Acción Electoral y Acción de Pérdida de Investidura

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Sala Administrativa
ESCUELA JUDICIAL
“RODRIGO LARA BONILLA”
ACCIÓN ELECTORAL Y
ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
AUTOR:
MARÍA JOSEFINA IBARRA RODRÍGUEZ
Módulo de Aprendizaje Autodirigido
Plan de Formación de la Rama Judicial 2009

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
Presidente
RICARDO HERNANDO MONROY CHURCH
Vicepresidente
JESAEL ANTONIO GIRALDO CASTAÑO
HERNANDO TORRES CORREDOR
FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ
JOSÉ ALFREDO ESCOBAR ARAÚJO
Magistrados
ESCUELA JUDICIAL
“RODRIGO LARA BONILLA”
GLADYS VIRGINIA GUEVARA PUENTES
Directora
ALEJANDRO PASTRANA ORTIZ
Coordinador Académicos del Área Civil

Unidad 1
ACCIÓN ELECTORAL
Unidad 2
ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
TABLA DE CONTENIDO

UNIDAD 1
ACCIÓN ELECTORAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Establecer cuál es la diferencia entre la acción de nulidad
simple y la de nulidad electoral.
Que el juez y la jueza al momento de admitir la demanda tenga
claridad acerca de si la acción presentada como electoral
corresponde efectivamente a los presupuestos de dicha acción.
Que el juez y la jueza conozcan cuales son los requisitos
procesales de la acción electoral y como se individualiza el acto
a demandar en las diferentes tipos de elección o nombramiento
que se tramitan por la acción electoral.
Precisar con apoyo en la jurisprudencia y la experiencia judicial
el tratamiento que debe darse a las diferentes actuaciones y
etapas del proceso electoral.
ENSAYO. CONCEPTOS CLAVE
1.1.- Diferencias con la acción de simple nulidad.
La acción de nulidad electoral es la procedente para demandar los
actos de elección popular y colegiada, así como los nombramientos,

cuando se pretende la defensa del orden legal. En criterio del
Consejo de Estado 1 se diferencia de la simple nulidad:
“La acción contenciosa de nulidad electoral es apenas una especie
de la de simple nulidad, consagrada en la aludida norma por
medio de control de los actos administrativos cuando, entre otras
causases, "... infrinjan las normas en que deberían fundarse...”.
Está por ello, revestida de algunos caracteres de aquella, como la
de ser acción popular ejercitable en defensa de la legalidad, pero
se diferencia en cuanto la electoral caduca pasados veinte días
del siguiente al de la notificación del acto de elección y por tener
procedimiento especial, compulsivo y breve.”
Así mismo, se diferencia de la acción de nulidad simple y de todas las
demás acciones contencioso administrativas en que es la única que
tiene referencia constitucional 2 , ya que la Carta Magna al ser
modificada por el Acto Legislativo No. 1 de 2003, determinó que la
jurisdicción contencioso administrativa deberá decidir las acciones de
nulidad electoral en el término máximo de un (1) año, para los
procesos de dos (2) instancias. En el caso de los procesos de única
instancia el término para decidir es el de seis (6) meses máximo.
1.2.- Actos de elección y actos de nombramiento – concepto.
El Consejo de Estado 3 hace el análisis de dichos conceptos:
1 C. de Edo. Sentencia del 30 de septiembre de 1993. C.P. Dr. Amado Gútierrez Velásquez. Sec.
5ª Rad. 0946-0957. Actor: Hernando Prieto y otros.
2 Art. 264 Parágrafo. C.P.
3 C. de Edo. Sentencia del 24 de octubre de 2002. C.P. Dr. Mario Alario Méndez. Sec. 5ª Rad.
2001-0381(2819). Actor Alberto Rafael Garrido.

“Son actos de elección aquellos mediante los cuales se designa
por votos a alguien para algún cargo; y las elecciones se hacen
por voto ciudadano o por corporaciones públicas –Congreso,
asambleas, concejos– o juntas, consejos o, en general,
entidades colegiadas. Se hacen por voto ciudadano las
elecciones de Presidente y Vicepresidente, senadores,
representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales
y miembros de juntas administradoras locales, según lo
dispuesto en los artículos 133, 190, 202, 260, 299, 303, 312,
314 y 323 de la Constitución. Esas elecciones se declaran
mediante actos administrativos expedidos por la organización
electoral, conforme a lo establecido en los artículos 265. 3 y 7,
de la Constitución; 12.7 y 8, 166 (según fue modificado por el
artículo 12 de la ley 62 de 1988), 180, 182, 184 (según fue
modificado por el artículo 14 de la ley 62 de 1988) y 187 del
Código Electoral, y 6º, 7º y 8º de la ley 163 de 1994,
especialmente. Se trata, claro está, de actos puramente
declarativos, que acreditan el hecho de la elección y la
situación jurídica del elegido en cuanto tal, y a eso se limitan.
Y se hacen por corporaciones públicas o por juntas, consejos o
entidades colegiadas, entre otras, las elecciones de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura,
los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Procurador
General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil,
el Contralor General de la República, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo, el Auditor de la Contraloría
General de la República, los contralores departamentales,
distritales y municipales y los personeros distritales y
municipales, conforme a lo establecido en los artículos 141,
173, numerales 6 y 7, 178, numeral 1, 231, 239, 249, 254, 264,
266, 267, 272, 274, 276, 281 y 313, numeral 8, de la

Constitución. Esas elecciones se hacen, entonces, por acto
administrativo colegiado, expedido por la entidad nominadora
plural. No se trata, como es obvio, de actos meramente
declarativos de la elección, pues la entidad no declara
simplemente la elección, sino que la hace, y son, por lo mismo,
actos constitutivos de la elección, aun cuando esos actos
concluyen con la declaración de haber sido hecha la elección,
después de cumplidos la votación y el escrutinio
correspondientes. Por último, son actos de nombramiento
aquellos mediante los cuales se designa a alguien para un cargo
por un nominador simple, como el nombramiento de ministros y
directores de departamentos administrativos, que compete al
Presidente de la República, según lo dispuesto en el artículo
189 de la Constitución, entre otros. Y se trata, también en este
caso, de actos constitutivos de situaciones jurídicas.
1.3.- Individualización del acto acusado:
Conforme lo dispone de manera expresa para las acciones electorales
el artículo 229 del C.C.A, cuyo título dice: “Individualización del
acto acusado”, se tiene que “Para obtener la nulidad de una
elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá
demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se
declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio
de nulidad afecte a éstos”.
Tal exigencia se justifica por la necesidad de determinar con claridad
el acto definitivo sobre el cual es posible una declaración de nulidad

por la vía de la acción de nulidad de carácter electoral 4 . En efecto,
se encuentra que en materia electoral existen numerosos documentos
que forman parte de la actuación previa a la declaratoria de
elección, pero que no hacen parte de lo que debe ser el acto
acusado.
Adicionalmente como la acción está encaminada a demandar no solo
los actos de elección popular sino también a los de elección colegiada
y corporativa y a los de nombramiento, se procederá en cada caso
específico a verificar cual es el acto que debe ser objeto de la
demanda.
1.3.1.- Elecciones populares:
El documento que contiene la declaratoria de elección conforme lo
ha dicho el Consejo de Estado 5 es:
“(…) el Acta Parcial de Escrutinio de los Votos –Formulario E-
26- es el documento electoral diseñado por la Registraduría
Nacional del Estado Civil para registrar los datos del escrutinio
final de los votos y declarar la elección de los ganadores para
las respectivas corporaciones o cargos. Aunque el Formulario E-
26 se denomina Acta Parcial del Escrutinio de Votos, lo cierto
es que, salvo que existan recursos o reclamaciones pendientes,
ese documento contiene la información última y definitiva de
la elección, para determinada corporación o cargo público, por
4 C. de Edo. Sentencia 3 de julio de 2008. C.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo. Sec.5ª. Rad. 2006-
00095-00(3938) Actor: Marco Antonio Torres
5 C. de Edo. Sentencia del 17 de febrero de 2005. C.P. Dr. Dario Quiñones P. Sec. 5ª Rad. 2003-
01243-01(3438) Actor Julio Cesar Quisabony

lo que es evidente que allí se consigna el resultado final y
contiene la decisión de declarar la elección de determinados
candidatos. De hecho, el Formulario E-26 es un documento
declarativo de la elección que, además, contiene información
sobre hechos y resultados que son previos a esa declaración y
que le sirven de fundamento. Por su parte, el Acta General del
Escrutinio es un documento electoral en el que los escrutadores
dejan constancia del desarrollo de los escrutinios de los votos
depositados en las elecciones para las distintas corporaciones o
cargos de elección popular, esto es que contiene una narración
de los hechos y actuaciones que se producen durante los
mismos. Pero esa acta, por regla general, no contiene el acto
administrativo de la declaración de los elegidos en las distintas
corporaciones y cargos, pues esas decisiones se adoptan
mediante actos independientes y autónomos reflejados en las
Actas Parciales del Escrutinio de Votos. Entonces, las decisiones
que se adoptan por los escrutadores se encuentran reflejadas
en distintos actos administrativos preparatorios –por ejemplo
los que resuelven reclamaciones- y la decisión final está
contenida en el Acta Parcial de Escrutinio, esto es el
documento electoral que contiene el resultado final y declara
la elección. (…)”
Se descarta entonces que sea necesario demandar el Acta General de
Escrutinio pues dicha Acta y la Parcial del Escrutinio de Votos
(Formulario E-26) no constituyen un acto complejo que deba ser
objeto de demanda.
Así mismo, tampoco es necesario demandar los actos preparatorios o
la credencial del aquel cuya elección es objeto de la demanda. Ante

un fallo inhibitorio por no demandar estos documentos dijo el
Consejo de Estado 6 :
“(…) Con base en lo anterior queda descartada la posibilidad de
que el petitum de la demanda, necesariamente deba contener
la solicitud de nulidad de los actos preparatorios, tales como
las actas de escrutinio, o que igualmente debe recaer sobre los
actos de ejecución, cual ocurre con la credencial que
subsiguientemente a la declaratoria de elección debe ser
entregada al candidato vencedor. El demandar solamente el
acto por medio del cual se declara la elección, sin solicitar al
mismo tiempo la nulidad de la credencial entregada en
consecuencia, no constituye defecto de orden formal, dado
que, como lo adujo el Agente del Ministerio Público, la
credencial como acto derivado que es del declarativo de
elección, sigue su misma suerte, de tal manera que si la
nulidad recae sobre este último, sería impensable sostener que
la credencial pudiera mantener su vigencia, aserto que viene a
reforzarse con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 136 de
1994.
1.3.2 Llamamiento en caso de vacancia de cargo en corporación
pública.
En los casos en los cuales se presenta la vacancia de un cargo de
elección popular en una corporación pública, se pueden presentar dos
eventos:
- Que la mesa directiva de la corporación por medio de un acto
administrativo declare la existencia de la vacante (por ej.: en caso
6 C. de Edo. Sentencia del 15 de julio de 2004. C.P. Dra. María Nohemi Hernández Pinzón. Rad.
2315-01 (3381) Actor Carlos Alberto Hernández Pinzón.

de muerte) y seguidamente en el mismo acto proceda al llamamiento
a posesionarse de quien lo debe suceder. En este caso, ese acto
administrativo sería el objeto de la demanda electoral.
- Que no se expida formalmente un acto de llamamiento, ya que quien
debe reemplazar el cargo vacante se presenta a la corporación y se
posesione ante el Presidente de la misma. En este caso, se presenta
un acto administrativo tácito de llamamiento y se prueba con el
hecho de la posesión y ese sería el objeto de la demanda electoral. 7
1.3.3.- Elección por parte de corporación:
En los casos de elección por corporaciones, juntas, que también en
ocasiones la ley denomina designación o nombramiento, se pueden
presentar por lo menos dos eventos:
- Cargos que no requieren confirmación (Ej. Personeros y
Personeras): Cuando la elección se hace por corporación en
sesión pública, se entienden proferidos y notificados en la sesión
en la cual se realizan 8 y el acto a demandar es el de elección
contenido en la respectiva acta. Se prueba el acto de elección
con copia auténtica de la misma y no hay que esperar a que el
acta sea objeto de aprobación para proceder a presentar la
demanda, por quedar notificado el nombramiento en la sesión en
la cual se produjo.
7
Consejo de Estado. Sección 5ª Sentencia del 29 de octubre de 1993. Rad. 0992. Actor Arnoldo
Guardiola.
8
Ver pié de página No. 3

- Cargos que requieren confirmación (Ej: Jueces y Juezas): Debe
demandarse tanto el acto de elección como el de confirmación 9 .
1.3.4 Nombramientos:
En el caso de nombramientos la individualización del acto acusado no
presenta dificultad, ya que en todo caso deberá demandarse el acto
administrativo mediante el cual se produce el respectivo
nombramiento.
1.4.- Caducidad de la acción electoral:
El Artículo 136 numeral 1º dispone:
“La acción electoral caducará en veinte (20) días contados a
partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente
el acto por medio del cual se declara la elección o se haya
expedido el nombramiento cuya nulidad se trata. Frente a los
actos de confirmación, el término de caducidad se contará a
partir del día siguiente a la fecha en la cual se confirme la
designación o nombramiento”
La anterior norma no reviste dificultad en su interpretación, ya que
no importa la formalidad con la cual se haya expedido, declarado o
configurado el acto de nombramiento o elección, ya que es la
9 “(…) No es dable, entonces, tratándose de "actos de control relacionados con la confirmación
de nombramientos hechos por las distintas autoridades de la República..." (…), considerar
individualizado el acto acusado con el solo señalamiento del de elección (…)” (Sentencia del 18
de febrero de 1994. C.P Dr. Amado Gútierrez. Rad. 1084. Sec. 5ª actor Luis Ramón Dussan).

notificación de dicho acto (publicación 10 , personal, en audiencia o
sesión 11 , etc.), a partir de la cual se empezará a contar el término de
caducidad. Deberá tenerse en cuenta que en los casos en los cuales
legalmente se requiera publicación del acto, no empieza a correr el
término de caducidad mientras no se cumpla con tal requisito. 12
Una excepción a la fecha de notificación como punto de partida para
contar la caducidad sería el caso de los llamados a ocupar vacancia
cuando no se produce acto administrativo, en cuyo caso como el acto
a demandar es de naturaleza tácita y se prueba con el acta de
posesión, sería a partir de esta última que se cuenta la caducidad.
Otra excepción que si contempla expresamente la norma es la
relativa a los actos de nombramiento que requieren confirmación, ya
que es a partir del día siguiente de que esta se produzca que se
empieza a contar el término de caducidad.
No obstante lo anterior, sí se presenta controversia respecto a la
caducidad frente a la corrección que dispone el Art. 230 del C.C.A. Se
10 C. de Edo. Sentencia 25 de octubre de 2007. M.P. Dra. MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON.
Rad.: 11001-03-28-000-2006-00192-00(4147). Actor: GERMAN GUEVARA. Demandado:
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES ANTE EL CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA.
11 C. de Edo. Sentencia 31 de mayo de 2002. M.P. Dr. ROBERTO MEDINA LÓPEZ. Rad. 54001-23-31-
000-2001-0135-01(2858). Actor: JORGE ENRIQUE VILLAMIZAR JAIMES. Demandado: PERSONERO
DEL MUNICIPIO DE CHITAGA.
12 C. de Edo. Sentencias de 29 de septiembre de 2005. M.P. Dra. MARIA NOHEMI HERNANDEZ
PINZON. Rad.: 25000-23-25-000-2003-06903-01(3534).Actor: MANUEL NAVAS AGAMEZ.
Demandado: DIRECTOR SECCIONAL DEL SENA DE SUCRE y de 2 de septiembre de 2004. M.P. Dr.
FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA. Rad. 70001-23-31-000-2004-0243-01(3532). Actor: MARCIAL SIERRA
DIAGO. Demandado: GERENTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO.

tiene que dicha norma, de contenido especial para los procesos
electorales, establece que la demanda puede ser corregida antes de
que quede en firme el auto admisorio. Ha dicho el Consejo de
Estado 13 que en estos casos la corrección de la demanda no puede
contener nuevos cargos contra el acto de elección, así como tampoco
pretensiones adicionales, ya que frente a correcciones que contengan
cualquiera de los anteriores, si ya han transcurrido veinte (20) días de
la notificación del acto de elección o nombramiento, se deberá
declarar caducada la acción. En tal caso la demanda se admitirá sólo
respecto de las pretensiones y cargos presentados oportunamente.
1.5 Trámite de la admisión de la demanda.
1.5.1 Reparto, admisión, suspensión provisional, notificación y
recursos.
Recibida la demanda en el despacho judicial de conocimiento deberá
ser repartida el mismo día o más tardar el siguiente día hábil. El auto
admisorio carece de recursos, no así el que inadmite, en este último
caso si se trata de auto dictado por el Tribunal procederá el de
súplica ante los demás magistrados que integran la sala de decisión si
el proceso es de única, o de apelación si el proceso es de dos
instancias. En caso de que el auto que inadmite la demanda sea
dictado por el juez o jueza administrativo(a), como no manejan
procesos de única instancia, el único recurso posible es el de
apelación.
13 C. de Edo. Sentencia 23 de febrero de 2007. C.P. Dra. MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON.
Sección 5ª. Radicación número: 08001-23-31-000-2003-02687-01(4041)Acum. Actor Alvaro
Sarmiento y otros. Ddo. Alcalde Municipio Ponedera – Atlántico.

Los anteriores recursos deberán ser propuestos dentro de los dos (2)
días siguientes a la notificación por estado del auto que inadmite. Por
su parte, cuando se trate se auto admisorio éste quedará
ejecutoriado al día siguiente de la notificación por estado.
En el auto admisorio también se decidirá sobre la suspensión
provisional del acto de elección o nombramiento demandado si fue
solicitada. Si el proceso cursa en el Tribunal deberá ser proferido por
la Sala de Decisión y procede el recuso de reposición si es de única
instancia y de apelación si es de dos. En caso que el auto sea
proferido por el juez o jueza administrativo(a) sólo procede el
recurso de apelación, dado que el proceso siempre será de dos
instancias. Los recursos deberán ser decididos de plano.
El auto admisorio deberá también disponer sobre la notificación
personal del Agente del Ministerio Público y del demandado (a)
cuando sea del caso, las diferentes notificaciones por edicto que
contempla el Art. 233 y la orden de fijación en lista por tres (3) días
una vez cumplido el término de notificación. Deberá hacerse la
prevención de que en dicho término se podrá contestar la demanda y
solicitar pruebas.

1.5.2 Formas de notificación del auto admisorio al demandado (a).
Conforme se desprende del Art. 233 del C.C.A., existen varios tipos
de notificación a la parte demandada del auto admisorio dentro de
un proceso electoral. También la jurisprudencia ha establecido unas
reglas en los casos en los cuales la norma no es expresa.
1.5.2.1 Por edicto. Por edicto que se fijará por cinco (5) días. La
norma no dispone de manera expresa a quien se notifica por medio
de este edicto, así como tampoco en qué lugar debe fijarse el mismo,
como si lo hace con las demás formas de notificación, ha de
entenderse que con el mismo se notifica a los terceros interesados en
intervenir y a la ciudadanía en general. Así mismo, deberá ser fijado
en la secretaría del despacho judicial, bien sea que se utilice la
analogía (Art. 207-3 C.C.A.) o que se acuda a la remisión al C. de P.C.
(Arts.323 y 324).
También se ha considerado que por medio de este edicto es que se
notifica a los elegidos(as) por elección popular, en razón a no estar
incluidos en el numeral 3º que ordena la notificación personal, pero
tal posición ha sido revaluada por la jurisprudencia como se verá más
adelante.
1.5.2.2 Notificación personal a nombrados(as) o elegidos(as) por
junta, consejo o entidad colegiada. En caso de nombrado(a) o
elegido(a) por junta, consejo o entidad colegiada se dispondrá la

notificación personal dentro de los dos (2) días siguientes o en su
defecto por edicto que se fijará por tres (3) días en la Secretaría del
Tribunal o Juzgado. De dicho edicto se remitirá copia por correo
certificado a la dirección del demandado(a) que se haya señalado en
la demanda o que figure en el directorio telefónico, circunstancia de
la cual se dejará constancia en el expediente.
1.5.2.3 Notificación por edicto cuando hay posibilidad de que se
deba practicar nuevo escrutinio. En la eventualidad de que de la
declaratoria de nulidad de una elección se deba practicar nuevo
escrutinio, se entenderán demandados(as) todos los demás
ciudadanos(as) que se hayan declarado elegidos por el acto cuya
nulidad se pretende (Ej. Diputados y diputadas, concejales y
concejalas)). Se deberá hacer notificación por edicto que se fijará
por cinco (5) días en la Secretaría y se publicará por una sola vez en
dos periódicos de amplia circulación en la respectiva circunscripción
electoral.
Por tratarse de una notificación de demanda el edicto deberá
contener el nombre de todos los elegidos(as), a fin de que queden
debidamente notificados del auto admisorio de la demanda. Así
mismo, la parte demandante deberá probar dentro del término de los
veinte (20) días siguientes a la notificación al Ministerio Público que
realizó la respectiva publicación, so pena de que si no cumple con
dicha carga procesal se declare terminado el proceso por abandono y
se ordene archivar el expediente. En efecto, este término es

perentorio, conforme se deduce de la redacción de la norma y lo ha
sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado 14 , de tal manera
que la parte demandante tiene 20 días para efectuar las
publicaciones y anexarlas al proceso.
1.5.2.4 Notificación de elegidos(as) popularmente cuando no se
requiere nuevo escrutinio.
No obstante las diferentes posibilidades de notificación que trae la
norma, surge un vacío respecto a la notificación de aquéllos(as) cuya
condición de elegidos(as) surge de una elección popular, si no se
requiere nuevos escrutinios, ya que la norma sólo contempla de
manera expresa la notificación personal y en defecto por edicto de
quienes son nombrados(as) o elegidos(as) por junta, consejo o
entidad colegiada. Así mismo, por edicto que se fijará en secretaría
del despacho judicial y se publicará en la prensa en el caso de que
deba hacerse nuevo escrutinio.
En este caso el Consejo de Estado ha hecho pronunciamientos sobre
la forma en que debe surtirse dicha notificación:
No obstante el contenido literal de la norma anterior, la
jurisprudencia de la Sección, expresó lo siguiente respecto de
la notificación personal del auto admisorio de la demanda en el
proceso electoral:
14 C.de Edo. Sentencia 6 de mayo de 2004. M.P. Dr. DARÍO QUIÑONES PINILLA Rad. : 25000-23-24-
000-2003-1202-01(3212) Actor: JORGE ENRIQUE HURTADO CALDERON Demandado: EDILES DE LA
LOCALIDAD DE SUBA.

“…En los procesos electorales la notificación personal de la
demanda al ciudadano elegido por el acto atacado es
imperativa en todos los casos de elecciones uninominales, o
cuando se demanda parcialmente un acto de elección de
miembros de Corporaciones Públicas, para obtener la nulidad
respecto de uno o varios de los elegidos invocando causales
subjetivas, como la carencia de alguna calidad constitucional o
legal o la presencia de inhabilidades. Dejar de efectuar la
notificación personal del auto admisorio a quien es elegido
popularmente, con el argumento de que la norma antes citada
no lo dispone, resulta contrario a la Constitución, pues de los
principios aludidos se desprende que se debe garantizar al
elegido la oportunidad de ejercer su derecho a oponerse a la
demanda así como la de solicitar pruebas y controvertir las que
se alleguen en su contra, y en general, intervenir activamente
a través del proceso electoral, sin que la celeridad que lo
caracteriza permita el juez sustraerse del cumplimiento de ese
mandato constitucional. 15
El demandado fue elegido para el desempeño de un cargo
uninominal, por lo que debió ser notificado personalmente. 16
Se precisa que con el fin de que se evite la dilación del proceso, dada
la celeridad que debe imprimirse al mismo puesto que no puede
durar más de seis (6) meses, se debe ordenar que la notificación
personal se haga conforme al procedimiento especial dispuesto en el
Art. 233 Numeral 3º, esto es, personalmente dentro de los dos (2)
días siguientes y si no es posible en ese plazo deberá hacerse por
15 Auto proferido el 18 de febrero de 20056 por la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, expediente 3450.
16 C. de Edo. Sentencia de 23 de marzo de 2006. C.P.: REINALDO CHAVARRO BURITICA Rad.:
23001-23-31-000-2003-01456-01(3906). Actor: DAVID JORGE CHEJNE NADER. Demandado:
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA.

edicto, ya que debe evitarse el riesgo de que el demandado o
demandada eluda la notificación si se hace de forma ordinaria.
Finalmente, aunque parezca obvio no debe olvidarse que en los
procesos electorales no se debe ordenar la notificación de la
demanda a la entidad que produjo o declaró el acto de elección o
nombramiento, ya que no deben ser consideradas como parte, en
razón a que el objeto de la demanda es el acto de elección o
nombramiento y la demanda debe ser notificada en la forma señalada
en el Artículo 233 del C.C.A., a la persona elegida o nombrada no a
las entidades públicas. 17
1.6 Régimen probatorio.
Al día siguiente del vencimiento del término de fijación en lista el
juez o jueza o el magistrado o magistrada ponente, deberá decretar
las pruebas que hayan solicitado las partes y las de oficio si lo
considera necesario, mediante auto que se notificará por estado y
contra el cual no procede recurso alguno y cuyo término para
practicarlas se deberá contar a partir del día siguiente de su
expedición. El término no podrá exceder de veinte (20) días si se
practican en la sede del despacho judicial y quince (15) días
adicionales si es fuera de la sede y no podrá comisionarse la práctica
17 C. de Edo. Sentencias Sección 5ª del 26 de febrero de 1993 C.P. Dr. LUIS EDUARDO JARAMILLO
MEJIA. Rad.: 0891 Actor: ALEJANDRO QUIMBAYO ORJUELA Y OTRO Ddo: ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE ARMERO y del 20 de abril de 2006 C. P: DARIO QUIÑONES PINILLA Rad.: 68001-23-15-000-2005-
00003-01(3926) Actor: MILTON VILLAMIZAR AFANADOR. Demandado: ASAMBLEA DEPARAMENTAL DE
SANTANDER

de pruebas dentro de la jurisdicción del Tribunal o Juzgado
correspondiente.
A diferencia del anterior, contra el auto que niega alguna de las
pruebas procede el recurso de súplica dentro de los dos (2) días
siguientes al de su notificación, el cual debe ser resuelto de plano.
Como resulta obvio el recurso de súplica sólo procede contra los
autos de ponente más no contra los del juez o jueza, en este caso si
se tiene en cuenta que en general los regímenes procesales disponen
recursos para los autos que niegan pruebas, en aras de garantizar el
derecho de defensa de las partes deberá entenderse que procede el
de reposición. No podría asumirse que procede el de apelación en
razón a que esa posibilidad no existe para los procesos de dos
instancias, ya que como se señaló antes procede es el de súplica.
Dentro de la oportunidad de dictar sentencia, mediante auto para
mejor proveer que no tendrá ningún recurso, se podrá disponer la
práctica de pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o
dudosos de la contienda, las cuales deberán ser practicadas en el
término de hasta diez (10) días, más la distancia (Art. 234 último
inciso). En los procesos que se refieran a elecciones de corporaciones
públicas el término será de veinte (20) días improrrogables. (Art. 242)

1.7 Acumulación de procesos.
Conforme al Artículo 237 del C.C.A., norma especial del proceso
electoral, cuando existan dos o más procesos que deban tramitarse
por el mismo procedimiento, de oficio podrán acumularse y fallarse
en la misma sentencia, en los siguientes casos:
1.- Cuando se ejercite la acción contra las mismas elecciones,
registro de escrutinios, o el mismo nombramiento, aunque sean
distintas las causas de las respectivas demandas.
2.- Cuando las demandas se refieran a mismo registro, aunque en
unas se pida la nulidad y en otras se solicite la simple rectificación.
3.- Cuando el objeto final de las demandas sea el mismo, aunque se
refiera a actos distintos cumplidos por corporaciones o funcionarios
de distinta jerarquía.
Aclara la norma que no importa que sean distintas las partes en los
respectivos procesos, ni que se persiga la nulidad o rectificación total
y en otras sólo se ataque parcialmente el acto, ya que finalmente lo
que interesa es que se afecte la declaración o elección en todo o en
parte.
Las anteriores disposiciones no ofrecen mayor motivo de discusión y
su literalidad ofrece las respuestas necesarias para su aplicación. Sin
embargo, surge problema cuando la acumulación deba llevarse a cabo
respecto de demandas cuya competencia corresponda conocer a los
Juzgados Administrativos, en razón a que las normas procedimentales

hacen referencia a la acumulación que deba hacerse en los
Tribunales o el Consejo de Estado, más no a los primeros.
Procedimiento de acumulación ante los Tribunales: Conforme a lo
dispuesto en los Artículos 237 y 239 a 241 del C.C.A, el procedimiento
a seguir para la acumulación de procesos es el siguiente:
Al vencimiento del término probatorio el Secretario(a) informará
al Magistrado(a) Ponente, indicando el estado en que se
encuentran todos los procesos que podrían ser susceptibles de la
acumulación.
La Sala o Sección tendrá ocho (8) días para decidir si decreta o
no la acumulación.
Si se decreta la acumulación se ordenará que dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes se fije por un (1) día aviso en
Secretaría, convocando a las partes para audiencia pública de
sorteo de ponente que deberá seguir conocimiento de los
procesos acumulados.
Contra las anteriores decisiones no procede recurso alguno.
La audiencia pública del sorteo deberá realizarse al día siguiente
de la desfijación del aviso.
La diligencia se practicará en presencia de los miembros del
Tribunal y del Secretario(a), y asistirán las partes, el Ministerio
Público y los demás interesados. La no asistencia de alguno de

los anteriores no invalidará la audiencia, si asisten la mayoría de
los miembros del Tribunal, o si en su defecto se realiza por ante
el Secretario(a) y dos testigos.
El Magistrado(a) a quien corresponda en suerte ser Ponente
aprehenderá el conocimiento de los negocios acumulados y
adelantará la tramitación hasta poner el proceso en estado de
dictar sentencia.
Procedimiento de acumulación ante los juzgados administrativos:
Resulta evidente conforme a los citados Artículos 237 y 238 del
C.C.A. que la acumulación en materia electoral es factible. Sin
embargo, como ya se señaló antes resulta obvio que el procedimiento
anterior no es viable para efectuar la acumulación de procesos por
parte de los jueces administrativos, especialmente cuando los
procesos están radicados en diferentes juzgados. En efecto, si están
en el mismo despacho, como la acumulación procede de oficio, con el
informe del Secretario(a) se podrá decretar la acumulación.
En el caso de que los procesos estén en diferentes juzgados, teniendo
en cuenta que los Artículos 145 y 267 ibidem permiten la remisión al
C. de P. C., podrá utilizarse el procedimiento contemplado en el
Artículo 159 de este último estatuto, en los aspectos que no puedan
ser aplicados de la regulación expresa sobre acumulación de
electorales por parte de los jueces administrativos. En esta última
perspectiva, nada obsta para que el juez o la jueza que tenga el

proceso más antiguo si tiene conocimiento que hay otros procesos
similares, pueda de oficio solicitarlos a los demás despachos ya que el
C.C.A admite la acumulación de oficio tanto en el proceso ordinario
como en el de nulidad electoral.
En este último caso se recomienda imprimir celeridad a dicho
procedimiento dado los plazos constitucionales perentorios para
decidir la acción electoral.
1.8 Intervención de terceros.
Conforme lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado 18 la
intervención de terceros en el proceso electoral se regula por lo
dispuesto en el artículo 235 del C. C. A, y aunque estos compartan el
objeto de la acción, no les es posible modificar su causa, esto es, los
cargos o motivos de la violación, en razón a que estas intervenciones
adhesivas se admiten hasta cuando se produzca la ejecutoria del auto
que ordene el traslado a las partes para presentar alegatos de
conclusión, de tal forma que al presentarse un interviniente en esas
etapas culminantes del proceso, formulando nuevos cargos, se
cambiaría la estructura del proceso y se vulneraría el derecho de
defensa de la parte accionada, quien como resulta obvio no tendría
oportunidad de ejercer su legítimo derecho a la defensa, frente a
éstas nuevas formulaciones.
En la anterior perspectiva se tiene que si el propósito del tercero
interviniente va más allá de la simple coadyuvancia, ya que busca la
nulidad del acto acusado con base a cargos no presentados en la
demanda a la que adhiere, la vía no puede ser la de la intervención
18 C. de Edo. Sentencia de 6 de octubre de 2005. M.P. Dra. MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON.
Rad.: 20001-23-31-000-2003-03617-01(3557) Actor: UNALDO JOSE ROCHA OJEDA Y OTROS.
Demandado: ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

adhesiva. En estos casos deberá presentar demanda separada,
formulada de manera oportuna, en la que podrá invocar de manera
expresa y directa las razones por las que el acto demandado debe ser
anulado.
1.9 Alegatos de conclusión.
Una vez practicadas las pruebas o vencido el término probatorio, se
ordenará correr traslado a las partes para que aleguen por escrito,
por el término que será común para las partes de cinco (5) días. Una
vez vencido el término anterior se dispondrá la entrega al Agente del
Ministerio Público por el término de diez (10) días para que emita
concepto de fondo.
En caso de que no se hubieran pedido pruebas en el escrito de
demanda o en el término de fijación en lista, se deberá ordenar de
manera inmediata el traslado para alegar.
1.10 Sentencia, notificación, recursos y ejecución.
Una vez se haya vencido el término para alegar, el proceso deberá
pasarse al despacho para sentencia, a menos que estuviese pendiente
un incidente de acumulación de procesos, según lo dispuesto en el
Art. 243. Sin embargo, el Art. 242 admite que en este momento
procesal puedan tramitarse los incidentes de recusación si el juez o
jueza, magistrado o magistrada hubieren comenzado a conocer
después de vencido el término para alegar; y, el de nulidad por falta

de competencia. La decisión de estos incidentes no tendrá ningún
recurso.
Para registrar el proyecto de sentencia el Magistrado(a) Ponente
tiene los veinte (20) días siguientes a su ingreso al despacho con
dicho fin. Este término no se aplica para decidir cuando corresponde
al juez administrativo, por que el registro de proyectos de fallo es
actuación propia de las corporaciones. El fallo deberá proferirse
dentro del término improrrogable de treinta (30) días, contados
desde la fecha de registro del proyecto. Recalca la norma de manera
especial que en los procesos sobre elecciones de corporaciones
públicas, por ningún motivo habrá prórroga de términos para fallar.
El incumplimiento constituye causal de mala conducta sancionable
con pérdida del empleo. Sin embargo se permite la práctica de
pruebas para aclarar puntos dudosos de la contienda.
En todo caso, hay que recordar que el proceso en sus dos instancias
no podrá durar más de un (1) año, conforme ya se había señalado
antes, dado que por Acto Legislativo No. 1 de 2003 se estableció este
plazo máximo, de tal manera que cada instancia no puede durar más
de seis (6) meses.
La sentencia se notificará a más tardar al día siguiente de su
expedición de manera personal a las partes y al Agente del Ministerio
Público. Transcurridos dos días sin que haya podido hacerse la

notificación personal, deberá ser notificada por edicto que se fijará
por tres (3) días. Dentro de los dos (2) días siguientes a aquél en que
queda notificada las partes y el Ministerio Público podrán pedir que
se aclare. También podrá aclararse de oficio en el mismo término, en
caso de que se hubiere incurrido en errores aritméticos o hubiere
motivo de duda sobre sus disposiciones. La aclaración se hará por
medio de auto que no tendrá recursos. Igual sucederá si se niega la
aclaración.
Contra la sentencia procede el recurso de apelación si el proceso es
de dos instancias, el cual podrá interponerse en el acto de
notificación o dentro de los dos (2) días siguientes, y será concedido
en el efecto suspensivo y contra el cual, a su vez, no cabrá ningún
recurso. Dicho auto deberá notificarse por estado y remitir
inmediatamente el expediente vía correo, y de la demora en el envío
será responsable el secretario del Tribunal o juzgado.
La ejecución de las sentencias en caso que deba practicarse nuevo
escrutinio corresponderá a quien profirió la decisión de única o de
primera instancia, en tal caso deberá señalarse en la sentencia día y
hora para hacerlo, que deberá ser entre el segundo y quinto días
hábiles después de la ejecutoria del fallo; o, después del quinto día a
menos que se requieran documentos que se encuentren en otras
dependencias. Quien realiza el nuevo escrutinio deberá expedir las
credenciales a quienes resulten elegidos, por lo que las credenciales
anteriores quedaran sin valor ni efecto.

1.11 Trámite de la 2ª instancia.
Deberá repartirse a más tardar al segundo día de la llegada al
Tribunal.
El mismo día o a más tardar el siguiente de recibido por
reparto, el Magistrado(a) Ponente deberá dispondrá en el
mismo auto que se fije en lista el negocio por tres (3) días,
vencidos los cuales se deberá dejar disponible en la Secretaría
también por tres (3) días para que las partes presenten alegatos
por escrito. En esta etapa la norma no ordene que se corra
traslado especial al Ministerio Público como se hace en la 1ª
instancia.
Los términos para fallar que dispone el Art. 242 se reducen a la
mitad, lo que significa que el término para registrar el proyecto
será de diez (10) días y el de proferir sentencia será de quince
(15) después del registro.
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y DE AUTOEVALUACIÓN
Con el fin de confrontar los conocimientos teóricos adquiridos, una
vez leído el anterior ensayo, proceda absolver el siguiente
cuestionario:
1.- Cual es el acto a demandar en cada una de los siguientes eventos:
Elecciones populares, llamado a ocupar el cargo por vacancia,
elección por corporación?.

2.- Cual es el alcance de la corrección de la demanda frente a la
configuración caducidad de la acción?.
3.- Cual es la forma de notificación en los casos en los cuales de
prosperar la acción se deba practicar nuevo escrutinio?.
4.- Como debe ser notificado un demandado elegido popularmente en
los casos en los cuales no se requiere nuevo escrutinio?.
5.- Procede algún recurso contra los autos que niegan pruebas
proferidos por el juez administrativo en los procesos electorales de su
competencia?.
6.- Es procedente la acumulación de procesos cuando estos cursan
ante jueces administrativos?.
7.- Cual es el alcance de la intervención de terceros en el proceso
electoral?.
8.- En caso de que deba realizarse un nuevo escrutinio a quien
corresponde efectuarlo?.
Con el fin de confrontar la posibilidad de aplicar en la práctica los
conocimientos adquiridos, una vez leído el anterior ensayo, proceda a
resolver los siguientes casos:

1.- El ciudadano Juan Beltrán, actuando en nombre propio, en
ejercicio de la acción pública electoral, demandó ante el Juez
Administrativo del la nulidad del acto de declaratoria de elección de
Concejales del Municipio de La Esperanza para el periodo
constitucional de 2008 a 2011, contenido en la Resolución No. 0031
de noviembre 21 de 2000 expedida por los Delegados del Consejo
Nacional Electoral en el correspondiente departamento.
Como consecuencia de lo anterior solicita que igualmente se declaren
nulas las resoluciones proferidas por los mismos delegados o las
comisiones escrutadoras auxiliares y municipal de La Esperanza
durante el proceso de los escrutinios respectivos y las actas de
escrutinio de los jurados de votación de las mesas allí señaladas, que
se ordene practicar nuevos escrutinios con base en los registros que
no se declaren afectados de nulidad, y que se haga una nueva
declaración de elección de concejales y se ordene expedirles sus
respectivas credenciales.
De acuerdo con lo estudiado, determine si admite u ordena corregir
la demanda, en caso que opte por la segunda opción, cuál sería el
objeto de la orden de corrección?. En caso que opte por dictar auto
admisorio que ordenes contendría?
2.- El accionante señor LUIS GONZÁLEZ, por intermedio de
apoderado, manifiesta que ante la renuncia presentada por la señora

TERESA RODRÍGUEZ a partir del 31 de marzo de 2005 como Secretaria
General de la Asamblea, la Corporación en sesión del 5 de abril del
mismo año lo eligió para reemplazarla para el período de un año,
según el reglamento, se le comunicó la designación, la cual fue
aceptada dentro del término de ley.
Dicha Corporación en sesión del 10 de junio de 1995 revocó la
elección y, consecuencialmente, procedió a elegir para el cargo a la
doctora MARÍA GLORIA CHÁVEZ, quien en su concepto estaba
inhabilitada para desempeñar el cargo por ser pariente de un
diputado. Estima el demandante que el acto de revocatoria fue
realizado sin consentimiento su consentimiento, sin comunicarle a él
la determinación que se iba a tomar, sin su presencia en el momento
de tomarse la decisión y en general sin el cumplimiento de las
formalidades para esos eventos.
Solicita que se declare la nulidad del acto de revocatoria de su
designación como Secretario General para el período de un año, la
nulidad del acto de designación de la doctora MARÍA GLORIA CHÁVEZ,
designada para reemplazarlo. Solicita el consecuente
restablecimiento del derecho.
De acuerdo con lo estudiado determinar si es posible acumular las
anteriores pretensiones?.

UNIDAD 2
ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• El principal objetivo es el de analizar algunos temas puntuales de
la acción de pérdida de investidura en el ámbito territorial 19 ,
escogidos por su complejidad o por ser de habitual ocurrencia en
la práctica, a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado y
la experiencia judicial.
• Conocer el criterio jurisprudencial acerca de la naturaleza de la
acción de pérdida de investidura y su diferencia con otros
regímenes sancionatorios.
• Que el juez y la jueza al momento de admitir la demanda tenga
claridad acerca de si la acción presentada como de pérdida de
investidura corresponde efectivamente a los presupuestos de
dicha acción.
• Que el juez y la jueza conozca cuales son los requisitos
procesales de la acción de pérdida de investidura y el trámite
que debe darse al proceso.
• Examinar a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado
como deben aplicarse las causales de pérdida de investidura,
especialmente la de inhabilidades como causal de pérdida de
investidura respecto de los concejales y diputados.
• Precisar con apoyo en la jurisprudencia y la experiencia judicial
el tratamiento que debe darse a las diferentes actuaciones y
etapas del proceso de pérdida de investidura.
19 Este estudio se contrae al ámbito territorial por ser la órbita de competencia de los jueces y
juezas administrativos y magistrados (as) de Tribunal administrativo.

ENSAYO. CONCEPTOS CLAVE
2.1 CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA.
En criterio de la Corte Constitucional 20 la pérdida de investidura es
una acción pública y sumaria, destinada a obtener la separación
definitiva del cargo del demandado(a) y la consecuente prohibición
permanente de desempeñar en el futuro cargos de igual o similar
naturaleza, y se explica por la importancia intrínseca que tienen las
instituciones de representación popular en un Estado de Derecho, y
por la necesidad de asegurar el cumplimiento de sus cometidos
básicos y la respetabilidad de sus miembros, si ejercen
adecuadamente sus funciones.
En criterio del Consejo de Estado 21 fundamentalmente constituye una
sanción para los miembros de las corporaciones públicas, dado que
implica la separación definitiva, permanente y vitalicia de dicha
condición, se halla fundamentada en causales taxativamente
señaladas, de carácter esencialmente jurisdiccional-disciplinario. Los
sujetos pasivos de la acción, son todas las personas que lleguen a
ocupar una curul en las corporaciones públicas, por lo que se puede
accionar, tanto contra el elegido, como contra una persona llamada a
ejercer el cargo, teniendo en cuenta que su finalidad es la de
mantener la dignidad y la posición de quienes integran los cuerpos
20 C-247 del 1º de junio de 1995. M.P. Dr. José Gregorio Hernández
21 Sentencia 25 de mayo de 2004 SALA PLENA C. P. Dr: GERMAN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR. Rad.:
11001-03-15-000-2003-1463-01 y 11001-03-15-000-2004-00132-01 (PI) Actor: CIRO ALFONSO
GALVIS MUÑOZ y otro Demandado: RAFAEL ORLANDO SANTIESTEBAN MILLAN.

colegiados de elección popular, cuya conducta debe siempre
caracterizarse por el decoro, honradez, probidad y transparencia
inherentes a quienes la voluntad popular les ha encargado su
representación y les ha confiado la función legislativa, en el caso de
los congresistas, y la función administrativa encargada a los
diputados y concejales.
Por tratarse de una acción de carácter sancionatorio, al aplicar las
causales al caso concreto, especialmente tratándose de
inhabilidades, dado su carácter prohibitivo ya que constituyen una
restricción al derecho constitucional fundamental y político que
tienen los ciudadanos a ser elegidos, su consagración debe ser
expresa, al tiempo que su interpretación estricta, esto es que su
deducción y aplicación siempre debe estar ajustada a los
presupuestos que para cada causal haya señalado el constituyente o
el legislador, dado que no es posible su aplicación extensiva o
analógica. 22 Así mismo, deberá observarse a plenitud el debido
proceso tal y como lo ordena el Artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y lo
ha reiterado la jurisprudencia. 23
22 Entre otras, Sentencias de la Sala Plena del 20 de noviembre de 2001, C.P. Dr. Germán
Rodríguez Villamizar, Actor Rubiel Orlando Espinoza Triana y otro, y del 22 de enero de 2002 C.P.
Dr. Germán Ayala Mantilla. Exp. 2001-0148-01. Sección 1ª del 3 de marzo de 2005. C.P. Dr.:
CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE, Rad.: 25001-23-15-000-2004-00823-01(PI),Actor: LUIS FERNANDO
GUTIÉRREZ PULIDO, Demandado: MILCIADES ALDANA MUÑOZ.
23 Sentencia del 13 de marzo de 1997, Sección 1ª, C.P. Dr: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, Rad:
3712 Actor: FABIO OTERO PATERNINA, Demandado: CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA.

2.2 DIFERENCIA CON OTRAS ACCIONES Y REGÍMENES
SANCIONATORIOS.
Aunque una misma conducta puede ser causal para adelantar una
acción disciplinaria, una pérdida de investidura y aún una acción
penal, cada una de ellas constituye objeto de procesos
independientes, que la autoridad competente debe examinar de
conformidad con las normas que gobiernan la respectiva acción. Por
tanto, las consecuencias de la prosperidad de cada una de estas
acciones son diferentes. 24
Así mismo la acción de pérdida de investidura carece de término de
caducidad y, por lo mismo, se puede ejercitar en cualquier momento,
aún respecto de quienes ya no están ocupando la curul porque se les
venció el período para el cual fueron elegidos o se separaron del
cargo por cualquiera otra circunstancia. 25
2.2.1.- Con la acción electoral. Según lo ha expuesto el Consejo de
Estado 26 se trata entonces de dos acciones con motivos, finalidades y
consecuencias diferentes, autónomas e independientes entre sí,
24 Sentencia 30 de octubre de 2008. Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON. Rad.:
63001-23-31-000-2007-00148-01(PI). Actor: JAIME LEONIDAS ZAPATA HENAO. Demandado: JAIME
ANDRES LOPEZ GUTIERREZ.
25 Entre otras, sentencias de Sala Plena de 28 de septiembre de 1992 (Exp.AC-175), 17 de agosto
de 1994 (Exp. AC-1899) y 8 de agosto de 2001 (Exp.AC-12.546), y sentencia 9 de diciembre de
2004, Sección 1ª, C.P. Dr: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Rad.: 15001-23-31-000-2004-0648-01(PI),
Actor: PERSONERÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO, Demandado: MILTON OSWALDO GORDILLO
CARRANZA.
26 Sentencia 23 de octubre de 2008. C. P.: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Rad.: 19001-23-
31-000-2008-00085-01(PI). Actor: PROCURADURIA 40 JUDICIAL ADTVA
Demandado: MARIA HONORIA CHAMIZO CAMACHO.

también ha dicho la alta corporación 27 que la pérdida de la
investidura implica una sanción por conductas asumidas por la
persona del elegido a corporación pública que lo priva de esa
condición que alguna vez fue poseída por él; al paso que, el juicio
electoral lo que pretende es definir si la elección y la condición de
miembro de corporación pública es legítima o, si por el contrario, en
el caso de que existan motivos para su anulación, son ilegítimas.
Lo que se juzga en el primer caso, es la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, elemento fundamental de la
democracia representativa; en razón a que el candidato al inscribirse
como candidato hace una declaración, de no estar incurso en causal
de inhabilidad que impida su elección; si tal declaración no resulta
cierta, el elegido, viola dicho pacto político, caso en el cual procede,
por mandato de la Constitución, la pérdida de la investidura cuya
finalidad es preservar la legitimidad de las instituciones de la
sociedad política.
En el segundo caso, en cambio, se cuestiona la legalidad de los actos
que permitieron su acceso a la condición de miembro de la
corporación pública y si éstos se declaran nulos, ello equivale a que
nunca se tuvo acceso legítimamente a la referida investidura.
27 Sentencia 15 de mayo de 2003 C. P. Dr: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE.Rad. : 73001-23-31-000-
2001-00577-01(8446). Actor: JAIME BELTRÁN OSPITIA. Demandado: LEONARDO GÓMEZ URREGO.

La acción electoral tiene término de caducidad, mientras que la de
pérdida de investidura se puede incoar en cualquier tiempo.
2.2.2.- Con la acción disciplinaria. La acción disciplinaria tiene su
trámite en sede administrativa y por ende no hace tránsito a cosa
juzgada, mientras que la acción de pérdida de investidura es de
carácter jurisdiccional y su decisión produce efecto de cosa
juzgada 28 . Así mismo la acción de pérdida de investidura puede ser
intentada en cualquier tiempo, mientras que la disciplinaria tiene
término de prescripción.
2.3 TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
La acción de pérdida de investidura de diputados(as), concejales(las),
concejales(las) distritales y miembros de JAL debe ser tramitada
conforme lo disponen las Leyes 144 de 1994 y 617 de 2000 Art. 48
parágrafo 2º.
2.3.1.- Competencia. La competencia para conocer de las acciones
de pérdida de investidura respecto de los miembros de los concejos
municipales y distritales, estaba atribuida por el Artículo 39-4 de la
Ley 446 de 1998 29 (modificó el Art. 131 del C.C.A.) a la Sala Plena del
Tribunal en única instancia, y contra las sentencias por ella
proferidas sólo procedía el recurso de revisión contemplado en el
28
Sentencia del 22 de abril de 2004, Sección 1ª C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Rad.
2002-09494-01
29
A la luz del Artículo 3º de la Ley 153 de 1887 ésta disposición puede considerarse insubsistente.

C.C.A. 30 Para esa fecha no existía atribución expresa para conocer de
dichas acciones respecto de los diputados(as).
Posteriormente, el Artículo 48 Parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000
además de extender la pérdida de investidura a los miembros de
asambleas, dispuso que para estos y para los miembros de concejos
municipales y distritales y JAL debe ser decretada en primera
instancia por los Tribunales Contencioso Administrativos que ejerzan
jurisdicción en el respectivo departamento, y que la segunda
instancia se surtirá ante la sala o sección del Consejo de Estado que
determine la ley. Significa lo anterior que, a partir de la expedición
de la norma citada, ya no era el recurso de revisión el procedente
sino el de apelación dado que se tornó en un proceso de dos
instancias.
Aunque resulta obvio no sobra recordar que los jueces y juezas
administrativos(as) no tienen atribuida competencia para conocer de
acciones de pérdida de investidura.
El procedimiento a seguir para el trámite de la pérdida de investidura
en el nivel territorial es el contenido en el contenido en la Ley 144 de
1994, “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de
investidura de los congresistas” el cual obviamente debe adaptarse a
los términos y circunstancias especiales del trámite en el nivel
30 Arts. 185 y ss.

territorial, como lo determina la Ley 617 en la norma ya citada,
conforme lo ha aceptado la jurisprudencia del Consejo de Estado 31 .
2.3.2.- Legitimación y forma de presentación: Por su naturaleza
pública no precisa que sea necesario demostrar interés diferente a la
defensa del orden constitucional y/o legal para presentar la acción
de pérdida de investidura de tal manera que puede ser presentada
por cualquier ciudadano y también puede ser formulada por la mesa
directiva de la asamblea departamental o del concejo municipal. 32
No se requiere que sea presentada a través de abogado 33 , pero si
debe ser presentada de manera personal ante el Secretario General
del Tribunal Administrativo de la jurisdicción correspondiente. No
obstante si el solicitante se halla en lugar distinto a la sede de la
citada corporación, podrá remitirla, previa presentación personal
ante juez o notario 34 , que se considerará presentado cuando se reciba
en el despacho judicial de destino 35 .
2.3.3.- Plazo para decidir la acción. Conforme lo dispone el
Parágrafo 2º del Art. 48 de la Ley 617 de 2000, el plazo para decidir
31 Entre otros: Auto de 23 de marzo de 2001, expediente núm. 6830 y auto de 30 de marzo de
2001, expediente núm. 6811, y sentencia de 23 de enero de 2003 GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO, Rad.: 23001-23-31-000-2002-0371-01(8400), Actor: CARLOS VALERA PÉREZ,
Demandado: MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CORDOBA
32 Par. 2º Art. 48 Ley 617 de 2000
33 Parágrafo del Art. 4º de la Ley 144 de 1994
34 Aunque el tenor literal de la norma señala que se presentará ante juez y notario, la lógica
permite deducir que debe ser ante alguno de los dos, no ante los dos.
35 Art. 6º Ley 144 de 1994

la acción de pérdida de investidura de diputados(as), concejales (las)
y miembros JAL, será máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles
para decidir la acción, lo cual significa que el Tribunal dispone de
más del doble del tiempo para decidir la acción, que el que se
contempla en la Ley 144 de 1994, para que el Consejo de Estado
decida la pérdida de investidura de congresistas.
Debe precisarse que los plazos de que hablan las normas mencionadas
son máximos e incluyen la totalidad del trámite, desde el reparto
hasta la decisión, y deben contarse a partir de la fecha de
presentación o recibo en el Tribunal .
2.3.4.- Contenido de la solicitud. La disposición del Artículo 4º de la
Ley 144 de 1994, contiene los requisitos mínimos que debe contener
el escrito de solicitud de pérdida de investidura cuando esta es
presentada por los ciudadanos.
Nombre completo, documento de identificación y domicilio del
solicitante.
Nombre del diputado(a) o concejal (la) y la respectiva
acreditación expedida por la organización electoral
correspondiente.
Invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la
investidura y su debida explicación.

Solicitud de práctica de pruebas, si es del caso.
Dirección del lugar en el cual el solicitante recibirá
notificaciones.
Respecto a la exigencia de invocar la causal y explicarla de manera
debida ha dicho el Consejo de Estado 36 que es perentoria la exigencia
ya que no puede ser declarada de oficio, y su inobservancia
constituye motivo de inadmisión de la demanda, aunque tampoco
debe ser absolutamente rigurosa en la identificación de disposiciones
jurídicas, ni en la formulación de complicadas deducciones
hermenéuticas, sí incumbe al actor el señalar de modo concreto los
presupuestos de hecho y la relación de conexidad entre éstos y la
causal invocada, en orden a determinar, en debida forma, los
extremos de la controversia y, por consiguiente, garantizar el
ejercicio de los derechos de defensa y contradicción del procesado.
2.3.5.- Trámite que debe darse a la solicitud. Una vez presentada
personalmente o recibida en la Secretaría del Tribunal
Administrativo, debe ser repartida por el Presidente de la
Corporación el día hábil siguiente, y se designará el Magistrado
Ponente quien dentro del término de los dos (2) días hábiles
siguientes al reparto –no al del recibo en el despacho- procederá a
admitirla si reúne los requisitos y anexos correspondientes, en el
36 Entre otras, sentencia de la Sala Plena del 13 de febrero de 2001 Expediente AC-11946, C. P.
Dr. Germán Rodríguez Villamizar y sentencia 13 de diciembre de 2007, Sección 1ª, C. P. Dr.: MARCO
ANTONIO VELILLA MORENO. Rad.: 25000-23-15-000-2007-00730-01(PI) Actor: JULIO CESAR GUEVARA
FANDIÑO. Demandado: JORGE ARMANDO PAEZ RODRIGUEZ

mismo auto se ordenará la notificación personal del demandado y del
Ministerio Público.
En caso de no reunir los requisitos y anexos exigidos por la ley,
ordenará a la corporación o ciudadano solicitante que se alleguen,
completen o aclaren dentro de los diez (10) días siguientes a su
notificación. El incumplimiento de la orden será objeto de las
sanciones legales pertinentes.
2.3.6.- Notificación del auto admisorio y contestación.
El auto deberá ser notificado personalmente al demandado y al
agente del Ministerio Público ante el Tribunal a fin de que intervenga
en el proceso. Tales notificaciones deberán realizarse al día siguiente
del auto que las decrete 37 , término que no podrá ser mayor de dos (2)
días 38 .
Los términos de notificación personal que contiene la Ley 144 de
1994 –originalmente destinada a congresistas- al ser aplicado en el
nivel territorial en algunos casos, como en los concejales de
municipios apartados, resultan de difícil cumplimiento. Sin embargo,
como la Ley 617 habilitó un término mayor para el trámite de la
acción que el que tiene el Consejo de Estado para los congresistas, se
cuenta con el plazo suficiente para efectuar la notificación personal
que es indispensable para garantizar el derecho de defensa, teniendo
37 Art. 8º Ley 144 de 1994
38 Inciso 1º Art. 7º Ley 144 de 1994

cuidado en que tales factores que pueden ser dilatorios del proceso
no lleven a exceder el plazo máximo y perentorio para tramitar y
decidir la acción.
El miembro de asamblea, concejo o JAL tiene el plazo de los tres (3)
días siguientes, contados a partir de la fecha de notificación, para
referirse por escrito a los cargos presentados en la solicitud de
pérdida de investidura. En esta oportunidad podrá presentar pruebas
o pedir las que considere conducentes.
2.3.7 Practica de pruebas y audiencia. Al día hábil siguiente de
vencido el término para referirse a la solicitud por parte del
demandado, el magistrado ponente decretará las pruebas
pertinentes, y aunque la norma no lo dice ha de entenderse que
conforme al C. de P.C. se deberán decretar las pedidas dentro de los
criterios de pertinencia y conducencia y las que de oficio resulten
necesarias para la decisión. En el mismo auto se deberá fijar fecha y
hora para la audiencia, que se cumplirá dentro de los dos (2) días a la
fecha de culminación del plazo fijado para practicar pruebas.
El Artículo 10 de la Ley 144 de 1994 establece que el término para
practicar pruebas es de hasta tres (3) días, éste término puede
resultar bastante corto para practicar las pruebas y resulta
importante que para la fecha de la audiencia ya estén recaudas las
pruebas, por lo que teniendo en cuenta que el plazo total para

tramitar la acción es mayor para las pérdidas de investidura del nivel
territorial, como ya se había señalado antes, es conveniente fijar un
plazo también mayor con ese preciso fin.
A la audiencia deberá asistir el tribunal en pleno 39 y será presidida
por el Magistrado(a) que se desempeñe como ponente y quien podrá
fijar el término máximo que tendrán las intervenciones, que en su
orden serán: 1.- El solicitante o su apoderado, 2.- el representante
del Ministerio Público, y 3.- El diputado(a), concejal(la) o miembro
JAL y su apoderado. Cada uno de las partes podrá intervenir por una
sola vez, y al final podrán presentar un resumen escrito de su
intervención.
Obsérvese que de acuerdo con la norma en el primer caso se trata de
conjunción disyuntiva, esto es, que solo podrá intervenir o el
solicitante o su apoderado. Diferente resulta en el último caso, que
podrán intervenir tanto el demandado como su apoderado.
2.3.8.- Acumulación de pretensiones y procesos. Sobre este
aspecto la jurisprudencia del Consejo de Estado 40 ha señalado que
aunque la Ley 144 de 1994 solo previó la acumulación de procesos en
39 Aunque el término “pleno” del Artículo 11 de la Ley 144 de 1994 fue declarado inexequible por
sentencia C-247 de 1995, tal declaratoria se fundamentó en que implicaba la participación
también de la Sala de Consulta, y la que debe conocer es la plena pero de lo contencioso
administrativo. Por tanto, en el caso del Tribunal su participación debe ser plena y en Sala de
Decisión.
40 Sentencia de 23 de enero de 2003 GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Rad.: 23001-23-31-
000-2002-0371-01(8400), Actor: CARLOS VALERA PÉREZ, Demandado: MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE CORDOBA

su artículo 14; empero ello no impide considerar que sea
improcedente la acumulación de pretensiones ya que por el contrario
si se previó aquélla, con mayor razón debe entenderse que está
implícita esta, ya que las pretensiones constituyen el objeto de los
procesos. Considera la alta corporación que la acumulación de
pretensiones evita un desgaste innecesario de la Administración de
Justicia, a la vez que contribuye a la uniformidad de criterio en las
decisiones judiciales y a que tengan pleno desarrollo los principios de
economía, celeridad y eficacia, que se encuentran ínsitos en los
procesos de estirpe constitucional.
La oportunidad para efectuar la acumulación es hasta la expedición
del auto que ordena la práctica de pruebas y los procesos serán
acumulados a aquél en el cual ser admitió primero la solicitud. Así
mismo, las reglas que deberán seguirse son las del C. de P. C. Art. 82.
2.3.9.- Intervención de terceros. El Artículo 146 del C.C.A.
(modificado por el Art. 146 de la Ley 446 de 1998), prescribe que “En
los procesos de desinvestidura de miembros de corporaciones de
elección popular no se admitirá intervención de terceros”
Es perentoria la norma anterior y no ofrece ninguna duda acerca de
que en el trámite de la acción de pérdida de investidura no es posible

la intervención de terceros, y así lo ha reiterado la jurisprudencia del
C. de Edo 41 .
2.3.10.- Sentencia y recursos. Se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
El Magistrado(a) Ponente tiene los dos (2) días hábiles
siguientes al de la realización de la audiencia para registrar el
proyecto de sentencia.
La ponencia deberá ser estudiada, discutida y decidida por
mayoría de votos de los integrantes de la Sala plena del
Tribunal Administrativo respectivo.
El plazo para la decisión es máximo el que falte para que se
cumpla el término de cuarenta y cinco (45) días que dispone el
Parágrafo 2º del Artículo 48 de la Ley 617 de 2000 para tramitar
la acción.
En la sentencia además de contener la decisión de negar o
conceder la solicitud de pérdida de investidura, si se advierte la
posible comisión de hechos punibles por parte del miembro del
diputado(a), concejal(la) o edil, o temeridad o mala fe en la
acusación, se deberá ordenar que se compulsen copias de toda
41 Sentencia del 26 de abril de 2007, C.P.Dr.: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, Rad.: 15001-
23-31-000-2005-03791-01(PI), Actor: GUSTAVO CASTILLO DIAZ, Demandado: MARCO TULIO
LEGUIZAMON ROA

la actuación a las autoridades competentes para las
investigaciones y sanciones correspondientes.
Ejecutoriada la sentencia deberá ser comunicada a: A la mesa
directiva de la Asamblea o Concejo al cual pertenezca el
demandado, al Consejo Nacional Electoral.
Por ser un proceso de dos (2) instancias conforme al Parágrafo
2º del Artículo 48 de la Ley 617 de 2000, el recurso procedente
es el de apelación. Así mismo, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1, Sección Primera, numeral 5° del Acuerdo 55 del 5 de
agosto de 2003, por medio del cual se modifica el Reglamento
del Consejo de Estado expedido por la Sala Plena de esa
Corporación, corresponde a la Sección 1ª decidir dicho recurso.
2.3.11.- Cosa juzgada. Conforme lo dispone el Artículo 15 de la Ley
144 de 1994, no se podrá admitir solicitud de pérdida de investidura,
en el evento de que se aleguen los mismos hechos que sirvieron de
fundamento a causales sobre las cuales ya se ha pronunciado la
jurisdicción contenciosa administrativa, de tal manera que en estos
casos la sentencia hace tránsito a cosa juzgada.
Ha dicho el Consejo de Estado 42 que si por sentencia se decidió sobre
las pretensiones de pérdida de investidura y ésta se halla ejecutoriada,
si se observa que además de existir identidad en la parte demandada, y
42 Sentencia del 23 de enero de 2003, C.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Rad.:
23001-23-31-000-2002-0371-01(8400), Actor: CARLOS VALERA PÉREZ, Demandado: MIEMBROS DE
LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CORDOBA.

la misma causa petendi por tener los mismos hechos e idénticas
causales de pérdida de la investidura a las que se invocan en otro
proceso, se deberá declarar la excepción de cosa juzgada e inhibirse
para fallar en el fondo del asunto.
2.4 CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
De conformidad con el Artículo 48 de la Ley 617 de 2000, los
diputados(as), concejales(las) y miembros JAL, perderán su
investidura por:
1. Violación al régimen de incompatibilidades o del régimen de
conflicto de intereses.
2. Inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco reuniones
plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de
ordenanza o acuerdo, según sea el caso.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o
concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a
posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

Según lo dispuesto en el parágrafo las causales 2ª y 3ª no serán
aplicables cuando medie fuerza mayor.
Así mismo, también son aplicables las causales de pérdida de
investidura contenidas en el numeral 1 del Artículo 291 de la
Constitución, por la aceptación o desempeño de cargo público y la
prevista en el artículo 110, ibídem, relacionada con las contribuciones
a los partidos, movimientos o candidatos por parte de quienes
desempeñan funciones públicas.
2.5 INCURSIÓN EN EL RÉGIMEN DE INHABILIDADES COMO CAUSAL DE
PÉRDIDA DE INVESTIDURA.
Conforme se aprecia en el listado de causales de pérdida de
investidura no se incluye la incursión en el régimen de inhabilidades
como causal de pérdida de investidura para los diputados(as),
concejales(las) y miembros JAL, como si figura en el régimen de
pérdida de investidura de congresistas 43 .
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha llegado a la conclusión
que el hecho de incurrir los diputados y concejales en causal de
inhabilidad sí puede ser aplicada como causal de pérdida de
investidura, así la Ley 617 de 2000 no lo haya previsto de manera
expresa, con fundamento en otras normas de orden constitucional
y/o legal.
43 Artículo 183 de la C.P.

2.5.1.- Vigencia respecto de concejales(las).
La Sala Plena del Consejo de Estado 44 ha emitido diversos
pronunciamientos acerca del asunto, que en síntesis apuntan a que la
Ley 136 de 1994 reguló pormenorizadamente diversos aspectos
relacionados con la organización y funcionamiento de los municipios,
incluido lo concerniente a los Concejos Municipales y a los
Concejales, dentro de un contexto coherente y especializado, en
aspectos relativos a las calidades para desempeñar el cargo,
inhabilidades, pérdida de investidura, etc. Es así como en su Artículo
55 contempla como causal para este último efecto la violación del
régimen de inhabilidades.
Señala que si bien el Artículo 48 de la Ley 617 no la incluyó, no puede
concluirse que haya sido voluntad del legislador suprimir la causal en
lo concerniente a concejales pues en el numeral 6, ibídem, quedó
plasmada la posibilidad de que otras normas también pudieran
consagrar causales de pérdida de investidura para esta categoría de
servidores públicos,
También se argumenta que no debe perderse de vista que el artículo
96 de la Ley 617 de 2000 sobre “vigencia y derogatorias” no derogó
expresamente el artículo 55, numeral 1, de la Ley 136 de 1994 como sí
44 Sentencias de Sala Plena del 23 de julio de 2002, Expediente 2001 0183 01 (IJ-024) y del 10 de
septiembre de 2002, expediente Núm. IJ-0566 Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

lo hizo respecto de otras de sus disposiciones que inclusive habían sido
derogadas, a su vez, por normas posteriores como la Ley 177 de 1994,
entre otras. Y como nada se regula sobre ello y tampoco entraña
incompatibilidad con la nueva norma, no puede ser considerada
insubsistente.
También se acude al Artículo 72 del C.C., según la cual: “‘La
derogatoria tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen
sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las
disposiciones de la nueva ley’, teniendo en cuenta que el artículo 48
de la Ley 617 de 2000 no reguló de manera íntegra lo relacionado con
las causales de pérdida de investidura, no deben entenderse derogadas
las demás disposiciones alusivas al punto, pues a simple vista se
advierte que tal norma no agotó en su totalidad el tema, ya que
expresamente permitió que otras leyes también lo trataran,
organizaran o definieran, cuando en el numeral 6 dispuso que se
perdería la investidura: “por las demás causales expresamente
previstas en la ley”. Además también debe tenerse en cuenta que la
Ley 617 no derogó en su totalidad la Ley 136 de 1994 ya que en la
primera se señala que es modificatoria de la primera.
Por último, y analizado en su sentido lógico considera el C. de Edo. que
no tendría ningún sentido que algunas incompatibilidades y causales de
pérdida de investidura comparadas objetivamente con las de
inhabilidad resultan de menor trascendencia que las últimas y si
generan la aplicación de dicha figura.

Por todas las anteriores, razones acogidas por la Sección Primera 45
del Consejo de Estado, competente para conocer de las apelaciones
de las sentencias de pérdida de investidura tramitadas por los
tribunales, se concluye sin lugar a dudas que sí es procedente aplicar
como causal de pérdida de investidura la incursión en el régimen de
inhabilidades para concejales(las)
2.5.2.- Vigencia respecto de diputados(as).
La Sección 1ª del Consejo de Estado 46 ha dicho al respecto: “De tal
manera que no obstante que el artículo 48 de la Ley 617, en lo que
toca con los Diputados no consagró expresamente como causal de
pérdida de investidura la violación al régimen de inhabilidades, como
la violación de dicho régimen sí constituye causal de pérdida de
investidura para los Congresistas 47 lo es también para aquéllos en la
medida en que comparten dicho régimen, por la remisión que hace el
artículo 299 constitucional.”.
La anotada posición jurisprudencial de la Sección 1ª, también fue
reiterada en los siguientes términos 48 : “Trasladadas las anteriores
apreciaciones jurídicas (refiriéndose a las del fallo de 23 de abril de
45
Sentencia 23 de octubre de 2008, Sección 1ª, C.P. Dr.: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA,
Rad.: 19001-23-31-000-2008-00085-01(PI), Actor: PROCURADURIA 40 JUDICIAL ADMINISTRATIVA,
Demandado: MARIA HONORIA CHAMIZO CAMACHO.
46
Sentencia de 24 de abril de 2003; radicación número: 2002-01067-01(8705), consejero ponente
doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
47
Según el artículo 183 Constitucional: “Los congresistas perderán su investidura: 1. Por violación
del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses...”.
48
sentencia del 15 de mayo de 2003, expediente núm. 8707, consejera ponente doctora Olga Inés
Navarrete Barrero

2002 de Sala Plena antes citado) al caso de los diputados a las
asambleas departamentales, encuentra la Sala que no existe razón
alguna para considerar que la violación al régimen de inhabilidades
no constituya causal de Pérdida de la Investidura para estos
servidores públicos.” (Texto entre paréntesis no es del texto original)
En conclusión, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado antes reseñada, así la Ley 617 de 2000 en su Artículo 48 no
hubiera contemplado como causal de pérdida de investidura para
diputados, la violación del régimen de inhabilidades; de conformidad
con la Constitución Política en su Artículo 299 en concordancia con el
183-1 de la misma Carta, es procedente decretarla en los casos en
que se incurra en violación del mismo.
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y DE AUTOEVALUACIÓN
Con el fin de confrontar los conocimientos teóricos adquiridos, una
vez leído el anterior ensayo, proceda absolver el siguiente
cuestionario:
1.- Conforme a la naturaleza jurídica de la acción de pérdida de
investidura establezca diferencias con las demás acciones.
2.- A quien corresponde conocer de la acción de pérdida de
investidura de los diputados y concejales?

3.- Como debe proceder el juez o jueza, magistrado(a) ante una
demanda en la cual no se señala de manera clara la causal de pérdida
de investidura?.
4.- Oportunidad, término y contenido del auto de pruebas.
5.- Cuales son las causales constitucionales de pérdida de investidura
de miembros de corporaciones de elección popular territorial?
6.- Procede la acción de pérdida de investidura respecto de quien ha
incurrido en inhabilidades para desempeñar un cargo?
Con el fin de confrontar la posibilidad de aplicar en la práctica los
conocimientos adquiridos, una vez leído el anterior ensayo, proceda a
resolver los siguientes casos:
El señor PEDRO VALDEZ interpuso acción de pérdida de investidura
contra el señor FABIAN PÉREZ ya que en su concepto aunque renunció
a su condición de Diputado, esta no le fue aceptada en la forma de
ley, por tanto considera que está incurso en la causal de inasistencia
a más de cinco sesiones en las cuales se han votado proyectos de
ordenanza. La anterior solicitud fue decida por el Tribunal
Administrativo mediante fallo denegatorio, que se encuentra en 2ª
instancia en el Consejo de Estado.

Estando en curso la 2ª instancia el señor JAIME RODRÍGUEZ solicitó la
pérdida de investidura contra el señor FABIAN PÉREZ, con
fundamento en que no existe aceptación de renuncia válida en su
caso y que en consecuencia su inasistencia a las sesiones de la
asamblea configura la causal de pérdida de investidura.
De acuerdo con lo estudiado determine que cual sería el camino
adecuado, declarar que hay cosa juzgada e inhibirse o fallar de fondo
por no estar en firme la decisión, o cree que existe una tercera
opción en el caso?.
2.- El señor DAMIAN JAIMES solicita la pérdida de investidura de los
concejales del Municipio de la Pedrera, bajo la consideración de que
incurrieron en conflicto de intereses, al votar sobre un proyecto de
acuerdo que ordena la compra de unos lotes para destinarlos a
vivienda de interés social, dado que entre los dueños de los lotes se
encuentran parientes de los concejales en diferentes grados de
consaguinidad.
Se pueden acumular las pretensiones contra diferentes miembros del
concejo, o deben ser tramitadas de manera individual?