Javier Martí Corral

Derecho Empresarial Mercantil
Íker Berges Angós. Abogado
ikerberges@gmail.com
Derecho Empresarial Laboral
Vanesa Layed Gómez. Abogada
despacho@ilexabogados.com
La impugnación de acuerdos sociales
Yo NO he sido...
Una de las cuestiones de mayor
importancia para todas aquellas
personas que se animan a participar
en una sociedad de capital
es la incertidumbre que puede provocar la
perspectiva de una mala relación, como sucede
en muchos de los casos, con los demás
socios que conformen esta sociedad.
Este tipo de dudas puede aumentar exponencialmente
en aquellos supuestos en los
que la participación en la sociedad vaya a ser
en minoría puesto que existe una concepción
de que, en el seno de una entidad mercantil,
la voluntad de la mayoría es inamovible,
incluso en aquellos casos en los que
esta mayoría, amparándose esta situación
de preeminencia, pueda derivar en la adopción
de acuerdos abusivos o lesivos para la
sociedad o para cualquiera de los socios que
conforman el capital social.
Pues bien, teniendo en cuenta que la adopción
de acuerdos sociales en las Juntas Generales
o de los órganos de administración
de las entidades mercantiles se rige por las
mayorías que para cada tipo de acuerdo se
requieren legalmente, la posibilidad de que
se proceda a la aprobación de acuerdos que
puedan resultar contrarios a la ley, a los estatutos
o que puedan ser lesivos para los
intereses societarios, de los socios o de terceros,
queda perfectamente limitada por la
regulación que la Ley de Sociedades de Capital
realiza acerca del procedimiento para
impugnar y solicitar la anulación de este tipo
de acuerdos.
Para ello, los socios que representen, salvo
que los estatutos establezcan un porcentaje
menor, un uno por ciento del capital
social, los administradores o terceros que
se puedan ver afectados por el contenido
del acuerdo adoptado podrán, en el plazo
de un año desde la adopción del mismo o
desde la remisión del acta de la Junta en el
que fue aprobado, presentar una demanda
de impugnación de acuerdos sociales ante
el Juzgado que corresponda para solicitar la
anulación de determinados acuerdos adoptados
que fuesen contrarios a la ley o a los
estatutos o incluso solicitar la nulidad de la
Junta o reunión del órgano de administración
celebrada si no se hubiesen cumplido
con los plazos y requisitos legales y estatutarios
exigidos para su convocatoria y constitución.
El plazo de un año establecido no
deberá ser observado en el caso de que el
acuerdo que se pretenda impugnar sea contrario
al orden público puesto que la acción
de impugnación de este tipo de acuerdos
no cuenta con un plazo de caducidad ni de
prescripción.
En definitiva, previendo la posibilidad de que
en el seno de una Junta General o de un Consejo
de Administración se pudiesen adoptar
acuerdos que resultasen abusivos, la ley ha
establecido un procedimiento, basado en el
control privado de cada uno de los agentes
que participan en la sociedad o de terceros
que, por cualquier causa, pudiesen verse
afectados por el contenido de los acuerdos
sociales, con el que se puede llegar a determinar
la nulidad de un acuerdo aprobado por la
Junta General o por el órgano de administración,
lo que evita eventuales situaciones de
desamparo de los socios minoritarios cuando
los socios que controlan la sociedad toman
cualquier decisión que les puede reportar
cualquier beneficio personal perjudicando, si
es necesario, el interés de la sociedad.
Ya saben ustedes que en España
eso de asumir culpas no es algo
que llevemos muy bien. Parafraseando
a Les Luthiers: “Errar
es humano, pero echarle la culpa a otro es
más humano todavía”. Pues de eso precisamente
vamos a hablar. En esta ocasión, voy
a hacerme eco de una reciente sentencia del
Tribunal Supremo que aborda el tema de la
responsabilidad empresarial en un supuesto
de accidente de trabajo.
En concreto, se trata de la sentencia de 4
de mayo de 2015, que resuelve un recurso
de casación para la unificación de doctrina.
El accidente de trabajo acontece a una empleada,
contratada por una empresa de trabajo
temporal (ETT), que estaba prestando
servicios como “peón manipuladora” en una
empresa de cartonajes. La trabajadora sufrió
un grave traumatismo por aplastamiento
del miembro superior izquierdo, a consecuencia
del cual fue declarada en situación
de incapacidad permanente total para su
profesión habitual.
La sentencia determina quiénes han de considerarse
como “deudores de seguridad” en
este caso. La legislación, salvo que se trate
de un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito,
o bien negligencia exclusiva no previsible
del propio trabajador o culpa exclusiva de
terceros no evitable por el empresario, es rigurosa
a la hora de interpretar la obligación
del empresario de proteger la integridad física
del trabajador. Hay que tener en cuenta
que no constituye un elemento exonerador
de la responsabilidad empresarial la culpa
no temeraria del trabajador ni aquellas conductas
que respondan al ejercicio habitual
del trabajo o la confianza que éste inspira.
También es importante mencionar que la
carga de la prueba de la posible existencia
de ese factor excluyente de responsabilidad
incumbe en todo caso a quienes sean deudores
de seguridad con el trabajador.
En el supuesto que nos ocupa, tanto la ETT
como la empresa usuaria donde prestaba la
trabajadora servicios resultan condenadas
como responsables solidarias puesto que
ambas eran “deudoras de seguridad”. Respecto
a la ETT, no pudo justificar haber proporcionado
una formación adecuada para el
caso y trabajo concreto que desempeñaba
la trabajadora (información sobre los riesgos,
incluso riesgos específicos del puesto
a cubrir, y medidas de protección frente a
los mismos, así como formación suficiente
y adecuada a las características del puesto
a cubrir) ya que la que se le facilitó (teórica y
práctica) resultó insuficiente. Respecto a la
empresa de cartonajes usuaria, tampoco se
acreditó el agotamiento de toda la diligencia
exigible en la utilización de la máquina
ya que, aunque a priori pareciese idónea,
no se detuvo automáticamente cuando se
produjo el atrapamiento y, desde luego, su
configuración permitió que la trabajadora
introdujese la extremidad por un lugar inadecuado.
Por ello, ambas empresas fueron condenadas
solidariamente a asumir los daños y
perjuicios que se le irrogaron a la trabajadora
y que, además, fueron cuantiosos, lo que
sin duda viene a subrayar la importancia
de adoptar las medidas de prevención y el
cumplimiento por parte de la empresas de
todas y cada una de las obligaciones que en
materia de seguridad exige la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
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