Listín Diario 21-03-2023

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SANTO DOMINGO, RD. MARTES, 21 DE MARZO DE 2023
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La República
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do pruebas irrefutables del uso
de recursos del Estado en la
compra de alcaldes y dirigentes
de otros partidos, y tampoco
esto ha tenido consecuencias”,
puntualizó Mariotti,
Investigar a Abinader
Mariotti pidió al ministerio
público que investigue al presidente
Abinader porque el
también imputado, Ángel
Lockward, ha declarado que
le entregó RD$400 millones
al mandatario para la pasada
campaña electoral.
“Si el ministerio público objetivo
e independiente ha dicho
que ese dinero de Lockward
es ilícito, ¿por qué
entonces no ha investigado al
presidente de la República?”,
expresó el dirigente del PLD.
Respecto al financiamiento
ilícito de campaña, Mariotti
cuestionó “¿a quién financió
el narcotráfico, de qué partido
son los extraditados y los extraditables?”.
El secretario general del
PLD salió en defensa del grupo
señalado por el órgano acusador
de desfalco, falsificación
de documentos públicos
y privados, soborno, lavado
de activos, asociación de malhechores,
entre otras acusaciones.
“Con respecto a los acontecimientos
recientes, la discusión
sobre inocencia o culpabilidad
corresponde únicamente
a la justicia”, advirtió Mariotti.
Informó que el Comité Político
estará en sesión permanente
y llamó a la militancia
a estar alerta a las disposiciones
que emanarán del Comité
Central.
Simpatizantes
“Somos de Gonzalo y no tenemos
miedo”, vociferaban con
reiteración los seguidores en
las afueras de la Casa Nacional,
mientras sostenían pancartas
promoviendo la candidatura
presidencial de Abel
Martínez por el PLD.
Luego de concluirse la rueda
de prensa, los manifestantes
marcharon con banderas
alusivas al partido morado
hacia el Palacio de Justicia de
Ciudad Nueva, donde están
apresados los exfuncionarios
públicos.
El grupo peledeísta protestó
frente a las instalaciones de
la Fiscalía del Distrito Nacional.
generando un ambiente
de tensión que se elevó a un
enfrentamiento directo entre
ellos y un equipo de policías
del Palacio de Justicia.
LAS BOMBAS LACRIMÓGENAS
TERMINARON LA MARCHA DE
CONDENA A LA DETENCIÓN DE LOS
EXMINISTROS DE DANILO MEDINA.
JORGE MARTÍNEZ/LD
La Ley de Partidos
condena con multas
financiamiento ilícito
WANDA MÉNDEZ
Santo Domingo, RD
El financiamiento
ilícito
de campaña
política
es uno de los
delitos que la Procuraduría
Especializada contra
la Corrupción Administrativa
(Pepca) atribuye
haber incurrido al grupo
de exfuncionarios del pasado
gobierno que fueron
arrestados en la operación
Calamar, ejecutada
el pasado sábado.
Específicamente, el
ministerio público les imputa
haber violado los artículos
59, 63, 64 y 78 de
la Ley 33-18, sobre Partidos,
Agrupaciones y Movimientos
Políticos.
Las sanciones por ese
delito están contenidas
en el artículo 78, que establece
condenas de multas
por el doble del aporte
aceptado ilícitamente.
“En el caso de recibir financiamiento
ilegal, los
candidatos, partidos, agrupaciones
y movimientos políticos
y personas físicas o jurídicas
responsables serán
condenados al pago de una
multa del doble de la contribución
ilícitamente aceptada,
sin perjuicio de las sanciones
penales establecidas
en otras leyes”, establece la
ley en el numeral 4 del artículo
78.
En el artículo 64, la Ley 33-
18 enumera las donaciones
que caen en la ilicitud, entre
ellas los aportes realizados
por cualquier persona moral
de derecho público, salvo la
contribución estatal señalada
por ley.
También las contribuciones
de gobiernos e instituciones
extranjeras que no estén
establecidas con domicilio o
residencias fijas en el territorio
nacional, a excepción de
los aportes de organizaciones
extranjeras de carácter académico,
recibidas para la formación
política debidamente
documentadas y aprobadas
por el organismo de máxima
autoridad del partido, agrupación
o movimiento político
que corresponda.
Igualmente, los aportes
provenientes de personas físicas
o jurídicas vinculadas a
actividades ilícitas; los aportes
que no se puedan determinar
su procedencia u origen;
los préstamos y otras
concesiones de entidades
crediticias o no crediticias,
que no sean para un proyecto
en específico previamente
aprobado por el organismo
de máxima autoridad
del partido, así como de toda
otra actividad que comprometa
la independencia del
partido.
Por igual, las contribuciones
en bienes y servicios, y las
franquicias provenientes de
alguna de las personas físicas
o morales señaladas por este
apartado, así como las contribuciones
de personas físicas
subordinadas, cuando les
hayan sido impuestas por sus
superiores jerárquicos.
Patrimonio partidos
El artículo 59 de la Ley 33-
18 se refiere a la integración
del patrimonio de los partidos
y señala las fuentes lícitas
de donde debe provenir.
Estas son las contribuciones
de personas físicas, los bienes
y recursos autorizados
por sus estatutos, los bienes
adquiridos con fondos de la
propia entidad política y el
aporte del Estado.
“El patrimonio de los partidos,
agrupaciones y movimientos
políticos estará integrado
por las contribuciones
de personas físicas, los bienes
y los recursos que autoricen
sus estatutos y no sean
contrarios a la ley, así como
con los bienes muebles e inmuebles
que se adquieran
con fondos de la organización.
Asimismo, el patrimonio
se integrará con las contribuciones
del Estado en la
forma y la proporción establecidas
por esta ley y la legislación
electoral vigente.”,
dispone el artículo 59 de la
Ley 33-18.
Más adelante, en los 4
párrafos de ese artículo, la
legislación contiene el régimen
de prohibiciones e ilicitudes
en cuanto a la composición
del patrimonio.
Empieza señalando como
ilícito cualquier financiamiento
directo o indirecto
del Estado, que sea diferente
al porcentaje que fija la ley, o
de cualquiera de sus dependencias
u organismos autónomos
y descentralizados; de
los ayuntamientos o entidades
dependientes de éstos, de
empresas públicas y privadas,
y de capital extranjero.
Prohíbe que las entidades
políticas, dirigentes y militares
reciban donaciones o regalos
para costear su actividad
política partidaria, de
parte de los poderes del Estado,
de los ayuntamientos y
de la Junta Central Electoral
(JCE), el órgano constitucional
responsable de la administración
y organización de
los comicios.
Le está vedado también
que usen recursos públicos
de los poderes e instituciones
del Estado, incluido
los cabildos, para financiar
o apoyar las actividades de
rentabilidad electoral particular,
abarcando aquellas
que se deriven de inauguraciones
oficiales de obras
construidas durante el período
oficial de precampaña
partidaria y campaña de
elecciones generales.
La ley otorga facultad a la
JCE para regular y en caso
necesario anular, cualquier
operación ilícita de la cual
sea apoderada o tenga conocimiento
contra un partido
político.