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Construyendo “paz” con actos de barbarie
CINEP / Programa por la Paz
Al registrar los hechos recaudados y sistematizados por la Red de Bancos de Datos de Derechos
Humanos durante el segundo semestre de 2014, que casi en nada difieren de los
semestres anteriores, llama la atención la enorme cantidad de casos de persecución a movimientos
sociales organizados y, en muchos de ellos, la crueldad de las acciones de los agentes
directos e indirectos del Estado.
Queda claro que la práctica de “falsos positivos”, o ejecuciones extrajudiciales que tratan de justificarse
acusando falsamente a las víctimas de haber enfrentado militarmente a la fuerza pública, no
se ha erradicado. Se continúan presentando casos en diversas regiones de la geografía nacional, lo
que revela raíces institucionales más profundas de lo que se cree.
El ensañamiento contra las zonas humanitarias y las comunidades de paz, a pesar de las repercusiones
internacionales que estos casos siguen teniendo, preocupa doblemente, porque a través de
ellos se revela la insensibilidad de las diversas instituciones del Estado ante esa represión sistemática
que pisotea todo el derecho internacional, y al mismo tiempo revela la debilidad, impotencia, ineficiencia
o inercia tolerante y/o cómplice de los órganos internacionales que fueron creados para
sancionar a los gobiernos incursos en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El caso de Buenaventura es en extremo alarmante, pues a pesar del clamor universal que pide a
gritos el cese de la barbarie en esa martirizada ciudad, el Gobierno continúa insensible y tolerante
con los victimarios. El caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sigue revelando la
unidad de acción entre militares, policías y paramilitares, reforzada por la llegada al comando de
la Brigada XVII del Coronel Germán Rojas Díaz, quien ha intensificado la estigmatización de la
Comunidad de Paz; ha echado a la basura la tímida retractación que el Presidente Santos hizo de
las calumnias del ex Presidente Uribe contra la Comunidad de Paz (10 de diciembre de 2013), y ha
multiplicado los anuncios de exterminio de la Comunidad, mientras desacata todas las sentencias
de la Corte Constitucional sobre las normas de presencia de la fuerza pública en esas comunidades
y entre la población civil, y se burla particularmente de la Sentencia 1025/07 de dicha Corte y del
Auto 160 de 2012 de esa misma alta Corte. El Presidente Santos le sigue remitiendo la investigación
y respuesta sobre todos estos crímenes a los mismos victimarios y el Ministerio de Defensa
sigue aún, en sus respuestas, la pauta iniciada por el General Rito Alejo del Río en 1996: negar
rotundamente la realidad de lo que ocurre, incluso ante testigos internacionales que han presenciado
los crímenes. Todo muestra que el Coronel Rojas Díaz, quien en 2009, cuando comandaba
Presentación
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