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INFANCIAS INVISIBLES

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gida para poder dormir bajo techo. Se ven obligados a ocultar su<br />

documentación y entran en una espiral en la que tienen que esconder<br />

precisamente su condición de menor de edad si quieren sobrevivir.<br />

No sabemos cuántos niños viven en este limbo en España. La Administración<br />

les aboca a depender de redes informales de ayuda, a vivir<br />

de la mendicidad, de hurtos menores, o de la prostitución; a vivir en<br />

la calle y muchas veces extorsionados por redes criminales.<br />

Tanto el Defensor del Pueblo viii como la jurisprudencia del Tribunal<br />

Supremo ix han repetido que no se pueden considerar indocumentados<br />

a los extranjeros que porten pasaporte válido o certificado de<br />

nacimiento; y que, por lo tanto, su edad es la que aparece en esos<br />

documentos oficiales sin necesidad de que se les haga prueba alguna.<br />

Devoluciones en caliente<br />

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana x permite y “legaliza”<br />

las llamadas devoluciones en caliente, extradiciones sumarias<br />

en el momento en el que el migrante pisa suelo español. El<br />

automatismo con que se ejecuta el rechazo de las personas localizadas<br />

en las vallas fronterizas que separan Ceuta y Melilla<br />

de Marruecos hace imposible verificar si son menores de edad<br />

o refugiados. En ambos casos y según la legislación internacional<br />

de la que España es firmante, se les debería proteger, y<br />

sin embargo hay casos constatados de expulsiones de niños. xi<br />

Esta práctica es, por lo tanto, ilegal, y ha sido denunciada por<br />

el Comisario Europeo de Derechos Humanos xii y llevada ante<br />

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. xiii<br />

Sin herramientas para hacerse escuchar: sin abogados<br />

Si bien las normas internacionales y nacionales reconocen que el<br />

menor de edad ha de ser escuchado y su opinión debe ser tenida en<br />

cuenta, en el caso de los MENA que llegan a España esto no ocurre.<br />

Hay una sistemática falta de garantías que les permitan ejercer sus<br />

derechos y que se traduce en, por ejemplo, la ausencia de abogados<br />

cuando se determina su edad o cuando quieren denunciar algún delito<br />

contra su persona o la violación de algún derecho.<br />

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