DESOBEDIENCIA CIVIL Y DEMOCRACIA DIRECTA

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Habermas y por los procedimientos formales de la
autolegislación en Rousseau. Y también acuerdan que el
individuo habitualmente no convierte sus opiniones en
razonables y se orienta más bien hacia una acción no
justificable a través de razones públicas.
Rousseau y Habermas pretenden por igual que la
democratización sea un aprendizaje que redefina intereses y
que no tenga por objeto sólo procesar conflictos entre
diferencias, muchas de las cuales son consideradas legítimas
por el mero hecho de existir. Pero mientras Rousseau
propone instituciones que presionen moldeando a los
ciudadanos para que adquieran la responsabilidad necesaria
al experimentar personalmente las consecuencias de sus
actos, Habermas sustrae a la ética discursiva toda pretensión
institucional, siendo entonces posible que la potencia
racionalizadora implícita en todo acto discursivo sea
frustrada tan pronto las circunstancias permitan evadirse
de la misma. Para Habermas el problema de Rousseau
empieza, justamente, cuando éste extiende su principio
de legitimación a una propuesta concreta de
institucionalización, confundiendo ambos niveles. En
efecto, Rousseau no hubiera disociado el principio ético
del discurso de los mecanismos que regulan las acciones
políticas, y cuya relación con la búsqueda de decisiones
moralmente correctas trataba de «interiorizar» en
instituciones para que la voluntad general no represente
una sobrecarga subjetiva y lograr el mejor ensamblaje
posible entre la necesidad de universalizar las preferencias
individuales y los procedimientos colectivos aptos para
ello, es decir, algo que se reclama a fines del siglo XX:
instituciones que promuevan la constitución
autorreflexiva de identidades. Habermas, y también
Apel, podrán alegar que su principio ético no puede
aplicarse directamente a la política en sociedades
complejas, y que defender su moralización directa
significaría retroceder en el proceso
de diferenciación social y avanzar hacia el de la
politización total; pero eso sería pertinente para ideas
sustantivas de bien aplicadas a cuestiones públicas de
justicia, y no para su ética formalista y universalista
limitada a justificar normas colectivamente vinculantes
que, al aplicarse inmediatamente a la acción, no pueden
tener nunca esos efectos.
El avance fundamental que se registra con la moral
deliberativa respecto de la fórmula rousseauniana consiste
en zafarse del racionalismo cíclico sin recaer en el
decisionismo. Quien argumenta ha reconocido sin recaer
en el decisionismo. Quien argumenta ha reconocido ya
contra-fácticamente la idea de comunidad ideal de
comunicación en la que sólo son normas legítimas las que
todos los afectados admitirían tras un diálogo en
condiciones de igualdad y libertad para una
argumentación, que busca el acuerdo respecto al mejor
argumento sin recurso posible a la coacción. Cuestionarla
requiere deliberar con la misma estructura procedimental
que se denuncia, y quien reivindicara la superioridad de
otras alternativas deberá hacerlo comunicativamente
basándose en las mismas condiciones que rechaza.