Petróleo y Revolución - Año 1 - Ministerio del Poder Popular de ...

Gabriel Duno
Editorial
No hay duda, muchas cosas continúan cambiando en
nuestro país. Luego de la recuperación del control de
PDVSA por parte del Estado venezolano, garantía de la
propiedad de toda la sociedad sobre su principal recurso, el
Gobierno bolivariano, a través del Ministerio de Energía y
Petróleo, ha impulsado con decisión la transformación de la
política petrolera que venían desarrollando los gobiernos del
puntofijismo en complicidad con la llamada "meritocracia".
Ahora decimos que nuestra política petrolera es
nacional, popular y revolucionaria, puesto que responde
verdaderamente a los intereses soberanos de reedificación
del país, tiene siempre presente a nuestro pueblo, sus
problemas, sus necesidades, sus anhelos, su desarrollo
integral, y es revolucionaria por cuanto se emplea como
locomotora para superar el nefasto esquema capitalista
impuesto por el coloso del norte con toda su carga de
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egoísmo, depredación y competencia
desmedida por el lucro.
El control sobre nuestros recursos
petroleros no tendría valor
revolucionario si no fuera porque ahora
están al servicio de su verdadero
dueño: nuestro pueblo. Es un hecho
que la distribución revolucionaria de la
renta se hace a favor del pueblo: el
estudiante que está sentado en un salón
de la Misión Ribas sabe que ese
televisor, ese video, esos libros, esa
posibilidad de ser incluido, se debe a la
renta petrolera. El que está transitando
por la Autopista de Oriente sabe que
esos recursos vienen del Fondespa. El
pueblo sabe que los metros, los trenes,
salen de allí, tiene pruebas directas en
un módulo Barrio Adentro de que
ahora el petróleo se utiliza en beneficio
del pueblo.
Bajo el impulso de estos principios
y apegados a la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, se
ha lanzado la política de Plena
Soberanía Petrolera, política que nos ha
permitido la liquidación de los deno-
minados convenios operativos, contra-
tos ilegales y perjudiciales por los
cuales la vieja PDVSA enmascaró
concesiones para entregar nuestros
recursos a empresas en su mayoría
extranjeras. Terminamos con esos
convenios, hemos dado un paso
fundamental ajustando a la nueva Ley
Orgánica de Hidrocarburos nuestras
relaciones con esas empresas, dándoles
además la oportunidad de operar bajo
el control soberano del Estado
venezolano bajo la figura de Empresas
Mixtas, con las condiciones impositivas
correspondientes, la mayoría accio-
narial de PDVSA, y la propiedad abso-
luta del Estado sobre nuestras reservas
de hidrocarburos.
También estamos ejerciendo
nuestra soberanía al diseñar y ejecutar
una geopolítica propia, ya que durante
más de 70 años nuestra política
petrolera estuvo dirigida a abastecer
los requerimientos del mercado esta-
dounidense. La llamada meritocra-cia
había estructurado un plan de "interna-
cionalización" para subvencio-nar el
petróleo enviado a EEUU, que, según el
Informe del Comisario de PDVSA del
año 1999, tenía descuentos directos de
entre 2 y 4 dólares, trans-firiendo al
exterior capitales cercanos a los siete
mil millones de dólares desde la firma
de esos convenios.
Nuestra respuesta geopolítica ya ha
dado sus primeros pasos. Estamos
preparados para diversificar nuestros
mercados y hemos iniciado un camino
de integración y complementariedad en
América Latina, proceso beneficioso,
sin precedente en nuestros pueblos.
Nuestros acuerdos en Petrocaribe y
Petrosur no contemplan descuentos,
sino compensaciones. No estamos
regalando nada, aceptamos como
contraparte bienes y servicios que,
además de ser necesarios, permiten
integrarnos, cumpliendo así el mandato
histórico del Libertador.
Con este nuevo número de
Petróleo y Revolución, esperamos
contribuir a la difusión del reto
inmenso que ha significado para
nuestro pueblo asumir la Plena
Soberanía Petrolera, esperando que
este conocimiento permita la elevación
de sus niveles de conciencia y la deter-
minación de defender el proceso revo-
lucionario que ha hecho posible su
concreción. La batalla continúa, aún
queda mucho por hacer.

Alfonso Ocando
El papá de una niña a quien cuidaba
motivó a la señora Ladisla a inscribirse
hace dos años en la Misión Robinson.
Motivada por la vejez de sus padres,
las imposibilidades para estudiar y la
pobreza, Ladisla Palma tuvo que
abandonar las muñecas y juegos
infantiles y a los nueve años dejó su
pueblo natal Capaya, ubicado en el
estado Miranda, para llegar a Caracas a
trabajar como doméstica.
“Tuve que madurar antes de tiempo;
mi mentalidad infantil fue llenada de
pensamientos laboriosos y responsables
que me llevaron a una búsqueda constante
de dinero”.
Para ese entonces “mi papá estaba
muy viejo y padecía de reumatismo; mi
mamá también estaba enferma con
várices en las piernas y sufría de lepra”.
Como cualquier infante, Ladisla
soñaba con aprender una profesión,
convertirse en enfermera, sin dejar a un
lado la esperanza de que sus
progenitores se recuperaran y le
permitieran regresar a los hermosos
campos de siembra en los que
acostumbraba a observar a su papá
cuando trabajaba.
“Yo me vine con mi hermana mayor
que tenía como quince años. Soy la
segunda de seis hermanos, los menores se
quedaron en Capaya ayudando en la casa,
luego se fueron viniendo en busca de
dinero y uno solo fue que pudo estudiar
más hasta llegar a sexto grado”.
Enfrentar enfermedades tan duras
motivó a que su papá también se viniera
a Caracas para ser cuidado; en muchas
oportunidades se tuvo que quedar solo
en casa mientras todos los hijos salían a
trabajar. “Para ese entonces las ayudas
gubernamentales eran muy difíciles, casi
imposibles”.
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Tras la muerte de sus padres, la
señora Ladisla retomó la idea de seguir
estudiando. “Mi primer hijo lo tuve a los
diecinueve, en total son siete”.
Afirma que la vida no le ha sido
fácil; el padre de sus hijos la ayudó en
el comienzo, pero “me salió malo” y hoy
en día llevan treinta años separados, “la
misma edad de mi hijo menor”.
Para aquel momento habitaba en El
Pedregal, pero cuando se separó de su
pareja tuvo la oportunidad de adquirir
una casa en Minas de Baruta, la misma
que ocupa en la actualidad. “Al principio
era un ranchito pero poco a poco y con la
ayuda de mis hijos se ha ido arreglando”.
En esa misma casa Ladisla comenzó
a trabajar cuidando niños y en eso
estuvo hasta hace poco tiempo.
Pruebas de vida
Con una mirada triste cuenta varias
de las duras batallas que enfrentó
durante su vida. Sus hijos por diferentes
razones no culminaron estudios. “Sólo
uno fue el que logró sacar el bachillerato.
La historia se repite con mi hijo mayor,
desde temprano salió a trabajar para
ayudarme en la casa”.
Al hablar de los sueños que le faltan
por cumplir, no olvida el que sus hijos se
animen a inscribirse en alguna misión
bolivariana. “Espero que mis hijos
aprovechen las oportunidades que el
presidente Chávez otorga al pueblo, porque
este gobierno, en comparación con otros, le
ha dado más apoyo al pueblo y
posibilidades de superación; gracias a la
Misión Robinson hoy sé leer y escribir”.
Actualmente vive con sus hijos y
nietos. Recuerda con agrado el día que
llegó a su casa y les dio la noticia a
todos del reinicio en el mundo del
aprendizaje, “ellos se alegraron y me han
apoyado mucho”.
Entre risas cuenta cómo sus nietos
la ayudan en matemáticas y “pierden
rápido la paciencia”. Y es que el sumar y
dividir para Ladisla resulta una tarea
muy difícil, por eso “prefiero las clases de
lenguaje”.
Su nieto Alberto García, de dieciocho
años de edad, dice: “Me parece maravilloso
que pueda aprender lo que no
sabía; yo le ayudo con las divisiones pero
no tengo paciencia. Cuando me dio la
noticia me emocioné mucho por ella”.
De igual forma, Gabriel León, otro
nieto, de quince años de edad, asegura:
“La ayudo en lo que puedo,
particularmente con los números, aunque
yo tengo más paciencia con ella”.
La oportunidad soñada
La Misión Robinson llegó a la vida
de Ladisla por medio del papá de una
niña que cuida hace dos años. “Él me
animó y me insistió para que fuese.
Después de mucho pensarlo, acepté, y el
señor me llevó al centro, me inscribió y esa
misma semana comencé las clases junto
con un grupo como de quince personas; la
experiencia es maravillosa y el grupo se ha
unido mucho”.
Ladisla confiesa sentir que dejó la
oscuridad intelectual en la que se
encontraba. “Cuando termine de estudiar
no sé si seguiré por mi edad, aunque
nunca es tarde”.
“Las técnicas de estudio son muy
buenas, entre los videos y la ayuda de la
profesora (facilitadora) Gisela Rojas he
aprendido a leer y comprender mejor,
pero, sobre todo, a escribir porque no
sabía nada”.
“Antes me decía ¡yo no voy a poder
con eso!, pero ahora se me quitó todo el
miedo, ahora echamos broma, nos reímos
y aprendemos”.
Uno de sus hermanos también
estudia en la Misión Robinson, en
Barlovento. “Él de pequeño estudió un
poquito más que yo, pero también los dejó
por trabajar”.
Dentro del aula
Entre las anécdotas ocurridas a lo
largo de estos dos años, Ladisla
recuerda especialmente el primer día
de clases. “Ese día estaba muy nerviosa,
había pasado toda una vida sin entrar a un
salón de clases, pero gracias a mi
profesora y a los demás compañeros entré
en confianza rápidamente, aunque
siempre he sido muy callada y tranquila”.
Al referirse a sus compañeros de
estudio se llena de alegría y afirma:
“Hay personas mayores que yo, creo que
Juanita tiene como ochenta años y
siempre anda cantando; la señora Delia,
que vive en la zona y el señor Juan tienen
setenta y dos años; Vicente es
discapacitado, la profesora siempre lo
ayuda, está al lado de él explicándole
porque tiene problemas de audición y de
visión, creo que tiene mi misma edad,
sesenta y cinco años, aunque nunca se lo
he preguntado. También hay un señor que
nos hace reír mucho porque a mitad de
clases se levanta y comienza a hacer
proclamas del Presidente”.
Gisela Rojas, la facilitadota, asegura
que la señora Ladisla es “muy buena, ya
que es ordenada, tranquila, sencilla,

callada y siempre pendiente de recibir bien
sus clases”.
Con respecto a la experiencia como
facilitadora, Gisela asegura que es “muy
bonita y satisfactoria porque uno aprende
del grupo y los llega a querer mucho; yo he
recibido mucho cariño de ellos”.
Gran emoción
Fue exactamente el 28 de octubre
de 2005, cuando, en el Teatro Teresa
En su casa de Minas de Baruta,
Ladisla habla de sus experiencias.
Alfonso Ocando
Carreño, Ladisla tuvo la oportunidad de
ver al presidente Chávez. “Ese día se
celebraba el día de Simón Rodríguez
(Conmemoración de los 236 años del
nacimiento del maestro de Bolívar) y se
decretaba a Venezuela libre de
analfabetismo”.
La marea roja, característica de las
concentraciones a favor del presidente
Hugo Chávez Frías, se hizo presente
ese día en el Teresa Carreño, y entre
risas y aplausos Ladisla, junto a su
facilitadora y demás compañeros de
estudio, recibieron al primer mandatario.
“Recuerdo la emoción tan grande
que sentí al verlo desde tan cerca;
desde ese momento espero el mes de
agosto de este año, fecha en la que me
graduaré y espero volverlo a ver”. Pero
Ladisla no sólo está emocionada
porque en unos meses se graduará,
sino porque ha visto la luz.

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Archivo CADAFE
300 megavatios genera esta planta
repotenciada por Cadafe.
El presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez
Frías, y el ministro de Energía y
Petróleo, Rafael Ramírez, inaugurarán a
lo largo de 2006 un total de 12 obras
eléctricas que permitirán mejorar la
calidad del servicio en nuestro país, con
inversiones que se ubican en 1.152,9
millones de dólares, con lo cual se verá
incrementada la capacidad de
generación en 1.460 megavatios a nivel
nacional.
Entre las principales obras que
entrarán en operaciones a lo largo del
presente año figura la repotenciación
de la Planta Termoeléctrica “Pedro
Camejo”, proyecto que ya está concluido
y en fase de pruebas, después de
haber invertido 106,9 millones de
dólares con recursos provenientes del
Fondo para el Desarrollo del País,
Fondespa, y el Fondo para el Desarrollo
Nacional, Fonden.
Esta planta ubicada en el municipio
Los Guayos, estado Carabobo, fue
inaugurada el 21 de noviembre de 1978,
contando con ocho (08) unidades
generadoras, siete (07) unidades de 20
megavatios (MW) y una (01) unidad de
80 MW, para una capacidad instalada de
220 MW para funcionamiento con
combustible dual, gas y gasoil, y

capacidad efectiva de 180 MW,
utilizando al inicio sólo combustible
líquido y con capacidad de
almacenamiento de combustible de,
aproximadamente, 17 millones de
litros.
Para el año 1987 se desincorporó la
unidad de mayor capacidad instalada
(80 MW), motivado al alto consumo
específico de combustible y, por ende,
de muy baja eficiencia.
En los años subsiguientes se
desincorporaron las unidades 7,5 y 4 de
20 MW cada una, motivado a daños
internos irreversibles en componentes
principales, tales como compresor
principal de aire, estator del generador
eléctrico, etc. En 1995 en la planta se
contaba con una capacidad instalada de
60 MW y efectiva de 54 MW. Para 1996
salió de servicio la unidad N° 6 y, desde
entonces sólo quedaron operativas en
planta dos unidades con capacidad de
generación de escasamente 32 MW
hasta el mes de julio de 2004.
En el mes de agosto de 2004,
Cadafe, como ente ejecutor, inició los
trabajos que consistieron en la
instalación y puesta en servicio de dos
unidades de generación de ciclo
combinado, de 150 MW cada una, que
pueden utilizar indistintamente gas
natural o gasoil, con la opción de
instalar una tercera unidad de igual
capacidad que no requiere de
combustibles fósiles, sino que se
alimentará con los vapores generados
con las dos primeras, lo que se traduce
en un ahorro económico importante y
en el cumplimiento de las políticas
ambientales de conservación.
Con este aumento global de la planta
se refuerza el sistema termoeléctrico
central y se garantiza el suministro de
energía a la creciente demanda eléctrica
en los estados Carabobo, Aragua,
Yaracuy, Cojedes y Lara.
Archivo CADAFE
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Archivo Pequiven
El aumento de la producción de
fertilizantes es un objetivo para alcanzar
la autosuficiencia agroalimentaria.
De las transformadoras de plástico
del Complejo Industrial Ana María
Campos --municipio Miranda, estado
Zulia-- saldrán las inyectadoras para
atender a los pacientes de la Misión
Barrio Adentro y eso será posible
porque esas empresas recibirán las
resinas que les suministrarán las plantas
de El Tablazo.
Vista así, la cadena de valor
agregado de la petroquímica, sin duda,
beneficiará a la población venezolana y
es ése, justamente, el propósito que
persigue la transformación de Pequiven
en la Corporación Petroquímica de
Venezuela, ahora adscrita al Ministerio
de Energía y Petróleo.
Cuando en junio de 2005 el
presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Hugo Chávez Frías,
anunció la construcción de casas de
plástico, apenas refirió uno de los
proyectos que prevé adelantar la nueva
corporación.
Las inversiones hasta 2012
ascenderán a 12.000 millones de
dólares, que servirán para duplicar la
producción de la petroquímica de 11,5
a 32 millones de toneladas métricas
por año.
Se trata de un ambicioso plan que
comprende desembolsos para todas las

unidades: fertilizantes, olefinas,
plásticos y productos industriales el
cual generará cerca de 700 mil empleos
y un aumento de 1.000% de los
ingresos de la petroquímica al elevarse
a 10.000 millones de dólares.
Para 2008, Pequiven deberá cubrir
100% de la demanda de fertilizantes del
país, en vista de que para ese año el país
será autosuficiente en la producción de
dos de los tres básicos: fósforo y
nitrógeno (urea), aseguró su presidente,
Saúl Ameliach.
La renovación de equipos en las
plantas de El Tablazo (Zulia) y Morón
(Carabobo), la ejecución de desarrollos
en Jose y la habilitación de
nuevos complejos petroquímicos en
Paraguaná (Falcón) y Güiria (Sucre),
comprenden los objetivos de la Corporación
Petroquímica de Venezuela.
Transformación
En las 20 hectáreas que se
destinaron al Complejo Industrial Ana
Archivo Menpet
María Campos (Ciamca) se asentarán
27 empresas del modelo de cogestión
y/o cooperativas.
Con financiamiento del Banco
Nacional de Desarrollo Económico y
Social y el apoyo de los ministerios de
Economía Popular, Industrias Ligeras y
Comercio y Corpozulia se instalarán en
este primer semestre de 2006 las
cuatro primeras transformadoras de
resinas plásticas.
Inyectadoras, perfiles para construcción
(PVC), sacos y paletas serán
los primeros productos que se
obtendrán en el Ciamca.
En Paraguaná se aprovecharán las
corrientes de refinación, de tal modo
que se construirá una planta de BTX
(benceno-tolueno-xileno), que permitirá la
transformación de nafta en varios
productos finales.
El Complejo Industrial Gran
Mariscal de Ayacucho (Cigma), que se
habilitará en Güiria, incluirá también
una planta petroquímica para la
producción de amoníaco, urea y
metanol.
La construcción de una planta de
fertilizantes junto a Petrobras y los
adelantos en otras negociaciones para
la habilitación de unidades de nitrato de
amonio y metanol aguas abajo, también
facilitarán la expansión de Jose, en el
estado Anzoátegui
Pilares de plástico
Sin duda, al unísono de la ejecución
de varios proyectos, el anuncio de la
provisión de materiales para la construcción
de viviendas también representa
muy buen anuncio.
Los perfiles de PVC (policloruro de
vinilo) que suministrará una de las
empresas pioneras del Ciamca, facilitarán
la construcción de 30 mil casas al

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Archivo Pequiven
Se aspira a instalar transformadoras de
resinas en el Zulia, que operarían en el
Complejo Industrial "Ana María
Campos".
año, conforme con la proyección de la
Corporación Petroquímica de Venezuela.
Las reservas de petróleo y gas, la
disponibilidad de la refinería más amplia del
mundo, la ubicación geográfica del país y el
auge actual del mercado petroquímico
hacen deducir que el crecimiento de este
negocio no tiene vuelta atrás.
>EN AGENDA<
Se ejecutará el proyecto Complejo Criogénico de Occidente
para garantizar el suministro de etano y propano al complejo El
Tablazo, donde se construirán nuevas plantas de polipropileno,
polietileno --de alta, media y baja densidad-- y se espera habilitar otro
tren de fertilizantes.
La Petroquímica
--Fue creada en 1977.
--Ofrece más de 40 productos a los mercados nacional, América
del Norte, Centroamérica y Suramérica, el Caribe, Europa y
Asia.
--Tiene socios de Venezuela, Canadá, Colombia, España, Estados
Unidos, Italia, Japón, Países Bajos.
Dispone de:
3 complejos
1 planta BTX
4 terminales marítimos
12 empresas mixtas
4 comercializadoras
1 empresa de tecnología
1 empresa de conservación

Gabriel Duno
"Muy buenas tardes, señor
Presidente de la Asamblea Nacional y
demás miembros de la Junta Directiva;
señor secretario; compañeros diputados
de la Asamblea Nacional, diputados
y diputadas; señores miembros de
los medios de comunicación; señores
periodistas que nos acompañan;
señoras y señores.
Antes que todo, nosotros queremos
agradecer, desde el Ejecutivo Nacional,
por intermedio del Ministerio de
Energía y Petróleo, la oportunidad de
compartir con la plenaria de la
Asamblea Nacional algunos aspectos
relevantes sobre el futuro de nuestra
industria petrolera y de las posibilidades
de desarrollo nacional.
En este sentido, queremos
profundizar una discusión que tiende a
ser compleja, con una maraña de
conceptos y mecanismos complicados.
Nos parece que el mejor escenario
para ello es la Asamblea Nacional,
representación popular del pueblo
soberano, y que tiene los mecanismos
idóneos para abrir esa discusión hacia
el seno de nuestro pueblo.
En días pasados participamos en
una jornada de trabajo de cinco horas
con los miembros de la Comisión
Permanente de Energía y Minas, en la
que discutimos detalladamente los
documentos que están propuestos para
la aprobación de la Asamblea Nacional.
Además, recibimos un conjunto de
observaciones importantes, tanto del
documento propuesto como de las dos
leyes que el Ejecutivo Nacional está
presentando para su modificación y
aprobación desde el año pasado.
A continuación, me permito leer un
extracto de la resolución 1.803 de la
Asamblea General de las Naciones
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"…cuando las mismas élites que firmaron esos
contratos viniesen a explicar a las instancias
legislativas que era demasiado oneroso, iban a
argumentar que el Estado venezolano no tenía
porqué hacerse cargo de esa producción y el paso
subsecuente era la privatización de nuestra industria
petrolera".
Unidas, de fecha 14 de diciembre de
1962:
El derecho de los pueblos y de las
naciones a la soberanía permanente
sobre sus riquezas y recursos naturales
debe ejercerse en interés del
desarrollo nacional y del bienestar del
pueblo del respectivo Estado.
La exploración, el desarrollo y la
disposición de tales recursos, así
como la importación de capital
extranjero para efectuarlos, deberán
conformarse a las reglas y condiciones
que esos pueblos y naciones
libremente consideren necesarios o
deseables para autorizar, limitar o
prohibir dichas actividades. En los
casos en que se otorgue la
autorización, el capital introducido y
sus incrementos se regirán por ella,
por la Ley nacional vigente y por el
derecho internacional.
Las utilidades que se obtengan
deberán ser compartidas, en la
proporción que se convenga libremente
en cada caso, entre los
inversionistas y el Estado que recibe la
inversión, cuidando de no restringir por
ningún motivo la soberanía de tal
Estado sobre sus riquezas y recursos
naturales.
La violación de los derechos
soberanos de los pueblos y naciones
sobre sus riquezas y recursos naturales
es contraria al espíritu y a los principios
de la Carta de las Naciones Unidas y
entorpece el desarrollo de la cooperación
internacional y la preservación de
la paz.
Los acuerdos sobre inversiones
extranjeras libremente concertados
por estados soberanos o entre ellos
deberán cumplirse de buena fe.
Los estados y las organizaciones
internacionales deberán respetar estricta
y escrupulosamente la soberanía
de los pueblos y naciones sobre sus
riquezas y recursos naturales de conformidad
con la Carta y los principios
contenidos en la presente resolución.
En esta declaración, los países
pobres del Tercer Mundo manifestaron
su derecho a la independencia estatal y
a ejercer su soberanía sobre los
recursos naturales que integran el
territorio nacional, entre ellos el
manejo de los hidrocarburos, los cuales
pretendían seguir controlando las
antiguas potencias coloniales mediante
un sistema concesionario sujeto, no al
derecho nacional, sino al derecho
internacional de las naciones civilizadas,
el derecho privado y a las cortes
internacionales.
En Venezuela, sin embargo, al
momento de esta declaración, la
situación era muy distinta. Con nuestra
independencia de vieja data, el sistema
concesionario venezolano se regía por
el derecho nacional y cualquier disputa
tenía que ventilarse, obligatoriamente,
ante los tribunales nacionales
competentes sin que, en ningún caso,
pudiera dar lugar a reclamaciones
extranjeras. Más aún, con la reforma de
la Ley de 1943, a las concesionarias en
aquel momento se les obligó a
reconocer, explícitamente, los derechos
soberanos que asistían al Estado
venezolano en materia impositiva. Así,
Venezuela por 30 años sirvió de
ejemplo a los demás países exportadores
de petróleo. Era una referencia,
particularmente para los miembros
de la Organización de Países

Exportadores de Petróleo (OPEP), en
el ejercicio de su soberanía y en el
desarrollo de su régimen fiscal
petrolero. Estos hermanos países de la
OPEP sólo se equipararon a nosotros
de manera colectiva en 1973 con la
llamada Revolución de la OPEP, cuando
ingresaron de facto al proceso de
nacionalización de nuestras empresas
estatales.
Con la Revolución de la OPEP y la
posición de los productores, los
consumidores tuvieron que aceptar,
no sólo los derechos soberanos en
materia impositiva, sino el derecho
que asistía a los países exportadores
de regular la producción y, por ende,
los precios del petróleo, por tratarse
de un recurso natural agotable y, más
aún, no renovable. Anteriormente,
"Estamos impulsando una política
para establecer nuestra plena
soberanía petrolera, una política
nacional porque restablece nuestro
control sobre los recursos, popular
porque descansa en los hombros de
nuestro pueblo y revolucionaria por la
forma como se dispone la renta
petrolera distribuida a favor del
pueblo".
Archivo PDVSA Gas
este derecho había sido ejercido por
el Cártel Internacional del Petróleo,
las así llamadas “Siete Hermanas”,
quienes junto con la cooperación de
las autoridades norteamericanas
regulaban el mercado internacional
del petróleo antes de la existencia de
la OPEP.
Desde esta retrospectiva histórica,
y dadas las importantísimas batallas que
en función de ejercer nuestra soberanía
en materia petrolera, impositiva y en
pro del disfrute de nuestros recursos
petroleros en beneficio del pueblo, se
dieron en nuestro país innumerables
huelgas, manifestaciones y confrontaciones
políticas que mantuvieron a
Venezuela a la vanguardia en el manejo
de sus recursos naturales vitales como
el petróleo.
Ahora bien, después de la
nacionalización de la industria petrolera,
en los estertores de la IV República,
pareciera inconcebible lo que pasó, de
haber sido la abanderada del derecho
soberano de controlar nuestra
producción y del ejercicio pleno de
nuestra soberanía sobre nuestros
recursos petroleros, pasó a ser la
abanderada de la tesis de la
“globalización” del recurso natural y,
por ende, de un sistema de cuotas
manejado, de nuevo, por los poderosos
países consumidores, a través, ahora,
de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
Es decir, la confrontación y la
cuestión petrolera es un problema
internacional, en el cual está en juego el
interés soberano de los países

productores, nuestro derecho legítimo
a regular, a administrar la explotación
del principal recurso energético
venezolano en beneficio de todos, en
contra del interés depredador de las
grandes potencias industrializadas, de
los países consumidores, que pretenden
obtener un manejo global de nuestros
recursos para agotarlos, como bien ha
sucedido en buena parte del planeta.
El balance de la política petrolera
de la IV República, denominada
apertura petrolera demuestra claramente
que esa élite política,
conformada por la oligarquía nacional y
la meritocracia de la vieja PDVSA,
controló nuestra industria nacional y se
pusieron de manera clara del lado de
los intereses transnacionales, de los
países consumidores, en detrimento de
nuestros intereses nacionales. A finales
de la IV República, estaba en boga la
concepción neoliberal de nuestras
economías, donde se pretendía que el
Estado, y en particular el Estado
venezolano, abdicara de sus responsabilidades
y de cualquier participación
en la planificación y el control de su
economía y, por supuesto, para ello, la
oligarquía nacional y el interés transnacional
requerían captar la renta
petrolera como lo estaban haciendo.
¿Cómo puede explicarse este
proceso en nuestro país? ¿Cómo puede
explicarse que un país con esa tradición
en cuanto a la defensa de nuestra sobe-
Archivo Panorama
ranía en el régimen fiscal petrolero y la
soberanía del manejo de nuestros
recursos diera un giro de 180° en su
política petrolera? ¿Cómo fue que
llegamos a la apertura petrolera,
además de las consideraciones de tipo
político, del compromiso claro de las
élites políticas que gobernaban en el
país durante la IV República? Debemos
explicar que eso fue posible, en gran
medida, gracias a la captura de nuestra
empresa nacional. Estamos hablando de
la captura de Petróleos de Venezuela,
una empresa nacional, por el interés
transnacional.
El origen de lo que hemos denominado
la captura de nuestra industria
petrolera por intereses transnacionales,
El golpe petrolero de diciembre de
2002 no tiene precedentes en el
mundo. Las pérdidas a la nación se
han contabilizado por el orden de
17.400 millones de dólares.

"… unos señores que producían 500 MBD de
petróleo pagaban el mismo impuesto que una
panadería, farmacia o venta de pollos; es decir,
era una burla, una evasión al Fisco venezolano, y
en eso participó la vieja PDVSA, que lo amparó y
lo permitió, incluso lo impulsó; por eso decimos
que era un Caballo de Troya desmontando nues-
tro régimen fiscal".
tiene su génesis en la propia nacionalización.
Está descrito en la literatura
de la historia del petróleo, cómo
intereses extraños al dueño de la
empresa nacional capturaron y controlaron
a PDVSA.
Esta situación dio pie a que el
ministro Juan Pablo Pérez Alfonso la
llamara "la nacionalización chucuta",
pues quedaron al frente de la
conducción de la nueva empresa
nacional los mismos cuadros gerenciales
que representaban los intereses
de las empresas transnacionales, se
repitieron los mismos esquemas, se
trabajó bajo las mismas relaciones
comerciales, las mismas ataduras
tecnológicas, es decir, estaban incubados
en el seno de nuestra nueva empresa
nacional, elementos que al final
de los años noventa y principios del
año 2000 se apoderaron de nuestra
empresa nacional.
Esa captura convirtió a la vieja
PDVSA en un verdadero Caballo de
Troya gigantesco en contra de los
intereses del Estado venezolano, que
amparado bajo el concepto de que
estaban defendiendo el interés estatal,
fueron introduciendo distintos elementos
a través del antiguo Congreso
Nacional, del antiguo Poder Judicial y
del propio Ejecutivo, por intermedio
del antiguo Ministerio de Energía y
Minas, elementos para desmontar los
controles del Estado venezolano sobre
nuestra política petrolera, incluyendo
los aspectos fiscales, la regulación y la
soberanía sobre nuestros recursos.
Así, podemos mencionar que la
política de apertura petrolera se compone
de algunos ejes fundamentales:
1. La privatización de PDVSA, por
intermedio de aquella política que
eufemísticamente en la jerga gerencial
se denominaba outsourcing, en la que a
PDVSA se le iba desprendiendo de sus
actividades medulares y se le iban
cediendo a los privados nuestras flotas
de transporte, nuestro cerebro
tecnológico e informático, los sistemas
de inyección de gas y muelle, entre
otros. La privatización de PDVSA
avanzaba lentamente, y tal vez el caso
más patético e importante era que se
estaban privatizando las actividades
primarias, a través de los convenios
operativos.
2. La internacionalización, perverso
mecanismo a través del cual se
transfirieron al exterior más de 14 mil
millones de dólares, según hemos
calculado, no solamente para la
adquisición de bienes en el exterior,
(sistemas de refinación, puertos,
muelles y tuberías, entre otros), sino
que, además, se realizaron descuentos
implícitos en los contratos de suministro
al sistema de refinación de
PDVSA en el exterior. Así, la IV República
estaba garantizando el papel que le
había asignado el imperialismo norteamericano:
ser abastecedor masivo de
energía a muy bajo costo para la
economía más importante del planeta.
3. Las asociaciones estratégicas de
la Faja, que no tienen nada de estratégicas,
legalmente conocidas como los
17

18
Prensa Presidencial
convenios de asociación, significaron la
entrega a las empresas transnacionales
de cerca de 600 mil barriles diarios
(MBD) de petróleo en condiciones
fiscales lesivas para el interés de la
Nación.
Restan por enumerar algunos
elementos de la estrategia antinacional
de la vieja PDVSA. Pero el tema que
actualmente está en discusión son los
convenios operativos, y el informe que
presentamos ante esta Asamblea
pretende demostrar cómo se conformaron,
en qué consisten, cuáles
aspectos son absolutamente ilegales y
qué está haciendo el Gobierno bolivariano
del presidente Hugo Chávez
para extinguirlos y ajustarlos a nuestro
marco legal vigente, según la Constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela.
Para hablar de los convenios operativos
debemos remontarnos, enton-
Las empresas mixtas se conformarán
tras la firma de los acuerdos y con
ello el Estado recuperará el control de
la producción de más de 500 mil
barriles por día.
ces, a la Ley Orgánica que Reserva al
Estado la Industria y el Comercio de los
Hidrocarburos, más conocida como la
Ley de Nacionalización, que en su
artículo 1° establecía: "Se reserva al
Estado, por razones de conveniencia
nacional, lo relativo a la exploración del
territorio nacional en busca de
petróleo, asfalto y demás hidrocarburos;
a la explotación de yacimientos
de los mismos; a la manufactura o refinación,
transporte por vías especiales y
almacenamiento; al comercio interior y
exterior de las sustancias explotadas y
refinadas, y a las obras que su manejo
requiera, en los términos señalados por
esta ley". En este artículo, el legislador
reserva al Estado venezolano la
actividad primaria de producción de
petróleo y la propiedad.
En el artículo 5° de la misma Ley,
introducido por gestiones del entonces
presidente Carlos Andrés Pérez,
establecía y vuelvo a citar: "El Estado
ejercerá las actividades señaladas en el
artículo 1º de la presente Ley directamente
por el Ejecutivo Nacional o
por entes de su propiedad, pudiendo
celebrar los convenios operativos
necesarios para la mejor realización de
sus funciones, sin que en ningún caso
estas gestiones afecten la esencia
misma de las actividades atribuidas en
el artículo 1°". Es decir, el legislador
introduce una posible figura de contratos
de servicio llamados convenios
operativos, que se permitían, siempre y
cuando no afectara la esencia de la
actividad de producción de petróleo
que se estaba reservando el artículo 1°
de la misma Ley.
En el año 1992 la meritocracia, ya
con el control absoluto de PDVSA,
ejercería su poder para hacer una
interpretación libre de este artículo 5°
y comenzar a otorgar derechos de
explotación y producción sobre áreas
que antes estaban reservadas al Estado

venezolano, utilizando la figura de que
eran simples contratos de servicio. Así,
durante tres rondas de licitación en
1992, 1993, 1997 y mediante una
adjudicación directa producida en 1995,
se procedió a ceder la actividad que
estaba reservada en el artículo 1° de la
Ley de Nacionalización, con el apoyo
de la antigua Corte Suprema de Justicia,
para venderlos ante la opinión pública
nacional como convenios operativos.
Si a alguien le queda duda de que se
estaban entregando nuestras actividades
primarias, basta con recorrer el
área de cualquiera de los 32 convenios
que existían hasta el 31 de diciembre de
2005, firmados por PDVSA con el
sector privado. En estos contratos
PDVSA brillaba por su ausencia. Usted
tocaba la puerta de cualquiera de esos
convenios y le salía un gerente
extranjero que explotaba, producía y
tenía el control de esas operaciones y
de ese petróleo y que luego realizaba
una sencilla venta de ese petróleo a
PDVSA, la cual estaba obligada a
comprárselos en un complicado
sistema de valorización del crudo que
hacía que tuviéramos que pagar precios
muy por encima de lo que hubiera
significado explotar con recursos propios
esos mismos barriles de petróleo.
La nueva PDVSA ha realizado una
investigación exhaustiva de esta situación.
Estos informes están a disposición
de la Asamblea Nacional para seguirlos
discutiendo con más detalle.
La primera ronda se produjo de
1992 a 1993; abarcó tres convenios
operativos que para el año 2005
estaban produciendo 30 MBD de petróleo.
Se entregaron áreas que
variaban entre 5.540 km2 y 280 km2 .
En aquel momento los campos
entregados se calificaron de marginales
y abandonados. Había una deliberada
intención de decir que eran áreas que
no tienen ningún valor y que
prácticamente teníamos que agradecer
si alguien venía a producir petróleo en
esas áreas. Se estableció un
mecanismo complejo de remuneración
de esa producción y con la jerga
gerencial se llamaba OpFee y CapFee,
que tiene que ver con los pagos por
operación y los pagos por capitales,
por inversiones, y tenían un tope
máximo.
El Ministerio de Energía y Petróleo
ha estado trabajando arduamente en
desmontar esta estrategia antinacional.
Debo mencionar que me
acompañan en esta sesión el vice-
"Hay un aspecto importante; en los cálculos que
hemos sacado de las condiciones fiscales que se
otorgaron en beneficio de las compañías, no sólo
durante los convenios operativos, sino durante los
convenios de asociación de la Faja Petrolífera del
Orinoco, encontramos que fueron más lesivas al
país que ninguna concesión en toda nuestra
historia de política petrolera; ni siquiera en la
época gomecista, cuando las peores concesiones
entregadas a las empresas transnacionales por el
entonces general Juan Vicente Gómez pagaban
una regalía de al menos 5%".
19

20
ministro, doctor Bernard Mommer, y
el presidente de la Corporación Venezolana
del Petróleo (CVP), Eulogio
Del Pino, con quienes hemos trabajado
en conjunto desde hace un año
para aclarar estas cifras y traer estos
informes finales a la soberana Asamblea
Nacional.
Esta estructura compleja de pago
del supuesto servicio prestado se hizo
ex profeso, no sólo para poner un velo a
esas operaciones y evitar su control,
sino para enmascarar un convenio de
servicio. Trataron de adaptarse a una
situación que no se podía ocultar,
porque revisando la fórmula hemos
establecido que el pago que se hacía a
las empresas que estaban en los
convenios operativos estaba indexado
al precio del petróleo, es decir,
sencillamente ellos se beneficiaban con
los volúmenes y los precios del petróleo
que producían y así se lo vendían a
PDVSA, con lo cual queda claro que no
eran ningunos contratos de servicio,
sino que eran unas simples concesiones
petroleras.
Se estableció una cesta de crudo
para fijar el precio con el cual se
indexaba en esa fórmula, y en muchos
casos se colocaba como precio para
establecer el pago de crudos livianos,
mientras que en esos campos se
producían crudos pesados. Estos temas
los tenemos claramente documentados
con respecto a esa ronda.
En la segunda ronda, entre el año
1993 y 1995, se entregaron 11
convenios operativos, que producían,
para el año 2005, 200 MBD de
petróleo. En cada ronda se profundizaba
la entrega, las áreas variaban
entre 8.980 km2 , una extensión
gigantesca. Nuestra actual Ley sólo
permite 1.000 km2 a lo sumo y con
autorización del Consejo de Ministros.
En esta oportunidad, como eran
mejores campos, que ya se calificaban
como marginales, inactivos mas no
abandonados, igual se concedieron.
En estos campos se establece un
derecho de exploración y explotación
de estratos más profundos, es decir, la
concesión se va profundizando en cada
entrega. En esta segunda ronda se
produce un hecho insólito en la legislación
y contratos petroleros: se establecieron
incentivos para la producción
de petróleo.
En la mayoría de los contratos,
cuando un campo resulta ser mucho
más importante de lo que se pensaba,
tiene más y mejores reservas, cuando
se produce un volumen adicional,
normalmente el dueño de las reservas
reclama una mayor participación, lo que
quiere decir que se había conseguido la
explotación de un campo de mejores
características que las previstas. Aquí la
meritocracia de la vieja PDVSA hizo lo
contrario, se estableció entonces un
volumen de producción, que una vez
superado teníamos que pagarle al privado
por esa explotación incremental.
Así llegamos a una situación
absurda el año pasado, cuando nos
dimos cuenta de que a una de estas
empresas operadoras de los convenios
operativos había que pagarle, cada dos
días, un millón de dólares por producir
petróleo, como parte de un incentivo
que se le estaba dando a las empresas
por estar en el país. Todo eso tiene una
racionalidad. Al ser insostenible económicamente,
esto iba a desembocar
en una privatización de facto de
PDVSA, porque cuando las mismas
élites que firmaron esos contratos
viniesen a explicar a las instancias
legislativas que era demasiado oneroso,
iban a argumentar que el Estado
venezolano no tenía porqué hacerse
cargo de esa producción y el paso
subsecuente era la privatización de
nuestra industria petrolera.
En 1995 se dio la adjudicación
directa de un caso emblemático de esta
estrategia a favor de las empresas
transnacionales, como es el caso del
campo Boscán, en el estado Zulia, que
al momento de adjudicarse de manera
directa producía 80 MBD de petróleo,
y fue calificado como de producción
marginal. Imagínense lo que había
detrás de esta acción: uno de nuestros
más importantes campos con 110 MBD
de petróleo fue entregado en una
política clara de privatización.
Aquí se introdujo otro elemento,
la vieja PDVSA acordó cubrir los
costos e ir garantizando una ganancia
fija por barril, independientemente de
lo que pasara. Si subía o bajaba el
precio, si había riesgo o no, si eso
funcionaba o no, PDVSA garantizaba
una ganancia que iba incrementándose,
la cual empezó en $0,35 por barril,
después aumentó a $0,5, después a
$0,75, luego a $1,32 hasta garantizarles
una ganancia mínima de 16,5%
en esa explotación de petróleo, es
decir, un negocio hecho a la medida de
la empresa privada.
En la tercera ronda, en el año 1997,
se otorgaron 17 convenios operativos
que para el año 2005 producían 170
MBD de petróleo. Las áreas entregadas
variaban entre 428 km2 y 40 km2 .
Nuevamente los campos se calificaron

como marginales, pero ahora activos y
producían al momento de entregarse
50 MBD de petróleo. En esta licitación
el parámetro de diferenciación fue un
bono que dieron a las empresas pero
que después podían amortizar frente al
impuesto sobre la renta (ISLR).
Para tener una idea, a continuación
presentaremos unos gráficos con un
resumen de los 32 convenios operativos:
en la lámina 1 se observa cómo se
iban incrementando los volúmenes en
los convenios operativos que se fueron
entregando en las distintas rondas,
hasta llegar en el año 2005 a 500 MBD
de petróleo, lo cual constituye una
parte importante de nuestra producción,
que estaba privatizada. En la
lámina 2 se determina el valor bruto de
la producción petrolera. En la lámina 3
tenemos un resumen en porcentajes
que demuestra que en los convenios
Lámina 1
operativos, al momento de nosotros
ordenar paralizarlos, promediaban 40%
de la distribución del valor bruto de la
producción para Petróleos de Venezuela
y las contratistas obtenían 60%,
es decir, de facto teníamos privatizados
500 MBD de petróleo.
Sin embargo, hay un caso particular
en el convenio operativo Oritupano-
Leona. Cada uno de estos convenios
los vamos a llevar a la Comisión de
Energía y Minas de la Asamblea
Nacional; ya los tenemos estudiados en
sus volúmenes, sus precios, sus fórmulas,
pero éste lo quisimos traer acá
porque también la meritocracia fue
bien negligente, incluso en los propios
negocios que hacían.
Todo aquel cuento de la excelencia
de la meritocracia no solamente quedó
derrumbado, se hizo polvo durante el
sabotaje petrolero en diciembre de
2002, porque el pueblo les demostró
que era capaz de operar nuestra
principal industria; aquí vemos que en
los negocios que establecían eran
capaces de obtener pérdidas.
En la lámina 4, de 1998 a 1999, hay
un año completo en el cual se observan
claramente las pérdidas. Esto evidencia
lo pésimo que la propia meritocracia
administró los negocios que se inventó.
Eso lo traíamos como un detalle y esto
tiene una explicación que tiene que ver
con la negligencia con que esto se hizo
e, incluso, ya hablando solamente en
términos de negocio, la vieja PDVSA
permitió que los precios con los cuales
se calculaba lo que había que pagar se
fijaran en un momento de precios altos
y dejaron abierta la posibilidad de que la
contratista comenzaría a cobrar en el
momento que entrara en operación. La
Archivo PDVSA
21

22
Archivo PDVSA
Archivo PDVSA
Lámina 2
Lámina 3

Lámina 4
contratista empezó a entrar en
operación en momentos de precios
bajos, esperaron a que bajara el precio.
De tal manera que PDVSA estaba
obligada a pagar por un crudo más
barato, un precio fijado mucho más alto.
Así como éste, hay muchos casos
más; tenemos 32 exactamente determinados.
Pero vamos a hablar del tema
de la participación fiscal, que es una
columna vertebral del tema de la
soberanía petrolera. Un Estado que no
es capaz de establecer impuestos ni
tasas de explotación de sus recursos,
no tiene soberanía. A partir de aquí
vamos a ver cuál era la afectación del
Fisco, porque hasta ahora hemos visto
sólo cómo PDVSA se arreglaba con los
privados, cómo entregó sus actividades
reservadas. Ahora vamos a ver cómo
iba la afectación hacia el Fisco, y vamos
a hablar del ISLR.
Estos convenios operativos al
pretender ser meramente contratos de
servicio, lograron que sus impuestos se
pecharan como no petroleros, es decir,
cancelaban al Fisco, antes en la vieja Ley
30%, hoy 34%, cuando lo que les
correspondía como productores de
petróleo era 67,7%; hoy 50%. Es decir,
unos señores que producían 500 MBD
de petróleo pagaban el mismo impuesto
que una panadería, farmacia o venta
de pollos; es decir, era una burla, una
evasión al Fisco venezolano, y en eso
participó la vieja PDVSA, que lo amparó
y lo permitió, incluso lo impulsó; por
eso decimos que era un Caballo de
Troya desmontando nuestro régimen
fiscal.
Para lograr eso, además, la IV
República estaba desmontando el Estado
y sus mecanismos de control. No
solamente el Ministerio de Energía y
Archivo PDVSA
Minas (actualmente denominado Ministerio
de Energía y Petróleo) ya era un
cascarón vacío, que no tenía posibilidades
de hacer ningún tipo de control y
regulación de la actividad petrolera,
sino que además se hizo mucha presión
para eliminar en el año 1986 la
Comisión de Enlace que existía entre el
Ministerio de Hacienda y el Ministerio
de Energía y Minas; es decir, anteriormente
existía una estructura fiscal para
pechar los negocios petroleros y la IV
República se encargó de sacarlo, no
sólo como mecanismo de coordinación,
sino que después lo diluyeron en
las áreas e iban a la fiscalización de los
convenios operativos como cualquier
empresa más, no petrolera.
Además, conseguimos algo muy
importante. En los años noventa se
modificó la Ley de ISLR y se introdujeron
mecanismos no sólo para garan-
23

24
tizar las exenciones de estos impuestos
--como se hizo en la Faja Petrolífera del
Orinoco-- en el artículo 56 de la Ley
vigente de ISLR, que es algo que
también vamos a someter a la Asamblea
Nacional para su posterior modificación,
sino que además se introdujeron
mecanismos muy amplios, laxos, que
permitían evadir impuestos, tal como el
concepto de las pérdidas cambiarias.
Estas empresas, al no ser compañías
de propósitos especiales, siempre
estaban endeudadas con sus casas
matrices, no salían de una deuda
porque reportaban las inversiones que
hicieron como pérdidas y se les pagaban
como deudas, de manera tal que no
sólo tenían 34% de tasa, sino que tampoco
pagaban ISLR.
Todas las regalías de los convenios
operativos formalmente las cancelaba
PDVSA. En la primera ronda, PDVSA y
el entonces Ministerio de Energía y
Minas acordaron en la trastienda bajar
la tasa de regalía a 1%. Esto, además de
la implicación en términos económicos
terribles, ya establecía un precedente
en el cual las ganancias de las empresas
tenían prioridad sobre el interés del
propietario del recurso de obtener su
regalía.
Nuestro concepto es que si un
negocio petrolero no es capaz de pagar
regalía, preferimos dejar nuestro
petróleo en el subsuelo esperando
mejores condiciones, pero lo que no
vamos a repetir aquí nunca más es que
vengan los intereses de los inversionistas
privados a exigirle al Estado
venezolano que para producir un barril
de petróleo hay que ceder en la regalía,
bajar la regalía a 2%, ceder en los
impuestos, y exigir todo tipo de
exenciones para aumentar sus ganancias
en detrimento de nuestro país.
El tema de las regalías seguía
avanzando en esta teoría, al punto de
que en el seno de la vieja PDVSA había
un proyecto, el Proyecto Araguaney,
en el que ya estaba trabajando el
economista jefe de PDVSA, Ramón
Espinasa, impulsando, con el entonces
Ministerio de Energía y Minas, un conjunto
de cálculos muy complicados para
llevar la tasa de regalía vigente de 16
2/3% a 5%, siempre con la expectativa
de bajar más la regalía.
No contaban estos señores con el
pueblo de Venezuela; no contaban estos
señores con el presidente Chávez, y
así el ajuste de la tasa de regalía de 16
2/3% a 30% no estaba para nada en sus
planes. Hoy comenzamos a entender la
ferocidad y la beligerancia de la vieja
PDVSA, que nos llevó después al
desencadenamiento del golpe de Estado
y el sabotaje a la industria petrolera.
Otro tema sobre el que hay que
conversar es el valor fiscal de exportación,
un impuesto que existía para el
sector petrolero en 1992. Este impuesto
equivalía al ISLR adicional de 30%
sobre la regalía vigente, para un total de
46,67%. En su totalidad, los convenios
operativos hubiesen dado pérdidas si
estos mecanismos de soberanía fiscal
todavía estuvieran vigentes. Por eso se
hizo presión para eliminar este
impuesto en 1993. Ante el antiguo
Congreso Nacional se fraguaron estas
componendas contra nuestros ingresos
fiscales.
A manera de conclusión, con estos
antecedentes, un aspecto muy importante
fue que la apertura petrolera se
desplegara de la manera como lo hizo,
no sólo por la claudicación de la
dirigencia política de la IV República en
favor de los intereses transnacionales,
sino porque la vieja PDVSA asumió
frente a los convenios operativos, y lo
que vendría después, el papel de administrador
del recurso natural, de regulador
de la actividad petrolera.
Fíjense qué importante es esto; ese
papel le correspondía al Ministerio de
Energía y Minas, el asiento institucional,
como representante del Estado, de la
política petrolera. Esto se dejó de lado,
se entregó de manera irresponsable la
construcción de la política petrolera a
"Nosotros no podemos renunciar a nuestro
derecho soberano a regular la producción. Si es
en el seno de un acuerdo con la OPEP, es lo
ideal".

una élite tecnocrática, transnacionalizada
y, como consecuencia, tuvimos el
despliegue de una política petrolera en
contra de los intereses de la nación.
Hay un aspecto importante; en los
cálculos que hemos sacado de las
condiciones fiscales que se otorgaron
en beneficio de las compañías, no sólo
durante los convenios operativos, sino
durante los convenios de asociación de
la Faja Petrolífera del Orinoco, encontramos
que fueron más lesivas al país
que ninguna concesión en toda nuestra
historia de política petrolera; ni
siquiera en la época gomecista, cuando
las peores concesiones entregadas a las
empresas transnacionales por el entonces
general Juan Vicente Gómez pagaban
una regalía de, al menos, 5%.
Aquí se entregó buena parte de esa
producción con regalía de apenas 1% y
después se hizo en la Faja, y ustedes van
a recordar que en el Gobierno Bolivariano,
el 10 de octubre de 2004, se
ajustó la tasa de regalía que estaba
vigente para la Faja de 1% a 16 2/3%;
pero esos eran los negocios que hacía
la IV República. Por cierto, leyendo la
prensa hoy, criticaban nuestra reunión
de trabajo en la Comisión de Energía y
Minas y nos tildaban como la IV
República; no, señores, la IV República
era la que hacía esto que estamos viendo
acá, la IV República era la que podía
hacer negocios de espaldas al interés de
la nación en detrimento de nuestros intereses.
Nosotros estamos aquí frente
a la soberana Asamblea Nacional para
que conozca, discuta, cuestione, comente
y sugiera sobre las modificaciones
que el Ejecutivo Nacional está
exponiendo de cara al país, en el tema
de una política tan vital para nuestro
futuro como es la política petrolera.
Ya mencionamos el aspecto fiscal,
lo pésimo del negocio que se estableció
en la figura de convenios operativos,
que tiene que ver con el arreglo de las
disputas y la soberanía jurídica.
Archivo PDVSA
A lo largo de la historia venezolana,
en la legislación que rige la materia
minera y petrolera, el Estado venezolano
siempre estableció que cualquier
disputa se resolvería ante los tribunales
nacionales, con jurisdicción nacional.
Nuevamente, es una expresión de la
soberanía sobre el manejo de nuestro
principal recurso. Pues bien, la vieja
PDVSA, en este afán de abatir nuestro
control sobre una actividad fundamental,
estableció en la primera ronda
que cualquier disputa en los convenios
operativos se resolvería mediante arbitraje
conforme a las reglas del Código
de Procedimiento Civil venezolano, el
cual tendría lugar en Caracas.
En la segunda ronda, PDVSA aceptó
que las disputas se resolvieran mediante
arbitraje, que todavía tendrían lugar
en Caracas, pero conforme a las reglas
de la Cámara de Comercio Internacional
de París, Francia. Y en la tercera
ronda, finalmente, la vieja PDVSA
impuso al país que cualquier disputa se
25

26
Archivo PDVSA
resolviera mediante arbitraje en Nueva
York, Estados Unidos, conforme a las
reglas de la Cámara de Comercio Internacional
de París.
PDVSA también aceptó entonces
renunciar irrevocablemente a sus privilegios
soberanos como compañía del
Estado; es decir, nuevamente se seguía
aplicando el arbitraje en nuestra soberanía,
ahora en los temas vinculados a la
solución de controversias. Hasta hace
poco, en los proyectos se introducía
como algo moderno, como algo que
atraía al capital privado, pues resulta
que estas materias petroleras no pueden
ser, y así lo establece nuestra
Constitución y nuestras leyes, sujeto de
arbitraje ni estar sometido a su
resolución extraterritorial.
Nosotros reivindicamos y vamos a
ver adelante en nuestro modelo propuesto
a la Asamblea Nacional, que
todas las disputas que tengan que ver
con temas vinculados a nuestra soberanía
petrolera se deciden y dilucidan
aquí, en nuestros tribunales nacionales.
No aceptamos el arbitraje como un
mecanismo de solución de disputas.
Luego en la regulación de la
producción, un comentario muy rápido,
pero creemos que es estratégico,
se comenzó a establecer en los convenios
operativos que las compañías
aceptaban que se regulara la producción
si nuestro país tenía acuerdos con
la OPEP o había suscrito acuerdos
internacionales. Nosotros no podemos
renunciar a nuestro derecho soberano
a regular la producción. Si es en el seno
de un acuerdo con la OPEP, es lo ideal.
La OPEP es una reunión de países
soberanos que estamos regulando la
producción en defensa del precio del
petróleo y los recursos naturales. Pero
lo que pretendía la meritocracia era
llevar el sistema de cuotas fuera de la
OPEP, y recuerden ustedes que Venezuela
se convirtió bajo la conducción de
la vieja PDVSA en un factor de entorpecimiento
y de sabotaje a las políticas
OPEP.
Querían llevar el sistema de cuotas
fuera de la organización y que el sistema
de cuotas se estableciera en el seno,
nuevamente, de la Organización Mundial
del Comercio, en el que, por supuesto,
los grandes países consumidores controlan
sus decisiones. Por ello, entonces,
se consideraba para cumplir con el
articulado de la OMC, que nuestro
recurso petrolero era un commodity;
nuevamente viene esa jerga que tenía un
objetivo claro: convertirlo en un bien
transable, que no era un recurso natural,
que no se agotaba y que, por tanto,
podía ser regulado por la OMC, como
se regula la producción de carros o

zapatos o cualquier otra cosa. Entonces
hacia allá iba esta política.
Finalmente, y evaluando los convenios
operativos, mantenemos de manera
firme que son ilegales. En su propio
origen burlaron la ley que estaba
vigente, enmascararon verdaderas
concesiones bajo las figuras de contratos
de servicio, y eso tuvo consecuencias
nefastas para nuestros ingresos y
para el control soberano de nuestros
recursos.
Teníamos de facto una privatización
de nuestra industria petrolera, 500
MBD de petróleo estaban entonces en
manos de los privados, que como ya
hemos demostrado, no solamente son
ilegales porque el artículo 5° de la Ley
de Nacionalización que estaba vigente
al momento de firmar estos convenios,
precisó y cito: “… debe quedar muy
claro que en ningún caso --refiriéndose
a los convenios operativos-- estas
gestiones deberán afectar la esencia
misma de las actividades atribuidas”.
Ya lo vimos. “No se excluye así la
celebración de convenios o contratos
con empresas privadas, para la
ejecución de determinadas obras o
servicios por los cuales estas últimas
recibirán el pago en dinero o en
especie, sin que en este último caso
se pueda comprometer un porcentaje
fijo de la producción de un determinado
campo”. Vimos en los gráficos
que se había comprometido el 60% de
la producción para entregarla a los
contratistas “…o la entrega de una
cantidad sustancial del petróleo que
desdibuje la figura del simple contrato
de servicio u operación”.
Es decir, si en esta Asamblea o en
un edificio contratamos a alguien para
que lo pinte, no podemos terminar en
una situación donde tengamos que
entregarle el edificio al pintor para
cancelarle su mano de obra. Aquello es
un contrato de servicio, no puede por
su naturaleza colocar en una situación
prácticamente de quiebra a quien contrata
el servicio, se supone que es para
coadyuvar a la realización de las
operaciones.
Hemos concluido en el período de
evaluación que, de los 32 convenios
operativos, el 60% de la producción
bruta correspondía a los privados y que
la remuneración iba por cuenta de
PDVSA. Es decir, los convenios operativos
tenían una importancia económica
tal, que hacían inviable su esquema
dentro de Petróleos de Venezuela, y
por eso tomamos algunas medidas que
vamos a anunciar más adelante.
Es importante escuchar otra
referencia sobre qué es un contrato de
servicio y para eso nos vamos a
permitir citar un glosario de la Sociedad
de Ingenieros de Petróleo, del Consejo
Mundial de Petróleo y de la Asociación
Americana de Geólogos, donde se
define un contrato simple de servicio
en los siguientes términos:
“Un contrato puro de servicios es
un acuerdo entre un contratista y un
gobierno que típicamente cubre un
servicio técnico definido que tiene que
prestarse por un tiempo determinado o
completarse en un plazo específico. La
inversión de la contratista está
típicamente limitada al valor de los
equipos, herramientas y personal
usados para prestar el servicio. En la
mayoría de los casos el reembolso a la
empresa de servicios se establece en el
contrato, sin que éste tenga vínculos
significativos con el desempeño del
proyecto o factores de mercado. El
pago por servicios está normalmente
basado en tarifas diarias o por hora, un
monto fijo por entrega llave en mano, u
otro monto específico. Los pagos
pueden ser efectuados periódicamente
o cuando se complete el servicio. Los
pagos en algunos casos pueden estar
ligados a la operación del campo, la
reducción de costos operativos o a
otros parámetros relevantes. Los riesgos
del contratista en este tipo de
contrato están usualmente limitados a
sobrecostos no recuperables, pérdidas
derivadas del incumplimiento del contrato
por el cliente o por el contratista,
o disputas contractuales”. Estos acuerdos,
generalmente, no tienen exposición
al volumen de la producción ni a
su precio de mercado y, en consecuencia,
usualmente no se reconocen
reservas conforme a los mismos.
Frente a esta situación es cuando el
Gobierno Bolivariano asume la conducción
de nuestra política petrolera a
partir del año 1999. El país puede
preguntarse por qué no se le puso fin a
esto, cómo es que esta situación avanzó
hasta el año 2005, 2006, y entonces es
donde tenemos que poner los hechos
en su contexto. En el Informe del
Comisario de PDVSA, de los años 1999
y 2000, la administración que llegaba
comenzó a detectar cómo nos estaban
entregando la industria. Aquí están
todos los señalamientos de cuán
costosos y fuera de control eran los
convenios operativos, los señalamientos
de lo costosa que era la política de
internacionalización, los señalamientos
de lo que era la política de outsourcing
que nos guiaba hacia la privatización.
Producto de estos informes, el
entonces ministro de Energía y Minas,
el doctor Alí Rodríguez Araque, y
27

28
después el doctor Álvaro Silva
Calderón, establecieron un conjunto de
lineamientos y recomendaciones en las
distintas actas de Asamblea de Accionistas,
donde se ordenaba a PDVSA
revisar esta estructura en la que se
estaba entregando nuestra soberanía
petrolera. La vieja PDVSA negaba la
información, tenía un velo corporativo,
así llamado entre sus operaciones y sus
accionistas, representados por el
Ministerio de Energía y Minas.
La vieja PDVSA no permitió que el
Gobierno bolivariano tuviera acceso a
la gigantesca caja negra que significaban
los negocios de la apertura petrolera.
Vino el golpe de Estado, en el cual
quedaba claro el posicionamiento
político de esa élite meritocrática,
activa y militante. La vieja PDVSA
estuvo involucrada en el golpe de
Estado, y por eso nosotros como
ministros no firmamos ese presupuesto
del año 2002, porque sabemos que ahí
se estuvieron financiando las movilizaciones
que después derivaron en el
golpe de Estado del 11 de abril.
Luego, la meritocracia condujo a la
industria al sabotaje petrolero, hecho
sin precedentes en la historia. Pero ahí,
como decíamos en ese momento, no es
que ellos fueran malvados o fueran
locos, no, eso es un simplismo peligroso.
Eran la expresión clara de un
modelo que contrastaba con lo que
está propuesto en nuestra Constitución
y que dignamente representa el
presidente Hugo Chávez. Dos visiones
del país en las cuales la imposición de
un modelo neoliberal pasaba, de
manera necesaria, por controlar
nuestra principal actividad económica,
por capturar la renta petrolera, por
introducir el capital transnacional en
desmedro de nuestros intereses
nacionales. Por eso la vieja PDVSA
condujo la industria al sabotaje, a una
confrontación violenta con nuestro
pueblo.
Esa acción no tiene precedentes en
ningún sitio del planeta. Cuando las
tropas norteamericanas invadieron
Irak, lo primero que ocuparon fue el
Ministerio de Petróleo; lo primero que
ocuparon fueron las instalaciones.
Nadie destroza las instalaciones
petroleras como lo hizo la élite meritocrática,
así llamada sin ningún
rubor, por cierto; se creían los
excelentes y lo más allá de todo. Nadie
actuaba así; aquí había una confrontación
de dos modelos y lo que estaba
detrás era eso: mucho dinero, muchos
intereses, mucho interés transnacional.
Una vez que nosotros logramos la
derrota del sabotaje petrolero --cuando
digo nosotros estoy hablando en
primera instancia de nuestro pueblo, de
nuestra Fuerza Armada, de nuestros
trabajadores, nuestros gerentes patriotas--,
cuando el Gobierno bolivariano
logra la derrota del sabotaje petrolero
nadie se imaginaba que una industria
que el 1° de enero del año 2003 estaba
produciendo apenas 25 mil barriles de
petróleo, estaría produciendo luego, en
marzo de ese mismo año, 3 millones de
barriles de petróleo. Pasamos todo el
año 2003 reestableciendo nuestra
producción y creo que nuestros trabajadores
lo han hecho muy bien.
Nuevamente, es la magia de nuestra
revolución, el fuego interno de nuestro
pueblo, el liderazgo del presidente
Chávez.
Pero, una vez que logramos
reestablecer y estabilizar nuestra
producción, comenzamos entonces la
revisión de los papeles. Recuerden
que nosotros estuvimos acá el año
pasado, el 25 de mayo frente a la
Asamblea Nacional, exponiendo todas
estas situaciones en su conjunto y
ahora las vamos a ir atacando una por
una, en este caso los convenios operativos.
Pero, para nosotros obtener
las copias de lo que se había firmado
en el antiguo Congreso para autorizar
los convenios de asociación de la Faja,
tuvimos que conminar a las empresas
a que nos dieran sus archivos porque,
sencillamente, habían desaparecido de
la Asamblea, los desaparecieron del
Ministerio y la meritocracia saboteadora
los destruyó en PDVSA.
Entonces, una vez que empezamos
a tener acceso a la información y a
articular todos estos elementos --no es
un asunto sencillo porque está hecho
ex profeso para que fuera muy
complicado-- comenzamos a dar acciones
precisas para la culminación, en
este caso, del tema de los convenios
operativos. El 12 de abril del año 2005,
el Ministerio de Energía y Petróleo
emite una instrucción a la Junta
Directiva de Petróleos de Venezuela,
donde se ordena poner fin, extinguir
los convenios operativos en un período
no mayor de un año. Ese período se
vence el 31 de este mes.
Igualmente, en ese instructivo se le
ordenó a PDVSA que, como los
convenios operativos afectan el propio
desempeño y viabilidad económica de
la empresa, se le ponía un tope a los
desembolsos hechos por la Corporación
a los convenios operativos para
que fueran hasta un 66,6%, es decir,
que por lo menos pagaran regalías.
La tercera instrucción es cesar los
pagos que se estaban haciendo en
dólares --cobraban en dólares y a

nuestros obreros le pagaban en
bolívares. El 100% se pagaba a estas
empresas en dólares, entonces se dio la
instrucción para cesar esos pagos,
revisar y solamente reconocer lo que
correspondiera con la estructura de
costos a pagos en dólares, como se le
reconoce a PDVSA para contratar un
taladro en el exterior, o lo que sea,
pero el resto en bolívares.
Y le dimos a las empresas un plazo
hasta el 31 de diciembre del año 2005
para que suscribieran un compromiso,
lo que llamamos el acuerdo de
transición, donde les estábamos diciendo:
“Ustedes tienen una figura de
operación que es ilegal, tienen un
conjunto de deudas con el Estado
venezolano, las tienen que pagar todas,
tienen que cancelar todo lo que le
adeudan al Estado y sólo después de
eso tendrán la oportunidad de migrar a
una figura que está contemplada en
nuestra Ley, que es la figura de las
empresas mixtas”.
“...Si un negocio no es capaz de pagar
regalías, nosotros preferimos dejar
nuestro petróleo en el subsuelo
esperando mejores condiciones”.
Gabriel Duno
Aquí nosotros nos queremos
detener, porque tuvimos mucha
confusión y debo informar a todo el
país que toda esta política ha sido
discutida, por supuesto, conducida por
el Presidente de la República, y es lo
que hemos llamado la política de Plena
Soberanía Petrolera. Y se discutió bastante
la opción entre expropiar o
migrar. Estuvimos analizando nuestra
Ley, que contempla en su artículo 22° la
existencia de la participación del capital
privado, pero sujeto a un conjunto de
regulaciones que garanticen la mayoría
y el control del Estado venezolano por
intermedio de su operadora nacional,
en este caso PDVSA.
Yo me voy a permitir leer ese
artículo, porque es importante para
todo el país que se entienda que esta
figura, la cual estamos proponiendo
como opción, está en nuestro marco
legal, es parte de nuestra Ley Orgánica
de Hidrocarburos, y leo: “Capítulo III.
Del ejercicio de las actividades
primarias. Sección I. De la forma y condiciones
para realizar las actividades
primarias. Artículo 22°: Las actividades
primarias indicadas en el artículo 9°,
serán realizadas por el Estado, ya
directamente por el Ejecutivo Nacional
o mediante empresas de su exclusiva
propiedad. Igualmente podrá hacerlo
mediante empresas donde tenga
control de sus decisiones, por mantener
una participación mayor del cincuenta
por ciento (50%) del capital
social, las cuales a los efectos de este
Decreto-Ley se denominan empresas
mixtas. Las empresas que se dediquen a
la realización de actividades primarias
serán empresas operadoras”.
Y luego en el artículo 33°, sección
III. De las empresas mixtas: establece:
“La constitución de empresas mixtas y
las condiciones que regirán la realización
de las actividades primarias,
requerirán la aprobación previa de la
Asamblea Nacional, a cuyo efecto el
Ejecutivo Nacional, por órgano del

30
Ministerio de Energía y Minas, deberá
informarla de todas las circunstancias
pertinentes a dicha constitución y condiciones,
incluidas las ventajas especiales
previstas a favor de la República.
La Asamblea Nacional podrá modificar
las condiciones propuestas o establecer
las que considere convenientes”.
Entonces, el espíritu del legislador
está acá planteando que podemos tener
la presencia de empresas privadas, pero
claramente reguladas, claramente
sujetas a nuestras leyes que rigen para
las empresas nacionales y previa
aprobación de la Asamblea Nacional,
con lo cual el Ejecutivo está garantizando
que se haga una amplia discusión y
que se preserven los intereses de
nuestro país.
Pues bien, ese proceso que
llamamos de migración, ha sido un
proceso de mucha tensión y es
importante que se sepa que hemos
estado conduciendo, todos los días del
año 2005, una política encaminada a
reestablecer nuestra Plena Soberanía
Petrolera. Y por eso decimos que
nuestra política petrolera en esta etapa
es una política de Plena Soberanía
Petrolera, una política nacional, porque
reestablece nuestra soberanía y control
sobre los recursos; una política
popular, porque debe descansar en los
hombros de nuestro pueblo, y una
política revolucionaria, porque aquí lo
revolucionario y lo que nos puede
diferenciar del accionar de otros países
productores de petróleo es cómo se
dispone la renta petrolera, a favor de
quién se distribuye la renta petrolera, y
nosotros decimos, el Presidente de la
República lo ha dicho, debe ser a favor
del pueblo.
Y por eso nosotros hemos visto, a
partir de la derrota del sabotaje
petrolero, la extraordinaria situación
en que ahora nuestros ingresos
petroleros se están utilizando para el
Plan de Desarrollo de la Nación, para
sostener las misiones, todas las
misiones: la Misión Barrio Adentro, la
Misión Ribas, la Misión Robinson, la
Misión Mercal. Es eso lo que molesta a
nuestra oposición, es eso lo que
molesta a esas élites que tradicionalmente
dispusieron para su beneficio la
renta petrolera. Eso es lo que está en
disputa aquí, señores diputados: quién
controla, quién distribuye la renta
petrolera.
El Estado venezolano es expresión
del interés colectivo de todos los
venezolanos y si estamos empeñados
en la construcción del socialismo,
entonces debemos tener la capacidad y
la manera de planificar y de dirigir
nuestra economía en beneficio de las
mayorías nacionales. De eso se trata.
En ese proceso de migración, las
compañías tienen claro --se lo dijimos al
país-- que hasta el 31 de diciembre del
año 2005 tenían posibilidades de firmar
los acuerdos de transición, porque
desde noviembre del año 2005
nosotros nombramos los Comités
Ejecutivos Transitorios. Es decir, ya
Archivo Menpet

nosotros preparamos el grupo de
ingenieros y gerentes de Petróleos de
Venezuela que se va a hacer cargo de
esos convenios operativos.
Hasta el 31 de diciembre fue el
plazo; todas las empresas fueron
firmando, primero las nacionales,
después las medianas, después las más
grandes. Al final, la empresa
ExxonMobil no quiso firmar y entonces
prefirió vender su participación, que
tenía en el convenio operativo
Quiamare-La Ceiba, a la empresa
Repsol, y entonces la empresa Repsol
firmó el 31 de diciembre del año 2005.
El 1° de enero de este año,
nosotros, a través de la CVP, estamos
tomando el control efectivo de esos
campos. Tenemos a nuestros muchachos
allá, se reunieron el 2 de enero
con el Presidente de la República, quien
dio las últimas orientaciones para la
actividad que estamos haciendo en
estos momentos. Le hemos dicho a las
empresas, le hemos dicho al país:
“Nosotros vamos a extinguir los
convenios operativos para el primer
trimestre de este año”. Por eso
estamos sometiendo en la Asamblea
Nacional el modelo que va a regir la
constitución de esas empresas mixtas.
Ahora, fíjense lo que estamos
haciendo. Nosotros no venimos a
traerle a la soberana Asamblea una
avalancha de números para opacar lo
político, trayendo cuentas complicadas,
como pasaba anteriormente. Nosotros
hemos sometido a la Asamblea
Nacional --y ayer lo discutimos en el
seno de la Comisión de Energía y
Minas-- el modelo general en el cual se
van a establecer el marco y los
términos políticos, las condiciones para
la constitución de las empresas mixtas.
Que la Asamblea los revise, los discuta,
los apruebe, porque luego todas las
empresas tendrán que constituirse con
base en ese modelo general.
Es decir, aquí no vamos a tener
empresas mixtas hechas a la medida de
tal o cual situación, aquí vamos a tener
un modelo que apruebe la Asamblea
Nacional y desde este miércoles
siguiente, en el seno de la Comisión de
Energía y Minas, vamos a comenzar a
traer, ahora sí, todos los números
correspondientes a cada uno de los 32
convenios operativos, para que el país
entero esté informado, por intermedio
de la Asamblea Nacional, de cuáles son,
no sólo las condiciones generales de
ese modelo propuesto, sino además las
especificidades de cada una de las
futuras empresas mixtas. En ese
proceso estamos ahora.
Mencionando algunos aspectos --y
agradezco la atención, porque verdaderamente
es un tema que amerita
una exposición con detalle-- el modelo
que le estamos proponiendo a la
Asamblea para que sea el marco donde
funcionen las empresas mixtas tiene un
articulado extenso, pero es importante
señalar en este momento, públicamente
al país, algunos elementos estratégicos
o sustanciales del mismo.
Por ejemplo, la participación del
Estado. Nuestra ley establece que
podemos tener, por lo menos, 50%.
Nosotros decimos que para tener un
control efectivo de la futura empresa
mixta debemos tener, por lo menos,
60% o 70% de mayoría en esas
empresas, y ésa fue una raya que
trazamos con las empresas; en ninguna
de las empresas mixtas ustedes verán
que el Estado tenga una participación
menor al 60%.
El otro punto es que la empresa
mixta es la que se convierte en la
operadora, no el privado; es la
operadora la que está bajo el control
de nuestra empresa nacional, con una
mayoría accionaria contundente. Por
eso ya hemos estado diseñando y
planificando la futura operación de esas
empresas mixtas.
Déjenme darles algunos números: El
año pasado, 2005, aunque le pusimos un
techo a lo que se pagaba a los convenios
operativos, de todas maneras Petróleos
de Venezuela tuvo que desembolsar 4
mil millones de dólares para producir
500 mil barriles de petróleo. Este año,
para producir los mismos 500 mil
barriles de petróleo, no vamos a
exceder los mil millones de dólares.
Es decir, tenemos 3 mil millones de
dólares de ahorro neto para Petróleos
de Venezuela, y ése es un ahorro que
va al accionista. No es como pasaba
antes, que lo reinvertíamos en negocios
de espaldas al accionista. No, ahora se
reportan al accionista y se entregan a
manera de dividendos o aportes al
desarrollo social, como estamos
haciendo desde el año pasado con
nuestros negocios en el exterior
donde, como ya señaló el Presidente de
la República, por primera vez los
negocios de Citgo aportan dividendos
que nos hemos traído al país: 900
millones de dólares convertidos en
Misión Mercal, en Misión Barrio
Adentro, en todo lo que necesita
nuestro pueblo para su desarrollo. Está
muy claro el control que ejercerá el
Estado venezolano sobre las futuras
empresas mixtas. Que a nadie le quepa
duda de eso.
El segundo aspecto importante es
que nosotros estamos preservando las
31

32
reservas de hidrocarburos. Y que
quede claro: eso es un precepto
constitucional que tiene su origen en el
Decreto del Libertador en Quito, en
1829, que establece que las reservas de
petróleo e hidrocarburos en el
subsuelo son propiedad del Estado
venezolano. Nadie puede, entonces,
enajenarlas ni convertirlas en garantía,
ni hacer transacciones comerciales
basándose en ellas.
Eso sucedía con los convenios
operativos, en los cuales las empresas
colocaban en sus libros, para sus estados
financieros, las reservas como de
su propiedad.
Que quede muy claro: el Estado
venezolano lo que está otorgando a una
empresa mixta es un derecho de explotación.
Las reservas son nuestras, son
propiedad del Estado venezolano.
El Ministerio de Energía y Petróleo
tiene todas las potestades, como
representante del Estado venezolano,
para revocar tanto derechos como áreas
asignadas. Déjenme informar a la
Asamblea que en este proceso de
migración de convenios operativos a
empresas mixtas estamos revirtiendo a
favor del Estado el 60% de las áreas en
las cuales operaban los convenios
operativos. Éstos estaban operando en
40.000 km2 y ahora el plan de
producción para las empresas mixtas
estima como área suficiente 15.000 km2 .
¿Y cuál es el interés de las transnacionales
con las áreas? Que eso les da
fortaleza en el futuro. Una empresa
privada a la cual se le otorguen áreas y
áreas, con una gran prospectividad de
petróleo, puede seguir obteniendo
financiamiento y haciendo operaciones
con base en espacios que son del
Estado venezolano.
Todas las reservas y todas las áreas
petroleras son del Estado venezolano,
por intermedio del Ministerio de
Energía y Petróleo, incluso las que están
asignadas a PDVSA. Ése es un tema
conceptual muy importante. Aquí no se
está poniendo en duda nuestra
propiedad sobre las reservas de
petróleo en el subsuelo.
Luego tenemos la transferencia de
todos los activos tangibles ubicados en
la República --que sean propiedad de las
antiguas empresas-- a la nueva empresa
mixta. Desde el 1° de enero tenemos
desplegados en los distintos convenios
operativos cerca de 250 auditores
independientes, auditando cada uno de
los convenios, cada una de las
inversiones que se realizaron, verificando
si son ciertas, si son valederas, si las
vamos a utilizar. Porque con base en
esa discusión de inversiones es que se
va a dilucidar el porcentaje de
participación que tenga el privado.
Nosotros no vamos a reconocer acá lo
que ellos aspiraban obtener en un
negocio en el cual todavía le quedaban
13 o 14 años de desarrollo.
Muy importante, también, son las
políticas y procedimientos de Petróleos
de Venezuela referidas a la extinción.
La empresa mixta no es solidaria
con las deudas y compromisos que
tenga la compañía que operaba los
convenios operativos. Hemos ordenado
que se hagan auditorías ambientales
para tratar de determinar si en esas
"…en este proceso de migración de convenios
operativos a empresas mixtas estamos revirtien-
do a favor del Estado el 60% de las áreas en las
cuales operaban los convenios operativos. Éstos
estaban operando en 40.000 km 2 y ahora el plan
de producción para las empresas mixtas estima
como área suficiente 15.000 km 2 ".

áreas se requiere remediación ambiental,
la cual correrá por cuenta de la
compañía que operaba los convenios
operativos.
Asimismo, estamos preservando
los derechos de los obreros de los
convenios operativos. Todas las obligaciones
legales que tienen que ver con la
actividad laboral en los convenios operativos
están preservadas, y vamos a
asumir en el marco de las empresas
mixtas toda la estabilidad de nuestros
obreros, los cuales pasarán, por supuesto,
a las condiciones del contrato
colectivo petrolero.
Las ventas de hidrocarburos. El
artículo 3° de la Ley establece que el
monopolio de la comercialización es
exclusivo del Estado venezolano por
intermedio de su empresa estatal. En
este sentido, la empresa mixta debe
vender a PDVSA toda la producción y
todo el gas. Ahora, vamos a establecer
un contrato de suministro, de venta de
hidrocarburos, muy claro, en el cual
están establecidas las fórmulas que está
elaborando el Ministerio de Energía y
Petróleo para valorizar exactamente el
tipo de crudo, la calidad de lo que se
produce, para tener un valor real de
esos volúmenes de petróleo.
La operación, personal y
tecnología. La empresa mixta es una
operadora. En las juntas directivas de
estas empresas, la CVP --que será la
filial de Petróleos de Venezuela responsable
de la actividad-- tendrá, por lo
menos, tres representantes de un total
de cinco. De esta manera tenemos el
control efectivo de las operaciones. Los
ingresos de personal se harán con la
aprobación de la CVP, puesto que pasa
a ser recurso humano que se incorpora
a una filial de Petróleos de Venezuela.
Transferencia de las acciones.
No vamos a aceptar que la
participación del capital privado en una
empresa mixta sea transferida en una
operación internacional, como pasaba
con los convenios operativos. Antes, en
las transacciones internacionales, los
convenios operativos se vendían, se
traspasaban así como un perol propiedad
de estas compañías. Ahora
nosotros estamos poniendo de manera
muy clara que cualquier transferencia o
cambio de accionista en el seno de la
empresa mixta tiene que ser aprobado
por el Despacho del Ministerio de
Energía y Petróleo, así como cualquier
cambio que se pretenda introducir a la
figura misma de la empresa mixta, tiene
que ser sometido a la aprobación de la
soberana Asamblea Nacional para las
labores de vigilancia y control de la
actividad.
Ley aplicable y jurisdicción.
Leo textualmente el artículo 7°: “Este
contrato se regirá e interpretará de
conformidad con las leyes de la República
y cualquier disputa o controversia
que pudiera surgir con relación al
mismo, y que no pueda ser resuelta
amigablemente por las partes, será
sometida exclusivamente a la decisión
de los tribunales competentes de la
República”. Es decir, se acabó el
arbitraje y se acabó el someter
nuestras actividades petroleras y no
petroleras al arbitrio de una legislación
extraterritorial. Soberanía, sí
señor, estamos reestableciendo la
soberanía.
Estamos fijando un lapso de 20 años
como tiempo de duración de la
empresa; la Ley establece 25, pero
consideramos que 20 años es un tiempo
adecuado para evaluar esta empresa
en el futuro.
Además, se establece claramente
que la empresa mixta debe pagar la
regalía de 30% y la tasa de impuesto de
50% que contempla la Ley. Aquí, como
dijimos, no va a haber nuevas exenciones
ni facilidades fiscales en detrimento
de nuestro pueblo.
En otro punto, tal como lo
establece el artículo 22° de la Ley,
estamos introduciendo unas ventajas
especiales para la futura empresa
mixta. Proponemos a la Asamblea,
además de la regalía del 30%, establecer
una ventaja especial de 3,33%
adicional. Esto tiene un propósito muy
vinculado al rol social que estas
empresas van a cumplir, tanto en los
municipios donde están asentadas
como en los municipios aledaños a
donde estén ubicadas las empresas
mixtas. Este 3,33% será objeto de
discusión; el Ejecutivo tiene una
propuesta de su uso, pero tiene la
orientación de atender los temas
vinculados al desarrollo social, tal
como está haciendo Petróleos de
Venezuela.
El señor Presidente de la República
ha instruido que Petróleos de
Venezuela establezca los Distritos
Sociales. Ahora en el mismo distrito
donde haya un responsable de producir
petróleo y gas o refinar, esa misma
persona, en ese mismo distrito, es
responsable de toda la actividad social
de PDVSA. Por eso, estamos disponiendo
que el 10% de nuestro presupuesto
de inversión, adicional a todo lo
que tenemos en nuestros presupuestos
sociales, sea destinado a remediar el
terrible problema social que tenemos.
Se establece acá una ventaja
especial que es muy importante: la
diferencia entre el ingreso bruto, el
33

34
pago de regalías e impuestos. La
sumatoria de éstas va a generar una
ventaja especial, en la cual el Estado se
garantice el 50% de la participación en
los ingresos brutos de las futuras
empresas mixtas. Aquí estamos
restableciendo un elemento de vieja
data en nuestra tradición petrolera;
comúnmente llamado el fifty-fifty,
“cincuenta y cincuenta”, con la
diferencia de que ahora le estamos
imponiendo el 50% de los ingresos
brutos, es decir, la empresa mixta
tendrá que hacer todos sus esfuerzos
para cumplir, al menos, con 50% de
aportes fiscales al Estado venezolano
por el derecho y por la explotación que
le estamos concediendo sobre nuestros
hidrocarburos.
Igualmente, ya para culminar,
estamos estableciendo un impuesto,
una ventaja especial adicional de 1%
para los planes de desarrollo endógeno,
adicional a los que mencionamos anteriormente.
¿Qué significa esto? Que
nosotros queremos dar fin a una
relación asistencialista que tenía la
industria de los hidrocarburos con la
región: pintaba una escuela o arreglaba
un brocal. Queremos que cada año
haya una inversión sostenida sobre
proyectos de desarrollo endógeno,
bien sean de siembra, ciencia o en el
área industrial, así como, por supuesto,
los proyectos en educación y desarrollo
social que ya tenemos.
Esto, señores diputados, es en líneas
generales, la propuesta que traemos a la
Asamblea Nacional. Yo quisiera solicitar
a esta soberana Asamblea, la máxima
discusión posible en nombre de nuestro
Ejecutivo, bien sea en lo que hemos
llamado acertadamente el parlamentarismo
de calle, en el cual todos estos
temas se lleven a la discusión de nuestro
pueblo; porque es muy importante que
nuestro pueblo, nuestro país, nuestra
Fuerza Armada, nuestros diputados,
manejen con todo detalle los temas fundamentales
de nuestra política petrolera,
de la Plena Soberanía Petrolera.
No será ésta la última vez que
vamos a venir. Posterior a este proceso
de migración, esperamos y necesitamos
tener para el 31 de este mes la
aprobación de las distintas fases de la
conformación de las empresas mixtas,
para efectos de toda la política que
desplegamos. Luego vamos a traer a
esta soberana Asamblea, los temas vinculados
a los convenios de asociación
de la Faja, además de todos los temas
vinculados a nuestra comercialización.
Vamos a desmontar, junto a todo
el Estado venezolano, uno a uno los
aspectos vinculados a la apertura petrolera.
Debo decirles que el Ejecutivo
Nacional está trabajando de manera
bien articulada todos estos temas. Con
el Ministerio de Finanzas, por intermedio
del Seniat, estamos trabajando para
recaudar y reclamar a favor del Estado
venezolano todos los impuestos evadidos
con la apertura petrolera. Vamos a
reestablecer todas las tasas que
corresponden a la actividad petrolera;
estamos preparando en conjunto una
reforma a la Ley de Impuesto sobre la
Renta para restablecer el capítulo
petrolero que existía en nuestra ley
antes de la nacionalización. Es necesario
que nuestra actividad económica fundamental,
como lo es la producción de
petróleo y gas, tenga un capítulo especial
para recaudar todo lo que nos
corresponda como país soberano.
Vamos a restablecer las tasas de regalía,
a restablecer la armonía de la industria
de hidrocarburos con nuestro país.
Quiero, finalmente, agradecer, en
nombre de todo nuestro equipo de
trabajo, el apoyo de la Asamblea
Nacional, agradecer su tiempo,
convencidos de que todo el Estado
venezolano, bien sea en el Ejecutivo, el
Poder Legislativo, nuestra Fuerza
Armada, el Poder Judicial. Vamos a
trabajar articulados para devolverle a
nuestro pueblo todos los recursos que
le pertenecen.
Muchas gracias".
"…queremos dar a fin a una relación asistencialista
que tenía la industria de los hidrocarburos con la
región: pintaba una escuela o arreglaba un brocal.
Queremos que cada año haya una inversión
sostenida sobre proyectos de desarrollo endógeno…"

36
PLENA SOBERANÍA
PETROLERA
1 SOBERANÍA PERMANENTE SOBRE
LOS RECURSOS NATURALES
En 1962 la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Resolución
1803 referente a la Soberanía Permanente
sobre los Recursos Naturales en la
cual los países del Tercer Mundo -dependientes,
semi-colonias o coloniasmanifestaron
su derecho no sólo a la
independencia estatal, sino también a
ejercer su soberanía sobre todos y cada
uno de los recursos naturales que
compusieran el territorio nacional.
Entre éstos se destacaban, desde luego,
los hidrocarburos, los que las antiguas
potencias coloniales pretendían seguir
controlando mediante un sistema
concesionario sujeto no al derecho
nacional, sino al así llamado Derecho
Internacional de las Naciones Civilizadas,
el Derecho Privado y a Cortes
Internacionales.
En Venezuela, sin embargo, la
situación era muy distinta. Con su
independencia de vieja data, el sistema
concesionario venezolano se regía por
el derecho nacional y cualquier disputa
tenía que ventilarse, obligatoriamente,
ante los Tribunales Nacionales competentes
sin que, en ningún caso,
pudiera dar lugar a reclamaciones
extranjeras. Más, con la Reforma
Petrolera de 1943, a las concesionarias
se les obligó a reconocer, explícitamente,
también los derechos soberanos
que asistían al Estado venezolano
en materia impositiva. Así, con ésta no
sólo se aumentó la tasa de regalía mínima
a un sexto (16,67%) -el promedio,
antes de la Reforma, era apenas de 9%sino
que también entró en vigencia este
mismo año la primera Ley de Impuesto
sobre la Renta. Este ejercicio
permanente de los Derechos Soberanos
del Estado venezolano llevó estas
tasas impositivas hasta llegar a 72% en
1975. Así, Venezuela, por treinta años,
sirvió de ejemplo a todos los demás
países exportadores de petróleo y
particularmente a los países miembros
de la OPEP, en el ejercicio de su
soberanía, en el desarrollo de su
régimen fiscal petrolero y éstos sólo se
equipararon con Venezuela, colectivamente
en 1973, con la así llamada
revolución de la OPEP.
Con esta revolución, los países
consumidores tuvieron que aceptar, no
sólo los derechos soberanos en materia
impositiva, sino el derecho soberano
que asistía a los países exportadores de
regular la producción y, por ende, los
precios del petróleo, por tratarse de un
recurso natural agotable y, más aún, no
renovable. Este derecho, hasta aquel
entonces lo había ejercido, internacionalmente,
el famoso Cártel Internacional
del Petróleo -las 'Siete Hermanas'en
cooperación con las autoridades
gubernamentales estadounidenses quienes
lo ejercían directamente dentro de
los EE UU. Venezuela, por su parte, lo
venía reclamando para sí desde los años
cincuenta, pero sin tomar acciones
decisivas, y desde la fundación misma
de la OPEP, Venezuela abogaba dentro
de esta Organización para que asumiera,
colectivamente, el control sobre la
producción. Evidentemente, si bien se
trataba de un derecho soberano
nacional, su ejercicio efectivo necesitaba
de la cooperación de todos los países
exportadores de importancia. Pero los
demás países miembros de la OPEP,
hasta 1973, estaban todavía sujetos a un
sistema concesionario de origen
colonial. La OPEP, fundada en 1960, se
convirtió en un organismo inter-
gubernamental de Estados verdaderamente
soberanos sólo en 1973: era ésta
la esencia de la revolución de la OPEP. Era
ésta la nacionalización de facto, a la cual
siguió la nacionalización de jure.
Desde esta retrospectiva histórica,
lo que pasó en Venezuela después de
la nacionalización de la industria
petrolera, en los estertores de la IV
República pareciera inconcebible. De
haber sido la abanderada del derecho
soberano de controlar la producción,
una vez que éste se plasmó, en los
años ochenta, en un sistema de 'cuotas
OPEP' -un sistema que Venezuela ya
había intentado de imponer en los
años sesenta- pasó a ser la abanderada
de la tesis de 'globalización' del
recurso natural y, por ende, de un
sistema de cuotas manejado, de nuevo,
por los poderosos países consumidores,
pero ahora a través de la
Organización Mundial de Comercio
(OMC): todo el accionar político y las
presiones de los poderosos países
consumidores que jamás mencionan a
la OPEP sin calificarla de 'cártel de
productores', sugiriendo que como tal
podría tratarse de una organización
ilegal, apunta en esta dirección. De
esto se trata la confrontación mundial
del petróleo, el derecho soberano de
los países productores al manejo de
sus recursos naturales en beneficio de
sus pueblos versus el interés expropiatorio
de los grandes países consumidores
de depredar nuestros recursos
en beneficio de sus economías
industrializadas. La IV República había
declinado nuestros derechos soberanos
al favor del interés de los países
consumidores por intermedio de la
política de "Apertura Petrolera".
Al mismo tiempo, luego de una
larga lucha política que se inició en

Venezuela con el siglo XX hasta la
nacionalización en 1976, por aumentar
y utilizar el valor del recurso natural al
servicio del desarrollo nacional, una
lucha compartida al fin y al cabo por los
más variados regímenes políticos y
todas las fuerzas políticas nacionales,
Venezuela se convirtió en la abanderada
de la tesis neoliberal que atribuye al
recurso natural ningún valor. En
consecuencia, a partir de los años
noventa, los últimos gobiernos de la IV
República y su clase política representada
de forma mayoritaria en el
antiguo Congreso nacional, desmantelaron
de manera sistemática el régimen
fiscal petrolero, el cual había surgido,
precisamente, de la experiencia adquirida
a lo largo de aquellos sesenta años y
era un ejemplo para todos los países de
la OPEP. No es casual que este desmantelamiento
se produjera en medio de la
terrible crisis económica-social que
estremeció nuestro país en esos años.
En el desarrollo de la política neoliberal
que se impuso a nuestro pueblo, el
capital transnacional y sus socios locales
necesitaban capturar el máximo de
la renta petrolera.
¿Cómo puede explicarse semejante
cambio en nuestra política petrolera, un
cambio de rumbo de ciento ochenta
grados? ¿Cuál fue el instrumento del
que se valió el interés transnacional
para impulsar la Apertura Petrolera? El
punto de quiebre, obviamente, fue la
nacionalización con la cual culminó la
política petrolera nacional de larga data.
La génesis de la empresa nacional,
Petróleos de Venezuela, ya prefiguraba
su captura y lo que sería su triste papel
de Caballo de Troya en contra del
interés nacional, lo que el doctor Pérez
Alfonzo llamó "La nacionalización
chucuta". El hecho es que la dirigencia
política de entonces se había vuelto
autocomplaciente. Hace mucho tiempo
ya que había abandonado por completa
la idea de una distribución popular de la
renta petrolera, y ahora, más cuantiosa
que nunca, ésta era más que suficiente
para acomodarse. Y lo más fácil era
entregar a la nueva empresa nacional,
Petróleos de Venezuela, S. A., al tren
ejecutivo formado por las transnacionales.
¿Por qué complicarse la vida
y seguir adelante con la Corporación
Venezolana de Petróleo (CVP), la
empresa nacional creada en 1960,
auténticamente venezolana, un instituto
autónomo controlado por el entonces
Ministerio de Minas e Hidrocarburos?
Más aún, ¿por qué no dejar de una
vez la política petrolera misma en
manos de ese tren ejecutivo? Y así se
hizo, y un tren ejecutivo con mente
transnacionalizada tomó control de la
empresa nacional y, de manera gradual,
de la política petrolera nacional. Para lo
cual se desarrolló una política de
desmontaje de todos los mecanismos
de control del Estado venezolano y, en
particular, del Ministerio de Energía y
Minas, tradicional asiento institucional
del recurso natural de propiedad
nacional. Éste había tenido como norte
valorizar el recurso natural sin negar,
sin embargo, la legitimidad de la ganancia;
en cambio, el norte del nuevo ente
administrador y regulador, era la ganancia
del inversionista además de negar la
legitimidad del dueño del recurso natural
y de su aspiración a una renta.
El cambio radical que se pudo
observar, en consecuencia, se explica
por la claudicación de la clase política
dirigente de la IV República, sus partidos
y sus instituciones, ante el interés
transnacional y sus socios locales, delegando
de manera cómplice e irresponsable
la conducción de la política
petrolera a la élite tecnocrática
petrolera. Así, es el cambio en los actores
institucionales lo que iba a determinar
la política petrolera nacional.
Este cambio, desde luego, sólo fue
posible porque el nuevo actor institucional
se presentó como compañía
petrolera nacional al servicio de los
mejores intereses de la nación, y su
existencia se debió al extraordinario
éxito de la política petrolera de las siete
décadas precedentes. Era, efectivamente,
un Caballo de Troya, y de un
tamaño descomunal. Desde adentro,
entonces, se implantó en los años
noventa la política denominada de
"Apertura Petrolera", concebida por los
poderosos países consumidores y sus
compañías transnacionales. Esta élite
tecnocrática al igual que aquella
dirigencia política, estaba ansiosa de
acomodarse --después del ascenso
colectivo que se le concedió con la nacionalización-
y estaban felices de poder
vanagloriarse que alguna revista al
servicio de la industria petrolera internacional
calificaba a PDVSA como la
empresa del Estado mejor administrada
del mundo, y premiaba a su presidente
como el ejecutivo del año; se regocijaron
calificándose, sin sentido del
ridículo, como meritocracia; y se
llenaban la boca con la cháchara sobre
PDVSA que ya no era una simple y
primitiva compañía petrolera nacional,
sino una moderna y sofisticada 'corporación
energética global'. La verdad era
otra, y así lo demuestra cualquier
análisis serio de las vertientes principales
de lo que era, efectivamente, una
política contrarrevolucionaria, a saber,
la Privatización de PDVSA, la Interna
cionalización, las Asociaciones de la Faja
y los Convenios Operativos. Este
documento se concentra en estos
últimos y en la política del gobierno
revolucionario del presidente Hugo
37

38
Chávez de desmontarlos, de convertirlas
en empresas mixtas conforme a lo
establecido por el Decreto-Ley Orgánica
de Hidrocarburos que entró en
vigencia el 1º de enero de 2002 y, por
ende, de renacionalizarlos en el ejercicio
de la Plena Soberanía Petrolera.
2 LOS CONVENIOS
OPERATIVOS: CONDICIONES
ECONÓMICAS
Y CONTRACTUALES
En el artículo 1º de la Ley Orgánica
que Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de Hidrocarburos (LOR-
EICH), popularmente conocida como la
"Ley de Nacionalización", aprobada por
el Congreso de la República en 1975, se
establece en su primera parte que:
Se reserva al Estado, por razones de
conveniencia nacional, todo lo relativo a la
exploración del territorio nacional en busca
de petróleo, asfalto y demás hidrocarburos;
a la explotación de yacimientos de los
mismos; a la manufactura o refinación,
transporte por vías especiales y almacenamiento;
al comercio interior y exterior
de las sustancias explotadas y refinadas, y
a las obras que su manejo requiera, en los
términos señalados por esta ley.
En el artículo 5º de la Ley, se
estableció la posibilidad de que la
empresa petrolera estatal celebrara
convenios operativos con el sector
privado, cuyo alcance era muy limitado:
El Estado ejercerá las actividades
señaladas en el Artículo 1º de la presente
Ley directamente por el Ejecutivo Nacional
o por entes de su propiedad, pudiendo
celebrar los convenios operativos necesarios
para la mejor realización de sus
funciones, sin que en ningún caso estas
gestiones afecten la esencia misma de las
actividades atribuidas.
Sin embargo, la meritocracia se
valdría de estas últimas líneas, tan claras
como inermes e inocuas, para iniciar,
en 1992, su política de privatización de
Petróleos de Venezuela, PDVSA. En
tres rondas de licitación (1992, 1993 y
1997) y mediante una adjudicación directa
(1995), procedió a la cesión de la
actividad reservada por la LOREICH,
utilizando una figura jurídica que se
llamó oportunista y arbitrariamente
Convenios Operativos. Como se demostrará
más adelante, estos Convenios
Operativos no eran los simples
contratos de servicios contemplados
por la Ley de Nacionalización sino, en
violación flagrante a ésta, el outsourcing
de la actividad reservada.
Para convencerse de ello, basta
recorrer el área de cualquiera de los
treinta y dos convenios que existían
para el 2005, firmados por PDVSA con
el sector privado entre 1993 y 1997. [1]
PDVSA brilla allí por su ausencia, mientras
las empresas privadas exploran y
producen. Para justificar en su momento
ante la Comisión Permanente de
Energía y Minas del Congreso Nacional
la legalidad de esa política, los abogados
de PDVSA, propios y contratados,
alegaron básicamente dos argumentos.
Uno, que el petróleo producido en
ningún momento dejaría de pertenecer
a la Nación. Al respecto, es importante
acotar que la Ley de Nacionalización en
su Artículo 1º y hasta en su propio
nombre oficial --Ley Orgánica que
Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de los Hidrocarburos- no se
refería a la propiedad del petróleo, sino
[1] Véase lista anexa. Además, hay tres convenios operativos firmados con universidades nacionales,
en los cuales PDVSA tiene una mayoría accionaria. Estos convenios se liquidarán igualmente para el
31 de marzo de 2006.
a la actividad productiva. Obviamente, la
propiedad, en cuanto a la actividad, no
es esencial: Un panadero sigue siendo
panadero aunque el pan que produzca
no le pertenezca. Por otra parte, en
cuanto a la actividad, los abogados de
PDVSA alegaban que ésta sería supervisada
y controlada por PDVSA. De
nuevo, lo mismo se aplica al panadero
que no es dueño de la panadería en la
cual presta sus 'servicios' bajo la
supervisión del dueño de la panadería:
sigue siendo panadero.
En realidad, la propiedad estatal del
petróleo en cuanto a su esencia de
recurso natural, tiene en Venezuela su
origen en el Decreto que el Libertador
dictó, desde Quito, el 24 de octubre de
1829; y la supervisión de las actividades
productivas correspondientes, por
parte del Estado y el ministerio correspondiente,
era característico del régimen
concesionario al cual se había
puesto fin, precisamente, con la
nacionalización.
Con la nacionalización, además de
conservarse, desde luego, la propiedad
del recurso natural y la supervisión de
las actividades productivas por parte
del Estado, éste se reservó también las
actividades productivas relacionadas.
Sólo podrían ejercerse, por parte del
sector privado, en asociación con la
empresa del Estado, en casos excepcionales
y previa aprobación del Congreso
de la República, tal y como se estableció
inequívocamente en la segunda
parte del artículo 5º:
"En casos especiales y cuando así
convenga al interés público, el Ejecutivo
Nacional o los referidos entes podrán, en el
ejercicio de cualquiera de las señaladas

actividades, celebrar convenios de
asociación con entes privados, con una
participación tal que garantice el control
por parte del Estado y con una duración
determinada. Para la celebración de tales
convenios se requerirá la previa
autorización de las Cámaras en sesión
conjunta, dentro de las condiciones que
fijen, una vez que hayan sido debidamente
informadas por el Ejecutivo Nacional de
todas las circunstancias pertinente"...
Pero la meritocracia se impuso, y la
reprivatización de la industria se inició
bajo la forma engañosa de los
Convenios Operativos, y bajo la sola
dirección de la vieja PDVSA. A
continuación se resume la realidad
económica de estos convenios, además
de sus características contractuales,
aunque como veremos más adelante, no
hay que perder de vista que todos los
Convenios Operativos han sido ilegales
desde el principio.
2.1 Primera Ronda 1992 - 1993
La Primera Ronda abarcó, en 2005,
tres convenios operativos, los cuales
producían unos 30 MBD. Las áreas
entregadas variaban entre 5.540 km2 y
280 km2. Los campos entregados se
calificaron de marginales y abandonados
y fueron definidos, inicialmente por lo
menos, en tres dimensiones; no se
permitiría la exploración de nuevos
estratos. Las contratistas se obligaron a
cumplir con un programa mínimo de
inversión. Se les iba a remunerar fundamentalmente
por dos conceptos: un
estipendio operativo (OpFee) que llevaba
implícito la ganancia -su nivel inicial
se determinó por licitación-- y un
estipendio de capital (CapFee) para
recuperar en el tiempo el capital invertido.
Pero la suma de los dos se sujetó
a un estipendio máximo total (MTF:
Maximum Total Fee), de manera que en
ciertas circunstancias la recuperación
del capital podría postergarse en el
tiempo y, entonces, se pagaría en lo sucesivo
y mientras que fuera pertinente,
los intereses correspondientes.
Esta estructura, a primera vista
compleja, estaba concebida para simular
la existencia de un convenio de servicios
operativos. En realidad, a la larga
lo único importante era el MTF, pues
las contratistas iban a invertir en función
del mismo, lo que por lo demás,
era perfectamente previsible. El MTF, a
su vez, estaba indexado de acuerdo con
una cesta de crudos y productos que
representaría, supuestamente, el valor
del crudo producido. En consecuencia,
a lo largo las contratistas iban a cobrar,
simple y llanamente, un porcentaje del
precio correspondiente. Así, el Convenio
Operativo Guárico Oriental
(Teikoku) iba a cobrar el 70% del
supuesto valor de la producción, y
Monagas Sur (Harvest-Vinccler) y
Pedernales (Perenco) iban a cobrar el
54%.
Sin embargo, la cesta es la misma en
los tres contratos y se concibió en
función de un crudo liviano. Pero, de
hecho, solamente el Convenio Guárico
Oriental (contrato otorgado por
Corpoven, el cual fue el primero en
activarse) produce crudo liviano,
mientras que los otros dos (ambos
otorgados por Lagoven) producen
crudo pesado, de un valor de mercado
mucho menor. En consecuencia, las
remuneraciones en estos dos casos no
representaron, en realidad, el 54% del
verdadero valor de mercado, sino
porcentajes mucho mayores, al
extremo que, en cuatro oportunidades,
en el Convenio Monagas Sur las
remuneraciones a la contratista supe-
raron el 100% del valor de los hidrocarburos
producidos; lo mismo ocurrió en
dos oportunidades en el caso del
Convenio Pedernales. En definitiva, las
remuneraciones a las tres contratistas
promediaron, entre 1993 y 2005, 77%
del valor de la producción.
Pero téngase presente que desde el
1º de enero de 2005, mediante un
Instructivo fechado el 12 de abril de
2005, el Ministerio de Energía y Petróleo
impuso como límite a los pagos en
cada uno de los Convenios Operativos,
el 66 2/3% de su valor de mercado. De
manera que PDVSA, desde el 1º de
enero de 2005, dejó de sufrir pérdidas
en cualquier caso, además de disponer
del margen necesario para pagar la
regalía a la tasa vigente de 30% y para
cubrir los gastos administrativos de los
convenios, estimados prudentemente
en un 3 1/3%.
2.2 Segunda Ronda 1993 - 1995
La Segunda Ronda se conformó, en
2005, de once convenios operativos,
los cuales producían unos 200 MBD.
Las áreas entregadas variaban entre
8.980 km2 y 215 km2. Los campos
entregados se calificaron como campos
marginales inactivos mas no abandonados,
y ya fueron definidos en dos
dimensiones, es decir, nada más por su
superficie, con lo cual se concedió
también el derecho a explorar nuevos
estratos más profundos. La remuneración
a las contratistas promedió 59% de
los precios contractuales. En este caso,
éstos se determinan por tres fórmulas
distintas, para crudo liviano, mediano y
pesado, respectivamente.
Al igual que en la Primera Ronda,
las contratistas se obligaron a cumplir
con un programa mínimo de inver-
39

40
sión, y el parámetro de licitación fue
el OpFee. Pero, adicionalmente, en la
Segunda Ronda varios de los convenios
establecen 'incentivos', porcentajes
fijos del valor del barril, que se
empiezan a pagar al alcanzar la producción
acumulada un determinado
nivel. ¡Se trata de una verdadera
innovación! Tradicionalmente, por
más de 145 años de producción
petrolera, en el mundo entero se ha
podido observar la práctica de que en
los contratos petroleros, se estipulaba
el pago de bonos al alcanzar la
producción acumulada ciertos niveles.
Estos bonos, invariablemente, los
pagaba el productor, al dueño del
recurso natural, puesto que la
producción acumulada confirmaba la
excepcional riqueza de sus yacimientos.
La Meritocracia, en cambio, argüía
al revés: La producción acumulada
reflejaría la excepcional destreza de la
contratista la que, en consecuencia,
bien merecía una recompensa
especial.
Peor aún, estos incentivos no
estaban limitados siquiera por el estipendio
máximo total (MTF), con consecuencias
a veces absurdas: pues el pago
total al contratista, en ciertas condiciones,
excedería el valor total de la
producción.
2.3 Una Adjudicación
Directa: 1995
Este convenio operativo se destaca,
en primer lugar, por el hecho de que en
el momento de firmarse en 1995 estaba
produciendo unos 80 MBD. En la
actualidad produce unos 110 MBD lo
que lo convierte, con creces, en el
convenio operativo más importante de
todos. En segundo lugar, este convenio
se entregó por adjudicación directa, sin
pago alguno de un bono o algo por el
estilo a favor de la República. El área
entregada, de 628 km2 cubre todo el
yacimiento.
En tercer lugar, tiene una
estructura contractual diferente, y muy
peculiar. El estipendio operativo, supuestamente,
sólo refleja los costos
reales. Luego, se fijó por separado, una
ganancia por barril de 0,35 US$ para el
primer año de operaciones; de 0,50
US$ para el segundo; de 0,75 US$ para
el tercero; y finalmente de 1,32 US$
indexado para el resto del tiempo de
vigencia del contrato de acuerdo con el
precio del último trimestre de 1995. El
resultado práctico es, sencillamente
que la ganancia siempre representaría
un 16,5% del precio definido en el
convenio. Sin embargo, en este caso
también hay problemas con ese precio
convencional: sólo se refiere al Boscán
que se vende como tal, como crudo
asfáltico, pero no al Boscán que se
mezcla y que se vende a un precio muy
inferior, el cual representa un porcentaje
muy sustancial del total. La ganancia
garantizada puede llegar así, posiblemente
y en el promedio, a un 25% del
precio real.
En cuarto lugar, es éste el único
convenio operativo en el cual se prevé
que la contratista recupere, durante los
últimos diez años de la duración del
convenio, el 100% del capital invertido,
independientemente de la ganancia
convenida. En definitiva, en este convenio
PDVSA asumió todos los riesgos, y
la contratista ninguno.
2.4 Tercera Ronda: 1997
Los 17 Convenios Operativos que
quedaron de la Tercera Ronda para
2005, producían unos 170 MBD. Las
áreas entregadas variaban entre 428
km2 y 40 km2. Los campos entregados
se calificaron como campos marginales
activos y producían, en el momento
de otorgarse, unos 50 MBD. En
principio, también iban a durar veinte
años. Sin embargo, se les entregó,
además, áreas nuevas para fines de su
exploración, por un período hasta de
siete años y luego, en caso de éxito,
las contratistas podrían conservarlas
por otros veinte años más. En esta
ronda, el parámetro de licitación fue
un bono, el así llamado 'Factor de
Valorización' (FDV). Éste sumó 2,2
MMMUS$.
La estructura de remuneración se
revisó radicalmente. Se pagaría un
estipendio base que reflejaría simplemente
los costos operativos reales de
la producción base. Ésta estaba definida
por la producción previamente existente,
la cual se iba a reducir en el
tiempo de acuerdo con cierto porcentaje
representando el agotamiento
natural de los pozos, en el supuesto
que no hubiera inversión nueva alguna.
Además, se pagaría un estipendio incremental
por la producción por encima de
la producción base, resultado de nuevas
inversiones efectuadas por las contratistas.
Éste tiene dos componentes:
Uno, los costos reales incurridos y,
dos, un porcentaje de la producción
incremental relacionado con la rentabilidad
de la inversión. Sin embargo
--hecho notable que se explicará más
adelante-- antes de calcularse este
porcentaje, a la producción incremental
se le resta la regalía a la tasa establecida
por la legislación vigente (además de un
muy pequeño porcentaje por concepto
de costos administrativos de PDVSA).
El resultado era entonces
básicamente el siguiente: A la contra-

tista se le remuneraba, como mínimo,
con el valor del 30% de la producción
incremental y, como máximo, con el
valor del 83,33% de ésta. El porcentaje
variaría en función de la rentabilidad
de la inversión. Empero, con el
incremento de la tasa aplicable de la
regalía con la nueva Ley Orgánica de
Hidrocarburos, de 16,67% al 30%, el
porcentaje en cuestión sólo variaría,
desde entonces, entre 30% y 70%, lo
que tuvo un impacto real muy significativo.
El promedio histórico ha sido
55%, a favor de las contratistas.
3 LA PARTICIPACIÓN FISCAL
Hasta ahora sólo se ha considerado
el reparto del producto entre
PDVSA y las contratistas. Falta por
considerar el impacto de los convenios
operativos sobre el ingreso fiscal, a
través del impuesto sobre la renta, la
regalía y el impuesto de exportación
(el así llamado valor fiscal de
exportación).
3.1 Impuesto sobre la Renta
El primer hecho a resaltar con
respecto al impuesto sobre la renta es
que, a la par de que los convenios
operativos simulaban ser simples
contratos de servicios y no productores
de petróleo frente a la Ley de
Nacionalización, también pretendieron
ser simples contratos de servicios
frente a la Ley de Impuesto sobre la
Renta, de manera que la tasa aplicable
no sería la petrolera, entonces de
67,7% (hoy 50%), sino la no-petrolera,
entonces de 30% (hoy 34%).
De la misma manera como la vieja
PDVSA había venido desmantelando al
Ministerio de Energía y Petróleo, también
había venido desmantelando las
estructuras de control sobre el
impuesto sobre la renta. En particular,
en 1986, se eliminó la 'Comisión de
Enlace entre el Ministerio de Hacienda
y el Ministerio de Energía y Minas' que
venía funcionando desde la época de las
concesiones. Luego, al crearse en 1994
la nueva autoridad en la materia, el
SENIAT, en sustitución a la Dirección
General de Rentas del Ministerio de
Hacienda, la Meritocracia impidió
activamente que ésta tuviera una
Dirección de Petróleo. En consecuencia,
los Convenios Operativos se
fiscalizaron regionalmente de acuerdo a
las sedes legales de las compañías,
sobre el trasfondo de una desinformación
sistemática e institucional.
Más, la Ley de Impuesto sobre la
Renta se había reformado en los años
noventa, de manera que brinda a las
contratistas un amplio y absurdo
margen de maniobra para minimizar, y
hasta llevar a cero, el pago de ese
impuesto. En particular, se introdujo el
concepto de pérdidas cambiarias, basado
no en la pérdida real que pueda sufrir
quien trae divisas a un tipo de cambio y
luego tiene que volver a pagarlo a otro;
no, se aplica siempre a la deuda total y
no a la parte amortizada en el mismo
año. Así, a lo largo de los años algunas
compañías acumulaban 'pérdidas cambiarias'
que representaban varias veces
el monto del préstamo original. Peor,
jamás tuvieron pérdidas algunas por
este concepto, por lo menos no frente
al dólar, pues hasta 2004 todos los pagos
se hicieron en dólares, de manera que
aquellas pérdidas eran el resultado de
manipulaciones contables, de transformar
en el papel los dólares en bolívares,
y luego los bolívares en dólares.
La situación sólo cambió una vez
derrotada la Meritocracia a raíz del
Sabotaje Petrolero. En junio de 2003,
se creó por Decreto Presidencial una
'Comisión Interministerial para la
Supervisión del Régimen Fiscal Petrolero',
presidido por el Ministerio de
Energía y Petróleo y con la participación
de representantes del Ministerio
de Finanzas, el BCV y el SENIAT. Luego,
en septiembre de 2004, el SENIAT
creó una 'División de Fiscalización de
Minas e Hidrocarburos'. Es ésta División
la que, al revisar la situación, llegó
a la conclusión que desde el punto de
vista de la Ley de Impuesto sobre la
Renta, las contratistas eran productoras
de petróleo. En efecto, sus ingresos
varían esencialmente con los volúmenes
y precios, es decir, en función de la
producción de petróleo. Por lo tanto, la
tasa aplicable no era la tasa no
petrolera, sino la tasa petrolera, y ésta
ya se está aplicando en estos momentos
a todos los períodos fiscales todavía
abiertos, es decir, de 2001 al presente.
En 2001, la tasa petrolera estaba
todavía en 67,7%; desde 2002, ésta está
en 50%. Pero nunca se recuperarán las
pérdidas fiscales sufridas desde 1993 a
2000.
3.2 Regalía
Formalmente, en todos los
Convenios Operativos la regalía la
pagaba PDVSA. En cuanto a la Primera
Ronda, PDVSA y el entonces Ministerio
de Energía y Minas acordaron en la
trastienda una tasa de regalía de uno
por ciento, con el argumento de tratarse
de campos marginales abandonados.
Típicamente, se estableció así el precedente
de que la ganancia tendría
prioridad sobre la regalía. Ello,
posiblemente, puede ser un punto de
vista válido en un país consumidor,
pero no en un país exportador. Para
éste, cada barril tiene que generar no
41

42
sólo una ganancia para el inversionista,
sino también una justa remuneración
para el dueño del recurso natural y
luego una ganancia para el inversionista.
Si no puede cumplirse con el primer
criterio, lo conveniente es que el barril
se guarde --gratuitamente, por ciertobajo
tierra. Al fin y al cabo, se trata de
un recurso natural agotable y, más aún,
no renovable.
En la Segunda Ronda, por tratarse
de campos inactivos mas no abandonados,
sí se mantuvo la tasa de regalía
usual de la Ley de Hidrocarburos
entonces vigente, es decir, un sexto.
Sin embargo, en seis de los once
Convenios Operativos de esta ronda
se incorporaron incentivos, los cuales
se iban a activar al alcanzar la
producción acumulada ciertos niveles.
Se incorporó así, un mecanismo que
iba a conspirar en el tiempo, en contra
de la tasa de regalía existente. En
efecto, PDVSA ya estaba preparando,
desde 1996, un nuevo arreglo a
trastienda con el entonces Ministerio
de Energía y Minas --el 'Proyecto
Araguaney'-- para reducir generalmente
la tasa usual de regalía a cinco
por ciento (la cual, desde luego, seguiría
siendo flexible hacia abajo).
De allí se explica que en la Tercera
Ronda, la regalía se deducía a la tasa
legal vigente --y no a una tasa contractualmente
acordada-- de los estipendios
por pagar. En otras palabras,
jurídicamente la regalía la pagaba
PDVSA, pero económicamente la
pagaban las contratistas. La expectativa
de entonces era que la tasa legal iba a
bajar. Nadie consideraba la posibilidad
de que, al revés, podría subir, como
ocurrió con el Decreto-Ley Orgánica
de Hidrocarburos que entró en
vigencia en 2002 estableciendo una tasa
de regalía de 30%, en el marco de la
política petrolera impulsada por el
presidente Chávez.
3.3 Valor Fiscal de Exportación
El impuesto de exportación lo
pagaba, definitivamente, PDVSA. En
1992, éste todavía equivalía antes del
impuesto sobre la renta, a una regalía
adicional de 30%, para un total de
46,67%. De manera que todos los
Convenios Operativos de la Primera y
Segunda Ronda, forzosamente iban a
generar pérdidas a PDVSA. Al igual
como con la regalía, los Convenios
Operativos se estructuraron para
presionar a favor de la eliminación de
este impuesto de exportación, lo que
lograron en 1993. El Congreso de la
República aprobó una Ley sobre la
Eliminación Gradual de los Valores
Fiscales de Exportación Aplicables a los
Hidrocarburos, con la cual se iba a
reducir a cero para 1996.
3.4 Conclusiones
En el marco del desarrollo de la
"Apertura Petrolera", la vieja PDVSA
asumió frente a los Convenios Operativos,
el papel de administrador del
recurso natural y de regulador de la actividad
productiva, papel este que
correspondía, tradicionalmente, al
entonces Ministerio de Energía y Minas.
Al asumirlo, el norte de la vieja PDVSA
era garantizar a las contratistas sus
ganancias, y no una renta al Estado
venezolano. Además, ejerció este papel
con deliberada negligencia. Jamás ni
siquiera se intentó corregir las
situaciones absurdas como las
descritas, donde se llegó al extremo
que PDVSA sufría pérdidas netas por
barril, incluso antes de cumplir con el
pago de regalías. Existía un claro
compromiso con la privatización de
PDVSA.
Por otra parte, la vieja PDVSA
asumió frente a los Convenios Operativos,
el papel de 'paraguas fiscal': las
contratistas pagarían única y exclusivamente
impuestos no petroleros, mientras
que PDVSA se encargaba de los
impuestos petroleros. Entonces, venido
el caso, la vieja PDVSA se presentaría
cínicamente con sus pérdidas, y reclamaría
los ajustes fiscales necesarios en
defensa de la empresa nacional, como
lo hizo con el valor fiscal de exportación
y como lo estaba haciendo con la
tasa de la regalía. PDVSA actuaba así
como el vehículo.
El resultado final, y era éste el
proyecto neoliberal, sería que la producción
petrolera estuviera sujeto a un
régimen fiscal no petrolero, al igual
como cualquier panadería. El ejemplo a
seguir, para la Meritocracia, era el
régimen imperante en el Mar del Norte
británico donde, efectivamente, el
gobierno ha ido eliminando todo
impuesto petrolero; el petróleo se
considera un bien libre, gratuito, al igual
como el agua del mar que rodea las
plataformas obviando el derecho
soberano de los países productores a
administrar la tasa de explotación y
valorizar adecuadamente sus recursos
energéticos, petróleo y gas, para
preservarlos y utilizar su renta en
beneficio del pueblo.
En su desbordante entusiasmo neoliberal
y globalizador, la vieja PDVSA
estaba más que dispuesta de aceptar
situaciones donde, de hecho, por cada
barril producido no sólo hubo pérdidas
para ella, sino hasta para el Fisco
Nacional. Semejante situación no tenía
precedente histórico, pues incluso las

peores de las concesiones otorgadas en
la época gomecista pagaban, como
mínimo, una regalía alrededor del cinco
por ciento. Pero ahora, entre el
soberano y el productor privado, se
había interpuesto una empresa supuestamente
nacional con el propósito
deliberado de limitar el ejercicio de la
soberanía impositiva, lo cual se ha
convertido en un esquema digno de la
"ingeniería financiera" de la Meritocracia,
diseñado para expropiar al Estado
venezolano y, por ende, al pueblo de
Venezuela, los ingresos justos provenientes
de la renta petrolera, en beneficio
del interés transnacional y sus
socios locales.
4 ARREGLO DE DISPUTAS
A lo largo de la historia petrolera
venezolana, en la legislación que rige la
materia minera y petrolera, siempre se
estableció que cualquier disputa se
resolvería ante los tribunales nacionales,
trátese del Estado mismo o de la
empresa del Estado, la Corporación
Venezolana de Petróleo. La vieja
PDVSA, sin embargo, aceptó que los
Convenios Operativos de la Primera
Ronda resolvieran cualquier disputa
mediante arbitraje conforme a las
reglas del Código de Procedimiento
Civil venezolano, el cual tendría lugar
en Caracas.
En esta Primera Ronda, la Shell se
ganó el campo de Pedernales. Sin
embargo, a esta compañía el arbitraje
nacional no le parecía suficiente, por lo
que lo devolvió. Lo tomó entonces la
BP la que, sin embargo, exigió el
derecho de explorar estratos más
profundos, lo que se le concedió.
Luego, la Shell participó de nuevo en la
Segunda Ronda, ya que ahora PDVSA
aceptó que se resolviera cualquier
disputa mediante arbitraje que tendría
lugar, todavía, en Caracas, pero conforme
a las reglas de la Cámara de
Comercio Internacional en París. El
mismo arreglo se encuentra también en
el Convenio Operativo Boscán, adjudicado
directamente.
En los Convenios Operativos de la
Tercera Ronda la vieja PDVSA
finalmente aceptó --realmente debería
decirse: impuso al país-- que cualquier
disputa se resolviera mediante arbitraje
que tendría lugar, ahora sí, en Nueva
York, conforme a las reglas de la
Cámara de Comercio Internacional en
París. PDVSA también aceptó ahora,
explícitamente, renunciar irrevocablemente,
a sus privilegios soberanos
como compañía del Estado.
5 REGULACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
Fue en el Convenio Operativo
Boscán que se mencionó por primera
vez la posibilidad de una reducción en la
producción, decretada por el Gobierno
nacional. Sin embargo, esta
posibilidad se sujetó a que, previamente,
hubiera habido una reducción
formal de la cuota OPEP, de manera
que se negaba el derecho soberano del
Estado venezolano en esta materia.
Más, aún en este caso se limitó su
aplicación a ciertas condiciones.
Luego, en la Tercera Ronda, se
encuentra la cláusula siguiente:
"Las Contratistas podrán ser obligadas
a reducir la Producción como resultado de
medidas adoptadas por el Gobierno venezolano
en ejecución de obligaciones en
tratados internacionales suscritos por la
República de Venezuela".
De manera que, de nuevo, la
autoridad de ordenar una reducción de
la producción no se derivaría de un
derecho soberano, sino de la existencia
de un 'tratado internacional' en la
materia. Obsérvese que ya no se menciona
a la OPEP, sino genéricamente un
'tratado internacional'; y así se hizo no
sólo en los Convenios Operativos de la
Tercera Ronda, sino también en los
Convenios de Asociaciones de la Faja
que fueron firmados posteriormente al
Convenio Operativo Boscán.
La razón fue que para los
poderosos países consumidores y sus
compañías transnacionales, la cuestión
no era 'cuotas sí' o 'cuotas no'. Estaban
bien conscientes de la necesidad de un
sistema de cuotas; la cuestión era
quiénes controlarían el sistema de
cuotas: ¿los poderosos países consumidores,
o la OPEP? En este sentido, los
países consumidores apostaban a la
OMC, fundada en 1994, como un
instrumento para controlar el sistema
de cuotas. Esta Organización incorporó
en sus estatutos al GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade) donde
se estableció, ya en 1947, entre otras la
siguiente excepción:
"…ninguna disposición del presente
Acuerdo será interpretada en el sentido de
impedir que toda parte contratante adopte
o aplique las medidas:
g. relativas a la conservación de los
recursos naturales agotables…"
De manera que la OMC,
explícitamente, reconoce el derecho
soberano a medidas conservacionistas
cuando de recursos naturales agotables
se trata. Ello es el caso, obviamente,
de todos los minerales, pero
también de seres vivos, de animales,
43

44
peces o plantas. En el mundo entero se
observan sistemas de cuotas nacionales
e internacionales no sólo en la
minería, sino también en la caza, la
pesca o la deforestación. Empero, a la
excepción (g) citada, sigue la
excepción (h):
h. "adoptadas en cumplimiento de
obligaciones contraídas en virtud de un
acuerdo intergubernamental sobre un
producto básico que se ajuste a los
criterios sometidos a las PARTES
CONTRATANTES y no desaprobados por
ellas o de un acuerdo sometido a las
PARTES CONTRATANTES y no desaprobado
por éstas;"
Un 'acuerdo intergubernamental
sobre un producto básico' --en inglés:
commodity agreement-- sí necesitaría, al
no tratarse de un producto agotable,
ser aprobado por la OMC, como mínimo
pasivamente; por lo contrario,
sería ilegal. De allí, por una parte, la
propaganda incesante de los poderosos
países consumidores de calificar a la
OPEP como un 'cartel de productores'
y, por la otra, de negar el carácter de
agotable a los hidrocarburos. Los ejecutivos
de la vieja PDVSA no se cansaban
de repetir que, hoy por hoy, el petróleo
ya no sería otra cosa que un
commodity; tampoco se cansaban de repetir
que la Faja Petrolífera del Orinoco
sería una reserva infinita de bitumen
(con lo que, de paso, sostenían que
tampoco se justificaba cobrar una regalía
en la explotación de la misma).
Es este punto de vista que se
reflejó en los Convenios Operativos de
la Tercera Ronda (al igual como en
todos los Convenios de Asociación de
la Faja): el derecho de regular la
producción no sería un derecho
soberano sino que se derivaría de la
existencia de algún 'tratado interna-
cional'. Al mismo tiempo, a nivel
internacional --la Apertura en Venezuela,
desde luego, sólo puede entenderse
cabalmente en el contexto internacional--
los gobiernos de los poderosos
países consumidores estaban trabajando
para intimidar a todos los países
miembros de la OPEP, siendo en su
mayoría también de la OMC, para que
aceptaran someter el sistema de cuotas
de producción de petróleo a las
reglas de la OMC. Ésta, obviamente,
está dominada por aquellos poderosos
países consumidores.
De manera que la referencia a
'tratados internacionales' apuntaba a
un futuro, donde el recurso natural
estaría definitivamente globalizado y la
OPEP convertida en un commodity
agreement, sujeto a reglas aprobadas
por la OMC.
6 ILEGALIDAD DE LOS
CONVENIOS OPERATIVOS
De lo anterior de por sí se
desprende que los Convenios Operativos
no sólo siempre fueron contrarios
al interés nacional y representaban más
bien los intereses de los poderosos países
consumidores, sino que también
fueron ilegales, por basarse en una interpretación
arbitraria de la Ley de
Nacionalización, en la desinformación y
el engaño a la Comisión de Energía y
Minas del Congreso de la República de
entonces. Además, pudo observarse
cómo, con cada modificación del modelo
de la Primera Ronda, se hicieron
cada vez más ilegales. A continuación
resumimos los puntos principales que
sostienen estas conclusiones.
6.1 Aspecto Cuantitativo
La Exposición de Motivos de la Ley
de Nacionalización, al referirse a los
convenios operativos previstos en el
Artículo 5º, precisó que:
"…debe quedar muy claro que en
ningún caso estas gestiones deberán
afectar la esencia misma de las actividades
atribuidas. No se excluye así, la celebración
de convenios o contratos con empresas
privadas para la ejecución de determinadas
obras o servicios por los cuales estas
últimas recibirían el pago en dinero o en
especie, sin que en este último caso se
pueda comprometer un porcentaje fijo de
la producción de un determinado campo o
la entrega de una cantidad substancial del
petróleo que desdibuje la figura del simple
contrato de servicio u operación".
Se trataba aquí de aclarar que los
verdaderos convenios operativos, en
todo caso, tampoco podrían llegar a
tener una importancia económica significativa
dentro de las actividades reservadas.
De allí que al iniciarse esta
política de cesión de la actividad
productiva, la Meritocracia le restó
importancia económica al presentarlos
como un programa de reactivación de
yacimientos marginales, abandonados o
inactivos, incluso habría que estar agradecidos
que alguna empresa quisiese
hacerse cargo de ellos. La verdad era
otra. Los 32 convenios operativos están
produciendo, en la actualidad, unos 500
MBD. Además, obsérvese que uno de
los convenios operativos --Convenio
Boscán--otorgado por adjudicación directa,
estaba produciendo en el
momento de entregarse, unos 80 mil
barriles diarios: Difícilmente podría
calificarse como un campo marginal y
menos abandonado o inactivo.
Por otra parte, la remuneración
por los 'servicios' prestados iba a variar
directamente con el precio del
petróleo producido y, más aún, tal
remuneración representó, en el

promedio sobre los 32 convenios y
durante el período en consideración, el
55% del valor bruto de la producción; y
téngase presente que esta remuneración
es neta de regalía que paga
PDVSA, no las contratistas.
De manera que los convenios
operativos son ilegales, también por su
importancia económica. Pues las
contratistas reciben una remuneración
que representa, como se vio, no sólo
en promedio sino en todos los casos,
un porcentaje muy significativo del
valor bruto de la producción; en lo
esencial, su remuneración varía en
función de los volúmenes producidos y
los precios de mercado. Con ello, sin
lugar a dudas, de por sí se 'desdibuja la
figura del simple contrato de servicio u
operación'. Por lo demás, la duración
de los mismos era de veinte años, aquí
habría que volver a citar la primera
parte del artículo 5º de la LOREICH,
donde al mencionarse la posibilidad de
celebrar convenios operativos, se
establece claramente que:
"En ningún caso estas gestiones
afecten la esencia misma de las
actividades atribuidas". (al Estado).
6.2 Aspecto Cualitativo
La ilegalidad de los supuestos Convenios
Operativos se desprende fundamentalmente
de su carácter de cesión.
No se trataba de simples 'Convenios de
Servicios Operativos' como los llamaba
la vieja PDVSA. Con la nacionalización,
además de reservarse, desde luego, la
propiedad del recurso natural y la supervisión
de las actividades productivas
por parte del Estado, éste se reservó
también las actividades productivas
relacionadas con el mencionado recurso.
Sólo podrían ejercerse, por parte
del sector privado, en asociación con la
empresa del Estado y previa aprobación
del Congreso de la República, tal y
como se estableció inequívocamente en
la segunda parte del Artículo 5º que ya
se citó arriba.
Quizás en este contexto es
conveniente citar lo que en un Glosario
preparado por la Society of Petroleum
Engineers, el World Petroleum Council y la
American Association of Petroleum Geologists
se define como 'pure service contract':
Un contrato puro de servicios es un
acuerdo entre un contratista y un gobierno
que típicamente cubre un servicio técnico
definido que tiene que prestarse por un
tiempo determinado o completarse en un
plazo específico. La inversión de la
contratista está típicamente limitada al
valor de los equipos, herramientas y
personal usados para prestar el servicio.
En la mayoría de los casos el reembolso a
la empresa de servicios se establece en el
contrato, sin que éste tenga vínculos
significativos con el desempeño del proyecto
o factores de mercado. El pago por
servicios está normalmente basado en
tarifas diarias o por hora, un monto fijo por
entrega llave en mano, u otro monto
específico. Los pagos pueden ser efectuados
periódicamente o cuando se complete
el servicio. Los pagos en algunos casos
pueden estar ligados a la operación del
campo, la reducción de costos operativos o
a otros parámetros relevantes. Los riesgos
del contratista en este tipo de contrato
están usualmente limitados a sobrecostos
no recuperables, pérdidas derivadas del
incumplimiento del contrato por el cliente
o por el contratista, o disputas contractuales.
Estos acuerdos generalmente no tienen
exposición al volumen de la producción ni
a su precio de mercado, y en consecuencia
usualmente no se reconocen reservas
conforme a los mismos.
(www.spe.org/spe/jsp/basic/0,,1104_3306579,00. html)
Esta cita habla por sí sola.
7 PONIENDO FIN A LOS
CONVENIOS OPERATIVOS
Con el gobierno del Presidente
Chávez y su política de Plena Soberanía
Petrolera se inició el movimiento para
restablecer todos los aspectos de
soberanía en esta materia crucial para
el desarrollo de nuestro país, desmontando
la política de "Apertura
Petrolera" en todos sus aspectos. El
Gobierno Bolivariano inició el desarrollo
de esta política soberana con el
rescate de la regalía, de esta renta
minera emblemática. Primero, con la
nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos
Gaseosos de 2000, se aumentó la tasa
de regalía usual de la Ley de Hidrocarburos
de 1943, de un sexto (16 2/3%),
a un quinto (20%) como mínimo, sin
flexibilidad hacia abajo. (En posteriores
rondas de licitación de licencias de gas
no asociado, se utilizó a la regalía como
parámetros de licitación y las tasas
ofertadas han llegado hasta 32,5%). En
el 2001, en el Decreto con Fuerza de
Ley Orgánica de Hidrocarburos la tasa
usual se elevó de 16 2/3% a un 30%, se
mantiene un mínimo de 20%, sin
flexibilidad hacia abajo y como una
medida temporal para el desarrollo de
campos maduros o crudo extrapesado
de la Faja. Esta tasa se aplicó, a partir
de 2002, a PDVSA y, por ende, a los
Convenios Operativos de la Tercera
Ronda. Con una producción alrededor
de 170 MBD, la regalía adicional
representaba unos 22,7 MBD.
Pero esta medida no afectó a las
dos primeras rondas, donde PDVSA ha
sufrido o estaba sufriendo pérdidas, por
lo menos circunstancialmente, en ocho
de los catorce contratos que las
conforman. De allí la decisión del
Ministerio de Energía y Petróleo de
limitar en todos los casos, mediante un
Instructivo fechado el 12 de abril de
45

46
2005, los pagos totales al 2/3 del valor
de los hidrocarburos producidos, con
efecto al 1º de enero de 2005, esto lo
hemos llamado "la regla de 2/3". Aparte
de que estos Convenios Operativos
eran ilegales, no era admisible, bajo
ninguna circunstancia, que lo que constituían,
supuestamente, simples convenios
de servicios operativos, llegaran al
extremo de causar pérdidas a PDVSA.
De hecho, todas las contratis-tas
terminaron aceptándolo.
Por otra parte, el SENIAT recalificó
a los Convenios Operativos como
productores de petróleo y, en consecuencia,
revisó todas las declaraciones
de impuesto sobre la renta de las
contratistas para los períodos fiscales
abiertos --2001 a 2004-- para aplicarles
la tasa petrolera de impuesto sobre la
renta, además de iniciar un proceso de
revisión exhaustiva de los distintos
mecanismos que se vinieron utilizando
para evadir y dejar de pagar impuestos,
lo cual ha generado los reparos, multas
y actuaciones que establece la Ley del
ISLR.
Sin embargo, los Convenios
Operativos como tal, son ilegales en su
origen, como hemos señalado anteriormente,
y están al margen del marco
legal vigente para el sector de hidrocarburos.
De allí que el Ejecutivo
nacional, por intermedio del Ministerio
de Energía y Petróleo, inició un proceso
para extinguir y hacer cesar los efectos
de los convenios operativos y ajustar la
participación privada a nuestro Ordenamiento
Jurídico, una vez cumplidas
las obligaciones legales y tributarias de
éstos con el Estado venezolano. A este
proceso le hemos llamado "migración".
Nuestro marco legal vigente, la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, en su
Capítulo III, Sección I, Artículo 22, "Del
ejercicio de actividades primarias",
establece:
"Las actividades primarias indicadas
en el artículo 9, serán revisadas por el
Estado, ya directamente por el Ejecutivo
nacional o mediante empresas de su
exclusiva propiedad. Igualmente podrá
hacerlo mediante empresas donde tenga
control de sus decisiones, por mantener
una participación mayor del cincuenta por
ciento (50%) del capital social, las cuales a
los efectos de este Decreto Ley, se
denominan empresas mixtas. Las empresas
que se dediquen a la realización de
actividades primarias serán empresas
operadoras".
Así, nuestra Ley establece
claramente el espacio y la normativa
para la participación del capital privado
en nuestro sector de hidrocarburos,
más aún en el espíritu de éste, está
claramente establecido que la participación
será bajo control del Estado
venezolano y que en ningún caso la
figura de empresas mixtas comprometerán
nuestra soberanía, bien sea en
términos de propiedad de nuestras
reservas, regulación de la producción,
preservación de nuestro recursos, ni en
los aspectos fiscales. Por esta razón la
Ley establece en su Sección III, "De las
Empresas Mixtas":
Artículo 33: "La constitución de
empresas mixtas y las condiciones que
regirán la realización de las actividades
primarias, requerirán la aprobación previa
de la Asamblea Nacional, a cuyo efecto el
Ejecutivo nacional, por órgano del
Ministerio de Energía y Minas, deberá
informarla de todas las circunstancias pertinentes
a dicha constitución y condiciones,
incluidas las ventajas especiales previstas a
favor de la República. La Asamblea
Nacional podrá modificar las condiciones
propuestas o establecer las que considere
convenientes".
En sus artículos 34, 35, 36 y 37
establece condiciones de regulación
específicas para la figura de empresas
mixtas además de todas las partes que
aplican tanto en las entidades del
Estado, Petróleos de Venezuela y sus
empresas filiales, como las empresas
mixtas.
De tal manera que, estando
claramente definido el Marco Legal para
la existencia de las empresas mixtas y
los mecanismos para su constitución y
control, y toda vez que no se vulnera ni
nuestras leyes, ni nuestros preceptos
constitucionales, el Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Energía y
Petróleo, ha venido desarrollando un
conjunto de acciones para que el
proceso de migración de los convenios
operativos mencionados anteriormente
concluya con la conformación de
empresas mixtas.
En este sentido, a partir de la
emisión, por parte del Ministerio de
Energía y Petróleo del Instructivo del
12 de abril de 2005, se invitó a las
contratistas a firmar Convenios Transitorios
por medio de los cuales
aceptaban formalmente la 'Regla de
2/3', así como su participación en el
proceso de migración. Esta primera
fase del proceso culminaría el 31 de
diciembre de 2005 y se estableció un
periodo de transición que se extendió
por otros seis meses, hasta el 31 de
marzo de 2006, por razones eminentemente
prácticas. Al mismo tiempo se
formaron Comités Ejecutivos Transitorios
para cada uno de los Convenios
Operativos con cinco integrantes: tres
nombrados por PDVSA, y dos por las

contratistas. Éstos, de acuerdo con un
segundo Instructivo emanado del
despacho de Energía y Petróleo, de
fecha 4 de noviembre de 2005, están a
cargo de preparar el plan de negocios
para la fase inicial de las empresas
mixtas, diseñar las políticas operativas,
establecer los programas de trabajo y,
en general, tomar el control de todos
los Convenios Operativos a partir del
1º de enero de 2006.
Más, se instruyó a PDVSA dejar de
ejecutar, a partir del 1º de enero de
2006, todos aquellos Convenios Operativos
cuyos contratistas no habrían firmado
un Convenio Transitorio para el
31 de diciembre de 2005. Todas
terminaron por firmar, con la excepción
parcial de ExxonMobil. Esta compañía,
socio minoritario en el Convenio Operativo
Quiamare-La Ceiba, se negaba a
dar el permiso requerido a Repsol, el
socio mayoritario, compañía que ya
había firmado Convenios Transitorios
para otros tres Convenios Operativos.
Sin embargo, ExxonMobil, en el último
momento accedió a vender su participación
al socio mayoritario y se firmó el
Convenio Transitorio respectivo.
PDVSA, por su parte, ya había tomado
todas las medidas para ocupar, si fuera
preciso, el campo Quiamare-La Ceiba el
1º de enero de 2006.
8 LAS EMPRESAS MIXTAS
Los Convenios Transitorios fueron
firmados en varias etapas. El primer
grupo que aceptó las condiciones
propuestas firmó el 4 de agosto de
2005. Eran Repsol, CNPC, Harvest,
Hocol, Vinccler, Inemaka, Suelopetrol y
Open. El 6 de octubre de 2005, siguieron
Perenco, Tecpetrol y Teikoku; y el
19 de diciembre de 2005 Chevron,
Statoil, ENI, Total, BP y Samson.
En la medida en que firmaron, se
iniciaron inmediatamente las conversaciones
con las compañías respectivas
sobre todos los pasos legales y econóicos
por darse, además de las discusiones
y negociaciones pertinentes sobre
el modelo de empresa mixta y sus estatutos.
En lo que sigue se presenta los
principios y rasgos esenciales de todo
el proceso y de todos los documentos
relevantes.
8.1 Estructura del Proceso de
Migración
El proceso de migración pasa por
un Contrato de Conversión. Una vez
acordados con una contratista el
borrador del Contrato de Conversión
y de los términos y condiciones
econmicos, se firmará un Memorándum
de Entendimiento, el cual estará sujeto
todavía a las aprobaciones requeridas,
incluyendo la aprobación del Consejo
de Ministros y de la Asamblea Nacional.
Solamente entonces se celebrará el
Contrato de Conversión definitivo, y se
constituirá la Empresa Mixta autorizada
por decreto presidencial.
8.2 Contrato de Conversión
El Contrato de Conversión es un
contrato marco entre una empresa del
Estado y la(s) excontratista(s) del Convenio
Operativo, cuyas características
esenciales son las siguientes:
- Prevé la constitución de una
Empresa Mixta conforme a la Ley
Orgánica de Hidrocarburos,
integrada por una empresa del
Estado como accionista
mayoritario y por la excontratista
como accionista minoritario.
- Establece las reglas básicas que
regirán la Empresa Mixta y la forma
de conducir sus operaciones.
-Confirma la extinción del Convenio
Operativo sin que medie la posibilidad
de reclamaciones posteriores.
- Confirma el papel de la Empresa
Mixta como operadora y la autoriza a
contratar servicios sólo en la medida
en que tales contratos no alteren su
condición básica de operadora.
- Restringe la transferencia de las
acciones del accionista minoritario,
tanto en forma directa como indirecta,
por vía de un cambio de control del
propio accionista minoritario, sin la
autorización expresa del Ministerio de
Energía y Petróleo.
- Incorpora como anexos los diversos
documentos (originales, versiones
preliminares o resúmenes) relativos al
proceso de conversión, todos revisados
y/o aprobados en primera instancia
por el Ministerio de Energía y Petróleo,
incluyendo:
- La Resolución que establece el Área
Delimitada;
- El Plan de Negocios Inicial para la
Empresa Mixta;
- El Contrato de Compra Venta de los
Hidrocarburos entre la Empresa Mixta
y PDVSA;
- El Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales de la Empresa Mixta;
- Lista de activos transferidos (y
auditados);
- La Resolución del Consejo de
Ministros con respecto a la escogencia
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directa de la Empresa Mixta;
- El Acuerdo de la Asamblea Nacional;
- El Decreto de Creación de la
Empresa Mixta;
- El Decreto de Transferencia de
Derecho de Ejercer las Actividades
Primarias.
8.3 Acuerdo de la Asamblea
Nacional
Entre los documentos que se
someterán a la Asamblea Nacional se
incluirá el proyecto de Contrato de
Conversión y sus anexos, así como los
términos y condiciones propuestos.
Entre éstos se destaca que el Estado,
como mínimo, tendrá una participación
fiscal igual al 50% de los ingresos brutos
de la Empresa Mixta. A esta participación
fiscal habrá que añadir la participación
accionarial en las utilidades de la
empresa.
8.4 Estatutos de la Empresa Mixta
El accionista mayoritario tendrá el
poder de tomar las decisiones relacionadas
con las operaciones como, por
ejemplo:
-La aprobación de todos los programas
de trabajo y presupuestos anuales,
siempre que éstos estén en concordancia
con el plan de negocios acordado al inicio
en el Contrato de Conversión.
-En general, todas las decisiones cuya
aprobación no requiera específicamente
una mayoría calificada, siempre que éstas
no fueran contrarias a los intereses de la
Empresa Mixta.
Los Estatutos proveerán una
protección básica a los accionistas
minoritarios al requerir de una mayoría
calificada para tomar ciertas decisiones,
incluyendo:
- Cambios en los Estatutos;
- Cambios en el Plan de Negocios
Inicial;
- Fusión, disolución o liquidación de la
empresa, o transferencia de sus
activos;
- Cambio en la política de dividendos;
- Modificaciones al Contrato de
Compra Venta de Hidrocarburos;
- Selección de auditores externos;
- Renuncias de derechos substanciales.
La política de dividendos de la
Empresa Mixta consistirá en distribuir
todas las utilidades líquidas disponibles
luego de atender las necesidades de
reservas, planes de inversión y
obligaciones financieras, fiscales y de
otra índole. También contemplará
pagos anticipados en la medida en que
la Junta Directiva lo considere factible y
prudente dada la situación y proyección
financiera de la compañía.
8.5 Contrato de Entrega de
Hidrocarburos
El Contrato de Entrega de
Hidrocarburos mantendrá íntegramente
el monopolio que en esta
materia retienen, de acuerdo con la
LOH, las empresas 100% de propiedad
del Estado. Las Empresas Mixtas
entregarán la totalidad de su producción
de hidrocarburos a PDVSA, y
PDVSA venderá la producción a los
clientes que considere convenientes.
Las Empresas Mixtas recibirán pago del
valor de los hidrocarburos entregados
en dólares, conforme a precios del
mercado.
9 COMPARACIÓN ENTRE LOS
CONVENIOS OPERATIVOS Y LAS
EMPRESAS MIXTAS
9.1 Legalidad
La primera diferencia a resaltar,
desde luego, es que los Convenios
Operativos eran ilegales, mientras que
las Empresas Mixtas se ajustan
estrictamente a la LOH. Son empresas
operadoras en las cuales una Empresa
del Estado, como accionista mayoritario,
tiene el derecho a designar la
mayoría de la junta directiva y al
gerente general, con lo que adquiere un
control efectivo de la operación de los
campos.
9.2 Participación Económica
Nacional
Como ya se señaló, las Empresas
Mixtas tienen un piso fiscal del 50% del
valor de la producción bruta. En
cambio, los Convenios Operativos no
tenían piso fiscal alguno y llegaban
hasta el extremo de causar pérdidas a
la Nación. Además, no hay que
olvidarse que la empresa del Estado
también tendrá una participación
accionarial mínima de 60% en la
Empresa Mixta.
9.3 Plena Soberanía sobre
el Recurso Natural
Las Empresas Mixtas no
comprometen el derecho soberano de
regular la tasa de explotación del
recurso
renovable.
natural, agotable y no

9.4 Plena Soberanía Jurisdiccional
En las Empresas Mixtas se establece
la autoridad de los tribunales
nacionales.
9.5 Áreas Delimitadas
En los pocos casos que los
Convenios Operativos establecen
limitaciones en cuanto a los estratos
que puedan explorar y explotarse, éstas
desaparecerán, pues no hacen sentido.
Pero, al mismo tiempo, las áreas se
reducirán drásticamente, al limitarse a
las que están siendo efectivamente
explotadas o exploradas. ¡En los
Convenios Operativos las Áreas
Delimitadas promediaban 1.398 km2! 10 CONCLUSIONES
Con este Informe General el
Gobierno Nacional se dirige a la Asamblea
Nacional, por medio de la Comisión
Permanente de Energía y Petróleo,
en búsqueda de que ésta examine y
discuta el proceso de migración, con
miras a un acuerdo en apoyo a la
política gubernamental y los principios
esenciales que la sostienen. Luego seguirán
los Informes Especiales sobre
cada una de las Empresas Mixtas. El
objetivo del Gobierno nacional es finalizar
el proceso de migración para el 31
de marzo. Quedará atrás, así, definitivamente,
el capítulo más vergonzoso de la
historia petrolera nacional.
Para fines de esta discusión política
se anexa a este Informe el Modelo del
Contrato de Conversión, el cual ya
contiene los rasgos esenciales de los
Contratos de Conversión individuales
que todavía están en proceso de
discusión. También se anexan dos
Proyectos de Reformas Parciales del
Decreto-Ley Orgánica de Hidrocarburos
y de la Ley que establece el
Impuesto al Valor Agregado, los cuales
tienen por objeto precisar la base legal
para la venta de hidrocarburos
producidos por las Empresas Mixtas a
PDVSA y el marco regulatorio de las
Empresas Mixtas.
La primera diferencia a resaltar, desde luego, es
que los Convenios Operativos eran ilegales,
mientras que las Empresas Mixtas se ajustan
estrictamente a la Ley Orgánica de Hidrocar-
buros. Son empresas operadoras en las cuales una
Empresa del Estado, como accionista mayorita-
rio, tiene el derecho a designar la mayoría de la
junta directiva y al gerente general, con lo que
adquiere un control efectivo de la operación de
los campos.
Fin
49

Alfonso Ocando
Ángel González explicó que después
de cuantificar las reservas, serán
certificadas por empresas
independientes internacionales.
Desde el inicio del gobierno del
presidente Hugo Chávez Frías en 1999,
fue en el 2004 cuando la nueva PDVSA
incorporó el mayor volumen de
reservas probadas de petróleo y gas
natural.
En 2002, año del sabotaje petrolero,
apenas se incorporaron 474
millones de barriles de crudo y 0,9
MMMMPCNG (billones de pies
cúbicos netos de gas natural), refirió
Ángel González, director general de
Exploración, Reserva y Tierra del
Ministerio de Energía y Petróleo, quien
también habló de las perspectivas de
certificar las reservas probadas de la
Faja Petrolífera del Orinoco, con lo cual
Venezuela oficializará que dispone de
los mayores volúmenes de petróleo del
mundo.
2002 fue una etapa negativa
desde todo punto de vista para el
sector petrolero, según
demuestran las cifras. ¿Cuál fue el
papel del Ministerio de Energía y
Minas (hoy Ministerio de Energía
y Petróleo) durante la
recuperación de la industria
petrolera?
Para nosotros fue un reto imprevisto
y decisorio, porque tuvimos que
aprender y decidir sobre la marcha.
Habían bloqueado todo lo relativo al
sistema cartográfico que estaba
computarizado. Tuvimos que valernos
de nuestros limitados recursos de
informática, lo que teníamos en nuestros
archivos, a fin de preservar algunos
pozos que se encontraban en proceso
de perforación y reactivación. Tomamos
todas las previsiones posibles para
evitar el daño a esos pozos y resguardar
la seguridad del personal.
Generalmente, cuando se va a
parar la producción de un pozo o
ponerlo en actividad, hay que realizar
51

52
una serie de procedimientos y reglas a
fin de evitar dañar el yacimiento.
Durante el sabotaje de 2002 nos
vimos bloqueados por transporte y
eso conllevó que los tanques de
almacenamiento se rebosaran, produciendo
una parada casi intempestiva,
sin dar tiempo para las
previsiones del caso.
¿Quiénes alertaron sobre la
situación?
Fundamentalmente, los obreros;
ellos estuvieron siempre atentos, nos
llamaban por teléfono diciéndonos:
“Están parando producción. ¿Qué
hacemos?”. Realmente teníamos que
tomar decisiones sobre la marcha, no
había otra opción.
¿Quién ayudó a PDVSA o al
Ministerio en ese momento?
La Fuerza Armada, el pueblo, pero
más que todo los obreros. La Fuerza
Armada tuvo un papel importante, pero
los que mejor conocen de las operaciones
de campo para la explotación de
los yacimientos son los obreros. La
mayoría del personal profesional se fue
al paro en ese momento; sólo contábamos
con los obreros y sus
supervisores. Ellos hicieron un gran
trabajo.
Se dio un apoyo irrestricto desde el
Ministerio en el levantamiento de las
operaciones porque la producción bajó
de tres millones a 25 mil barriles y eso
ocurrió en los primeros seis días. Fue
una parada vertiginosa. Eso fue
dramático.
Para marzo de 2003 la
producción se había recuperado a
un millón de barriles diarios.
¿Qué pasó en esa fecha?
Progresivamente se comienza a
recuperar la producción de la mayoría
de los campos, estábamos atentos
diariamente y a cada hora de la
información que nos suministraban.
Realizábamos un monitoreo completo
en todas aquellas áreas importantes,
como lo era el norte de Monagas, que
fue un factor fundamental nuestro;
comenzamos por los pozos de El Furrial.
Después aseguramos el levantamiento
de producción en el Occidente y
estuvimos también pendientes de lo que
pasaba en Maracaibo.
¿Por qué se recupera la
producción, primero en Oriente y
luego en Occidente?
Hubo mucho más sabotaje en
Maracaibo. En Oriente había mucho
más trabajadores patriotas, que en este
caso contribuyeron con el levantamiento
de la producción. Teníamos mucho
personal que se quedó con nosotros e,
inclusive, hay varios directores del
Ministerio, que estuvieron trabajando y
cooperando fuertemente, cumpliendo
con su trabajo. La situación era:
levantábamos la producción o el país se
caía completamente, no quedaba
alternativa; estábamos decididos a
continuar con el presidente Chávez
hasta el final.
Libro Oficial de Reservas MENPET

Alfonso Ocando
¿Hubo graves daños a los
yacimientos?
No. Actualmente la producción se
encuentra en 3 millones 300 mil
barriles diarios. Después de esa recuperación
se ha mantenido entre 3
millones 200 y 3 millones 300 mil. Ahí
está el balance de producción.
El año 2004 fue un año
de éxitos en el sector petrolero,
¿cómo ve usted el futuro? ¿Cómo
están las reservas petroleras?
¿Cómo se encuentra Venezuela
en el mundo en materia petrolera
en cuanto a reservas?
Fundamentalmente, el año 2004 fue
uno de los años importantes en cuanto
a la incorporación de reservas
probadas de crudo y gas natural.
Pasamos de 77 millardos de barriles de
reservas probadas a 80,5 millardos de
barriles. ¿Qué significa eso? Que
pudimos incorporar cerca de 4,6
millardos de barriles en el año 2004.
En relación con el tema del gas
natural, siempre hemos estado con un
balance positivo. Tradicionalmente
hemos incorporado mucho más de lo
que hemos producido, con la excepción
de 2002. Prácticamente en ese año se
interrumpió toda esa cadena positiva
que llevábamos con el presidente
Chávez. Después de 2003 comienza
otra vez el repunte y hasta ahora nos
hemos mantenido positivamente.
Ahora bien, uno de los trabajos
más importantes que estamos llevando
a cabo actualmente es el desarrollo de
la Faja del Orinoco, la cuantificación,
oficialización y certificación de sus
reservas. Esperamos en los próximos
dos o tres años incorporar la cantidad
de 236 mil millones de barriles a
reservas probadas.
¿En los próximos dos años?
Sí, en los próximos dos años.
Vamos a cuantificar y, luego de
oficializarlas ante el Ministerio de
"A partir de ahora las empresas operadoras tienen que
recobrar al máximo cada yacimiento", sentenció
González, convencido de que la estrategia apunta a
recuperar más crudos pesados y extrapesados.
Energía y Petróleo, vamos a certificarlas
con empresas independientes
internacionales. El Ministerio
de Energía y Petróleo está supervisando
de una forma directa estas
actividades y así pasaremos a ser el
país con mayores reservas probadas
de hidrocarburos del planeta.
De igual forma, estamos trabajando
en la incorporación de reservas de gas
natural no asociado porque si bien es
cierto que tenemos 151 TCF (trillones
de pies cúbicos de gas natural), esas
reservas son en su mayoría gas
asociado al petróleo. Como se podrá
observar, subimos un poco, pues
teníamos 150 TCF.
De estas estrategias, todas importantes,
la principal es la Faja, no hay
duda de que allí se va a concentrar gran
parte de nuestros esfuerzos.
En la Faja Petrolífera del Orinoco se
han estimado 1,3 billones de barriles en
sitio; lo que llamamos POES, petróleo
53

54
original en sitio. ¿Qué significa eso? Que
si utilizamos un factor de recobro muy
bajo, tan bajo como el que han utilizado
las asociaciones, entre 6 y 7 %, nos da un
ínfimo volumen a recuperar.
Debemos recordar que un barril en
el subsuelo cuando es llevado a superficie
se convierte, por ejemplo, a 0,80 de
ese barril, es decir, que se ha perdido
volumen en superficie, ha mermado; ello
debido a la pérdida del gas que tenía en
solución. Si eso, aunado a que por cada
100 barriles que tenemos en el subsuelo,
aplicándole un recobro del 6%, podemos
recuperar, o poner arriba, 6 barriles,
estamos dejando 94 barriles abajo, en el
subsuelo.
A partir de ahora las empresas
operadoras tienen que recobrar al
máximo cada yacimiento. Estamos
exigiendo como mínimo, como un
lineamiento claro y preciso del Ministerio
de Energía y Petróleo, que podamos
recuperar cerca de 20% en crudos
pesados y extrapesados. Estamos proponiendo
que de cada 100 barriles,
podamos recuperar 20 barriles, en vez
de los seis barriles que venimos
recuperando hasta ahora.
También debemos concentrar los
esfuerzos en aquellos campos que
llamamos maduros o áreas tradicionales,
donde se tiene una madurez de
conocimiento geológico y de producción
alta. Tenemos que regresar a esas
áreas y, a través de la tecnología,
obtener el máximo recobro de esos
yacimientos.
Haremos esfuerzos exploratorios
en la frontera con Colombia, donde
también se encuentran importantes
concentraciones de hidrocarburos y se
incorporarán importantes reservas en
las áreas de Apure y Barinas.
En el Plan de Negocios de PDVSA
2006-2012 se ha previsto la incorporación
de cerca 8 mil 500 millones de
barriles por las actividades exploratorias.
De esos 8 mil 500 millones, ya se
tienen visualizados alrededor de cinco
mil millones de barriles.
¿El futuro petrolero
de Venezuela se encuentra en el
Oriente del país?
Todavía en el Occidente hay
grandes oportunidades en las áreas de
La Franquera, Tomoporo, La Ceiba,
éstas se encuentran en el sureste del
Lago de Maracaibo, sin olvidar las
oportunidades para gas natural no
asociado en la costa occidental del
Lago. El golfo de Venezuela comienza a
despuntar como una nueva provincia
gasopetrolífera.
•El Ministerio de Energía y Petróleo es el órgano del Ejecutivo Nacional que establece las normas y procedimientos que deben
ser acatadas por las empresas operadoras en el sector de los hidrocarburos. Estas Normas y Procedimientos incluyen no sólo lo
correspondiente para el cálculo de las reservas, sino también aquello necesario para el debido control de la información requerida
por el Estado y son de estricto cumplimiento, tanto en su contenido como en su forma.
•Este Ministerio ha puesto un interés
especial para que las normas y definiciones
establecidas en la materia sean las mismas
que se utilizan en el ámbito mundial, de
manera que los valores declarados de las
reservas de hidrocarburos en diferentes
países que utilizan normas similares, sean
comparables con las de Venezuela.
•Según el Manual de Normas y Procedimientos
de Reservas del Ministerio de
Energía y Petróleo, las Reservas de Hidrocarburos
tienen la siguiente clasificación:
Archivo Menpet

Archivo Menpet Archivo Menpet
55

56
Archivo Menpet
Actualmente operan distintas
fuerzas, tanto autóctonas como externas,
en la política del gas en Suramérica.
Desde el punto de vista exógeno, la
primera de ellas proviene de EE UU,
dado que las iniciativas que se tienen en
materia de gas lideradas por Venezuela
limitan considerablemente las aspiraciones
de EE UU de acceder a tales recursos
para soportar su balance de energía
primaria en el largo plazo. Aspiraciones
cuyo argumento geo-político se argumenta
en que los recursos energéticos
por debajo del ecuador son suficientes
para abastecer la demanda de esa
región, y que los recursos ubicados por
encima del ecuador deberían ser
destinados al mercado norteamericano.
Como parte de la estrategia estadounidense
están los actores privados
que, por el lado de la oferta, tienen
posicionamiento en Venezuela, Bolivia,
Brasil, entre otros, y del lado de la
demanda actúan a través de sus
subsidiarias o intermediarios presentes
en la actividad de generación de
potencia en Latinoamérica. Estos
actores e intereses políticos han estado
muy activos desde que Venezuela
reaccionó con su proyecto de Cono
Energético soportado sobre el Gasoducto
del Sur, ante la propuesta del
Banco Interamericano de Desarrollo
(organismo este que obedece a los
lineamientos de Washington) de construir
un anillo energético, propuesta
que fue presentada a la XXVIII Reunión
Cumbre de Mercosur, en junio de
2005.
A raíz de la gestión preactiva de
Venezuela con relación a conseguir
consenso con Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Bolivia respecto al
Cono Energético y al gasoducto en
particular, los estadounidenses a través
de sus agentes han estado muy activos

en influir para acelerar la toma de
decisiones que dificulte en grado
extremo la realización del gasoducto.
Entre estas acciones se encuentran
algunas posiciones que se han alineado
con los intereses estadounidenses y, a
nivel técnico, obstaculizan con argumentaciones
“especializadas” el progreso
de las conversaciones.
Por otro lado, están las posiciones
individuales de las empresas trasnacionales
que, en conjunto con los intereses
estadounidenses y operando para aprovechar
el costo de oportunidad, hacen
ofertas de abastecimiento de gas con
fórmulas de valorización fuera del
contexto regional, utilizando distintos
métodos y tecnologías para asegurar y
fragmentar el mercado del gas
suramericano. De esta manera, se
dificulta la acumulación de las
economías de escala que requiere este
gasoducto. La argumentación que
soporta este razonamiento yace en las
acciones emprendidas por BP, junto
con empresas chilenas, para importar
gas desde la cuenca del Pacífico
(Indonesia y Australia) y diversificar así
las fuentes de suministros de Chile que
actualmente provienen de Bolivia y Argentina.
Esta iniciativa ya ha originado
un cierto compromiso formal a través
de un acuerdo privado para construir
un terminal de regasificación cercano a
Santiago de Chile. Destaca aquí que la
valorización acordada ha sido inicialmente
referenciada al precio del
mercado norteamericano (entre 7 y 15
$/MMBTU), hecho este que constituye
Archivo Menpet
un exabrupto dado que estos precios
se establecen en función del balance de
gas en Norteamérica y no en un
supuesto mecanismo de valorización de
mercado de gas que no existe a nivel
mundial. Este hecho particular implica
el encarecimiento del costo de energía
para todos los latinos, pues seguramente
será utilizado como referencia
para las negociaciones que actualmente
se conducen en esta materia entre
Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. En
contraste con esta posición, la
valorización que se ha propuesto para
el Gasoducto del Sur está soportada
sobre la base de un piso en función del
costo marginal de desarrollo a largo
plazo y un techo sobre la base de los
combustibles que el gas natural
desplaza en los puntos de consumo,
57

58
valor este que puede ser considerablemente
inferior al que se referencia en
Norteamérica. Con la misma intención
se han estado realizando propuestas
para importar gas a Fortaleza en el
noreste de Brasil, utilizando la tecnología
de gas comprimido proveniente de
Nigeria en la cual estarían participando
agentes privados.
Otra arista para el ataque
orquestado sobre la iniciativa del
Gasoducto del Sur, lo constituye el
impacto ambiental y la compra interesada
de la conciencia de los grupos
ambientalistas y de penetración social
ideológica con base en EE UU y, por
otro lado, las argumentaciones tecnócratas
y economicistas relacionadas con
la superioridad del gas natural licuado
frente al del gasoducto, que siempre
son esgrimidas durante las reuniones
técnicas.
En resumen, en la geopolítica actual
del gas en Suramérica se confrontan
dos posiciones ideológicas para su
desarrollo; una, con base en la
liberalización, privatización y desregulación
de las actividades del gas, y otra,
proveniente de la regulación, participación
de agentes del Estado para
garantizar las obligaciones de servicio
público y la construcción de la
integración regional. Esta confrontación
tiene activos a los agentes que
favorecen ambas posiciones, destacando,
particularmente, el ataque multidimensional
que se genera desde
Washington en sincronía con sus operadores
y agentes como son el BID, las
transnacionales y las élites privadas que
operan en los países latinoamericanos y
que trabajan con el fin de descarrilar la
iniciativa del Gasoducto del Sur.
Archivo Menpet

"República del Zulia". De El
Tiempo, Bogotá, 1º de noviembre
de 1928.
A la derecha, el Presidente de
Colombia, a la izquierda, el
Ministro de Guerra
Hoy cuando se habla de la
"República del Zulia" suena a una
invención, a un regionalismo "ridículo"
y "extremo" de un pueblo orgulloso;
comúnmente nos referimos a ella como
a un "sentimiento", sin embargo, no hay
casualidad ni folclorismo, se trata de
una manipulación política calculada. En
la desesperación por recapturar el
petróleo y todo lo que venga por
añadidura, la oligarquía petrolera que
gobierna Estados Unidos, junto a sus
aliados nacionales, vuelven a reactivar
el secesionismo en la región. Ponen
esta idea en los medios como parte de
una verdadera campaña de guerra
psicológica contra nuestro país y su
integridad territorial, como una arista
afilada del macabro plan de descarrilar a
la revolución Bolivariana, distraerla,
restarle fuerza, minimizar su ejemplo e
irreverencia, buscando un gobierno
dócil a su control.
De repente se habla de la "República
del Zulia" y se entrevista a sus "representantes"
en televisión; se la escucha en
programas de concursos; se le otorga un
"fundamento histórico"; se la propone en
artículos de opinión, divulgando la idea
poco a poco, en grafitis, vallas y hasta en
franelas. Tampoco son pueriles o insignificantes
las visitas que ha hecho el embajador
imperial al gobernador del estado
Zulia Manuel Rosales, reconocido enemigo
de la revolución y aliado seguro del
gobierno de Estados Unidos. Tampoco
es casualidad la reciente reapertura del
consulado estadounidense en Maracaibo.
En cualquier caso, estas pretensiones
imperiales de desmembrar a
Venezuela no son nuevas, sino que desempolvan
un viejo plan, cuyo primer
intento se realizó a finales de los años
veinte del siglo pasado, y que había
sido puesto en práctica en el continente
con excelentes resultados al lograr
separar a Panamá de Colombia. Quizá
en aquel entonces no era estrictamente
necesario llevarlo a cabo en
Venezuela, puesto que ya contaban
con un dictador fiero y fiel, tal como lo
prefieren. Para ese momento ya habían
consolidado a Juan V. Gómez en el
poder, propiciando el traicionero
golpe contra Cipriano Castro, declarado
enemigo de cualquier pretensión
imperial. No obstante, aquel intento
fue resueltamente enfrentado por
numerosos patriotas venezolanos
desde dentro y fuera país, al punto de
lograr una condena de la otrora Liga
Antiimperialista Internacional.
De nuevo, Estados Unidos tiene el
ojo puesto en los ricos yacimientos de
hidrocarburos de nuestro pueblo. Y
59

60
como una muestra de lo añejo del plan,
reproducimos un artículo escrito en
1928 por el patriota venezolano
Salvador de la Plaza desde su exilio en
México, cuando junto a otros venezolanos
denunció las maniobras imperiales
y se opuso a "La República del
Zulia", esperando contribuir a mantenernos
alertas y plenamente conscientes
de la necesidad de defender el
sagrado suelo de la patria ante la planta
insolente del enemigo imperial y sus
aliados.
EL ZULIA, LA REPÚBLICA
DEL PETRÓLEO
SALVADOR DE LA PLAZA
"LIBERTAD", Nº 3, México,
D.F., agosto de 1928
“El rápido crecimiento del imperialismo
de Estados Unidos, que puede
medirse con cifras precisas en lo que se
refiere a la América Latina —colocación
de capitales para 1912 de
1.250.000 de dólares, para fines de
1927 de 5.000.000.000 dólares y
comercio con los mismos países por
valor de 5.000.000.000 dólares al
año— ha encontrado para su desarrollo
en la zona del mar Caribe y para sus
fines futuros, con un gran obstáculo: el
Archivo Menpet
imperialismo inglés. En efecto, los
ingleses, por mayor habilidad o por
ancianidad en la conquista, dominan
estratégicamente la parte norte de la
América del Sur y ponen en peligro el
Canal de Panamá y, por tanto, la
expansión estadounidense hacia el sur,
por el Pacífico. Los ingleses no sólo
poseen las islas Bahamas, Jamaica,
Trinidad, Honduras Británicas y las islas
Belices, sino que controlan las islas
holandesas Curazao y Aruba, llaves de
Venezuela y Colombia.
La lucha por desalojar a los ingleses
de esas posesiones, como paso previo
para el control absoluto del Caribe, ha
llevado a Estados Unidos a conquistar
militarmente a Haití, Santo Domingo,
obligar a Cuba a ceder bases navales
como la de Guantánamo y a ocupar
Nicaragua, base para un nuevo canal
interoceánico más seguro y de más fácil
defensa militar. Pero el norte de la
América del Sur, por sus riquezas y posición
geográfica, sigue siendo un problema.
Los ingleses poseen en Venezuela
las mejores y más ricas concesiones
petroleras —actualmente explotan
150.000 barriles diarios— y en Colombia,
entre otras, la concesión del Yat que
es una amenaza para el Canal de Panamá.
No pudiendo arrebatarle a los
ingleses sus posiciones y temiendo, por
otra parte, que la vejez del tirano
Gómez y el crecimiento del movimiento
revolucionario en Venezuela y
Colombia, traiga como consecuencia
una situación más difícil para ellos,
Estados Unidos, es decir Wall Street,
ha ideado la constitución de la
República del Zulia, integrada por el
Estado venezolano del mismo nombre y
los departamentos colombianos de
Santander y Goagira. Esos territorios
son limítrofes entre sí y sus respectivas
poblaciones, por ausencia de vías de
comunicación y condiciones geográficas,
se encuentran desvinculadas en
parte de sus respectivas metrópolis.
Además, debido a que por razones de
los gobiernos centrales, esas poblaciones
carecen de atención administrativa,
la idea separatista como medio
de independizarse de la tiranía a que
están sometidas, es de probable
desarrollo. Un nuevo Panamá rico en
materias primas y con bases navales
que permitan el control de todo el mar
Caribe, sería el resultado del plan.
Por otra parte, la intervención
armada en Venezuela y Colombia como
medio de garantizar el control de la
explotación de ambos países y la
seguridad para la inversión de nuevos
capitales contra una posible organización
de gobiernos nacionalistas,
sabe Estados Unidos, no sólo por los
fracasos en México y ahora en
Nicaragua, sino por la extensión
territorial de ambos países, que es una
empresa de resultados negativos. Ellos
necesitan un Panamá en el que, por el
control económico, político y militar no
sólo obtengan las bases de operaciones
para un caso de guerra y la protección
necesaria para el Canal de Panamá, sino
la facilidad de entorpecer la explotación

de las concesiones inglesas por medio
de leyes que el nuevo Estado podría ir
dictando a medida que las necesidades
fueran precisándolas.
Para la realización del plan se
comenzó desde mediados del año
pasado a enviar agentes a Colombia, los
que como los señores Smith y Landon
en la Goajira, por ejemplo, se han
dedicado a hacer reclamaciones al
Gobierno de Colombia por daños sufridos
en sus "intereses", provocando así la
"intervención" de los marinos para la
aplicación de la fórmula Coolidge: "En
donde exista una propiedad de un
norteamericano, está el territorio de los
Estados Unidos y nuestra marina y nuestro
ejército lo protegerán". En el departamento
de Santander la agitación tomó
tales caracteres que el Gobernador del
mismo se vio obligado a pasar comunicación
oficial al Gobierno Central,
asegurando que sería reprimida por la
fuerza toda manifestación separatista. En
el Zulia la propaganda ha sido más
velada. La prensa de Wall Street ha
hecho circular un rumor de que los
zulianos desean la separación y la
constitución de una república independiente.
En el interior han ofrecido a
Pérez Soto, actual Presidente del Estado,
toda protección en caso de levantarse
contra Gómez. Realizado el movimiento,
los marinos "protegerían" los intereses
y luego ya encontrarían a un Moncada
o Chamorro o Belisario Porras que
se declare "héroe" de la independencia,
obligando pacíficamente, por medio de
las armas, al resto de la población a
"declararse independiente del resto del
país".
No obstante que hasta ahora no ha
adelantado mucho, la situación política
de Venezuela es bastante oscura. El
período de Gómez finaliza el 19 de abril
próximo, los últimos sucesos habidos en
Caracas, la vejez de Gómez, la lucha que
se acerca entre los viejos caudillos como
representativos de las fuerzan feudales y
reaccionarias y las fuerzas de los trabajadores
ya incorporados a la lucha, la
intensificación de la lucha entre los dos
>RESOLUCIÓN<
imperialismos, etc..., hacen esperar que
será esa región teatro de acontecimientos
en los cuales la República del
Zulia será una escaramuza. Por otra
parte, en Colombia la lucha entre los
dos imperialismos y la ola de la reacción
en contra de los trabajadores, manifestada
principalmente por la nueva legislación
prohibitiva de la organización revolucionaria,
complican más el problema.
No es de esperar una alianza de los
dos imperialismos en contra del movimiento
revolucionario de ambos países,
pero sí que Estados Unidos intente
aprovechar la ocasión para contrarrestar
la posición de los ingleses y en ese
caso ¿estará próxima la guerra entre
Inglaterra y Estados Unidos?”.
Tomado de:
De la Plaza, Salvador (1965): “El embajador
de la devaluación; las reservas nacionales de
petróleo; los “Contratos de Servicio”; las
restricciones petroleras y la República del Zulia”.
Caracas. Editorial La Torre.
México, abril de 1928.
Resolución sobre Venezuela adoptada por el Consejo General de la Liga contra el Imperialismo
(Bruselas, diciembre 1927)
Habiendo oído los informes de los Delegados de la Sección Venezuela de la Liga Antiimperialista de las Américas y del Partido
Revolucionario Venezolano, y teniendo en cuenta que el imperialismo norteamericano se prepara a repetir en Venezuela, lo que ya hizo
en México con la separación de Texas y en Colombia con la separación de Panamá, llevando a cabo una campaña en favor de la
autonomía del Estado Zulia —la región petrolera más rica de Venezuela—, autonomía que tiene por fin obtener la hegemonía de la
explotación del petróleo sin la concurrencia de los capitales británicos, el Consejo General adopta la siguiente resolución:
El Consejo General de la Liga contra el Imperialismo y por la Independencia Nacional hace un llamado a todas las organizaciones
antiimperialistas del mundo para que lleven a cabo una campaña contra los planes del imperialismo yanqui de separar en Estado
Independiente el Zulia, a fin de obtener el control de la más rica región petrolera de Venezuela.
El Consejo General toma también la resolución de AYUDAR a las fuerzas revolucionarias de Venezuela CON TODOS LOS
MEDIOS POSIBLES en su lucha para libertarse del dictador Juan Vicente Gómez, lo que quiere decir, en su lucha contra el imperialismo
.yanqui.
Bruselas, diciembre 10 de 1927 (Proponentes: Prof. A. Goldschmicht, Salvador de la Plaza, Carmen Fortoul).
61

62
Prensa presidencial
I
Febrero: mes de muerte y
parto
¡Viva Venezuela libre! ¡Viva el 4 de
febrero! ¡Viva el Día de la Dignidad!
¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva la
Fuerza Armada Nacional! ¡Viva la
revolución Bolivariana!...
Apenas está comenzando hoy la
segunda batalla de Santa Inés, rumbo al
3 de diciembre.
Cuatro de febrero, catorce años
han pasado desde aquel día, día que sin
duda, sin duda el 4 de febrero partió en
dos la historia venezolana, el 4 de
febrero es fecha de fin y de inicio, es
fecha de muerte y de parto, el 4 de
febrero hirió de muerte lo que tenía
que morir y ya murió el Pacto de Punto
Fijo, que tanto daño le hizo a la
república, al pueblo, a la nación toda, 4
de febrero…
Quería comenzar mis palabras
haciendo el brindis por el compromiso,
por la batalla irrenunciable y por la
obligación de que vayamos hasta la
victoria siempre, haciendo patria,
haciendo la Venezuela nueva…
Y, además, como a veces pareciera
que la historia da vueltas, comienza y
recomienza, yo debo, así lo tomo, lo
tomo así desde mi alma, hoy como ya lo
decíamos antier dos de febrero, arranca
la segunda batalla de Santa Inés, son
diez meses de aquí hasta el 3 de diciembre
de este año para darle a nuestra
patria otra resonante victoria popular,
política y revolucionaria.
Hoy comienza una nueva batalla,
una nueva etapa de la batalla, y es muy
alentador, así lo digo y pido que todos
lo tomemos así desde el espíritu,
porque no hay espacio, no debe haber
espacio para bajas pasiones en el
corazón de los revolucionarios. No, el

corazón de los revolucionarios, el alma
de los revolucionarios debe estar
siempre llena de amor y debemos
desbordar amor, comprensión, afecto,
cariño…
Quiero rendir tributo infinito a los
caídos el 4 de febrero, rendir tributo a
los que dieron la vida aquel día de
patria, soldados, estudiantes, oficiales,
suboficiales, tropas, bachilleres estudiantes.
Quiero rendir tributo a ellos
y, el brindis va por ellos, especialmente
por ellos, el compromiso especialmente
por ellos y por todos los
hombres y las mujeres que han caído en
esta larga lucha de la reivindicación de
la patria…
Bien, 14 años han pasado desde
aquel día parturiento del 4 de febrero.
Claro que cuando a la medianoche de
aquel lunes 3 de febrero para amanecer
el 4, comenzó este valle de Caracas y,
el valle de Aragua y, la Valencia del
El Pueblo Bolivariano enfatiza su
participación política encaminada
hacia la sociedad que todos
anhelamos, a pesar de sus
limitaciones.
Gabriel Duno
Socorro y Maracaibo y, el Lago,
comenzaron a estremecerse con
aquella rebelión de la juventud militar
bolivariana y revolucionaria, ya habían
pasado unos veinte años, como lo decía
antier, veintiún años, desde 1971
cuando nos hicimos soldados hasta
1992 cuando entró en ebullición el
volcán de la revolución Bolivariana y, en
esos años que habían transcurrido
cuántas cosas pasaron en Venezuela.
El 4 de febrero es consecuencia de
la crisis histórica en la que entramos
desde los años setenta, sobre todo, la
crisis moral, la crisis económica, la
crisis política, la crisis social. Y de
manera especial, siempre es bueno
recordarlo, el 4 de febrero es hijo
directo y legítimo del 27 de febrero de
1989, aquel día en que parió la tierra,
aquel día en que el pueblo de Caracas,
el pueblo de Guarenas, los pueblos de
Venezuela le dijeron ya basta al
proyecto neoliberal, capitalista y
entreguista del Pacto de Punto Fijo y el
pueblo se hizo rebelde el 27 de febrero
de 1989.
Bravo pueblo, bravío pueblo. Y fue
aquella jornada heroica del pueblo y fue
aquella tragedia de la masacre popular
ordenada por el gobierno de entonces,
fue aquello lo que disparó los resortes
de alma de una buena parte de la
juventud militar venezolana. Y así, tres
años después del Caracazo estalló el 4
de febrero, para partir en dos la
historia venezolana, como ya lo he
dicho.
Pero son acontecimientos secuenciales,
no hubiera ocurrido el 4 de
febrero si no hubiera ocurrido antes el
27 de febrero. Por eso, en justicia
tenemos que decir, mirando ya la
perspectiva histórica y el tiempo que ha
transcurrido, que esta revolución
Bolivariana no comenzó el 4 de
febrero, no, esta revolución bolivariana

64
comenzó el 27 de febrero de 1989 y le
tocó al pueblo venezolano abrir el
camino. Como siempre, el pueblo
aportando su cuota de sacrificio, de
sangre y de dolor. Sólo nosotros,
soldados del pueblo, nos sumamos tres
años después al poder popular que
estaba ya en marcha, nos sumamos
después, al decir de este intelectual
europeo que nos visita, Tonny Negri,
nos sumamos al despertar del poder
constituyente originario de un pueblo,
en este caso el pueblo venezolano.
Oportuna esta gigantesca marcha,
oportuno este día para hacer estas
reflexiones, para alimentar la batalla
que hoy comienza, la segunda batalla de
Santa Inés.
Recuerden compatriotas, que esta
batalla va a ser muy dura, porque
nosotros no estamos batallando real-
mente contra los factores de la
oposición política venezolana, nosotros
no estamos batallando realmente
contra los medios de comunicación que
siguen siendo instrumentos de la
oposición política. Nosotros no
estamos batallando realmente contra
los viejos partidos carcomidos, moribundos,
del Pacto de Punto Fijo. No,
ustedes lo saben, pero es necesario que
yo se los recuerde hoy en este día
memorable, de esta marcha gigantesca,
cuando comenzamos la segunda batalla
de Santa Inés.
Nosotros estamos enfrentando,
compatriotas, compañeros, compañeras,
realmente estamos enfrentando al
imperio más poderoso, al Imperio más
inmoral, al imperio más cínico, al
imperio más asesino que ha existido en
toda la historia de este planeta, de
nuestro planeta, en toda nuestra
Gabriel Duno
Manifestación de fuerza consciente y
expresiva de la nueva inclusión
cultural.
historia, el imperio de los Estados
Unidos de Norteamérica, ése es
nuestro verdadero adversario y es
necesario que cada día tengamos mayor
conciencia de esta realidad, para que no
bajemos la guardia y para que no
caigamos en el terrible error que sería
subestimar al adversario. El adversario
no tiene límites, es capaz de cualquier
cosa el adversario, es un adversario
histórico...
II
¡No van a poder con nosotros!
…es Bolívar haciendo un análisis de
la actitud de Estados Unidos que desde
entonces comenzaron a sabotear la
convocatoria al Congreso de Panamá, a
través del cual Bolívar pensaba reunir
en una sola confederación de repúblicas
a las antiguas colonias españolas. Otra
sería nuestra historia si el proyecto de

Bolívar hubiese podido concretarse,
pero una de las causas del fracaso del
proyecto de Bolívar fue la acción
imperialista del gobierno de Estados
Unidos…
…Y por aquí más adelante está la
frase, aquella que dice: “Los Estados
Unidos de Norteamérica parecen destinados
por la Providencia para plagar la
América de miserias a nombre de la
libertad”. La profecía de Simón Bolívar…
Esta batalla contra el imperialismo
de Estados Unidos estaba comenzando
con Bolívar. Ahora nosotros hemos
tomado la bandera de Bolívar y yo les
pido a todos que hagamos todo cuando
haya que hacer para que doscientos
años después derrotemos al imperialismo
norteamericano y contribuyamos
a salvar la vida en este planeta,
echando abajo este peligroso imperio
que amenaza al mundo entero.
Es una responsabilidad de nosotros,
uniéndonos con los países o, con los
demás pueblos y países de nuestra
América, uniéndonos también con las
corrientes progresistas del pueblo de
los Estados Unidos de Norteamérica,
pueblo que está despertando también…
El imperio comenzó el ataque,
nosotros también comenzamos el
nuestro, y siempre le pido a Dios, a
Dios rogando y con el mazo dando.
Este año haremos morder el polvo de
la derrota de nuevo al asesino imperio
de Estados Unidos, los vamos a
derrotar de nuevo todo este año y
todos los años que nos queden por
delante, pero este año es clave…
La actitud imperialista, genocida,
fascista del Presidente de los Estados
Unidos no tiene límites. Yo creo que
Hitler pudiera ser un niño de pecho
delante de George W. Bush, mister
Danger.
Luego viene un señor, todo esto es
para que nos demos cuenta que ya
empezó el ataque imperialista, así que
tenemos que fortalecer nuestra unidad,
nuestra conciencia, nuestro trabajo,
nuestro talento, nuestra estrategia.
Unidad, unidad, unidad para salvar la
patria, para salvar la revolución, para
salvar el futuro…
Quienes han estado vomitando
sobre América Latina durante casi dos
siglos son los salvajes imperialistas de
Estados Unidos. Pero se les va a acabar,
ahora tendrán que vomitarse ellos mismos,
porque América Latina despierta,
América Latina se levanta y los pueblos
de América Latina escribirán este siglo la
página más grande de toda su historia.
Ése es el verdadero enemigo, no
nos equivoquemos, ése es el verdadero
enemigo, y es enemigo desde
hace 180 años, cuando Bolívar escribía
lo que escribió. El enemigo de los
pueblos de América Latina, enemigo
de todos los proyectos libertarios de
América Latina, enemigo de las
esperanzas de los pueblos de América
Latina y del Caribe, la élite imperialista
de los Estados Unidos…
“En Venezuela, si el presidente
Chávez gana la reelección este año,
vean a dónde está apuntando Mr.
Negroponte, si el Presidente gana la
reelección este año, parece listo para
usar su control de la Asamblea
Nacional y otras instituciones para
continuar sofocando a la oposición”.
Señores de la oposición, ¿yo los
tengo sofocados? Si así fuera, perdó-
nenme. Tómense un descansito y cojan
aire. Yo no tengo la culpa de que
ustedes se sofoquen. Tomen vitaminas.
Entonces dice: “Para continuar sofocando
a la oposición, reduciendo la
libertad de prensa y atrincherándose a
través de medidas que técnicamente
son legales, pero, sin embargo, limitan a
la democracia. Esperamos entonces
que Chávez profundice su relación con
Fidel Castro. También está buscando
relaciones económicas, militares y
diplomáticas más cercanas con Irán y
Corea del Norte. Chávez ha reducido
la cooperación antinarcóticos con
Estados Unidos”. Bueno, el Señor Negroponte
dice que todo eso va a ocurrir
si Chávez gana la reelección.
Por aquí hay otras notas. Mr.
Shannon dice que no están intentando
aislar a Venezuela. Bueno, si quieren
inténtenlo. Bueno, lo han intentado,
pero los hemos derrotado. Ellos
pensaban aislar a Venezuela y hoy
Venezuela está más acompañada por
pueblos, movimientos populares, movimientos
sociales, partidos políticos y
gobiernos.
Más acompañada está Venezuela
hoy, que nunca antes en toda nuestra
historia. Nunca antes estuvimos tan
acompañados en este mundo. Y ellos
han tratado de aislarnos. Ahora dicen
que es que no intentan aislarnos.
Reconozcan que han fracasado…
A mí no me cuesta nada mandar a
cerrar las refinerías que tenemos en
Estados Unidos. Ya veríamos a cuánto
llega el petróleo. Ya veríamos a cuánto
llega el galón de gasolina. A mí no me
costaría nada venderle el petróleo que
le vendemos a Estados Unidos a otros
países del mundo. Si aquí vienen a cada
rato pidiendo más petróleo. Y
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66
verdaderos amigos y aliados, como
China, como India, países europeos.
Bueno, y empezando por América
Latina, pues, y el Caribe. Nosotros le
vendemos diariamente millón y medio
de barriles de petróleo a Estados
Unidos y nunca hemos faltado a nuestro
compromiso y, mantenemos allá
una nómina de miles de trabajadores…
Nosotros no queremos llegar a
esos extremos. Ellos que decidan.
Nosotros lo que queremos es que nos
dejen en paz. Nosotros lo que queremos
es que ese gobierno imperialista
termine de aceptar la realidad: que
Venezuela se liberó y se liberó para
siempre y Venezuela no es ni será más
nunca una colonia norteamericana. Más
nunca seremos colonia de los Estados
Unidos. Aquí nos mandamos nosotros
mismos. Somos un país soberano y
libre por fin, después de tanto
tiempo…
Si aquí tenemos que morir
defendiendo a Venezuela, aquí moriremos,
defendiendo la soberanía de
nuestra patria. Tendrían que pasar por
encima de los cadáveres de millones
de venezolanos para poder esclavizar
de nuevo la patria libre de Bolívar, no
van a poder con nosotros, no van a
poder con nosotros, entonces, voy a
acelerar, voy a acelerar la conformación
de la Reserva Militar y de la
Guardia Territorial y el fortalecimiento
de las unidades de combate
de nuestra Fuerza Armada…
Si al imperio norteamericano se le
ocurre la locura, lo voy a repetir, de
venir aquí a vomitar su carga de fuego
y de muerte, pues aquí comenzaría la
Guerra de los 100 Años. Aquí
enterraríamos al imperio de Estados
Unidos y no sólo en Venezuela, estoy
seguro que se levantarían los pueblos
de América Latina, los pueblos del
Caribe. No pelearía sólo contra
Venezuela, pelearían contra nuestro
pueblo. Y estoy seguro además de que
una guerra contra nosotros llegaría a
su propio territorio. Les haríamos la
guerra por dentro de su propio
territorio. Tenemos cómo. Por eso yo
les digo, además, si es que ellos aspiran
a que van a venir aquí a adueñarse de
nuestro petróleo, olvídense, olvídense.
O el petróleo venezolano es de
nosotros los venezolanos, o no es de
nadie, o se queda ahí bajo la tierra. Ese
petróleo es nuestro y para compartirlo
con nuestros hermanos de América
Latina y del Caribe y también con
el pueblo de Estados Unidos, pero en
paz y con respeto a nuestra soberanía…
El venezolano, el revolucionario,
la revolucionaria, es del tamaño del
compromiso de la historia. Estaremos
por encima de cualquier amenaza del
imperio de Estados Unidos…
III
Guerra avisada…
Luego, cuando venga la realidad y
nosotros ganemos las elecciones,
entonces van a tratar de articular con
grupos de observadores internacionales,
medios de comunicación internacionales,
y todo cuando se preste a su maniobra,
para desconocer el resultado electoral,
para desconocer nuestro triunfo y para
deslegitimar nuestra victoria y, por tanto,
nuestro Gobierno y llevarnos a una
situación de inestabilidad a finales de año,
si es que no logran hacer algo concreto
antes de ese escenario.
Ésa es desde mi punto de vista la
hipótesis de mayor fuerza en la
estrategia del adversario, de allí que
cobra vital importancia, vital importancia,
esta batalla que hoy comienza.
El otro escenario sería, si ellos no
logran, a pesar de gastarse millones y
millones de dólares y de echarle
oxígeno a la sofocada oposición, según
ellos mismos…si ellos no logran
colocar en el imaginario colectivo la
idea que ya referí, entonces van a hacer
lo mismo que hicieron en diciembre
en las elecciones para la Asamblea
Nacional. Se van a retirar todos por
orden del imperio, porque aquí ellos
no tienen autonomía. Lamentablemente,
hasta ahora, ojalá este año
surjan de este proceso electoral
verdaderos contendientes, bueno, que
crean en la democracia, que respeten
las reglas del juego político democrático
y que sepan perder, que eso los
engrandece más ante sus seguidores y
ante el país. Ojalá, pero yo tengo la
tesis de que si ellos no logran de
manera artificial un empate técnico,
como dicen, para finales de año, para
aplicarnos la fórmula ¿cómo se llamó?,
la llamada revolución naranja, no voy a
nombrar ningún país por respeto a los
demás países, pero la llamada revolución
naranja, por allá otra revolución
morada, operaciones de la CIA y del
Gobierno de los Estados Unidos. Si
ellos no logran artificialmente repito, el
empate técnico, para desconocer luego
y acusarnos de fraude y, tratar de
lograr una condena internacional
engañando al mundo, como los
engañaron cuando el golpe de Estado,
ellos lograron engañar, sólo que por un
corto tiempo, de que, bueno, Chávez
es un asesino y todas aquellas imágenes
de Puente Llaguno.
Ellos matando a la gente y
echándome a mí aquel horroroso

hecho de sangre. Y luego Chávez
renunció. Y casi la noticia, casi, casi,
quiso Dios que no fuera así, pero casi,
casi, que los titulares en el mundo la
mañana del 14 de abril, casi fue: Chávez
trató de escaparse y murió en el
intento. Casi, casi, ése fue el titular del
14 de abril. Quiso Dios, a través de
unos valientes y nobles soldados de mi
patria, compañeros de armas y el
pueblo en la calle, que eso no ocurriera,
pero casi, casi, ocurrió.
Ahora, si ellos no logran ese, vamos
a llamarlo el escenario uno, para
empezar a trabajarlo, entonces el escenario
dos sería retirar todos los candidatos,
acusar de ilegítimo el proceso, igual
acusarnos de fraude, tratar de lograr una
alta abstención, para luego desconocer el
Gobierno Revolucionario y llevar al país
a una situación difícil, a una situación de
inestabilidad. Ésas son las dos grandes
líneas. Escríbanlo. Hay otros planes, pero
éstos son los dos de mayor fortaleza y
posibilidad. Así que desde hoy compatriotas,
compañeros, compañeras, debemos
comenzar todos…
IV
Eficiencia al cubo
Uno de los más grandes
revolucionarios de esta tierra nuestra,
el Che Guevara, lo decía con angustia:
“La revolución no puede estar reñida
con la eficiencia”.
La revolución necesita eficiencia al
cubo, eficiencia elevada a la enésima
potencia. Si algún proceso político
necesita eficiencia, ésa se llama la
revolución. Eficiencia, eficiencia y más
eficiencia. Trabajo, trabajo y más
trabajo…
V
¡Venceremos!
La meta que tenemos es la de por
lo menos diez millones de votos el
próximo 3 de diciembre, diez millones
de votos. Ahora, eso no será fácil, eso
no será fácil, recordemos una pregunta,
que si fueran de ellos, ¿por qué no
fueron a votar?, incluso pudieran ganar
la Asamblea Nacional, hubieran ganado
mayoría en la Asamblea Nacional.
Mentira. Ellos sabían que si participaban,
apenas iban a sacar no más de 12
diputados en todo el país, la derrota iba
a ser aplastante y prefirieron jugar a la
desestabilización, que es, repito, lo que
van a tratar de hacer en diciembre de
este año. Por eso nosotros tenemos
que sacar, vayan ellos o no vayan, ése es
su problema, le vamos a meter diez
millones de votos por el buche, vayan o
no vayan, allá ellos…
Comenzó con todo esto la segunda
batalla de Santa Inés, todos somos
Florentinos, el coplero Florentino que
comience de nuevo a recorrer los
espacios de Venezuela desde hoy
mismo, el coplero Florentino por el
ancho terraplén, caminos del desamparo,
desanda a golpes de seis.
“Hasta la victoria
siempre”
“Patria o muerte”
“Venceremos”
Prensa presidencial
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Archivo Menpet
El comandante Chávez es muy claro
cuando nos dice, “socialismo o muerte”.
Esta consigna es portadora de una
idea y una determinación: la idea de la
encrucijada vital y final a la que el
capitalismo ha conducido a la humanidad,
al punto de ya avizorarse en el
horizonte las tinieblas de la extinción
planetaria de la especie, y la determinación
de los revolucionarios, de los
hombres de buena voluntad, de estar
dispuestos a dar lo más preciado, la
vida, de llegar hasta la muerte si fuere
necesario, por construir el socialismo,
el único puente que vence al abismo
capitalista.
Con la construcción del socialismo,
es la primera vez en la historia
que la humanidad toma cuenta de su
destino. La humanidad, que hasta ese
momento se moverá a merced de las
manos invisibles y otras voluntades
esotéricas, con la construcción del
socialismo será guiada por el hombre,
que se hará consciente y recuperará la
comunión con sus semejantes y con su
entorno, será la vuelta al paraíso, el
paso de la prehistoria a la historia. La
empresa de construir el socialismo
tiene dificultades sólo comparables a
su importancia.
La revolución Bolivariana, para
hacerse revolución auténtica, tenía que
enrumbarse al socialismo. En el mundo
del capitalismo globalizado no hay otra
manera, para ser revolucionario hay que
ser socialista. Las revoluciones, o son
socialistas o las atrapa el capitalismo.

Algunas enseñanzas han recogido
los revolucionarios en sus largos años
de trajinar la lucha. Veamos tres de
ellas.
Toda revolución es inédita. Tiene
dos pilares fundamentales: el acervo
revolucionario universal y la adaptación
de esa riqueza espiritual a la sociedad y
al mundo donde se desarrolla el
fenómeno. Así, tiempo y lugar, experiencia
y adaptación, constituyen los
elementos siempre cambiantes donde
se concreta una revolución. Saber
combinarlos para construir el espíritu
revolucionario es el arte y la ciencia de
la revolución. De aquí la importancia de
la teoría en la lucha revolucionaria. No
es posible una revolución sin creación
teórica. Ésta es la primera enseñanza.
El milagro de la revolución es que
constituye un hecho de futuro que
acontece en el pasado, iniciado por
seres que han vivido y existido en
condiciones que generan una conciencia
de dominación y que, no
obstante, se liberan por la imaginación,
produciendo el hombre nuevo que
jalonará al resto de la sociedad al
milagro. Son cuadros que violentan las
leyes de la historia. La revolución
socialista es un salto espiritual y
material de una inmensa magnitud, una
superación de todas las anteriores
revoluciones que tenían como fundamento
el egoísmo. Es la instauración de
la verdadera sociedad del amor, es la
revolución de las revoluciones: el
hombre deja su enajenación y pasa a
conducir su destino. Este milagro de
construir el futuro en las condiciones y
con los humanos del pasado, sólo se
logra con un altísimo grado de
conciencia del deber social, es decir, la
convicción de que la suerte del individuo
está entrelazada con la suerte de la
sociedad; la certeza de que no son
viables las salidas individuales; la seguridad
de que por encima de la sociedad
no hay nada.
Esta conciencia la resumimos en la
sentencia “amor con amor se paga”: la
sociedad se ocupa, ama al individuo, y el
individuo corresponde ocupándose,
amando a la sociedad. Allí, el individuo
fortalecido vive bajo el manto espiritual
y material de la sociedad que él, a su
vez, contribuye a robustecer. Este
cambio de conciencias, esta revolución,
no es una alternativa entre varias
posibilidades, es, ya lo dijo el Comandante
Chávez, "el único camino para
salvar la humanidad, y el único camino
posible para construir un mundo que
ofrezca a sus habitantes la mayor suma de
felicidad posible". Esta verdad, repetida
mil veces por el comandante, debe
enraizar en el alma del pueblo. Nosotros,
los bolivarianos, debemos convocarnos
para la grandeza, entender que
la solución de los problemas de nuestro
entorno está estrechamente ligada a la
solución de los problemas de la
humanidad, convencernos que sin
humanidad no hay patria, ni comunidad,
ni nada. Y ésta es la segunda enseñanza:
un altísimo grado de conciencia del deber
social.
La revolución parece ser que
sucederá primero en los países de la
periferia, descuidados del cepo ideológico,
y de allí influirán en la revolución
de los países desarrollados. Esta situación
hace que la ideología revolucionaria,
la del proletariado, tenga que ser
adoptada por otras capas sociales.
Cabe aquí precisar los rasgos más
importantes de la ideología proletaria,
rasgos que emanan de su manera de
ganarse la vida, de su existencia,
resaltan: el sentido de la disciplina, del
cumplimiento, el amor por el trabajo, la
solidaridad, el instinto organizativo, la
visión social de los problemas, y el
sentimiento, la convicción arraigada en
su carne, en su piel, en su sufrimiento,
de que el capitalismo es el creador de la
miseria del mundo y, por lo tanto, debe
ser sustituido.
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Esta circunstancia nos indica claramente
que es imprescindible la creación
de una vanguardia, que lleve la
ideología revolucionaria a esas capas,
que reúna a los mejores, a los más
conscientes, que sirva de ejemplo y de
guía en la batalla contra el egoísmo
capitalista, que eleve al resto de la
sociedad a la conciencia del deber
social. Entonces, la necesidad de la
vanguardia es la tercera enseñanza.
Internacionalismo, una economía de
propiedad social, serían otras de las
enseñanzas universales.
Archivo Menpet
Continuemos ahora, para ser fieles
al momento, con alguno de los peligros
concretos que nos ofrece el paisaje
político.
Uno de los principales riesgos es el
triunfalismo electoral y su comparsa, el
facilismo. Todos sabemos que el
comandante Chávez va a ganar, sin
embargo, todos debemos saber que la
batalla electoral no es la única ni la
definitiva. Pensar sólo en lo electoral
equivale a apoltronarnos en el facilismo. Es
necesarísimo elevar la conciencia del
deber social de la población, única
No es posible una
revolución sin:
Creación teórica.
Un altísimo grado de
conciencia del deber social.
Formar una vanguardia con
ideología revolucionaria.
manera de prepararnos para cualquiera
de las agresiones que el imperio, sin
duda, le está preparando al comandante
Chávez y a la revolución. Y es buena la
ocasión para recalcar que no se disuade
el imperio con concesiones o molicies.
Otro peligro, no profundizar el
socialismo, no hacer áreas hegemónicas
de economía socialistas, irradiadoras de
la conciencia del deber social propia del
socialismo. Un capitalismo desdibujado,
torpe, vacilante, desvanece a la revolución,
la aleja del pueblo y, en definitiva,
posibilita la embestida del imperio.
Sólo un socialismo fuerte, internacionalista,
claro en su rumbo, es capaz de
entusiasmar al pueblo y disuadir al
imperio capitalista.
El enemigo aprovecha nuestras
debilidades, siempre está al acecho,
evidencias de sus planes están a la vista.
La revolución debe prepararse de la
única manera que una revolución se
prepara, avanzando, haciéndose fuerte,
luminosa, emocionando, sembrándose
en el alma de los pueblos.