Impreso -10-02-21

10 Opinión
El Nacional
M i é rco l es 10 de Fe b re ro de 2021
E D I TO R I A L
Democracia USA
Donald Trump se convirtió
ayer en el primer presidente
de Estados Unidos sometido
a dos juicios políticos
durante su mandato, aunque el segundo
“i m p e a c h m e n t” se inicia formalmente
cuando ya no tiene la condición
de jefe de Estado, lo que también
crea un hito en la historia política
e institucional de esa nación.
En la primera ocasión, la Cámara de
Representantes acusó a Trump de obstruir
la justicia en una investigación
federal sobre presuntas presiones que
habría ejercido para que el gobierno de
Ucrania formalizara acusación penal
contra un hijo del hoy presidente Joe
Biden, su potencial rival en las elecciones
de noviembre.
Trump es acusado de “incitación a la
i n s u r re c c i ó n”, cuando el 6 de enero
improvisó un discurso ante una multitud
frente a la Casa Blanca a la que
dijo que “si no lucháis como el demonio,
nunca más tendréis un país”,
y acto seguido una turba asaltó al
Capitolio, para impedir que el Congreso
certificara la victoria electoral
de Biden.
Previo al juicio formal se ha debatido
el criterio confrontado entre abogados
de Trump y fiscales demócratas sobre
si la Constitución de Estados Unidos
admite o prohíbe que el Congreso
Editado por Publicaciones ¡Ahora! S.A.S.
Desde el 11 de septiembre de 1966
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa
CARTAS DE LOS LECTORES
Plan vacunación
El programa de vacunación
que desarrollarán las autoridades
sanitarias del país debe
tomar en cuenta también indicadores
epidemiológicos
como el nivel de pobreza por
territorio, alta concentración
de población y acceso a los
servicios sanitarios.
El programa que están preparando
las autoridades sanitarias
para el calendario que
usarán en el desarrollo de la
campaña de vacuna, enfatiza
en los indicadores biomédicos
como edad y factores de riesgos
asociados a la mortalidad
por convid-19.
Como las vacunas llegarán
al país de forma paulatina,
D i re cto r
S u b d i re cto r
Jefe de Redacción
Ad m i n i st ra d o r
Bolívar Díaz Gómez
José Antonio Torres
Héctor Minaya
Juan Carlos Camino
Miembro de la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc
estamos obligados a desarrollar
un calendario que permita
ir atendiendo a las poblaciones
más vulnerables no solo
tomando en cuenta indicadores
biológicos, sino y, además,
otros indicadores epidemiológicos
como son los niveles
de pobreza y el acceso a los
servicios de salud.
Los datos que ha ido suministrando
la Dirección General
de Epidemiologia del Ministerio
de Salud, a través de los
boletines especiales, indican que
la tasa de mortalidad es más alta
entre las personas de mayor edad
y entre aquellas que padecen
alguna otra enfermedad, pero es
probable que esa población coincida
con sectores sociales de bajos
ingresos, de escaso acceso a
los servicios sanitarios y que
viven en lugares inadecuados.
En ese sentido, para priorizar
los sectores que serán
vacunados y elaborar un calendario
que permita atender
con eficiencia a la población,
las autoridades pueden construir
un indicador de población
tomando en cuenta la
cantidad de personas afectadas
por covid-19 sobre un común
denominador de habitantes
y cruzarlo con los niveles
de pobreza por provincia
o municipios.
Para mí está claro que la
primera línea de ataque en el
calendario de vacunación lo
constituyen los trabajadores
de la salud y los militares, pero
en la segunda, deben aparecer
juzgue a un expresidente por un delito
que fue imputado cuando ostentaba
esa condición.
Aunque resulta poco probable que
en este segundo juicio político el
exmandatario sea declarado culpable,
porque no se alcanzaría la mayoría
requerida, pero si así sucediera, se
produciría otra confrontación sobre
el tipo de sanción que se aplicaría,
que no puede ser la destitución ni la
inhabilitación.
La acusación contra Trump fue formalizada
por la Cámara de Representantes
el 13 de enero, por lo que el
juicio político debe concluir aun cuando
ya no es inquilino de la Casa Blanca,
más aún porque la bancada demócrata
señala que el delito imputado a Trump
es la más grave imputación atribuida a
un mandatario en la historia de Estados
Unidos.
El artículo II, sección 4, de la Constitución
estadounidense refiere que “el
presidente, vicepresidente y todos los
funcionarios civiles de Estados Unidos
serán retirados del cargo al ser acusados
y declarados culpables de traición,
sobornos, y otros delitos y faltas
g ra ve s”, pero no se refiere a un “ex -
p re s i d e n t e”, aunque los gestores del
“i m p e a c h m e n t” sostienen que fue incoado
y aprobado cuando ostentaba la
jefatura del Estado.
En ese proceso histórico, lo más probable
es que Donald Trump resulte de
nuevo absuelto, y que si fuera declarado
culpable, ningún texto de ley o
jurisprudencia podría arrojar luz sobre
el tipo de sanción que se le impondría,
pero aun así, la democracia prevalecerá
en esa gran nación.
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las personas mayores de edad
que viven en lugares con niveles
altos de pobreza donde,
según los registros oficiales,
las tasas de positividad diaria y
acumulada siguen altas.
Esto permitirá ir delante de
la pandemia evitando nuevos
casos de la enfermedad hasta
alcanzar la cobertura de vacunación
contemplada en el
plan de vacunación que es
elaborado por las autoridades
de salud, meta que podría requerir
varios meses de trabajo
sin interrupción.
La campaña de vacunación
debe tomar en cuenta a personas
de otras nacionales que
estén en territorio nacional sin
importar su estatus migratorio.
Dr. Carlos Sánchez
Juan Taveras
H e r n á n d ez
j u a n t h 0 4 @ h ot m a i l . co m
A n to l i a n o
y otro país
Cuba es otro país después de la
revolución que encabezó Fidel
Castro. China es otro país después
de la revolución dirigida por
el gran “t i m o n e l” Mao Tse-Tung. Rusia fue
otro país después de la primera revolución
proletaria Bolchevique de Vladimir,
Stalin, Trotsky, entre otros. Los países
que hicieron revoluciones burguesas en
Europa también fueron otros.
La Unidad Popular en Chile, con Salvador
Allende elegido democráticamente,
intentó convertir la patria de Neruda en
otro país, pero la oligarquía con el apoyo
de la CIA y las transnacionales estadounidenses
asaltaron el Palacio de la
Moneda, lo derrocaron y lo mataron. El
camino hacia el socialismo mediante
elecciones es imposible o muy largo.
Las revoluciones son sinónimo de cambios,
de transformaciones, de sustituciones
de un sistema económico, político
y social, por otro, casi siempre más avanzado
y progresista. Es la dialéctica social
que impide el estancamiento de las cosas,
incluyendo a los seres humanos.
Mi viejo compañero de tertulia literaria,
Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder
Ejecutivo, está convencido de que la
República Dominicana será otro país cuando
concluya el periodo de cambios que
patrocina el presidente Luis Abinader, sin
una revolución violenta, es decir, sin fusiles.
Será entonces dentro del sistema de la
democracia representativa, que, en el caso
nuestro, requiere -ciertamente- de una reestructuración
para hacerlo real y eficiente.
La democracia dominicana tiene demasiadas
falencias. El Estado dominicano
está concebido para favorecer a grupos
económicos, políticos y religiosos (aún
tenemos vigente el anacrónico Concordato)
que obtienen la mayoría de las
riquezas nacionales mientras el pueblo se
mantiene en la pobreza y la marginalidad,
en un círculo vicioso que reproduce constantemente
la desigualdad.
La corrupción ancestral, endémica, ha sido
un factor determinante que pocos mandatarios
en la historia han enfrentado seriamente,
y los que han intentado suprimirla
han terminado derrocados o muertos.
Luis Abinader tiene un compromiso con
su familia, con su pueblo y con la historia.
No quiere pasar como uno más, quiere
dejar un legado para las generaciones
venideras. Sabe que corre riesgos, pero los
enfrentará sin importarle las consecuencias.
Como dice Benedetti, uno de los
poetas preferidos de Antoliano, “uno no
siempre hace lo que quiere, pero tiene el
derecho de no hacer lo que no quiere”.
Para que “este país sea otro” en términos
institucionales y democrático, se requiere
de un Ministerio Público independiente, y
para lograr esa independencia de la política
partidaria, es necesario constitucionalizarlo,
crear un Ministerio de Justicia
dotado de los recursos económicos,
humanos y técnicos para que pueda actuar
sin pedir permiso.