Petróleo y Revolución - Año 1 - Ministerio del Poder Popular de ...

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Chávez de desmontarlos, de convertirlas
en empresas mixtas conforme a lo
establecido por el Decreto-Ley Orgánica
de Hidrocarburos que entró en
vigencia el 1º de enero de 2002 y, por
ende, de renacionalizarlos en el ejercicio
de la Plena Soberanía Petrolera.
2 LOS CONVENIOS
OPERATIVOS: CONDICIONES
ECONÓMICAS
Y CONTRACTUALES
En el artículo 1º de la Ley Orgánica
que Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de Hidrocarburos (LOR-
EICH), popularmente conocida como la
"Ley de Nacionalización", aprobada por
el Congreso de la República en 1975, se
establece en su primera parte que:
Se reserva al Estado, por razones de
conveniencia nacional, todo lo relativo a la
exploración del territorio nacional en busca
de petróleo, asfalto y demás hidrocarburos;
a la explotación de yacimientos de los
mismos; a la manufactura o refinación,
transporte por vías especiales y almacenamiento;
al comercio interior y exterior
de las sustancias explotadas y refinadas, y
a las obras que su manejo requiera, en los
términos señalados por esta ley.
En el artículo 5º de la Ley, se
estableció la posibilidad de que la
empresa petrolera estatal celebrara
convenios operativos con el sector
privado, cuyo alcance era muy limitado:
El Estado ejercerá las actividades
señaladas en el Artículo 1º de la presente
Ley directamente por el Ejecutivo Nacional
o por entes de su propiedad, pudiendo
celebrar los convenios operativos necesarios
para la mejor realización de sus
funciones, sin que en ningún caso estas
gestiones afecten la esencia misma de las
actividades atribuidas.
Sin embargo, la meritocracia se
valdría de estas últimas líneas, tan claras
como inermes e inocuas, para iniciar,
en 1992, su política de privatización de
Petróleos de Venezuela, PDVSA. En
tres rondas de licitación (1992, 1993 y
1997) y mediante una adjudicación directa
(1995), procedió a la cesión de la
actividad reservada por la LOREICH,
utilizando una figura jurídica que se
llamó oportunista y arbitrariamente
Convenios Operativos. Como se demostrará
más adelante, estos Convenios
Operativos no eran los simples
contratos de servicios contemplados
por la Ley de Nacionalización sino, en
violación flagrante a ésta, el outsourcing
de la actividad reservada.
Para convencerse de ello, basta
recorrer el área de cualquiera de los
treinta y dos convenios que existían
para el 2005, firmados por PDVSA con
el sector privado entre 1993 y 1997. [1]
PDVSA brilla allí por su ausencia, mientras
las empresas privadas exploran y
producen. Para justificar en su momento
ante la Comisión Permanente de
Energía y Minas del Congreso Nacional
la legalidad de esa política, los abogados
de PDVSA, propios y contratados,
alegaron básicamente dos argumentos.
Uno, que el petróleo producido en
ningún momento dejaría de pertenecer
a la Nación. Al respecto, es importante
acotar que la Ley de Nacionalización en
su Artículo 1º y hasta en su propio
nombre oficial --Ley Orgánica que
Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de los Hidrocarburos- no se
refería a la propiedad del petróleo, sino
[1] Véase lista anexa. Además, hay tres convenios operativos firmados con universidades nacionales,
en los cuales PDVSA tiene una mayoría accionaria. Estos convenios se liquidarán igualmente para el
31 de marzo de 2006.
a la actividad productiva. Obviamente, la
propiedad, en cuanto a la actividad, no
es esencial: Un panadero sigue siendo
panadero aunque el pan que produzca
no le pertenezca. Por otra parte, en
cuanto a la actividad, los abogados de
PDVSA alegaban que ésta sería supervisada
y controlada por PDVSA. De
nuevo, lo mismo se aplica al panadero
que no es dueño de la panadería en la
cual presta sus 'servicios' bajo la
supervisión del dueño de la panadería:
sigue siendo panadero.
En realidad, la propiedad estatal del
petróleo en cuanto a su esencia de
recurso natural, tiene en Venezuela su
origen en el Decreto que el Libertador
dictó, desde Quito, el 24 de octubre de
1829; y la supervisión de las actividades
productivas correspondientes, por
parte del Estado y el ministerio correspondiente,
era característico del régimen
concesionario al cual se había
puesto fin, precisamente, con la
nacionalización.
Con la nacionalización, además de
conservarse, desde luego, la propiedad
del recurso natural y la supervisión de
las actividades productivas por parte
del Estado, éste se reservó también las
actividades productivas relacionadas.
Sólo podrían ejercerse, por parte del
sector privado, en asociación con la
empresa del Estado, en casos excepcionales
y previa aprobación del Congreso
de la República, tal y como se estableció
inequívocamente en la segunda
parte del artículo 5º:
"En casos especiales y cuando así
convenga al interés público, el Ejecutivo
Nacional o los referidos entes podrán, en el
ejercicio de cualquiera de las señaladas