CASO DISCAPACIDAD

UNIDAD 1 Y 2
CASO 1
CASO DISCAPACIDAD
REINTEGRO DE TRABAJADOR DESPEDIDO SIN JUSTA CAUSA EN ESTADO DE
DISCAPACIDAD
ANTECEDENTES
El señor Eduar Salamanca Hoyos presentó acción de tutela contra la Compañía Papeles del
Cauca S.A por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, igualdad,
integridad física y personal en conexidad con el derecho a la salud. Manifiesta que en el mes
de octubre del año 2004, se vinculó directamente con la empresa Papeles del Cauca S.A.,
mediante contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año 1 . En el mes de junio del
año 2005, se le presentó un dolor en el área lumbar, que afectaba la pierna derecha, el
testículo derecho y la espalda baja, lo cual tuvo influencia directa en su desempeño laboral.
Posteriormente y después de la práctica de varios exámenes ordenados por el médico
tratante se diagnosticó al accionante la existencia de dos hernias discales, y a partir de la lex
artis recomendó que una vez se reintegrara a la empresa Papeles del Cauca S.A., se
reubicara en un empleo en el que no realizara el mismo esfuerzo físico, con el fin de no hacer
más gravosa su situación. La tutelada hizo caso omiso de ello. El día 9 de diciembre de 2005,
la E.P.S. Servicio Occidental de Salud determinó que se trataba de una “1. HERNIA DISCAL
L4-L5 CON RADICULOPATIA L5 // 2. HERNIA DISCAL L5-S1 NO COMPRESIVA”, razòn por
la cual calificó la enfermedad como de origen profesional.
La empresa Papeles del Cauca S.A., envía comunicación al actor tutelar, por medio del cual
manifiesta que se decidió terminar en forma unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo.
Expresa que en la actualidad se encuentra desempleado y con serias limitantes físicas para
poder acceder a otro empleo.
Solicita se le reintegre a su trabajo pues fue despedida por su estado de salud.
La empresa demandada esgrimió las siguientes razones por las cuales la acción de tutela
resulta improcedente para buscar la protección de los derechos del accionante:
Contrario a lo señalado por el demandante, existió un contrato de trabajo a término fijo inferior
a un año.
En un gesto de bondad, la empresa decidió adelantar la terminación del contrato de manera
unilateral, sin justa causa, teniendo en cuenta que se había percatado “de la incapacidad del
accionante de relacionarse armónicamente con sus jefes y compañeros de trabajo”,
reconociéndole una indemnización superior a la establecida en la ley.
A su juicio, es claro que tanto la E.P.S., como la A.R.P., consideraron que se trata de una
enfermedad de origen común y que su poderdante no estaba en la obligación de iniciar el
trámite correspondiente ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, trámite que le
corresponde realizar al interesado.
Indica que no conoce si se ha realizado alguna calificación de invalidez, situación que de
presentarse deberá ser asumida por las entidades que administran el Sistema de Seguridad
1 Folios 61 a 64 del cuaderno principal.

Social en Salud, pues los empleadores solamente son responsables cuando no realizan las
correspondientes afiliaciones ordenadas por la ley.
Sostiene, de otra parte, que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para buscar la
protección de los derechos invocados como vulnerados, dado que su naturaleza es residual,
pues el ordenamiento jurídico prevé la existencia de la acción ordinaria laboral, en donde se
pueden suscitar este tipo de controversias. Solamente procede de manera excepcional el
amparo tutelar, cuando se presenta un perjuicio irremediable, situación que para el caso en
estudio no se configura.
Las decisiones de primera y segunda instancia fueron contrarias a las pretensiones del actor.
EL CASO EN CONCRETO:
En el curso del proceso, se demostró que el señor Eduar Salamanca Hoyos, desde año 2005
ha presentado un dolor en el área lumbar, que le afecta la pierna derecha, el testículo derecho
y la espalda baja, lo cual tuvo influencia directa en su desempeño laboral. Después de
realizados todos análisis se le diagnosticó la existencia de los hernias discales y se le
recomendó que una vez se reintegrara a la empresa Papeles del Cauca S.A., se reubicara en
un empleo en el que no realizara el mismo esfuerzo físico, con el fin de no hacer más gravosa
su situación.
Sin embargo, pese a las recomendaciones de su médico tratante, una vez regresó a
desempeñar sus labores a la empresa demandada, continuó como operario de molino,
desconociéndose por completo la recomendación realizada por el médico, situación que
condujo a que se presentara una merma en su salud. En efecto, se encuentra demostrado
que el señor Eduar Salamanca fue incapacitado por un total de 90 días desde la fecha del
accidente.
DECISON DE LA CORTE CONSTITUCIONAL: Sentencia T-392/08
Problema jurídico
En la presente ocasión corresponde determinar a la Sala: (i) si procede la acción de tutela
para obtener el reintegro a favor del trabajador que sufre una disminución en su capacidad
laboral, en razón de una enfermedad desarrollada durante la ejecución del contrato de trabajo,
aún cuando exista controversia respecto al origen de su enfermedad. Lo anterior, en virtud de
la protección laboral reforzada, establecida en la Ley 361 de 1997 a favor de las personas con
discapacidad, que la Corte Constitucional ha extendido a las personas que sufren disminución
en su capacidad laboral, como causa de una enfermedad adquirida durante el contrato de
trabajo; y (ii) si resulta constitucionalmente válido para el empleador la desvinculación sin justa
causa, y con pago de indemnización, de un trabajador que ha visto disminuida su capacidad
laboral.
Para tal fin, se estudiará la jurisprudencia relacionada con la estabilidad laboral reforzada que
la Constitución y la ley otorgan a ciertos sujetos de especial protección constitucional.
(i) Improcedencia general de la acción de tutela para obtener el reintegro.
Estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección. Personas con
alguna discapacidad física.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la acción de tutela, en principio, no es el
mecanismo idóneo para obtener el reintegro de un trabajador que ha sido despedido. En este
sentido, ha dicho esta Corporación que el derecho al trabajo no puede asimilarse a
permanecer indefinidamente en un empleo.

Sin embargo, ha señalado que la estabilidad laboral puede tener diversos grados, entre los
que se encuentran una estabilidad reforzada a favor de sujetos que por su estado de debilidad
manifiesta son merecedores de una especial protección del Estado. Para la Corporación, en
tales situaciones la acción de tutela se torna procedente. Ha dicho la Corte:
“Pues bien, la tutela no puede llegar hasta el extremo de ser el instrumento
para garantizar el reintegro de todas las personas retiradas de un cargo;
además, frente a la estabilidad existen variadas caracterizaciones: desde la
estabilidad impropia (pago de indemnización) y la estabilidad “precaria” (caso
de los empleados de libre nombramiento y remoción que pueden ser retirados
en ejercicio de un alto grado de discrecionalidad), hasta la estabilidad absoluta
(reintegro derivado de considerar nulo el despido), luego no siempre el
derecho al trabajo se confunde con la estabilidad absoluta.
(...)
No se deduce de manera tajante que un retiro del servicio implica la
prosperidad de la tutela, porque si ello fuera así prosperaría la acción en todos
los casos en que un servidor público es desligado del servicio o cuando a un
trabajador particular se le cancela el contrato de trabajo; sería desnaturalizar
la tutela si se afirmara que por el hecho de que a una persona no se le
permite continuar trabajando, por tutela se puede ordenar el reintegro al
cargo. Solamente en determinados casos, por ejemplo cuando la persona
estuviera en una situación de debilidad manifiesta, o de la mujer embarazada,
podría estudiarse si la tutela es viable.” 2
Resulta entonces que no existe un derecho fundamental a la conservación del trabajo o a
permanecer determinado tiempo en cierto empleo. No obstante, en virtud de las particulares
garantías que señala la Constitución a algunos sujetos no se les puede desvincular
laboralmente mientras no exista una especial autorización de la oficina del trabajo o del juez.
Es el caso de las mujeres en estado de embarazo, los trabajadores aforados y las personas
limitadas, entre otros.
En cuanto a las personas discapacitadas el artículo 47 de la Carta Política señala que el
Estado tiene el deber de “adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración
social para los diminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la
atención especializada que requieran”.
Así mismo, el artículo 13 de la Carta propugna a que el derecho a la igualdad de las personas
con limitaciones sea real y efectiva. En este sentido, ordena al Estado adoptar medidas a
favor de grupos discriminados o marginados, en especial aquellos que su condición física o
mental se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta.
Este mandato constitucional ha sido desarrollado, esencialmente por la Ley 361 de 1997,
mediante la cual se establecieron los mecanismos de integración social de las personas con
limitación.
La Ley 361 de 1997 establece mecanismos de integración laboral a favor de las personas con
discapacidad. En este sentido, consagra que el Gobierno, dentro de la política nacional de
empleo, adoptará las medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de
trabajo para las personas con limitación.
2 Ver sentencia T-576/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En esta ocasión, la Corte conoció de una tutela en la cual un
notario había sido retirado del servicio sin que, según su criterio existiera justa causa para tal fin, y sin que se hubiera
realizado el concurso reglamentario para ocupar el nuevo cargo. La Corte negó la existencia de un derecho fundamental a una
estabilidad laboral, pero encontró que el acto administrativo mediante el cual había sido desvinculado el funcionario no
estaba debidamente motivado. Por tal razón, tuteló el derecho fundamental al debido proceso y ordenó al gobierno proferir un
nuevo acto administrativo en el que expusiera las razones para el retiro.

El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 consagra lo que puede denominarse protección laboral
reforzada positiva y negativa, a favor de las personas con discapacidad. En el campo positivo,
establece que la limitación de una persona, no podrá ser motivo para obstaculizar una
vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar.
De otra parte, dentro de lo que puede denominarse protección laboral negativa, la Ley 361 de
1997 ordena que ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por
razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. No obstante,
quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el
cumplimiento del requisito previsto, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.
Por otra lado, la Corte Constitucional en sentencia C-531 de 2000 3 declaró la
exequibilidad condicionada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997….
En consecuencia, la Corte procederá a integrar al ordenamiento legal referido
los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P.,
arts. 2o. y 13), así como los mandatos constitucionales que establecen una
protección especial para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P.,
arts. 47 y 54), de manera que, se procederá a declarar la exequibilidad del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que el
despido del trabajador de su empleo o terminación del contrato de trabajo por
razón de su limitación, sin la autorización de la oficina de Trabajo, no produce
efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva
autorización. En caso de que el empleador contravenga esa disposición,
deberá asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la
respectiva indemnización sancionatoria.”
Por otro lado, la Corte Constitucional ha señalado, reiteradamente, que constituye un trato
discriminatorio cuando se despide en forma unilateral y sin justa causa a una persona debido
a su condición física o aquella que ha sufrido una disminución en su estado de salud. En
Sentencia T-427de 1992 4 , reiterada por la Sentencia T-441 de 1993.
(ii) Campo de aplicación de la estabilidad laboral reforzada
La Corte Constitucional ha estudiado el punto de si la protección laboral reforzada debe
aplicarse a aquellos trabajadores, que aunque no se encuentran calificados como
discapacitados, sufren una disminución en su estado de salud, que les dificulta el desempeño
normal de sus funciones.
Desde sus inicios, la Corte Constitucional ha protegido a aquellos trabajadores que, aunque
no han sido calificados como discapacitados, en el transcurso de vida laboral han sufrido de
accidentes o enfermedades que diminuyen su capacidad laboral. En la Sentencia SU-256 de
1996 5 la Corte conoció de una tutela interpuesta por un portador de VIH a quien el empleador,
al haber conocido su estado de salud, despidió, supuestamente, sin justa causa y luego
indemnizó en los términos pactados por las partes en una conciliación, la cual fue cuestionada
por el accionante con posterioridad. La Corte concedió la tutela al encontrar que no se trataba
de un despido “sin justa causa” sino fruto de la discriminación de la empresa por el hecho de
que el empleado era portador. La Corte encontró que a pesar de que la desvinculación se
había dado como fruto de la discriminación, en el caso concreto el reintegro laboral no era la
opción más favorable para el empleado, puesto que se podían presentar posteriores
discriminaciones en el ámbito laboral debido al conocimiento del estado de portador de VIH.
3 M.P. Álvaro Tafur Galvis
4 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta oportunidad la Corte estudió el caso de una persona inválida que fue declarada
insubsistente, mediante un acto administrativo sin motivación.
5 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

No obstante, como sí se había sufrido un daño en virtud de la desvinculación procedió a
decretar la indemnización derivada de la vulneración de los derechos fundamentales.
De otra parte, la Sentencia T-1040 de 2001 6 estableció que existe una
obligación de los empleadores de reubicar a los trabajadores que, durante el
transcurso del contrato de trabajo sufren disminuciones de su capacidad física
Pero es esta misma providencia-T-1040/01 7 -, en la cual la Corte Constitucional dejó sentada
su posición frente al tema de la calificación de la discapacidad. En ella se dijo que aquellos
trabajadores que sufren una disminución en su estado de salud durante el transcurso del
contrato laboral, deben ser consideradas como personas que se encuentran en situación de
debilidad manifiesta, razón por la cual frente a ellas también procede la llamada estabilidad
laboral reforzada, por la aplicación inmediata de la Constitución. Lo anterior, a pesar de que
no hayan sido calificados como discapacitados. El fallo referido señaló:
En materia laboral, la protección especial de quienes por su condición
física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también
a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de
salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus
labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una
calificación previa que acredite su condición de
discapacitados.”(Subrayado fuera del texto)
Como consecuencia de lo anterior, la Corte ordenó el reintegro de la trabajadora,
considerando ineficaz su despido, aplicando de esta manera la protección laboral reforzada
establecida en la Ley 361 de 1997.
• “En la actualidad el ordenamiento jurídico colombiano distingue entre
trabajadores discapacitados calificados como tales por las normas legales,
frente a los trabajadores que sufren una disminución en su condición física
durante la ejecución del contrato de trabajo, quienes a partir de los dispuesto
en el artículo 13 Superior, exigen una protección especial por parte del
Estado dada su situación de debilidad manifiesta.
• “El alcance y los mecanismos legales de protección - en cada caso - son
distintos, en primer lugar, porque la Ley 361 de 1997, en su artículo 26,
consagra un sistema de estabilidad laboral reforzada 8 y, en segundo término,
porque la protección de los trabajadores en situación de debilidad manifiesta
se deriva de la aplicación inmediata de la Constitución junto con algunas
normas de rango legal que constituyen el denominado sistema normativo
integrado 9 .
6 M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esta oportunidad la Corte amparó el derecho de una trabajadora que no sólo solicitaba la
reubicación laboral, sino la capacitación para realizar las nuevas funciones.
7 M.P. Rodrigo Escobar Gil
8 Dicha norma dispone que: “ARTÍCULO 26. En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para
obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e
insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato
terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del
requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario,
sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.
9 En efecto, en Sentencia SU-480 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), esta Corporación manifestó que: “La
realización del servicio público de la Seguridad Social (art. 48) tiene como sustento un sistema normativo integrado no
solamente por los artículos de la Constitución sino también por el conjunto de reglas en cuanto no sean contrarias a la
Carta. Todas esas normas contribuyen a la realización del derecho prestacional como status activo del Estado. Es decir, el
derecho abstracto se concreta con reglas y con procedimientos prácticos que lo tornan efectivo. Lo anterior significa que si
se parte de la base de que la seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales de la igualdad material y el
Estado social de derecho, se entiende que las reglas expresadas en leyes, decretos, resoluciones y acuerdos no están para

Puede entonces observarse que cuando un trabajador sufre una disminución en su estado de
salud, el empleador está en la obligación de proceder a su reubicación. Pero por otro lado,
cuando ha decidido desvincularlo, debe cumplir con el procedimiento establecido en la Ley
361 de 1997 y en consecuencia, debe mediar autorización de la oficina de Trabajo. De lo
contrario, se presume que su despido fue hecho a causa y con ocasión de su enfermedad.
La Sala Sexta de Revisión estudiará los hechos presentados alrededor del despido del señor
Eduar Salamanca Hoyos, con el fin de concluir si éste puede ser sujeto de la estabilidad
laboral reforzada, y en consecuencia, objeto de la protección constitucional a través de la
acción de amparo.
Se tiene entonces que pese a que el accionante no ha sido calificado como discapacitado, ha
sufrido una enfermedad que ha afectado su desempeño laboral. Pese a lo anterior, el
empleador no ha cumplido su deber de reubicación, y por el contrario procedió a despedirlo
sin junta causa.
Por todo lo anterior, el señor Eduar Salamanca Hoyos resulta ser beneficiario de la protección
laboral reforzada establecida en el Ley 361 de 1997, al encontrar en un estado de debilidad
manifiesta frente a su empleador.
Debe tenerse en cuenta que el despido del señor Eduar Salamanca Hoyos fue producido bajo
el amparo de la supuesta facultad legal del patrono de despedir sin justa causa y con el pago
de indemnización a su trabajadores, tal y como lo manifestó la Compañía accionada en su
escrito de contestación. Pero también se señaló que el accionante estaba generando un mal
ambiente de trabajo. Sin embargo, no se aporta prueba alguna de su dicho ni de llamados de
atención hechos al accionante, ni muchos menos de la autorización de despido proferida por
el Ministerio de Trabajo.
En consecuencia, tal y como se señaló en la parte motiva de esta providencia, cuando se
despide, sin justa causa, a un trabajador que ha visto disminuida su capacidad laboral, se
presume que el despido fue producto de su enfermedad. En el caso en estudio, tal presunción
no fue desvirtuada por Papeles del Cauca. Pero por otro lado, se recuerda, que en estos
casos resulta imprescindible la autorización del Ministerio de Trabajo.
En consecuencia, se adoptarán las medidas tomadas por esta Corporación en la Sentencia T-
198 de 2006 10 , en la cual la Corte Constitucional estudió un caso similar al ahora presentado.
En dicha oportunidad, un trabajador que padecía de túnel carpiano, fue despedido sin justa
cusa y con pago de indemnización de la Empresa en que laboraba, sin la autorización
respectiva del Ministerio de Trabajo.
En consecuencia, se declarará ineficaz el despido del señor Eduar Salamanca Hoyos al no
cumplirse todos los requisitos legales, y por tanto, se ordenará sin solución de continuidad, su
reintegro a un cargo en el que desarrolle funciones acordes con sus condiciones de salud, que
deberá ser evaluado por los médicos de salud ocupacional de la Papeles del Cauca S.A.
Frente a la indemnización establecida en la Ley 361 de 1997, por el despido sin autorización
del Ministerio del Trabajo del señor Eduar Salamanca Hoyos, equivalente a ciento ochenta
días del salario, ésta debe perseguirse por la vías ordinarias, no siendo competente el juez de
tutela para ordenarla.
restringir el derecho (salvo que limitaciones legales no afecten el núcleo esencial del derecho), sino para el desarrollo
normativo orientado hacia la optimización del mismo, a fin de que esos derechos constitucionales sean eficientes en gran
medida. Es por ello que, para dar la orden con la cual finaliza toda acción de tutela que tenga que ver con la salud es
indispensable tener en cuenta esas reglas normativas que el legislador desarrolló en la Ley 100/93, libro II y en los decretos,
resoluciones y acuerdos pertinentes. Lo importante es visualizar que la unidad de los principios y las reglas globalizan e
informan el sistema y esto debe ser tenido en cuenta por el juez de tutela”.
10 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

Así mismo, con respecto a la indemnización ya recibida por el accionante en virtud del
despido sin justa causa, la Sala ordenará su compensación del monto de los salarios y
prestaciones laborales dejados de percibir por el accionante desde el momento de su
despido.
De otra parte, debe tenerse en cuenta que al ser el reintegro sin solución de continuidad
deberán pagarse de manera retroactiva los aportes respectivos a salud, pensiones y riesgos
profesionales.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali,
el día 22 de noviembre de 2006, mediante la cual se confirmó la providencia proferida por el
Juzgado Quince Civil Municipal de Cali, el día 18 de octubre de 2006, y, en su lugar,
CONCEDER la tutela a los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, manifestada en
la especial protección a los discapacitados, del señor Eduar Salamanca Hoyos.
TERCERO: ORDENAR a Papeles del Cauca S.A. que reintegre, sin solución de continuidad,
y con el pago retroactivo de todas sus prestaciones sociales, al señor Eduar Salamanca
Hoyos a un cargo en el que desarrolle funciones acordes con sus condiciones de salud, que
deberá ser evaluado por los médicos de salud ocupacional de la Empresa. Del valor de los
salarios y demás prestaciones dejadas de percibir por el demandante se deberá compensar el
monto de la indemnización recibida por él como consecuencia del despido, de acuerdo a lo
señalado en la parte motiva.