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y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación por raza, color, sexo,
idioma, religión, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento, opiniones políticas o de cualquier
otra índole.
Durante la conferencia Las Obligaciones Generales
Establecidas en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos como Fuente del Juicio de Amparo y
del Derecho Procesal Constitucional Mexicano, Ferrer
Mac-Gregor señaló que la Convención, también conocida
como el Pacto de San José, es fruto de una amplia
jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ahora
tiene una extensa eficacia orientadora y obligatoria,
según lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
“Tenemos más de treinta años con la Convención
Americana de Derechos Humanos que aplica para
México, pero poco la hemos utilizado. Entre los años
2008 y 2010 vinieron las primeras seis sentencias de
condena y a partir del cumplimiento de una sentencia
de la Corte Interamericana sobre el Caso Radilla,
se tiene la obligación de cumplir a como dé lugar”, señaló
Ferrer Mac-Gregor, ante miembros del Instituto
Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la
Federación.
El recientemente nombrado juez de la CoIDH, explicó
que en México son cinco las líneas que se siguen
para acatar la Convención Americana:
Obligación del Estado de asegurar el pleno goce y
ejercicio de los derechos generales y especiales; proteger
a las personas frente a amenazas de agentes privados
y públicos en el goce de los derechos; obligación
de adoptar medidas de prevención general frente a
casos de violaciones graves de derechos humanos;
reparación del daño o pago de indemnización a las
víctimas y cooperar con los órganos internacionales
para que estos desarrollen su actividad de control.
El investigador en temas jurídicos de la máxima
casa de estudios mostró su preocupación en torno a
que aún se utilicen los parámetros internacionales de
manera discrecional, cuando casi la mayor parte de
las autoridades, principalmente los jueces y magistrados
federales, ya recurren a cualquier fuente internacional,
aunque no todas tienen la misma eficacia
jurídica.
“Estamos en la etapa de conocer y recurrir a todos
los marcos internacionales de derechos humanos,
pero lo más preocupante es que en algunos casos no
sabemos cómo utilizarlos para aplicarlos en casos
concretos”, dijo.
Agregó que en algunos casos hay confusiones jurídicas
internacionales. “No es lo mismo la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que un
tratado que no ha suscrito México; no es lo mismo
la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, que la
jurisprudencia del tribunal homólogo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos”.
Propuso entonces profundizar en el análisis de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y
para ello señaló que hay que detenerse en el Artículo
1º que ha sido poco explorado y estudiado, pero que
está en todas las sentencias de condena que ha dictado
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
sus 30 años de existencia y en las seis sentencias de
condena al Estado mexicano.
Recordó que México suscribió la Convención en
1981, y hasta 1998 aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana.
De los 34 países de la Organización de
Estados Americanos (OEA), 24 han suscrito la Convención
Americana.
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