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REVISTA ASI ES marzo 2017 para web

Periodismo al servicio de la inteligencia

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Autoridades apaticas ante<br />

operación de Onappafa<br />

ingresando al local ubicado en calle Maclovio Herrera número 3303<br />

a una cuadra de la Presidencia Municipal, quienes después de<br />

permanecer por varios minutos en el interior salieron sin realizar<br />

ninguna diligencia oficial.<br />

De manera oficial los únicos que pueden otorgar placas a los autos<br />

importados debidamente y con un pedimento de por medio, es el<br />

caso de las oficinas fiscales del estado.<br />

EL RI<strong>ES</strong>GO <strong>ES</strong>TA VIGENTE<br />

El traer placas de Onappafa no garantiza que las autoridades<br />

federales respeten a los conductores ya que hay autoridades como<br />

la Policía Federal que en cualquier momento se los retira a los<br />

ciudadanos, argumentando que son robados o verificarán su<br />

procedencia, ni que la autoridad aduanera los pueda requisar, la<br />

protección que ONAPPAFA ofrece llega solamente a la aportación<br />

de asesoría jurídica y técnica <strong>para</strong> intentar la recuperación del<br />

vehículo.<br />

El costo de este control vehicular va desde los 2 mil 500 pesos <strong>para</strong><br />

la identificación de unidades de 2005 y anteriores; 2006 al 2008 3<br />

mil 500 y 2009 a 2011 4 mil 500 pesos; precios que varían en otros<br />

Estados. Asimismo al asociado le expiden una credencial, la cual<br />

de acuerdo a la ilustración que se muestra como ejemplo, aparece<br />

en letras mayúsculas el nombre de la asociación ONAPPAFA, A.C; el<br />

nombre completo y la foto del portador, un número con permiso<br />

de afiliaciones, expediente, número de socio y folio, pero no<br />

obstante de invitar a la credencialización, el volante que distribuye<br />

la Onappafa advierte a sus socios evitar problemas con la<br />

circulación.<br />

Erradicar vicios del<br />

Sistema Penal,<br />

prioridad <strong>para</strong> el<br />

justiciable<br />

El recientemente designado Presidente del Poder Judicial en<br />

Tamaulipas, Horacio Ortiz enfrenta el reto de lidiar con dos<br />

sistemas en la materia penal: el nuevo penal acusatorio y oral y el<br />

tradicional, que sigue dando dolores de cabeza a los jueces y<br />

magistrados en todo Tamaulipas.<br />

Los jueces del sistema tradicional no han podido desenterrar el<br />

ancla del fondo del mar en que se ha convertido la impartición de<br />

justicia ante los vicios permanentes que impiden el avance del<br />

sistema judicial.<br />

Entre los vicios eternos que es necesario erradicar <strong>para</strong> que el<br />

sistema acusatorio cumpla sus objeticos erradicando el<br />

tradicional, está la practica insistente, automática y permanente de<br />

la apelación por parte del Ministerio Público adscrito a los<br />

tribunales.<br />

A cada resolución del juez que beneficie al reo, la garantía<br />

constitucional de una justicia pronta y expedita choca de bruces<br />

con la apelación que de manera automática interpone el Ministerio<br />

Publico a fin de cuidar “no dar una mala impresión” a sus<br />

superiores y se presuma que el beneficio les alcanzó también.<br />

Pero esta práctica no pone más que de manifiesto la desconfianza<br />

de la Procuraduría en su personal, ya que el porcentaje de casos en<br />

los que la apelación es absurda ante la ausencia clara de los<br />

elementos constitutivos de delito, es elevado.<br />

El Magistrado Presidente deberá llegar a acuerdos con la<br />

Procuraduría a fin de homologar criterios que jurídica y<br />

socialmente sean razonables y conduzcan la persecución de los<br />

delitos y la aplicación de la justicia a caminar por el mismo<br />

sendero.<br />

A pesar de que solamente<br />

el Gobierno del Estado tiene la<br />

facultad de suministrar<br />

engomados, documentos,<br />

placas y tarjetas de circulación,<br />

los organismos como Onappafa<br />

y UCD avanzan en la<br />

predilección de los tenedores<br />

de vehículos irregulares.<br />

“Indentifík@-T ante las<br />

autoridades con tu credencial<br />

digitalizada. Evite decomisos.<br />

Actualiza tus datos”, son los<br />

“slogans” con que la asociación<br />

ONAPPAFA, A.C. gana más<br />

adeptos en Tamaulipas bajo el<br />

lanzamiento de su engomado<br />

infalsificable e intransferible,<br />

afirmando que cuenta con una<br />

base de datos actualizada a<br />

diario <strong>para</strong> que las autoridades<br />

puedan acceder a ella.<br />

Pese a la flagrante usurpación<br />

de funciones al emitir “placas”<br />

<strong>para</strong> “am<strong>para</strong>r” vehículos<br />

extranjeros, las autoridades en<br />

18 ¡Es Así!<br />

los hechos solapan a<br />

organismos como la UCD u<br />

Onappafa, que hacen negocio<br />

por tales láminas “patito”.<br />

Ninguna autoridad estatal o<br />

federal se atreve a abordar con<br />

claridad el tema y las<br />

autoridades fiscales del Estado<br />

se limitan a manifestarse<br />

“respetuosas” de ese tipo de<br />

organizaciones, que aglutinan<br />

más de 23 mil unidades<br />

extranjeras en sus padrones y<br />

afirmar que no incurren en<br />

usurpación de funciones, pero<br />

que no es de su competencia<br />

ver si están dentro de la ley o<br />

no.<br />

Complicidad o indolencia,<br />

cualquiera de los dos adjetivos<br />

deviene en una anomalía que la<br />

autoridad no ha abordado con<br />

apego a la ley, como lo muestra<br />

la gráfica anexa de fecha 18 de<br />

enero del año en curso en que<br />

se aprecia a un grupo de<br />

agentes de la policía federal<br />

En el Estado de Coahuila las autoridades legislativas trataron de<br />

poner freno al uso de estos engomados no oficiales al adicional un<br />

párrafo al artículo 294-bis del Código Penal <strong>para</strong> sancionar con<br />

cárcel a todo aquel que expida documentos no oficiales <strong>para</strong> la<br />

identificación de vehículos, sin embargo en dicha entidad es letra<br />

muerta.<br />

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