Listín Diario 28-07-2022

SANTO DOMINGO, RD. JUEVES, 28 DE JULIO DE 2021
11
La República
Enfoque
JOSÉ BÁEZ GUERRERO
jbg@baezguerrero.net
Santo Domingo, RD
Los chismes,
intrigas y guerrillas
dentro
del sector
eléctrico estatal
deben tener al presidente
Luis Abinader al
coger el monte.
Quizás es de esperarse,
pues es un sector vital de la
economía, con participación
empresarial privada,
mixta y estatal, con alrededor
de una decena de entidades
públicas reguladoras.
El mercado eléctrico dominicano
podría facturar
en 2022 casi US$2,800 millones.
Es un estimado conservador,
en base a la facturación
de las EDEs en 2021,
de US$1,575 millones, que
sumando los aumentos recientes
podría ser en 2022
alrededor de US$2,000 millones,
más la facturación
de los sistemas aislados
de casi US$400 millones y
otros $400 millones de facturaciones
directas de generadores
a usuarios no regulados.
Es un mercado que en
2019 vio satisfecha una demanda
de 125,170,000
kWh, más de tres veces el
consumo en 1990 según la
División de Estadísticas de
Naciones Unidas. El Banco
Mundial resalta que el consumo
per cápita de energía
eléctrica en la República
Dominicana subió de 300
kWh en 1971 a 1,616 kWh
en 2014. Controlar el sector
eléctrico es ambicionado
por políticos, patriotas dispuestos
al sacrificio por la
patria y caballeros de industria,
pues aspiran a salir de
él muy ricos sin invertir ni
un chele, poniendo solo audacia
y corrupción en desmedro
del Erario.
¿Qué hará Abinader ante
las incesantes tiraderas y
camaleónicas maniobras de
veteranos funcionarios aparentemente
más interesados
en sus propias agendas
que en la del gobierno?
¿Tejemanejes variarán
gabinete eléctrico?
Las mentadas EDEs
El talón de Aquiles del Sistema
Eléctrico Nacional Interconectado
(SENI) es sin
duda alguna la flagrante
incapacidad de las empresas
estatales distribuidoras,
las EDEs del sur, este y norte,
que no operan eficazmente
sirviendo energía confiablemente,
a precios competitivos
y cobrando a sus clientes
ni pagando puntualmente
sus obligaciones con los demás
operadores, como los
generadores, las agencias gubernamentales
y la Empresa
de Transmisión Eléctrica Dominicana
(ETED).
Esta pésima administración
de las EDEs obliga
al gobierno a subsidiarlas.
¿QUÉ HARÁ
ABINADER ANTE
LAS INCESANTES
TIRADERAS Y
CAMALEÓNICAS
MANIOBRAS
DE VETERANOS
FUNCIONARIOS?
Hace un año, el gobierno
anunció que sólo dedicaría
RD$59,000 millones para
sostener las distribuidoras,
un 20% menos que en 2020.
Pero las alzas de hidrocarburos
en 2022 por la guerra de
Ucrania obligaron a aumentar
el subsidio con RD$6,201
millones sólo en los primeros
45 días de este año.
En este contexto, uno de
los mayores escándalos de
corrupción pendientes de
juicio es el “Caso Antipulpo”,
que mantiene bajo detención
preventiva a hermanos del
expresidente Danilo Medina,
imputados por ilícitos en las
distribuidoras. Los fraudes,
robos y otros delitos atribuidos
a Alexis Medina son por
más de RD$10,000 millones,
según la fiscal Yeni Berenice
Reinoso.
El 7 de julio pasado el presidente
designó presidente
del consejo unificado de las
tres EDEs al economista Manuel
Lara, quien administró
el Banco de Reservas cuando
gobernó Hipólito Mejía y fue
subsecretario de Finanzas bajo
Jorge Blanco. Lara relevó
al ministro de Energía y Minas,
Antonio Almonte, cuya
carga de responsabilidades
era abrumadora.
La estrepitosa incapacidad
de las EDEs, pese a leve mejoría
reciente, luce trágica ante
el reconocido éxito de empresas
privadas que ofrecen
servicio sin apagones, precios
competitivos y cobran casi el
100% de sus facturaciones.
Sierras y serruchos
La semana pasada el presidente
Abinader anunció que
revertirá ajustes de la tarifa
eléctrica acordados tras años
de discusión pública por todos
los actores del mercado
en el llamado “Pacto Eléctrico”,
firmado antes de la pandemia
del Covid y la guerra
de Ucrania que dispararon la
inflación y los precios de los
combustibles.
Apenas horas después,
desde el propio sector eléctrico
oficial fue “filtrada” a la
prensa una noticia fiambre:
que en mayo del 2021 en la
Superintendencia de Electricidad
se habían aumentado
los sueldos. La “denuncia” refería
sólo al superintendente
pese a que el incremento fue
para todos los empleados. Y
nada se dice de que, en otras
dependencias estatales, como
la Comisión Nacional de
Energía, se hayan realizado
aumentos mayores.
Semanas antes, la generadora
Seaboard, por motivo
de una disputa comercial con
competidores, había igualmente
intentado desacreditar
al superintendente de
Electricidad, uno de los funcionarios
de mayor confianza
del presidente Abinader.
Seaboard opera unas barcazas
en el río Ozama cuya mudanza
han exigido ambientalistas
tras inspecciones de
autoridades.
El aumento de sueldos en
la SIE, “denunciado” como
si fuese actual o ilegal, lleva
más de un año en el portal
de transparencia de la SIE,
que no recibe recursos del
presupuesto del Estado, ni
la rigen las normativas salariales
de las leyes No. 41-08
sobre Función Pública y No.
105-13 sobre compensaciones
gubernamentales, sino el
artículo 31 de la Ley de Electricidad
125-01, que manda
a remunerar al superintendente
de manera similar a
los más altos cargos ejecutivos
del sector privado, lo cual
aún no se cumple pese al reciente
aumento.
COMPRAR DE
URGENCIA O DE
EMERGENCIA
FACILITA LA
CORRUPCIÓN
Tras la andanada mediática
contra el superintendente,
este voluntariamente decidió
revertir los aumentos
suyo y de los otros dos directivos,
no así del personal de
la Superintendencia, pero la
CNE ni otros departamentos
estatales han revertido sus
aumentos.
Mediáticos
Mientras arden la pren-
sa y las redes entretenidas
con el extemporáneo infundio
del aumento salarial,
falso escándalo que
impidió al gobierno capitalizar
políticamente revertir
los aumentos de tarifa, se
anuncian licitaciones para
compras que lucen sospechosas
sin que nadie las denuncie.
Siempre es sospechoso
declarar de urgencia o
emergencia la adquisición
de cualquier insumo que
con un mínimo de destreza
gerencial se sabe cuándo
y cuánto hará falta,
como por ejemplo los seguros,
el material de oficina
gastable o, en el caso
de una empresa generadora
de electricidad, su combustible,
sea gas, fuel oil o
carbón.
Comprar de urgencia o
emergencia facilita la corrupción,
pues puede salir tan caro
o más que comprar en el
mercado spot, aparte de que
el transporte no programado
también es mucho más caro.
Un solo embarque de carbón
comprado de urgencia,
puede significar muchísimos
más millones de dólares pagados
de más que todos los
pesos de los sueldos eléctricos
denunciados como escandalosos.
Quizás tanto
amaraco mediático por salarios
—infamia usada anteriormente—
solo sirve para
desviar la atención de problemas
reales y gravísimos.
Liderazgo
El liderazgo del sector eléctrico
estatal según está estructurado
hoy debe corresponderle
al ministro de
Energía, Antonio Almonte,
pero Abinader estructuró un
“gabinete eléctrico” que preside
el ministro de la Presidencia,
con integrantes con
nivel de gerente de plantas
que al parecer maquinan para
controlar esferas fuera de
su alcance legal y político.
La incorporación de Lara
a la presidencia de las EDEs
puede significar el inicio de
una recomposición importante
del gabinete eléctrico,
en la que aparte de competencias
y destrezas, Abinader
deberá reconsiderar con gran
aplomo a cada funcionario
según la voluntad de apegarse
a la Ley, el valor de la
lealtad a su agenda gubernamental
y las conveniencias
políticas.
Es una excelente oportunidad
de deshacerse de las
quinta columnas con agenda
propia que tantos tejemanejes
intentan.