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REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN
ALIMENTARIA MUNDIAL Y LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN
AMÉRICA LATINA Y VENEZUELA
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de la Universidad de Los Andes,
21 al 24 de Marzo del Año 2012.
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

Regulaciones en Materia de
Tierras Agrícolas y
Soberanía Agroalimentaria.
Situación Actual y
Perspectivas
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

PROPIEDAD PRIVADA
Consagrada en el Art. 115 de la Constitución
Se garantiza el derecho de propiedad. Toda
persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y
disposición de sus bienes. La propiedad estará
sometida a las condiciones, restricciones y
obligaciones que establezca la ley con fines de
utilidad pública o de interés general. Sólo por
causa de utilidad pública o interés social,
mediante sentencia firme y pago oportuno de justa
indemnización, podrá ser declarada la
“expropiación” de cualquier clase de bienes.
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

PROPIEDAD PRIVADA
Consagrada en el Art. 116 de la Constitución
No se decretarán ni ejecutarán “confiscaciones” de
bienes sino en los casos permitidos por esta
Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto
de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes
de personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, responsables de delitos cometidos
contra el patrimonio público, los bienes de quienes se
hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder
Público y los bienes provenientes de las actividades
comerciales, financieras o cualesquiera otras
vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas
y estupefacientes.
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

PROPIEDAD PRIVADA
Expropiar Sin Pagar No
Es Confiscar Sino
Expoliar
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

INTRODUCCIÓN
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2003 emprendió un proceso
económico intervencionista que conllevó a la expropiación de diversas industrias y comercios, y a la
regulación de los sectores más amplios de la economía, basándose en un mecanismo de posibilitar
al Estado con recursos (la toma de tierras o empresas de materias primas o energéticas) a través de
la soberanía alimentaria y de una mejor distribución de los beneficios de las materias primas por
medio del manejo de esas empresas, para que concordasen con el objetivo trazado por el Ejecutivo
de convertir un modelo capitalista en un modelo de producción social. Con ello, en el año 2007
comenzó la ola de expropiaciones llamado por el Gobierno “sectores estratégicos” como el sector
petrolero, el eléctrico, el telefónico y el alimentario.
En abril de 2011, el portal web www.reportero24. publicó un informe basado en un ranking de 129
naciones -perteneciente al Índice Internacional de Derecho de Propiedad 2011- donde Venezuela es
el país peor evaluado en cuanto a la protección de la propiedad. El índice evalúa tres pilares
básicos: entorno legal y político, derechos de propiedad físicos y derechos de propiedad intelectual,
los cuales −según el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico de Venezuela (Cedice)-
decrecieron pronunciadamente en el país. A juicio del centro de divulgación económica, la
inestabilidad jurídica que generó la salida del país de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
incidió en que disminuyera la protección a los derechos de propiedad privada.
En opinión de Rafael Alfonzo Hernández, presidente de Cedice: “esto refleja que el exceso de
controles, los ataques permanentes a los derechos de propiedad a través de las expropiaciones y
estatizaciones, las leyes que limitan la libertad de inversión y tener la inflación más alta de América
Latina, hacen de la economía venezolana sea una de las más reprimidas del mundo".
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

INTRODUCCIÓN
El Ejecutivo a través de Ley habilitante, comenzó decretando la expropiación y luego decretando la
“adquisición forzosa” figura que no está contemplada en la legislación y fue propuesta en la reforma
rechazada el 02.12.2007. 13 días después la AN aprueba el Plan Económico Nacional Simón Bolívar
2007-2013 con la cual pretenden justificar estas arbitrariedades y sin publicar en Gaceta Oficial.
Como consecuencia de las labores de defensa y denuncia de los gremios, así como el empresariado
privado en general, por las constantes violaciones a la Constitución y a las Leyes, las protestas por las
adquisiciones forzosas, los secuestros de sus afiliados, la crisis de sus sectores por los controles de
precio y los controles de cambio y como medida de presión, el gobierno intervienen sus empresas, así
como sus bienes inmuebles, además como otra medida de amedrentamiento, el INTI junto con la
Guardia Nacional invaden fincas productivas en un plan llamado de recuperación de tierras, algo
totalmente ilegal.
Se debe resaltar que durante una década de expropiaciones, el Gobierno ha ocupado todos los
sectores económicos (Sector primario, Sector Metalúrgico, Sector Bancario, Transporte, Construcción,
Gas, Sector Eléctrico, Comercio, Casas de Bolsa, Educación, Otro (cine, club, ferreterías, ateneos),
Telecomunicaciones, Turismo, Sector Petrolero, Sector Minero, Agroindustrial, Sector Químico, Sector
Seguros, Sector Automotor, Sector Textil, Sector Papel, Sector de Bienes Inmuebles) y en los últimos
dos años se registra un alza en el área de bienes inmuebles.
En los últimos 9 años el Gobierno Nacional ha expropiado alrededor de 988 empresas desde 2002
hasta la fecha. Esto comprende el período desde el año 2002 hasta agosto de 2011.
Lo anterior ha significado la disminución de la producción nacional como consecuencia de las políticas
gubernamentales.

Violaciones y Amenazas a la Propiedad Privada en Venezuela
(2005-2009)
1
Comienzan las
apropiaciones, para
"reactivar empresas y
proteger trabajadores"
(caso: Venepal,
19.01.05).
4
Comienzan las
“adquisiciones
forzosas" de
inmuebles en el
A.M. de Caracas
(caso: Edificios
Amalfi y Excélsior,
06.03.06).
Empieza la toma de
"sectores estratégicos"
(caso: Aeropuerto
Caracas, 05.02.07).
5
Comienza la apropiación de empresas -y las
reservas- con el objeto de "asegurar la
explotación petrolera” (caso: BP, Texaco,
Shell, Trébol, Petrólea, Llano Petrol y Beta
Petrol, 18.09.08).
7
Empiezan los
"rescates" de fundos
rurales (caso: Hato El
Charcote, 13.03.05).
2005 2006 2007 2008 2009
2
Inician las "ocupaciones
temporales" de inmuebles,
producto de las lluvias de
2005 (caso: Edificios
Oficentro, Rosal Plaza y
otros, 05.01.06).
3
6
Inician las apropiaciones
de empresas por razones
de “seguridad y soberanía
agro-alimentaria” (caso:
Fricapeca, 21.06.07).
8
Empiezan las intervenciones por
“incumplimiento de las regulaciones” en
materia de controles de precios, o de
cuotas de producción (caso: Alimentos
Polar –Calabozo-, 28.02.09).
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

1
3
4
Estos casos son atípicos, pues no se ha tratado de intervenciones temporales
para sanear empresas con malos desempeños. Por el contrario, el Estado
asumió el control permanente de dichas empresas. Ejemplos: CONSTRUCTORA
NACIONAL DE VÁLVULAS, C.A. (abril 2005); REMAVENCA (septiembre 2005);
SIDEROCA-PROACERO (noviembre 2005); CENTRAL AZUCARERO CUMANACOA,
C.A. (febrero 2006); COMPLEJO CEMENTERO ANDINO, S.A. (agosto 2007);
FRUTÍCOLA CARIPE, C.A. (septiembre 2007); RUEDAS DE ALUMINIO, C.A. (junio
2008); SERVICIOS PESQUEROS MIDA ALPESCA, C.A. (marzo 2008); HOTEL
HIBISCUS (marzo 2009).
El Alcalde Metropolitano de Caracas, Juan Barreto, decretó “La ocupación
temporal por razones de fuerza mayor de los inmuebles que se describen a
continuación, a los fines de que sirvan de refugio para las familias que resultaron
damnificadas por los fenómenos climatológicos que afectaron el territorio del
Distrito Metropolitano de Caracas”. Otros casos: EDIFICIO GRANO DE ORO, TORRE
VIASA, EDIFICIO POMA ROSA, EDIFICIO CENTURY 21 (enero 2006). Es
completamente injustificado el uso de la figura de la “ocupación temporal” siendo
que ésta jamás versa sobre los bienes que serán afectados. Por el contrario, la
ocupación temporal es una forma de “arrendamiento forzoso” (y, por ende,
acarrea indemnización pecuniaria) cuyo objeto es establecer, por ejemplo, bases
de trabajo o caminos que ayuden a la construcción de una obra pública. En este
caso, lo procedente era una “ocupación previa”, caso excepcional en el cual el
ente expropiante debe solicitar autorización al juez que conoce del juicio
expropiatorio para –mediando comprobada urgencia- ocupar anticipadamente el
bien a expropiar, sin que se hubiese producido aún la decisión que confirma la
legalidad del trámite de expropiación. Al no circunscribirse a alguno de los dos
supuestos señalados (ocupación temporal u ocupación previa) los actos jurídicos
y las actuaciones materiales sobre estos inmuebles constituyen actos de violencia
(o vías de hecho) contra la propiedad privada.
Leyenda: Violaciones y Amenazas a la
Propiedad Privada en Venezuela (2005-2009)
2
El Ejecutivo Nacional (sea a través del INTI, de la GN, o de “grupos
organizados”), mediante el procedimiento de “rescate”, ha desconocido la
condición de propietarios a particulares que detentan títulos de propiedad -
debidamente respaldados en documentos públicos- sobre fundos rurales. En el
curso de los procedimientos, se han dictado medidas de “aseguramiento”,
mediante las cuales se ha tomado posesión anticipada de los fundos
(impidiendo el acceso a los particulares propietarios). Otros ejemplos: HATO
“PIÑERO” (febrero 2005); HATO “LA MARQUESEÑA” (septiembre 2005); HATO
“CALLEJA” (julio 2006); HATO “CARONÍ” (marzo 2009); HATO “EL PIÑAL” (marzo
2009); FINCA “EL MAIZAL” (marzo 2009); HATO “SANTA CRUZ” (marzo 2009);
HARAS “SAN ISIDRO” (abril 2009); HARAS “GRAN DERBY” (abril 2009); HARAS “LA
PRIMAVERA” (abril 2009); y HACIENDA “SANTA TERESA” (abril 2009). El
procedimiento de “rescate” de tierras, tal como ha sido implementado por el
INTI, resulta inconstitucional. Como han reseñado los medios de
comunicación, dicho ente ha exigido a los particulares acreditar “cadenas
titulativas” ininterrumpidas que daten a 1848, no bastándole entonces a los
ciudadanos exhibir sus títulos de propiedad debidamente protocolizados.
Aparte de otras menciones que podrían hacerse sobre el procedimiento, baste
con señalar que éste se halla conceptuado para que el INTI recupere tierras
que sean indubitablemente de su propiedad. En la inmensa mayoría de los
casos, la titularidad privada de las tierras es puesta en duda por el INTI, pero
sin prueba alguna. En tales casos, conforme a la constitución, los particulares
sólo podrían ser desposeídos mediando la intervención del Poder Judicial.
Pero el INTI procede directamente, diciéndose titular de las tierras,
desconociendo documentos públicos presentados por los particulares,
“asegurando” “preventivamente” los fundos, impidiendo a los propietarios el
acceso y permitiéndoselo a personas ajenas, que normalmente destruyen o
dañan cosechas y bienhechurías.
El 05.01.06, mediante Acuerdo N° 01-2006, el Cabildo Metropolitano declaró que, para ejecutar el proyecto denominado “Dotación de Viviendas para los Habitantes del
Distrito Metropolitano de Caracas” se requería adquirir forzosamente “algunos terrenos y edificaciones que se encuentran abandonados y deshabitados desde hace varios
años y que por reunir las condiciones necesarias, previstas en el ordenamiento jurídico, pueden ser utilizados para solventar la problemática habitacional”. Seguidamente, el
03.08.06, el Cabildo Metropolitano expresó que era necesario “ampliar el ámbito de aplicación del Acuerdo N° 01-2006” y, por lo tanto, el referido proyecto debía ejecutarse
en “aquellos inmuebles que se encuentren ubicados en el ámbito territorial del Distrito Metropolitano de Caracas, que por reunir las condiciones necesarias, previstas en el
ordenamiento jurídico, puedan ser utilizados para solventar la problemática habitacional”. Con base en la declaratoria de utilidad pública e interés social del mencionado
proyecto (al igual que ocurrió con el proyecto “Dotación de Viviendas para las Familias que Habitan en Condición de Arrendatarios en Inmuebles ubicados en el Área
Metropolitana de Caracas”), el Alcalde Metropolitano de Caracas, Juan Barreto, afectó, entre otros, los inmuebles siguientes: CAMPO DEPORTIVO DEL VALLE ARRIBA GOLF CLUB
(agosto 2006); CAMPO DEPORTIVO DEL CARACAS COUNTRY CLUB (agosto 2006); PARCELA DE TERRENO UBICADA EN LA TERRAZA “G” DE TERRAZAS DEL CLUB HÍPICO (septiembre
2006); EDIFICIO “ROYAL CASTLE” (octubre 2006); EDIFICIO “ITALIA” (marzo 2007); CONJUNTO RESIDENCIAL “ARAGUANEY” (agosto 2007); EDIFICIO “CARIBE” (agosto 2007); EDIFICIO
“BRICEÑO Y RIVERO” (noviembre 2007). Según declaraciones dadas en enero de 2009, por el Procurador Metropolitano (bajo la nueva gestión del Alcalde Metropolitano,
Antonio Ledezma), de 241 inmuebles afectados sólo 17 fueron cancelados, y la Alcaldía Metropolitana de Caracas no contaba con los recursos para proceder al pago de los
224 inmuebles restantes. A ello se suma que ya en dos casos (Campo Deportivo del Valle Arriba Golf Club y Campo Deportivo del Caracas Country Club), los tribunales
contencioso-administrativos han declarado la nulidad de los decretos expropiatorios, pues el Distrito Metropolitano de Caracas jamás contó con proyectos para desarrollar
soluciones habitacionales en los inmuebles afectados. Finalmente, resulta muy dudosa la utilidad pública o el interés social de un proyecto que sólo pretendía beneficiar a
ciertos inquilinos concretos.

5
7
8
El Estado identificó sectores “estratégicos” e inició la afectación de la
propiedad privada en dichos sectores. En ciertos casos, se empleó la
técnica de la reserva, conforme a la cual –mediante leyes- se sustrajeron
de la iniciativa privada algunos sectores. Varios ejemplos relevantes:
SIDERÚRGICA DEL ORINOCO Y SUS EMPRESAS FILIALES (mayo 2008);
COMPLEJO INDUSTRIAL HELISOLD DE VENEZUELA, S.A. (noviembre 2008);
CEMEX DE VENEZUELA S.A.C.A. (junio 2008); HOLCIM VENEZUELA, C.A.
(junio 2008), FÁBRICA NACIONAL DE CEMENTOS S.A.C.A. –GRUPO LAFARGE-
(junio 2008), VENEZOLANA INTERNACIONAL DE AVIACIÓN, S.A. “CENTRO DE
ENTRENAMIENTO CAPITÁN SIMÓN AROCHA” (abril 2009). En los casos de las
empresas siderúrgicas y cementeras, han existido conflictos por los
montos y pago oportuno de las indemnizaciones. Lo anterior ha hecho
que la empresa suiza HOLCIM entablara una reclamación contra
Venezuela ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos
sobre Inversiones (CIADI), con base en el Acuerdo sobre Protección de
Inversiones suscrito entre Venezuela y Suiza en 1993.
6
El primer caso ocurrió un año antes de que se dictase, en el marco de la Ley
Habilitante de 2007, el Decreto-Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria
(uno de los 56 Decretos-Leyes dictados con base en aquélla). Con fundamento
en dicho marco normativo: (i) se declaran de utilidad pública e interés social –
y, por ende, pueden “expropiarse” los bienes que aseguren la disponibilidad y
acceso oportuno a los alimentos, así como las infraestructuras que permiten el
desarrollo de las actividades de producción, distribución y comercialización de
alimentos; (ii) se otorgan al Ejecutivo Nacional amplias potestades para fijar
precios de alimentos, reglamentar los procesos de distribución, transporte,
intercambio y comercialización de productos, priorizar la producción de
determinados rubros -fijación de porcentajes de producción- y establecer
reservas estratégicas de alimentos, entre otras; y (iii) se prevén procedimientos
de inspección y fiscalización, así como el establecimiento de medidas
preventivas -entre ellas, la intervención de empresas y el control sobre
instalaciones- y sanciones. Casos emblemáticos: FRIGORÍFICO INDUSTRIAL
BARINAS, S.A. –FRIBARSA- (junio 2007); y CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L. –
PLANTA DE ARROZ DEL ESTADO PORTUGUESA- (marzo 2009).
Mediante dos leyes (Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos y Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y
Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos), el Ejecutivo Nacional se ha apropiado empresas –y los activos de éstas- relacionadas con la
explotación de hidrocarburos y que tenían relaciones comerciales con PDVSA. Concretamente, dos sectores han sido afectados: las empresas dedicadas al
suministro y al transporte de combustible (e.g. estaciones de servicio) y las contratistas de PDVSA, especialmente aquéllas que prestaban sus servicios en el área
del Lago de Maracaibo (transportistas de hidrocarburos y de personal, mantenimiento de buques, remolcadoras, grúas, instalación y mantenimiento de tuberías,
muelles, diques, gabarras, lanchas de buzos, agua industrial, etc.). Algunos casos adicionales: A&F MARINE CENTER, C.A., ASTILLEROS DE VENEZUELA, C.A., ZULIA
TOWING AND BARGE COMPANY, C.A., MARINE BOAT SERVICE, C.A., ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY, S.A., VENEZOLANA DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES CLERICO, C.A. (VINCCLER, C.A.), LANCHAS ZULIANAS, C.A., SUPPLY DIVING DE VENEZUELA, C.A. (SUDIVENCA), TERMINALES DEL LAGO, C.A.,
TERMINALES LAS MOROCHAS, TECNOLOGÍA ACUÁTICA DE VENEZUELA, C.A. (TECNAVENCA), PRODUCTION OPERATORS CAYMAN, INC y CONSTRUCTORA CAMSA, C.A.
(mayo 2009), entre muchos otros. En estos casos, el Estado ha pretendido la desposesión de las empresas y activos sin que exista previa indemnización.
En estos casos, a través de medidas que –en principio- no están destinadas a la apropiación forzosa de la propiedad privada, y que pareciesen tener más bien
naturaleza regulatoria en cuestiones de protección al consumidor, se ha producido dicha apropiación. Tales han sido los casos de las intervenciones u ocupaciones
de empresas, en aplicación de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Ley del INDEPABIS). Otros ejemplos: CARGILL DE
VENEZUELA, S.R.L. –PLANTA DE CATIA LA MAR- (mayo 2009); CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L. –PLANTA DE LA YAGUARA- (mayo 2009); CONSERVAS ALIMENTICIAS LA
GAVIOTA –PLANTA DE CUMANÁ- (mayo 2009).
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

Antecedentes a las Violaciones y Amenazas
a la Propiedad Privada en Venezuela (2001-2005)
1
10.12.01: Entra en
vigencia el Decreto-
Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario
(LTDA).
4 5
31.01.03: El
Presidente de
la República
responde con el
Decreto N°
2.292, que crea
las “Cartas
Agrarias”.
07.05.03:
FEDENAGA acude
nuevamente al TSJ
y solicita la nulidad
del Decreto N°
2.292.
7
09.12.04: El
Gobernador
del Estado
Cojedes dictó
el “Decreto
Zamorano”.
9
27.12.04: El
Gobernador del
Estado Monagas
interviene todas las
tierras “ociosas” o
en “régimen
latifundista”.
11
10.01.05: El
Presidente de la
República juramentó
una comisión para
“reorganizar las
tierras agrícolas”.
2001 2002 2003 2004
06.02.02:
FEDENAGA
acude al TSJ y
solicita la
nulidad parcial
de la LTDA.
2
20.11.02: El TSJ
declara nulos por
inconstitucionales 7
artículos de la
LTDA.
3
11.02.04: El TSJ
admitió el recurso
intentado por
FEDENAGA contra el
Decreto N° 2.292.
6
8
22.12.04: 9
Gobernadores de
Estado se reúnen en
Cojedes y lanzan la
“Misión Tierra y
Hombres Libres”.
2005
31.12.04: El Gobernador del
Estado Yaracuy ordena la
intervención de 68 fundos.
10
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

1
3
5
7
Dicho Decreto-Ley fue dictado en el marco de la Ley Habilitante de 2000 y
fue publicado en la G.O. N° 37.323 de 13.11.01. El texto en referencia
incluyó un procedimiento de “rescate de tierras”, donde se posibilitaba al
INTI para intervenir “preventivamente” fundos (art. 89), y se establecía que
no se reconocería monto alguno a los poseedores de dichos fundos, por
concepto de bienhechurías (art. 90).
La Sala Constitucional del TSJ declaró nulos, por inconstitucionales, los
artículos 25, 40, 43, 82, 84, 89 y 90 del DLTDA. Especialmente, la Sala
cuestionó la posibilidad de que el INTI, antes de la culminación del
procedimiento, accediese a las tierras (art. 89); y la negación del derecho de
propiedad sobre bienhechurías, incluso en caso de ocupaciones ilegales (art.
90).
Lo propio hizo –el 31 de julio de 2003- AGROPECUARIA EL PAGÜEY, C.A.,
propietaria del Hato “El Lechozote II”, sobre el cual recayó una medida de
ocupación, con base en el Decreto N° 2.292, por parte del INTI.
FEDENAGA alegó la nulidad del señalado Decreto “...por incurrir el
funcionario que lo dictó en usurpación de funciones, incompetencia para
dictar el acto y violación al principio constitucional de la separación de las
funciones de las diversas ramas del poder público y a los derechos al
debido proceso y a la defensa...”.
Conforme a tal Decreto, se ordenó la intervención de todos los fundos
(públicos y privados) considerados “ociosos”, en “régimen latifundista”, en
conflictos de “tenencia” o de “distribución”.
Leyenda: Antecedentes a las Violaciones y
Amenazas
a la Propiedad Privada en Venezuela (2001-2005)
2
4
6
8
Concretamente, FEDENAGA alegó que los artículos 40, 43, 82, 84, 25 y 89 del
DLTDA transgredían los derechos constitucionales a la defensa, al debido
proceso y a la separación de poderes, lo que acarreaba la nulidad por
inconstitucionalidad de dichos artículos.
Como reacción al fallo del TSJ, el Presidente de la República dicta el
Decreto N° 2.292, cuyo propósito fue restablecer al INTI las
competencias que otorgaban los inconstitucionales artículos 89 y 90 de la
LTDA. Con base en dicho Decreto, el INTI comenzó la intervención de
fundos y su entrega a cooperativas y campesinos.
El recurso de FEDENAGA fue declarado sin lugar por la Sala Político
Administrativa del TSJ, el 27 de noviembre de 2007. Igual suerte tuvo el
recurso de AGROPECUARIA EL PAGÜEY, C.A., el 20 de abril de 2010.
8.- Concretamente, se reunieron los Gobernadores de los Estados
Anzoátegui, Aragua, Cojedes, Guárico, Lara, Monagas, Trujillo, Vargas,
Yaracuy. De allí emana la “Declaración de Cojedes”, se respalda el
“Decreto Zamorano” y se lanza la “Misión Tierra y Hombres Libres”.
9 Entre los fundos afectados, de acuerdo con el Decreto del Ejecutivo
La intervención versó sobre todas las tierras (públicas y privadas) “ociosas”
Regional, se contaban: SANTA LUCÍA, SAN JUAN, EL CEIBAL, SANTA MARÍAo
en “régimen latifundista”, y afectó más de 50.000 hectáreas.
EL POZÓN, CUMARIPA y SANTA CATALINA (Municipio Bruzual); BUENOS
AIRES, LAS VEGAS, BELLA VISTA, AGUARUCA GUAYUREBO, MONTESUMA y
LOS VEGOTES (Urachiche); SANTA BÁRBARA, GUARAMAO, CADE y NUARE
11
Para el mismo mes de enero de 2005, los Gobernadores de los Estados
Carabobo y Zulia (aun cuando éste último era de oposición) se sumaban a la
“guerra contra el latifundio”, enmarcada en la Misión Ezequiel Zamora (“Tierra
y Hombres Libres”).
MANUEL CIPRIANO HEREDIA
10
NUARITO (Municipio Páez); CUESTA AMARILLA, SAN ANDRÉS y EL SURURO
(Yaritagua, Municipio Peña); EL MACANILLAL, LA MALLAMERA y TORO
PINTAO (Municipio Bolívar); SANTA ISABEL y La CANDELARIA (Municipio San
Felipe); así como las tierras comuneras AGUA NEGRA-PALMAREJO
(Veroes).

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA
LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO
Gaceta Oficial N° 5.991 Extraordinario de 29 de julio de 2010
El 17 de junio de 2010 fue aprobada en segunda discusión la Ley de Reforma Parcial a la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario (LRPLTDA 2010). Dicha Ley, junto con la vigente versión de la LTDA
fueron publicadas en Gaceta Oficial N° 5.991 Extraordinario de 29 de julio de 2010. Según el
diputado Mario Isea, “ésta es una ley que procura avanzar de una reforma agraria a una
revolución agraria centrada en el campesino y la campesina”.
La Reforma de la Ley contiene varios “innovaciones” que contradicen abiertamente la
Constitución:
1. El primer aspecto a resaltar en esta reforma es que el artículo 1 de la LRPLTDA 2010 prohíbe la
“tercerización” por considerarla “contraria a justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social
en el campo”.
La “tercerización” de las tierras con vocación agraria, es definida en el actual artículo 7 de la
LRPLTDA como cualquier negocio jurídico, oneroso o gratuito, mediante el cual la tierra es
explotada con la intermediación o delegación de un tercero; siendo el usufructo la principal, más
no la única, figura jurídica empleada.
2. La segunda cuestión relevante tiene que ver con la ratificación de la afectación general de las
tierras privadas, las cuales deben someterse a la producción de alimentos “de acuerdo con los
planes de seguridad agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo Nacional” (actual artículo 2.5 de
la LTDA).
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

3. Otro asunto insólito es el que presenta la actual redacción del artículo 13 de la Ley, donde se expresa “el
principio socialista según el cual la tierra es para quien la trabaja”. Es con base en dicho principio que “los
campesinos y campesinas venezolanos y venezolanas que hubieren permanecido por un período
ininterrumpido superior a tres (3) años trabajando tierras privadas, bajo alguna forma de tercerización,
cuando éstas fueren expropiadas por el Instituto Nacional de Tierras conforme al procedimiento previsto en
la presente ley” (artículos 14 de la vigente Ley). Asimismo, el artículo 17.5 de la actual LTDA dispone que
“una vez otorgada la garantía de permanencia a favor del solicitante,, cesarán los efectos de las
sociedades, contratos o negocios jurídicos celebrados con el legítimo propietario de la tierra privada, el cual
perderá todo derecho a los frutos, utilidades o beneficios del trabajo de dicha tierra por parte del
beneficiario de la garantía de permanencia”.
4. La otra “innovación” de la vigente LRPLTDA es la introducción, en el Título IV, del Capitulo IV, intitulado De
la Actividad Agraria Empresarial del Estado. Así, señala el artículo 145 de la vigente LRPLTDA que: “El
Ejecutivo Nacional podrá asumir directamente las actividades de producción primaria, industrialización,
distribución, intercambio y comercialización, relacionadas con el fin de fortalecer el aparato productivo
nacional y consolidar la garantía de soberanía agroalimentaria”. En consonancia con el artículo anterior, el
artículo 146 dispone que “el Ejecutivo Nacional creará una empresa de propiedad estadal, que tendrá el
carácter de empresa matriz, tenedora de las acciones de empresas del Estado del sector agrícola que le
sean adscritas o cuya creación le sea autorizada, cuyo objeto estará dirigido a la consolidación de una
participación determinante del Estado venezolano en la producción, manufactura, distribución, intercambio
y comercialización, nacional e internacional, de productos agrícolas y alimentos”. Se prevé que dicho
Holding Público tenga acciones o empresas e inversiones en el sector agrícola, dentro y fuera del país.
5. Por último, el artículo 269 de la reformada LTDA ahora dispone que “los registradores y notarios exigirán
las autorizaciones previstas en esta ley, y no podrá protocolizarse, reconocerse o autenticarse por ante
notaría u oficina subalterna de registro alguna, sin la debida autorización del Instituto Nacional de Tierras,
ningún acto de transferencia de la propiedad o gravamen de tierras con vocación agrícola o bienhechurías
fomentadas en dichas tierras, o mediante los cuales se efectúe la constitución de sociedades, celebración
de contratos de arrendamiento, comodato (...), que impliquen el aprovechamiento de predios rurales con
vocación agrícola de forma indirecta”. Con ello, prácticamente, no puede realizarse acto jurídico alguno
relacionado con las tierras privadas con vocación agraria sin la previa autorización del INTI.
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA
LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO
Gaceta Oficial N° 5.991 Extraordinario de 29 de julio de 2010
La reforma hecha a la LTDA en 2010 es inconstitucional puesto que viola
el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 115 de la
Constitución, cuyos atributos son el uso, el goce y la disposición de bienes
adquiridos legítimamente. Se afecta el atributo del uso toda vez que las
tierras con vocación agraria sólo pueden ser empleadas para la producción
de rubros alimenticios determinados por el Ejecutivo Nacional. Se incide en
el atributo del goce, puesto que se limitan los frutos civiles (producto de
cánones de arrendamiento, derechos de usufructo, etc.) que pueden
percibir los propietarios en razón de la eliminación de toda forma de
“tercerización”, así como de la aplicación del “principio socialista según el
cual la tierra es para quien la trabaja”. Por último, se afecta el atributo de la
disposición, en primer lugar, por la imposibilidad de transferir a un tercero
las tierras para su uso y, en segundo lugar, por la imposición de un régimen
autorizatorio para la celebración de cualquier negocio jurídico
(especialmente, la compra-venta) relacionado con el fundo.
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

TERCERIZACION
Consagrada en el Art. 307 de la Constitución
El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley
dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las
tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su
transformación en unidades económicas productivas, rescatando
igualmente las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o
campesinas y demás productores o productoras agropecuarios
tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas
especificados por la ley respectiva. “El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y particulares de
propiedad para garantizar la producción agrícola”. El Estado
velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación
agrícola para asegurar su potencial agroalimentario.
Excepcionalmente se crearán contribuciones parafiscales con el
fin de facilitar fondos para financiamiento, investigación,
asistencia técnica, transferencia tecnológica y otras actividades
que promuevan la productividad y la competitividad del sector
agrícola. La ley regulará lo conducente a esta materia.
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

Violaciones a la Propiedad 2005 - Ene-Mar 2012 por
Estado
Total de violaciones a la propiedad
Estado
(expropiaciones)
Amazonas 2
Anzoátegui 25
Apure 24
Aragua 33
Área Metropolitana de Caracas 463
Barinas 23
Bolívar 43
Carabobo 79
Cojedes 21
Falcón 3
Guarico 16
Lara 18
Merida 10
Miranda 47
Monagas 3
Nueva Esparta 6
Portuguesa 8
Sucre 8
Táchira 40
Trujillo 5
Vargas 55
Yaracuy 15
Zulia 198
Otros 23
Total 1168
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MANUEL CIPRIANO HEREDIA
Violaciones a la Propiedad 2005 - Ene-Mar 2012 por
Estado
Estado
Total de invasiones/ intentos
Anzoátegui 93
Aragua 5
Área Metropolitana de Caracas 153
Barinas 3
Bolívar 11
Carabobo 10
Cojedes 7
Delta Amacuro 1
Guárico 1
Lara 91
Maracaibo 1
Mérida 4
Miranda 55
Monagas 1
Nueva Esparta 8
Portuguesa 4
Sucre 24
Táchira 1
Trujillo 1
vargas 7
Zulia 112
Total 593

Rescate de tierras
Total
*2003-2005 278
**2006 500
*2007 126
*2008 194
**2009 432
**2010 381
***2011 0
TOTAL 1911
Invasiones 2005-2010 2011 Total
Empresas 17 2 17
Fincas 7 1 28
Inmuebles 200 113 313
Terrenos 59 130 186
TOTAL 283 246 544
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

VIOLACIONES A LA PROPIEDAD
2005-2011
Sector
Totales
Sector Industria y Comercio 915
Rescate de tierras 1911
Subtotal 2826
Invasiones/ Intentos 544
TOTAL 3370
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (LOSSA)
En Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.889, del 31.07.08 se publicó el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (LOSSA), en ejecución de la Ley
Habilitante de 2007 y en atención a lo previsto en el artículo 305 de la CRBV de 1999.
Los principios y las normas de la LOSSA, de orden público, han tenido una fuerte incidencia en el
ejercicio de la libertad económica en el sector y, por ende, en el ejercicio de los derechos de los
consumidores (art. 117).
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA LOSSA
Antes de la LOSSA, en Venezuela no rigió ninguna ley general en esta materia pues la Ley de
Mercadeo Agrícola (2002) regula sólo un sector de la cadena de producción y respecto de alimentos
específicos.
Para garantizar el derecho de acceso a alimentos reconocido por el art. 305 de la CRBV 1999, era
menester dictar una ley especial que coordinara la acción de Estado y sector privado en la materia
(art. 299).
Según su Exposición de Motivos, aun cuando no “tiene por objeto la simple supresión del libre
mercado” parte de la idea de que hay que “superar el hambre como elemento estructural capitalista”.
Se trata de someter la actividad alimentaria a “una regulación social”, a “políticas revolucionarias en el
campo”, a “la política comercial” que se reserva el Estado y de subordinar “intereses rentistas
particulares” a las “necesidades nutricionales alimentarias”.
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

LA SEGURIDAD Y LA SOBERANÍA AGROALIMENTARIAS EN
LA LOSSA
Concibe la soberanía agroalimentaria como un derecho de la Nación es colectivo), “a definir y desarrollar
políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas” para así “garantizar el acceso
oportuno y suficiente a alimentos a toda la población”.
No vincula la soberanía agroalimentaria a los derechos reconocidos por los artículos 112 y 117 de la C99.
Concibe la seguridad agroalimentaria como la “capacidad efectiva que tiene el Estado, en
corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la
disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos”, con fuerte presencia militar.
Las normas de la LOSSA son de “orden público” y declaran “de utilidad pública e interés social los bienes
que aseguren la disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos” y habilitan al EN a “decretar la
adquisición forzosa (…) cuando existan motivos de seguridad agroalimentaria”.
ESTADO, SECTOR PRIVADO Y CONSUMIDORES EN LA LOSSA
Al Ejecutivo Nacional le corresponde, entre otras potestades, las de formular, dictar, ejecutar y supervisar
las políticas agroalimentarias, fijar precios de los alimentos, productos o insumos agroalimentarios
declarados de primera necesidad, dictar la normativa que regule los procesos de distribución, transporte,
intercambio y comercialización de esos bienes, autorizar su importación y exportación, planificar, crear,
regular y mantener las reservas estratégicas, priorizar producción de ciertos rubros o su consumo, etc.
Al sector privado, ignorado en general por la LOSSA, le corresponde sólo acatar las medidas que
unilateralmente adopte el Ejecutivo Nacional y cooperar con él en la promoción y fomento de actividades de
ciertos particulares.
A los consumidores, igualmente ignorados por la LOSSA, les toca sólo aceptar los resultados que deriven
de la aplicación de las políticas y las medidas administrativas, no tienen participación en su adopción. Se les
concibe como beneficiarios, no como titulares de derechos.
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

CONCLUSIONES
Vistas las prácticas del Estado Venezolano, especialmente, las realizadas por el Gobierno Nacional,
promotor y ejecutor principal de éstas políticas expropiatorias, expoliatorias y de nacionalización,
se ha lesionado gravemente el derecho a la propiedad privada en Venezuela.
Como consecuencia de la violación a la propiedad privada, inevitablemente se ha lacerado también,
el derecho a la Libertad económica, igualmente previsto en nuestra Ley Fundamental.
En definitiva, se ha lastimado la Libertad de venezolanos y los extranjeros que han invertido en la
República.
Lo anterior ha representado un retraso inconmensurable en el desarrollo productivo de la
ciudadanía, trayendo como consecuencia la creciente merma en la producción nacional, lo que al
final se traduce, como se ha visto, en escases y precios excesivos, principalmente, de los productos
finales.
Los precios excesivos se deben fundamentalmente a 2 razones:
• 1. A la poca o inexistente competencia en los distintos rubros de la economía.
• 2. Los controles excesivos impuestos por el Estado.
En la medida en que se mantengan estos lineamientos en el devenir de las políticas del gobierno,
se acabará con la producción nacional y no existirá ni la producción capital ni la producción social
(supuesto fin actual del Ejecutivo Nacional, únicamente sobrevivirá una paupérrima (pues se
compondrá en su mayoría de importaciones) y gigantesca economía estatal.
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

SEGURIDAD AGROALIMENTARIA
SIN SEGURIDAD JURIDICA Y
PERSONAL NO HABRAN FINCAS
Y SIN FINCAS NO TENDREMOS
PRODUCCION.
MANUEL CIPRIANO HEREDIA

GRACIAS
MANUEL CIPRIANO HEREDIA