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DIARIO HOY EN LA NOTICIA
LA PLATA, LUNES 3 DE ABRIL DE 2017
El juez Lijo aseguró que “no es
normal” la filtración de escuchas
El juez federal Ariel Lijo
afirmó ayer que presentó una
denuncia por la difusión de las
escuchas telefónicas que el
año pasado él ordenó en el
marco de una investigación a
su cargo, en referencia a las
conversaciones entre la expresidenta
Cristina Fernández de
Kirchner y el exjefe de la Agencia
Federal de Investigaciones
(AFI), Oscar Parrilli. Para el
magistrado “no es normal” una
filtración, como sucedió con
las charlas entre los exfuncionarios
kirchneristas.
“No es normal, a tal punto
que hice la denuncia”, aseguró
Lijo, y consideró que el tema se
esclarecerá con la investigación
en curso, y el que va a
“decir dónde se produjo la filtración
va a ser seguramente el
juez”. En este sentido, el
magistrado explicó que para
Ariel Lijo, juez federal
realizar las escuchas se pone
en marcha un “sistema que
tiene muchos mecanismos de
seguridad y protocolos de confidencialidad”,
en el que participan
“distintos actores que
intervienen en las distintas etapas”,
que ahora deberán ser
investigadas.
Las grabaciones, que generaron
polémica por los dichos
de la expresidenta, fueron
ordenadas por Lijo sobre la
línea telefónica de Parrilli,
cuando lo investigaba por el
presunto encubrimiento de Ibar
Pérez Corradi, empresario
encarcelado por tráfico de efedrina
y por entonces vinculado
con el Triple Crimen de General
Rodríguez. “El interés por lo
que pasa en los tribunales
federales es una cosa que
nunca se vivió”, consideró el
juez.
Imputan a Macri y Aranguren
por favorecer a amigos
La medida judicial fue tomada a raíz de la suba del gas dispuesta el año
pasado, sumando una nueva causa contra el Presidente. El fiscal Franco
Picardi pidió que se investigue a ambos funcionarios
E
l fiscal federal Franco Picardi
solicitó iniciar una investigación
en torno al Presidente
Mauricio Macri y al ministro de
Energía, Juan José Aranguren, a partir
de la sospecha de que el aumento
en la tarifa de gas determinado el año
pasado, que alcanzó una suba de
hasta 400%, fue con la intención de
beneficiar a empresarios que incursionaron
en el rubro energético como
Nicolás Caputo, Joseph Lewis y
Marcelo Mindlin.
La Fiscalía impulsó las pesquisas
después de una presentación de la
Procuraduría de Investigaciones
Administrativas (PIA), a fin de indagar
si el incremento tarifario implicó
un fraude al Estado, o si fue producto
de un pago de sobornos de las empresas
de gas a funcionarios públicos
para que avalaran los aumentos.
En agosto de 2016 los fiscales de
PIA, Sergio Rodríguez y Santiago
Eyherabide, realizaron una denuncia
por un posible caso de negociaciones
incompatibles con la función pública,
administración fraudulenta, violación
de los deberes de funcionario
público y cohecho por la suba en las
tarifas.
Más que un simple “error”
Al realizar la denuncia, los fiscales
se basaron en información que daba
cuenta de que el magnate inglés
Lewis y Mindlin habían comprado
Petrobras, y que Nicolás Caputo se
convirtió en el segundo proveedor de
energía a través de Central Puerto.
Mauricio Macri y Juan José Aranguren, investigados
Además, recordaron la visita de
Macri al empresario británico a su
casa en las orillas de Lago Escondido,
en Río Negro, el 24 de marzo del año
pasado, con quien mantiene un vínculo
de más de una década.
Lewis es además propietario de la
firma Pampa Energía SA y el mayor
accionista privado de Edenor,
empresa que no solo se favoreció por
el aumento de tarifas eléctricas de
febrero, sino que además, tras aprobarse
el presupuesto 2017, fue exonerada
de pagar una deuda superior a
1.200 millones de pesos que mantenía
con el Estado.
Pasados cinco días del encuentro
entre Macri y el multimillonario
inglés, la cartera que dirige Juan
José Aranguren dispuso el incremento
del valor del gas. Cabe recordar
que en ese entonces la suba fue
objetada por la Justicia, por no haber
mediado audiencia pública previa
como lo determina la ley, hecho que
los investigadores consideraron que
no fue un “error técnico” sino una
“pieza más para concretar una serie
de negocios adyacentes a los servicios
públicos”.
Gil Lavedra: “Es necesaria una revolución en la Justicia”
El coordinador general de
Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra,
afirmó que “es necesaria una revolución
en la Justicia” para transparentar
su funcionamiento y contó
que algunas reformas están en
estudio o ya están en marcha,
como la digitalización de expedientes,
una nueva ley de datos personales,
el proceso por audiencias, la
ley de flagrancia, una amplia
reforma carcelaria y modificaciones
a la ley de ejecución penal.
La Justicia, según el abogado,
“es probablemente uno de los sectores
de la administración más
oscuro en su funcionamiento. No
hay buenas estadísticas, no hay
números, es difícil medir la producción
de justicia o la calidad del servicio
y su eficiencia”.
Por otro lado, Gil Lavedra se
refirió a la posible baja en la edad
de imputabilidad a 14 años y aseguró
que “la única excepción a esa
El jurista Ricardo Gil Lavedra
edad debería ser para delitos gravísimos.
Teniendo en cuenta además
que la sanción penal debería ser
realmente la última instancia”.