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Población espera que diálogo emita “humo blanco”. La derecha juega con
la paciencia del Gobierno y de los movimientos sociales
Adalid Cabrera Lemuz
La Epoca
29-09-01
La conspiración sigue en marcha con la acción de los grupos de oposición asentados en el
Parlamento y en las Prefecturas de los departamentos de la Media Luna. El principal blanco de
los opositores es evitar que el pueblo concurra a las urnas para votar por la vigencia de una
nueva Constitución Política del Estado.
Pese a que fue derrotada en las urnas y en las calles, la ultraderecha agrupada en fuerzas
minoritarias en el Parlamento y los comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, a los
que sumó Chuquisaca, mantienen su estrategia de desestabilización del Gobierno del
Presidente Evo Morales al dilatar acuerdos que permitan la aprobación de una nueva
Constitución Política.
Sin embargo tienen encima de sus testas la “Espada de Damócles” de un plazo dado por los
movimientos sociales que mostraron su fuerza los últimos días al cercar Santa Cruz para
protestar contra la oleada de racismo y discriminación existente en sectores de ese
departamento y, fundamentalmente, respaldar la aprobación de la Carta Magna.
La derecha, ni tonta ni sorda ante la capacidad de convocatoria y respaldo del Ejecutivo,
demostrada en los resultados del referéndum revocatorio realizado el pasado 10 de agosto,
donde el Presidente Evo Morales ganó por goleada con el voto de más del 67 por ciento del
electorado, puso en marcha su plan B para debilitar el sistema democrático y de cambio.
El Plan B
Ese Plan B incluía el desencadenamiento de conflictos en los departamentos de la Media Luna
con la toma violenta de instituciones estatales y agresiones a todo lo que signifique un cambio
que pondrá fin a los intereses oligárquicos e ingentes fortunas que acumularon a lo largo de los
Gobiernos militares y neoliberales.
La conspiración intensificó acciones violentas para deslegitimar a Evo Morales y su Gobierno
en las regiones con la violencia para impedirle que pueda visitarlas. El objetivo es claro:
Mostrar al mundo que el Gobierno no tiene legitimidad.
No faltaron reuniones con altos jefes militares y policiales en las regiones dominadas por los
dirigentes de la Media Luna en el intento de sumarlos a sus propósitos con la división de las
dos instituciones en previsión de que el Gobierno decida imponer la Ley.
Los sucesos acaecidos en Pando entre el 11 y el 14 de septiembre no estallaron por
casualidad porque fueron consecuencia de los afanes de la oposición para incendiar Bolivia y
dejar sin legitimidad al Presidente. Según los analistas políticos, Pando fue un ensayo para un
movimiento conspirativo más amplio para derrocar a Morales o, en su caso, precipitar su
renuncia. El resultado fue un saldo de por lo menos 18 muertos, entre ellos 15 campesinos, y
decenas de heridos que fueron “cazados” por grupos ultraderechistas paramilitares
conformados por el prefecto Leopoldo Fernández.
Ante ese hecho imposible de imaginar durante la vigencia de un Gobierno democrático y
popular, el Presidente declaró el Estado de Sitio en esa zona para pacificarla y desarticular
organizaciones que sembraban el terror y que tenían en sus filas hasta sicarios brasileños y
peruanos.
De acuerdo con los sondeos realizados por instituciones independientes, el ingreso de los
militares a Pando dio alivio a los pobladores que vivían bajo el temor de las agresiones de los

grupos paramilitares institucionalizados por el Prefecto de Pando, quien hoy cumple en una
celda de la cárcel de San Pedro su confinamiento por haber violado el Estado de Sitio.
El Ministerio de Justicia inició tres procesos legales contra Fernández por los delitos de
asesinato, desaparición forzada de 24 personas, lesiones gravísimas a 41 campesinos,
tentativa de homicidio y privación de libertad, que se suman a los cargos de asociación
delictuosa, asesinato y terrorismo.
Los tentáculos judiciales de la ultraderecha
La ultraderecha articuló sus tentáculos en la justicia al intentar mediante un juez, Alvaro
Melgarejo, que Fernández pase a la jurisdicción de la Corte Suprema en Sucre para que su
caso derive en un juicio de responsabilidades y no ante los tribunales ordinarios.
Los hechos de Pando se produjeron tras una organizada y sistemática campaña que tuvo como
puntal el estallido de la violencia en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando por parte de grupos
enviados por los comités cívicos y la complicidad de las Prefecturas que no frenaron sus
ímpetus ni con jefes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas. Su objetivo era provocar la
reacción de la institución castrense para derrocar al Gobierno.
El diálogo
Con el fin de pacificar Bolivia, el Gobierno convocó al diálogo a los Prefectos de los cuatro
departamentos de la Media Luna, a los que se sumó de oficio la prefecta de Chuquisaca,
Sabina Cuellar, para buscar acuerdos sobre las principales banderas reivindicatorias de la
Media Luna: El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las autonomías departamentales.
El ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero dijo que tras varios días de reuniones de
comisiones técnicas, se espera que este lunes se firme un acuerdo que viabilice soluciones a
las reivindicaciones departamentales sobre el IDH y las autonomías, pero, fundamentalmente,
posibilite que el Parlamento apruebe antes del 15 de octubre un proyecto de Ley de
convocatoria a los referéndums dirimitorio sobre tierras y de nueva Constitución.
El Vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, había manifestado el jueves su
desazón porque la oposición promueve el fracaso del diálogo al plantear reivindicaciones que
modifiquen la propuesta de nueva Carta Magna cual si fueran constituyentes.
Lamentó que fuerzas de oposición, que no tuvieron ni un 15 por ciento de representación en la
Asamblea Constituyente, como Poder Democrático y Social (PODEMOS), pretenda imponer
sus decisiones sobre una mayoría emergida del voto del pueblo.
Las declaraciones de García Linera fueron reforzadas por el ministro Romero, quien dijo que el
Gobierno fue amplio al abrir al diálogo uno de los temas cruciales en la Constitución: Las
autonomías.
“Hemos analizado las competencias de las autonomías departamentales, indígenas,
municipales, regionales y provinciales y podrían alcanzarse acuerdos”, pero ahora los
Prefectos quieren que se discuta en su totalidad la nueva Constitución, lo que implica echar por
tierra el trabajo de la Asamblea Constituyente que debatió cada uno de los 411 artículos
durante casi un año y medio en Sucre, dijo.
Señaló que los miembros del órgano deliberante fueron elegidos por el voto del pueblo, por lo
que tienen representatividad y legitimidad para elaborar una nueva Carta Magna, lo que no
sucede con los Prefectos que pretenden asumir funciones para las que no fueron elegidos.
El Presidente Evo Morales afirmó que quienes se oponen a la nueva Constitución se oponen al
pueblo que por muchos años se movilizó por una nueva Constitución para refundar Bolivia
buscando la igualdad.

Destacó que será la primera vez que una Constitución sea aprobada con el voto del pueblo y
que no emerja de grupos oligárquicos como sucedió en el pasado.
El vínculo cívico-político
De acuerdo con los analistas políticos, los prefectos de la Media Luna se han sentado
alrededor de la mesa del diálogo conscientes de que cuentan con un Senado que le es
favorable y que podría truncar la aprobación de la Ley de convocatoria a los referéndums
dirimitorio y Constitucional y ese hecho pretenden capitalizarlo a su favor en las negociaciones.
Por ello es que asumieron actitudes soberbias, dizque en defensa de la devolución de los
recursos del IDH y en procura de que las autonomías departamentales ingresen de lleno en el
texto de Constitución como constan en los Estatutos.
La propuesta constitucional incluye, además de las autonomías departamentales, las
regionales, municipales, provinciales e indígenas con el fin de que la descentralización política
y administrativa no dé nacimiento de centralismos regionales que no beneficien a todos los
ciudadanos.
Las negociaciones llegaron hasta el momento a consensos sobre la vigencia de autonomías
departamentales con algunas competencias, no todas las que exigen los Prefectos que
pretendían tener plena tuición para administrar la justicia, los recursos naturales y tierras,
seguridad, fronteras, aduanas y otras.
Las autonomías indígenas
Los prefectos aceptaron la vigencia de las autonomías indígenas a cambio de la eliminación de
las autonomías regionales. Sin embargo esa determinación no es una concesión porque las
autonomías indígenas jamás significaron un problema para las administraciones
departamentales oligárquicas. Los Estatutos Autonómicos de Santa Cruz establecen que las
autonomías indígenas recibirán un 10 por ciento del Presupuesto regional.
Si se realiza un diagnóstico del alcance de las autonomías indígenas en Santa Cruz se
establece que son minoritarias y se ejercerían en los territorios donde funcionan los Territorios
Comunitarios de Origen (TCOs) que en superficie y densidad poblacional son minoría en
relación a la población urbana.
Además no se han registrado conflictos graves entre las TCOs y los terratenientes en Santa
Cruz, pese a su relación no equitativa. Los prefectos de la Media Luna incluyeron esa figura
jurídica en los Estatutos Autonómicos porque significa un buen negocio para que los
terratenientes vean constitucionalizada su actividad.
Para nadie es un secreto que al plantear la vigencia de las autonomías departamentales, tal
como la hicieron los departamentos de la Media Luna, se busca constitucionalizar ese sistema
de descentralización, pero el exceso de incluir competencias que le son exclusivas del poder
central muestran que el objetivo es promover repúblicas independientes dirigidas por
regímenes autonómicos corporativos y fascistas.
Al referirse al diálogo, Romero enfatizó que todo pasa por un acuerdo para un referéndum
constitucional que dé nacimiento a la nueva Carta Magna que ya fue estigmatizada por los
Prefectos de la Media Luna calificándola como “indigenista y racista” sin tomar en cuenta que
se construyó en base a consultas con diversos sectores de la población.
Agregó que igualmente la vigencia de las autonomías departamentales solamente será posible
si forman parte de la nueva Constitución, una vez que son ilegales de derecho porque salieron
de consultas que no tenían ni un sustento constitucional.
Los temores de la oposición

Romero, uno de los artífices de la nueva Carta Magna en su condición de Presidente de la
Comisión de Tierras de la Asamblea Constituyente, los opositores dilatan los acuerdos porque
temen la aplicación por la vía Constitucional de decisiones que herirán a grupos de poder que
operan en los latifundios que acumulan extensas posesiones de tierras otorgadas por los
gobiernos militares y dictatoriales.
Pese a los clarines conspirativos de la ultraderecha, Romero destacó la actitud de los
movimientos sociales que optaron por declarar una pausa en su lucha para permitir que el
diálogo se desarrolle sin presiones y a fin de que se logren acuerdos. “Ojalá que esa
determinación no sea interpretada por la oposición como debilidad”, dijo.
El máximo dirigente de los colonizadores de Bolivia, Fidel Surco, puntualizó que el repliegue de
las movilizaciones en defensa de las reivindicaciones populares fue para contribuir al diálogo,
pero advirtió que podrían reiniciarse si es que los prefectos de la Media Luna dilatan acuerdos
que lleven al referéndum Constitucional.
Surco advirtió que los movimientos sociales agrupados en el Consejo Nacional para el Cambio
(CONALCAM) dieron un plazo para la aprobación de la Ley de convocatoria al referéndum
constitucional hasta el 15 de octubre, de lo contrario podrían realizar una marcha a La Paz para
presionar al Congreso, además de reiniciar el cerco a Santa Cruz.
Pese a que los Prefectos no tienen una militancia abierta en partidos de oposición se han
constituido en fichas claves de los mismos para desestabilizar al Gobierno. “Lo ideal sería que
prefectos y partidos de oposición se reúnan y coordinen una posición conjunta para sentarse
en una mesa de negociaciones con el Gobierno”, manifestó Romero.