ciclo económico, violencia y armas de fuego en república dominicana

Es posible percibir parte de las dimensiones del armamentismo a través de las cifras
presentadas de las autorizaciones legales otorgadas por el Estado entre los años 1999-2005,
lo cual se incrementó en más de un 853%. De un total de 10,410 licencias concedidas en
1999, se elevó a 99,209 hacia finales del 2005. Las mismas autoridades nacionales han
reconocido la existencia de 159,648 personas que cuentan legalmente con un arma de fuego
para mediado del año 2006. A esto se le agrega la inmensa cantidad de armas ilegales
circulando, y que entendidos en el área la sitúan entre las 100,000 a 200,000; si
consideramos una media de 150,000, estaríamos hablando de alrededor de 310,000
personas armadas, en un país donde la población apenas alcanza los nueve millones de
habitantes y dispone de una superficie terrestre de alrededor de 49 mil kilómetros
cuadrados (estimación de más de 6 armas por kilómetro).
De nuevo la crítica a las políticas públicas diseñadas y ejecutadas para enfrentar en las
condiciones dominicanas el flagelo de la delincuencia. El otorgamiento indiscriminado de
autorizaciones para el porte legal de armas de fuego ha elevado la peligrosidad del uso de
las mismas. Basta citar lo frecuente que resultan las denuncias de muertes, heridos y
lesionados permanentes por efecto de las llamadas “balas perdidas” o por cualquier tipo de
discusión o riña en un lugar público.
Como hemos podido observar, la violencia es un fenómeno social multidimensional y
multicausal. El error más grave de la estrategia pública en su enfrentamiento con la
violencia y la delincuencia es tratarlas de manera coyuntural, como si fueran unicausales y
al margen de diagnósticos completos y realistas.
Lo más doloroso es que, inclusive en presencia de gobiernos conscientes de la
multicausalidad, como es el caso del actual gobierno dominicano, este justifica su
incapacidad para enfrentar la delincuencia por las limitaciones económicas que sufre,
limitaciones de ingresos que a su juicio impiden que se lleven a cabo programas llamados a
tener éxito por cuanto atacan los problemas no solo en la coyuntura (vía mecanismos como
la mano dura contra la delincuencia o la entrega irresponsable de armas de fuego a la
población) sino también en sus raíces estructurales, como los llamados programas de
barrios seguros, programas que están destinados a combatir la delincuencia con políticas
efectivas de empleo, educación, salud, creación de infraestructura, deportes y otros
servicios sociales a la juventud y a la comunidad en su conjunto.
Estas actitudes dejan un sabor muy amargo en quienes creemos que estos fenómenos no
solamente son prevenibles, sino que pueden revertirse si se actúa con la estrategia correcta,
con los recursos suficientes y en los momentos adecuados. Habíamos dicho que “El
enfrentamiento de la violencia tiene además un contenido ético. La misma sociedad sufre
una derrota moral, cuando parte de sus niños, adolescentes y jóvenes se incorporan a la vida
delictiva, unos por un problema de supervivencia estrictamente económico y social, y otros,
sin más criterios que no sean los de obtener dinero de forma rápida y fácil” (Cabral y Brea,
1999).
En el fondo se plantea si el sistema capitalista está en capacidad, sobre todo, si sus clases
dirigentes están en capacidad, de sacrificar parte de sus elevados niveles de vida, para
modelar una sociedad con un rostro más humano que el actual.