Boletín 1-2017

¡La Patria no se vende, se defiende!
La fase escrita del arbitraje contó con dos
rondas de escritos por cada una de las
partes, tanto para cuestiones de fondo
como para cuestiones de objeción a la
jurisdicción y la admisibilidad de reclamos.
Adicionalmente, las partes estuvieron de
acuerdo en la presentación de Escritos
Post-Audiencia. En ese sentido, se tuvieron
las siguientes actuaciones:
CASO: GLENCORE
INTERNACIONAL PLC
• En el 2014 la Demanda Arbitral y
Memorial de la Demandante, presentada
por SAS el 24.
• En el 2015 el Memorial de Objeciones
a la Jurisdicción, Admisibilidad de los
Reclamos y Contestación a la Demanda,
presentado por Bolivia el 31 de marzo.
Réplica del Demandante al Memorial
de Contestación del Demandado
y Respuesta a las Objeciones a la
Jurisdicción y Admisibilidad del
Demandado, presentada por SAS el 30
de noviembre.
• En el 2016 el Memorial de Dúplica,
presentado por Bolivia el 21 de marzo.
Memorial de Dúplica sobre Jurisdicción
y Admisibilidad, presentado por SAS el 2
de mayo.
Audiencia de Jurisdicción y Méritos, del
11 al 21 de julio.
Escrito Post-Audiencia, presentado el 31
de octubre.
ACCIONES Y RESULTADOS
Entre los avances más destacados en el
caso se pueden mencionar: la presentación
del Memorial de Dúplica; la participación
del equipo de defensa legal del Estado en
la Audiencia de Jurisdicción y Méritos; y la
presentación del Escrito Post-Audiencia.
En el presente caso, el Estado boliviano
defendió firmemente sus intereses y
los derechos humanos, individuales
y colectivos, de los pueblos indígena
originario campesinos del Norte de Potosí,
particularmente, de los miembros de la
Comunidad de Mallku Khota, frente a una
serie de abusos cometidos por la empresa
canadiense SASC, a través de su subsidiaria
boliviana CMMK, incluyendo: la compra de
voluntades, la creación de una organización
ilegítima (COTOA-6A) para suplantar a
las verdaderas autoridades originarias, el
soborno de policías y el pago a periodistas
para generar desinformación, entre otras.
EL ESTADO TOMÓ LA DECISIÓN DE
RECUPERAR LOS ACTIVOS EN EL
MARCO DEL INTERÉS PÚBLICO Y EL
BENEFICIO SOCIAL
En fecha 19 de julio de 2016, el
Estado boliviano recibió una
Notificación de Arbitraje de
la empresa Glencore Finance
(Bermuda) Limited (Glencore Bermuda),
subsidiaria de la compañía suiza Glencore
International Plc (Glencore Plc), con
relación a:
• Complejo Metalúrgico Vinto – Estaño,
revertido al dominio del Estado mediante
Decreto Supremo 29026, de 7 de
febrero de 2007;
• Complejo Metalúrgico Vinto – Antimonio,
revertido al dominio del Estado mediante
Decreto Supremo 499, de 1º de mayo de
2010; y
• Centro Minero de Colquiri, respecto del
que la Corporación Minera de Bolivia –
COMIBOL, asumió el control mediante
Decreto Supremo 1264, de 20 de junio
de 2016.
El arbitraje fue iniciado bajo el Acuerdo
entre el Gobierno del Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte con el
Gobierno de la República de Bolivia sobre
el Fomento y la Protección de Inversiones
de Capital (TBI Bolivia – Reino Unido), de
24 de mayo de 1988, ratificado mediante
Ley 1132, de 19 de enero de 1990. El TBI
Bolivia – Reino Unido entró en vigencia el
16 de febrero de 1990 y fue denunciado
por el Estado boliviano el 13 de mayo de
2013.
El 18 de agosto de 2016, el Estado
boliviano presentó su Respuesta a la
Notificación de Glencore Bermuda.
ACCIONES Y RESULTADOS
En su respuesta, el Estado boliviano hizo
notar las circunstancias dudosas, bajo la
que activos estratégicos del patrimonio
nacional, como las fundiciones de
estaño y antimonio de Vinto y el Centro
Minero Colquiri, fueron enajenados
y traspasados a compañías mineras
bolivianas, que eran de propiedad o
estaban vinculadas al expresidente
Gonzalo Sánchez de Lozada.
Asimismo, llamó la atención sobre la
adquisición de dichos activos por la
suiza Glencore, que estaban en manos
de empresas bolivianas. De acuerdo
con Glencore, estos tres activos habrían
sido adquiridos a través de la compra de
acciones de las casas matrices panameñas
de la entonces Compañía Minera del Sur
S.A. – Comsur (hoy Sinchi Wayra S.A.) y
Compañía Minera Colquiri S.A. (subsidiaria
de Comsur), entre octubre de 2004 y 2006,
cuando ya habían claras indicaciones de
que ciertos activos estratégicos podían ser
revertidos al Estado. Actualmente el caso
se encuentra en etapa de conformación del
Tribunal Arbitral.
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