EQUILIBRIO_FINAL_Octubre2018

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de establecer grandes zonas marinas protegidas con
exclusión total de pesca, o al menos con exclusión
de pesca industrial y no selectiva, como instrumento
primordial para la recuperación de los océanos y de
las propias pesquerías. En este sentido, México ha
asumido los compromisos de Aichi, del Convenio sobre
la Diversidad Biológica de la o n u, que lo obligan
a proteger —al menos— 10% de la superficie marina
nacional para el 2020. Por otro lado, también la ciencia,
y más allá de las metas de Aichi, ha considerado
el imperativo de proteger 30% de la superficie marina del
planeta con la finalidad de asegurar la integridad de los
ecosistemas, la supervivencia de las especies y la recuperación
de pesquerías hoy sobreexplotadas.
Estos desafíos, no obstante, se presentan en un contexto
de graves limitaciones institucionales en nuestro
país que implican grandes restricciones al quehacer
institucional en materia de conservación y reflejan el
bajo nivel de prioridad real que la sociedad y el gobierno
en México le han otorgado al tema.
Preocupan también las magras capacidades de vigilancia
y aplicación de la ley que poseen tanto la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (p r o f e pa)
como la Secretaría de Marina-Armada de México. Ello,
a pesar de la creación en 2017 de la Guardia Costera
a instancias de la propia Coalición en Defensa de los
Mares de México (c o d e m a r), con facultades integrales de
vigilancia, inspección y aplicación de la ley en el mar.
El hecho real es que casi 50% de la pesca en México
es ilegal, dado que se lleva a cabo sin permisos, en violación
de vedas, con artes de pesca no permitidas, con
captura de especímenes de tallas muy pequeñas o en
zonas prohibidas.
¿A quién pertenecen los mares de México?
Al fondo de los problemas de México para gestionar
sustentablemente sus mares y recursos marinos subyace
un gran vacío de visión y perspectiva. ¿A quién pertenecen
los mares de México? ¿Quiénes tienen derecho
a valorarlos y a darles diferentes destinos? Hasta ahora, a
pesar de que los mares son propiedad de la Nación
de acuerdo con el Artículo 27 Constitucional, pareciera
que la industria pesquera posee derechos exclusivos de
uso y abuso.
Virtualmente todo el mar territorial y patrimonial
es explotado casi sin cortapisas. Pesquerías decaen,
especies desaparecen y ecosistemas marinos completos
son impactados en contra de la sustentabilidad
de la propia industria. Casi todos los actores del
sector pesquero asumen que los mares y sus recur-