Segundo elemento constitutivo del Estado colombiano - Redalyc

c. La Consulta Popular
La Corte Constitucional ha definido la Consulta Popular como aquella
«posibilidad que tiene el gobernante de acudir ante el pueblo para sondear,
conocer y percibir expectativas y luego tomar una decisión».
En una más completa fórmula, la misma Corte la define como aquella
«opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre un
aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla
en acciones concretas», y complementa la noción al agregar sentenciosamente
que «El derecha de tada ciudadana a participar en las cansultas
papulares, hace parte del derecha fundamental a la participación en la canfarmación,
ejercicia y cantral del pader palítica», con lo cual destaca la importancia
que alIado de la noción comunidad ostenta individualmente cada ciudadano.
Por fuera de estas consideraciones, algunos" consideran que éste es el
mecanismo gubernamental más recurrido por los gobernantes autocráticos
como una forma de simular publicitariamente un carácter democrático que
no se ostenta.
De todas formas, es innegable que el ejercicio de esta forma participativa
depende de la vohmtad política del gobernante, pero bien puede mirarse
su bondad en el hecho de poderse utilizar por su parte como una forma de
decidir popularmente una controversia con el Congreso, asamblea, concejo
o comuna, según el caso, pues, como se desprende del artículo 56 de la
ley estatutaria, si el gobernante recibe un mayoritario y obligatorio respaldo
popular, ante la no adopción de la ley, ordenanza o acuerdo respectivo
por parte de aquellos organismos, él puede autorizar la decisión mediante
un decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, según
el caso.
El artículo 8 de la ley 134 precisa la figura al indicar que se trata de una
«pregunta de carácter general» que debe referirse a un asunto «de trascendencia»
y que se puede formular a consideración del pueblo, a nível
nacional, departamental, distrital, municipal o local, por su respectivo
gobernante, para lograr un pronunciamiento formal al respecto.
Por su parte, el artículo 52del estatuto exige que las mencionadas preguntas
deben redactarse con tal claridad que puedan contestarse con un «sí» o con un
«no».
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" OIAZ ARENAS, op. cit., p. 430.
REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 19: 224~272, 2003