21-II-19

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NACIONAL
Jueves 21 de Febrero de 2019
Asegura AMLO que Guardia Nacional respetará los derechos humanos
**El mandatario señaló que este cuerpo de seguridad será como el Ejército de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas**
Por: Fernanda Medina González
Ciudad de Méx.- Al insistir sobre la
aprobación que se requiere para la
creación de la Guardia Nacional
y así, poder combatir la inseguridad,
el mandatario Andrés Manuel López
Obrador aseguró que este cuerpo de seguridad
respetará los derechos humanos y será
como el Ejército de Paz de la Organización
de las Naciones Unidas.
Dijo que se tendrá como fundamento principal
garantizar la seguridad pública con
el respeto a los derechos humanos y con
el uso regulado de la fuerza. Durante su
conferencia matutina indicó que como presidente
de la República y comandante supremo
de las Fuerzas Armadas nunca dará
una orden para que se reprima al pueblo.
“Nuestro Ejército es distinto a los ejércitos
de otras partes del mundo, no es un Ejército
golpista, es un Ejército respetuoso de la
autoridad civil, es un Ejército leal al pueblo”.
El mandatario reiteró que su objetivo es
que el Ejército Mexicano tenga la función
de la seguridad pública, pues es una institución
con experiencia, seguida del pueblo, y
que no es parte de la oligarquía. Así mismo
insistió en que se requiere su aprobación
para aumentar el número de elementos en
campo, pues actualmente solo hay 20 mil
que se hacen cargo de la seguridad del país.
El jefe Ejecutivo acusó a los legisladores
del Partido Acción Nacional de politizar
a la Guardia y utilizarla para la confrontación.
El dictamen modificado que se presentará
este 21 de febrero ante el pleno del Senado
para crear la Guardia Nacional planteará
que el Ejército y la Marina continúen trabajando
en tareas de seguridad pública por
un periodo de cuatro o cinco años como
máximo, mientras se logra conjuntar e integrar
a la nueva fuerza intermedia de seguridad.
Así lo detallaron los legisladores en el Senado,
quienes acordaron que es necesario
ponerle un plazo límite a la intervención
de las Fuerzas Armadas en seguridad pública
para no violar la Constitución ni tratados
internacionales.
Posteriormente, López Obrador afirmó que
su administración revisa los contratos que
tiene el gobierno federal para la compra de
alimentos y medicamentos, a fin de lograr
ahorros y evitar actos de corrupción, puesto
que en el primer caso se destina un billón
de pesos anuales, y en medicamentos
se invierten 80 mil millones.
Explicó que ya se revisan los contratos que
tienen firmados con entre ocho y 10 empresas
que acaparan 75% de las ventas de
alimentos al gobierno federal, entre las que
se incluyen las adquisiciones de comida
para los reclusorios federales, a fin de evitar
anomalías.
Precisó que el segundo rubro en materia de
compras es en medicamentos y equipo médico,
por un orden de los 80 mil millones
de pesos al año, área que también se audita
para combatir la corrupción.
Destituyen a juez que llevó el caso de “Los Porkys”
**El juez Anuar González fue destituido por presuntos actos de corrupción**
Por: Fernanda Medina González
Veracruz.- El Consejo de la Judicatura
Federal destituyó al juez,
Anuar González, en Veracruz
por presuntos actos de corrupción.
Se trata del juez del Juzgado Tercero
de Distrito, con residencia en la entidad de
Veracruz.
Anuar González llevó el caso de Los Porkys
y otorgó amparo a uno de los jóvenes
acusado de violar a la menor de edad Dafne.
El CJF señala que como lo ha sostenido
el Consejo de la Judicatura Federal, y su
Presidente el Ministro Arturo Zaldívar, el
compromiso ante la sociedad es de cero tolerancia
y combate a la corrupción.
Por esta razón, en la sesión del 20 de febrero
de 2019, el Pleno resolvió destituir a
un juez de Distrito del estado de Veracruz
por corrupción, actuar en contra de constancias
y errores inexcusables en un caso
de pederastia.
“La responsabilidad de los juzgadores es
máxima y esencialmente social. Las decisiones
jurisdiccionales deben ser siempre
instrumentos que impacten positivamente
en las personas y generen un cambio social
mediante sus precedentes, jamás estar sujetas
a intereses particulares o económicos.
Ése es nuestro compromiso, esa es la integridad
judicial por la que trabajamos en el
Consejo de la Judicatura Federal”.
Destaca que las áreas internas del Consejo
de la Judicatura Federal actuaron
con absoluto profesionalismo en las investigaciones
administrativas, siempre
en apego debido proceso, la presunción
de inocencia y conforme a la Constitución.
En 2017 el juez Anuar fue suspendido
por otorgar amparo a Diego Gabriel
Cruz Alonso acusado de haber violado
a la menor Dafne, aunque el agresor no
salió de prisión y aún sigue el proceso.
Determina INAI que FGR incumplió la Ley General de Protección de Datos Personales
Ciudad de Méx.- El Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) resolvió
dar vista al Órgano Interno de Control en la
Fiscalía General de la República (FGR), a
fin de que determine si los servidores públicos
a cargo de operar el software Pegasus
incurrieron en responsabilidades administrativas.
Asimismo, se dará vista al Ministerio Público
de la Federación por la probable
comisión de delitos por la celebración de
los contratos de 2016 y 2017 para la actualización
de la licencia de uso del sistema
Pegasus, a efecto de que en el ámbito de
su competencia determine lo que en derecho
corresponda, así como a la Auditoría
Superior de la Federación, para que emita
la resolución a que haya lugar en la esfera
de sus atribuciones, con motivo de dichos
contratos.
Tras concluir el proceso de verificación,
que inició de oficio en noviembre de 2018,
el Instituto determinó que la entonces Procuraduría
General de la República (PGR)
incumplió con el deber de seguridad y el
principio de responsabilidad, previstos en
la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
Lo anterior, ya que la entonces PGR carecía
de una bitácora de uso respecto del
tratamiento de datos personales vinculado
con el software Pegasus, el cual preveía la
recolección de datos personales y la generación
de bases y aplicaciones para su almacenamiento;
además de no acreditar que
contaba con un sistema de gestión y con un
documento de seguridad; así como haber
llevado a cabo el borrado seguro del sistema
en comento, tras su desinstalación.
Es importante destacar que, durante la verificación,
la entonces PGR sólo notificó a al
Instituto la existencia del contrato suscrito
en 2014 para la adquisición del software,
sin embargo, en días recientes, la Fiscalía
informó que existían otros dos contratos
celebrados en 2016 y 2017, para actualizar
la licencia de uso del sistema.
Bajo estas consideraciones, y luego de que
la dependencia manifestó que actualmente
ya no tiene instalado el software, el Pleno
del INAI instruyó a la Fiscalía General de
la República implementar las siguientes
medidas:
-Acreditar, de manera formal, que el software
denominado Pegasus ha sido desinstalado
del equipo de la Unidad de Investigaciones
Cibernéticas y Operaciones
Tecnológicas de la Agencia de Investigación
Criminal y de cualquier otro equipo en
posesión de la Fiscalía.
-Precisar las políticas, métodos y técnicas
que dan cuenta de la desinstalación del software,
considerando la irreversibilidad, seguridad
y confidencialidad; así como, acreditar
fehacientemente que no es factible
instalar nuevamente el software adquirido
en algún equipo en posesión de la ahora
Fiscalía General.
Además, la Fiscalía deberá remitir al Instituto
los documentos con los que compruebe
haber comunicado a sus unidades
administrativas que desarrollan actividades
sustantivas de investigación criminal, la
necesidad de adoptar las medidas mencionadas
en la operación de todos y cada uno
de los sistemas que impliquen el tratamiento
de datos personales.
Finalmente, a propuesta del comisionado
Guerra Ford, el Pleno del INAI ordenó a la
Fiscalía General de la República publicar
en su portal y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, versión pública de los contratos
celebrados en 2016 y 2017, para la
actualización de la licencia de uso del software.
Al votar la resolución en sesión pública
del Pleno, el comisionado presidente,
Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró
que el Instituto desde junio de 2017, cuando
apenas el caso alcazaba una dimensión
internacional, inició una investigación de
oficio y, posteriormente, en noviembre de
2018, un procedimiento de verificación a la
entonces PGR, por lo que ahora es necesario
que la Fiscalía actúe en consecuencia.