4. Juicio de amparo indirecto 742/2012, del índice del Juzgado ...

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
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Juicio de amparo 742/2012
En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las
once horas con veinticinco minutos del nueve de julio del
dos mil doce, hora y fecha señaladas para que tenga lugar el
desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio de
amparo, ante José Luis Cruz Álvarez, Juez Tercero de Distrito
del Estado de San Luis Potosí, ante la secretaria con quien actúa,
licenciada Marcela Guadalupe Castro Núñez, que da fe, en los
autos que integran el juicio de amparo 742/2012, promovido por
**********, contra actos del Juez Primero del Ramo Penal de esta
ciudad y otras autoridades, se procedió a su celebración.
partes.
El Juez la declara abierta sin la comparecencia de las
Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una
relación de las constancias que obran en autos, entre las que se
encuentran: escrito inicial de demanda, proveído de siete de
junio del dos mil doce, por el cual, se admitió a trámite,
constancias de notificación a las partes de dicho proveído; con los
informes justificados rendidos por las autoridades responsables,
los cuales ya se encuentran glosados en autos; el pedimento
suscrito por la representante social de la adscripción.
El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación que
antecede para todos los efectos legales a que haya lugar.
Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta al
Juez con las documentales que acompañó el Juez Primero del
Ramo Penal de esta ciudad, como apoyo a su informe justificado.

El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 151 de la
Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales
de referencia, las que se desahogan por su propia y especial
naturaleza y serán valoradas en el momento oportuno, por lo que
se cierra el período probatorio.
Abierto el período de alegatos, la Secretaria tiene por
reproducidos los formulados por la representante social de la
adscripción, los cuales serán tomados en consideración al
momento de resolver este juicio de amparo.
No existiendo prueba o diligencia alguna pendiente de
desahogo ni alegatos por acordar, se tiene por celebrada la etapa
de audiencia constitucional en términos del acta que antecede,
por ende, el Juez procedió al estudio de las constancias relativas,
para dictar la sentencia siguiente.- Doy fe.
JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ.
JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
MARCELA GUADALUPE CASTRO NÚÑEZ.
SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO
EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
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Juicio de amparo 742/2012
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo
742/2012, promovido por **********, contra actos del Juez Primero
del Ramo Penal de esta ciudad y otras autoridades; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito recibido el cinco de junio de
dos mil doce, en la Oficina de Correspondencia Común de los
Juzgados de Distrito en esta ciudad, remitido en esa propia fecha,
por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el
Estado de San Luis Potosí, **********, demandó el amparo y
protección de la justicia federal en favor de ********************en
contra de las autoridades y actos que a continuación se precisan:
III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:
ORDENADORAS: A) C. JUEZ PRIMERO DEL
RAMO PENAL;----EJECUTORAS: B) C.
PROCURADOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO; C)
C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO MESA V,
ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN
DELITOS DE ACTO IMPACTO Y DELINCUENCIA
ORGANIZADA; D) C. DIRECTOR DE LA POLICÍA
MINISTERIAL DEL ESTADO;…
IV.- LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD
SE RECLAMA:---DE LA ORDENADORA JUEZ
PRIMERO DEL RAMO PENAL EL ACTO
RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ILEGALIDAD
DE LA ORDEN DE ARRAIGO DECRETADA EN
CONTRA DE MI HIJO ALBERTO CASTRO GARCIA,
FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO LEGAL;
ADEMÁS EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE
TAMBIÉN LA INCOMUNICACION, LA
INTIMIDACION, EL TORMENTO AL QUE SE
ENCUENTRA SOMETIDO MI HIJO ALBERTO
CASTRO GARCIA, POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES SEÑALADAS COMO
EJECUTORAS, PROCURADOR DE JUSTICIA EN
EL ESTADO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
MESA V, ADSCRITA A LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ACTO IMPACTO
Y DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA POLICÍA
MINISTERIAL DEL ESTADO; CON MOTIVO DE LA
ILEGAL ORDEN DE ARRAIGO DECRETADO EN
CONTRA DE MI HIJO ALBERTO CASTRO GARCÍA,

DE LO CUAL TUVE CONOCIMIENTO EL DÍA DE
HOY.
SEGUNDO. Previa aclaración, por acuerdo de siete de junio
de dos mil doce, se admitió la demanda de garantías quedando
registrada con el número de expediente 742/2012, se solicitó a las
autoridades responsables su informe justificado, se dio la
intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público
Federal adscrito, y se fijó fecha y hora para el desahogo de la
audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta
que antecede; y
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. El Juez Tercero de Distrito en el Estado San Luis
Potosí, es competente para conocer y resolver este juicio de
amparo conforme a los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36
de la Ley de Amparo; 48, 144, 145, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; puntos Primero, fracción IX, Segundo,
fracción IX y Cuarto, fracción IX, párrafo primero, del Acuerdo
General 17/2012, emitido por el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal.
SEGUNDO. La demanda de garantías fue promovida dentro
del plazo de excepción que previene el artículo 22, fracción II, de
la Ley de Amparo, pues unos de los actos reclamados por la parte
quejosa en su demanda de garantías se hacen consistir en la
orden de arraigo librada en su contra y su ejecución, los que son
considerados como actos que implican un ataque a la libertad
personal del agraviado.
TERCERO. No son ciertos los actos reclamados de las
autoridades responsables, Juez Primero del Ramo Penal de esta
ciudad, Procurador General de Justicia del Estado, Agente del
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Juicio de amparo 742/2012
Ministerio Público mesa V adscrita a la Unidad Especializada en
Delitos de Alto Impacto y Delincuencia Organizada, y Director
General de la Policía Ministerial del Estado, consistentes en la
incomunicación del quejoso, su intimidación y tormento, toda vez
que las referidas autoridades niegan en sus informes justificados,
tales actos reclamados, sin que exista en autos prueba en
contrario que haya sido ofrecida por la parte quejosa que
desvirtúe dichas negativas. (fojas 18, 19, 44 y 20 de autos)
De igual manera, no es cierto el acto reclamado del Agente
del Ministerio Público mesa V adscrita a la Unidad Especializada
en Delitos de Alto Impacto y Delincuencia Organizada, consistente
en la ejecución de la orden de arraigo decretada en contra del
agraviado, dado que así se desprende del informe justificado
rendido en autos de este expediente, sin que la parte quejosa
haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa. (foja 44
de autos)
Luego, al no acreditarse la existencia de los aludidos actos
reclamados a tales autoridades responsables, procede decretar el
sobreseimiento en este juicio de garantías, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo y en
la Jurisprudencia número 284, visible a fojas doscientos treinta y
seis, que aparece publicada en el Tomo VI, Materia Común, del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación de
1917 a 2000, del epígrafe: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA
DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.
CUARTO. Son ciertos los actos que se reclaman del Juez
Primero del Ramo Penal de esta ciudad, Procurador General de
Justicia del Estado y Director General de la Policía Ministerial del
Estado, consistentes en la orden de arraigo decretada en contra
del agraviado y su ejecución, dado que así se desprende del
contenido de los informes justificados y de las constancias
allegadas a este expediente en vía de justificación, y a las que por

tratarse de documentales públicas, se les confiere pleno valor
probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y
202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria a la Ley de Amparo. (fojas 36, 39 y 45 de autos)
QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, se
analizará la procedencia del juicio de garantías, lo aleguen o no
las partes, por así establecerlo el artículo 73, última parte, de la
Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
General de la República y además por ser cuestión de orden
público y de estudio preferente.
En el caso, pudiera estimarse que se actualiza la causa de
improcedencia prevista por la fracción X del artículo 73 de la Ley
de Amparo; sin embargo, en aplicación del principio pro persona
contenido en el artículo 1°, párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá a
examinar si de acuerdo con las disposiciones contenidas en la
Ley Fundamental y en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, es dable interpretar el aludido numeral de la Ley de
Amparo, de una manera favorable al peticionario de garantías,
permitiendo librar el citado obstáculo jurídico que pudiera hacer
nugatorio el goce y ejercicio del derecho humano a una tutela
judicial efectiva, para así analizar el fondo de este asunto.
En primer término, como antecedente, cabe destacar que de
acuerdo a lo establecido por el artículo 2.1., inciso a), de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita
por México el veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y
nueve, y ratificada el veinticinco de septiembre de mil novecientos
setenta y cuatro, por tratado debe entenderse:
….un acuerdo internacional celebrado por escrito
entre Estados y regido por el derecho internacional, ya
conste en un instrumento único o en dos o más
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Juicio de amparo 742/2012
instrumentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular;…
Asimismo, debe mencionarse que desde la óptica del
derecho internacional, existen varios principios que rigen las
relaciones entre Estados.
El primer principio general que se puede citar es el relativo a
que un Estado no puede invocar derecho interno como excusa
para el incumplimiento de las obligaciones contraídas frente a
otros actores internacionales, y el cual se encuentra contenido
expresamente en el numeral 27.1. de la referida Convención de
Viena. El segundo de ellos –pacta sunt servanda–, previsto en el
numeral 26 del citado instrumento convencional se refiere al
compromiso de todo Estado de respetar de buena fe no
únicamente el texto sino el espíritu del tratado internacional del
cual un Estado sea parte; dicho principio lleva implícitas dos
cuestiones, por un lado, que los Estados, a través de la
celebración de tratados, contraen libremente obligaciones, con el
objeto de que éstos sean aplicados y aquéllas cumplidas y, por
otra parte, que el incumplimiento de un Estado parte de un tratado
a las obligaciones contraídas, lo hace incurrir en responsabilidad
internacional; esta regla supone que entre estas obligaciones
contraídas libremente se encuentra la referente a que el Estado
deberá adecuar su derecho interno a los compromisos
internacionales asumidos.
De lo antes señalado se sigue que todas las convenciones o
tratados de naturaleza supranacional, incluyendo los suscritos por
México, integran el denominado derecho convencional que forma
parte del sistema jurídico de un país, en atención al referido
principio pacta sunt servanda conforme al cual el Estado
respectivo al contraer obligaciones frente a la comunidad
internacional no debe desconocerlas con sólo invocar normas de
derecho interno, pues ante cualquier desacato infundado se corre
el riesgo de incurrir en responsabilidad internacional.

Además, los compromisos internacionales son asumidos por
el Estado parte en su conjunto y comprometen a todas sus
autoridades frente a la comunidad internacional, pues
concretamente, en el caso de México, el Constituyente facultó al
Presidente de la República para suscribir los tratados
internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma
manera, la intervención del Senado es a título de representante
de la voluntad de las entidades federativas, el que por medio de
su ratificación obliga a las autoridades de los Estados.
En ese contexto, el veintidós de noviembre de mil
novecientos sesenta y nueve, el gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos adoptó en la ciudad de San José, Costa Rica, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto que el
siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, la mencionada Convención
Americana también denominada Pacto de San José de Costa
Rica, momento a partir del cual nuestro país, como Estado parte
de tal ordenamiento supranacional, se comprometió a respetar los
derechos y libertades reconocidos en éste y a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que se encuentre sujeta a su
jurisdicción, así como a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a lo dispuesto por la convención aludida, las
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos los citados derechos y libertades.
De igual forma, el diecisiete de diciembre de mil novecientos
noventa y ocho, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en
uso de la facultad prevista por el artículo 62.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, promulgó el Decreto que
contenía la Declaración para el reconocimiento de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, la cual, en palabras de Karlos A. Castilla Juárez, en su
ponencia titulada El Control de Convencionalidad. Un nuevo
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Juicio de amparo 742/2012
debate en México a partir de la sentencia del caso Radilla
Pacheco., constituye el intérprete más autorizado de la
Convención en cita y quien en última instancia establece qué
alcance y sentido tiene un derecho o libertad allí contenido.
Pues bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
particularmente, su ex Presidente Sergio García Ramírez, al
resolver el Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala en el año de
dos mil tres, utilizó por primera vez el término control de
convencionalidad para hacer referencia a la confrontación de
hechos internos como son leyes, actos administrativos,
resoluciones jurisdiccionales, entre otros, con las disposiciones de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de
determinar si existe congruencia entre aquellos y éstas 1 , sin
embargo, fue hasta la resolución del Caso Almonacid Arrellano vs.
Chile cuando la Corte de que se trata se refirió expresamente a la
locución control de convencionalidad, señalando al efecto que:
…124. La Corte es consciente que los jueces y
tribunales internos están sujetos al imperio de la ley
y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando
un Estado ha ratificado un tratado internacional como
la Convención Americana, sus jueces, como parte
del aparato del Estado, también están sometidos a
ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de
las disposiciones de la Convención no se vean
mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su
objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe
ejercer una especie de “control de convencionalidad”
entre las normas jurídicas internas que aplican en los
casos concretos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial
debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino
también la interpretación que del mismo ha hecho la
Corte Interamericana, intérprete última de la
Convención Americana.
1 Bazán, Víctor, Estimulando Sinergias: De Diálogos Jurisdiccionales y Control de
Convencionalidad, en El Control Difuso de Convencionalidad, Coord. Eduardo Ferrer Mac-
Gregor, Fundación Universitaria de Derechos, Administración y Política, S.C., México, 2012,
p.p. 15 y 16.

Así, a través del transcurso del tiempo, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ha evolucionado el criterio
relativo al alcance del control de convencionalidad en el ámbito
interno de un Estado Parte, pues a la fecha ha involucrado en la
obligación de ejercer dicho control a cualquier autoridad pública y
no únicamente al Poder Judicial, según se constata de la lectura
del Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, Caso
Cabrera García y Montiel Flores vs. México y Caso Gelman vs.
Uruguay.
El criterio antes referido fue reiterado por el citado Tribunal
Interamericano en la sentencia de veintitrés de noviembre del dos
mil nueve, pronunciada en el Caso Radilla Pacheco vs. Estados
Unidos Mexicanos, pues al respecto estableció lo siguiente:
…339. En relación con las prácticas judiciales,
este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que
es consciente de que los jueces y tribunales internos
están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están
obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha
ratificado un tratado internacional como la
Convención Americana, sus jueces, como parte del
aparato del Estado, también están sometidos a ella,
lo que les obliga a velar porque los efectos de las
disposiciones de la Convención no se vean
mermados por la aplicación de leyes contrarias a su
objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe
ejercer un “control de convencionalidad” ex officio
entre las normas internas y la Convención
Americana, evidentemente en el marco de sus
respectivas competencias y de las regulaciones
procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder
Judicial debe tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo
ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última
de la Convención Americana…
La aludida sentencia del Caso Radilla Pacheco vs. Estados
Unidos Mexicanos, que fue condenatoria, resulta particularmente
relevante para nuestro país, ya que influyó de manera decisiva y
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Juicio de amparo 742/2012
determinante en la reforma al artículo 1° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, efectuada en junio del
dos mil once, y a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
admitiera expresamente que todos los jueces del país se
encuentran constreñidos a ejercer, dentro de sus respectivas
competencias, el control de convencionalidad y el control difuso
de constitucionalidad, según se desprende de lo resuelto en el
expediente varios 912/2010.
Por lo que hace a la reforma constitucional aludida, cabe
mencionar que el diez de junio del dos mil once, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el Decreto de reforma al artículo 1°
de la Ley Fundamental, en los siguientes términos:
Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.---Las normas relativas a los
derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.----
Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley…
De la anterior transcripción se advierte, entre otras cosas,
que a partir de la reforma constitucional de diez de junio del dos
mil once, se elevaron a rango constitucional los derechos
humanos protegidos tanto por la Carta Magna como por los
tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte,
cuestión que implica la creación de una especie de bloque de
constitucionalidad integrado ya no sólo por la ley fundamental sino

también por los referidos instrumentos supranacionales;
asimismo, se incorporaron diversas herramientas que pretenden
garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de los
operadores jurídicos, entre ellas, la interpretación conforme, el
principio pro personae, los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y se impuso
como obligación del Estado la prevención, investigación, sanción
y reparación de violaciones a los derechos humanos.
En otro aspecto, del contenido de la resolución emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el
expediente Varios 912/2010 derivado del cumplimiento de la
sentencia pronunciada en el Caso Radilla Pacheco vs. los
Estados Unidos Mexicanos, se advierte lo siguiente:
…27. De este modo, todas las autoridades del
país, dentro del ámbito de sus competencias, se
encuentran obligadas a velar no sólo por los
derechos humanos contenidos en los instrumentos
internacionales firmados por el Estado mexicano,
sino también por los derechos humanos contenidos
en la Constitución Federal, adoptando la
interpretación más favorable al derecho humano de
que se trate, lo que se entiende en la doctrina como
el principio pro persona.
28. Estos mandatos contenidos en el nuevo
artículo 1º constitucional, deben leerse junto con lo
establecido por el diverso artículo 133 de la
Constitución Federal para determinar el marco dentro
del que debe realizarse este control de
convencionalidad, lo cual claramente será distinto al
control concentrado que tradicionalmente operaba en
nuestro sistema jurídico.
29. Es en el caso de la función jurisdiccional,
como está indicado en la última parte del artículo 133
en relación con el artículo 1º en donde los jueces
están obligados a preferir los derechos humanos
contenidos en la Constitución y en los Tratados
Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en
contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si
bien los jueces no pueden hacer una declaración
general sobre la invalidez o expulsar del orden
jurídico las normas que consideren contrarias a los
derechos humanos contenidos en la Constitución y
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Juicio de amparo 742/2012
en los tratados (como sí sucede en las vías de
control directas establecidas expresamente en los
artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están
obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores
dando preferencia a los contenidos de la Constitución
y de los tratados en esta materia.
30. De este modo, el mecanismo para el control
de convencionalidad ex officio en materia de
derechos humanos debe ser acorde con el modelo
general de control establecido constitucionalmente,
pues no podría entenderse un control como el que se
indica en la sentencia que analizamos si el mismo no
parte de un control de constitucionalidad general que
se desprende del análisis sistemático de los artículos
1º y 133 de la Constitución y es parte de la esencia
de la función judicial.
31. El parámetro de análisis de este tipo de
control que deberán ejercer todos los jueces del país,
se integra de la manera siguiente:
* Todos los derechos humanos contenidos en
la Constitución Federal (con fundamento en los
artículos 1º y 133), así como la jurisprudencia emitida
por el Poder Judicial de la Federación;
* Todos los derechos humanos contenidos en
Tratados Internacionales en los que el Estado
mexicano sea parte.
* Criterios vinculantes de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos establecidos
en las sentencias en las que el Estado mexicano
haya sido parte, y criterios orientadores de la
jurisprudencia y precedentes de la citada Corte,
cuando el Estado mexicano no haya sido parte.
32. Esta posibilidad de inaplicación por parte de
los jueces del país en ningún momento supone la
eliminación o el desconocimiento de la presunción de
constitucionalidad de las leyes, sino que,
precisamente, parte de esta presunción al permitir
hacer el contraste previo a su aplicación.
33. De este modo, este tipo de interpretación
por parte de los jueces presupone realizar tres
pasos:
A) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello
significa que los jueces del país, al igual que
todas las demás autoridades del Estado
mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la
luz y conforme a los derechos humanos
establecidos en la Constitución y en los tratados
internacionales en los cuales el Estado mexicano
sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
B) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello
significa que cuando hay varias interpretaciones

jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo
de la presunción de constitucionalidad de las
leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a
los derechos humanos establecidos en la
Constitución y en los tratados internacionales en
los que el Estado mexicano sea parte, para evitar
incidir o vulnerar el contenido esencial de estos
derechos.
C) Inaplicación de la ley cuando las alternativas
anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe
con la lógica del principio de división de poderes y
del federalismo, sino que fortalece el papel de los
jueces al ser el último recurso para asegurar la
primacía y aplicación efectiva de los derechos
humanos establecidos en la Constitución y en los
tratados internacionales de los cuales el Estado
mexicano es parte…
Esencialmente, en el expediente varios 912/2010 se
reconoció de manera expresa la facultad que tienen todos los
jueces del país para ejercer, dentro de sus respectivas
competencias, el control de convencionalidad y el control difuso
de constitucionalidad.
Asimismo, en el citado expediente, se establecieron que los
pasos a seguir para ejercer el control de constitucionalidad y
convencionalidad, ex officio, en materia de derechos humanos,
son los siguientes:
a) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa
que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades
del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y
conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución
y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano
sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
b) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa
que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los
Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad
de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los
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Juicio de amparo 742/2012
derechos humanos establecidos en la Constitución y en los
tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte
para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos
derechos.
c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no
son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de
división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel
de los Jueces, al ser el último recurso para asegurar la primacía y
aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el
Estado Mexicano es parte.
Sirve de sustento a lo anterior la tesis del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III,
Diciembre de 2011, página 552.
PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes
por los jueces del país, en ningún momento supone
la eliminación o el desconocimiento de la presunción
de constitucionalidad de ellas, sino que,
precisamente, parte de esta presunción al permitir
hacer el contraste previo a su aplicación. En ese
orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control
de convencionalidad ex officio en materia de
derechos humanos, deberá realizar los siguientes
pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio,
lo que significa que los jueces del país -al igual que
todas las demás autoridades del Estado Mexicano-,
deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme
a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales en los
cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo
en todo tiempo a las personas con la protección más
amplia; b) Interpretación conforme en sentido
estricto, lo que significa que cuando hay varias
interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces
deben, partiendo de la presunción de
constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que

hace a la ley acorde a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea
parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido
esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la
ley cuando las alternativas anteriores no son
posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica
de los principios de división de poderes y de
federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces
al ser el último recurso para asegurar la primacía y
aplicación efectiva de los derechos humanos
establecidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los cuales el Estado Mexicano es
parte.
Posteriormente, la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis
331/2011 determinó que dentro del actual sistema jurídico
mexicano, los jueces nacionales tanto federales como del orden
común, se encuentran autorizados para emitir pronunciamiento en
respeto y garantía de los derechos humanos consagrados por la
Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la
única limitante de que los jueces nacionales, en los asuntos
sometidos a su consideración distintos de las vías directas de
control previstas en la Carta Magna, no podrán hacer declaratoria
de inconstitucionalidad de normas generales, ya que solamente
los órganos del Poder Judicial de la Federación, actuando como
jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de
una norma al no ser conforme con la Constitución o los tratados
internacionales, en tanto que las restantes autoridades
jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la
norma si consideran que no es conforme a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos o a los instrumentos
supranacionales en materia de derechos humanos.
Ello dio origen, a la jurisprudencia por contradicción 18/2012
sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, correspondiente a la Décima Época, aprobada en
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Juicio de amparo 742/2012
sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, con el rubro
y texto siguientes:
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE
CONVENCIONALIDAD (REFORMA
CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).
Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que
los órganos del sistema jurisdiccional mexicano
deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con
anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad
con el texto del artículo 103, fracción I, de la
Constitución Federal, se entendía que el único
órgano facultado para ejercer un control de
constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la
Federación, a través de los medios establecidos en
el propio precepto; no obstante, en virtud del
reformado texto del artículo 1º constitucional, se da
otro tipo de control, ya que se estableció que todas
las autoridades del Estado mexicano tienen
obligación de respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y
en los tratados internacionales de los que el propio
Estado mexicano es parte, lo que también
comprende el control de convencionalidad. Por tanto,
se concluye que en el sistema jurídico mexicano
actual, los jueces nacionales tanto federales como
del orden común, están facultados para emitir
pronunciamiento en respeto y garantía de los
derechos humanos reconocidos por la Constitución
Federal y por los tratados internacionales, con la
limitante de que los jueces nacionales, en los casos
que se sometan a su consideración distintos de las
vías directas de control previstas en la Norma
Fundamental, no podrán hacer declaratoria de
inconstitucionalidad de normas generales, pues
únicamente los órganos integrantes del Poder
Judicial de la Federación, actuando como jueces
constitucionales, podrán declarar la
inconstitucionalidad de una norma por no ser
conforme con la Constitución o los tratados
internacionales, mientras que las demás autoridades
jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán
inaplicar la norma si consideran que no es conforme
a la Constitución Federal o a los tratados
internacionales en materia de derechos humanos.

Expuesto lo anterior, cabe precisar que la interpretación
conforme, constituye la técnica hermenéutica por medio de la cual
los derechos y libertades constitucionales son armonizados con
los valores, principios y normas contenidos en los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos signados por los
Estados, así como por la Jurisprudencia de los Tribunales
Internacionales (y en ocasiones otras resoluciones y fuentes
internacionales), para logar su mayor eficacia y protección. 2
En efecto, la interpretación conforme o también denominada
integradora es una cláusula habilitante de los derechos
contenidos en los tratados, de tal suerte que, a priori, favorece la
integración constitucional de los tratados, y de acuerdo con la
jurisprudencia desarrollada por los organismos a cargo de su
interpretación 3 .
Asimismo, debe mencionarse lo que respecto a ese tópico,
señala el Magistrado Santiago Nieto Castillo, Magistrado de la
Sala Regional en Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en el voto razonado de la sentencia dictada en
el juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano JDC-401/2012:
…la interpretación conforme, técnicamente es una
variante de la interpretación sistemática, ya que
consiste en armonizar a la norma cuestionada con el
marco normativo aplicable, a efecto de darle
coherencia con el sentido, contenido y directriz de los
dispositivos afines de la Constitución federal y
tratados internacionales, en el sentido que más
favorezca a la persona.------Dicha interpretación
conforme, sirve tanto para rechazar los significados de
un enunciado que lo hagan incompatible con otras
2 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Interpretación Conforme y Control Difuso de
Convencionalidad. El Nuevo Paradigma para el Juez Mexicano, en El Control Difuso de
Convencionalidad, Coord. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Fundación Universitaria de
Derechos, Administración y Política, S.C., México, 2012, p. 123.
3 Caballero Ochoa, José Luis, La Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a los
tribunales nacionales. Algunas reflexiones sobre el caso mexicano, en García Ramírez,
Sergio y Castañeda Hernández, Mireya, Recepción Nacional del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y Admisión de la Competencia Contenciosa de la Corte
Interamericana, UNAM-SER-Corte IDH, México, 2009, pp. 319 a 345.
18

19
Juicio de amparo 742/2012
normas del sistema, como para atribuir directamente
un significado a un enunciado, ya que justifica no sólo
la atribución de significados no incompatibles y el
rechazo de significados que impliquen
incompatibilidad, sino la atribución de aquel
significado que haga al enunciado lo más coherente
posible con el resto del ordenamiento.------Su principal
manifestación es el principio de interpretación
conforme con la Constitución y tratados
internacionales, tanto a sus reglas, como a sus
principios, y se fundamenta en el principio de
conservación de las normas y en la coherencia del
sistema jurídico.
En ese orden de ideas, este Juzgado de Distrito, ejerciendo
la facultad otorgada por el artículo 1° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, procede a realizar la
interpretación conforme, en sentido amplio, del artículo 73,
fracción X, de la Ley de Amparo, con los postulados de la Ley
Fundamental y del Pacto de San José de Costa Rica, como
primer paso para ejercer el control de constitucionalidad y
convencionalidad, ex officio, en materia de derechos humanos.
En principio, resulta conveniente precisar el contenido de los
artículos 1° y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido literal es:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.-------
Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.------Todas las autoridades, en
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las

violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.------Está prohibida la esclavitud
en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la
protección de las leyes.--------Queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas.
Artículo 17. …Toda persona tiene derecho a
que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
En el primero de los aludidos artículos constitucionales, se
establece la obligación de cualquiera autoridad del país, para que,
dentro de su ámbito competencial, velen por los derechos
humanos contenidos no sólo en la Carta Magna, sino además en
los tratados celebrados por el Estado Mexicano, favoreciendo en
todo momento la protección más amplia para el individuo, esto es,
analizando el contenido y alcance de tales prerrogativas a partir
del principio pro personae.
Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXVI/2012 de
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 659,
con el rubor y texto siguientes:
PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO
Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN
ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo
del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
propia Constitución y con los tratados internacionales de
20

21
Juicio de amparo 742/2012
los que México es parte, de forma que favorezca
ampliamente a las personas, lo que se traduce en la
obligación de analizar el contenido y alcance de tales
derechos a partir del principio pro personae que es un
criterio hermenéutico que informa todo el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual
debe acudirse a la norma más amplia, o a la
interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer
derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida cuando se trata de
establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir,
dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma
de interpretación de los derechos humanos y, por otro,
otorga un sentido protector a favor de la persona
humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de
solución a un mismo problema, obliga a optar por la que
protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la
norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por
el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de
conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse
a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro
personae en el análisis de los derechos humanos es un
componente esencial que debe utilizarse imperiosamente
en el establecimiento e interpretación de normas
relacionadas con la protección de la persona, a efecto de
lograr su adecuada protección y el desarrollo de la
jurisprudencia emitida en la materia, de manera que
represente el estándar mínimo a partir del cual deben
entenderse las obligaciones estatales en este rubro.
De igual modo, del contenido del citado precepto
constitucional, se infiere la obligación de cualquier autoridad de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, así como el deber del Estado
mexicano de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación
a aquellos derechos.
En el segundo de los referidos preceptos de rango
constitucional, se establece el derecho que cualquier persona
tiene para que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las
leyes correspondientes. Así, el derecho a la tutela judicial efectiva
implica, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir,

que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial, dando
con ello inicio a la función de los órganos jurisdiccionales y, en un
segundo momento, el derecho que tiene el justiciable a obtener
una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal
ejecución, pues es obligación de aquellos resolver los conflictos
planteados por las partes de manera integral y completa, sin
obstáculos o dilaciones innecesarias.
Ahora bien, el artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, dispone literalmente lo siguiente:
ARTÍCULO 25.- Protección Judicial.-----1. Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente convención,
aún cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.----
-2. Los Estados partes se comprometen:-----a) a
garantizar que la autoridad competente prevista por
el sistema legal del Estado decidirá sobre los
derechos de toda persona que interponga tal
recurso;-----b) a desarrollar las posibilidades de
recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por
las autoridades competentes, de toda decisión en
que se haya estimado procedente el recurso.
En el transcrito precepto se consagra el derecho de
cualquier persona a una garantía judicial específica, destinada a
proteger a aquella, de manera efectiva, frente a la violación de
sus derechos humanos reconocidos en tal instrumento
internacional, en la Constitución o en ley.
Asimismo, de la intelección del referido numeral se infiere
que se establecen como obligaciones por parte del Estado, las
siguientes:
judicial;
a) La creación de un recurso, esencialmente de naturaleza
b) Que el recurso respectivo sea efectivo;
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23
Juicio de amparo 742/2012
c) Que la víctima de la violación a derechos fundamentales
pueda interponerlo;
d) Que la autoridad competente sea quien decida sobre los
derechos de la persona que interponga el recurso
correspondiente;
e) Que se desarrollen las posibilidades de recurso judicial; y,
f) Que se garantice el cumplimiento de la decisión dictada a
partir de la interposición del recurso respectivo.
Así, puede concluirse, que el recurso judicial efectivo, tiene
como finalidad primordial la no consumación de un daño al
derecho de que se trate y la perspectiva de un remedio suficiente
en relación con la violación denunciada.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, a través de casos contenciosos y opiniones
consultivas, ha interpretando el contenido del artículo 25 de la
invocada Convención, que consagra el derecho a un recurso
judicial efectivo; un ejemplo de ello es la sentencia pronunciada
en el Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, el
seis de agosto de dos mil ocho, dentro de la cual el aludido
Tribunal Interamericano, señaló:
78. El artículo 25.1 de la Convención
establece, en términos generales, la obligación de los
Estados de garantizar un recurso judicial efectivo
contra actos que violen derechos fundamentales. Al
interpretar el texto del artículo 25 de la Convención,
la Corte ha sostenido que la obligación del Estado de
proporcionar un recurso judicial no se reduce
simplemente a la mera existencia de los tribunales o
procedimientos formales o aún a la posibilidad de
recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben
tener efectividad, es decir, debe brindarse a la
persona la posibilidad real de interponer un recurso,
en los términos de aquel precepto. La existencia de
esta garantía “constituye uno de los pilares básicos,
no sólo de la Convención Americana, sino del propio
Estado de Derecho en una sociedad democrática en
el sentido de la Convención”. Asimismo, conforme al
artículo 25.2.b de la Convención, los Estados se

comprometen a desarrollar las posibilidades del
recurso judicial.
79. A su vez, el deber general del Estado de
adecuar su derecho interno a las disposiciones de
dicha Convención para garantizar los derechos en
ella consagrados, establecido en el artículo 2, incluye
la expedición de normas y el desarrollo de prácticas
conducentes a la observancia efectiva de los
derechos y libertades consagrados en la misma, así
como la adopción de medidas para suprimir las
normas y prácticas de cualquier naturaleza que
entrañen una violación a las garantías previstas en la
Convención.
…100. Este Tribunal considera que el
sentido de la protección otorgada por el artículo 25
de la Convención es la posibilidad real de acceder a
un recurso judicial para que la autoridad competente
y capaz de emitir una decisión vinculante determine
si ha habido o no una violación a algún derecho que
la persona que reclama estima tener y que, en caso
de ser encontrada una violación, el recurso sea útil
para restituir al interesado en el goce de su derecho
y repararlo. Sería irrazonable establecer dicha
garantía judicial si se exigiera a los justiciables saber
de antemano si su situación será estimada por el
órgano judicial como amparada por un derecho
específico.
…106. A efectos de cumplir su obligación
convencional de establecer en el ordenamiento
jurídico interno un recurso efectivo en los términos de
la Convención, los Estados deben promover recursos
accesibles a toda persona para la protección de sus
derechos. Si una determinada acción es el recurso
destinado por la ley para obtener la restitución del
derecho que se considera violado, toda persona que
sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad
real de interponerlo.
De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, al resolver el Caso Radilla Pacheco vs. los Estados
Unidos Mexicanos, precisó:
295. Al respecto, la Corte ha señalado que los
Estados tienen la responsabilidad de consagrar
normativamente y de asegurar la debida aplicación de los
recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal
ante las autoridades competentes, que amparen a todas las
personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus
24

25
Juicio de amparo 742/2012
derechos fundamentales o que conlleven a la
determinación de los derechos y obligaciones de éstas.
296. En este sentido, el Tribunal ha establecido
que para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo
25 de la Convención, no basta con que los recursos
existan formalmente, sino que es preciso que tengan
efectividad en los términos de aquel precepto. La Corte
ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso
sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva
su aplicación por la autoridad competente.
Asimismo, resulta pertinente destacar el criterio sostenido al
respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al
pronunciar sentencia en el Caso de los “Niños de la Calle”
(Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, el diecinueve de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve, la cual tiene el
carácter únicamente de orientadora y no vinculante, al no haber
sido parte los Estados Unidos Mexicanos en ese caso
contencioso, lo anterior conforme a la tesis P. LXVI/2011, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, página 550, con el
rubro: CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL
ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES
PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS
FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL:
234. En cuanto a la violación del artículo 1.1, en
concordancia con el artículo 25 de la Convención
Americana, este Tribunal ha señalado en diversas
ocasiones que toda persona tiene el derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes que
la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales, “lo cual constituye uno de los pilares
básicos, no sólo de la Convención Americana, sino
del propio Estado de Derecho en una sociedad
democrática en el sentido de la Convención.

235. También ha afirmado que la inexistencia de un
recurso efectivo contra las violaciones a los derechos
reconocidos por la Convención constituye una
transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual
semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe
subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con
que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea
formalmente admisible, sino que se requiere que sea
realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una
violación a los derechos humanos y proveer lo necesario
para remediarla.
237. Este Tribunal ha establecido que “[e]l artículo
25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación
general del artículo 1.1 de la Convención Americana,
al atribuir funciones de protección al derecho interno
de los Estados Partes”, de lo cual se desprende que
el Estado tiene la responsabilidad de diseñar y
consagrar normativamente un recurso eficaz, pero
también la de asegurar la debida aplicación de dicho
recurso por parte de sus autoridades judiciales.
Así, de conformidad con los criterios hermenéuticos
sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se
arriba a la conclusión de que no basta con que un recurso se
encuentre previsto por la Constitución o la ley, o con que sea
formalmente admisible, sino que se requiere, además, que sea
realmente adecuado y eficaz para determinar si se ha incurrido en
una violación a los derechos humanos, y para adoptar las
medidas necesarias que permitan restablecer el derecho
vulnerado. Es decir, la eficacia del recurso judicial se encuentra
referida a que en caso de ser advertida una violación, el recurso
debe ser útil para restituir al interesado en el goce de su derecho
y repararlo.
En consecuencia, de la interpretación conforme de los
artículos 1° y 17 de la Carta Magna con el artículo 25.1 del Pacto
de San José de Costa Rica, se sigue que la tutela judicial efectiva
tiene como premisas las reseñadas a continuación: a) constituye
un derecho incorporado en la esfera jurídica de todo gobernado
para que en los plazos previstos en la normatividad aplicable,
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Juicio de amparo 742/2012
pueda acceder a tribunales independientes e imparciales a
plantear su pretensión o defenderse de la demanda en su contra;
b) debe garantizar al gobernado el acceso ante la autoridad
jurisdiccional competente a fin de resolver una cuestión concreta
prevista en el sistema legal, es decir, todo aquel que tenga
necesidad de que se le administre justicia tendrá plena seguridad
de recibirla por los órganos jurisdiccionales permanentemente
estatuidos, con antelación al conflicto, sin más condición que las
formalidades necesarias, razonables y proporcionales; c) deben
implementarse los mecanismos necesarios y eficaces para
desarrollar la posibilidad del recurso judicial que permita cristalizar
la prerrogativa de defensa; y, d) los juzgadores deben desarrollar
la posibilidad del recurso judicial, eliminando formalismos que
representen obstáculos para ello.
Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la tesis
III.4o. (III Región) 6 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de
Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia
en Guadalajara, Jalisco, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Marzo de 2012,
Tomo 2, página 1481, con el rubro y texto:
TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA
LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO
HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN
DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO
JUDICIAL. De la interpretación conforme de los
artículos 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, se advierte que la tutela
judicial efectiva se compone de los siguientes
postulados: a) el derecho a la administración de
justicia o garantía de tutela jurisdiccional es un
derecho público subjetivo incorporado en la esfera
jurídica de todo gobernado para que, dentro de los
plazos previstos en la legislación aplicable, pueda
acceder a tribunales independientes e imparciales a
plantear su pretensión o defenderse de la demanda
en su contra; b) debe garantizarse al gobernado el
acceso ante la autoridad jurisdiccional con
atribuciones legales para resolver una cuestión

concreta prevista en el sistema legal, es decir, todo
aquel que tenga necesidad de que se le administre
justicia tendrá plena seguridad de recibirla por los
órganos jurisdiccionales permanentemente
estatuidos, con antelación al conflicto, sin más
condición que las formalidades necesarias,
razonables y proporcionales al caso para lograr su
trámite y resolución; y, c) la implementación de los
mecanismos necesarios y eficaces para desarrollar la
posibilidad del recurso judicial que permita cristalizar
la prerrogativa de defensa. Así, el poder público no
puede condicionar o impedir el acceso a la
administración de justicia, lo cual debe entenderse en
el sentido de que la ley aplicable no deberá imponer
límites a ese derecho, aunque sí la previsión de
formalidades esenciales para el desarrollo del
proceso, por lo que además de la normativa, los
órganos encargados de administrar justicia deben
asumir una actitud de facilitadores del acceso a la
jurisdicción. Lo anterior no implica la eliminación de
toda formalidad ni constituye un presupuesto para
pasar por alto las disposiciones legislativas, sino por
el contrario, ajustarse a éstas y ponderar los
derechos en juego, para que las partes en conflicto
tengan la misma oportunidad de defensa, pues la
tutela judicial efectiva debe entenderse como el
mínimo de prerrogativas con las cuales cuentan los
sujetos. Por tanto, para lograr la eficacia del indicado
derecho humano, los juzgadores deben desarrollar la
posibilidad del recurso judicial, esto es, eliminar
formalismos que representen obstáculos para ello. Lo
anterior se ejemplifica en el caso de que se impugne
un acto y el tribunal ante el que se interpuso la
demanda advierta que es incompetente, en cuyo
caso no debe sobreseer, sino señalar al particular
cuál es la vía de impugnación procedente y remitir
los autos al órgano jurisdiccional que deba conocer
de él, el cual deberá inclusive otorgar la oportunidad
de adecuar la pretensión a los requisitos previstos en
los ordenamientos aplicables, sin perjuicio de que se
analice la oportuna presentación del medio de
defensa.
Expuesto ello, cabe destacar el contenido de los artículos
103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, reformados mediante decreto publicado el seis
de junio del dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación:
Artículo 103. Los Tribunales de la Federación
resolverán toda controversia que se suscite:
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Juicio de amparo 742/2012
I. Por normas generales, actos u omisiones de
la autoridad que violen los derechos humanos
reconocidos y las garantías otorgadas para su
protección por esta Constitución, así como por los
tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte;
II. Por normas generales o actos de la
autoridad federal que vulneren o restrinjan la
soberanía de los estados o la esfera de competencia
del Distrito Federal, y
III. Por normas generales o actos de las
autoridades de los Estados o del Distrito Federal que
invadan la esfera de competencia de la autoridad
federal.
Artículo 107. Las controversias de que habla el
artículo 103 de esta Constitución, con excepción de
aquellas en materia electoral, se sujetarán a los
procedimientos que determine la ley reglamentaria,
de acuerdo con las bases siguientes:
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a
instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter
quien aduce ser titular de un derecho o de un interés
legítimo individual o colectivo, siempre que alegue
que el acto reclamado viola los derechos reconocidos
por esta Constitución y con ello se afecte su esfera
jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su
especial situación frente al orden jurídico….
De lo transcrito con antelación se sigue que el juicio de
amparo, a partir de la reforma constitucional antes anotada, se
encuentra concebido dentro del marco constitucional mexicano,
como una garantía cuyo objetivo primordial es la protección o
salvaguarda de los derechos humanos reconocidos por la Carta
Fundamental o por cualquier tratado internacional del que México
sea parte.
Ahora bien, el artículo 73 de la Ley de Amparo, establece las
diversas causas de improcedencia que se pueden actualizar
respecto del juicio de amparo, las cuales impiden que el órgano
jurisdiccional analice el fondo de un asunto sometido a su
potestad.

Resulta aplicable a ello, la jurisprudencia VII.1o.C. J/24
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de
2006, página 1191, del contenido siguiente:
DEMANDA DE AMPARO. SU
DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS
CUESTIONES DE FONDO. El artículo 73 de la Ley
de Amparo establece de manera enunciativa, no
limitativa, las causas de improcedencia del juicio de
garantías; por tanto, si la demanda relativa se
desecha por actualizarse cualquiera de las hipótesis
previstas por el precepto invocado, no causa agravio
la falta de estudio de los argumentos tendientes a
demostrar la violación de garantías individuales por
el acto reclamado de las autoridades responsables,
en razón de que el desechamiento de la demanda
impide el análisis ulterior de los problemas de fondo.
Particularmente, el párrafo segundo de la fracción X del
invocado artículo 73 de la Ley de Amparo, establece que cuando
por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los
artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará
que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones
para los efectos de la improcedencia establecida en este
precepto, imponiendo a la autoridad judicial que conozca del
proceso, la obligación de suspender el procedimiento en lo que
concierne al agraviado, una vez cerrada la instrucción y hasta en
tanto se le notifique la resolución que recaiga en el juicio de
amparo pendiente.
Al respecto, conviene precisar que en la Ley de Amparo de
mil novecientos treinta y seis, el artículo 73, fracción X, estatuía lo
siguiente:
Artículo 73. El juicio de amparo es
improcedente:
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Juicio de amparo 742/2012
...X. Contra actos emanados de un
procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio
de situación jurídica en el mismo deban considerarse
consumadas irreparablemente las violaciones
reclamadas en el juicio promovido, por no poder
decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva
situación jurídica.
El aludido numeral fue modificado a través del decreto de
veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de
enero de mil novecientos ochenta y cuatro, para quedar en los
términos siguientes:
Artículo 73. El juicio de amparo es
improcedente:
…X. Contra actos emanados de un
procedimiento judicial, o de un procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio, cuando
por virtud de cambio de situación jurídica en el
mismo deban considerarse consumadas
irreparablemente las violaciones reclamadas en el
procedimiento respectivo, por no poder decidirse en
tal procedimiento sin afectar la nueva situación
jurídica.
De igual forma, por decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación, el diez de enero de mil novecientos noventa y
cuatro, se adicionó un segundo párrafo a la aludida fracción:
…Cuando por vía de amparo indirecto se
reclamen violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia
hará que se consideren irreparablemente
consumadas las violaciones para los efectos de la
improcedencia prevista en este precepto. La
autoridad judicial que conozca del proceso penal
suspenderá en estos casos el procedimiento en lo
que corresponda al quejoso una vez cerrada la
instrucción, y hasta que sea notificada de la
resolución que recaiga en el juicio de amparo
pendiente.
Fundamentalmente, la diferencia entre las dos primeras
transcripciones de la fracción X del artículo 73 de la Ley de
Amparo, estriba en que inicialmente se hacía referencia a actos

emanados de un procedimiento judicial, en tanto que a la postre,
tal supuesto se hizo extensivo a procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio. Asimismo, en el segundo párrafo
que fue adicionado a la fracción señalada con antelación, se
instituyeron casos de excepción para la actualización de la causal
de improcedencia por cambio de situación jurídica, siendo éstos
los asuntos en que por vía de amparo indirecto se reclamaran
violaciones a los artículos 16, 19 y 20 de la Ley Fundamental, en
cuyo caso únicamente la sentencia de primera instancia, haría
que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones
planteadas.
Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación, el ocho de febrero de mil novecientos noventa y
nueve, se reformó el segundo párrafo antes aludido, quedando
como a continuación se señala:
…Cuando por vía de amparo indirecto se
reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera
instancia hará que se considere irreparablemente
consumadas las violaciones para los efectos de la
improcedencia prevista en este precepto. La
autoridad judicial que conozca del proceso penal,
suspenderá en estos casos el procedimiento en lo
que corresponda al quejoso, una vez cerrada la
instrucción y hasta que sea notificada de la
resolución que recaiga en el juicio de amparo
pendiente…
De lo anterior se colige que en esta nueva redacción del
párrafo segundo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de
Amparo, se eliminó lo relativo a los asuntos en que por vía de
amparo indirecto se reclamen violaciones al artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, como
caso de excepción, para la actualización de la causal de
improcedencia por cambio de situación jurídica, se establecía en
la redacción anterior.
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Juicio de amparo 742/2012
En la exposición de motivos de la aludida reforma a la Ley
de Amparo, se hicieron las siguientes consideraciones:
…Por otra parte, la reforma a la Ley de Amparo
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se justifica en la necesidad de adecuar
las normas jurídicas a la realidad imperante, que día
a día exige una evolución del derecho.------Se
propone derogar el párrafo segundo de la fracción X
del artículo 73, toda vez que en la actualidad, dicho
dispositivo produce confusiones y duplicidad de
procedimientos, imposibilita y aún interrumpe la
función jurisdiccional, tanto al Juez constitucional
como al Juez natural, al permitir que los
procedimientos transcurran hasta que se dicte
sentencia definitiva en el juicio de amparo, pues al
mismo tiempo que se sigue el proceso penal ante el
Juez natural, se tramita el juicio de control
constitucional, contra la orden de aprehensión, pero
con la incongruencia de que el hecho de que se
conceda el amparo en estos casos, produce el efecto
de anular todo lo actuado en el proceso ordinario y
trae como consecuencia la libertad del encausado,
no obstante que la privación de la libertad que éste
sufre, ya no tiene como base la orden de
aprehensión que se combatió en el amparo, sino un
auto de formal prisión que con posterioridad le fue
dictado, con la circunstancia de que para el momento
de la concesión del amparo, pudieran haberse
recabado nuevos elementos probatorios que hacen
mayormente probable la responsabilidad penal del
quejoso, de la comisión del delito que se le atribuye...
Por su parte, en el dictamen respectivo, las Comisiones
Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera Sección, de la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, propusieron las
siguientes modificaciones y adecuaciones a la legislación en
materia de amparo.
…Octavo. De acuerdo con el párrafo segundo
de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo,
existe la posibilidad, en la mayoría de los casos, de
que los procesos penales sean anulados por el
efecto del otorgamiento del amparo que se promueva
contra una orden de aprehensión, a pesar de que se
hubiere dictado el auto de formal prisión al quejoso,

sujetándolo al proceso correspondiente. En el caso
particular, en la iniciativa se propone derogar
totalmente el párrafo segundo del numeral de
referencia, sin embargo, las comisiones
dictaminadoras estiman la conveniencia de reformar
dicho párrafo, en lugar de derogarlo, para excluir de
él únicamente las cuestiones relativas a los amparos
que se reclamen por violaciones al artículo 16
constitucional. No es saludable para el interés social,
el que un inculpado, que eventualmente resultara
favorecido por la sentencia de amparo contra la
orden de aprehensión, habiéndose probado su
culpabilidad en la fase de instrucción, se anularan,
por efecto de dicha sentencia, las actuaciones del
proceso penal, quedando en libertad aun cuando el
Ministerio Público pudiera ejercer de nueva cuenta,
con nuevos elementos, el ejercicio de la acción
penal. Ello causaría irritabilidad social justificada. En
este sentido, el consabido párrafo...
En ese orden de ideas, se colige que si bien la finalidad de
la reforma de que se trata era que en el juicio de garantías en el
que se reclamaba una orden de aprehensión y con posterioridad
se emitía el auto de formal prisión, no rigiera la excepción a la
regla consistente en la actualización de la causal de
improcedencia por cambio de situación jurídica, lo cierto es que
todas las violaciones a las garantías contenidas en el artículo 16
constitucional quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que
dicho dispositivo fue suprimido.
Expuesto lo anterior, a continuación se procede a destacar
los antecedentes más importantes que se advierten de las
constancias allegadas a los autos de este juicio de amparo, a las
que por tratarse de documentales públicas, se les confiere pleno
valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129,
197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de
aplicación supletoria a la Ley de Amparo:
a) El treinta de abril del dos mil doce, el Agente del
Ministerio Público del fuero común investigador Mesa I
Especializada en Delincuencia Organizada, ordenó dar
inicio a una averiguación por el delito de homicidio
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35
Juicio de amparo 742/2012
ocurrido en Camino a Cerro de San Pedro número
********** en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis
Potosí.
b) En esa propia fecha el citado representante social se
constituyó en el domicilio ubicado en Camino a Cerro de
San Pedro número **********en Soledad de Graciano
Sánchez, San Luis Potosí, a fin de asentar la fe
ministerial del lugar mencionado y del cuerpo sin vida ahí
encontrado.
c) Con fecha treinta de abril del año en curso, ante el
Agente del Ministerio Público del fuero común
Investigador Mesa I Especializada para la Investigación y
persecución de delitos de alto impacto, compareció
**********
d) **********, compareció ante el Agente del Ministerio
Público del fuero común Investigador mesa IV de Delitos
de Alto Impacto a presentar denuncia en contra de quien
resultara responsable en la comisión del delito de
homicidio.
e) El treinta de abril del año que transcurre, **********,
compareció ante el Agente del Ministerio Público del
fuero común investigador Mesa I Especializada en
Delincuencia Organizada a rendir su correspondiente
declaración.
f) **********, rindieron declaración ante el Agente del
Ministerio Público del fuero común Investigador Mesa I
Especializada en Delincuencia Organizada, en relación
con los hechos en que perdiera la vida **********
g) El propio treinta de abril de la anualidad que transcurre, el
representante social adscrito a la Mesa I Especializada
en Delincuencia Organizada, tuvo por recibido el parte
informativo No. M0-2784/12 signado por elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública del Estado.

h) El Agente del Ministerio Público del fuero común
Investigador Mesa I Especializada en Delincuencia
Organizada agregó a los autos de la indagatoria de
origen, el dictamen de necropsia suscrito por el Doctor
********** perito médico legista de la Dirección de
Servicios Periciales y Medicina Forense de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
i) El dos de mayo del dos mil doce, se tuvo por recibido el
oficio por el que Agentes de la Policía Ministerial del
Estado, rindieron informe respecto de los hechos en los
que perdió la vida **********.
j) Ante el Agente del Ministerio Público del fuero común
investigador Mesa I Especializada en Delincuencia
Organizada, **********rindieron su respectivo testimonio.
k) El tres de mayo del dos mil doce, el Agente del Ministerio
Público del fuero común investigador mesa I
Especializada en Delincuencia Organizada tuvo por
recibido el oficio número 070/PME/LOBO/2012 suscrito
por Agentes de la Policía Ministerial adscritos al Segundo
Grupo de Investigación de Homicidios, a través del cual
rindieron informe de investigación relativo a los hechos
en que perdiera la vida **********.
l) Los peritos químicos de la Dirección de Servicios
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, el ocho de mayo del dos mil doce, rindieron el
dictamen en materia de identificación hematológica que
les fue encomendado.
m)El catorce de mayo del dos mil doce, ante el
representante social adscrito a la mesa I Especializada
en Delincuencia Organizada, **********, rindió su
respectivo testimonio.
n) Mediante oficio número 076/2012 los Agentes de la
Policía Ministerial del Estado adscritos al Segundo Grupo
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37
Juicio de amparo 742/2012
de Investigación de Homicidios, rindieron informe de
continuidad de investigación en relación con los hechos
indagados en la averiguación de origen.
o) ********** nuevamente comparecieron ante el fiscal
investigador a rendir su declaración respecto de los
hechos indagados.
p) A través del oficio 583/2012 los peritos en química
forense de la Dirección de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, rindieron el
dictamen en materia de identificación sobre elementos
filamentosos.
q) Los Agentes de la Policía Ministerial del Estado adscritos
al Segundo Grupo de Investigación de Homicidios,
rindieron mediante oficio 83/PME/LOBO/2012 de
veintiséis de mayo del dos mil doce, un informe preliminar
de investigación.
r) El veintiséis de mayo del dos mil doce, el representante
social investigador, ordenó recabar la declaración
ministerial de **********, en su carácter de inculpado,
respecto de los hechos investigados; lo cual ocurrió a las
catorce horas con treinta minutos de esa propia fecha.
s) Con fecha veintiocho de mayo del dos mil doce, la
Agente del Ministerio Público Mesa I Especializada en
Delitos de Delincuencia Organizada, al estimar que se
encontraban reunidos los requisitos que para obsequiar
una orden de arraigo domiciliario exigen los ordinales 16,
párrafo séptimo y el ordinal Décimo Primero transitorio de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicitó al Juez del Ramo Penal en turno en esta ciudad,
lo siguiente:
…UNICO.- Este Órgano Investigador del ilícito solicita
a su Señoría obsequie ORDEN DE ARRAIGO
DOMICILIARIO en contra del Señor ********** (alias) “EL
**********”, así como de **********(alias) “**********”, en
contra de quienes se prepara el ejercicio de la acción

penal por su probable responsabilidad en la comisión de
los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO A TITULO DE
AUTOR MATERIAL por lo que hace a **********alias
“**********”, Y A TÍTULO DE CORRESPONSABLE por lo
que hace a **********alias “********** en agravio de
**********, ilícitos previstos en los artículos 107, 113, 123
fracciones II y III, 8° fracción II y 9° todos del Código
Penal Vigente en el Estado. Medida precautoria que se
solicita se conceda por el término de 30 días naturales, la
cual se cumplirá en el domicilio ubicado en el número
********** de la calle Abasolo, Zona Centro de esta
Ciudad, con la vigilancia de esta Representación Social y
su auxiliar Directo la Policía Ministerial del Estado; hasta
en tanto sea debidamente integrada la averiguación
previa que se instruye en su contra, y en su momento
determinar su situación jurídica. Asimismo, se solicita a
su Señoría, que de considerarse legalmente procedente
la medida precautoria solicitada, se expida por duplicado
fotocopia certificada de la resolución correspondiente…
t) El Juez Primero del Ramo Penal de esta ciudad, el
veintiocho de mayo del año en curso, determinó lo
siguiente:
…Por lo tanto debe considerarse que en el caso se
encuentran satisfechos los requisitos que se desprenden
de la redacción de los artículos 3° fracción III y 168 del
Código de Procedimientos Penales para declarar
procedente decretar la Orden de Arraigo domiciliario
solicitada por la C. Agente del Ministerio Público del
Fuero común Investigador Mesa I de la Unidad
Especializada en Delitos de Delincuencia en contra de
********** alias ********** y ********** alias
“**********”…PRIMERO.- Resulta procedente decretar y
por ende se decreta EL ARRAIGO DOMICILIARIO en
contra de ********** alias “**********” y **********alias
“**********”; respecto de quien se prepara el ejercicio de la
acción penal por su probable responsabilidad penal en la
comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, por un
término que no exceda de 12 DOCE días naturales en el
domicilio ubicado en la calle de Abasolo número **********
de la Zona Centro de esta ciudad, a costa de la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
debiéndosele proporcionar si el caso lo amerita los
alimentos correspondientes, a fin de salvaguardar la
integridad física de los Arraigados; debiendo quedar a
Cargo de Ministerio Público y de los Policías Ministeriales
a su cargo, el estricto cumplimiento en el respeto de los
derechos humanos de los arraigados, entre los que se
encuentra el que no sean incomunicados; agregándose al
término de los 12 días mencionados, deberán de quedar
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Juicio de amparo 742/2012
en libertad siempre y cuando no exista un Mandamiento
de captura librado en su contra.
u) El nueve de junio del dos mil doce, se levantó la medida
cautelar de arraigo decretada en contra del peticionario
de garantías, y en esa propia fecha, elementos de la
Policía Ministerial del Estado, ejecutaron la orden de
aprehensión librada en su contra por el Juez Primero del
Ramo Penal de esta ciudad, dejándolo a su disposición
interno en el Centro de Reinserción Social número Uno,
La Pila, de esta ciudad.
v) A través de la interlocutoria emitida el quince de junio del
dos mil doce, el Juez Primero del Ramo Penal de esta
ciudad, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso
y su coinculpado, al estimarlos probables responsables
en la comisión de los ilícitos de homicidio y robo
calificado.
Pues bien, realizando una interpretación conforme –criterio
para evitar antinomias y mantener la validez de una porción
normativa, y que permite dotar a ésta de otros alcances,
consecuencias o contenido– del artículo 73, fracción X, de la Ley
de Amparo, en correlación con los artículos 1° y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con el
numeral 25.1 del Pacto de San José de Costa Rica, se sigue que
cuando en vía de amparo se aleguen violaciones a los artículos
16, párrafo octavo, 19 y 20 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de
primera instancia hará que se consideren irreparablemente
consumadas.
Lo anterior se afirma así, toda vez que para que el juicio de
amparo sea considerado como un recurso judicial efectivo contra
violaciones a los derechos fundamentales, particularmente en su
aspecto de reparación, se estima necesaria la interpretación
integradora del citado precepto del artículo 73, fracción X, de la
Ley de Amparo, en correlación de los numerales 1° y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 25.1

del Pacto de San José de Costa Rica, para concluir que en el
caso en que se reclame una orden de arraigo, el eventual dictado
del auto de formal prisión, no actualiza la causa de improcedencia
relativa al cambio de situación jurídica, dado que ello
contravendría el derecho humano a una tutela judicial efectiva,
pues se privaría al inculpado de la posibilidad de poder recurrir a
través de este instrumento constitucional las posibles violaciones
en el dictado de tal medida cautelar, que evidentemente podrían
verse proyectadas sobre todo lo actuado con posterioridad en el
procedimiento respectivo, viciándolo desde su origen.
En efecto, este órgano jurisdiccional estima que si bien el
juicio de amparo se encuentra concebido formalmente como un
instrumento o garantía para salvaguardar los derechos humanos
cuya transgresión se reclama, sin embargo, para que cumpla con
tal objetivo es indispensable que éste tenga efectividad, es decir,
que dé resultado y proporcione una verdadera reparación a la
víctima de violaciones a los derechos fundamentales; de ahí que
cuando se combata vía amparo indirecto, la emisión de una orden
de arraigo, el Juez de Distrito, como garante de derechos, se
encuentra en posibilidad de analizar en cualquier estadio procesal
y hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia, las
violaciones alegadas por la parte peticionaria de garantías, ya que
de estimar que el auto de formal prisión conlleva un cambio de
situación jurídica y que origina que aquellas violaciones se
consideren consumadas irreparablemente, se impediría al
ciudadano controvertir las posibles arbitrariedades cometidas en
el pronunciamiento de dicha medida cautelar, no obstante que
éstas pudieran incidir en el procedimiento que eventualmente se
instruya en su contra.
Máxime si se toma en consideración que de la exposición de
motivos que dio origen a la reforma del párrafo segundo del
artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, publicada en el
decreto de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve,
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Juicio de amparo 742/2012
se desprende que el objeto de la citada reforma era excluir
únicamente la orden de aprehensión reclamada como acto
violatorio de la garantía de legalidad consagrada en el precepto
16 de nuestra Carta Magna; fecha en la que, incluso, la institución
jurídica del arraigo no se encontraba prevista en la Ley
Fundamental.
En esa tesitura, lo procedente es que se armonice el
contenido del mencionado numeral 73, fracción X, de la Ley de
Amparo, con los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y con el numeral 25.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, para hacerlo
coherente con tales ordenamientos y así concluir que aun cuando
en el caso concreto, el Juez Primero del Ramo Penal de esta
ciudad, ya emitió auto de formal prisión en contra del quejoso, ello
en modo alguno actualiza la causa de improcedencia prevista en
el primero de los invocados preceptos legales, y por ende, lo
procedente es abordar el estudio de la orden de arraigo
reclamada.
SEXTO. En el caso, se determina innecesario realizar la
transcripción de la resolución combatida, así como los conceptos
de violación que expresó la parte quejosa, pues la primera de
tales constancias se encuentra dentro de las pruebas que el Juez
responsable, envió como apoyo a su informe justificado y los
segundos, dentro del capítulo respectivo en el escrito de demanda
de garantías, los que se tienen por reproducidos como si a la letra
se insertara; se cita como apoyo a lo anterior, el criterio que
aparece publicado en la página 406, del Tomo IX, Abril de 1992,
correspondiente a la Octava Época, Semanario Judicial de la
Federación, que a continuación se transcribe:
ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO
TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA
DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77,

fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la
exigencia relativa a que las sentencias que se dicten
en los juicios de amparo contengan la fijación clara y
precisa de los actos reclamados, y la apreciación de
las pruebas conducentes para tener o no por
demostrada su existencia legal, pero no la tocante a
transcribir su contenido traducido en los fundamentos
y motivos que los sustentan, sin que exista precepto
alguno en la legislación invocada, que obligue al
juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y
además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en
la sentencia se realizó un examen de los fundamentos
y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz
de los preceptos legales y constitucionales aplicables,
y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el
peticionario de garantías.
De igual manera, la jurisprudencia por contradicción
número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que a
continuación se transcribe:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.
PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del
capítulo X “De las sentencias”, del título primero
“Reglas generales”, del libro primero “Del amparo en
general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como
obligación para el juzgador que transcriba los
conceptos de violación o, en su caso, los agravios,
para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios
se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a
debate, derivados de la demanda de amparo o del
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder
a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad
efectivamente planteados en el pliego
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los
que conforman la litis. Sin embargo, no existe
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al
prudente arbitrio del juzgador realizarla o no,
atendiendo a las características especiales del caso,
sin demérito de que para satisfacer los principios de
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43
Juicio de amparo 742/2012
exhaustividad y congruencia se estudien los
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer.
SÉPTIMO. Por las razones expuestas a continuación, este
juzgado federal estima que los conceptos de violación esgrimidos
por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia, tal y como lo
autoriza el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo,
resultan esencialmente fundados y suficientes, para otorgarle la
protección constitucional que solicita.
Como quedó asentado con antelación, el acto reclamado
consiste en la orden de arraigo decretada por el Juez Primero del
Ramo Penal de esta ciudad, el veintiocho de mayo de dos mil
doce, en contra del agraviado y su ejecución.
Previo a analizar la cuestión de fondo en este asunto, se
estima necesario hacer algunas consideraciones acerca de la
institución jurídica del arraigo en materia penal.
El arraigo en materia penal puede conceptuarse como la
medida cautelar temporal y personal decretada por un órgano
jurisdiccional a petición de parte, que subordina a un sujeto para
no abandonar un espacio geográfico específico –toda una
demarcación o un domicilio– en virtud de la investigación de
hechos posiblemente constitutivos de delito (lato sensu); es
decretada por un órgano judicial a petición del ministerio público,
que busca preservar la investigación, evitando que el imputado se
sustraiga a la acción de la justicia cuando exista el riesgo fundado
de que esto sea posible, para favorecer la integración y
perfeccionamiento de la averiguación previa, logrando con ello
que esta tenga como resultado el ejercicio de la acción penal y a
posteriori, el libramiento de una orden de aprehensión (strictu
sensu). 4
4 Embris Vásquez, José Luis, Medidas cautelares, su transición al sistema acusatorio,

Inicialmente en México, la institución jurídica del arraigo no
se encontraba prevista a nivel constitucional, únicamente en
diversos Códigos de Procedimientos Penales de las entidades
federativas.
Así, el diecinueve de septiembre de dos mil cinco, el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción
de inconstitucionalidad 20/2003, determinó que el artículo 122 bis
del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua,
que establecía la medida cautelar del arraigo, violaba la libertad
de tránsito consagrada en el numeral 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la garantía de
libertad personal estatuida en los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 de
la Constitución Federal.
No obstante el anterior criterio sustentado por el Tribunal
Máximo del país, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se
reformó, entre otros, el artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para incluir en sus párrafos octavo
y noveno, la medida cautelar denominada arraigo, en los
siguientes términos:
Artículo 16. …La autoridad judicial, a petición
del Ministerio Público y tratándose de delitos de
delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de
una persona, con las modalidades de lugar y tiempo
que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta
días, siempre que sea necesario para el éxito de la
investigación, la protección de personas o bienes
jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este
plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el
Ministerio Público acredite que subsisten las causas
que le dieron origen. En todo caso, la duración total
del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
Por delincuencia organizada se entiende una
organización de hecho de tres o más personas, para
adversarial y oral en México, Ed. Porrúa, México, 2011, p. 240.
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Juicio de amparo 742/2012
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en
los términos de la ley de la materia.
Así también, el artículo Décimo Primero Transitorio del
citado Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
dieciocho de junio de dos mil ocho, estableció lo siguiente:
Décimo Primero. En tanto entra en vigor el
sistema procesal acusatorio, los agentes del
Ministerio Público que determine la ley podrán
solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado
tratándose de delitos graves y hasta por un máximo
de cuarenta días.
Esta medida será procedente siempre que sea
necesaria para el éxito de la investigación, la
protección de personas o bienes jurídicos, o cuando
exista riesgo fundado de que el inculpado se
sustraiga a la acción de la justicia.
En conclusión, para el libramiento de una orden de arraigo,
la Carta Magna estable como requisitos:
a) Que sea peticionada por el Agente del Ministerio Público
de la Federación;
b) Que se esté integrando una averiguación previa por un
delito de delincuencia organizada, o en su caso, grave; y,
c) Que sea necesario para el éxito de la investigación, la
protección de personas o bienes jurídicos, o cuando
exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a
la acción de la justicia.
Expuesto ello, resulta necesario acotar que los derechos
humanos pueden conceptuarse como aquellos derechos
fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre,
por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son
inherentes, y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad
política, han de ser por ésta consagrados y garantizados. 5
5 Bidart Campos, Germán J., Teoría general de los derechos humanos. Ed. Astrea, p. 5.

Sin embargo, aun cuando el ser humano ha sido siempre
titular de esos derechos fundamentales, no fue sino hasta
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad
internacional comenzó a diseñar diversos instrumentos y
mecanismos de naturaleza internacional para lograr la promoción
y protección efectiva de esos derechos humanos.
Así fue como los tratados internacionales, en tanto acuerdos
celebrados consensualmente entre los estados partes, se
convirtieron en la primordial fuente internacional de obligaciones
en materia de derechos humanos, cuyo propósito o fin perseguido
fue el reconocimiento de las prerrogativas emanadas de la
dignidad humana.
Pero además de ello, también se creó un orden público de
carácter internacional con la finalidad primordial de brindar
protección al ser humano y reconocerlo como un verdadero sujeto
de derechos, lo anterior a través de esquemas tanto universales
como regionales de promoción y protección de derechos
humanos.
El sistema internacional universal en materia de promoción y
protección de derechos humanos deriva de la acción de las
Naciones Unidas y resulta de la Carta de la Naciones Unidas, de
la Declaración Universal de Derechos Humanos de mil
novecientos cuarenta y ocho, del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
El referido sistema internacional universal coexiste con tres
sistemas regionales de promoción y protección de los derechos
humanos, a saber, el sistema europeo, el sistema americano y el
sistema africano.
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Juicio de amparo 742/2012
Concretamente, el sistema regional americano, comprende
a todos los países signatarios de la Declaración Americana de los
Derechos y los Deberes del Hombre, así como de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
Esta última Convención también denominada Pacto de San
José establece dos órganos para asegurar debidamente su
cumplimiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
creada hacia el año de mil novecientos cincuenta y nueve, y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada en mil
novecientos sesenta y nueve, siendo esta última el órgano del
sistema interamericano con competencia contenciosa vinculante,
al ser la encargada de resolver los casos en que se alega
violación por parte de un Estado miembro de los derechos
humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, además de ser la autorizada para interpretarla.
Como ya se dijo en párrafos precedentes, el gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos, el veintidós de noviembre de mil
novecientos sesenta y nueve, adoptó en la ciudad de San José,
Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en tanto que el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la mencionada
Convención Americana también denominada Pacto de San José
de Costa Rica, momento a partir del cual nuestro país, como
Estado parte de tal ordenamiento supranacional, se comprometió
a respetar los derechos y libertades reconocidos en éste y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que se
encuentre sujeta a su jurisdicción, así como a adoptar, con arreglo
a sus procedimientos constitucionales y a lo dispuesto por la
convención aludida, las medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos los citados derechos y
libertades.

Asimismo, como quedó establecido, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, fue quien comenzó a utilizar la locución
control de convencionalidad para hacer referencia al análisis de
compatibilidad de las normas internas con el Pacto de San José
de Costa Rica, que se encuentra obligado a realizar, ex officio,
cualquier órgano del Poder Judicial, a fin de velar por el efecto útil
de la citada convención.
El anterior razonamiento fue reiterado por el aludido Tribunal
Interamericano en la sentencia condenatoria al Estado Mexicano
de veintitrés de noviembre del dos mil nueve, pronunciada en el
Caso Radilla Pacheco, la cual trajo como consecuencia que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviera en el
expediente varios 912/2010 que todos los jueces del país se
encuentran constreñidos a ejercer, dentro de sus respectivas
competencias, el control de convencionalidad y el control difuso
de constitucionalidad.
Criterio el anterior que fue sostenido por la Primera Sala del
Supremo Tribunal Mexicano, al resolver la contradicción de tesis
331/2011, y que dio origen a la jurisprudencia por contradicción
18/2012, cuyo rubro es: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE
10 DE JUNIO DE 2011).
De lo reseñado con antelación, y por las razones expuestas
a continuación, este órgano jurisdiccional considera que el Juez
responsable, soslayando lo dispuesto por el artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, omitió
ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad, ex
officio, en materia de derechos humanos a fin de determinar si el
artículo 168 del Código de Procedimientos Penales para el Estado
de San Luis Potosí, con base en el cual decretó arraigo
domiciliario en contra de **********, contraviene o no algún
derecho humano contenido en la Constitución Política de los
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Juicio de amparo 742/2012
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, particularmente, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese orden de ideas, se procederá a analizar si el artículo
168 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San
Luis Potosí, es compatible o no con los postulados de la citada
Carta Magna y del aludido Pacto de San José de Costa Rica.
Previo a lo anterior, cabe señalar que en el caso no es
procedente realizar una interpretación conforme en sentido amplio
ni en sentido estricto para con ello derivar en su aplicación.
Esto es así, porque la intelección de la norma –artículo 168
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis
Potosí–, no puede ser realizada a la luz del orden jurídico y
conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución
Federal y en los tratados internacionales en los cuales el Estado
Mexicano sea parte, ya que derivado de la propia Carta Magna y
de la Convención Americana sobre Derechos humanos, se colige
que la norma por sí misma no es compatible con la Ley
Fundamental ni con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, lo cual excluye necesariamente el trabajo hermenéutico
de la porción normativa de referencia.
Asentado lo anterior, se precisa el contenido del
mencionado artículo 168 del Código de Procedimientos Penales
para esta entidad federativa, que dispone textualmente lo
siguiente:
Artículo 168. La autoridad judicial podrá, a
petición del Ministerio Público, decretar el arraigo
domiciliario o imponer la prohibición de abandonar
una demarcación geográfica sin su autorización, a la
persona en contra de quien se prepare el ejercicio de
la acción penal, siempre y cuando exista el riesgo
fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia.
Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares

vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea
debidamente cumplido.-----El arraigo domiciliario o la
prohibición de abandonar una demarcación
geográfica se prolongarán por el tiempo
estrictamente indispensable, no debiendo exceder de
treinta días naturales en el caso del arraigo, y de
sesenta días naturales en el de la prohibición de
abandonar una demarcación geográfica.----Cuando
el afectado pida que el arraigo o la prohibición de
abandonar una demarcación geográfica queden sin
efecto, la autoridad judicial decidirá, escuchando al
Ministerio Público y al afectado, si deben o no
mantenerse.
Dicho artículo revela que en el Estado de San Luis Potosí, la
autoridad judicial podrá decretar el arraigo domiciliario o imponer
la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su
autorización, previa solicitud del Agente del Ministerio Público, a la
persona contra quien se prepare el ejercicio de la acción penal,
siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga de
la acción de la justicia.
La duración del arraigo es por el tiempo estrictamente
indispensable, pero no podrá exceder de treinta días naturales.
Así, la citada institución procesal penal contenida en el ya
mencionado numeral 168 del Código de Procedimientos Penales
para el Estado de San Luis Potosí, tiene como efecto la privación
de la libertad personal del sujeto arraigado, dado que el obligar a
una persona a permanecer dentro de un determinado inmueble
bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora,
impidiéndole realizar cualesquiera de las actividades que
cotidianamente ejecuta, indiscutiblemente tiene como
consecuencia que el arraigado no pueda obrar con pleno albedrío,
esto es, se le impide salir de dicho inmueble, lo que se traduce en
la afectación de su libertad.
Resulta aplicable a ello, en lo que interesa, la jurisprudencia
1a./J. 78/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
50

51
Juicio de amparo 742/2012
de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página
55, que establece:
ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE.
AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. La orden de
arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del
Código Federal de Procedimientos Penales, antes y
después de su reforma mediante decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de
febrero de mil novecientos noventa y nueve, al
obligar a la persona en contra de quien se prepare el
ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista
el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de
la justicia, a permanecer en un domicilio bajo la
vigilancia de la autoridad investigadora y
persecutora, trae como consecuencia la inmovilidad
de su persona en un inmueble, por tanto, es un acto
que afecta y restringe la libertad personal que puede
ser susceptible de suspensión en términos de lo
dispuesto por los artículos 130, 136 y demás
relativos de la Ley de Amparo, si para ello se
cumplen los requisitos exigidos por la misma ley.
Por su parte, como ya se dijo con antelación, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 16,
párrafos octavo y noveno, prevé la institución jurídica del arraigo,
en los siguientes términos:
Artículo 16. …La autoridad judicial, a petición
del Ministerio Público y tratándose de delitos de
delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de
una persona, con las modalidades de lugar y tiempo
que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta
días, siempre que sea necesario para el éxito de la
investigación, la protección de personas o bienes
jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este
plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el
Ministerio Público acredite que subsisten las causas
que le dieron origen. En todo caso, la duración total
del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
Por delincuencia organizada se entiende una
organización de hecho de tres o más personas, para
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en
los términos de la ley de la materia.

De igual manera, el artículo Décimo Primero Transitorio del
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de
junio de dos mil ocho, establece lo siguiente:
Décimo Primero. En tanto entra en vigor el
sistema procesal acusatorio, los agentes del
Ministerio Público que determine la ley podrán
solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado
tratándose de delitos graves y hasta por un máximo
de cuarenta días.
Esta medida será procedente siempre que sea
necesaria para el éxito de la investigación, la
protección de personas o bienes jurídicos, o cuando
exista riesgo fundado de que el inculpado se
sustraiga a la acción de la justicia.
En este contexto, al contrastar el texto del artículo 16,
párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Décimo Primero
Transitorio del Decreto en mención publicado en el Diario Oficial
de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, con el
contenido del diverso artículo 168 del Código de Procedimientos
Penales para esta entidad federativa, se arriba a la conclusión
que éste contraviene aquéllos.
Se afirma lo anterior, dado que basta la simple lectura del
mencionado artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para advertir que en él se restringe la medida
cautelar del arraigo únicamente a delitos de delincuencia
organizada, o en su caso, el arraigo domiciliario a delitos graves
en términos del ordinal Décimo Primero Transitorio del Decreto en
mención, en tanto que el código adjetivo para esta entidad lo
prevé para cualquier tipo de delito.
Ahora, como quedó asentado con antelación, en el caso, el
Juez Primero del Ramo Penal de esta ciudad, decretó orden de
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53
Juicio de amparo 742/2012
arraigo domiciliario en contra del aquí quejoso por su presunta
responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado;
el cual se encuentra previsto como grave de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 407 del Código de Procedimientos
Penales para el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Sin embargo, aun cuando dicho ilícito se encuentra previsto
como grave en la legislación local, lo cierto es que el artículo 168
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis
Potosí, en el cual se basó el Juez de la causa para decretar la
orden de arraigo en contra del solicitante del amparo, no hace
distinción alguna en cuanto a que sólo respecto de delitos graves
sea procedente dictar la citada medida cautelar, sino que en
contravención a lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el invocado numeral prevé que la
orden de arraigo puede decretarse respecto de cualquier ilícito
sea grave o no.
En ese tenor, se arriba a la conclusión de que el numeral
168 del código adjetivo local se extralimita en cuanto a los
supuestos de procedencia del arraigo, pues va más allá de lo que
establece la Carta Magna, donde está circunscrita la referida
medida cautelar únicamente para delitos de delincuencia
organizada y en su caso, delitos graves en términos de lo
establecido en el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto
en mención publicado en el Diario Oficial de la Federación el
dieciocho de junio de dos mil ocho; razón por la cual, es patente la
transgresión al precepto 16 constitucional.
En ese orden de ideas, si el Juez responsable para decretar
la orden de arraigo domiciliario en contra del ahora quejoso fundó
su determinación en un artículo que, como ya se vio, no es
compatible con lo estatuido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; entonces, su proceder es contrario a
derecho.

A continuación, se procede a contrastar el artículo 168 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis
con diversos artículos de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, a fin de determinar si aquél es conforme con
los derechos fundamentales consagrados en ésta.
Para tal efecto, resulta menester traer a colación el
contenido de los artículos 7.1, 7.5, 8.2 y 22.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra disponen:
Artículo 7.- Derecho a la Libertad Personal.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y
a la seguridad personales.
…5. Toda persona detenida o retenida debe ser
llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales,
y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de
que continúe el proceso. Su libertad podrá estar
condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.
Artículo 8.- Garantías Judiciales.
…2. Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el
proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:…
Artículo 22.- Derecho de Circulación y de
Residencia.
1. Toda persona que se halle legalmente en el
territorio de un Estado tiene derecho a circular por el
mismo y, a residir en él con sujeción a las
disposiciones legales.
Del contenido del artículo 7.1 del Pacto de San José de
Costa Rica, se colige que cualquier persona tiene derecho a la
54

55
Juicio de amparo 742/2012
libertad y a la seguridad personales, en tanto que del numeral 7.5
del citado instrumento internacional, se sigue que cualquier
persona sometida a una detención tiene derecho a que sin
demora, sea llevada ante un Juez o tribunal competente, lo
anterior como medio de control idóneo para evitar las capturas
arbitrarias e ilegales, dado que ninguna situación, por grave que
sea, otorga a las autoridades la potestad de prolongar
indebidamente el período de detención.
Así, los términos de la garantía establecida en el artículo 7.5
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son
claros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin
demora ante un juez o autoridad judicial competente, conforme a
los principios de control judicial e inmediatez procesal, pues ello
es esencial para la protección del derecho a la libertad personal y
para otorgar protección a otros derechos, como la vida y la
integridad personal. El simple conocimiento por parte de un juez
de que una persona está detenida no satisface esa garantía, ya
que el detenido debe comparecer personalmente y rendir su
declaración ante el juez o autoridad competente, sin demora.
En ese tenor, la Corte Interamericana sobre Derechos
Humanos, estableció en la sentencia de veintiséis de noviembre
del dos mil diez, relativa al caso Cabrera García y Montiel Flores
vs México, lo siguiente:
93. Respecto a los anteriores alegatos, el
Tribunal recuerda que la parte inicial del artículo 7.5
de la Convención dispone que la detención de una
persona debe ser sometida sin demora a revisión
judicial. En este sentido, la Corte ha señalado que el
control judicial inmediato es una medida tendiente a
evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones,
tomando en cuenta que en un Estado de Derecho
corresponde al juzgador garantizar los derechos del
detenido, autorizar la adopción de medidas
cautelares o de coerción cuando sea estrictamente
necesario y procurar, en general, que se trate al
inculpado de manera consecuente con la presunción

de inocencia.-----102. Siguiendo la jurisprudencia del
Tribunal (supra párr. 93) en lo que concierne a la
autoridad competente para la remisión sin demora,
este Tribunal reitera que los señores Cabrera y
Montiel debieron ser llevados ante el juez lo más
pronto posible y, en este caso, ello no ocurrió sino
hasta casi 5 días después de su detención. En ese
sentido, el Tribunal observa que los señores Cabrera
y Montiel fueron puestos a disposición de la
autoridad competente excediendo el término
establecido en la Convención Americana, que
claramente exige la remisión “sin demora” ante el
juez o funcionario autorizado por la ley para ejercer
funciones judiciales sobre control de la libertad. Al
respecto, la Corte reitera que en zonas de alta
presencia militar, donde los miembros de la
institución militar asumen control de la seguridad
interna, la remisión sin demora ante las autoridades
judiciales cobra mayor importancia con el fin de
minimizar cualquier tipo de riesgo de violación a los
derechos de la persona (supra párr. 89). En
consecuencia, la Corte considera que se vulneró el
artículo 7.5 de la Convención Americana en perjuicio
de los señores Cabrera y Montiel. Además, dada la
falta de remisión sin demora ante la autoridad
competente, el Tribunal considera que esta
irregularidad en el control de la detención la
transformó en arbitraria y no estima pertinente hacer
ningún tipo de pronunciamiento sobre la causa que
originó la misma. Por tanto, la Corte declara la
violación del artículo 7.3, en relación con el artículo
1.1 de la Convención Americana.
Por su parte, el artículo 8.2 prevé como garantía judicial la
presunción de inocencia, la cual obliga al estado a recopilar el
material incriminatorio en contra del acusado de un cargo criminal
con el propósito de establecer su culpabilidad, esto es, impone la
obligación a aquél de dar a todo ser humano sujeto a
investigación, el tratamiento de inocente hasta en tanto los
tribunales competentes mediante sentencia firme no lo declaren
culpable.
Cabe hacer la acotación que, según Jaime Vega Torres, en
su obra titulada Presunción de Inocencia y Prueba en el Proceso
Penal, la presunción de inocencia posee tres significados: a)
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57
Juicio de amparo 742/2012
como garantía básica del proceso penal; b) como regla relativa a
la prueba; y, c) como regla de tratamiento del imputado durante el
proceso.
En su primera acepción, la presunción de inocencia se
encuentra referida a que en cualquier procedimiento se deben
observar todas las garantías previstas en las constituciones
nacionales y tratados internacionales suscritos por los diversos
Estados a fin de que se pueda hablar de un proceso justo.
Por otra parte, la presunción de inocencia como regla
relativa a la prueba, se refiere a los requisitos que debe cumplir la
actividad probatoria y las características que deben reunir los
medios de prueba para estimar que existe prueba de cargo válida,
devastando el estatus de inocente que tiene cualquier procesado.
Finalmente, la presunción de inocencia como regla de
tratamiento del imputado durante el proceso, es el derecho
fundamental que tiene aquel a recibir la consideración y trato de
no autor o partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos.
Así, el derecho fundamental a la presunción de inocencia
comprende las condiciones que deben cumplirse para asegurar la
adecuada defensa de aquellos derechos u obligaciones que están
bajo consideración judicial, es decir, un conjunto de requisitos que
deben observarse en las instancias procesales para que pueda
hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la
Convención.
Respecto de ese tema, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en la sentencia del Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador
de doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, expuso
lo siguiente:
77. Esta Corte estima que en el principio de
presunción de inocencia subyace el propósito de las

garantías judiciales, al afirmar la idea de que una
persona es inocente hasta que su culpabilidad sea
demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la
Convención se deriva la obligación estatal de no
restringir la libertad del detenido más allá de los
límites estrictamente necesarios para asegurar que
no impedirá el desarrollo eficiente de las
investigaciones y que no eludirá la acción de la
justicia, pues la prisión preventiva es una medida
cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado
en múltiples instrumentos del derecho internacional
de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
dispone que la prisión preventiva de las personas
que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla
general (art. 9.3). En caso contrario se estaría
cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un
plazo desproporcionado respecto de la pena que
correspondería al delito imputado, a personas cuya
responsabilidad criminal no ha sido establecida.
Sería lo mismo que anticipar una pena a la
sentencia, lo cual está en contra de principios
generales del derecho universalmente reconocidos.--
---78. La Corte considera que con la prolongada
detención preventiva del señor Suárez Rosero, se
violó el principio de presunción de inocencia, por
cuanto permaneció detenido del 23 de junio de 1992
al 28 de abril de 1996 y la orden de libertad dictada
en su favor el 10 de julio de 1995 no pudo ser
ejecutada sino hasta casi un año después. Por todo
lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el
artículo 8.2 de la Convención Americana.
Finalmente, del numeral 22.1 de la aludida Convención se
advierte que la garantía de circulación se traduce en el derecho
que toda persona tiene para transitar por el territorio de un
Estado.
En el caso Ricardo Canese contra Paraguay, resuelto el
treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, precisó:
114. El artículo 22 de la Convención protege el
derecho de circulación y de residencia, el cual
contempla el derecho a salir libremente de cualquier
país, inclusive del propio, habiéndose alegado que
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59
Juicio de amparo 742/2012
este último aspecto ha sido violado en el presente
caso.
115. La Corte coincide con lo indicado por el
Comité de Derechos Humanos en su Comentario
General No. 27, en el sentido de que el derecho de
circulación se trata del derecho de toda persona a
trasladarse libremente de un lugar a otro y a
establecerse libremente en el lugar de su elección.
El disfrute de este derecho no debe depender de
ningún objetivo o motivo en particular de la persona
que desea circular o permanecer en un lugar. Se
trata de una condición indispensable para el libre
desarrollo de la persona.
116. Además, el Comité de Derechos
Humanos se ha referido al derecho a salir libremente
de cualquier país, respecto del cual señaló que:
….La libertad de salir del territorio de un Estado
no puede hacerse depender de ningún fin concreto o
del plazo que el individuo decida permanecer fuera
del país. En consecuencia, dicha libertad incluye el
viaje temporal al extranjero y la partida en caso de
emigración permanente. Igualmente, el derecho de
la persona a determinar el Estado de destino es parte
de la garantía jurídica.
117. El derecho de circulación y de residencia,
incluido el derecho a salir del país, pueden ser objeto
de restricciones, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 22.3 y 30 de la Convención. Sin
embargo, es necesario que dichas restricciones se
encuentren expresamente fijadas por ley, y que estén
destinadas a prevenir infracciones penales o a
proteger la seguridad nacional, la seguridad o el
orden públicos, la moral o la salud públicas o los
derechos y libertades de los demás, en la medida
indispensable en una sociedad democrática.
Pues bien, a juicio de quien aquí resuelve, el arraigo penal
previsto por el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales
para el Estado de San Luis Potosí, como medida precautoria
mientras el Ministerio Público investiga la presunta
responsabilidad delictiva del indiciado, en la forma y términos en
que lo establece tal disposición, es jurídicamente incompatible con
el contenido de los referidos artículos 7.1, 7.5, 8.2 y 22.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo anterior es así, dado que evidentemente al ejecutarse
una orden de arraigo decretada con apoyo en lo dispuesto por el
invocado numeral 168 del código adjetivo citado, el indiciado no
es llevado inmediatamente y sin demora ante un juez para que
resuelva su situación jurídica, ya que incluso pueden transcurrir
hasta treinta días para que ello suceda, quedando mientras tanto
a disposición de la autoridad persecutora del delito y afectando
con ello su libertad personal; tampoco se le da al indiciado el
tratamiento de inocente, ya que el individuo en situación de
arraigo no está vinculado a proceso penal alguno, sino que se le
ha privado de la libertad para ponerlo a disposición de la autoridad
investigadora para que ésta cuente con mayor tiempo para
indagar y recabar más pruebas incriminatorias, esto es, se le ha
detenido para investigarlo, en vez de investigar para detenerlo,
trastocando las reglas del proceso penal en una situación de
normalidad democrática e imponiéndole una pena prejudicial;
amén de que con la referida medida precautoria se le impide al
indiciado que salga de un determinado domicilio, quedando bajo
la custodia y vigilancia de la autoridad investigadora; con lo que
evidentemente se contravienen las garantías que en materia de
derechos humanos consagran los artículos 7.1, 7.5, 8.2 y 22.1 del
Pacto de San José de Costa Rica.
En efecto, al ejecutarse la orden de arraigo librada con
apoyo en lo dispuesto por el artículo 168 del código adjetivo para
esta entidad federativa, el indiciado es puesto a disposición del
representante social investigador y no es llevado inmediatamente
y sin demora ante un juez para que resuelva su situación jurídica,
lo cual afecta en grado predominante su libertad personal,
además de que contrario al principio de presunción de inocencia,
se le impone de antemano una pena prejudicial no obstante que
no se ha construido una causa para demostrar su culpa, es decir,
se detiene a una persona para investigar su probable
responsabilidad y hacerse de los elementos para, eventualmente,
obtener una orden de aprehensión, cuando lo correcto debiera ser
60

61
Juicio de amparo 742/2012
llevar a cabo una investigación para posteriormente, en su caso,
detenerlo.
En la sentencia del Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, la
Corte Interamericana antes mencionada, señaló que para aplicar
medidas cautelares en materia penal, entre las que
evidentemente se encuentra el arraigo, necesariamente deben de
existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente
la culpabilidad del imputado y que se dé alguna de las siguientes
circunstancias: peligro de fuga del imputado, peligro de que el
imputado obstaculice la investigación, peligro de que el imputado
cometa un delito; al efecto, se señaló textualmente lo siguiente:
129. Después de haber analizado la legalidad de la
restricción, la Corte considera indispensable destacar que
las medidas cautelares que afectan la libertad personal y
el derecho de circulación del procesado tienen un carácter
excepcional, ya que se encuentran limitadas por el
derecho a la presunción de inocencia y los principios de
necesidad y proporcionalidad, indispensables en una
sociedad democrática. La jurisprudencia internacional y
la normativa penal comparada coinciden en que para
aplicar tales medidas cautelares en el proceso penal deben
existir indicios suficientes que permitan suponer
razonablemente la culpabilidad del imputado y que se
presente alguna de las siguientes circunstancias: peligro
de fuga del imputado; peligro de que el imputado
obstaculice la investigación; y peligro de que el imputado
cometa un delito, siendo esta última cuestionada en la
actualidad. Asimismo, dichas medidas cautelares no
pueden constituirse en un sustituto de la pena privativa de
libertad ni cumplir los fines de la misma, lo cual puede
suceder si se continúa aplicando cuando ha dejado de
cumplir con las funciones arriba mencionadas. De lo
contrario, la aplicación de una medida cautelar que afecte
la libertad personal y el derecho de circulación del
procesado sería lo mismo que anticipar una pena a la
sentencia, lo cual contradice principios generales del
derecho universalmente reconocidos.
Basta la lectura del artículo 168 del Código de
Procedimientos Penales para esta entidad, para advertir que el
arraigo domiciliario se encuentra previsto para facilitar la
integración de la averiguación previa y llegado el caso, evitar que

se imposibilite el cumplimiento del eventual mandamiento
aprehensorio que llegue a pronunciarse; sin embargo, para
decretar tal medida precautoria no se requiere que la averiguación
arroje datos que conduzcan a establecer que una persona tenga
probable responsabilidad penal en el ilícito respectivo, y no
obstante lo anterior, se puede legalmente ordenar la afectación de
la libertad personal de un individuo hasta por un término de treinta
días, contraviniendo el principio de presunción de inocencia, sin
que al efecto se justifique tal detención con una determinación en
la que se le den a conocer al indiciado los pormenores del delito
que se le imputa, ni la oportunidad de ofrecer pruebas para
deslindar su responsabilidad y privándosele consecuentemente
del derecho que tiene a circular libremente por el país.
Así, conforme a lo dispuesto por el invocado precepto legal
del código adjetivo citado, se advierte que se solicita el arraigo
cuando los elementos de prueba que obran en la averiguación
previa aún no son suficientes para que hagan probable la
responsabilidad del indiciado y que se pueda solicitar la orden de
aprehensión, sino que requiere de mayor investigación, pero ante
la existencia del riesgo de que el indiciado se sustraiga a la acción
de la justicia, se solicita la orden de arraigo; de tal suerte que al
decretarse el arraigo, al indiciado se le restringe su libertad
personal hasta por el término de treinta días, esto es, no es
llevado sin demora ante autoridad judicial para que determine su
situación jurídica; se le viola el principio de presunción de
inocencia al ser detenido arbitrariamente para realizar una
investigación sobre hechos ilícitos en los que probablemente tuvo
participación; y se le impide salir de un determinado inmueble, lo
que lo imposibilita a salir de la población en que reside y del
territorio nacional.
Por las razones antes expresadas, es que se afirma que la
orden de arraigo prevista por el numeral 168 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, es
incompatible con los artículos 7.1, 7.5, 8.2 y 22.1 de la
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Juicio de amparo 742/2012
Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues como ya
se dijo, con dicha institución procesal se impide: a) que la persona
detenida por ese motivo sea puesta a disposición sin demora,
ante autoridad judicial para que determine su situación jurídica,
afectando con ello su libertad personal; b) que se le dé el
tratamiento de presunto inocente a una persona; c) y que un
individuo circule libremente por el país; y por ende, aquella norma
de derecho interno debe ser considerada contraria a los derechos
humanos contenidos en los citados dispositivos del Pacto de San
José de Costa Rica.
Aquí cabe precisar que los derechos antes enunciados,
como cualquier otro derecho humano, no son absolutos, dado que
admiten límites o restricciones que pueden ocasionar que su
titular no pueda ejercer determinada prerrogativa en ciertas
circunstancias, sin embargo, lo cierto es que para que ello
acontezca es necesario que tales restricciones o limitaciones
cumplan con ciertos requisitos para que sean jurídicamente
válidas.
En efecto, así como los tratados internacionales en materia
de derechos humanos estatuyen las prerrogativas fundamentales
consignados a favor de las personas, así también regulan lo
relativo a las restricciones a tales derechos, a fin de que cada
Estado reglamente y limite sus alcances legítimamente.
Particularmente, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en su numeral 30, establece lo siguiente:
Artículo 30. Alcance de las Restricciones.-----
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta
Convención, al goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser
aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por
razones de interés general y con el propósito para el
cual han sido establecidas.

Del contenido de la citada disposición se advierte que en
ésta se establece una condición adicional para que las
restricciones, especialmente autorizadas en la aludida
Convención Americana, sean legítimas; esto es, impone límites a
las restricciones de los derechos y libertades consagrados en
diversos artículos de la aludida Convención Americana, para
evitar actos de arbitrariedad.
Ciertamente, el invocado numeral 30 del citado Pacto de
San José de Costa Rica, impone límites a la facultad que tienen
los Estados Partes para restringir los derechos humanos
contenidos en tal instrumento supranacional, y cuyo
incumplimiento trae consigo el que la limitación de prerrogativas
correspondiente se torne en ilegitima.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la
Opinión Consultiva OC-5/85 de trece de noviembre de mil
novecientos ochenta y cinco, precisó que las …restricciones
deben establecerse con arreglo a ciertos requisitos de forma que
atañen a los medios a través de los cuales se manifiestan y
condiciones de fondo, representadas por la legitimidad de los
fines que, con tales restricciones, pretenden alcanzarse.
Así, a fin de constar si los límites o restricciones a derechos
humanos son legítimos, se estima necesario hacer uso de
criterios interpretativos para determinar si aquellos tienen
legitimidad o no.
En diversos casos contenciosos, uno de ellos el Caso
Escher y otros vs Brasil, la aludida Corte Interamericana ha
establecido que a fin de determinar si un límite o una restricción a
un derecho fundamental es o no compatible con los postulados de
la Convención Americana de Derechos Humanos, y que por tanto,
no se trata de una injerencia abusiva o arbitraria; es necesario
analizar tal restricción bajo los criterios de: a) legalidad, b) fin
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Juicio de amparo 742/2012
legítimo; c) idoneidad; d) existencia de alternativas menos
restrictivas; y, e) proporcionalidad en sentido estricto. 6
Por tanto a fin de determinar si la medida precautoria del
arraigo prevista en el artículo 168 del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de San Luis Potosí, constituye una
interferencia válida en el ejercicio de los derechos contenidos en
los artículos 7.1, 7.5, 8.2 y 22.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, se realizará el análisis de dicha
medida cautelar bajo los criterios antes enunciados:
a) Legalidad: El primero de los pasos para determinar si
el arraigo establecido en el Código adjetivo penal citado,
constituye una restricción válida a la luz de lo dispuesto por la
Convención de que se trata, es analizar si tal medida cumple con
el requisito de legalidad, el cual se refiere a que las condiciones y
circunstancias generales conforme a las que se autoriza una
restricción al ejercicio de un derecho humano debe estar
claramente establecido por una ley, en sentido formal y material.
En el caso concreto, la institución jurídica del arraigo se
encuentra contenida en el artículo 168 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí;
disposición normativa que emanó de la Quincuagésima Quinta
Legislatura Constitucional de esta entidad federativa, quien es un
órgano democráticamente elegido y el cual en términos del
artículo 57, fracción I, de la Constitución Política del Estado de
San Luis Potosí, es el órgano facultado para dictar leyes.
Por tanto, la primera de las exigencias señaladas con
antelación relativa a que la restricción correspondiente se
encuentre prevista por ley –en su aspecto formal y material–, en el
caso, se cumple a cabalidad.
6 Caso Escher y otros vs Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de seis de julio de dos mil nueve, párrafo 129.

) Fin legítimo: El segundo de los extremos a examinar
se refiere a si el arraigo previsto por el Código de Procedimientos
Penales para San Luis Potosí, persigue un objetivo legítimo a la
luz de lo dispuesto por el Pacto de San José de Costa Rica.
De la lectura del numeral 168 del invocado cuerpo
normativo, se concluye que el establecimiento de la institución
jurídica del arraigo tiene como finalidad evitar que la persona en
contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal, se
sustraiga de la acción de la justicia, y no se impida el desarrollo
del procedimiento.
En ese tenor, si el objetivo perseguido con la incorporación
del arraigo en el Código de Procedimientos Penales para San Luis
Potosí, es mantener, en términos generales, la seguridad pública,
por ende, es de considerarse que el artículo 168 del código
adjetivo citado, persigue un fin legítimo compatible con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
particularmente, con lo dispuesto en su numeral 22.3.
c) Idoneidad: A fin de analizar tal requisito es
indispensable establecer la relación de medio a fin entre la
medida que restringe el derecho humano respectivo, en el caso a
estudio, el arraigo, y el fin que pretende perseguir éste. Este
criterio de idoneidad no implica un juicio de valor sobre la medida
sino sólo una de carácter objetivo a fin de determinar si existe una
relación de causalidad.
Ahora bien, si como quedó precisado en el inciso anterior, el
fin legítimo que persigue el arraigo es preservar la seguridad
pública, en consecuencia, se colige que sí existe una relación
causal entre dicho objetivo y el establecimiento de tal medida
cautelar; de ahí, que en la especie queda satisfecho el tercero de
los extremos analizados.
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67
Juicio de amparo 742/2012
d) Existencia de alternativas menos restrictivas: En el
caso, dicho extremo implica analizar si existe alguna medida
alternativa al arraigo que asegure el cumplimiento del objetivo
perseguido por tal institución jurídica y que no restrinja de la
misma manera los citados derechos humanos.
Del análisis del propio numeral 168 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, se
advierte que en éste, además de la medida cautelar del arraigo,
se prevé una diversa consistente en la prohibición de abandonar
una demarcación geográfica, la cual se instituyó con igual objetivo
que la primera de las citadas medidas cautelares, esto es, evitar
que la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la
acción penal, se sustraiga de la acción de la justicia y que no se
impida el desarrollo del procedimiento respectivo.
Ahora, de la confrontación de ambas medidas cautelares
–arraigo y prohibición de abandonar una demarcación geográfica–
se concluye que la primera de ellas, no es absolutamente
indispensable para la obtención del fin deseado, pues la restante
de igual manera resulta idónea para prevenir que la persona en
contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal se
sustraiga de la acción de la justicia y para no impedir el desarrollo
del procedimiento correspondiente; amén de que la prohibición
de abandonar una demarcación geográfica resulta menos gravosa
que el arraigo, ya que la persona sujeta a la primera de las
referidas medidas cautelares, si bien tiene cierta restricción a su
derecho de circulación, lo cierto es que durante el tiempo en que
tal medida se encuentre vigente no estaría privada de su libertad
personal, y por ende, no tendría que ser puesta a disposición sin
demora ante autoridad judicial a fin de determinar su situación
jurídica.
De lo antes expuesto, se concluye que en el Código de
Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, sí
existe una forma menos restrictiva para satisfacer el objetivo

perseguido por el legislador al establecer la institución jurídica del
arraigo domiciliario, como lo es la prohibición de abandonar una
demarcación geográfica, la cual, se reitera, tiene una menor
intervención en los derechos humanos precisados líneas
anteriores; y por ende, al no cumplir con el extremo aquí
analizado, la mencionada medida cautelar constituye una
injerencia arbitraria o una restricción incompatible con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
No obstante la conclusión anterior, este órgano jurisdiccional
también procederá a abordar el estudio sobre el cumplimiento del
último de los extremos analizados, dada su relevancia.
e) Proporcionalidad en sentido estricto: Este criterio
supone una valoración entre un derecho fundamental o principio
constitucional y el fin legislativo que origina su menoscabo, a
través del examen de los gravámenes que se imponen
recíprocamente, para establecer si el beneficio obtenido por dicho
fin legislativo, justifica la intensidad en que se menoscaban
aquellos. 7 . Así para determinar si en la especie, se cumple con
este criterio, deberá examinarse si el arraigo es una medida
estrictamente proporcional, esto es, si el sacrificio inherente a la
restricción de los derechos contenidos en los artículos 7.1, 7.5,
8.2 y 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, no resulta exagerado o desmedido frente a las ventajas
que se obtienen mediante el establecimiento de tal medida y el
cumplimiento de la finalidad perseguida.
Ahora bien, según se asentó en párrafos precedentes, la
institución jurídica del arraigo, a consideración de este órgano
jurisdiccional, viola los derechos humanos relativos a que la
persona detenida sea puesta a disposición sin demora, ante
autoridad judicial para que determine su situación jurídica,
afectando con ello su libertad personal; la presunción de inocencia
del sujeto arraigado; y, a circular libremente por el país.
7 Sanchez Gil, Rubén, El principio de proporcionalidad, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 2007, p. 48.
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Juicio de amparo 742/2012
Por su parte, el arraigo domiciliario previsto en el artículo
168 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San
Luis Potosí, puede decretarse contra la persona en contra de
quien se prepare el ejercicio de la acción penal, a fin de evitar que
se sustraiga de la acción de la justicia y se paralice el
procedimiento correspondiente. Cabe recordar que la aludida
medida cautelar puede decretarse por cualquier clase de delito,
sea grave o no.
En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que el
arraigo domiciliario estatuido en el Código de Procedimientos
Penales para esta entidad federativa, no afecta de manera
moderada los mencionados derechos humanos contenidos en los
artículos 7.1, 7.5, 8.2 y 22.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, sino que la restricción que origina es severa,
dado que resulta evidente que la finalidad perseguida con tal
medida cautelar –evitar que la persona en contra de quien se
prepare el ejercicio de la acción penal se sustraiga de la acción de
la justicia y se paralice el procedimiento correspondiente– no
justifica el hecho de que en cualquier caso sea procedente
decretar el arraigo domiciliario, sin importar si se trata de delito
grave o no, no obstante que por su naturaleza de acto prejudicial,
debiera ser una norma restrictiva, excepcional, y no general o
absoluta.
Por todo lo hasta aquí analizado, se colige que el arraigo
domiciliario previsto en el artículo 168 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, al no
cumplir con el test de razonabilidad efectuado con antelación,
constituye una restricción no válida e incompatible con el ejercicio
de los derechos humanos previstos en los artículos 7.1, 7.5, 8.2 y
22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Consecuentemente, como el artículo 168 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, en

que se apoya el Juez Primero del Ramo Penal de esta ciudad
para decretar la orden de arraigo reclamada, resulta incompatible
con los artículos 7.1, 7.5, 8.2 y 22.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, lo procedente es conceder al quejoso
**********, el amparo y la protección de la Justicia Federal que
solicita, para el efecto de que la citada autoridad judicial
responsable, deje insubsistente dicha resolución, así como el auto
de formal prisión emitido el quince de junio del dos mil doce, en
autos del proceso penal 152/2012/2 únicamente por lo que
respecta al aquí agraviado, y emita otro, con plenitud de
jurisdicción, pero sin tomar en consideración todas aquellas
pruebas recabadas durante el tiempo que se encontró vigente la
orden de arraigo aquí analizada.
Lo anterior se estima procedente, ya que, a juicio de quien
aquí resuelve, las violaciones a los derechos humanos antes
precisadas, con motivo de la emisión de la orden de arraigo
decretada por el Juez Primero del Ramo Penal de esta ciudad, se
extendieron en el tiempo y afectaron de manera preponderante el
curso del procedimiento de origen, particularmente, las pruebas
recabadas durante el tiempo en que se encontró vigente la
referida medida cautelar, entre ellas, la declaración ministerial del
aquí agraviado, las cuales sirvieron de basamento para el
pronunciamiento del auto de formal prisión en contra del
peticionario de garantías.
Máxime si se toma en consideración que con la reforma
constitucional en derechos humanos acontecida el diez de junio
del dos mil once, concretamente, al artículo 1° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obliga a cualquier
autoridad judicial, como parte del Estado Mexicano, a proteger y
garantizar una tutela efectiva de los derechos humanos, a través
del dictado de fallos idóneos y efectivos a fin de reparar
íntegramente las violaciones perpetradas a dichas prerrogativas
fundamentales.
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Juicio de amparo 742/2012
En la inteligencia de que tal concesión debe hacerse
extensiva a los actos de ejecución de la orden de arraigo que se
atribuyen al Procurador General de Justicia del Estado y Director
General de la Policía Ministerial del Estado, dado que no se
reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se
hace derivar del acto reclamado de la autoridad ordenadora.
Lo anterior en términos de la Jurisprudencia 88, emitida por
la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, consultable en la página 70, del Tomo VI, Materia Común,
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
cuyo texto establece:
AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE. NO
RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.- Si la sentencia de
amparo considera violatoria de garantías la resolución que
ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los
actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente vicios
de éste.
Por lo expuesto y fundado, se
R E S U E L V E :
PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por
**********, en contra de los actos reclamados del Juez Primero del
Ramo Penal de esta ciudad, Procurador General de Justicia del
Estado, Agente del Ministerio Público mesa V adscrita a la Unidad
Especializada en Delitos de Alto Impacto y Delincuencia
Organizada, y Director General de la Policía Ministerial del
Estado, consistentes en la incomunicación, intimidación y
tormento, así como del citado representante social consistente en
la ejecución de la orden de arraigo.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE,
a **********, en contra de los actos reclamados del Juez Primero
del Ramo Penal de esta ciudad, Procurador General de Justicia

del Estado y Director General de la Policía Ministerial del Estado,
consistentes en la orden de arraigo decretada en contra del
agraviado, su ejecución, efectos y consecuencias.
Notifíquese personalmente.
Así lo resolvió y firma José Luis Cruz Álvarez, Juez
Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, que actúa
con la Secretaria Marcela Guadalupe Castro Núñez, el trece de
septiembre del dos mil doce, en que lo permitieron las labores del
juzgado. Doy fe.
En esta propia fecha se giraron los oficios 9862–A al 9865-A a las autoridades
correspondientes, notificándoles la resolución que antecede. Conste.
MGCN
En la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del mismo nombre,
siendo las nueve horas del día ________________, el Actuario del Juzgado
Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, publicó en la lista que se
fija en los estrados de este Juzgado Federal, la resolución o acuerdo que
antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este juicio de
garantías, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente o por
oficio, se asienta la razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
27 y 28, fracción III, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
En la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del mismo nombre,
siendo las catorce horas del día __________________, se tiene por hecha
la notificación de la resolución o acuerdo que antecede, por no haberse
presentado la (s) parte (s), a oír notificación personal en los términos del
artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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Juicio de amparo 742/2012

OFICIO. 9862-A JUEZ PRIMERO DEL RAMO PENAL EN
ESTA CIUDAD.
OFICIO. 9863-A PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
EN EL ESTADO.
OFICIO. 9864-A AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
MESA V, ADSCRITA A LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ALTO
IMPACTO Y DELINCUENCIA
ORGANIZADA.
OFICIO. 9865-A DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA
MINISTERIAL DEL ESTADO.
POR VÍA DE NOTIFICACIÓN REMITO A USTED COPIA
AUTORIZADA DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN ESTA
FECHA EN EL JUICIO DE AMPARO 742/2012, PROMOVIDO
POR********************, **********CONTRA ACTOS DE USTED Y
OTRAS AUTORIDADES.
PROTESTO A USTED MI ATENTA CONSIDERACIÓN.
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSÍ, A 13 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.
LIC. CRISTINA DÍAZ DE LEÓN CABRERO.
SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO
DE DISTRITO EN EL ESTADO.
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