Habeas Corpus - Campus Virtual Escuela Judicial Rodrigo Lara ...

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Sala Administrativa
ESCUELA JUDICIAL
“RODRIGO LARA BONILLA”
HÁBEAS CORPUS
GARANTÍA DE LIBERTAD
AUTOR:
Jhon Jairo Cardona Castaño
Magistrado Sala Penal Tribunal Superior de Armenia
Módulo de Aprendizaje Autodirigido
Plan de Formación de la Rama Judicial 2009

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
Presidente
RICARDO HERNANDO MONROY CHURCH
Vicepresidente
JESAEL ANTONIO GIRALDO CASTAÑO
HERNANDO TORRES CORREDOR
FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ
JOSÉ ALFREDO ESCOBAR ARAÚJO
Magistrados
ESCUELA JUDICIAL
“RODRIGO LARA BONILLA”
GLADYS VIRGINIA GUEVARA PUENTES
Directora
ALEJANDRO PASTRANA ORTIZ
Coordinador Académicos del Área Civil

TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
OBJETIVOS GENERALES
1. NOCIONES GENERALES
2. FORMAS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
2.1. Privación de la libertad por orden judicial
2.1.1. Privación de la libertad por orden de Juezas y Jueces
2.1.2. Captura por orden de Fiscalas y Fiscales
2.1.3. Captura por orden de la Corte Penal Internacional
2.2. Captura en flagrancia
2.3. Captura por autoridades administrativas
2.4. Control de legalidad de la captura
3. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS
4. COMPETENCIA

5. LEGITIMACIÓN PARA ACTUAR E INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN
6. TRÁMITE
7. DECISIÓN
Bibliografía
LEY ESTATUTARIA DE HÁBEAS CORPUS

PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
La ley estatutaria 1095 de 2006 reglamentó el ejercicio de la acción de hábeas
corpus y, siguiendo lineamientos trazados por la Corte Constitucional, atribuyó
competencia para tramitarla a todas las Juezas y Jueces, independientemente de
su especialidad, por tratarse de un mecanismo constitucional de protección del
derecho fundamental a la libertad. Ya no son las funcionarias y los funcionarios
del área penal los encargados de manera exclusiva de adelantar estas
actuaciones y tomar las decisiones.
Esta situación impone la necesidad de retomar los conceptos básicos sobre el
hábeas corpus y proponer elementos de juicio que permitan a las servidoras y los
servidores judiciales afrontar con idoneidad esta actividad, novedosa para
quienes no han laborado en el área penal.
En el presente trabajo se recuerdan nociones sustantivas sobre la acción
mencionada, se exponen los principales aspectos del procedimiento a seguir y se
explican algunas situaciones puntuales (a manera de casuística, no exhaustiva)
que de manera cotidiana deben enfrentarse en el desarrollo de la actuación,
todo con la orientación de los criterios señalados por la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.
El contenido de este documento está fundado en el respeto por los Derechos
Humanos y especialmente por el derecho a la libertad personal, como condición
fundamental para el ejercicio de los demás derechos, de conformidad con los
postulados de la Constitución Política y de los tratados internacionales que
conforman el bloque de constitucionalidad.
La exposición no pretende imponer criterios interpretativos, sino presentar
elementos de raciocinio útiles para que cada funcionaria y funcionario judiciales
puedan tomar sus propias posiciones, con lo que se respetan su autonomía y su
independencia.
Los módulos “Bloque de constitucionalidad, Derechos humanos y Proceso penal”,
“Derechos humanos y derecho internacional humanitario”, “Reflexiones sobre el
nuevo sistema procesal penal”, “El control de garantías como construcción de
una función jurisdiccional” y “Captura y medidas de aseguramiento, el régimen
de libertad en la nueva estructura procesal penal de Colombia”, publicados por
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, han servido como fundamentos para
apartes de este trabajo y deben ser consultados por las funcionarias y
funcionarios judiciales para contar con un completo panorama teórico sobre el
tema tratado.

OBJETIVOS GENERALES
• Recordar las nociones básicas de la institución jurídica de hábeas corpus,
su naturaleza y finalidad.
• Analizar los eventos de procedencia de la acción de hábeas corpus y su
relación con los procedimientos judiciales ordinarios y con otros
mecanismos de defensa de derechos.
• Aplicar las reglas consagradas en la ley estatutaria de hábeas corpus frente
a situaciones de ocurrencia cotidiana.
• Motivar la profundización del conocimiento sobre la acción-derecho de
hábeas corpus.

1. NOCIONES GENERALES
El hábeas corpus es una institución jurídica de protección al derecho a la libertad
personal, por medio de la cual se busca evitar que el mismo sea vulnerado de
manera arbitraria y hacer cesar sus violaciones por parte de las autoridades.
La consagración del hábeas corpus es amplia en los tratados internacionales
sobre derechos humanos, como consecuencia de una tradición jurídica
centenaria. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo
9, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7,
establecen el derecho de toda persona privada de la libertad de recurrir ante un
tribunal para que éste decida sobre la legalidad de su detención y ordene su
libertad si la prisión fuere ilegal, decisión que debe ser tomada en un lapso
breve.
El artículo 30 de la Constitución Política prevé que “quien estuviere privado de
su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante
cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona,
el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36)
horas”.
El Constituyente declaró, además, que el hábeas corpus es un derecho de
aplicación inmediata (artículo 85 Constitución Política), de donde surge que su
efectividad no depende de reglamentación alguna, y el artículo 4° de la ley 137
de 1994, en aplicación del artículo 27 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, prevé que en los estados de excepción el derecho al hábeas
corpus es intangible.
El hábeas corpus tiene la doble condición de derecho fundamental y de acción.
La Constitución Política declara expresamente la condición de derecho
fundamental del hábeas corpus (artículos 30, 85) y también le asigna la
naturaleza de acción, al disponer que cualquier persona puede acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo ese derecho a favor de quien se encuentre
en situaciones de vulneración.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en sentencias C-620 de 2001 y C-187
de 2006, entre otras, ha destacado que, al proteger el derecho a la libertad, el
hábeas corpus también sirve como garantía de otros derechos de quienes se ven
sometidos al poder del Estado, que con la privación de la libertad también se
pueden vulnerar, por ejemplo, la vida, la integridad personal, la prohibición de
tratos crueles, inhumanos y degradantes, la prohibición de desaparición forzada
y la dignidad humana. Por ello, en el trámite de la acción de hábeas corpus no

sólo se verifica la legalidad formal de la detención, sino también las condiciones
materiales que la rodean.
De esta interpretación constitucional, precisada especialmente en la sentencia C-
187 de 2006, surge que en Colombia se aplican dos clases de hábeas corpus: El
correctivo y el reparador.
El hábeas corpus correctivo se emplea como mecanismo para proteger los
derechos a no ser desaparecido, a la vida, a la integridad personal de quien se
encuentre detenido. Procede cuando una persona está privada de su libertad
con el cumplimiento de los requisitos formales, pero las condiciones de su
reclusión conllevan amenaza seria o violación de los mencionados derechos. En
estos casos, la Jueza o el Juez, al encontrar acreditada tal situación, debe tomar
medidas orientadas a corregirla, las cuales son diferentes a la orden de libertad.
El hábeas corpus reparador, que es el más común, protege directamente el
derecho a la libertad personal, restableciéndolo cuando el individuo ha sido
privado de ella de manera ilícita o la detención se prolonga de manera indebida.
Acreditada una de estas situaciones, debe disponerse la liberación del detenido,
como medida de reparación.
Este trabajo se referirá a esta última forma de hábeas corpus, teniendo en
cuenta que es la más usual.
Pero también ha insistido el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional en
la autonomía del derecho fundamental al hábeas corpus, el cual se diferencia de
aquellos que resultan protegidos con su ejercicio. En sentencia T-046 de 1993,
analizó el núcleo esencial del derecho al hábeas corpus, el cual está conformado
por la posibilidad de su ejercicio (sin restricciones), la evaluación por una jueza o
un juez de la situación jurídica que origina la privación de la libertad, su
concesión cuando es procedente y el cumplimiento efectivo de la decisión
favorable al solicitante por parte de las autoridades, quienes no pueden tomar
medidas para impedir la libertad de la persona.
Actualmente, el ejercicio de la acción de hábeas corpus está reglamentado en la
ley estatutaria 1095 de 2006, cuya constitucionalidad fue revisada por medio de
la sentencia C-187 de 2006, norma que señala, en su artículo 1, que “el Hábeas
Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que
tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación
de las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolongue ilegalmente” y
reitera que este derecho-acción no podrá suspenderse aun en los estados de
excepción.
De acuerdo con los artículos 30 de la Constitución Política y 1º de la ley
estatutaria 1095 de 2006, son dos los eventos generales objetos de esta acción:

la privación inconstitucional o ilegal de la libertad y la prolongación
inconstitucional o ilegal de la detención.
La Norma superior determina los parámetros básicos para que se entienda
cuándo es legítima la privación de la libertad de una persona y en qué plazo debe
ser presentada ante la autoridad judicial (artículos 28, 32). La ley, al
reglamentar el debido proceso (artículo 29 Constitución Política), señala las
condiciones para que la privación de la libertad pueda mantenerse y los plazos
razonables para que se produzcan los pronunciamientos judiciales definitivos. El
legislador, al establecer las sanciones privativas de la libertad, fija su duración
máxima y los lineamientos para determinarla en cada caso concreto. Cuando la
aprehensión de una persona se produce con desconocimiento de alguno de los
requisitos señalados por la Constitución y por la ley o cuando, a pesar de
haberlos observado, la retención se prolonga más allá de los plazos razonables
establecidos expresamente en las normas, procede la acción de hábeas corpus
para que se restablezca el derecho a la libertad personal (cfr. Corte
Constitucional, sentencias T-046 de 1993, T-839 de 2002 y C-1081 de 2004).
Corresponde, por tanto, a la jueza o al juez que conoce de esta acción
constitucional, verificar objetivamente tales situaciones y, de ser procedente,
ordenar la libertad inmediata de la persona que haya estado sometida a dichas
violaciones.

2. FORMAS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
Para proteger el derecho fundamental a la libertad frente a los posibles abusos
del poder estatal, el Constituyente consagró de manera expresa en la
Constitución Política las directrices que orientan la acción del Estado para poder
disponer la detención de las personas.
En el artículo 28 se señala la regla general: nadie puede ser reducido a prisión o
arresto, ni detenido, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en
la ley. Por ello, en caso de privación de la libertad por orden judicial, quien
conoce de la acción de hábeas corpus debe establecer si se cumplen los
requisitos exigidos por la Norma superior: la existencia de un mandamiento de
autoridad judicial competente (reserva judicial), que ese mandamiento sea
escrito, la observancia de las formalidades legales (debido proceso, artículo 29
Constitución Política) y la preexistencia de un motivo definido en la ley (principio
de legalidad).
La excepción a esa regla general está constituida por la captura en flagrancia,
prevista en el artículo 32 constitucional. En este caso, el juez o la jueza a quien
corresponda decidir sobre la acción de hábeas corpus debe examinar si se
observaron los requisitos que la ley procesal penal establece para que proceda
esta forma de aprehensión.
Se discute actualmente sobre la vigencia de la captura administrativa o
detención preventiva administrativa, figura jurídica deducida
jurisprudencialmente por la Corte Constitucional en la sentencia C-024 de 1994,
con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política, como otra
excepción a la regla general que exige orden judicial escrita para la privación de
la libertad de las personas.
A continuación, se hará un breve análisis de estas figuras.
Privación de la libertad por orden judicial
El artículo 116 de la Constitución Política establece los organismos que
administran justicia en Colombia: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía
General de la Nación, la Justicia Penal Militar, los Tribunales y los Jueces,
además del Congreso.
Un primer análisis de la norma constitucional podría llevar a concluir que para
ordenar la privación de la libertad de las personas sólo están facultados los

funcionarios o funcionarias que ejercen funciones en la especialidad penal. Sin
embargo, no puede olvidarse que la ley atribuye a todas las autoridades
judiciales determinadas facultades que les permiten disponer capturas para
variados efectos, obviamente, con observancia del debido proceso. Así, por
ejemplo, todos los jueces y juezas pueden sancionar con arresto a quienes
cometan algunas faltas y pueden ordenar la conducción de personas como
testigos en los procesos, eventos en los cuales se producen verdaderas
aprehensiones que pueden llegar a ser revisadas por medio de la acción de
hábeas corpus.
Pero también existe la posibilidad que organismos internacionales, como la Corte
Penal Internacional, cuya competencia ha sido aceptada por Colombia, puedan
disponer capturas de personas que se hallen en nuestro territorio, eventualidad
que no puede quedar por fuera de la posibilidad de ejercer el derecho
fundamental de hábeas corpus.
Privación de la libertad por orden de Juezas y Jueces
La gran mayoría de las privaciones de libertad ordenadas por las Juezas y los
Jueces tiene que ver con la comisión de delitos.
En la actualidad coexisten dos regímenes procesales penales, establecidos por la
ley 600 de 2000 (con tendencia inquisitiva) y por la ley 906 de 2004 (sistema
acusatorio), los cuales se aplican de acuerdo con la fecha de comisión de los
respectivos delitos. Estas normas fijan el debido proceso necesario para que
puedan ordenarse capturas.
Es importante destacar que la investigación y juzgamiento de los miembros del
Congreso, competencia de la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia,
continúa tramitándose por la ley 600 de 2000, por expresa disposición del
artículo 533 de la ley 906 de 2004.
Es indispensable recordar que en el sistema procesal penal regido por la ley 600
de 2000, la privación de la libertad de las personas puede ser ordenada por la
Fiscalía durante la investigación y por los Jueces en las fases de juzgamiento y de
ejecución de las sanciones, mientras que en el sistema acusatorio únicamente los
Jueces (de control de garantías, de conocimiento y de ejecución de penas)
tienen poder para decretar capturas y los Fiscales sólo pueden hacerlo en casos
excepcionales, claramente delimitados.
En el régimen de la ley 600 de 2000, la legalización de la captura ordenada por
escrito se cumple por parte de la misma autoridad que la emitió, con la
expedición de mandamiento de reclusión de la persona aprehendida, previa
verificación de la vigencia de la medida judicial que dispuso la privación de la
libertad (artículos 351 y siguientes). La misma autoridad liberará al detenido, en

caso de establecer que la captura se produjo o prolongó con violación de las
garantías constitucionales o legales (artículo 353). Este mecanismo no impide que
se ejercite la acción de hábeas corpus, la cual se puede intentar de manera
independiente.
En el procedimiento regulado por la ley 906 de 2004, antes de que se emita el
sentido del fallo por parte de la Jueza o el Juez de conocimiento, sólo las Juezas
y los Jueces de Control de Garantías pueden ordenar capturas, previa solicitud de
la Fiscalía (numeral 1 del artículo 250 de la Constitución Política, artículos 39,
297, 299 y parágrafo del artículo 298 de la ley 906 de 2004). La orden de captura
tiene vigencia de seis (6) meses, prorrogable cuantas veces sea necesario, a
petición de la Fiscalía (artículo 298). Una vez se produzca la aprehensión, la
persona capturada debe ser puesta a disposición de la Fiscalía para que solicite
ante la Juez o el Juez de Control de Garantías que decida sobre la legalidad de
esa detención; si se concluye que hubo violación de garantías constitucionales o
legales, se dispondrá la libertad inmediata del afectado.
Excepcionalmente, la captura puede ser ordenada por la Fiscalía (tema que se
tratará en el siguiente acápite), pero el control de legalidad de la aprehensión
siempre debe ser realizado por la Jueza o por el Juez de control de garantías.
A partir de la emisión del sentido del fallo, la orden de captura es emitida por la
Juez o el Juez de conocimiento (artículos 299, 446 y 450 de la ley 906 de 2004).
Ejecutoriada la sentencia condenatoria, las decisiones sobre privación de la
libertad son tomadas por la Jueza o el Juez de Ejecución de Penas y medidas de
seguridad (artículos 459 y siguientes). En estos eventos, como se trata de
decisiones que tienen como finalidad asegurar la efectividad de la pena de
prisión que se imponga, la legalización de la aprehensión es realizada por la
funcionaria o funcionario que la emitió, librando la orden de reclusión en
establecimiento carcelario o penitenciario, previa verificación de la vigencia de
la decisión que dispuso la detención.
El Código de la Infancia y de la Adolescencia (ley 1098 de 2006) regula el sistema
de responsabilidad penal para adolescentes. Esta normativa ordena en su
artículo 144 que se aplique el procedimiento de la ley 906 de 2004 y en sus
artículos 94, 160 y siguientes, 181, 187 y siguientes fija los lineamientos relativos
a la privación de la libertad de los adolescentes autores o partícipes de delitos.
Debe destacarse que el artículo 94 del mencionado Código prohíbe la utilización
de esposas o cualquier otro medio que atente contra la dignidad de los niños,
niñas o adolescentes, al igual que el uso de armas para impedir o conjurar su
evasión, salvo, en este último caso, cuando sea necesario para proteger la
integridad de quien lo conduce, ante la amenaza de un peligro grave e
inminente. De tal mandato se infiere que su desconocimiento es una vulneración
de las formalidades legales para la aprehensión de niños, niñas y adolescentes,

situación que podría ser solucionada por medio del hábeas corpus (artículos 28 y
30 de la Constitución Política).
El examen de legalidad de la captura por parte de las Juezas y los Jueces de
control de garantías, de conocimiento y de ejecución de penas tampoco impide
la posibilidad de acudir a la acción de hábeas corpus.
Los módulos “Captura y medidas de aseguramiento: el régimen de libertad en la
nueva estructura procesal penal de Colombia” y “El control de garantías como
construcción de una función jurisdiccional”, publicados por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, contienen una amplia información sobre este tema.
Como es apenas obvio, las privaciones de la libertad ejecutadas en cumplimiento
de las funciones de la Justicia Penal Militar también están sujetas a la revisión
por medio de la acción constitucional de hábeas corpus, ejercida ante cualquier
Jueza o Juez. Así lo reitera el artículo 200 del Código Penal Militar (ley 522 de
1999, modificada por la ley 1058 de 2006).
El Código Penal militar, en sus artículos 511 y siguientes, establece las reglas
sobre captura, dispone que su legalización se realiza por la funcionaria o
funcionario que la haya emitido, expidiendo la orden de reclusión (artículo 514),
y reitera que cuando se acredite que la privación de la libertad se produjo o se
prolongó ilícitamente, se debe ordenar la inmediata liberación del aprehendido
(artículo 517).
En este punto se hace necesario advertir que los directores de los
establecimientos carcelarios tienen la obligación de requerir a las autoridades
judiciales para que expidan las órdenes de reclusión pertinentes, cuando reciban
personas capturadas, y deben dejarlas en libertad si no reciben el mandamiento
de encarcelamiento dentro de las 36 horas siguientes al ingreso del detenido,
tratándose de asuntos sometidos al trámite del sistema acusatorio (artículos 304
de la ley 906 de 2004) y de las 12 horas subsiguientes a la entrada del
capturado, si se refiere a situaciones regidas por la ley 600 de 2000 (artículo
358).
Además de la privación de la libertad por la comisión de delitos, el legislador ha
establecido la posibilidad que las Juezas y los Jueces puedan ordenar la
detención de las personas por otras razones.
La ley 294 de 1996 (modificada por la ley 575 de 2000) establece el trámite que
deben adelantar los Comisarios de Familia (y, en su defecto, los Juzgados civiles
o promiscuos municipales) para tomar medidas de protección a favor de
quienes sean víctimas de violencia intrafamiliar, sin perjuicio de la acción
penal a que hubiere lugar. El artículo 17 prevé que las Juezas y los Jueces civiles
o promiscuos municipales pueden ordenar el arresto del agresor, cuando éste

incumple alguna medida de protección (artículo 7), previo trámite de descargos y
probatorio surtido ante el Comisario de Familia.
Diversas normas también facultan a las Juezas y los Jueces para disponer la
privación de la libertad de las personas, al hacer efectivos sus poderes
correccionales.
El ordinal 2º del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil prevé sanción de
arresto para quien les falte al debido respeto, en el ejercicio de sus funciones o
por razón de ellas. Los artículo 144 de la ley 600 de 2000 y 143 de la ley 906 de
2004 les otorga poderes para sancionar con arresto a quienes les falten al debido
respeto en el ejercicio de de sus funciones o por razón de ellas, o desobedezcan
las órdenes que den en ejercicio de las mismas, o impidan u obstaculicen la
realización de cualquier diligencia durante la actuación procesal, y los artículos
279 de la ley 600 y 384 de la ley 906 disponen la imposición de sanción de arresto
para el testigo que se niegue a declarar en el juicio.
De manera similar, las Juezas y los Jueces pueden imponer sanciones de arresto
por desacato de sentencias emitidas en trámites de acciones
constitucionales, como sucede en los trámites de las acciones de tutela
(artículo 52 del decreto 2591 de 1991) y populares (artículo 41 de la ley 472 de
1998).
El ejercicio de estos poderes disciplinarios, como puede observarse, conlleva la
privación de la libertad de los sancionados, la que puede ser controlada por
medio de la acción de hábeas corpus, cuando la persona aprehendida considere
que se dan los presupuestos constitucionales para su procedencia. La jueza o el
juez que conozcan de la acción mencionada, deberán establecer si la orden de
detención fue emitida por escrito, por autoridad judicial competente, por
motivos previamente definidos en la ley y con cumplimiento del debido proceso,
que exige que se dé oportunidad al sancionado de ejercer su derecho de defensa
y que se practiquen pruebas sobre los hechos, como lo declara el artículo 29 de
la Constitución Política.
Otro caso en el que puede privarse de la libertad a una persona por orden
judicial, es el de la conducción de testigos, autorizada en los artículos 225,
ordinal 3º, del Código de Procedimiento Civil, 279 de la ley 600 de 2000 y 384 de
la ley 906 de 2004. La denominación que se da a esta figura (conducción) no
puede servir para soslayar el hecho que se trata de una verdadera privación de la
libertad, ya que el testigo es llevado por la policía, contra su voluntad, ante el
juzgado, sin que le sea permitido desplazarse a su antojo hacia otro lugar, ni
negarse a ser trasladado hasta allí. La ley 906 de 2004 es más precisa al
respecto, cuando dice que se ordenará la aprehensión del testigo y su conducción
a la sede de la audiencia.

En este caso, la persona detenida tiene derecho a ejercitar, personalmente o por
medio de otra, la acción de hábeas corpus, para que se revise si su aprehensión
se llevó a cabo con observancia de los requisitos constitucionales y legales.
Captura por orden de Fiscalas y Fiscales
La Fiscalía General de la Nación también administra justicia. Así lo pregona
claramente el artículo 116 de la Constitución Política y lo reitera la ubicación
que de esa institución hizo el constituyente en el título VIII, como integrante de
la Rama Judicial. Por ello, cumple con funciones judiciales delimitadas en la
misma Carta superior (artículos 250 y 251) y desarrolladas en las leyes de
procedimiento penal.
Ya se anotó que en el régimen procesal penal de la ley 600 de 2000, vigente
aún, la Fiscalía, en cumplimiento de su actividad de investigación, puede ordenar
la captura de las personas involucradas como presuntas autoras o partícipes de
delitos.
Los artículos 350 y siguientes de la ley 600 de 2000 contienen los requisitos
formales y materiales que deben cumplirse para que la Fiscalía expida orden
escrita de captura para vinculación del imputado al proceso (art 332) o para
hacer efectiva la medida de aseguramiento de detención preventiva, impuesta
por el mismo funcionario (artículos 355 siguientes). La Fiscalía, en estos casos,
realiza el control de legalidad de la captura, librando mandamiento escrito para
la reclusión de la persona aprehendida, previo análisis de la vigencia de la
resolución judicial que la dispuso y del cumplimiento de los requisitos legales
para su ejecución. Si se concluye que la captura se produjo o prolongó con
violación de las garantías constitucionales o legales se ordenará la libertad
inmediata del aprehendido (artículo 353). La existencia de este mecanismo no
impide que se ejercite la acción de hábeas corpus.
Pero en el proceso de la ley 906 de 2004 (sistema acusatorio) la Fiscalía, por
regla general, no puede ordenar capturas, ya que esta facultad sólo compete a
las Juezas y los Jueces. Sólo excepcionalmente, pueden un Fiscal o una Fiscala
disponer una captura, como lo señala el inciso tercero del numeral 1 del artículo
250 de la Constitución Política.
El artículo 300 de la ley 906 de 2004, cuyo contenido actual corresponde al
artículo 21 de la ley 1142 de 2007, reglamenta esa facultad excepcional, la cual
queda supeditada a la imposibilidad de encontrar una Jueza o un Juez de control
de garantías que puedan ordenarla y a otras estrictas condiciones señaladas
expresa y taxativamente en la norma. La Corte Constitucional se ha referido a la
constitucionalidad de esta facultad y de su regulación legal en sentencias C-730
de 2005, C-1001 de 2005, C-185 de 2008 y C-226 de 2008. La vigencia de la
orden expedida por la Fiscalía (que, como lo dispone la Constitución, tiene que

ser escrita) queda supeditada a la posibilidad de acceso a un Juzgado de control
de garantías que pueda proferirla. Si se hace efectiva la captura, la persona
debe ponerse a disposición del Juzgado de control de garantías para la revisión
de legalidad de la orden y de la aprehensión.
También compete a la Fiscalía ordenar la captura de la persona requerida en
extradición, o por nota diplomática (aún antes de solicitarse la extradición),
facultad que sólo tiene la Fiscala o el Fiscal General de la Nación, como lo prevé
el artículo 509 de la ley 906 de 2004. Sobre este tema se pronunció la Corte
Constitucional en sentencias C-700 de 2000 y C-1106 de 2000, en vigencia de
anterior ordenamiento procesal penal que regulaba esta eventualidad en los
mismos términos de la norma actual.
En estas situaciones, quien conozca de la acción de hábeas corpus debe analizar
si, de acuerdo con el procedimiento penal aplicable, la Fiscalía es o no
competente para expedir la orden de captura; en caso positivo, si esta fue
escrita y si se observaron las formalidades legales para su emisión; igualmente, si
la aprehensión se legalizó o no en debida forma.
No puede discutirse, por medio de la acción de hábeas corpus, la legalidad de la
decisión judicial tomada por el país requirente (Corte Suprema de Justicia, Sala
Penal, providencia de mayo 12 de 2008, radicación 29758).
Captura por orden de la Corte Penal Internacional
Con fundamento en el artículo 1º del acto legislativo 02 de 2001, por medio de la
ley 472 de 2002, el Estado Colombiano incorporó en su ordenamiento interno el
Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma, vigente para
nuestro país desde noviembre primero de 2002. La Corte Constitucional decidió
sobre la constitucionalidad del tratado en sentencia C-578 de 2002.
El mencionado Estatuto establece mecanismos para la detención y entrega de las
personas procesadas, ordenada por la Corte (artículos 58 y siguientes, 89 y
siguientes), la cual corresponde al Estado donde se encuentren los requeridos.
La Corte Constitucional, en su sentencia C-578 de 2002, declaró que tal orden de
detención no da lugar a la presentación de la acción de hábeas corpus, porque,
explica,
“la orden de la Sala de Cuestiones Preliminares se convierte en una medida
legal de detención de alguien cuyas acciones han sido tomadas en cuenta para
efectos de su entrega a la Corte Penal Internacional en los términos y con las
garantías contenidas en el Estatuto. Por ello, no se podría aplicar a tales
medidas el mismo conjunto de requisitos de orden meramente legal exigido en
procedimientos nacionales internos. En otras palabras, en esta materia existen

ámbitos propios y separados según sea la autoridad que haya ordenado
originalmente la detención. No obstante, dicha separación no es absoluta. Cabe
subrayar que la detención de personas aludida se rige por el Estatuto y también
por el derecho interno en cuanto no sea incompatible con éste, en los términos
del artículo 93 del Estatuto”.
El Estatuto de Roma prevé en su artículo 59 un mecanismo de control de
legalidad de la captura, el cual se cumple con la presentación del detenido, sin
demora, ante la autoridad judicial competente del Estado donde se produce la
detención, para que determine si la orden le es aplicable, la detención se llevó a
cabo conforme a derecho; y se han respetado los derechos del detenido.
Pero, como el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la
improcedencia del hábeas corpus se refiere a la legalidad de la orden, debe
considerarse la posibilidad de la pertinencia de tal acción cuando se venzan los
plazos establecidos en el mismo Estatuto y en sus Reglas de Procedimiento y
Prueba, para la entrega del detenido a la Corte Penal Internacional, lo cual
podría constituirse una prolongación ilegal o inconstitucional de la privación de
la libertad, aspecto que se comentará más adelante en este trabajo.
Captura en flagrancia
El artículo 32 de la Constitución Política prevé la captura en flagrancia como
excepción a la regla general de la procedencia de la captura por mandamiento
escrito de autoridad judicial competente. La norma mencionada prevé que esta
forma de aprehensión sólo puede realizarse en relación con delitos, por cualquier
persona, y autoriza sólo a las autoridades a penetrar al domicilio del delincuente
así sorprendido, para retenerlo, cuando éste se refugiare en él, como
consecuencia de la persecución.
Los artículos 345 de la ley 600 de 2000, 301 de la ley 906 de 2004 y 509 del
Código Penal Militar consagran, de manera similar, el concepto de flagrancia.
Según estas normas, la flagrancia se presenta cuando la persona es sorprendida y
aprehendida al momento de cometer el delito, o es sorprendida o individualizada
al momento de cometer el delito y aprehendida inmediatamente después por
persecución o por voces de auxilio de quien presencie el hecho, o cuando la
persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los
cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o
participado en él.
Como se ve, el concepto legal de flagrancia incluye el sorprendimiento de una
persona, identificada o individualizada, al cometer un delito, o en circunstancias
que permitan inferir que lo acaba de cometer, y su captura inmediata.

La jurisprudencia de la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia,
reiterada en sentencia de noviembre 30 de 2006 (radicación 25136), ha
enseñado que para que se pueda predicar flagrancia es indispensable la
concurrencia de dos requisitos: “la actualidad, esto es la presencia de las
personas en el momento de la realización del hecho o momentos después,
percatándose de él y en segundo término la identificación o por lo menos
individualización del autor del hecho".
Como lo destaca la Corte Constitucional, en sentencia C-024 de 1994, lo que
justifica la excepción al principio constitucional de la reserva judicial para
ordenar la privación de la libertad en los casos de flagrancia es la inmediatez de
los hechos delictivos y la premura que debe tener la respuesta, que hace
imposible la obtención previa de la orden judicial.
Cuando la captura se produce momentos después de cometido el delito,
corresponde al funcionario o funcionaria judicial la valoración de la situación de
flagrancia, teniendo en cuenta las particulares circunstancias en cada caso
concreto.
Es importante destacar que este es el único caso en que la captura de una
persona puede ser realizada por un particular. En tal evento, el aprehendido
debe ser llevado de manera inmediata ante la autoridad de policía, la cual lo
pondrá a disposición de la Fiscalía para efectos del control de legalidad que debe
solicitar ante el Juzgado de control de garantías.
Si la Fiscalía observa que el delito por el que se captura no comporta detención
preventiva o que la aprehensión fue ilegal, debe ordenar la libertad del retenido,
de manera inmediata.
Al decidir sobre la acción de hábeas corpus, la Jueza o el Juez analizará si se
presentaron o no los supuestos de la flagrancia y si se procedió a la legalización
de la captura con las formalidades señaladas en el artículo 302 de la ley 906 de
2004.
Captura por autoridades administrativas
El artículo 28 de la Constitución Política consagra la reserva judicial como regla
general y estricta para ordenar las capturas de las personas. Por tanto, ninguna
autoridad administrativa puede disponer aprehensiones, salvo en cumplimiento
del mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Así lo ha expresado
de manera reiterada la Corte Constitucional, al revisar varias disposiciones que
permitían a autoridades administrativas disponer la retención de personas en
diversas situaciones:

En sentencia C-199 de 1998 declaró inconstitucional la facultad de la policía para
privar de la libertad a las personas que irrespetaran, amenazaran o provocaran a
funcionarios uniformados de la Policía.
En decisión C-189 de 1999 declaró inconstitucional la facultad de la policía para
arrestar a los conductores por violación a las normas de tránsito.
El fallo C-237 de 2005 declara contraria a la Constitución Política la norma que
permitía a la Policía capturar a las personas que no cumplieran una orden de
comparecencia ante el jefe de policía.
La posibilidad que la policía pudiera capturar personas por orden administrativa
fue declarada inexequible por medio de sentencia C-176 de 2007.
Pero la Corte Constitucional también ha concluido que algunas facultades de la
Policía, que implican una real privación de la libertad, sí se ajustan a la
Norma superior:
En la sentencia C-024 de 1994, declaró constitucional el artículo 70 del decreto
ley 1355 de 1970 que permite trasladar, aún por la fuerza, a un testigo de una
conducta punible y hasta capturarlo para obtener su testimonio. Estimó esa
Corporación que esa forma de proceder es consecuencia del deber ciudadano de
colaborar con la administración de justicia, consagrado en el numeral 7 del
artículo 95 de la Constitución Política y debe aplicarse cuando el testigo
renuente sea requerido para rendir declaración ante autoridades judiciales o
administrativas. Advirtió que esa retención tiene como finalidad llevar al
capturado inmediatamente ante la autoridad que lo requiera, con el fin que se le
reciba su testimonio o se le cite para ello; pero que, en todo caso, la detención
no podrá superar las doce (12) horas, como lo prevé el artículo 71 del decreto
1355 de 1970.
En el mismo fallo, se encontró ajustada a la Constitución Política la facultad
conferida a la Policía por el artículo 71 del decreto ley 1355 de 1970 para
realizar capturas momentáneas, con el fin de facilitar la aprehensión de
delincuentes solicitados por autoridad competente, detenciones que no
pueden ser superiores a 12 horas, en caso que se dificulte la identificación de las
personas, quienes deberán ser liberadas de manera inmediata, una vez se
acredite que no existen órdenes de captura en su contra.
En esa providencia Corte Constitucional también concluyó que la potestad
prevista en el artículo 82 del decreto ley 1355 de 1970, para que la Policía
aprehenda a enfermo mental peligroso o a enfermo contagioso también
concuerda con la Carta Superior, concretamente, con el principio de solidaridad
social (art. 95-2 Constitución Política) y con la protección a la vida e integridad
personal de los asociados (art. 11 de la Norma superior).

Este breve recuento permite comprender que, de acuerdo con la doctrina de la
Corte Constitucional, sí existen casos ajustados a la Constitución en que
autoridades administrativas, concretamente, de policía, pueden capturar a las
personas, aún sin la existencia de orden judicial previa.
Precisamente, en la sentencia que se viene comentando, la máxima autoridad de
la jurisdicción constitucional, al analizar el contenido del artículo 28 de la
Constitución Política, determinó que, además de la flagrancia, la Norma superior
consagra otra forma excepcional de captura sin orden judicial: la llamada
detención preventiva administrativa o gubernativa o captura
administrativa.
Esta forma de captura permite aprehender por un tiempo máximo estrictamente
determinado a un ciudadano con el fin de verificar ciertos hechos, de acuerdo
con los siguientes requisitos señalados en la jurisprudencia constitucional:
La detención administrativa tiene que basarse en razones objetivas, en
motivos fundados; es decir, “un conjunto articulado de hechos que permitan
inferir de manera objetiva que la persona que va a ser aprehendida es
probablemente autora de una infracción o partícipe de ella”.
Debe ser necesaria; “operar en situaciones de apremio en las cuáles no
pueda exigirse la orden judicial, porque si la autoridad policial tuviera que
esperar a ella para actuar, ya probablemente la orden resultaría ineficaz.”
Esta forma de detención preventiva “tiene como único objeto verificar de
manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la
aprehensión o la identidad de la persona y, si es el caso, poner a disposición de
las autoridades judiciales competentes a la persona aprehendida para que se
investigue su conducta.”.
“La detención preventiva tiene un límite máximo que no puede en ningún
caso ser sobrepasado: antes de 36 horas la persona debe ser liberada o puesta a
disposición de la autoridad judicial competente.”
La captura debe ser proporcionada, atendiendo la gravedad del hecho.
No puede utilizarse la captura administrativa para prácticas
discriminatorias contra algunos sectores de la sociedad.
La inviolabilidad de domicilio tiene estricta reserva judicial
Deben respetarse y hacerse efectivos todos los derechos de la persona
capturada.

La Corte Constitucional reiteró que, “como es obvio, para estos casos se
aplica plenamente el derecho de Habeas Corpus”.
Desde hace varios años se discute si la captura administrativa o detención
preventiva administrativa está o no vigente en el ordenamiento jurídico
colombiano. Argumentos muy válidos sustentan las posiciones de quienes
afirman su vigencia y de quienes la niegan. A continuación, con el fin que cada
uno de los lectores forme su propio juicio, se presentan algunas de las razones:
Quienes aseguran que la captura administrativa todavía rige, sostienen que esta
figura fue deducida directamente de la Constitución, como una forma de
interpretar el artículo 28 superior por parte de la máxima autoridad encargada
de la defensa de la Norma superior. No se trata, por tanto, de una
interpretación de carácter legal que puede variar con los cambios legislativos. El
texto del artículo 28 no ha sido modificado. Se aduce también que el
pronunciamiento se hizo por medio de un fallo de constitucionalidad, que hizo
tránsito a cosa juzgada y que la Corte Constitucional no ha cambiado
expresamente su jurisprudencia, como debe proceder en caso que varíe sus
posiciones jurídicas.
Aquéllos que aseveran que esta forma de detención no tiene aplicación
actualmente, se fundamentan en la posición asumida por la Corte Constitucional
en las sentencias posteriores a la C-024 de 1994, en las que sostiene que la única
excepción a la imperatividad del mandamiento escrito de autoridad judicial para
ordenar la captura de una persona es la flagrancia y no menciona la detención
administrativa. Igualmente, agregan que el régimen de privación de la libertad
cambió sustancialmente con la expedición del acto legislativo 03 de 2002 que
implementó las bases constitucionales del sistema penal acusatorio, en el cual se
hace más estricta la reserva judicial para ordenar la retención de las personas,
situación que se hizo más evidente con la expedición de la ley 1142 de 2007,
artículo 19.
Varias son las sentencias en las que la Corte Constitucional ha tratado el tema de
las formas de privación de la libertad, en las que, como se advirtió, menciona la
flagrancia como única excepción a la captura por orden escrita de autoridad
judicial competente; entre otras, están los fallos C-237 de 2005, C-370 de 2005,
C-1001 de 2005. En la sentencia C-176 de 2007, la máxima Corporación de la
jurisdicción constitucional hace un recuento de su doctrina al respecto y, aunque
expresa que la reserva judicial es la regla general y la flagrancia su excepción,
trae apartes de la sentencia C-024 de 1994 en los que se analizó la detención
preventiva administrativa.
La posición jurídica que asuma la Jueza o el Juez de hábeas corpus determinará
el contenido material de su análisis sobre la constitucionalidad o legalidad de la
captura que se impugne por medio de esta acción. Si la funcionaria o el
funcionario consideran que la captura administrativa no está vigente, declararán

su ilegalidad de manera inmediata; si opinan que esta forma de detención
todavía rige, su examen debe recaer sobre los requisitos señalados en la
sentencia C-024 de 1994, referidos en párrafos anteriores.
Control de legalidad de la captura
Los artículos 9, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y 7, numeral 5, de la Convención Americana sobre Derechos humanos establecen
el derecho de toda persona que sea privada de la libertad de ser llevada, sin
demora, ante una autoridad judicial para que sea juzgada en un plazo razonable.
El artículo 28 de la Constitución Política señala que la persona detenida debe ser
puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes, para que adopte la decisión que corresponda, en el término que
señale la ley.
Ese es, por tanto, el plazo máximo que tienen las autoridades responsables de la
captura para presentar ante la autoridad judicial al aprehendido. Es
indispensable reiterar que el término es máximo e improrrogable, y que la puesta
a disposición debe cumplirse a la mayor brevedad posible. Cuando esa
presentación se dilata de manera injustificada, así no se superen las 36 horas,
contadas desde el momento de la captura, ésta se torna en ilegal.
En el trámite de la ley 600 de 2000, la autoridad de policía que captura o que
recibe el aprehendido en flagrancia de manos de cualquier particular, debe
poner al retenido a disposición de la Fiscalía dentro de las 36 horas siguientes,
para que ésta analice la legalidad de la retención y proceda a escucharlo en
indagatoria y resuelva su situación jurídica.
En el régimen de la ley 906 de 2004, la policía debe poner el detenido a
disposición de la Fiscalía para que ésta solicite en audiencia preliminar ante una
Jueza o un Juez de control de garantías que decida sobre la legalidad de la
captura. La audiencia preliminar mencionada debe realizarse dentro de las 36
horas siguientes al momento de la aprehensión, como lo dispuso la Corte
Constitucional en sentencia C-163 de 2008.
Si la persona no es puesta a disposición de la autoridad judicial competente en el
término mencionado, la captura se torna ilegal y quien conozca de la acción de
hábeas corpus así debe declararlo.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha establecido que el
procedimiento por medio del cual se pone a disposición la persona capturada
debe permitir que ésta sea entregada físicamente a la autoridad judicial
competente; no basta con la sola comunicación de la aprehensión. Esta
obligación de entrega física del detenido se hace más estricta en el sistema penal

acusatorio, en el cual el aprehendido debe estar presente en la audiencia de
legalización de la captura. La autoridad judicial debe garantizar la integridad
física del capturado, lo cual sólo se logra si se le permite contar con su presencia
física (sentencia C-185 de 2008).
En la sentencia C-425 de 2008, la máxima guardiana de la
Constitución Política declaró que se ajusta a esa norma la
excepcional legalización de la captura sin la presencia del detenido
cuando se trata de situaciones también excepcionales, como el
estado de inconsciencia y la grave enfermedad que impida el
ejercicio del derecho material, consagradas en el artículo 18 de la ley
1142 de 2007, que modificó el artículo 289 de la ley 906 de 2004. En
ese fallo, la Corte varía expresamente la posición que había asumido
sobre el tema en la sentencia C-251 de 2002.
En los casos de capturas ordenadas por sanciones disciplinarias y por desacatos a
medidas de tutela o de prevención de violencia intrafamiliar, lógicamente,
también rige la regla constitucional de plazo máximo de 36 horas para poder la
persona aprehendida a disposición de la autoridad judicial que dio la orden
respectiva. Obviamente, cuando el arresto es de algunas horas, el captor debe
proceder con mayor diligencia.
Cuando el capturado no es puesto a disposición de la autoridad competente para
la legalización de su captura dentro de las 36 horas siguientes a la aprehensión,
así ésta haya sido legal, se produce prolongación ilegal de la privación de la
libertad y procede la acción de hábeas corpus para proteger el derecho del
afectado.
Como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia C-024 de 1994, la
detención del testigo renuente no puede prolongarse por más de 12 horas, salvo
cuando la Jueza o el Juez deciden sancionarlo con arresto hasta por 24 horas
como lo dispone el artículo 384 de la ley 906 de 2004.
También se presenta prolongación ilícita de la detención cuando se vencen los
plazos máximos señalados en la ley para la duración de la misma, sin que la
autoridad competente libere al aprehendido.
Tratándose de las capturas ordenadas por la Fiscala o el Fiscal General de la
Nación para fines de extradición, el control de su legalidad corresponde a dicha
autoridad. El artículo 511 de la ley 906 de 2004 establece los plazos máximos de
duración de esa privación de la libertad en caso que el aprehendido permanezca
en el país sin que se formalice la petición de extradición (captura mediante nota
diplomática) o sin que el extraditado sea trasladado al Estado requirente. Si
vencidos estos términos, la Fiscalía no libera al detenido, procede su protección
por medio del hábeas corpus.

También debe considerase la procedencia de la acción de hábeas corpus en relación
con la prolongación ilícita de la privación de la libertad por captura ordenada por la
Corte Penal internacional. Como se expuso en párrafos anteriores, la Corte
Constitucional, en sentencia C-578 de 2002, declaró la improcedencia de esta acción
frente a la orden emanada de ese Tribunal internacional; sin embargo, si bien la
persona puede impugnar la decisión ante la misma Corte Penal Internacional y la
legalidad de la misma puede ser controlada por las Juezas y los Jueces nacionales
(artículos 58 y 59 del Estatuto de Roma) no puede perderse de vista que existe la
posibilidad de prolongación indebida de la detención, la cual no puede quedar
indefinida.
Desde la fecha de la detención provisional, la Corte Penal internacional cuenta
con un plazo de 60 días para enviar al estado requerido la documentación que
fundamente su solicitud de aprehensión y entrega, de conformidad con los
artículos 58 y 92 del Estatuto de Roma y la regla 188 de las Reglas de
Procedimiento y Prueba de la Corte Penal internacional. Vencido este lapso, sin
que se cumpla esa obligación, el detenido debe ser liberado (artículo 92 del
Estatuto de Roma). Si esto no sucede, procede la acción de hábeas corpus.
Otros casos de prolongación ilegal de la detención pueden darse cuando,
cumplida la pena, el Juez o la Jueza de ejecución de la sanción no ordena la
libertad del condenado. En este caso, la situación irregular puede ser subsanada
por medio del hábeas corpus, pero debe advertirse que sólo procedería esta
solución cuando objetivamente se acredite que el tiempo se ha superado, sin que
pueda la Jueza o el Juez ante quien se interpone la acción constitucional entrar
a analizar lo relacionado con redenciones de penas o reconocimientos de rebajas
o beneficios, que sólo competen a quien vigila la ejecución de las sanciones.
Otro evento se da cuando se ordena la libertad de una persona por la autoridad
competente y el funcionario o funcionaria encargada de la custodia no cumple esa
disposición.
De la misma manera, hay prolongación ilegal cuando la autoridad judicial no
resuelve dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional
presentada por quien tiene derecho (Corte Constitucional, sentencia C-187 de
2006).

3. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS
Obviamente, la primera causa de improcedencia del amparo es la comprobación
del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en la captura.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en diversas decisiones, ha
sostenido que el hábeas corpus no es una tercera instancia, ni un mecanismo
alternativo frente a los medios procesales con que cuenta la persona detenida
para lograr su libertad. Por ello, en principio, las peticiones de libertad de quien
se halla legalmente privada de ella dentro de un proceso penal deben formularse
ante las Juezas y los Jueces de Control de Garantías o de Conocimiento, según el
caso, y no por medio de esta acción constitucional (ver, entre otras, decisiones
del 22 de julio de 2008 --radicado 30233--, 28 de noviembre de 2007 --radicado
28836—y del 6 de septiembre de 2007 --radicado 28288).
A continuación, se mencionan algunas situaciones en las cuales la jurisprudencia
ha considerado que no prospera la acción de hábeas corpus.
Cuando la autoridad judicial ha ejercido el control de legalidad de la captura y
ha tomado las decisiones para que la persona aprehendida permanezca detenida,
en el trámite del respectivo proceso, las peticiones de libertad deben elevarse
ante ella y no por medio de la acción constitucional comentada. Por ejemplo,
cuando la Jueza o el Juez de control de garantías impone medida de
aseguramiento o cuando el Juez o la Jueza de conocimiento ordenan la reclusión
al emitir el sentido del fallo o en la sentencia condenatoria, los requerimientos
tendientes a lograr la liberación del procesado deben formularse ante ellos. Así
lo han sostenido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
(providencias de marzo 26 de 2007 --radicación 27162--, mayo 11 de 2007 –
radicación 27469--, mayo 31 de 2007 –radicación 27607) y la Corte Constitucional
(sentencias C-301 de 1993, C-10 de 1994 y T-260 de 1999, T-334 de 2000).
Tampoco procede para pedir la nulidad de la actuación (Corte Suprema de
Justicia, Sala Penal, abril 30 de 2008 --radicación 29712).
De la misma manera, no es pertinente el ejercicio de la acción constitucional
para discutir o debatir las motivaciones que tuvo la autoridad judicial para
imponer una medida restrictiva de la libertad, decisiones que deben ser
controvertidas dentro del proceso respectivo, por medio de peticiones y recursos
(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, julio 16 de 2007, radicación 27937).
Pero existen situaciones que vuelven procedente la acción de hábeas corpus
aunque se tramite un proceso judicial, como sucede con actuaciones judiciales
que afecten la libertad y constituyan auténticas vías de hecho, o cuando se han
vencido los términos legales, o cuando la providencia que ordena la limitación de

la libertad se profiere durante el período de prolongación ilegal de la misma y
después que se haya formulado la petición de hábeas corpus (Corte
Constitucional, sentencia T-260 de 1999, Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, providencia de abril 21 de 2008, radicación 29638).
No procede el hábeas corpus cuando la persona presuntamente privada de la
libertad está desaparecida, caso en el cual debe acudirse al mecanismo de
búsqueda urgente consagrado en la ley 971 de 2005. En esta eventualidad, la
acción de hábeas corpus puede ejercerse si aparece la persona en poder de
alguna autoridad pública (Corte Constitucional, sentencia C-473-05).

4. COMPETENCIA
Atendiendo directrices marcadas por la jurisprudencia constitucional, en el
artículo 2 de la ley estatutaria 1095 de 2006 se dispuso que todas las juezas, y
todos los jueces y tribunales de la Rama Judicial son competentes para conocer
de la acción de hábeas corpus. Como se trata de una acción constitucional que
tutela el derecho a la libertad, se consideró que debe ser asumida por cualquiera
de ellos, sin importar su especialidad.
Para evitar los problemas prácticos que se presentaban cuando el derecho de
hábeas corpus era ejercido ante Jueces colegiados, el legislador estableció que
en ellos cada uno de sus integrantes actuará como juez individual para estos
efectos.
En la sentencia C-187 de 2006, la Corte Constitucional precisó las reglas de
competencia, así:
Los órganos de cierre de la Rama Judicial (Corte Constitucional, Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria--) no pueden conocer en primera instancia del hábeas
corpus, debido a que no tienen superior funcional que pueda conocer en caso de
impugnación de la decisión final.
Los Tribunales Superiores y Contencioso Administrativos y las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura
conocen en primera instancia de la acción constitucional comentada y también
asumen la segunda instancia de las decisiones de sus inferiores funcionales.
Las autoridades de las jurisdicciones indígena y de paz no son competentes para
tramitar las peticiones de hábeas corpus.
La competencia territorial corresponde a la Jueza o al Juez del lugar donde
ocurren los hechos, el cual, de acuerdo con la sentencia comentada, es el del
sito donde se encuentre la persona privada de la libertad, ya que allí se pueden
adelantar las principales actuaciones necesarias para decidir, como la entrevista
con el detenido, la revisión de la documentación en el establecimiento de
reclusión y en el despacho judicial correspondiente, entre otras.
Cuando sean varios los solicitantes, en relación con una misma situación fáctica
dentro de un mismo proceso penal que los involucra, y se hallen recluidos en
diferentes lugares, conocerá, a prevención, la Jueza o el Juez ante quien
primero se interponga la acción. El trámite será conjunto, en aplicación de los
principios de economía procesal, celeridad y eficacia (Corte Suprema de Justicia,
Sala Penal, enero 24 de 2007, radicación 26811).

El actor será quien decida ante qué Jueces acude y, en caso que haya un número
plural de ellos, la petición se someterá a reparto. Es muy importante tener en
cuenta que la Corte Constitucional, en el fallo analizado, advierte que por ningún
motivo puede superarse el término de 36 horas señalado en la Norma superior, el
cual se cuenta desde el momento de la presentación de la petición.

5. LEGITIMACIÓN PARA ACTUAR E INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN
Con fundamento en el artículo 30 de la Constitución Política, el artículo 3 de la
ley estatutaria de hábeas corpus consagra que la acción puede ser promovida por
el o la afectada o por cualquier persona en su nombre, de donde se deduce que
no se exige ninguna condición especial de legitimación para actuar.
También pueden incoar la acción la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría
General de la Nación y las personas jurídicas, como podría ocurrir, por ejemplo,
con organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos.
Esta regla constitucional permite entender también que no hay que acreditar
ningún interés específico por parte de quien interpone la acción, ni las razones
por las que se actúa como agente oficioso, ni se requiere el otorgamiento de
poder para actuar.
En caso que se decida obrar por medio de apoderado, no pueden exigirse
requisitos especiales para el poder, ya que la naturaleza de la acción y la
posibilidad de actuar por parte de cualquier persona, permiten una actuación
informal, en la que prevalezca el derecho sustancial.
La solicitud puede ser verbal o escrita, carece de formalidades, sólo se requiere
que se suministren detalles básicos para que la Jueza o el Juez puedan orientar
su actuación, como lo prevé el artículo 4 de la ley estatutaria de hábeas corpus.
En caso que la información no sea suficiente, la funcionaria o el funcionario
deben tomar las previsiones necesarias para recopilarla, pero no pueden
devolver, ni desatender la petición.
Según el artículo 1 de la ley que se comenta, la acción puede interponerse por
una sola vez. Al revisar la constitucionalidad de esta disposición, la Corte
Constitucional advirtió que la expresión “por una sola vez” se refiere al ejercicio
del hábeas corpus en relación con determinados hechos, pero es posible que el
afectado pueda intentarlo de nuevo cuando se presente una situación
sobreviniente, en circunstancias fácticas distintas.

6. TRÁMITE
El trámite del hábeas corpus es obligatorio para la Jueza o el Juez a quien haya
correspondido y debe resolverse dentro de las 36 horas siguientes al momento en
que se presenta la solicitud. Dicho término corre de manera continua, durante
horas hábiles e inhábiles, y no puede suspenderse por ningún motivo.
Las consecuencias de la omisión de dicho trámite o de su decisión por fuera del
término constitucional, acarrea sanciones penales y disciplinarias.
Sería muy útil que, además de las medidas tomadas por el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Administrativa, para que se garantice la efectividad del
ejercicio del derecho al hábeas corpus en todos los días y horas, se logre
coordinar con las autoridades de policía y carcelarias para que permitan el
acceso de las Juezas y los Jueces a los documentos que conserven en sus
archivos, relacionados con las detenciones, durante todo el tiempo.
En el trámite de la acción de hábeas corpus no proceden las recusaciones, pero
la funcionaria o el funcionario judicial debe declararse impedido cuando advierta
alguna causal legal y cuando haya conocido de la actuación a la que se refiere la
solicitud. En todo caso, la Corte Constitucional reitera que la solicitud debe
resolverse dentro de las 36 horas siguientes a su presentación, lo que impone a
los funcionarios y funcionarias la obligación de actuar con celeridad,
especialmente en casos de impedimentos.
El trámite es totalmente informal, libre de parafernalias, como traslados,
estados, fijaciones en listas, que obstaculizan de manera notoria la agilidad de
los procedimientos. Prevalece el derecho sustancial, mucho más cuando el
término es tan breve.
Son válidas todas las actuaciones que se consideren necesarias para establecer
las situaciones objetos de esta acción, las cuales pueden ser acreditadas por
cualquier medio de prueba, siempre que no vulnere los derechos humanos.
La Jueza o el Juez que conozca de la acción, podrá practicar inspección al
proceso penal, a los documentos que reposen en el centro de reclusión o en las
oficinas de los organismos de seguridad; podrá consultar las bases de datos que
deben tener la Fiscalía sobre capturas (artículo 305 de la ley 906 de 2004), pedir
las informaciones que requiera de particulares y otras autoridades, entre otras
diligencias.
En caso que por algún motivo grave no pueda tener acceso a documentación
oficial que le permita obtener suficientes elementos de juicio, la Jueza o el Juez
decidirán con las pruebas que haya podido acopiar, para lo cual resulta muy

importante la colaboración que puedan prestar el actor o la persona privada de
la libertad.
La ley estatutaria de hábeas corpus prevé que la funcionaria o funcionario
judicial que adelanta el trámite se entreviste con el detenido, en el despacho o
en el lugar de reclusión, diligencia que le permitirá conocer detalles sobre la
forma como se produjo la privación de su libertad o prolongación ilícita de la
misma. Si no se realiza la entrevista, su omisión deberá justificarse en la decisión
final sobre hábeas corpus. Por ejemplo, cuando de la documentación allegada se
establece fehacientemente que hubo o no una vulneración al derecho a la
libertad, no se requeriría la entrevista, o cuando de manera rápida se establece
la ilegalidad de la privación de la libertad (por ejemplo, cuando no hubo
flagrancia, ni captura administrativa, ni orden escrita) y se puede tomar la
decisión en término breve.
Para resolver en segunda instancia, de acuerdo con lo señalado en la ley y por la
Corte Constitucional en la sentencia C-187 de 2006, el término es de tres días
hábiles.

7. DECISIÓN
Dentro de las 36 horas siguientes a la presentación de la solicitud (no desde la
llegada al despacho del Juez o Jueza), debe decidirse en primera instancia.
Si se acredita que la privación de la libertad se produjo con el pleno
cumplimiento de los requisitos consagrados en la Constitución Política y en la
ley, la petición se negará. Esta decisión puede ser impugnada dentro de los 3
días calendarios siguientes a la notificación. La impugnación no requiere de
formalismos ni de sustentación.
El artículo 7 de la ley estatutaria de hábeas corpus señala las pautas para el
trámite de la impugnación.
Si la Jueza o el Juez de hábeas corpus concluyen que hubo privación ilegal de la
libertad o que la detención se prolongó de manera ilícita, ordenarán
inmediatamente la libertad del afectado y dispondrán las investigaciones
disciplinarias y penales a que haya lugar.
La decisión que concede la libertad es inimpugnable.
La orden de libertad por razón de la prosperidad de la acción de hábeas corpus
no puede ser desconocida por ninguna autoridad y se consideran inexistentes las
medidas que se tomen para impedirla.
Al referirse a esta situación, prevista en el artículo 8 de la ley estatutaria
comentada, la Corte Constitucional reiteró así su doctrina:
“Desde una perspectiva constitucional, la tardía ‘regularización’ de una
situación de privación indebida de la libertad por prolongación ilícita contra lo
cual se ha interpuesto el recurso de hábeas corpus es inconstitucional.
Los artículos 28 y 29 de la Constitución establecen los requisitos mínimos para
que una persona pueda ser privada de su libertad. Entre ellos se destaca la
observancia de las formalidades propias de cada juicio. En materia de medidas
restrictivas de la libertad es presupuesto legal de su existencia que éstas sean
dictadas dentro del término y según los requisitos legales, con anterioridad a la
presentación de la solicitud de hábeas corpus. De lo contrario, sería totalmente
ineficaz la garantía constitucional del hábeas corpus ya que la presentación del
recurso daría oportunidad a la autoridad infractora de enmendar impunemente
su actuación u omisión violatoria de los derechos fundamentales y de las leyes.
(….)
A contrario sensu, es procedente el otorgamiento del hábeas corpus en el evento
de verificarse las condiciones objetivas - captura ilegal o prolongación ilícita -

violatorias del derecho a la libertad, si la petición elevada por el afectado es
anterior a cualquier medida restrictiva que se dicte para impedir su libertad.
(….)
De otra parte, encuentra la Sala pertinente aclarar que si bien el texto que se
examina menciona al “capturado”, es evidente que el beneficiario de la garantía
consagrada en el artículo 8º es la persona inconstitucional o ilegalmente privada
de la libertad, independientemente de la condición que ostente el accionante,
toda vez que puede tratarse, por ejemplo, de un capturado, detenido,
procesado o condenado”.
Finalmente, como debe suceder siempre que se interprete el alcance de los
derechos humanos, en el análisis de la situación debe prevalecer el principio pro
hómine, según el cual, debe adoptarse la decisión que más favorezca la
protección de sus derechos.

BIBLIOGRAFÍA
Colombia, Constitución Política (edición anotada por GÓMEZ SIERRA, Francisco.
Bogotá, LEYER, 2008).
Colombia, Código Penal (ley 599 de 2000 –edición anotada por ARBOLEDA
VALLEJO, Mario. Bogotá, LEYER, 2008).
APONTE CARDONA, Alejandro. “Captura y medidas de aseguramiento. El régimen
de libertad en la nueva estructura procesal penal de Colombia”. Bogotá, Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2006.
BAZZANI MONTOYA, Darío y otros. “Reflexiones sobre el nuevo sistema procesal
penal”. Bogotá, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2004.
GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. “El control de garantías como construcción de
una función jurisdiccional”. Bogotá, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2006.
UPRIMNY YEPES, Margarita y otros. “Derechos humanos y derecho internacional
humanitario”. Bogotá, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2006.
UPRIMNY YEPES, Rodrigo. “Bloque de constitucionalidad, Derechos humanos y
Proceso penal”. Bogotá, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2006.
GORDILLO LOMBANA, Carlos y SAAVEDRA ROJAS, Edgar. “Derecho Penal
Internacional”. Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1995.
PATIÑO GONZÁLEZ, María Cristina. “Libertad personal, hábeas corpus y estados
de excepción”. Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2007.
POVEDA PERDOMO, Consuelo y otros. “El hábeas corpus en el ordenamiento
jurídico colombiano”. Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 2007.
VELÁSQUEZ GÓMEZ, Iván. “Jurisprudencia Penal”. Medellín, Librería Jurídica
Sánchez R. Ltda., varios números.
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. “Compilación de Instrumentos Internacionales”. Bogotá, 2001.
www.corteconstitucional.gov.co (Corte Constitucional de Colombia).
www.icc-cpi.int (Corte Penal Internacional)

LEY ESTATUTARIA DE HÁBEAS CORPUS
ANOTACIONES SENTENCIA C-187 DE 2006 CORTE CONSTITUCIONAL
Textos tomados de: www.imprenta.gov.co y www.corteconstitucional.gov.co
DIARIO OFICIAL 46.440
LE0Y 1095
02/11/2006
por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Definición. El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la
vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es
privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o
esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o
incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.
El Hábeas Corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción.
Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006:
“En consecuencia, la exequibilidad de la expresión “por una sola vez” contenida en el
artículo primero del proyecto “sub examine”, habrá de declarase exequible, en el
entendido de que una vez ejercida y resuelta la acción de hábeas corpus, la
correspondiente decisión hará transito a cosa juzgada y, por tal razón, no resultará
procedente el ejercicio de una nueva solicitud en tal sentido, que se funde en los
mismos hechos que fueron objeto de decisión en la precedente oportunidad.
Sin embargo, ello no es óbice para que quien haya ejercido la acción de habeas corpus,
pueda invocar nuevamente tal derecho cada vez que nuevos hechos constitutivos de
privación de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o de
prolongación ilegal de la libertad, hagan imperioso recurrir a dicha acción en aras de
asegurar la protección de sus garantías fundamentales.”
Artículo 2°. Competencia. La competencia para resolver solicitudes de
Hábeas Corpus se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Son competentes para resolver la solicitud de Hábeas Corpus todos los
jueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder Público.
2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus
integrantes como juez individual para resolver las acciones de Hábeas Corpus.

Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con
antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de Hábeas Corpus,
deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias,
de inmediato, al juez siguiente –o del municipio más cercano– de la misma
jerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos
para ello.
Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006:
“En tal medida, al no limitarse el conocimiento del hábeas corpus a jueces de una
especialidad, y por el contrario poner a su servicio toda la judicatura, con ciertas
excepciones que se precisarán más adelante, el legislador estatutario avanzó en otorgar
una mayor garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad de manera arbitraria o ilegal.
La autoridad judicial encargada de conocer de esta clase de petición integra una
jurisdicción constitucional difusa, encargada de velar por el derecho a la libertad de las
personas, que no entra en conflicto con el juez de garantías, que también es juez
constitucional, por cuanto los ámbitos de conocimiento de uno y otro juez son
diferentes y debidamente especificados.
Para la Sala, la previsión del legislador que se analiza se ajusta a la Constitución, pues
con ella se pretende racionalizar y hacer eficiente el ejercicio del derecho-acción
previsto en la Carta Política, para que la autoridad judicial atienda las peticiones
respectivas dentro del marco trazado por el constituyente a partir del artículo 228 y ss.
de la Ley Fundamental. Al respecto ha de precisar la Corte los siguientes aspectos:”
(….)
“8.2.1.3. Como lo prevé el numeral 1º. del artículo 2º del proyecto, serán competentes
para conocer de la petición los órganos que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, los cuales son mencionados en el literal b) del artículo 11 de la ley 270
de 1996. Así, una vez entren en funcionamiento los jueces administrativos, podrán
conocer en primera instancia de la petición.
Los Tribunales Administrativos también conocerán en primera instancia de la petición,
de conformidad con lo precedentemente expuesto sobre el particular en esta
providencia.” (….)
“8.2.1.6. En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura (C.Po. art. 254), cabe recordar
que está integrado por dos Salas, una administrativa y otra jurisdiccional disciplinaria,
y que a nivel territorial existen Consejos Seccionales de la Judicatura integrados
igualmente por salas administrativas y jurisdiccionales. Esta precisión es necesaria con
el propósito de establecer que sólo conocerían del recurso de hábeas corpus quienes
integran la Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, pues es esta clase de Sala la única que
toma decisiones de carácter judicial.” (….)
8.2.1.9. Respecto de la jurisdicción indígena, creada para permitir a las autoridades de
los pueblos indígenas ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial,
considera la Corte que la decisión legislativa de no conferir a esta jurisdicción
competencia para conocer de la petición de hábeas corpus, se ajusta al texto de la
Constitución Política. Según el proyecto, serán competentes los jueces y tribunales de
la rama judicial del poder público y de ésta, según el artículo 116 de la Carta Política,
no hacen parte las autoridades mencionadas en el artículo 246 superior. (….)
8.2.1.10. En cuanto a la jurisdicción de paz, creada mediante el artículo 247 de la
Constitución Política y reglamentada a través de la ley 497 de 1999, se presenta una
circunstancia similar a la mencionada anteriormente, pues se trata de una jurisdicción

especial y excepcional, respecto de la cual el legislador debe manifestar expresamente
si le asigna competencia para conocer de la petición de hábeas corpus. (….)
Para la Sala es importante tener en cuenta que si bien este impedimento procede
cuando el funcionario hubiere conocido sobre la actuación judicial que da origen a la
petición, la norma no excluye la posibilidad de que el juez se declare impedido para
decidir el hábeas corpus cuando considere afectada su imparcialidad en los casos
previstos en la ley, pues puede ocurrir que la imparcialidad y objetividad del juez se
vea afectada por motivos diferentes al que se consagra en la norma.
Cabe recordar que en todos los casos en los que proceda un impedimento, el recurso
debe decidirse en los términos previstos por la Constitución, por lo que, quien
manifiesta un impedimento sin que hubiere lugar a ello, y por éste motivo se dilate la
decisión respectiva, podrá incurrir en responsabilidad penal y disciplinaria.
Una vez declarado el impedimento, el trámite será el previsto en el proyecto, respecto
del cual la Corte no encuentra razones de inconstitucionalidad.”
Artículo 3°. Garantías para el ejercicio de la acción constitucional de
Hábeas Corpus. Quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene
derecho a las siguientes garantías:
1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el Hábeas Corpus para
que este sea resuelto en un término de treinta y seis (36) horas.
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin
necesidad de mandato alguno.
3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, mientras que la
violación persista.
Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la
presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará un sistema de
turnos judiciales para la atención de las solicitudes de Hábeas Corpus en el país,
durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados y las épocas de
vacancia judicial.
4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días
festivos o de vacancia judicial.
5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación
invoquen el Hábeas Corpus en su nombre.
Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006:
“Son competentes para conocer del hábeas corpus las autoridades mencionadas en
esta providencia, a lo cual se ha de agregar el factor territorial, en virtud del cual
conocerá de la petición la autoridad con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los
hechos.
(….)
La autoridad judicial competente deberá resolver el recurso en un término máximo de
treinta y seis horas, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Constitución.
Para la protección eficaz del derecho a la libertad personal, y dado el carácter
inmediato con que la petición de hábeas corpus debe resolverse, dicho término se
contabiliza desde el momento de la presentación de la solicitud y no desde cuando llega

al conocimiento de la autoridad judicial a la cual haya correspondido su trámite y
decisión. (….)
La hipótesis prevista en el proyecto, según la cual cuando la acción se dirija contra una
actuación judicial y el Despacho donde se encuentre el expediente no esté abierto al
público, los términos de la actuación se suspenderán hasta la primera hora hábil
siguiente a su apertura, siempre que el juez de hábeas corpus no cuente con los
elementos suficientes para decidir sobre la acción, requiere análisis especial.
Como se ha explicado, el constituyente confirió al hábeas corpus un carácter inmediato
para la protección eficaz del derecho a la libertad personal. Por esta razón, cuando se
trata de situaciones como la descrita en la hipótesis que se comenta, el peticionario
deberá aportar aquellos elementos probatorios conducentes y pertinentes para
demostrar la veracidad de sus afirmaciones.
La medida dispuesta en el proyecto, en el sentido de suspender los términos en la forma
indicada, no corresponde a la perentoriedad del término fijado tanto en el artículo 30
superior como en el mismo proyecto y atenta contra la inmediatez que ha de
caracterizar la decisión.
Para garantizar efectivamente el derecho fundamental del hábeas corpus en los
precisos términos establecidos en la Constitución, la autoridad judicial debe resolver
con fundamento en los elementos de juicio aportados por el solicitante y en los demás
que pueda procurarse a través de su propia actividad, dentro del término
constitucionalmente establecido para tal fin.”
Artículo 4°. Contenido de la petición. La petición de Hábeas Corpus deberá
contener:
1. El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción.
2. Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es
ilegal o arbitraria.
3. La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de la
libertad.
4. Si se conoce el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación
de la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa.
5. El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante.
6. La afirmación, bajo la gravedad del juramento; que se considerará prestado
por la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido el
conocimiento de la solicitud de Hábeas Corpus o decidido sobre la misma.
La ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite
del Hábeas Corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello.
La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá ser
entablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado.
Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006:
Sin embargo, la Sala considera oportuno tener en cuenta que como el recurso podrá ser
interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, un
tercero o la persona privada de la libertad, tal circunstancia podría hacer posible que,
respecto del mismo hecho, se presenten varias solicitudes.
Tal eventualidad impone al funcionario que esté conociendo de la solicitud, la
obligación de indagar acerca de la posible concurrencia de otra u otras peticiones

fundamentadas en los mismos hechos y, de llegar a existir, le impone la consecuente
obligación de establecer - a la mayor brevedad posible - qué funcionario habrá de tener
prelación para efectos de la determinación de la competencia, con base en el factor
territorial (en el evento de que de la acción se conozca en jurisdicciones distintas) o con
base en un criterio cronológico, dando prelación a quien asumió primero el
conocimiento de alguna solicitud, etc., para evitar de ese modo que haya más de una
actuación judicial por los mismos hechos y que se pueda llegar incluso al
pronunciamiento de decisiones de fondo que resulten contradictorias entre sí.
Finalmente, dada la prevalencia de la garantía constitucional del hábeas corpus, es
acorde con la misma Constitución que el legislador disponga que la ausencia de uno de
los requisitos señalados, no impide que se adelante el trámite del hábeas corpus, si la
información que se suministra es suficiente para ello, por cuanto el carácter sumario de
la acción la hace ajena a ritualidades, formalismos, o autenticaciones, resultando
igualmente acorde con la norma superior la posibilidad de acudir verbalmente ante las
autoridades judiciales y la inexistencia del requisito del otorgamiento de poder o
mandato alguno.”
Artículo 5°. Trámite. En los lugares donde haya dos (2) o más autoridades
judiciales competentes de la misma categoría, la petición de Hábeas Corpus se
someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. La autoridad judicial a
quien corresponda conocer del Hábeas Corpus no podrá ser recusada en ningún
caso; una vez recibida la solicitud, se podrá decretar una inspección a las
diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición.
También podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de las
autoridades que considere pertinentes, información urgente sobre todo lo
concerniente a la privación de la libertad. La falta de respuesta inmediata a
estas solicitudes constituirá falta gravísima.
La autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos
con la persona en cuyo favor se instaura la acción de Hábeas Corpus. Para ello se
podrá ordenar que aquella sea presentada ante él, con el objeto de entrevistarla
y verificar los hechos consignados en la petición. Con este mismo fin, podrá
trasladarse al lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se instauró la
acción, si existen motivos de conveniencia, seguridad u oportunidad que no
aconsejen el traslado de la persona a la sede judicial.
Con todo, la autoridad judicial podrá prescindir de esa entrevista, cuando no
la considere necesaria. Los motivos de esta decisión deberán exponerse en la
providencia que decida acerca del Hábeas Corpus.
Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006:
“La buena marcha de la administración de justicia, la forma desconcentrada de su
organización, el carácter autónomo e independiente de las autoridades judiciales, la
estructura jerárquica propia de la Rama Judicial, la necesidad de distribuir
racionalmente el trabajo entre quienes la conforman y la brevedad del término
señalado por la Carta Política, justifican que las peticiones de hábeas corpus sean
sometidas inmediatamente a reparto.
El reparto equitativo, racional, imparcial y público entre funcionarios de igual jerarquía
garantiza la transparencia y la eficiente distribución de las cargas laborales, como

también permite establecer en forma precisa quién es la autoridad responsable de la
decisión sobre la petición de libertad invocada.
De otra parte, el carácter sumario de este trámite, como también los principios de
celeridad y economía procesal, imponen que el funcionario a quien corresponda decidir
no pueda ser recusado. Ello no es óbice para que, en el evento de que concurra algún
impedimento en el funcionario a quien corresponda conocer de la acción, lo manifieste
enseguida y proceda a remitir la actuación en forma inmediata al juez que habrá de
tramitarla, so pena hacerse acreedor a las sanciones de ley.
Esta norma debe armonizarse con lo previsto en el numeral 1º del artículo 3º del
proyecto de ley que se revisa, que dispone que el recurso debe resolverse en un término
de treinta y seis (36) horas, las cuales deben contabilizarse, como se explico al respecto
del examen de dicha disposición, desde las presentación de la solicitud, a fin de darle
cumplimiento a la garantía de la acción constitucional del hábeas corpus.
Por lo tanto, aún mediando la práctica de pruebas o la entrevista con la persona en
cuyo favor se instaura el recurso, la petición de hábeas corpus debe ser resuelta dentro
de las treinta y seis (36) horas siguientes al momento en que la misma es presentada.
(….)
El texto prevé como principio para la actuación del funcionario judicial el deber de
entrevistarse con la persona privada de la libertad, bien en el lugar de su reclusión o
bien ordenando que ésta sea presentada ante él en la sede judicial. Esta importante
previsión pretende la protección integral del hábeas corpus, dado que, cómo éste
derecho fundamental lleva ínsita no solo la protección de la libertad de la persona en
cuyo favor se invoca, sino también la garantía de su vida e integridad personal, la
posibilidad de entrevista con la persona privada de la libertad se orienta más
concretamente a la determinación de las condiciones personales en que se encuentra
respecto de su vida e integridad personal y las posibles amenazas que se ciernen sobre
ellas o puedan sobrevenir, las cuales sólo podrían percibirse por el funcionario a quien
corresponde resolver el hábeas corpus mediante la aplicación de esta previsión legal a
fin de que emita un pronunciamiento inmediato.
La entrevista con la persona privada de la libertad es una diligencia que, en principio,
habrá de ser llevada a cabo. Sin embargo, cuando el juez decida no adelantarla, deberá
explicar en la respectiva providencia las razones de su determinación.”
Artículo 6°. Decisión. Demostrada la violación de las garantías
constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente
ordenará la liberación de la persona privada de la libertad, por auto
interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno.
Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006:
“Acerca de la imposibilidad de jurídica para impugnar la providencia que ordena la
libertad de una persona en razón de una petición de hábeas corpus, encuentra la Corte
que igualmente se ajusta a la Constitución. Cabe recordar, que esta Corporación, al
examinar la constitucionalidad de una norma similar a la que se revisa (art. 437 del
decreto 2700 de 1991), tuvo oportunidad de explicar:
“(…) la Corte declarará la constitucionalidad del artículo impugnado, ya que esta
Corporación no observa ningún reparo contra la inapelabilidad del auto que
concede el Hábeas Corpus puesto que, como ya lo había establecido en anterior
decisión, ‘el Hábeas Corpus es un derecho de la persona y no una garantía en

favor de las instituciones’ 1 . Por consiguiente, ninguna objeción constitucional se
puede adelantar contra la inapelabilidad de una decisión de Hábeas Corpus
favorable a quien ha sido ilegalmente privado de su libertad”. 2 (….)”
Artículo 7°. Impugnación. La providencia que niegue el Hábeas Corpus podrá
ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación.
La impugnación se someterá a las siguientes reglas:
1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las
siguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. El
expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes.
2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será
sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la
Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada
uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para
resolver las impugnaciones del Hábeas Corpus.
Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006:
“La Sala encuentra oportuno reiterar que las treinta y seis horas a las cuales refiere el
artículo 30 de la Carta Política, constituyen el término para resolver sobre la petición
en primera instancia, desde su presentación y no desde que la reciba la autoridad
judicial respectiva; por lo tanto, el término para interponer el recurso, llevar a cabo el
reparto y decidir en segunda instancia, es ajeno al mencionado por el constituyente.”
Artículo 8°. Improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. La
persona privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en la
Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de la
libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son
inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del
capturado cuando ella se conceda a consecuencia del Hábeas Corpus.
Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006
“Podría ocurrir que al llegar este momento se dispusieran medidas que tuvieran por
finalidad impedir la libertad de la persona beneficiada con la orden del juez de hábeas
corpus. El texto sub examine precisa que tales medidas son inexistentes. Sin embargo,
es pertinente aclarar que el artículo 8º. no establece la prohibición absoluta en el
sentido de que la autoridad no podrá privar de la libertad a quien resulte beneficiado
con la decisión del juez, sino que esta persona no podrá ser afectada con una medida
restrictiva de la libertad personal, mientras las condiciones de ilegalidad o de violación
de las garantías constitucionales no se restauren. (….)
1 Sentencia T-046/93 del 15 de febrero de 1993, MP Eduardo Cifuentes Muñoz
2 Corte Constitucional, Sentencia C-496 de 1994.

En este orden de ideas, el artículo 8º. será declarado exequible, en el entendido de
que la expresión “capturado” contenida en él es extensible a las demás situaciones,
entre ellas las de personas detenidas, procesadas o condenadas, en relación con las
cuales haya prosperado una petición de hábeas corpus.”
Artículo 9°. Iniciación de la investigación penal. Reconocido el Hábeas
Corpus, la autoridad judicial compulsará copias para que el funcionario
competente inicie las investigaciones a que haya lugar, sin detrimento de las
acciones legales restauradoras de perjuicios que estime adelantar el afectado.
Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga en lo pertinente a toda aquella que le sea contraria.