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Pleno 29-03-2012
amortización de la operación de endeudamiento que se prevea concertar en el marco
del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero (que será como máximo de 10 años
de duración).
Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a aplicar las medidas
indicadas en el presente plan de ajuste
Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a remitir toda la
información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere
necesaria para el seguimiento del cumplimiento de este plan de ajuste, así como
cualquier otra información adicional que se considere precisa para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de deuda
pública y las obligaciones de pago a proveedores.
3.- Continúese con la tramitación correspondiente al expediente de prescripción de
obligaciones anteriores a 1 de enero de 2008 a que hace referencia la Resolución de
Presidencia de fecha 13 de marzo de 2012, al que habrá de unirse el de depuración de saldos
de operaciones no presupuestarias.”
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Diputada Delegada de Economía, Doña
Inmaculada Hernández Rodríguez quien expone que dada la grave situación de crisis por la
que atraviesa todo el país desde años atrás, los distintos gobiernos han intentado adoptar
medidas que en su mayor medida no han obtenido ningún tipo de resultado, y cuando ha
llegado el Partido Popular al Gobierno lo primero que ha hecho ha sido adoptar las medidas
oportunas para paliar esta crisis, sobre todo las que afectan a los pequeños empresarios, que
no cobran sus facturas, que se van almacenando en los cajones en la mayoría de las
entidades locales. Por ello una de las medidas que se ha adoptado es aprobar el RDL 4/2012,
por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales, así como del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo
para la financiación de pagos a proveedores. En definitiva lo que quiere el Gobierno de
Mariano Rajoy es terminar con las facturas almacenadas en los cajones. Los deberes no se
han hecho en estos años atrás; los ayuntamientos no han cumplido con sus obligaciones; la
crisis la está soportando la pequeña empresa y los proveedores, que no pueden hacer frente
a su trabajo diario porque la administración no les paga y dado que la administración local
no hace los deberes, se le impone este plan que a juicio nuestro es una decisión muy
acertada. Lo que impera en este plan es sacar todas las facturas pendientes, se hace una
relación, se certifica por la Intervención –cosa que ha hecho la Diputación de Granada- y esa
relación de facturas pendientes de pago asciende a 7.700.000 euros. Una vez que está
reconocida esa deuda, hay que pagarla, con fondos propios de la Diputación en este caso, o
acudir a una operación de tesorería a largo plazo, con dos años de carencia y a devolver en
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