REVISTA ASI ES marzo 2017 para web

8 ¡Es Así!
LA MAFIA DE LA CULTURA
EN NUEVO LAREDO
Columna: LAS RUINAS CIRCULARES / Por Marcos Rodríguez Leija
En la Dirección Municipal de Cultura de Nuevo Laredo hay
tráfico de influencias, secuestro de espacios culturales,
deterioro en los teatros y condiciones vejatorias hacia
los grupos de actores independientes para que
puedan utilizarlos. Hay discriminación y
explotación de artistas, despido de gente
talentosa, desaparición de programas,
reducción de recursos y funcionarios
carentes de preparación para la correcta
administración de las diferentes áreas
que ocupan en este rubro.
El detonante de protestas y denuncias
de la comunidad artística en las redes
sociales fue una reunión con
directores de teatro llevada a cabo el
11 de octubre, a las 19:00 horas, en la
sala de juntas de la Casa de la Cultura
ubicada en Lincoln 821 de la colonia
Viveros. La convocatoria sólo fue para
los amigos de los funcionarios de la
administración actual (2016-2018).
Quienes no habían sido invitados se
enteraron por mensajes internos de
Facebook ante la pregunta de los
agraciados: “¿Irás a la reunión?” “¿Cuál
reunión?”
Así fue como asistieron algunos que no
esperaban en aquel encuentro
convocado por el director municipal de
arte y cultura, Felipe Flores
Montemayor, quien estuvo
acompañado por Diana Azucena Rojas
Cantú, directora de la Casa de la
Cultura; Miguel Ángel Cedano,
responsable del teatro “Lucio Blanco”;
Mónica Parra, coordinadora de
“Estación Palabra”; y César Iván
Gaitanos, a cargo del teatro
experimental del Centro Cultural.
La cofradía de amigos a cargo de la
cultura gubernamental, hincaron sus
colmillos y condicionaron a los
actores independientes. Les dijeron
que el programa “Jueves de teatro”
tendrá otras reglas: las del nuevo
gobierno y deberán atenerse a estas.
El programa fue instituido por la
Comisión de Cultura del Cabildo
2011-2013. Originalmente
contemplaba la cesión gratuita del
teatro como lo estipula la Ley, un
monto de 5 mil pesos que permitía a
los directores teatrales solventar el
gasto en escenografía y vestuario
para el montaje de una obra durante
un mes, además de difusión.
Eso fue diluyéndose con la
administración de Carlos Cantú Rosas
Villarreal. A los artistas les negaron la
promoción publicitaria y les exigieron
recibos de honorarios para otorgarles el
estímulo económico. En el gobierno de
Enrique Rivas
Cuéllar el panorama
es más oscuro. Felipe Flores
Montemayor argumentó que por
disposición del presidente municipal
quienes quieran utilizar el teatro y
cualquier otro espacio están obligados
a participar sin pago alguno, durante un
mes, en las “Caravanas culturales”.
También señaló que deberán contar
previamente con escenografía y
vestuario para representar su obra ante
ellos, quienes fungirán como jueces
para evaluarlos y determinar si son o no
aceptados para su programación sin
garantizar que recibirán el apoyo
económico anteriormente otorgado.
Además, sus montajes, les dijo, no
podrán abordar temas escabrosos o
que critiquen al gobierno.
Ante esta falta de respeto a su trabajo y
la censura, los artistas cuestionan: ¿A
ellos quién los evaluó para ocupar sus
cargos?
Felipe Flores no tiene trayectoria
artística ni trascendencia como gestor
cultural; Mónica Parra no es escritora,
es neófita en el tema pero fue
nombrada coordinadora de un
espacio destinado a la promoción e
investigación de la literatura y el libro.
Además, como coordinadora de los
teatros locales en la administración
pasada, los aprovechó para beneficio
de su grupo de teatro y no fue capaz de
influir en el mejoramiento de su
infraestructura.
establecimiento de programas de gobierno vinculados con el
fomento de la cultura, “se atenderá la opinión de los individuos,
grupos y organizaciones sociales, dedicados a la preservación,
promoción, fomento, difusión e investigación de la cultura”.
El Capítulo II, De las Competencias y Atribuciones de las
Autoridades, reitera en el Artículo 10 que son atribuciones de los
municipios “propiciar que sus habitantes tengan acceso a los
bienes y servicios culturales”, “apoyar a los creadores y
grupos artísticos municipales, estimulando su
formación y promoción”; además de “promover la
participación de la sociedad y de los creadores
locales en la formulación, ejecución y
evaluación de la política cultural municipal”.
César Iván Gaitanos
no tiene trayectoria relevante;
Azucena Rojas apareció de la noche a la
mañana en la ciudad y la respalda su
vínculo como madrina de la diputada
local Brenda Cárdenas Tomae, quien a
su vez tiene vínculos familiares con el
ex presidente municipal anterior.
El trato es desigual para los artistas
independientes cuando Miguel Ángel
Cedano, además de ser funcionario
imparte talleres de teatro sin una
certificación pedagógica que lo acredite
para ello y es beneficiario del programa
“Jueves de teatro”.
¿Quién lo evaluó para montar su obra
“La doma de la furia” por la que cobra
50 pesos la entrada y dirige en el mismo
teatro municipal que administra?
La burla, el abuso y el secuestro de las
instituciones, agregan los artistas, se
refleja también en la convocatoria para
un casting, emitida por la Casa de la
Cultura para el montaje de una obra de
teatro en la cual actuarán los que
fungieron como jueces: Azucena Rojas,
Mónica Parra y Miguel Ángel Cedano,
quienes seleccionaron a Martha Loyo,
también parte del gobierno municipal.
Es claro el autoritarismo, la falta de
ética, la ignorancia y la violación a la Ley
de Fomento a la Cultura del Estado de
Tamaulipas. En el Capítulo I de las
Disposiciones Generales, el inciso IV del
Artículo 2 señala que en el
El Capítulo IV, De la Participación de la
Comunidad, reafirma en su Artículo 19
que el fomento a la cultura y las artes
tendrá carácter democrático, plural y
popular y que “las autoridades en
materia de cultura y las artes, a través
de convenios de colaboración,
estimularán y coordinarán la
participación libre de la comunidad en
la organización y funcionamiento de las
instituciones y centros culturales y
artísticos”.
Para rematar, en el Capítulo XIV, Del
Uso de los Espacios Públicos
Destinados a la Cultura, el Artículo 57 le
concede a la comunidad artística el uso
preferente de los espacios públicos
destinados a la cultura y aclara que será
sin cargo alguno por concepto de renta,
de acuerdo a la disposición
presupuestal, con excepción de
aquellos que tengan finalidades de
lucro, pero aclara: “se deberá garantizar
que los creadores se beneficien de los
espacios al menor costo posible de
operación”.
¿La censura, la evaluación autocrática y
el uso del teatro “Lucio Blanco” a
cambio de trabajar sin pago alguno
serán una disposición del presidente
municipal como lo argumentó Felipe
Flores? ¿Será la forma de hacer cultura
de la secretaria municipal del área,
Irma Gladis Coss Pineda? ¿Cómo
presidenta de la comisión de cultura del
Cabildo, Marina Aréchiga Guajardo será
capaz de amonestar el actuar y evaluar
la capacidad de estos funcionarios o
será gris e indiferente al reclamo de la
comunidad artística como lo fue su
antecesor de extracción priista?
De ser este el concepto de cultura, con
estas formas de gobierno excluyente,
nepotista y dictatorial, no hay garantía,
en lo más mínimo, de un cambio ni de
convertir a Nuevo Laredo en una ciudad
moderna.
Marcos Rodríguez Leija es Premio
Nacional de Periodismo 2000-2001 y
forma parte del Diccionario de
Escritores Mexicanos del Siglo XX
publicado por la UNAM.
Contacto: marcosleija@gmail.com
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