una importante participación ciudadana, informes, expertos<br />
reconocidos a escala nacional e internacional, catedráticos, además de realizarse<br />
grupos de discusión con hoteleros, empresas constructoras, urbanistas,<br />
representantes de organizaciones empresariales, sindicatos, ecologistas, etc. La<br />
ausencia de un debate realmente público, nos condena a decisiones en que solo se<br />
consideran los intereses de unos pocos actores muy poderosos.<br />
‐ Se debe buscar la complementariedad con otras políticas, y con otros ministerios<br />
como Fomento, o Economía y Hacienda y Administraciones Públicas.<br />
‐ Disponer de una adecuada memoria económica, de la aplicación de la política.<br />
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