Edicion 20200206

6 Página SIETE M i é rc o l e s 5 de febrero de 2020
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Un jurista se preguntó si es ético que el autor intelectual de un fraude aspire a un escaño
Aseguran que Morales puede quedar
fuera de la papeleta por dos causales
l POLÉMICA Analistas indican que el requisito de radicatoria y el que haya solicitado refugio en Argentina
juegan en su contra. En el partido azul sostienen que si se habilita a Cossio, Morales debe seguir en carrera.
Luis Escobar / La Paz
Expertos consideran que
Evo Morales puede ser inhabilitado
como candidato
a primer senador por Cochabamba
porque incumple con la
residencia mínima de dos años
en la región a la que postula, y
porque al ser un refugiado político
en Argentina está impedido
de hacer campaña política.
El constitucionalista Luis Vásquez
Villamor hizo un análisis de
la normativa internacional y nacional
sobre la materia. En el primer
caso, explicó que la convención
de Viena de 1950 sobre el Estatuto
del Refugiado rige para el
caso de Morales.
El expresidente renunció el 10
de noviembre de 2019, tras el
fraude. Dos días después se fue a
México y luego viajó a Argentina
donde solicitó refugio político.
Pese a esa situación, el MAS lo
inscribió como candidato.
“La convención de Viena establece
que las personas a las que se
les brinda protección especial tienen
una condicionante: que no
pueden participar de la vida política
ni del Estado originario o del
Estado receptor. Eso quiere decir
que la participación política no le
está permitida”, precisó el jurista.
Respecto al análisis de la normativa
nacional, Villamor puso
bajo la lupa lo que establece la
Constitución y la Ley del Órgano
Electoral sobre la materia.
En ambos -explicó- se establece
que para candidatura a la
Asamblea, el postulante debe
acreditar un domicilio en el país,
en la circunscripción a la que
pretende postular.
Evo Morales en
una anterior ent
rev i sta .
“El Tribunal Supremo
Electoral tiene
que ver si los postulantes
cumplen
con todos los requisitos
de ley”.
Sergio Choque, presidente de la
Cámara de Diputados
“En el caso de Morales, debe
acreditar un domicilio en el departamento
de Cochabamba, y
sabemos que no lo tiene. Además,
la ley electoral señala que
esto debe ser comprobado por
una certificación domiciliaria,
legalmente obtenida”, afirmó.
Vásquez concluyó que ambas
normas “hacen imposible que
Evo Morales pueda participar en
las elecciones”.
“El tema es que no
cumple ya los requisitos
porque ya
no reside permanentemente
en Bolivia,
sino en Arge
n t i n a ”.
Marco Baldivieso, analista
Por su parte, el constitucionalista
José Antonio Rivera aseguró
que el principal conflicto es su
residencia. “Habrá que esperar
que el Órgano Electora verifique
si el ciudadano cumple con el requisito
específico previsto por el
Artículo 149 de la Constitución
que prevé el requisito específico
de la residencia permanente en
la respectiva circunscripción,
por un plazo no menor de dos
TEL AM
“Evo está fuera del
país, tiene un carnet
de residente en
México y no puede
ser candidato (...)
Cossio estaba fuera
del país 10 años”.
Amilcar Barral, diputado
años inmediatamente anteriores
a la elección”, afirmó.
El segundo nivel de análisis que
hizo el constitucionalista es el ético.
“Corresponde preguntarse si
es ético que alguien que fue autor
intelectual de un fraude electoral
(…), de una persona que incurrió
en actos ilícitos tipificados legalmente
como terrorismo, delitos
de lesa humanidad puede postular
a un escaño en la Asamblea”,
cuestionó el jurista.
Jorge Tuto Quiroga, candidato
de Libre 21, afirmó que Morales
sólo busca inmunidad. “En 14
años de autoritarismo, él aprendió
que hay una diferencia central
entre ser congresal y ser ciudadano.
El congresista no puede
ser materia de arresto preventivo
por decir o hacer barbaridades,
él lo sabe bien”, afirmó.
Tuto explicó que un eventual
juicio contra Morales puede durar
años. “(El problema) es la fase de
medidas cautelares y si él es congresista
sabe que no puede ser materia
de arresto preventivo”, sostuvo.
Caso Cossio
Los expertos consideran que el
caso de Mario Cossio, candidato a
primer senador por Tarija por
Creemos, es diferente porque el
postulante vive en el país.
Vásquez indicó que el caso del
exprefecto de Tarija es distinto
del de Morales porque, antes que
nada, Cossio vive en el país. El
constitucionalista sugirió que
recurra al TCP en busca de una
interpretación. “Debe buscar
una interpretación constitucional
y que el TCP le diga que le fue
arrebatado su derecho de vivir
en Bolivia, que ha tenido que ir al
exterior y acogerse al refugio internacional”,
afirmó.
También consideró que Cossio
puede pedir una medida cautelar
a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
El presidente de Diputados,
Sergio Choque (MAS), afirmó
que si es habilitado el candidato
Cossio, también debe ser habilitado
Morales, según Erbol.
Comunidad de Derechos Humanos
Una de las recomendaciones es que se “re fo r m e”la independencia judicial
Piden a frentes “tomar en cuenta”sugerencias del EPU
Encuentro en el que se conocieron
las sugerencias.
Página Siete / La Paz
Mónica Bayá, secretaria técnica
de la Comunidad de
Derechos Humanos de Bolivia,
indicó ayer que se espera que las
organizaciones políticas que están
en carrera electoral tomen en
cuenta las recomendaciones que
se hicieron al Estado boliviano
en el Examen Periódico Universal
(EPU).
“Esperamos que las autoridades,
pero también quienes están
en proceso electoral para llegar
con meta al próximo Gobierno,
tomen en cuenta estas recomendaciones”,
sostuvo Bayá.
El EPU es un mecanismo a través
del cual el Consejo de Derechos
Humanos examina la situación
de los derechos humanos en
los 193 Estados miembro de las
Naciones Unidas.
El 5 de noviembre, Bolivia asistió
a Ginebra para rendir el Examen
Periódico Universal. En esa
oportunidad, las representaciones
de varios países emitieron
una serie de recomendaciones.
El próximo 10 de febrero, el Estado
debe dar una respuesta a las
sugerencias que recibió.
Entre las recomendaciones están:
reformar la independencia
judicial, aprobar una ley de acceso
a la información, eliminar
cualquier forma de presión, monitoreo
o vigilancia contra periodistas
y reporteros, enmendar
requisitos legales que limitan los
derechos de la sociedad civil a la
reunión y asociación pacíficas.
“Estamos pidiendo al Estado,
estamos pidiendo al Gobierno,
que en esta declaración que haga
a las recomendaciones dé su
apoyo al conjunto de ellas, porque
creemos que responde a un
conjunto de problemáticas diversas
que tenemos en el país y
que refleja las demandas de varios
sectores, principalmente de
aquellos que se encuentran en situación
de vulnerabilidad”, manifestó
Bayá.