suplemento_octubre

MÉXICO
EL PODER
DE LA ABOGACÍA
EN MÉXICO
SUPLEMENTO ESPECIAL
Octubre, 2019 | newsweekespanol.com
Piedra angular de la justicia, a los
profesionales del derecho se acude cuando se
tiene un problema legal o antes de tomar una
decisión que podría implicar consecuencias.
Suplemento comercial para News for America, LLC • Coordinador editorial: Joel Aguirre A.
Gerente de contenidos comerciales: Jorge Guzmán • Redacción: Patricia Sánchez

La SCJN y sus ministros:
la más alta autoridad del país
El máximo tribunal constitucional tiene como
responsabilidad fundamental la defensa del
orden establecido por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCNJ) es el máximo tribunal
constitucional del país y preside
el Poder Judicial de la Federación,
encargado de impartir la justicia.
Sus objetivos primordiales son, en primera
instancia, velar porque se cumpla la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y mantener el equilibrio entre
los distintos poderes y ámbitos de gobierno.
Además, es responsable de solucionar, de
manera definitiva, asuntos que son de gran
importancia para la sociedad. En esa virtud,
y toda vez que imparte justicia en el más alto
nivel, es decir, el constitucional, no existe en
nuestro país autoridad que se encuentre por
encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse
en contra de sus resoluciones.
La SCNJ está conformada por 11 ministros,
cuyo cargo dura 15 años. Existe un
presidente, y dos salas. Los ministros que
conforman la corte hoy en día se enlistan
a continuación.
PRESIDENTE DE LA SCJN
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Nació en
Querétaro, tiene 60 años y es egresado de
la Escuela Libre de Derecho.
Tiene especialidad en Derecho Constitucional
y Administrativo por la División de
Estudios de Maestría y Doctorado en Derecho
de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Asumió el cargo como ministro presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación el 2 de enero de 2019 y lo ocupará
durante cuatro años, hasta el 31 de diciembre
de 2022.
Algunas de sus aportaciones en la SCJN
han sido: el derecho a la igualdad y no discriminación,
los criterios sobre la obligatoriedad
para todos los jueces y juezas de
juzgar con perspectiva de género, el uso lúdico
de la marihuana, los parámetros para
la efectividad de los derechos de los niños
a ser escuchados y participar en procedimientos
judiciales y los estándares para los
procesos sobre menores víctimas de abuso
sexual y víctimas de delitos de violación y
secuestro.
MINISTROS DE LA PRIMERA
SALA
Juan Luis González Alcántara Carrancá,
presidente. Nació en Ciudad de México,
tiene 70 años y es licenciado y doctor en
Derecho por la UNAM.
Tiene especialidad en finanzas públicas,
maestría en Relaciones Internacionales por
la Escuela Fletcher de Derecho y maestría
en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona.
Asumió el cargo el 20 de diciembre de
2018. Algunas de sus aportaciones son: en
2000 creó el Centro de Convivencia Familiar
Supervisada con la intención de reestablecer
las relaciones paterno-filiales en las
controversias del orden familiar; fundó el
Centro de Justicia Alternativa, que permite
la mediación, conciliación, y arbitraje como
“métodos de despresurización de la justicia
contenciosa”; e instituyó la Dirección de
Derechos Humanos, considerada una de las
primeras en un Tribunal Superior, destinada
a sensibilizar a los operadores judiciales
e impulsar una gestión judicial moderna,
progresista e incluyente.
Luis María Aguilar Morales. Es de Ciudad
de México, tiene 69 años y egresó de la
UNAM. Asumió el cargo el 1 de diciembre
de 2009.
Algunas de sus aportaciones son: fungió
como presidente de la SCJN y del Consejo
de la Judicatura Federal para el periodo
de enero de 2015 a diciembre de 2018;
presidente del Comité Técnico para la elaboración
de los exámenes del “Concurso
Interno de Oposición para la designación
de jueces de distrito”, y presidente del jurado
correspondiente al concurso interno
en materia administrativa; y conferencista
con el tema “La impartición de justicia en
el Estado mexicano”, dictada en la Maestría
en Administración Militar para la Seguridad
y Defensa Nacionales.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Es de
Cuernavaca, Morelos, tiene 50 años y estudió
en la UNAM.
Es maestro en Derecho por la Universidad
de Harvard y certificado en Tributación
Internacional.
Asumió su cargo el 1 de diciembre de
2012, y algunas de sus aportaciones son:
sostener que la Constitución no discrimina
en temas de orientación sexual; proponer
que los casos sean analizados con perspectiva
de género; favorecer el rol interpretativo
de la Corte en casos relacionados con
alegatos sobre detenciones arbitrarias,
tortura, confesiones coaccionadas, abuso
de la fuerza por parte de la policía, entre
otros.
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Es de
Xalapa, Veracruz, tiene 58 años y es egresado
de la Escuela Libre de Derecho.
Es maestro en Derecho de Amparo y
doctorado en Ciencias Penales por el Instituto
de Ciencias Jurídicas de Estudios Su-
32 NEWSWEEK MÉXICO

LA SCJN es responsable de solucionar asuntos que son de gran importancia para la sociedad.
FOTO: CUARTOSCURO
periores. Asumió su cargo el 1 de febrero
de 2011.
Algunas aportaciones suyas son: en
abril de 2016 votó en contra del primer
amparo a cuatro personas para el autoconsumo
lúdico de marihuana; elaboró
el proyecto de las impugnaciones a la Ley
de Seguridad Interior en el que proponía
validar la competencia del Congreso de la
Unión para legislar en materia de “seguridad
interior”.
Norma Lucía Piña Hernández. Es de
Ciudad de México y egresó de la UNAM.
Tiene doctorado por la División de Estudios
de Posgrado de la UNAM.
Asumió su cargo el 10 de diciembre de
2015. Algunas de sus aportaciones son: fue
presidenta de la Primera Sala de la SCJN;
participó en la defensa de la voluntad pro
creacional y filiación por maternidad subrogada;
la modificación del acta de nacimiento
para identidad de género, las
pruebas oficiosas en asuntos de alimentos
para menores, y el derecho de la víctima de
violencia intrafamiliar a recibir indemnización
por daño moral.
MINISTROS DE LA SEGUNDA
SALA
Javier Laynez Potisek, presidente. Es de
Torreón, Coahuila, tiene 60 años y estudió
en la Universidad Regiomontana.
Tiene maestría en Derecho Público,
maestría en Administración Pública y doctorado
en Derecho Público por la Universidad
de París. Asumió su cargo en diciembre
de 2015.
Algunas aportaciones suyas son: rechazó
reanudar el concurso de aspirantes
a juez al detectar la venta ilegal de los
exámenes del Vigésimo Octavo Concurso
Interno de Oposición para Juez de Distrito;
concedió la suspensión provisional a
la aplicación de los decretos emitidos por
Jalisco y Nayarit a principios de 2018 en los
que se delimitan los territorios de Mezquitic,
Jalisco, y el Nayar, Nayarit.
Yasmín Esquivel Mossa. Es de Ciudad
de México, tiene 56 años y es egresada de
la UNAM.
Es doctora en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y diplomada
en Gobierno y Administración Pública por
el Instituto Nacional de Administración
Pública. Asumió su cargo el 13 de marzo
de 2019.
Algunas de sus aportaciones son: fue
electa secretaria del Consejo Directivo de la
Asociación Mexicana de Juzgadoras, A. C.;
recibió la presea “Mujeres por la Igualdad
2018”, que otorga la Asociación Mexicana
de Juzgadoras, A. C.
José Fernando Franco González Salas.
Es de Ciudad de México, tiene 69 años y
es egresado de la Escuela Libre de Derecho.
Tiene estudios en Administración Pública
y Ciencias Políticas por la Universidad
de Warwick. Asumió su cargo el 12 de
diciembre de 2006.
Algunas aportaciones suyas son: fue
presidente de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en el periodo
2008-2009.
Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.
Es de Ciudad de México, tiene 62 años y es
egresado de la UNAM.
Asumió su cargo el 10 de marzo de 2015,
y algunas de sus aportaciones son: es autor
de diversas publicaciones en español e
inglés que tratan temas relacionados con
política exterior, seguridad nacional y comercio
exterior.
Alberto Pérez Dayán. Es de Ciudad de
México, tiene 58 años y es egresado de la
Universidad La Salle.
Tiene especialidad en Amparo en la
Universidad Panamericana y en el Instituto
Mexicano del Amparo, especialidad en
Derecho Constitucional y Administrativo,
maestría en Derecho y doctorado en Derecho
por la UNAM y especialización judicial
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asumió su cargo el 22 de noviembre de
2012, y algunas de sus aportaciones son:
conferencista en Baker McKenzie en Madrid
con el tema “La convencionalidad y constitucionalidad
en el arbitraje”; encargado de
analizar la acción de inconstitucionalidad
que interpusieron senadores del PRI, PAN,
PRD y Movimiento Ciudadano contra la Ley
Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos, la cual impide que cualquier
funcionario gane más que el presidente de
la república.
NEWSWEEK MÉXICO
33

El juicio de amparo,
el medio de defensa más eficaz
Este instrumento legal es el más utilizado contra
leyes y actos de autoridad en nuestro país.
Si bien es cierto que en México el
juicio de amparo tiene una larga
historia de aplicación y buenos
resultados a favor de los gobernados,
también lo es que, frente
a los cambios que la realidad política,
económica, social y cultural ha traído en
las relaciones entre las personas y los integrantes
del gobierno, como son los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los niveles
federal, estatal y municipal, ha sido
necesario actualizar y modernizar dicho
medio de defensa (en sus diferentes áreas
de aplicación, como lo son, entre otras, la
materia administrativa, civil y mercantil),
a partir de su fuente primaria que es la
Constitución Federal y su Ley Reglamentaria
que es la Ley de Amparo.
Dentro de los temas más destacados de
tal actualización y modernización se encuentran
los de: 1) El objeto ampliado del
juicio de amparo; 2) El interés legítimo en
el juicio de amparo; 3) La suspensión de
las leyes reclamadas en cuanto a su aplicación;
y la suspensión de los actos de autoridad
reclamados, con efectos restitutorios
para restablecer al gobernado de manera
anticipada y entre tanto dura el juicio, en
el goce perdido de sus derechos legalmente
tutelados.
Respecto al primer tema, tenemos que
se precisan los derechos humanos reconocidos
en la propia Constitución, así como
en los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano forme parte, y las garantías
específicas para su protección, las
cuales surgen tanto en los elementos integrantes
de los derechos humanos, como
en el juicio de amparo, teniendo obligación
todas las autoridades de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos
humanos, sobre la base de que las normas
relativas a estos siempre deberán interpretarse
y aplicarse favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más
amplia, lo que se conoce como principio
pro persona.
Respecto al segundo tema, tenemos que
anteriormente el juicio de amparo solo podía
promoverse bajo un interés jurídico consistente
en que el gobernado es el titular del
derecho que estima afectado; actualmente,
se ha incorporado una nueva figura para
ampliar la debida y eficaz protección de los
gobernados frente a las leyes y actos de autoridad
que los afecten, denominada interés
legítimo.
Dicha figura novedosa consiste en que
algún acto de autoridad cause presuntos
daños a determinada persona que resienta
una afectación personal o colectiva, por
pertenecer a determinada colectividad y
que interponga una demanda de amparo,
en temas, entre otros, para la protección,
de la salud, el medioambiente o el desarrollo
urbano.
Respecto al tercer tema, tenemos que
actualmente, en un avance muy importante,
la Ley de Amparo permite en materia de suspensión
en contra de leyes, que el juez ordene
que se impida la aplicación de los efectos y
consecuencias de la norma reclamada en
esfera jurídica del gobernado, como actos
subsecuentes. Y atendiendo a la naturaleza
de determinados actos reclamados, ahora es
posible reestablecer al gobernado de manera
provisional y anticipada, en el goce de los
derechos que le fueron indebidamente afectados,
lo que permite preservar la materia
del juicio y evitar una larga espera en tanto
se dicta sentencia de fondo en el amparo, así
como la causación de daños, pudiendo citarse
también, como ejemplo, el lanzamiento
de un inquilino de la propiedad arrendada,
que con base en dicha suspensión de restablecimiento
en sus derechos, puede el juez
de amparo decretar que regrese a ocupar el
inmueble ocupado, frente a posibles violaciones
causadas en su perjuicio.
Para finalizar es importante comentar
que, en los últimos años, la sociedad, en
especial el sector empresarial, ha tomado
una actitud más activa en defensa y
protección de sus derechos en la materia
administrativa, lo que coloca el ejercicio
del juicio de amparo en tal materia en una
necesidad concurrente tanto para las personas
físicas como para las personas morales
o sociedades, respecto al ejercicio de
sus actividades, negocios u objeto social,
razón por la cual la asesoría de una Firma
Legal, como es el caso de Brodermann
& Asociados, resulta fundamental en los
ámbitos preventivos y correctivos, toda vez
que somos líderes en el manejo de juicios
de amparo administrativos.
FOTO: ADOBE STOCK
34 NEWSWEEK MÉXICO

E x c e l e n c i a e n S o l u c i o n e s J u r í d i c a s
w w w . b r o d e r m a n n . c o m . m x
L i t i g i o d e e x c e l e n c i a a n t e t o d a c l a s e d e a u t o r i d a d e s
m a t e r i a l y f o r m a l m e n t e j u r i s d i c c i o n a l e s , a p a r t i r d e
p r i n c i p i o s d e c o n v e n c i o n a l i d a d , c o n s t i t u c i o n a l i d a d ,
l e g a l i d a d , r e g l a m e n t a r i o s , n o r m a t i v o s y r e g u l a t o r i o s
A s e s o r í a p r e c i s a , p r e v e n t i va y c o r r e c t i va pa r a l a s n e c e s i d a d e s d e n u e s t r o s c l i e n t e s
C a pa c i d a d d e c a m b i o , a c t u a l i z a c i ó n p e r m a n e n t e y m e j o r a c o n t i n u a
l i t i g i o
a s e s o r í a
• Constitucional
y amparo
• Derecho corporativo
y contractual
• Civil y mercantil
• Desarrollo urbano
• Fiscal,
administrativo
y agrario
• Energía
• Propiedad intelectual
• Expropiaciones
• Telecomunicaciones
• Comercio exterior
• Competencia económica
A g u s t í n M a n u e l C h á v e z N o . 1 , d e s p a c h o 1 0 4 , C o l . C e n t r o C i u d a d S t a . F e , a l c a l d í a Á l v a r o O b r e g ó n
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Retos y oportunidades en materia
colectiva tras la reforma laboral
Desde el 1 de mayo, los juzgados laborales se incorporaron al Poder
Judicial, con lo que se eliminaron las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Tras la reforma laboral que entró en
vigor el 1 de mayo de 2019, los socios
fundadores de Diez de Bonilla, Kuri
y Asociados, S. C. nos comparten sus
visiones sobre los retos y oportunidades
que esta implica en materia de derechos
colectivos de trabajo.
La reforma laboral, por su propia naturaleza,
resulta ser de las llamadas de gran calado.
Esta ordena la incorporación de los juzgados laborales
dentro del Poder Judicial, con lo que se
eliminan las Juntas de Conciliación y Arbitraje
y se crea, a su vez, una instancia de conciliación
obligatoria previa en los tribunales, el Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral, y los
centros de conciliación en el ámbito local. El primero
es responsable del depósito y registro de
los contratos colectivos de trabajo, tanto locales
como federales, así como del registro de los sindicatos,
con lo que se establecen procedimientos
y requisitos para asegurar la libertad de negociación
colectiva y se garantiza la representatividad
de las organizaciones sindicales.
Ante la exigencia actual de la representatividad
sindical, nos encontramos con la abolición
de los llamados contratos colectivos de
trabajo de protección, los cuales se celebran sin
el consentimiento de los trabajadores, solo con la
suscripción del secretario general del sindicato
y sin formalidad habilitante alguna, más que las
que su propio estatuto sindical le otorgue y la
del patrón. Estos contratos colectivos han sido
denunciados ante la propia Organización Internacional
del Trabajo (OIT) como una práctica
que vulnera los derechos de la libertad sindical
de los trabajadores en menoscabo de sus condiciones
de trabajo.
“La proliferación de los contratos colectivos
de protección ha obedecido, no para vulnerar
los derechos de los trabajadores ni su libertad
de asociación ni tampoco para acotar sus condiciones
de trabajo, sino más bien para proteger
los derechos de los propios y auténticos trabajadores,
así como los derechos del patrón, ante un
emplazamiento a huelga espurio, es decir, sin la
Alfredo Kuri y José Antonio Diez de Bonilla, fundadores
de la firma Diez de Bonilla, Kuri y Asociados.
representación de los trabajadores y con el solo
interés de obtener la firma del contrato colectivo
para el beneficio económico de la organización
sindical”, asegura José Antonio Diez de Bonilla
Altamirano.
Ahora, al establecer la ley que debe de tenerse
la certeza de la representatividad sindical,
tanto para el depósito como para la solicitud en
la celebración de un contrato colectivo de trabajo,
ya no será necesario la celebración de contrato
alguno de protección.
Por lo tanto, ya no dependerá ni de la parte
patronal ni del sindicato que exista o no una
vida sindical en un centro de trabajo, sino propiamente
de la voluntad de los trabajadores, por
lo que el reto y, a su vez, oportunidad de toda
empresa, será el de entablar un vínculo directo
de diálogo, respeto y comunicación veraz con
los propios trabajadores, sin que sea necesaria
la intervención de un interlocutor, como lo es
el sindicato.
“Lo que se pretende es privilegiar al trabajador
en sus derechos plenos y no a los sindicatos
como un ente corporativo controlador y de contención”,
sostiene Alfredo Kuri.
Previo a esta reforma, con una ley tan permisiva
para hacer valer los derechos colectivos a
través de un sindicato, las autoridades laborales
federales se congratulaban por no existir huelgas
estalladas en México. Dicha aseveración obedecía
únicamente a la inexistencia de legítima representatividad
de los trabajadores.
“El tema actual no es evitar la actividad sindical
ni tampoco las huelgas, el objetivo es tener
una verdadera representación de los trabajadores
y con una autoridad que verdaderamente resuelva
las contiendas”, añade Kuri Monterrubio.
Nos encontramos entonces ante una gran
oportunidad para revindicar el legítimo ejercicio
de los derechos colectivos de los trabajadores
mediante los sindicatos con certeza
en su representatividad y, en consecuencia,
con una eficaz negociación colectiva donde
la huelga sea un medio eficiente y veraz para
llegar al acuerdo, quedando pendiente el reconocer
el derecho de las coaliciones obreras
para el mismo efecto.
Sin lugar a dudas, la reforma marca el
inicio de un verdadero cambio para empoderar
al trabajador y no a los sindicatos para
hacer valer sus derechos colectivos. Este será
el reto a cumplir.
FOTO: ALEJANDRO PONCE DE LEÓN
36 NEWSWEEK MÉXICO

DIEZ DE BONILLA,
KURI Y ASOCIADOS
A B O G A D O S
áreas de práctica
CONTRATACIÓN
DE TRABAJADORES
TERMINACIÓN DE
RELACIONES DE TRABAJO
PERCEPCIONES
DE LOS TRABAJADORES
CAPACITACIÓN
Y ADIESTRAMIENTO
REPARTO
DE UTILIDADES
SEGURIDAD
E HIGIENE
REGLAMENTO INTERIOR
DE TRABAJO
CONTRATACIÓN
COLECTIVA DE TRABAJO
LITIGIO
ASUNTOS LABORALES
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Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México
Tels. +52 (55) 5531-2125, 52505398, 52505314
www.diezbonilla-kuri.commx/

Gutiérrez Mateos y Asociados:
litigio mercantil, civil y penal de manera personalizada
Pocos despachos mantienen la especialización
en estas materias. Este lo es desde 1992.
Con 27 años de existencia, el despacho
de abogados Gutiérrez
Mateos y Asociados, especializado
en el litigio personalizado
en las materias mercantil, civil y
penal, se distingue por contar con una amplia
infraestructura jurídica para atender y
hacer frente a los servicios profesionales que
le son solicitados.
La firma está integrada por el Mtro.
Emilio Gutiérrez Mateos, socio titular que
fundó la firma en el año 1992, además de un
equipo de abogados asociados integrado por
José Javier Peña Lucido, Ángel Oswaldo Rodríguez
Fernández y Rogelio Urzúa Robles,
a quienes también está unido un grupo de
litigantes especialistas, pasantes y personal
administrativo.
De acuerdo con Gutiérrez Mateos, la ética
y la honestidad son los pilares del despacho.
Además, el fundamento de su filosofía
es la conformación de un equipo de gente
honesta, capacitada y comprometida que ha
dedicado su vida al litigio.
“El principal reto de la firma de abogados
ha sido integrar un equipo que comparta
esos ideales, con una actuación honesta, ética,
preparada y responsable, y más cuando
en México es complicado caminar de esta
forma”, añade el fundador del despacho.
El camino fácil es el que se busca —agrega—,
y el difícil, el del estudio, la preparación
y la responsabilidad: “Lamentablemente,
es el que menos se aplica. Predicar
con el ejemplo es una de las filosofías de la
firma y sus integrantes. La única manera en
la que uno puede transmitir es con el ejemplo:
en la familia, en la casa, en el trabajo,
en la profesión”.
—¿Por qué especializarse en las ramas
mercantil, civil y penal? —se le pregunta a
Emilio Gutiérrez.
—Desde el inicio de mi ejercicio profesional,
prácticamente desde el primer semestre
de la carrera, me enamoré del mundo del litigio:
ejercer la profesión directamente ante
Emilio Gutiérrez Mateos es el socio titular de la firma, la cual fundó en 1992.
El despacho, que posee una amplia infraestructura jurídica, tiene 27 años de experiencia.
FOTOS: CARLO ECHEGOYEN (3)
38 NEWSWEEK MÉXICO

Lo más importante para Gutiérrez Mateos y Asociados es el trato personalizado con el cliente.
los tribunales, defender los derechos de las
personas, estar siempre involucrado en estas
materias, la mercantil, civil y penal, las
cuales, hasta la fecha, y desde la fundación
del despacho, seguimos desarrollando todos
los integrantes de la firma. Todo lo que rodea
el mundo mercantil, financiero, empresarial,
todos los actos que son realizados por
los particulares en su vida cotidiana, y eso
complementado con la rama penal.
—¿Qué ventaja competitiva representa
para sus clientes que pueda ofrecer estas
tres especialidades?
—Son pocos los despachos que mantienen
la especialización en estas materias,
lo que evidentemente da una opción muy
importante a nuestros clientes, por no tener
que diversificar en la contratación de varios
abogados o despachos para el manejo de
sus asuntos. Eso les resulta en una ventaja
no solo en costos, al no duplicarse estos, sino
que, más aún, en el ejercicio coordinado de
sus acciones, lo que se refleja normalmente
en el resultado final de los asuntos.
—¿Qué tan importante es ofrece un servicio
personalizado?
—Lo más importante de todo despacho
es el cliente, el trato personalizado con él.
GUTIÉRREZ MATEOS
Y ASOCIADOS, S. C.
Es prioridad para la firma que toda aquella
persona que nos busca y que pone en
nuestras manos sus valores más fundamentales,
en muchas ocasiones sin conocernos,
encuentre un respaldo y representación
legal-personal de excelencia, lo que se traduce
en una inmensa responsabilidad. Esa
es la verdad que hay que tener presente y
enfrentar todos los días, cuando una persona
llega a nuestro despacho es porque tiene
una necesidad o problema.
“Debe haber un complemento directo
entre la prestación de un servicio profesional
en materia legal y un trato personalizado
—continúa—. Cuando se dan esos dos elementos,
normalmente se le brinda tranquilidad
a la persona porque encuentra
el espacio
para ser
escuchada, para
que se le explique
de forma correcta
y profesional cuál
es su situación legal
y cuáles son sus alternativas”.
—¿Cuáles son
los retos más importantes
que enfrenta el país en materia de
derecho?
—El principal reto, sin duda, es que la
gente vuelva a sentir seguridad jurídica en
su vida y en la de su gente querida, en su
libertad, propiedades, posesiones y derechos.
Que la sociedad vuelva a confiar en
el derecho, en los órganos que lo crean y
en las autoridades que lo imparten. Que
la sociedad se pueda volver a organizar a
través de la debida aplicación de la ley, pero
para ello hay que erradicar la impunidad y
la corrupción, así como las leyes arbitrarias
e impositivas.
Boulevard Manuel Ávila Camacho 184, Piso 18, Col. Reforma
Social. Alcaldía Miguel Hidalgo. C. P. 11650, CDMX.
Tels: 55 5202 0505, 55 5985 3722, 55 2071 4831
Correo electrónico: info@gutierrezmateos.com
NEWSWEEK MÉXICO
39

La urgencia de consolidar
la cultura de la propiedad intelectual
Mediante los derechos de autor
y la propiedad industrial todas las personas
pueden proteger marcas, patentes
y creaciones intelectuales.
Hace unos años, en 2015, las
redes sociales se manifestaron
virulentamente contra la supuesta
intención de la diseñadora
francesa Isabel Marant de
obtener derechos exclusivos sobre diseños
copiados de blusas de la comunidad mixe
de Oaxaca.
El caso llamó la atención por las reacciones
que motivó, incluida una petición en
Change.org contra la marca Antiquité Vatic
y Marant, quien tuvo que publicar una
aclaración, secundada por un comunicado
de prensa del ayuntamiento de Santa María
Tlahuitoltepec, que negaba haber recibido
cualquier notificación sobre acciones legales
por tal causa.
No obstante, lo que más llamó la atención
fue la ligereza con la que el tema fue
abordado en diversos medios, los cuales informaron
esencialmente que la diseñadora
había “patentado” los diseños y pretendía
ejercer derechos exclusivos.
No todos están obligados a conocer la
diferencia entre las figuras de propiedad
intelectual, pero los medios sí tienen la
obligación de consultar a quienes las conozcan
antes de difundir información que
repercuta en perjuicio de una persona física
o moral.
PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y DERECHO DE AUTOR
En México, la Ley de la Propiedad Industrial
establece como materia de una patente las
invenciones nuevas, resultado de actividad
inventiva y susceptibles de aplicación industrial,
y define como “invención” la creación
humana que permita transformar la
materia o la energía que existe en la naturaleza,
para su aprovechamiento por el hombre
y satisfacer sus necesidades concretas.
Por ello, el diseño aplicado a un producto
textil no puede ser materia de una patente.
La figura para proteger el diseño textil,
en cambio, es el derecho de autor, reconocido
respecto a “obras de arte aplicado” que
incluyen el diseño gráfico o textil, como es
el caso. La Ley Federal del Derecho de Autor,
mediante el Instituto Nacional del Derecho
de Autor (Indautor), confiere para ello
el derecho a reproducir la obra como tal,
mas no permite hacer extensiva esa reproducción
en cualquier tipo de artículos ni en
su promoción comercial.
También es importante destacar que esa
ley tiene un capítulo que protege las obras
de arte popular o artesanal, y a todas las
tradiciones de la composición pluricultural
que conforman al Estado mexicano sin autor
identificable, como el caso de las blusas
objeto de controversia.
Ese mismo capítulo dispone que las
obras de arte popular o artesanal desarrolladas
y perpetuadas en una comunidad o
etnia originaria o arraigada en la república
mexicana gozan de protección contra su
deformación en su demérito o perjuicio de
la reputación o imagen de la comunidad o
etnia a la cual pertenecen. Pero, también,
que es libre su utilización siempre que no se
contravengan las disposiciones del mismo
capítulo, lo cual hace la discusión básicamente
bizantina y le da un cariz del rechazo
a lo extranjero antes mencionado.
Sin embargo, el embrollo de las blusas
podría rendir frutos valiosos. Sobre todo,
asimilar que México ha sido notablemente
lento en adoptar mecanismos que favorezcan
los procesos de protección de la propiedad
intelectual mexicana en el extranjero.
Ejemplo es el Arreglo de Madrid para el registro
internacional de marcas, que data de
1989, pero fue adoptado por México en 2012
y comenzó a funcionar en 2013.
¿QUÉ SABER?
En México, de acuerdo con la Secretaría de
Economía, la propiedad intelectual se divide
en derechos de autor (obras literarias,
musicales, artísticas y fotográficas, entre
otras) y propiedad industrial (invenciones
y registros).
En este sentido, el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI) tiene la autoridad
legal para administrar el sistema de
propiedad industrial a escala nacional. Las
figuras jurídicas que este organismo protege
son: patente (el producto o proceso que demuestra
ser nuevo a escala internacional),
modelo de utilidad (aquellas modificaciones
a inventos, herramientas y maquinaria
ya existentes para mejorar su desempeño)
y diseños industriales (como son modelo
industrial, dibujo industrial, marca, aviso
comercial, nombre comercial y denominación
de origen).
La finalidad de la protección de la propiedad
industrial es impedir toda utilización
no autorizada de dichas figuras. Por
ello, el IMPI se rige bajo tres características
de los derechos de propiedad industrial: exclusividad,
en donde el titular es el único
autorizado para explotar comercialmente
lo que ha protegido; territorialidad, que son
los derechos otorgados dentro del territorio
nacional y son independientes a los otorga-
40 NEWSWEEK MÉXICO

Es importante asesorarse con algún abogado o institución cuya
especialidad sea el registro correcto de la propiedad intelectual.
FOTO: ADOBE STOCK
dos en otros países; y temporalidad, que es
el tiempo estipulado durante el cual se puede
explotar comercialmente lo protegido.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Hoy en día, la idea de por ejemplo emprender
un negocio es un pensamiento
recurrente en México. Muchos emprendedores
consideran que sus ideas creativas
“romperán” el mercado, por lo que hacen
planeaciones estratégicas, se relacionan
con sus contactos, anuncian el evento de
apertura y lo promueven en sus redes sociales.
El problema ocurre cuando, al poco
tiempo, sufren demandas legales o plagios
de sus marcas por saltarse el primer paso:
el registro de derechos de autor o propiedad
industrial.
Por ello, Daniel Villanueva, asociado
senior de Propiedad Intelectual de Baker
McKenzie en México, recomienda que, antes
de considerar una estrategia, se comprenda
perfectamente qué es y para qué
sirve la propiedad intelectual.
“Esta es la forma en que todas las personas,
morales y físicas, podemos proteger
ese activo tan importante que son intangibles
como las marcas, patentes y derechos
de autor. Estas figuras nos permiten proteger
todo tipo de creaciones intelectuales
que se desarrollan en empresas o por personas
físicas”.
El especialista agrega que en México
hace falta cultura de propiedad intelectual,
aunque con el tiempo se ha evolucionado.
“Las universidades han fomentado
enseñanzas de registro de patentes; los
indicadores de solicitudes de marcas así
lo sugieren, pues han incrementado el número
de registros. Pero tenemos también
indicadores muy malos en negocios informales,
como la piratería, y eso representa
una amenaza”, añade Villanueva.
Aunque las reformas hoy en día ayudan
a combatir estas actividades ilícitas, el
registro de derechos de autor y propiedad
industrial es el primer gran paso para combatirla,
sentencia el experto: “Para ello es
importante asesorarse con algún experto o
institución cuya especialidad sea el correcto
registro de la propiedad intelectual, que
entienda la importancia que tiene y sepa
identificar las necesidades inherentes”.
ALGUNAS RECOMENDACIONES
En ese sentido, ofrece algunas recomendaciones
para realizar la mejor estrategia para
la protección de la propiedad intelectual:
Identificar qué proteger y mediante qué
figura. Es de suma importancia conocer qué
es lo que tengo para entonces investigar qué
herramientas puedo usar para su protección.
Para ello deben plantearse las siguientes peguntas:
¿Qué tengo? ¿Se trata de una marca?
¿Será una invención? ¿Se trata de un derecho
de autor? Si bien pudiera no tenerse
mucho conocimiento sobre la figura legal
en particular, tener bien identificada la materia
de protección será muy útil al acercarse
a un especialista o a alguna de las oficinas del
IMPI o del Indautor.
Priorizar. Una vez identificados los elementos
que se quieren proteger, se debe
priorizar qué es lo más importante o lo que
tiene una mayor premura. Si bien toda la
propiedad intelectual es valiosa, también
puede representar gastos importantes, por
lo que es muy recomendable que se priorice
correctamente para poder calendarizar
la aplicación de gastos y mantener debidamente
protegida la propiedad intelectual.
Preparar los documentos. El emprendedor
debe preparar todos los documentos
pertinentes, asesorado por un especialista
cuando sea necesario, para que cada uno
de los elementos que se identificaron sean
protegidos. Esto incluye las solicitudes para
el registro de marcas, patentes y derechos
de autor, así como los contratos o autorizaciones
que sean necesarios.
Administrar. Una vez que se han iniciado
trámites o gestiones para la protección
de la propiedad intelectual es importante
que cada uno de los elementos protegidos
sea debidamente administrado, esto incluye
renovar los posibles registros, hacer los
pagos correspondientes a las anualidades,
preparar e inscribir los contratos de licencia,
franquicia o términos y condiciones
cuando sea necesario, entre otros. Es importante
tomar en cuenta que para algunas
de estas tareas hay fechas que son fatales,
por lo que se debe estar muy atento a los
vencimientos.
Defender. Para mantener el uso exclusivo
de los elementos protegidos o no crear
antecedentes que pudieran después ser
utilizados en su contra, es importante no
consentir infracciones por parte de otras
personas o empresas, porque esto pudiera
llevar a que tu marca se convierta en una
denominación genérica o en el mismo
nombre de los productos o servicio. De esta
manera, es importante que, en el caso de
una infracción, se consulte a un abogado
para la debida planeación de una estrategia
de litigio.
NEWSWEEK MÉXICO
41

Generación distribuida y abasto aislado,
el nuevo panorama ante la transición gubernamental
El sector de energía eléctrica en
México no pasa por su mejor momento,
el cambio de gobierno y,
con este, el de la política energética,
imprimió cierta incertidumbre
en el panorama para invertir y desarrollar
proyectos energéticos. El estancamiento se
percibe en todo tipo de proyectos, algunos
detenidos por conflictos socioambientales,
otros en disputa por derechos de ocupación,
la tendencia en el sector es a la desaceleración
y no se ven señales de cambio próximas.
Esto ha generado que una gran parte de
la capacidad instalada autorizada e incluso la
subastada al día de hoy no estén generando,
eso aunado a la cancelación de las subastas
futuras, nos pone en un panorama donde el
crecimiento de la demanda eléctrica —demográfico
y por desarrollo económico— podría
no verse satisfecho, alejándonos más de la
seguridad energética que nuestro país busca
desde hace algunos años.
Ahora, existen áreas de oportunidad que
no dependen tanto de la voluntad política o
presupuestaria, modelos que permiten la
generación-consumo en el ámbito privado
y, a su vez, posibilitan la venta de excedentes
de energía, como es el abasto aislado y la
generación distribuida.
GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD)
La GD permite a un generador exento —capacidad
instalada menor a 0.5 MW—, así
como a centrales eléctricas exentas que se
encuentran interconectadas a un circuito
de distribución que contenga una alta concentración
de centros de carga, el consumir
la energía generada, y en caso de estar conectados
a la red, vender sus excedentes a
cambio de una contraprestación —venta total
o Net Billing— o una compensación entre
consumo y generación —Net Meeting—. Estos
A pesar de la incertidumbre que vive
el sector energético en México, existen áreas
de oportunidad que no dependen tanto
de la voluntad política o presupuestaria.
POR FRANCO LAMMOGLIA ORDIALES, JIMENA CABRERA CAMARGO Y MARÍA FERNANDA GARIBAY CARRILLO
dos últimos presentan una ventaja adicional,
ya que al contar con el contrato de suministro
los costos del equipo de medición y sus
instalaciones corren a cargo del distribuidor.
Este esquema de generación no ha recibido
suficiente fomento gubernamental, por
ello seguimos en una etapa de adopción baja
—representa menos del 0.3 por ciento de la
capacidad total—, lo que no permite justificar
inversión en modernización y ampliación de
la red. La adopción media —superar el 5 por
ciento de la capacidad instalada— tornaría
rentable el modelo para la inversión gubernamental.
No obstante, el crecimiento de la
GD ha sido exponencial, con casi 95,000
contratos que amparan casi 700 MW de capacidad
instalada.
Tampoco significa que el gobierno le
haya dado la espalda al modelo, con las
DACG vigentes se continuará otorgando certeza
jurídica a los generadores de tecnología
y los potenciales inversionistas en modelos
de GD, sobre todo en el sector de las renovables,
que concentra un mayor número de
apoyos.
Este esquema presenta incentivos, como
los ahorros para los usuarios que sean generadores
exentos o la depreciación acelerada
de la inversión en maquinaria y equipo para
la generación y la reducción de los derechos
de suministro de agua por el uso de dispositivos
ahorradores de energía o agua. Por estos
y otros motivos, resulta costo efectivo el
uso en el modelo de la tecnología renovable
de baja escala, como los paneles solares que
representan más de un 90 por ciento de las
instalaciones que amparan la GD.
Por todo esto, consideramos que hoy
existe una ventaja competitiva en la comercialización
de sistemas de generación, por lo
atractivo que el producto puede ser para el
consumidor, sobre todo en los lugares donde
la red no llega y en aquellas zonas urbanas
donde los costos son altos para los usuarios,
lo que permite financiar dichos sistemas.
Pero también hay incentivos para los usuarios,
que pueden obtener un ahorro significativo
de más de 70 por ciento en su cuenta
de luz y con la posibilidad de inyectar sus
excedentes a la red por una contraprestación,
además de los intangibles que derivan
de poner su grano de arena con el esfuerzo
mundial para reducir el cambio climático.
ABASTO AISLADO (AA)
A raíz del cambio de impulso a la infraestructura
necesaria para satisfacer las necesidades
de todos los consumidores, el AA es
una alternativa eficaz para los consumidores
de energía a mediana y gran escala, que requieren
de una generación constante, con
costos ciertos y sin necesidad de cubrir costos
de interconexión a la red.
Esto se debe a que con el modelo de AA
es posible satisfacer las necesidades eléctricas
a través de una central eléctrica propia
conectada por medio de una red privada, sin
la necesidad de estar conectado forzosamente
a la red general de distribución. Aunado a
lo anterior, el poco avance en la inclusión de
usuarios calificados participantes (UCP) que
ha tenido el mercado eléctrico mayorista y
la creciente demanda de energía de industrias
y comercios de gran y mediana escala,
potencializan el AA como una alternativa
a la incierta inversión gubernamental para
incrementar la red, así como la oferta energética
del país.
El AA permite generar o importar energía
para la satisfacción de una necesidad
propia —o del mismo grupo económico— o
para la exportación, siempre que dicha energía
no sea conducida por las redes nacionales.
Este modelo es el heredero del modelo
42 NEWSWEEK MÉXICO

FOTO: CARLO ECHEGOYEN
Lammoglia Abogados representa los intereses de sus clientes frente
a los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo en las tres instancias de gobierno.
de autoabastecimiento previo a la reforma,
igualmente permite inyectar los excedentes
—previa interconexión—, sólo que, en
este caso, sí se recibe una contraprestación
a cambio.
Aun cuando el modelo requiere de que
el titular del permiso de generación deba ser
el mismo titular o una de las personas —físicas
o morales— que pertenecen al mismo
grupo económico del titular, permite la contratación
de terceros para realizar el financiamiento,
la instalación, el mantenimiento
y operación necesaria para generar energía
eléctrica y entregarla a los centros de carga
del titular.
Al igual que la GD, la capacidad instalada
en AA no es relevante en la integración
de la canasta energética actual, no obstante,
existe un nicho de oportunidad, ya que solo
se cuenta con casi 50 permisos de generación
de energía eléctrica bajo este modelo,
lo que representa una capacidad total de
generación de aproximadamente 650 MW,
permite un margen de actuación muy amplio
en términos de demanda in situ. El AA
permite no solo tener un mayor control sobre
la energía producida, también reduce los
costos de la energía y no se tiene que incurrir
en potencia ni en el derecho financiero
de transmisión.
Ahora bien, estos no son los únicos beneficios
económicos con los que cuenta el
modelo del AA. En el caso de que la central
eléctrica opere con energías renovables,
es posible obtener los CEL, que permiten
incentivar la generación. Un CEL es un título
que acredita la producción de 1 MW
de energía eléctrica limpia, el cual deberán
adquirir los suministradores —básicos
y calificados—, los usuarios calificados y
los finales de abasto aislado, para cumplir
con los porcentajes que son requeridos para
dar cumplimiento a nuestras obligaciones
internacionales manifestadas en la Ipcc y
sus Estados miembros.
Los obligados a adquirir un porcentaje
equivalente de CEL respecto del total de su
producción tienen que hacerlo por un total
de CEL que constituya el 7.4 por ciento de su
generación para 2020, 10.9 por ciento para
2021 y de 13.9 por ciento para 2022.
La demanda que genera este modelo,
además del mercado
voluntario que contempla,
fomenta el
uso de energías renovables
para los modelos
de abasto aislado,
lo que potencializa sus
beneficios para el generador-consumidor,
además de que lo libera
de la incertidumbre
de la política nacional
y la pérdida de foco
que ha tenido el tema
frente a otros que al parecer resultan más
importantes para el actual gobierno.
Según lo manifestado en el Primer Informe
de Gobierno, respecto a la transición
a energías renovables continúa la meta de alcanzar
35 por ciento de generación eléctrica
a través de energías limpias para el año 2024.
Asimismo señaló que, durante los meses de
enero a junio de 2019 se observó un aumento
de la generación fotovoltaica de 0.70 a 2.44
por ciento, y en aras de dar cumplimiento a
la meta, de acuerdo con dicho informe, “se
ha desarrollado un programa específico para
que los contratos adjudicados a través de las
subastas realizadas instalen la infraestructura
necesaria”, el cual todavía no ha sido
publicado.
Sin embargo, cabe aclarar que las obras
que se requieran para interconectar las CE
con las RGD serán a cargo de los peticionarios,
siempre que estos no hayan solicitado
que la infraestructura requerida fuera agregada
al PRODESEN, los cuales podrán optar
por realizarlas a su costa o por hacer aportaciones
a CFE para que esta las realice y así
beneficiarse de las mismas.
Como despacho de abogados especializados
en energía y desarrollo de proyectos,
asistimos a nuestros clientes durante todas
las etapas de su proyecto, desde la auditoría
de factibilidad jurídica y los estudios
socioambientales, la asistencia o asesoría
en los modelos contractuales, la obtención
de permisos, autorizaciones, licencias o, en
su caso, concesiones, hasta el desarrollo de
auditorías para la consecución de financiamientos.
Con nuestro equipo de expertos
podemos ofrecer soluciones integrales a
todos los agentes del mercado para dar certidumbre
a sus inversiones y garantizar su
correcto desarrollo para que genere la rentabilidad
proyectada.
LAMMOGLIA ABOGADOS
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NEWSWEEK MÉXICO
43

Nuevo paradigma:
prevención de la defraudación fiscal
a través de facturas apócrifas
Es necesario que el contribuyente se asesore
con expertos para tomar las debidas
precauciones y cerciorarse de que cada
factura que posee es legal.
POR ALBERTO MAYA COHEN Y ZURY NEHMAD GUINDI
Es de amplio conocimiento público
que la producción, así como
la compra y venta de facturas y
comprobantes fiscales apócrifos,
han generado ganancias ilícitas
multimillonarias a los intervinientes en
dichos negocios, tales como contribuyentes
comunes, hasta grandes empresarios
y la misma delincuencia organizada. De
acuerdo con cifras oficiales del SAT, se estima
que solamente del año 2014 a la fecha
se han generado comprobantes fiscales apócrifos
con un valor aproximado de 2 billones
de pesos, y es que la factura electrónica
o CFDI se ha ocupado por la delincuencia
organizada como un comprobante que les
ampara servicios o productos irregulares o
inexistentes, pero que les generan ingresos.
Por otra parte, la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente (Prodecon),
establece que las Empresas Facturadoras
de Operaciones Simuladas (EFO) cometen
fraudes al emitir facturas apócrifas
sobre operaciones, compras o servicios no
realizados con el fin de simular aumentos
de gastos de operación para pagar menos
impuestos. Y es que, de acuerdo con dicha
Institución, “la compra de facturas falsas
representa el 6 por ciento del producto interno
bruto (PIB), y el 70 por ciento de esos
comprobantes fiscales falsos son adquiridos
por entidades del sector público”.
No obstante, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público advirtió en marzo del presente
el grave problema que representa la
evasión y elusión fiscal para el país, la cual,
de acuerdo con la dependencia, representa
entre 3 y 4 puntos del PIB.
No cabe duda de que los particulares
han llevado a cabo dichas operaciones al total
amparo de nuestras autoridades, incluso
de manera muy preocupante desde el Gobierno
Federal, dado que los recursos públicos
destinados para la compra de bienes
y servicios no han sido lo suficientemente
blindados frente a la corrupción de la que
han sido parte gobernantes y funcionarios
públicos en colusión con empresas y contratistas
que influyen y se favorecen de adjudicaciones
directas en perjuicio del bien
común y que ha desatendido demandas
básicas de la población como educación,
salud y vivienda.
Cabe señalar que el beneficio de las personas
que compran facturas es que reciben
el efectivo de la transacción, restándole la
comisión que cobra la empresa o persona
física que vende la factura, por lo que la
carga monetaria del comprador de la factura
ronda entre el 4 y el 7 por ciento de la
totalidad de la transacción.
El procurador fiscal recientemente reconoció
que defraudar al fisco se ha convertido
en un “deporte nacional” que se estima
en un quebranto fiscal por empresas
fantasma o facturas falsas de 500,000 millones
de pesos anuales, cifra que equivale
a la décima parte del presupuesto público
del país o al ahorro que se espera lograr con
las medidas de austeridad, o bien, superior
al presupuesto conjunto de la Secretaría de
Salud y la de Educación.
Como dato importante, en ningún caso
hay algún encarcelado por el delito de compra-venta
de facturas, cuando se trata de un
boquete al erario tan grave que comprende
una amplia red de vendedores y compradores
de facturas, cuyas operaciones también
son objeto de lavado de dinero.
COMPRAVENTA DE FACTURAS:
DE ESTRATEGIA FISCAL A DELITO
DE SEGURIDAD NACIONAL
En la actualidad y durante muchos años, la
compra de facturas apócrifas ha sido una
práctica común, considerada incluso como
una “buena estrategia fiscal” para pagar
menos impuestos. Sin embargo, dicha conducta
se encuentra tipificada como delito
de defraudación fiscal y tiene graves consecuencias
legales de acuerdo con lo dispuesto
por el Código Fiscal de la Federación, el
cual prohíbe tajantemente expedir, vender o
comprar comprobantes fiscales que amparen
operaciones inexistentes, falsas o actos
jurídicos simulados.
Ante ello, los legisladores han tomado
cartas en el asunto y buscan endurecer aún
más las penas y castigar dicho delito hasta
con ocho años de prisión, en virtud de que
existe una iniciativa de ley que incluso ya
fue aprobada el pasado 10 de septiembre
por el Senado en lo general, que propone
catalogar dicha conducta como delincuencia
organizada y, en consecuencia, que
amerite prisión preventiva oficiosa, es decir,
que las personas que sean investigadas por
realizar dichos actos tendrán que llevar un
proceso privadas de su libertad.
FOTO: CARLO ECHEGOYEN
44 NEWSWEEK MÉXICO

Los miembros
del despacho son
profesionales que
han tenido una gran
experiencia en el
estudio y litigio del
derecho en sus
diversas ramas.
De acuerdo con los legisladores, dicha
reforma es necesaria en virtud de que el
país requiere una revisión y un cambio
sustancial en el marco legal para lograr una
mayor transparencia, eficacia en el ejercicio
de los recursos públicos, mayor control y
vigilancia por parte de las instancias competentes
para prevenir, investigar, denunciar
e imponer sanciones, para obtener
resultados diferentes que permitan ir en
contra de los evasores fiscales con nombre
y apellido, haciendo énfasis en que, “al
combatir la compra-venta de facturas falsas,
se estarán blindando los ingresos públicos
del país, su estabilidad y el bienestar
de la población”.
Contrario a lo anterior, hay quienes califican
la reforma como “terrorismo fiscal”,
al señalar que criminaliza a contribuyentes
que, sin dolo, cometen errores en su declaración
fiscal.
Lo más preocupante de dicha propuesta
es que no diferencia entre empresarios
que actúan de buena fe y que por “error” o
falta de información pudieran poseer una
factura falsa, y quienes hacen de las facturas
apócrifas un modo de vida, situación
que afectará de manera directa el patrimonio
e incluso la libertad de los contribuyentes.
No debe perderse de vista que el procedimiento
a través del cual las autoridades
fiscales podrán detectar este tipo de
prácticas será invasivo, sin previo aviso ni
autorización del contribuyente a través de
revisiones electrónicas. En caso de que el
SAT notifique que el contribuyente tiene
facturas que no se pueden justificar, estará
obligado a probar su inocencia y justificar
inmediatamente sus actividades, así como
el origen y destino de las facturas y activos
con la finalidad de demostrar que los documentos
y los servicios o productos que
amparan son reales. De lo contrario, se
tendrá por acreditado que dichas facturas
fueron compradas ilícitamente y se iniciará
el procedimiento penal en su contra.
Será responsabilidad de los legisladores
lograr una reforma equilibrada que sancione
la facturación falsa, pero también salvaguarde
los derechos de los contribuyentes
cumplidos.
Sin embargo,
es recomendable
que los contribuyentes
no se
dejen llevar por
promesas falsas
de ahorro en
el pago de sus
contribuciones,
ya que dichas
prácticas no son
legales.
Asimismo, resulta necesario que el
contribuyente se informe y se asesore
correctamente con expertos en la materia
y abogados en defensa fiscal para
tomar las debidas precauciones y cerciorarse
de que cada factura que posee
fue obtenida de manera legal o que no
se encuentre en la lista negra del SAT. La
información adecuada es su mejor arma
para no poner en riesgo sus bienes y su
libertad personal.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
—Asesoría legal y contable especializada
en materia fiscal.
—Revisión y verificación periódica de
la documentación (facturas).
—Capacitación preventiva al personal
de empresas.
MAYA Y NEHMAD ABOGADOS
Especialidades: materia penal, materia mercantil, materia familiar,
arrendamiento, contratos y fideicomiso, auditoría legal, migratorio,
propiedad industrial y derecho de autor.
Boulevard Manuel Ávila Camacho 184, piso 11-A, Torre del Árbol.
Col. Lomas de San Isidro. C. P. 11620, CDMX.
Tels. 55 5281 2263 y 55 5280 2101
NEWSWEEK MÉXICO
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Escuelas de derecho,
una panacea para los actuales tiempos
A lo largo de los años, en México las áreas
de especialización de la abogacía han
crecido de manera exponencial.
Decía el filósofo Emmanuel Kant
que el derecho es el conjunto de
condiciones que permiten a la libertad
de cada uno acomodarse
a la libertad de todos. De ahí que,
desde tiempos remotos, las distintas culturas
han establecido las leyes en las que se puedan
delimitar dichas libertades. Ejemplos de ello
son El Código de Hammurabi, que data de
1760 a. C., considerada la primera manifestación
jurídica impresa, y el Cuerpo de Derecho
Civil (Corpus iuris civilis), que reunió constituciones
imperiales y jurisprudencia romana
del año 117 al 565.
El derecho, ya como carrera, fue incluida
en la primera universidad, la de Bolonia,
en 1088. En México, fue la Real y Pontificia
Universidad de México, creada por Carlos V e
inaugurada en 1533, el primer recinto donde
se impartió la cátedra de leyes, y el 21 de junio
de 1760 se fundó el Ilustre y Real Colegio de
Abogados de México.
Hoy la escuela más antigua que sobrevive
es la Facultad de Derecho de la UNAM, sucesora
de la entonces Escuela de Jurisprudencia,
creada en 1867 como una escuela profesional
en la que se impartían las carreras para ser
abogado, notario o agente de negocios. Los
abogados egresados de sus aulas, tras seis
años de estudio, podían dedicarse profesionalmente
al litigio o al desempeño de la administración
judicial.
A lo largo de los años las áreas de especialización
de la carrera y el campo laboral
han crecido de manera exponencial. Aquí te
compartimos, en orden alfabético, algunas de
las escuelas para estudiar derecho en el país,
así como sus propuestas educativas.
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUEBLA
Destaca: por ofrecer la carrera en sistema escolarizado
y semiescolarizado.
Propuesta educativa: su formación se
divide en derecho privado (civil, familiar y
mercantil), derecho social (del trabajo y seguridad
social), derecho público penal, derecho
público en sus variaciones de constitucional y
amparo o fiscal y derecho público social (económico
e internacional), así como el área de
investigación jurídica.
Semestres: 8.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y DOCENCIA ECONÓMICAS
Destaca: por ser una escuela de alto rendimiento
que busca un gran nivel de excelencia
en sus alumnos, a los cuales prepara para
ser altamente competitivos en su área a escala
internacional.
Propuesta educativa: sus egresados están
preparados para sumarse a la administración
pública y la investigación. Su objetivo es formar
abogados “mediante el análisis sistémico
de casos y de problemas jurídicos, con habilidades
para solucionar problemas complejos
con base en una formación teórica sólida”.
Semestres: 8.
ESCUELA LIBRE DE DERECHO
Destaca: por ser una de las más importantes
escuelas de derecho del país. Su principal propuesta
es la cátedra libre y se especializa en la
formación de servidores públicos.
Propuesta educativa: su plan de estudio
permite la especialización en cinco ramas:
administrativa, propiedad y recursos naturales,
procesal, mercantil-corporativo, civil y
formación teórica.
Semestres: 10.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
AUTÓNOMO DE MÉXICO
Destaca: por su formación académica apoyada
en foros, congresos y seminarios. Fomenta
que sus alumnos participen en concursos
sobre simulacros y juicios como el P. Jessup,
el de la Corte Penal Internacional, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de
arbitraje comercial o de derecho de la OMC.
Propuesta educativa: se considera pionera
en ofrecer el desarrollo de habilidades en
áreas como derecho internacional público,
derechos humanos, derecho humanitario,
derecho penal internacional y arbitraje comercial.
Semestres: 9.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE MONTERREY
Destaca: por ser la primera universidad nombrada
como Institución de Excelencia Académica
por la Secretaría de Educación Pública
de México. La fundaron los jesuitas en 1957.
Propuesta educativa: promueve la participación
de los alumnos en concursos,
congresos y prácticas nacionales e internacionales.
Entre las materias que ofrece
se encuentran criminalística, criminología,
contratos internacionales, derechos de la
seguridad social y clínicas, resolución de
conflictos, paz y desarrollo.
Semestres: 9.
UNIVERSIDAD ANÁHUAC
Destaca: por el programa Café Chesterton, actividad
organizada por el Centro de Derechos
Humanos que fomenta el debate y el pensamiento
crítico. Varios de sus docentes pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores.
Propuesta educativa: sus áreas de profesionalización
incluyen derecho corporativo,
comercio internacional, administración pública
y ciencias penales. Cuenta con el programa
Empleo Seguro, en el que participan
varias empresas que brindan la oportunidad
a los estudiantes de excelencia de hacer sus
prácticas profesionales y les aseguran su contratación.
Semestres: 10.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN
Destaca: por tener seis campos distribuidos
46 NEWSWEEK MÉXICO

El estudio del derecho en México goza de un amplio prestigio y reconocimiento.
FOTO: ADOBE STOCK
en Monterrey y en el área metropolitana de
Nuevo León.
Propuesta educativa: ofrece las carreras
de derecho y criminología, ambas en la
modalidad mixta. Los egresados de derecho
pueden acreditarse en los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación
Superior, A. C.; el Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior, A. C. y, a
escala internacional, ante el Generation of
Resources for Accreditation in Nations of the
America, en Canadá.
Semestres: 10.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA
Destaca: por tener un bufete jurídico mediante
el cual sus estudiantes apoyan a personas
de escasos recursos.
Propuesta educativa: ofrece especialización
en régimen de la administración y las
finanzas públicas, ciencias penales y criminológicas,
derecho del trabajo y de la seguridad
social. las modalidades de titulación son
por proyecto terminal, por promedio o por
experiencia laboral.
Trimestres: 12.
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Destaca: por ser considerada la segunda
universidad pública más importante a escala
nacional después de la UNAM. Posee
15 campus en el estado de Jalisco y cuenta
con siete salas de práctica para juicios orales.
Propuesta educativa: dependiendo del
plantel, el título puede ser de licenciatura en
derecho o abogado y se puede elegir entre la
modalidad escolarizada o semiescolarizada.
Semestres: 9.
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
PUEBLA
Destaca: por estar acreditada por el Southern
Association of Colleges and Schools
– Commission on Colleges (Sacscoc), en los
niveles de licenciatura, maestría y doctorado.
Propuesta educativa: además del título
y cédula profesional, al terminar la licenciatura
el alumno recibe un título avalado por
el Sacscoc con reconocimiento en todo el
mundo. El programa incluye 11 materias de
habilidades y prácticas legales, 11 de derecho
corporativo y 18 de fundamentos teóricos
del derecho.
Semestres: 8.
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Destaca: por especializarse en tratados internacionales,
derechos humanos, derecho
internacional, juicios orales y medios alternativos
para la solución de controversias.
Propuesta educativa: el nuevo plan de
estudios atiende cinco temas fundamentales
para la sociedad mexicana: justicia; protección
de los derechos humanos; seguridad;
protección del medioambiente y una mejor
distribución de la riqueza.
Semestres: 9.
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
Destaca: por ser la más antigua del país y
contar con un bufete jurídico que brinda
asesoría gratuita a personas de bajos recursos.
Propuesta educativa: el plan de estudios
2020 apuesta por la orientación “iusfilosófica
neoconstitucionalista, garantista”, cuyo
contenido de la norma y validez se deberán
entender conforme a los derechos humanos
integrados en la Constitución y en los tratados
internacionales.
Será el primer plan de estudios que promueva
“un sistema de enseñanza-aprendizaje
que incorpore de manera transversal,
en todas las asignaturas, la perspectiva de
género, el enfoque de derechos humanos y
el estudio del convencionalismo”.
Semestres: 10.
NEWSWEEK MÉXICO
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Ortega Abogados Asociados SC:
Somos enemigos de hacer promesas que no podremos cumplir
Desde su fundación, en el año 1973, este despacho
se ha caracterizado por su tradición de excelencia en
la amplia gama de servicios jurídicos que ofrece.
Fundado hace más de 46 años, Ortega
Abogados ofrece a su clientela
nacional e internacional una amplia
gama de servicios integrales que ha
convertido a esta firma en una de las
más prestigiosas del país.
Integrada por profesionales con amplia
experiencia, los abogados de este despacho
han ocupado destacadas posiciones en la
administración pública, la procuración de
justicia y la educación; además de que son
continuamente llamados a impartir cátedras
y pláticas en importantes foros nacionales e
internacionales.
Con el paso de los años, Ortega Abogados
ha logrado mantener excelentes relaciones
de trabajo con los sectores financiero, industrial
y empresarial, así como un trato atento
y respetuoso con las diversas autoridades del
gobierno mexicano.
En la actualidad los servicios legales que
ofrece están concentrados en el litigio, particularmente
en los rubros civil, mercantil, penal,
administrativo, familiar y de concursos
mercantiles.
“Tenemos socios especializados en cada
una de esas ramas, lo que nos permite que,
cuando se somete a consideración un asunto,
el equipo interdisciplinario pueda analizar el
tema y proporcionar estrategias prácticas y
novedosas que se adecuen a las necesidades
del cliente.
“Así, habrá ocasiones en que un asunto
por ejemplo pueda tener derivaciones de litigio
mercantil y penal o bien familiar y penal,
en cuyo caso el cliente no tendrá la necesidad
de acudir a dos despachos de abogados para
que atiendan su asunto, sino que aquí podemos
darle esa solución y a un costo mucho
más razonable”, considera José María Ortega
Ortiz, socio de la firma.
ESTRATEGIAS PRÁCTICAS
Y NOVEDOSAS
El objetivo del bufete es poder representar a
“En el despacho tenemos la convicción de que a los clientes hay que comunicarles
con claridad cuáles son sus posibilidades reales de éxito”.
sus clientes con estrategias prácticas y novedosas,
ya que sus abogados cuentan con experiencia
en negociaciones, mediación, arbitraje
y litigio.
“La ética y la honestidad son pilares fundamentales
en el ejercicio de cualquier profesión,
más aún en el derecho, ya que el cliente
pone en tus manos su patrimonio y a veces
hasta su libertad.
“En el despacho tenemos la convicción de
que a los clientes hay que comunicarles con
claridad cuáles son sus posibilidades reales
de éxito en sus asuntos y, eso sí, intentar, con
dedicación y esfuerzo, potencializar los resultados.
Somos enemigos de hacer promesas
que no podremos cumplir. Nuestra ética y resultados
nos han llevado a estar en el mercado
ofreciendo servicios de excelencia por prácticamente
cinco décadas. Queremos continuar
en esa ruta por muchos años más con las nuevas
generaciones que se están formando en el
interior”, añade Ortega Ortiz.
La firma cuenta con abogados especializados
en diversas ramas capaces de trabajar en
inglés y español, y están preparados para atender
con eficiencia y oportunidad las complejas
necesidades de su clientela.
“Estamos viviendo una etapa diferente
con esta nueva administración en el gobierno
federal, la cual busca hacer cambios, dejar su
huella, y así hemos sido testigos de sus ajustes.
Confiamos en que se respetará la división de
los tres poderes de la Unión, principalmente
la autonomía del Poder Judicial, para que este
pueda continuar conduciéndose con independencia
y sin la intervención de terceros en su
quehacer de impartición de justicia”, finaliza
Ortega Ortiz.
FOTO: CARLO ECHEGOYEN
48 NEWSWEEK MÉXICO

NUESTRO OBJETIVO:
Representar a nuestros clientes con
estrategias prácticas y novedosas e
implementarlas de forma eficiente.
NUESTROS ABOGADOS
CUENTAN CON EXPERIENCIA EN:
Litigio Civil
Litigio Mercantil
Concursos Mercantiles
Litigio Penal
Litigio Administrativo
Litigio Familiar
Arbitraje
Marsella No. 21. Col. Juárez. Ciudad de México, C.P. 06600
Tel. 55 5566-0199; 55 5535-1586; 55 5703-2147
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