CUADERNOS - FAES

16 

CUADERNOS 

de pensamiento político

Índice 

Octubre / Diciembre 

2007 16 

5 Nota editorial 

10 JOSÉ PEDRO PÉREZ-LLORCA 

Gabriel Cisneros: un político ejemplar 

19 JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO 

El sarcasmo de un godo 

31 MAX FALQUE 

La política medioambiental estadounidense: 

entre ruptura y continuismo 

55 JUAN VELARDE FUERTES 

Reflexiones sobre la situación económica española 

95 ROGELIO ALONSO 

¿Qué política antiterrorista frente a ETA? 

Lecciones desde la perspectiva comparada 

121 RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Reflexiones sobre la política exterior española 

145 FERNANDO PEREGRÍN GUTIÉRREZ 

Treinta años de Orientalismo. Crónica breve de un fraude intelectual 

y académico. 

165 JORGE USCATESCU BARRÓN 

Acerca de la nación: el caso de los EE.UU. 

191 JOSÉ J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

La voluntad de la mayoría. La filosofía política subyacente 

en la crisis constitucional española 

231 JOSÉ MARÍA LASSALLE 

Hamlet en Oxford: las encrucijadas liberales de Isaiah Berlin 

RESEÑAS 


de pensamiento político 

259 MIGUEL GIL: La libertad en la encrucijada (Samuel Gregg) 

261 MARIO RAMOS VERA: Tesis doctoral inédita de Melquíades Álvarez 

264 IVÁN GIL-MERINO DÍAZ: Rebelarse vende. El negocio de la contracultura 

(Joseph Health y Andrew Potter) 

266 GORKA ECHEVARRÍA ZUBELDIA. Himno (Ayn Rand)


de pensamiento político 

EDITA 

FAES: FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES 

PATRONATO 

PRESIDENTE: JOSÉ MARÍA AZNAR 

VICEPRESIDENTE: ÁNGEL ACEBES 

ESPERANZA AGUIRRE 

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS 

CARLOS ARAGONÉS 

JAVIER ARENAS 

RAFAEL ARIAS-SALGADO 

JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ DE CASTRO 

MIGUEL BOYER 

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PILAR DEL CASTILLO 

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GERARDO GALEOTE 

JAIME GARCÍA-LEGAZ 

LUIS DE GRANDES 

JUAN JOSÉ LUCAS 

JOSÉ MARÍA MARCO 

RODOLFO MARTÍN VILLA 

JAUME MATAS 

ANA MATO 

ABEL MATUTES 

PEDRO ANTONIO MARTÍN 

JAIME MAYOR OREJA 

VOCALES 

MERCEDES DE LA MERCED 

JORGE MORAGAS 

ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO 

EUGENIO NASARRE 

MARCELINO OREJA AGUIRRE 

ANA PALACIO 

ANA PASTOR 

JOSÉ PEDRO PÉREZ-LLORCA 

JOSEP PIQUÉ 

MARIANO RAJOY 

RODRIGO RATO* 

ALBERTO RECARTE 

CARLOS ROBLES PIQUER 

JOSÉ MANUEL ROMAY BECARÍA 

LUISA FERNANDA RUDÍ 

JAVIER RUPÉREZ 

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA 

ALFREDO TÍMERMANS 

ISABEL TOCINO 

BAUDILIO TOMÉ 

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA 

JUAN VELARDE 

ALEJO VIDAL-QUADRAS 

CELIA VILLALOBOS 

EDUARDO ZAPLANA 

JAVIER ZARZALEJOS 

SECRETARIO GENERAL: JAIME GARCÍA-LEGAZ 

*En la actualidad, en suspensión voluntaria de sus funciones 

DIRECTOR: JAVIER ZARZALEJOS 

REDACCIÓN: MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA NAVARRO, JOSÉ MANUEL DE TORRES 

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CUADERNOS de pensamiento político 

no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores 

ESTA REVISTA ES MIEMBRO 

DE LA ASOCIACIÓN DE REVISTAS CUL- 

TURALES DE ESPAÑA 

Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas para su difusión en 

bibliotecas, centros culturales y universidades de España, para la totalidad de los números editados en el año 2007

NOTA EDITORIAL 

C 

uando se pide o se acepta que se vote sobre algo se legitima cualquiera 

de las respuestas posibles. Contra lo que el Gobierno socialista 

afirma, la disputa fundamental de la legislatura no ha tenido 

lugar acerca de la conveniencia o no de aceptar un ámbito territorial de decisión 

u otro, ésta es en realidad una discusión de segundo orden. Lo que 

realmente ha apartado al Gobierno y sus socios de las posiciones que sostiene 

el Partido Popular no es el problema de quién decide, sino, antes, el 

problema de lo que se somete a decisión. No es una disputa sobre la distribución 

territorial del poder, que puede y debe abordarse como un asunto 

de técnica jurídico-política cuando existe lealtad institucional, respeto por 

las instituciones y sentido de Estado, como muestra el ejemplo alemán, 

sino una disputa sobre los límites del poder, la independencia de las instituciones 

y el respeto por las normas vigentes. Es una diferente concepción 

del poder público y de las tareas del Estado, un aprecio distinto por el pluralismo 

y una manera diferente de entender la inviolabilidad de los derechos 

fundamentales. 

Hace un año, el Presidente del Gobierno mostró la verdadera naturaleza 

del supuesto debate territorial cuando comentó la agresión que sufrió 

el Secretario General del Partido Popular en Martorell al afirmar que él se 

“sentía muy feliz y muy cómodo en Cataluña, no como otros”, agradeció 

“a la gran mayoría de los catalanes y de sus fuerzas políticas” su apoyo a la 

negociación con ETA, afirmó que iba a dar “un empujón a Cataluña en infraestructuras, 

en trenes de cercanías” y, tras agitar bien todos esos ingredientes, 

pidió el voto para la “Cataluña social”. De nuevo, un año más tarde, 

OCTUBRE / DICIEMBRE 2007 5


las amenazas de muerte vertidas contra miembros del Partido Popular en 

Cataluña han sido presentadas como parte de una mera diferencia de pareceres 

sobre el Estatut o sobre el Estado autonómico, y no como lo que 

realmente son, una manifestación más de que quienes pretenden la ruptura 

del modelo territorial constitucional son invariablemente quienes vulneran 

los derechos fundamentales y creen que se puede legitimar 

“democráticamente” esa violación, o quienes la amparan o la disculpan. 

El pluralismo político es el concepto que justifica la existencia de un 

sistema, un conjunto de instituciones, normas, usos y actores que permite 

diversas orientaciones, una de las cuales es elegida y posterga reversible y 

transitoriamente, pero no anula definitivamente ni vulnera, a otras posibles. 

Un programa político alude a la definición de un proyecto coherente 

con nuestro modo personal (uno entre muchos) de entender la vida política. 

La defensa de las instituciones que realiza el PP es considerada por el 

Gobierno como la exhibición de un programa, mientras que el Gobierno 

no ha dudado en forzar las instituciones en su provecho, como si alcanzar 

una mayoría relativa en unas elecciones legislativas bastara para considerarse 

investido de un poder absoluto e irreversible. La machacona reiteración 

con la que el Gobierno desprecia por antidemócratas a quienes no 

“se suman a la mayoría” que él promueve, es una manifestación más de 

esta mentalidad. 

En relación con la aplicación de ley de partidos a ANV –seguramente 

el ejemplo más dramático de la incapacidad para comprender el valor de 

la ley y de la libertad y lo que realmente puede o no hacer una mayoría 

electoral–, el Fiscal General del Estado afirmó dos cosas: a.) que el hecho 

de que un partido político reciba votos lo legitima y lo convalida, sin que 

sea necesaria consideración ética alguna sobre lo que ese partido pretende 

o hace además de recibir votos; b.) puesto que no procede consideración 

ética alguna sobre los objetivos para los que se solicita el voto ni sobre lo 

que se hace además de concurrir a elecciones (por ejemplo impedir que 

éstas sean libres), cuando alguien no puede presentarse a las elecciones lo 

razonable es que persiga esos mismos objetivos mediante la violencia. 

6 OCTUBRE / DICIEMBRE 2007


El problema es que los votos no sustituyen a la violencia sino que son 

su resultado: durante años, ETA-Batasuna tuvo representación parlamentaria 

y a la vez asesinaba cuanto podía, pero su ilegalización fue acompañada 

por el descenso de la violencia etarra. El Fiscal General, al establecer 

el mero respaldo electoral como criterio de validación de las ideas ha ido 

mucho más allá de su función y ha negado la esencia de la democracia liberal 

a la que debiera servir, que se distingue porque en ella hay cosas que 

son intocables aun para quien obtuviera todos los votos posibles, como la 

vida y la libertad de la gente. Sobre eso los votos no tienen nada que decir, 

por numerosos que sean. La arbitrariedad que el Gobierno ha mostrado, 

la utilización a capricho de la ley, ha fortalecido dramáticamente a ETA 

y a quienes la sirven, que han podido comprobar una vez más que la vigencia 

del Estado de derecho es casi una ficción cuando gobierna el 

PSOE. 

Si la ley de partidos tuvo éxito fue precisamente porque identificaba nítidamente 

a quienes se hacen pasar por demócratas sólo porque tienen 

votos, cuando en realidad trabajan por la liquidación del sistema y obtienen 

los votos mediante la creación de condiciones electorales excepcionales 

basadas en el terror. No se pierde el derecho al voto cuando no se 

puede votar a un partido ilegal, porque ese derecho no existe. Y, sin embargo, 

ése parece ser el único motivo alegado para no instar la ilegalización 

de ANV o para referirse a otros casos de violencia política, que hay gente 

que la vota. Pero en presencia de ese argumento, cualquier acción judicial 

destinada a suspender las actividades de ANV será irremediablemente reputada 

como una decisión del Gobierno que puede revertirse si conviene 

hacerlo. 

La paz o la libertad no pueden figurar en un programa electoral, ni pueden 

presentarse como el resultado deseable de un proceso de negociación, 

sino que deben encontrarse antes de él. Si ellas no están asentadas, no 

puede haber democracia, ellas hacen posible el diálogo, y ni el diálogo ni 

la expresión libre de una opinión son posibles cuando no existen. En ausencia 

suya, sólo hay amenaza, chantaje y violencia, y cuanto nazca de una 

transacción que se desarrolla en esas circunstancias será necesariamente 

injusto, premiará al fuerte y castigará al débil; remunerará a quien hace cre- 



íble el asesinato y penará a quienes no sólo no han ejercido la violencia 

sino que se han esforzado para que nadie la ejerciera. 

La absurda agenda del Gobierno, centrada en discutir las bases del sistema 

político y autista ante los asuntos realmente acuciantes, ha pretendido 

hacer creer a los españoles que situarse plácidamente al margen de las corrientes 

económicas, políticas y sociales que impulsan el mundo no tiene 

consecuencia alguna sobre su vida cotidiana. Pero las consecuencias llegan: 

los fundamentos de la economía se debilitan; los terroristas realizan 

los beneficios de la legislatura y se disponen subir el precio porque creen 

que este Gobierno pagará lo que se le pida –ésa es la razón de la ruptura 

de la tregua, la convicción de que la violencia seguirá rindiendo dividendos, 

que es exactamente lo opuesto a lo que afirmó ETA sobre la política antiterrorista 

del PP–, España es despreciada por quienes antes la respetaban 

y pierde mercados y fuentes de abastecimiento y los problemas que Rodríguez 

Zapatero pretendía disolver o “desanudar” se han enconado hasta 

extremos inimaginables. Y lo peor es que los instrumentos que nos habrían 

permitido encararlos eficazmente han sido desacreditados y dañados. 

Desde las páginas de la que fue su revista, queremos rendir tributo a 

Gabriel Cisneros, patrono de la Fundación recientemente desaparecido, y 

sumarnos al homenaje público que su trayectoria vital e intelectual se merece. 

Para ello, José Pedro Pérez-Llorca nos ha escrito un sentido In memoriam: 

“Gabriel Cisneros: un político ejemplar”. 

El número 16 de Cuadernos de Pensamiento Políticos se completa con las 

destacadas colaboraciones de los siguientes autores: José Jiménez Lozano 

(“El sarcasmo de un godo”), Max Falque (“La política medioambiental estadounidense: 

entre ruptura y continuismo”), Juan Velarde Fuertes (“Reflexiones 

sobre la situación económica española”), Rogelio Alonso (“¿Qué 

política antiterrorista frente a ETA? Lecciones desde la perspectiva comparada”), 

Rafael Arias-Salgado Montalvo (“Reflexiones sobre la política exterior 

española”), Fernando Peregrín Gutiérrez (“Treinta años de 

Orientalismo. Crónica breve de un fraude intelectual y académico”), Jorge 

Uscatescu Barrón (“Acerca de la nación: el caso de los EE.UU.”), José J. 

Jiménez Sánchez (“La voluntad de la mayoría. La filosofía política subya- 



cente en la crisis constitucional española”), José María Lassalle (“Hamlet en 

Oxford: las encrucijadas liberales de Isaiah Berlin”). 

Además se reseñan los siguientes libros: La libertad en la encrucijada (Samuel 

Gregg) por Miguel Gil; la Tesis doctoral inédita de Melquíades Álvarez, 

por Mario Ramos Vera; Rebelarse vende: El negocio de la contracultura (Joseph 

Health y Andrew Potter), por Iván Gil-Merino Díaz, y finalmente, Himno 

(Ayn Rand), por Gorka Echevarría Zubeldia. 



JOSÉ PEDRO PÉREZ-LLORCA 

In memoriam 

GABRIEL CISNEROS: 

UN POLÍTICO EJEMPLAR 

El recuerdo de una personalidad tan extraordinaria, como fue la de 

Gabriel Cisneros Laborda, adquiere profundidad y enriquece su paleta 

cromática con el paso del poco tiempo transcurrido desde que 

nos dejó. La noticia de la muerte de un amigo muy querido, como fue 

Gaby, sin ser inesperada en este caso, tiene siempre algo de más repentino 

y subitáneo que cualquiera otra. Es como un fulgor, que produce al recibirse 

una sacudida, una conmoción del ánimo en la que los perfiles del recuerdo 

de la persona que se acaba de ir se dibujan en la mente con algo de 

un estallido. Es como un fuego artificial y produce el mismo efecto que 

éste en la retina. Se traza un perfil de luz que queda en la mente, como en 

el ojo queda unos segundos el resplandor del cohete y su explosión. Esto 

corresponde, imagino, a la sacudida que se produce en nuestro organismo 

al recibir una novedad tan emocionalmente impactante. Eso fue en primer 

lugar Gaby para mí, un amigo muy querido, y el primer impacto de la noticia 

de su muerte produjo exactamente esos efectos. 

Digo esto porque de esa primera impresión ya dejé constancia escrita 

en un artículo, que un periódico de la mañana tuvo la bondad de pedirme 

y de publicar al día siguiente de su fallecimiento. 

José Pedro Pérez-Llorca es abogado. Ex Ministro de Asuntos Exteriores. Del Patronato de la Fundación. 


GABRIEL CISNEROS: UN POLÍTICO EJEMPLAR / JOSÉ PEDRO PÉREZ-LLORCA 

No sé si el tiempo todo lo cura. Esto siempre está por ver. Lo que es evidente 

es que su paso, el del tiempo, nos otorga perspectiva y produce un 

efecto que tiene algo de bálsamo, aunque no sea precisamente el de Fierabrás. 

En todo caso, el tiempo transcurrido y el sosiego que siempre aporta 

me permitirán, espero, serenar mi pluma y trazar una evocación más completa 

de la riquísima personalidad de Gabriel Cisneros. 

Quiero referirme en primer lugar al excepcional talento literario de 

Gaby. Se dio a conocer por unas sabrosas crónicas juveniles en el diario 

Pueblo. Desde entonces ya mostró una calidad literaria y un buen estilo de 

escribir, de relatar, de decir, pensando en uno de sus silencios elocuentes, 

diría que hasta de callar elegantemente, que le acompañaron toda su vida. 

El buen castellano y la expresión atinada no es que fueran en él una 

cualidad, que también, sino segunda naturaleza. Percibía, pensaba y yo creo 

que hasta respiraba y vivía en esa riqueza del lenguaje. Ni tan siquiera en 

los momentos digamos más coloquiales de la vida le abandonaba su comedida 

manera de expresarse, ni él la abandonaba tampoco. No recuerdo 

haberle oído nunca una expresión chocarrera ni vulgar, ni siquiera una grosería. 

La corrección y riqueza del lenguaje no hacían sino reflejar la ponderación 

y equilibrio de sus juicios, que, cuando eran negativos, y en 

muchas ocasiones no le quedaba otro remedio que tenerlos, expresaba 

siempre con sobriedad, moderación, serenidad y buenas maneras. Todo 

ello sin pizca de atildamiento ni asomo alguno de cursilería, a la cual era 

refractario en todas sus dimensiones. 

No sé bien de dónde le venía ese magnífico venero de su buen castellano, 

porque Gaby tenía, entre otras cosas, el supremo buen gusto de no 

hablar casi nada de sí mismo en público ni en privado, rasgo éste que le distinguía 

y enaltecía sobremanera, en el universo de vanidosos que, entre 

otras cosas, es la sociedad actual. Sí sé de su ingente cultura literaria, que, 

acompañada de una memoria feliz, le permitía armar un aparato de citas 

para cada ocasión y momento cuando le daba la gana y sin un átomo de 

pedantería. Su conocimiento de nuestros clásicos en general y de Cervantes 

en particular era asombroso. Cuando quería, y no quería nunca en público, 

sacaba una cita del Quijote. 



Pero no una cita de una frase, podía ser hasta de página y media. Tan 

es esto así, que en una ocasión nos escribió en un papel un largo texto que 

le brotó de repente, para que comprobáramos su absoluta fidelidad. Era 

efectivamente exacto. 

Denotaba esto un extraordinario caudal de lecturas en su adolescencia 

y juventud y un hábito, el de la lectura, que jamás abandonó. Antiguamente 

en España, y aún hoy en otras latitudes, del que leía mucho se decía que 

“se cultivaba”, es decir, que era culto. Era algo que no estaba tan mal visto 

como ahora. 

Cisneros era un hombre culto. Aunque era consciente del “handicap” que 

esto puede suponer en la actualidad en muchos sectores de la vida nacional 

si esa circunstancia llega a saberse, no lo disimulaba porque era consustancial 

a su persona, aunque sabía eludirlo cuando resultaba estrictamente necesario. 

Con este bagaje fue desde joven un excelente escritor y articulista. 

Escribía a mano, “tengo pendientes mis escrituras”, solía decir, pero, si 

se terciaba, podía dictar la crónica al teléfono sin apoyo textual alguno. En 

alguna ocasión lo pude comprobar. Íbamos de viaje en coche, yo al volante, 

y allí le oí dictar un largo artículo con sus negrillas, puntos, comas y 

comillas, sin equivocarse ni una sola vez. O sea, que lo tenía entero en la 

cabeza. Así dicen que lo hacían los grandes del periodismo cuando no existían 

los artilugios de ahora. 

Era un hombre inteligente y trabajador. No eludió el trance generacional 

de las oposiciones que superó brillantemente y comenzó su vida profesional 

a caballo entre la burocracia y las letras. Fueron éstas, las letras, las 

que pavimentaron su paso a la política. 

Varios presidentes del gobierno pidieron el auxilio de su pluma, que el 

otorgó siempre como el hombre generoso que era. Cisneros era realmente 

generoso con sus talentos, su tiempo, su consejo y su amistad. 

En la Tribuna fue un orador brillante, eficaz, moderado y respetuoso. 

Aunque escribió discursos para otros, no escribía los suyos. No le hacía 



falta. Los llevaba en la cabeza y en la réplica fluían con rapidez y facilidad. 

En el “mitin” sabía ser eficaz pero le horrorizaban la repetición, la demagogia 

y el latiguillo. Sabía enfrentarse con brillo a cualquier circunstancia 

prevista o imprevista en que tuviera que hablar en público, pero este género 

de la oratoria electoral no era su favorito. Pienso que en esto también habría 

que alabarle el gusto. 

Extraordinariamente eficaz en la controversia, supo abordar la modalidad 

de la tertulia radiofónica y televisiva, dignificándola y amenizándola. 

Nunca ocultó lo que fue su adolescencia, casi infancia, política, que no 

en otros términos se puede describir aquel primer impulso de su remoto 

pasado juvenil. Esto, tratándose de tan poca cosa y en una generación en 

la que tantos han dado en proclamarse antifranquistas con carácter retroactivo 

o retrospectivo, sin respeto alguno a sus propias biografías ni a la memoria 

de las gentes, creo que también le enaltecía sobremanera. Cisneros 

en su vida política adulta actuó siempre como un demócrata y supo serlo 

de verdad, sin ínfulas, jeribeques, falseamientos ni complejos. 

Su trabajo político ha sido singularmente fecundo. Pocos tienen su ejecutoria. 

Ponente de la Constitución, brilló con luz propia en las largas horas 

de su elaboración y en los debates parlamentarios correspondientes. Supo 

ser hombre de consenso, cuando lo juzgó preciso, consciente de la necesidad 

histórica de aquel paso, como de sus costes y de las luces, sombras 

y errores de lo que resultó. Es decir, que nunca tuvo ese simplismo papanata 

y acrítico que durante un tiempo reinó. 

Su trabajo siempre se relacionó con el Parlamento, incluso cuando tuvo 

cargos políticos. Gaby fue Director General, Subsecretario y Secretario de 

Estado siempre en el área de las Relaciones con las Cortes. 

Vuelto al Parlamento y sólo al Parlamento, allí hizo de todo y lo hizo muy 

bien. Tanta era su experiencia política que, entre otras cosas, anunciaba las 

crisis ministeriales por una especial sensación que le sobrevenía en las articulaciones. 

Una larga vida política sin crear enemigos. Nada es tan elocuente 

como ese dato que dice mucho de su caballerosidad y bonhomía. 



Creo conocer sus reflexiones más profundas sobre el devenir de España 

frente a las fuerzas centrífugas. No eran nada halagüeñas, aunque no tan pesimistas 

como las que alberga el que suscribe. 

Gaby, un hombre lúcido, siempre se dejaba guiar por su carácter optimista 

y vital y guardaba esperanzas, cada vez más tenues, de que la cosa 

aún podría tener remedio. No puedo resistir la tentación de decir que en 

nuestras conversaciones, que siempre incluían este capítulo, él calificaba 

mi posición de “más sombría”. Efectivamente, uno tiende a pensar que en 

este trascendental asunto hemos pasado el punto de no retorno, por lo que 

ya no cabría pensar en esta cuestión sino en términos de “certus an incertus 

quando”. La pregunta que uno tiende a hacerse, y que él también se 

formulaba, estribaría más bien en el cómo y acerca de cuántos y cuáles 

serán los fragmentos. Concordábamos ambos en que si esto ocurre, y 

puede ocurrir a la menor crisis, a la más tenue de las tosecillas políticas o 

económicas que experimente nuestro cuerpo social, además de ese inmenso 

fracaso, toda la armazón institucional existente se puede venir abajo 

como un castillo de naipes. 

Fue un hombre leal, a la Corona y a quien la encarna, a la extinta formación 

política a la que él y yo pertenecimos, al Partido Popular, a los presidentes 

y los gobiernos con los que colaboró políticamente y a sus grupos 

parlamentarios, en los que fue una figura clave. Sirvió como pocos al Parlamento, 

fue también leal con la oposición y con los gobiernos a los que se 

opuso. Fue leal a sus ideas, a sus amigos a la democracia y a España. 

Demócrata, allá donde los haya, era consciente de que este sistema nos 

exige aceptar la legitimidad de gobiernos que no gustan, si respetan los límites 

constitucionales y las convocatorias electorales y a condición, lo dijo 

él magistralmente en una ocasión, de la reversibilidad de las decisiones. 

Ésta es la más importante, la mayor grandeza del sistema democrático y 

Gaby supo siempre estar a su altura. 

Era un hombre profundamente liberal. Su formación literaria e histórica, 

su creencia en el Parlamento, su respeto a los demás, su cortesía en la expresión 

y el trato, su confianza en la palabra, su preocupación por los es- 



pañoles y por España. Todo esto configura el eje de la personalidad y el político 

liberal que era. Más liberal aun porque no nació políticamente siéndolo 

y porque lo supo ser a su manera. Pienso que el más auténtico liberal 

no nace sino que se hace y lo es siempre a su manera. 

Fue un auténtico patriota, desde luego sin un sólo gramo de hojalata. 

A Gabriel Cisneros no le interesó nunca demasiado la economía, yo 

diría que en ninguna de sus manifestaciones. En eso quizás no era del todo 

de estos tiempos. Podría haber sido un noventayochista, un político de la 

Restauración o incluso del romanticismo, o hasta un ilustrado. 

Supo sin embargo vivir plenamente su época e incluso tener en el inicio 

y desarrollo del período histórico que vivimos un papel relevante como 

pocos. Como ya ha quedado dicho, abrigaba sus dudas sobre cómo se remataría 

esta etapa en lo territorial y con ello cuál sería el resultado final del 

proceso y a la postre su enjuiciamiento histórico definitivo. No será el que 

esto escribe quien piense que pudieran ser exageradas sus aprensiones. 

A las puertas de la muerte lo pusieron los asesinos de ETA. Supo, con 

su rapidez de reflejos y su agilidad corporal, salvarse de un secuestro. Los 

dos tiros que le descerrajaron estuvieron a punto de acabar con él. Venció 

en esta batalla suprema, se reestableció y ocupó de nuevo su lugar en la 

lucha política a través de la palabra. 

El sistema no fue suficientemente generoso con él. No se le tributó en 

vida el homenaje que se merecía. Él, por su parte, nunca quiso sacar ventaja 

o provecho de aquel gravísimo episodio. 

Luchó con su mal con lucidez, dignidad, denuedo y estoicismo. Estuvo 

en la trinchera hasta el final. 

Fue un hombre inteligente, leal, trabajador, culto, amable y honrado. 

Un político ejemplar y un hombre de bien. No exagero nada. Difícil será 

encontrar personas de su calidad, capacidad, entrega y experiencia. Con él 

y con Rodrigo Uría, que le precedió unos días en su marcha, tan distintos 



pero ninguno de ellos distante en el afecto, se me han ido este verano dos 

referentes vitales y probablemente algo de mí mismo. Debe de ser verdad 

lo que dice la copla de cuando un amigo se va. 


JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO 

EL SARCASMO DE UN GODO* 

Hay en una página de la novela de Joseph Roth, El busto del emperador, 

una lacerante escena en la que una especie de banquero, beneficiario 

de la caída del Imperio Austriaco hasta el punto de que ha 

comprado las joyas de la familia imperial, representa con sus amigos, igualmente 

eufóricos de que ya no quede en aquel mundo otra cosa que el dinero, 

y convertidos en bufones para celebrarlo, una farsa de subasta de la 

corona del emperador que lleva en su cabeza mientras baila, en un cabaret 

suizo. Y entonces el protagonista de la historia, un decidido partidario 

y convencido de la gran construcción política que era el Imperio, y que 

comprueba que, efectivamente, se ha venido abajo, y que se han convertido 

en crimen y vergüenza el nombre y la figura del emperador, al que 

había hospedado en su propia casa, comprende que la armonía del viejo 

mundo ha acabado y que la barbarie se ha presentado en forma de nacionalismos. 

Pero decide vivir como en sueños, vistiendo su viejo uniforme 

militar y saludando al busto del emperador, que instala en su jardín a la 

puerta de su casa, hasta que recibe la orden del gobierno, ahora polaco, de 

quitar de allí aquel busto. Y decide, entonces, juntamente con todo el pueblo, 

enterrarlo con unos solemnes funerales. Sabe perfectamente que las 

civilizaciones y culturas, que son construcciones humanas, también mueren, 

y sólo trata de que en este caso acaben con dignidad, al menos. 

José Jiménez Lozano, Escritor y Premio Cervantes. 

* Este texto, revisado por el autor, recoge su conferencia “Occidente”, pronunciada en el Campus 

FAES dentro del curso “Reinventar Occidente” (Navacerrada, 3 de julio de 2007) 


EL SARCASMO DE UN GODO / JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO 

Y todavía podríamos poner los ojos sobre otra escena de otra novela, 

El puente sobre el Drina de Ivo Andric, en la que se averigua que en el puente 

precisamente, centro de la ciudad y de la vida de los hombres y mujeres 

cuya historia se narra, se ha instalado un cordón de dinamita que permita 

volarlo si es necesario, de manera que ya la historia no será la misma nunca 

más, puesto que se cuenta con la voladura del puente. Se pasa a otro 

tiempo, y a otra historia; y ambas escenas me parece que en gran medida 

evocan la situación de Europa en este momento, y esto en medio de la 

melancolía, las aprensiones y los temores de algunos y la alegría de lo 

nuevo para los muchos, pero lo cierto es que no sabemos si va a haber más 

tiempo, y si va a haber más Europa, o más algo. Y de tal manera angustia 

esto a los emperadores del mundo nuevo, que está prohibido tener tales 

pensamientos. Pero será preciso antes que nada decir qué es lo que entendemos 

cuando decimos Europa, o decimos Occidente, y queremos decir 

“el mundo entero”, en resumidas cuentas. 

Los cafés –escribía George Steiner en vísperas de las elecciones europeas 

de 2005 para refrendar la nueva Constitución europea– son un rasgo 

característico de Europa. Van del establecimiento preferido de Pessoa, en 

Lisboa, a los cafés de Odessa donde todavía se siente la presencia de los 

gángsters de Isaac Babel. Se extienden desde los cafés de Copenhague, ante 

los cuales pasaba Kierkegaard durante sus paseos meditabundos, a los mostradores 

de Palermo. No hay cafés antiguos o característicos en Moscú, 

que es ya un suburbio asiático. Hay muy pocos en Inglaterra, luego de una 

moda efímera en el siglo XVIII. No hay ninguno en América del Norte, con 

excepción de esa sucursal francesa que es Nueva Orleáns. Si uno dibuja el 

mapa de los cafés obtendrá una de las referencias esenciales de la “noción 

de Europa”. 

Y ciertamente que es así, pero en África, en la América Hispana, Asia 

u Oceanía está por lo menos la cafetería de los aeropuertos, y allí están el 

Occidente y la vieja Europa, algún aroma del fondo del vaso del racionalismo, 

o de la conversación civilizada y libre europea, hay allí. 

Y no hay en esta última afirmación ni rastro de esa especie de orgullo 

eurocentrista, que naturalmente se ha dado de manera abundante, sino una 



realidad, una cuestión de “autoridades de naturaleza” que decía Pascal; realidades 

objetivas que nos obligan a ser reconocidas por su propia presencia 

y signos externos, mientras las autoridades convenidas o construidas, 

con que se trataría de sustituirlas, son negación de realidad y mero nominalismo 

y accidentalidad de acuerdos, o imposiciones. Y no se necesita 

ningún acuerdo, desde luego, para comprobar que la manera de ver el 

mundo, el modo de estar instalados en él y de actuar en él occidentales 

han sido prevalentes por doquier, y en todos los planos de cosas, incluida 

la desgracia de la guerra. Porque cada vez que Occidente ha tenido que 

defenderse de sus enemigos, y casi siempre en situaciones de inferioridad 

material, ha ganado incluso en virtud de un manejo de la fuerza bruta muy 

superior al de sus enemigos, gracias a un dato de su conciencia: el convencimiento 

absoluto de que sus modos de entender el mundo, de vivir en 

él, y de su misma organización política, merecen ser defendidos para las generaciones 

futuras más que la vida misma. Y esto desde Salamina y Poitiers, 

pasando por Tenochtitlán y Lepanto, hasta Midway y Tet. Los europeos 

habían integrado en la razón instrumental el uso mismo de la brutalidad en 

la guerra, y se hallaban frente a sus enemigos en la situación que Heródoto 

explicaba a los bárbaros, al decirles que ellos, los bárbaros, no comprendían 

por qué los griegos enterraban a sus muertos, pero los griegos sí sabían por 

qué lo hacían, y también por qué los bárbaros se los comían. Y, por ese 

mismo manejo superior hasta de la brutalidad, las guerras entre europeos 

han sido también las más bárbaras de todas. 

Obviamente entonces, y por esta razón misma, Occidente ha estado 

siempre necesitado del recuerdo de la “hybris” griega para que no se crea 

inmortal como los dioses, y necesitado está igualmente de esas reflexiones 

y contraste que Pascal ha dedicado a la condición de los grandes de este 

mundo para que no tomen su condición de grandeza como natural, sino 

como establecida por los mil accidentes de la historia, como la propia condición 

de los reyes, decía él, se debe no a singularidad de la naturaleza, 

sino a los mil azares de la historia común humana, que también puede 

jugar en sentido contrario y atraer la ruina. Y lo que hay que decir es que 

Occidente mismo ha segregado este antídoto en su propia cultura contra 

su soberbia, y la depredación que ella ha producido a veces, y contra el 

peligro de su sentido umbilical o de centro del universo mundo. 



Muy tempranamente fue avisado, pero pasaron tantas cosas en Europa 

que, ya es notable que, mientras un frailecillo español, hoy convertido desgraciadamente 

en martillo y escoba de ideología, como fray Bartolomé de 

las Casas, advertía al César Carlos, Señor de Europa y de los nuevos territorios 

de las Indias Occidentales, que sus nativos, recién descubiertos, eran 

hombres, trescientos y cuatrocientos años después, Marx, Freud, Nietzsche, 

y la constelación entera de las grandes mentes europeas que meditaron 

sobre la historia y su destino o sobre la naturaleza humana, ni se percataron 

de que había más hombres en el mundo que los europeos, y más historias, 

pensares y sentires de hombre que los que ellos manejaron para 

construir su pensamiento y sus resoluciones universales. 

Y, sin embargo, la razón de esto era tan sencilla como que al frailecillo 

se le ocurría esa advertencia porque era cristiano, y si ciertamente Aristóteles 

le había enseñado a pensar, era la Biblia la que le había descubierto 

esa humanidad en los indios, y por eso quería que como tales fueran tratados, 

y fueran beneficiarios por lo tanto de las instituciones de la romanidad. 

Y, por el contrario, aquellas grandes mentes, de las que hablaba, ya 

tenían a esa Biblia por una leyenda. Ya vivían en el tiempo nuevo de Europa, 

abierto con la Revolución Francesa, que comenzó disparando a los 

relojes públicos para anunciarlo, y concluyó por convertir todo el valor humano, 

que es decir la condición de persona, que era una condición ontológica 

y sagrada de cada individuo de la especie, en mera condición 

republicana y ciudadana, mera denominación convenida al fin y al cabo. Y, 

más tarde aún, llegaría el otro rebajamiento del darwinismo filosófico, o 

conversión de esa persona humana y de la condición ciudadana como sujeto 

de derechos en mera individuación física dentro de la clase de primates 

superiores. 

De manera que todo el universo cultural europeo, y el del mundo entero, 

resultaba no sólo irrelevante, sino un amasijo de ridículas supersticiones, 

o “leyenda antropológica”, como se definía ahora la cultura entera, 

y quedaba mudo y sin significatividad alguna; y reducidos quedaron los 

asuntos de la comunidad humana a una cuestión práctica de selección, alimentación, 

sanidad, reproducción y control de mortandad o sacrificio 

anestesiado, propios de una granja productiva y rentable. Y así Occidente, 



que desciende de Atenas, Jerusalén y Roma, aquí viene a parar. Y, si lo deseamos, 

podemos contemplar las estaciones intermedias, desde la filosofía 

a la ciencia, pasando por el arte y la literatura. Pero seguramente es suficiente 

que conversemos un instante con cualquiera de las gentes retratadas 

por Memling hace quinientos años, todas ellas un individuo inefable y diferente 

que nos dice muchas cosas, y luego tratemos de aproximarnos a 

cualquiera también de las otras gentes igualmente retratadas pero hace solamente 

unas décadas, y a las que ya no podemos ni reconocer como humanas, 

porque son “caras verdes, cuerpos de madera”, que dice el crítico 

de arte Enrique Andrés. Porque “aquella encarnación, con su inefabilidad 

y todo, fue olvidada y toda carne tomada como un cuerpo objetivo, o sea, 

una cosa echada en el espacio y disponible al uso de la voluntad libérrima. 

Sólo objetos plásticos moldeables a voluntad, dijeron los artistas encontrar 

donde antes hubo sangre, alma y huesos”. 

Pero el caso es que ya estamos en esta “Estación Término” y final de trayecto 

de hombre e historia, incluso en la práctica más realista de los campos 

de muerte de los dos grandes totalitarismos, que imitaron aquellos juegos 

plásticos no en pintura, sino en deconstrucción de carne y sangre verdaderas. 

Y no sólo fueron éstas prácticas de ellos, sino también de las democracias 

vencedoras que también alzaron campos similares, y por ellos subió el 

contagio hasta los laboratorios científicos de estas democracias otrora esperanzadores 

sistemas de convivencia y de realización humana, y ahora en 

muy grave peligro, me parece. Europa es su ámbito pero ya no se reconocen. 

O reniegan de ser sí mismas, no sólo de su origen. Podríamos decir que 

Europa perdía incluso la conciencia cultural que era específicamente la herencia 

romana, o “vía romana” como la ha llamado Rémi Brague. Es decir, 

que “ser romano es tener, aguas arriba de sí, un clasicismo que imitar y, aguas 

abajo, una barbarie que someter”; y con la pérdida de esta conciencia ya se 

entraba en la disolución general de toda diferencia y en la irrelevancia de 

todo, que la modernidad conlleva. Aunque no será porque esta estancia de 

la ceguera y del reniego, o, más bien, de la disolución, como digo, y del nihilismo 

total y satisfecho, no estuviera avisada. 

El listado que pudiéramos hacer de estos advertidores sería demasiado 

largo, y sus advertencias fueron tan claras y minuciosas que nos parece que 



no podrían haber dejado de ser atendidas; pero estamos en tiempo de hermenéutica 

en el que la realidad no es lo que es, sino lo que decimos que es, 

y tenemos un estúpido vocabulario y una gramática infecta para nombrarla, 

y no ya la gramática de Orwell que estuviera recién inventada, porque Tucídides 

ya prevenía contra ella como encubridora del desastre y del crimen. 

Porque es, ciertamente, desde tiempo muy lejano desde el que se nos 

viene advirtiendo; y podríamos citar “ad exemplum” desde las cortantes 

fórmulas del Maquiavelo que asiste a la ruptura total entre ética y política, 

y cree que no podrá haber en adelante en el Estado sino simulacros de la 

vieja justicia romana, hasta el Baudelaire que retaba “a todo hombre pensante 

a que me muestre qué queda de vida”, aunque, “la ruina generalizada 

no se mostrará únicamente o de manera especial por las instituciones políticas 

o por el progreso generalizado o como se llame. Se mostrará en la 

bajeza de los corazones”; y, descorazonado y sarcástico, Flaubert definirá 

la evolución de Occidente en tres etapas muy netas: “Paganismo, cristianismo, 

e idiotismo”. 

Pero resumiré, en cualquier caso, el asunto de manera más académica 

aunque no menos afilada, citando, como lo hace Karl Lowith en su discusión 

de la trágica crisis occidental de que hablamos, el Anuario para el movimiento 

intelectual que se publica en los círculos de Stephan George, en 

1912, bastante antes de la otra estancia de irrisión y liquidación de la cultura 

del tiempo de entreguerras, que fue tan exitosa y concluyó por ser “la 

ley y los profetas” de la modernidad de hoy: la transgresión y el espectáculo 

de la taberna, en la novela de Roth. 

“Ni siquiera una vista ya nublada –se dice allí– puede ignorar la tristeza 

general que se extiende, a pesar de todas las mejoras, comodidades y diversiones, 

y que sugiere la comparación con el imperio romano tardío. Desde 

el emperador hasta el último trabajador, todo el mundo sabe, y lo admite, que 

esto así no puede seguir, al menos en cuanto a los ámbitos que no le afectan 

directamente. Sólo la preocupación del individuo por su cargo y sus bienes 

sostiene este entramado. Nadie cree ya seriamente en los fundamentos de la 

actual situación del mundo. Las intuiciones y premoniciones pesimistas son 

el sentimiento más auténtico de la época: comparadas con ellas, todas las 

esperanzas de construir algo sobre la nada parecen desesperadas”. 



Al año siguiente de la publicación de estas comprobaciones, el Viernes 

Santo de 1913, un tío abuelo, por cierto, de Jean-Paul Sartre abandona Europa 

para irse a África. Se llama Albert Schweitzer, y estaba “familiarizado 

con el miedo, el odio y la falta de fe disfrazada de religiosidad –ya sin disfraz– 

que impregnan el continente”. Pero quizás ya sólo hay miedo o está 

la fascinación del fin, y de un final trágico en una versión que se presiente 

divertida. 

En el plano cultural, y por lo tanto destiñendo sobre el resto de la realidad, 

desde el día en que Nietzsche vio al loco gritando en el mercado de 

la ciudad y en las iglesias, ante los perplejos habitantes de aquélla, que Dios 

había muerto hacía ya doscientos años, luego ha sido todo una cadena de 

noticias mortuorias del pasado, aunque también un festival por esto mismo, 

y por la aurora que se aseguró que amanecería con ello para la humanidad 

entera. Pero quizás podríamos señalar como síntoma obvio de todo esto, 

que todavía se tomó más claro en el festival de entreguerras de los ismos artísticos 

y literarios, pongamos que el día en el que el urinario pintado por 

el señor Marcel Duchamp recibió la misma honorabilidad, que una virgencita 

de Filippo Lippi o una estancia de Vermeer. O, más bien mayor, 

porque sobre este viejo arte, corrompido y obsceno, como gustaban decir 

los surrealistas y otros istas, se alzaba el nuevo; y cuanto más prusiano y bolchevique, 

mejor, añadía el grito de guerra de los sepultureros de aquel viejo 

arte, literatura, y pensamiento. Y del hombre. 

Y, en adelante, todo será ya minucia, y divertimento, proclamas y retóricas, 

y horror no significativo; y, como descubre Sir Winston Churchill en 

un almuerzo con el Presidente Roosevelt y el Mariscal Stalin, el divertimento 

consiste en llegar a un acuerdo festivo sobre cuántos miles de oficiales 

alemanes hay que fusilar. Sir Winston protesta en nombre del honor 

del vencedor, y el Mariscal y el hijo del Presidente se ríen, y entonces Sir 

Winston abandona la sala, y se pone a pasear caviloso en su entorno hasta 

que siente que le ponen una mano sobre el hombro y se encuentra a Stalin, 

que, riéndose, le dice que se tranquilice, que sólo se trata de una broma. 

Pero para Churchill se trató de una revelación, ciertamente; la comprobación 

de que el mundo de sus valores, que de algún modo subsistían en política 

e incluso en la guerra desde la profecía de Maquiavelo, sólo producía 



hilaridad. Porque ya era la no significatividad de todo, la aparición de una 

nueva estancia de la mente, y del último signo del vivir que hasta entonces 

significaba “civiltà”. La cortesía y la bondad comenzaron a ser síndromes 

de gentes enemigas del pueblo, y, desde luego, la brutalidad, 

magnificada o tolerada con una sonrisa, y el amor gratuito puesto a irrisión 

o explicado por las ciencias sociales de la bajeza mental y moral, la plena 

explicación de lo mejor por lo peor, pero únicas ciencias de recibo y honorables. 

Y, así, todo quedó el hombre mismo –tan aligerado y convertido 

en puro útil, que Walter Benjamin comenzó a quejarse de que ya no había 

nada que contar–; y quienes narran “ya no crean un mundo verdaderamente 

humano, sino que sólo analizan embrollos intelectuales, reacciones 

psíquicas y circunstancias sociales”, dice Löwith, pero porque los hombres 

no importan sencillamente, y el hombre de “cultura media” –el horror de 

los horrores, mantenido por las educaciones estatales–, cuya proliferación 

enfurecía a Goethe como la gran desgracia, no tolera que se cuenten historias, 

ni ninguna otra cosa. Y él es quien decide en la política y en todos 

los demás planos de cosas, y quien obedece encantado a esas decisiones. 

Cada día oímos el ritornello de la pérdida y ausencia de valores, como 

si se tratase del problema de un ama de casa que, de repente, no es capaz 

de recordar dónde ha puesto su llavero y teme que quizás lo ha perdido. 

Y hasta hay quienes piensan que hay que ir a la búsqueda de esos valores 

y retomarlos, que sería como poner cerraduras nuevas, pero para aquellas 

llaves viejas. Porque ¿acaso los famosos valores que se echan de menos no 

son precisamente los que se disolvieron con tanto gozo en la fiesta de la 

modernidad, y en sus invocaciones a los prusianos y a los bolcheviques? La 

fiesta ha sido un éxito, y prusianos y bolcheviques acudieron a la invocación 

y a la cita, y la Gran Ecuación ha sido realizada: ni mal ni bien, ni víctima 

ni verdugo, ni justo ni injusto, ni fealdad ni hermosura, ni ignorancia 

ni saber, ni verdad ni mentira, ni virtud ni vicio o crimen; todo es lo mismo 

y pura circunstancia, y el crimen, simple iniciativa de la subjetividad regida 

por las mismas fuerzas que llevaron a Beethoven a crear su obra, y sólo 

descaminada circunstancialmente, en el caso del criminal, por la perversidad 

social; de manera que sería injusto y perverso su castigo. Los famosos 

valores que se dicen echar de menos, que nos permitían distinguir la mano 

derecha de la izquierda, y nos impedían ser un vile pecus, un vil ganado, 



eran la herencia de los padres que todos hemos rechazado y seguimos rechazando, 

y hemos puesto, y seguimos poniendo, a irrisión pública. O inscribiéndolo 

en la dogmática de lo “no políticamente correcto” y hasta en 

las leyes penales, y desde luego en nuestra “cultura media”. Se diría que no 

se sabe lo que se está haciendo en esta Europa. ¿Mimetizando, consciente 

o inconscientemente, la situación de la caída de Roma? 

Podríamos, desde luego, trazar un paralelo en varios sentidos, y podríamos 

mentar, por ejemplo, el fenómeno inmigratorio, el fenómeno de la 

fascinación por el enemigo, y el de “la cultura media” a la que he aludido, 

que es la cultura como juego y espectáculo. Pero, en relación con el primero 

de estos asuntos, debemos decir con el gran romanista Gaston Boissier, 

que ya hacía tiempo que Roma no era Roma, sino que era una 

“mezcolanza de libertos y extranjeros ... , [y] lo que aún seguía llamándose 

por costumbre el pueblo romano, [era un] pueblo miserable, que vivía de 

las liberalidades de los particulares o de las limosnas del Estado, que no 

tenía ya ni recuerdos, ni tradiciones, ni espíritu político, ni carácter nacional, 

ni tampoco moralidad ... El poder absoluto que habían llamado con sus 

votos, que acogieron con sus aplausos, estaba hecho para ellos”. Pero, desde 

luego, ni siquiera era este pueblo cuasi-romano el que sentía fascinación por 

los bárbaros que presionaban en las fronteras y cada vez más cerca, sino las 

clases ociosas de diletantes y hartos de su propia prosperidad, que vivían 

en las grandes villas o eran huéspedes del banquete de Trimalción y buscaban 

excitantes del vivir, tenían poder político y económico, y desempeñaban 

sus responsabilidades como el deporte de los combates de carros en 

el circo. Y el rey godo Teodorico mostraba que los conocía muy bien 

cuando afirmaba que los romanos necios querían ser bárbaros, pero los 

bárbaros inteligentes querían ser romanos. Y ¿acaso no escuchamos hoy ingeniosidades 

semejantes a esas preferencias de las que se burlaba un rey 

bárbaro? 

Lo que ocurre es que las culturas decorativas cansan, y concluyen por 

ser consideradas inaguantables decorados cotidianos, y verborrea que ha 

perdido su sentido. Se busca su venta y alquilaje a cualquier precio, y así 

vemos abaratados y en almoneda nuestro mismo sistema político, modo de 

vivir, y nuestra propia alma, si por ventura la tuviéramos. Desde luego ri- 



famos o regalamos a quien la quiera, y como algo ya para nosotros sin sentido, 

la herencia de los padres, y a ellos mismos, y, en realidad, estaríamos 

ante un verdadero asesinato de ellos. ¿Sin saberlo, como Edipo? 

En referencia al viejo laicismo del siglo XIX y primeras décadas del XX, 

que parece haber renacido hasta en el ámbito oficial de la U.E. por cierto 

–como un desecho histórico e ideológico, pero también como síndrome e 

instrumento de totalitarismo, porque ciertamente se trata de una religión 

de Estado o conformación cultural a su omnipresencia de poder–, cabría 

evocar simplemente la lacerante preocupación cultural y política que habría 

que sentir ante la retirada del judeo-cristianismo en tanto que cultura 

y presencia pública y entitativa en Occidente, si es que se tiene alguna idea 

clara de lo que éste significó siempre, en este sentido, y de lo que comportará 

su ausencia. 

De hecho, y sin ir más allá, podemos tocar la evidencia de que, desde 

la Revolución Francesa a la Soviética y sus epígonos de ahora mismo, todos 

esos pensares y sentires han estado, y están, viviendo de la laicización de 

las afirmaciones judeo-cristianas, prometiendo incluso la libertad o la liberación, 

la justicia y la igualdad, o la solidaridad, que saben muy bien que no 

pueden garantizarse ni realizarse fuera del ámbito de lo ético -religioso. Y 

que se tornarán puro crimen, si se intentase su funcionamiento, como siempre 

que la mística se convierte en política, según ya avisó Charles Péguy, 

y ya se ha demostrado con demasiados horrores, a través de la historia, incluidos, 

desde luego, los propios crímenes de la cristiandad. Pero también 

sabemos que no hay política posible sin mística o mítica –digamos en este 

contexto–, que es decir, sin el tuétano de una cultura que nos explique quiénes 

somos. Y mítica y política no se inventan, o estaríamos en la idolatría 

más primitiva, y también sabemos los horrores que produce. 

Del viejo laicismo secularizador, heredero de la Ilustración, que entendía 

que el progreso era algo conseguido a despecho de la religión, dice Michael 

Burleigh que la suya era “una posición histórica que pasaba por alto que el 

monoteísmo cristiano había separado a Dios del mundo, y había impulsado 

así al hombre a hacerlo inteligible, pero también lo que podrían llamarse los 

orígenes paleoliberales de muchas limitaciones esenciales del poder secular 



que el mundo moderno había heredado de enfrentamientos muy anteriores 

entre la Iglesia y el Estado”. Y, en el mismo sentido, subraya más explícitamente 

Jürgen Habermas lo que vengo diciendo: “El universalismo igualitario 

–del que salieron las ideas de libertad y solidaridad, de autonomía y 

emancipación, la idea de una moral de la convicción personal, de los derechos 

del hombre y de la democracia– es una herencia directa de la ética judía 

de la justicia y de la ética cristiana de la caridad. Esta herencia jamás ha cesado 

de ser objeto de nuevas apropiaciones críticas y de nuevas interpretaciones, 

pero sin que su sustancia haya cambiado. Y es que, hasta hoy en día, 

simplemente no hay alternativa. Incluso frente a los retos presentes de una 

constelación post-nacional, continuamos alimentándonos de esa sustancia 

... Todo lo demás no es más que cháchara post-moderna”. 

Y no acabaríamos de amontonar recordaciones en este sentido, acudiendo 

igualmente, pongamos por caso a Burckhardt y a Comte o Toynbee, 

y a la constelación entera de quienes en el mundo moderno han tratado de 

repensar la historia, y han apuntado a una constante definitoria de Occidente 

como impensable sin su gran herencia. Y debemos señalar, desde 

luego, que todos ellos, con la excepción del marxismo, pero no de sus herejes, 

como indica esta advertencia, más perentoria aún que todas las otras, del 

marxista Ernst Bloch: “El cristianismo es altivez y voluntad de no dejarse 

tratar como ganado”; y quien dice el cristianismo dice también la herencia 

de Grecia y Roma, y todos los aportes de la propia historia europea. Y el caso 

es que, si también se rechaza o se entierra esta evidencia, no será ni siquiera 

pura cháchara lo que quede, ni pura estupidez, sino sencillamente servidumbre. 

No se necesitan grandes filosofías para comprender que, como ayer 

y ahora mismo ha ocurrido y ocurre, lo que sucede a Occidente sucederá a 

todo el mundo, y ya vemos la punta del “iceberg” del nihilismo feliz con que 

se sustituiría el paso de Europa a la irrelevancia política que apenas si puede 

ya cubrirse con la retórica y la propaganda. Y quizás tal salto en el vacío, 

mientras no ocurra nada demasiado traumático, pueda ser un juego para 

muchos y un cálculo para otros, pero ya se está mostrando como algo muy 

arriesgado hasta en los datos de la demografía. ¿Es Europa todavía Europa? 

Lo que comprobamos es que Europa –no digamos ya España, que va 

la primera por ese camino de la alegre disolución– se trae un juego suicida 



entre manos, y sus democracias bien pueden perecer a manos de algo que 

viene de ellas mismas: el discurso público convertido en palabrería, habladuría 

y abstracciones. Las democracias habían relativizado la política, reduciéndola 

a su sustancia que es el ámbito de los asuntos empíricos, sin 

sombra de ideología, pero la sombra de ésta y, por lo tanto del totalitarismo, 

se extiende cada día más sobre las llamadas democracias avanzadas, 

y la verdad ideológica, incluso en la forma rastrera de la llamada corrección 

política, que es un envite a los logros de la juridicidad, la libertad y la razón, 

vuelve a absolutizarlas, y a levantar un universo para-totalitario. Y frente a 

sus peligros más materiales, en Europa sólo aparece el miedo de quien no 

quiere defenderse porque no tiene nada que defender, como no sea su nivel 

de vida, que, a la vez, la hace odiarse a sí misma para distraer su acedía y 

su cansancio. 

No está todo perdido, sin embargo, si nos preguntáramos por todo esto, 

que está perfectamente claro para todos nuestros godos de dentro o de 

fuera de nuestras fronteras. Porque la divertida ironía de Teodorico con 

respecto a Roma se hizo verdad, y no está escrito que no pueda volver a 

serlo; porque en realidad no era un juego, ya que los bárbaros no juegan 

con constructos mentales ni gramáticas, ni conversan, ni tienen el distinguido 

síndrome de la fascinación por el suicidio, que los norteamericanos 

ven en nosotros y en su bienestante y diletante “intelligentsia”. En realidad, 

esa observación del rey godo es un exacto diagnóstico realista, la sarcástica 

expresión de un conocimiento político absolutamente serio de la Roma 

que ya no era Roma. Y, ahora, son millones los odiadores y codiciosos de 

Europa que saben que ésta, como poco, ya va siendo no-Europa. Y que está 

bastante adelantada en ello. Esperemos que no sin vuelta, como Eurídice. 

Aunque esta vez la salud de Eurídice está en que Orfeo, todos nosotros, 

miremos hacia atrás, nos digan lo que nos digan los nuevos dioses. 


MAX FALQUE 

LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

ESTADOUNIDENSE: 

ENTRE RUPTURA Y CONTINUISMO 

“ En mi actual trabajo, tengo que tratar asuntos medioambientales muy 

serios a los que se enfrentan tanto los Estados Unidos como Canadá. 

Pero en la Cumbre (Río de Janeiro) no se habló tanto de estos temas 

tan serios como de las políticas mundiales. El G-7 contra el G-77… Mucha 

gente estaba más interesada en destruir nuestro sistema de libre empresa que 

en el medioambiente. Quieren nuestro sistema de empresa, quieren nuestro 

nivel de vida, pero parece que piensan que sólo pueden obtener esas cosas 

destruyendo lo que tenemos. Y parecen sorprendidos de que nuestro Presidente 

no renuncie sin más a esos derechos de propiedad que contribuyen a 

que tanto nosotros como nuestro sistema empresarial siga siendo libre” 1 . 

Las recientes y múltiples diferencias que han surgido entre los Estados 

Unidos y Europa, y en especial Francia, no se deben tanto a la supuesta 

mala voluntad de la administración republicana americana como a una 

profunda diferencia cultural que va más allá de la mera alternancia política. 

Max Falque es Consultor internacional de política medioambiental y Delegado General del International 

Center for Research on Environmental Issues-ICREI de Aix en Provence www.environnement-propriete.org 

1 Gordon Durnil, “The making of a conservative environmentalist”, Indiana University Press, 1995, 

p. 41. 


LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL ESTADOUNIDENSE: ENTRE RUPTURA Y CONTINUISMO / MAX FALQUE 

El análisis del magnífico debate intelectual realizado por múltiples thinktanks 

2 pone de manifiesto que, desde hace unos veinte años, la reforma de 

la política medioambiental forma parte del programa de los partidos políticos 

y que la posición de la administración republicana no es tan diferente 

de la que habrían adoptado los demócratas 3 . 

Ronald Reagan, elegido Presidente en noviembre de 1980, contribuyó 

en gran medida a renovar el debate sobre política medioambiental basándose 

en las investigaciones de la escuela de “New Resource Economics” 4 o 

“Free Market Environmentalism”. 

Lector asiduo de Frédéric Bastiat, Reagan tenía firmes convicciones liberales 

que, en materia de medioambiente, iban asociadas a los derechos de 

propiedad y a los instrumentos del libre mercado, a una fuerte desconfianza 

respecto a la multiplicación de las leyes y regulaciones de dudosa eficacia y 

a la recuperación de la soberanía de los Estados. En resumen, se trataba de 

una visión radicalmente diferente de la que había prevalecido desde los años 

sesenta, inspirada por el New Deal (incluso por la Era Progresista de principios 

del siglo XX) que colocó al Estado federal en el centro de la transformación 

social. En esto se opuso a Jimmy Carter, su antecesor demócrata, 

que había escrito el prólogo del informe “Global 2000”, que realizó, a instancias 

del propio Presidente, el Consejo de Calidad Medioambiental. Las 

previsiones de este informe resultaron tan desastrosas como las que el Club 

de Roma había publicado en inglés en 1972 con el título de “Limits to growth”, 

e incluso estuvieron a la altura de las catastróficas y ridículas predicciones 

anuales de Lester Brown (World Watch). 

Sin embargo, paradójicamente, es la Administración demócrata Clinton-Gore 

la que aplicó, sin reconocerlo realmente, el grueso de las reformas 

propuestas por el Partido Republicano, mayoritario en el Congreso 

2 Entre ellos podemos citar el Competitive Enterprise Institute, American Enterprise Institute-Brookings, 

Cato, Heritage, PERC, FREE, NCPA, Atlas... 

3 Señalaremos que Al Gore firmó el Protocolo de Kyoto… a sabiendas de que en ningún caso 

sería ratificado por el Congreso, ya fuera éste demócrata o republicano. 

4 Cf “Libéralisme et Environnement” de M. Falque, Futuribles n° 97, marzo de 1986. 



tras las elecciones de 1994. Al igual que en materia social, parece que los 

Estados Unidos se cuestionaron un cuarto de siglo de política medioambiental 

federal conocida vulgarmente con el nombre de “command and control”, 

basada en una multiplicación de leyes y regulaciones al servicio de una 

administración federal omnipresente y exuberante. 

No se trata, por tanto, de una simple peripecia política y demagógica, ya 

que este cambio se fundamenta en la observación de la realidad, un corpus 

teórico coherente y una corriente de fondo de la sociedad americana que 

quería recuperar una interpretación estricta de la Constitución. En estas condiciones, 

hay sobradas razones para pensar que la auténtica revolución intelectual 

y política, puesta en evidencia por el debate público, servirá de base 

para una modificación de las modalidades de intervención de los poderes 

públicos a lo largo de la primera mitad del siglo XXI. La incertidumbre reside 

más en la importancia y la rapidez del cambio y su aplicación que en su 

naturaleza y su dirección. Es importante que Europa sea consciente de ello 

para evitar una decadencia económica y, por ende, medioambiental. 

APUNTES HISTÓRICOS 

La celebración del primer “Día de la Tierra” (abril de 1969), a pesar o a 

causa de su carácter de “happening” radical 5 muy propio de aquellos 

años, simbolizó el auge espectacular de la sensibilidad medioambiental 

en el seno de la opinión pública. La traducción política de estas nuevas 

aspiraciones fue rápida y enérgica, ya que se votaron varias leyes federales. 

La primera de ellas y la más famosa, la National Environmental 

Policy Act (NEPA 1969), creó por primera vez el estudio de impacto 

ambiental 6 y puso en marcha el Council on Environmental Quality 

5 Entre los organizadores destacó la presencia de Ralph Nader así como de Ira Einhorn, que fue 

extraditado de Francia a los Estados Unidos (julio de 2001) para responder del asesinato de 

su concubina hace unos veinte años. Se libró de la pena de muerte a petición de Francia. 

6 Es curioso que en 2003, la Unión Europea limitó el estudio de impacto estratégico a los planes 

y programas excluyendo las “políticas”... veintitrés años después de que el Presidente 

Nixon hubiese promulgado la ley (NEPA 1969) que exigía a la Administración Federal someter 

todas sus “acciones más importantes” a evaluación medioambiental. 



(CEQ), así como la Environmental Protection Agency (EPA). A esto le 

siguieron otros “Estatutos” 7 muy importantes, a lo largo de lo que Ian 

McHarg ha venido a denominar “la década medioambiental”, relativos 

al agua, al aire, los residuos, las especies amenazadas, los lugares contaminados, 

las costas… 

Para todos los observadores, independientemente de sus tendencias políticas, 

esas leyes federales tuvieron resultados espectaculares en la calidad 

del medioambiente, en la medida en que aportaban una respuesta rápida, 

concreta y eficaz a los problemas más urgentes. Pero esta mejora del medioambiente, 

lejos de acallar las peticiones de la opinión pública, aguzó su 

sensibilidad, sin olvidar que hoy en día las exigencias medioambientales 

crecen al mismo ritmo que el nivel de vida. Ahora bien, el coste de la eliminación 

del último 10% de una contaminación cualquiera es sumamente 

elevado, por lo que resulta utópica la reivindicación de una contaminación 

cero, concepto surgido de la “deep ecology”. 

El necesario refuerzo de las regulaciones, su aplicación por parte de 

una burocracia federal, el espectacular aumento de contenciosos interminables 

8 , las obligaciones desiguales impuestas a los agentes económicos, 

a las administraciones locales y a los simples ciudadanos, los atentados 

cada vez más numerosos a los derechos de propiedad y, sobre todo, la 

costosísima ineficacia provocaron una reacción de rechazo hacia el sistema 

federal que se trasladó a la esfera política en forma de elecciones legislativas 

en 1994. El resultado fue una considerable mayoría republicana. 

Los republicanos, apoyándose en el programa radical “Contract with 

America” de Newt Gingrich, propusieron una verdadera “revolución conservadora” 

cuyos principios fueron establecidos por Ronald Reagan, es 

decir, un desmantelamiento y/o una reforma profunda de las ayudas sociales, 

sanitarias y medioambientales y la “devolución” del poder a los Estados. 

7 Los “statutes”, construcciones puramente legislativas, se diferencian de la “common law”, que 

es fruto de la jurisprudencia. 

8 Alrededor del 60% del presupuesto federal destinado a la aplicación del Superfondo se invirtió 

en costas legales. 



Este programa republicano chocaba abiertamente con el programa demócrata 

que había sustentado la elección de Bill Clinton en 1992, sobre 

todo en materia de medioambiente, puesto que el Vicepresidente Al Gore 

era el autor de un voluminoso (y aburrido) libro titulado Earth in Balance 9 , 

cuyas tesis flirteaban con la ecología profunda y coincidían con las posiciones 

intervencionistas (“big government”) de las grandes organizaciones de 

defensa del medioambiente y, paradójicamente, con las de las grandes empresas 

(“big business”) para las que las regulaciones suelen ser sinónimo de 

beneficios fáciles al eliminar a la competencia. 

El contradictorio debate de ideas no sobrevivió a la proximidad de las 

elecciones presidenciales de noviembre de 1996, y a finales del año 1995 

se produjo un reajuste centrista en la posición del equipo Clinton/Gore, es 

decir, una carrera entre republicanos y demócratas con el fin de proponer 

una reforma profunda del sistema normativo bajo el lema de lo que pasó 

a llamarse la “tercera vía”. 

También podemos preguntarnos si los demócratas no han tratado de 

facto el medioambiente de la misma forma que han tratado la ayuda social 

(“welfare”), que consistía pura y simplemente en desmontar el sistema federal 

y traspasar la responsabilidad a los Estados. 

De todas formas, las campañas electorales de 1996 y de 1998 hicieron 

aparecer en la opinión pública una sólida voluntad de cambio que la nueva 

Administración debía tener inevitablemente en cuenta. Todo sucedió como 

si transcurrido medio siglo desde el New Deal, le sucediese una nueva era 

que ya empezaba a perfilarse. De hecho, la situación de “cohabitación” 

entre 1996 y 2000 obligó al Congreso republicano y al Presidente demócrata 

a realizar una serie de ajustes pragmáticos cuyas gesticulaciones ideológicas 

no fueron tan aireadas como en años anteriores. La nueva 

configuración política con un Presidente republicano y un Congreso divi- 

9 Pero a pesar de sus defectos, ese libro tuvo un gran impacto: “patéticamente limitado en su 

percepción de la civilización occidental, miserable en su ignorancia de la economía, simplista 

en sus soluciones y profundamente convencido de la llegada de una crisis que sigue sin demostrarse”, 

Bob Zelnick en Gore, a political life, Regnery Publishing, 2000. 



dido (mayoría demócrata en el Senado y mayoría republicana en la Cámara 

de Representantes) frenó las ambiciones reformistas. 

La elección de G.W. Bush en 2000 y en 2004 confirmó la orientación 

conservadora con la difusión del concepto de “New Environmentalism”. 

Para los conservadores, la política medioambiental más eficaz es el crecimiento 

económico, ya que por sí sólo permite la financiación de las tecnologías 

de descontaminación, un incremento de la “demanda 

medioambiental” que está en función de los ingresos individuales. Además, 

los avances en los modelos de producción, al mismo tiempo causa y consecuencia 

del crecimiento económico, han contribuido históricamente al 

descenso de los niveles de contaminación. 

La “curva medioambiental de Kuznets” ha teorizado e ilustrado esta 

política en “U” inversa que demuestra que si, al principio, el crecimiento 

económico de un país aumenta el nivel global de contaminación, se observa 

el fenómeno contrario en el momento en el que ese país deja atrás el 

subdesarrollo y sus ciudadanos se enriquecen. 

LA “TRINIDAD DIABÓLICA” 

La expresión “Unholy Trinity” apareció en 1994 en las publicaciones de las 

grandes y poderosísimas organizaciones para la protección de la naturaleza, 

como National Audubon Society, Environmental Defense Fund, Sierra Club, 

National Wildlife Federation, Greenpeace, World Watch, etc. Se refiere al tríptico 

legislativo propuesto por el Partido Republicano y en particular a la plataforma 

electoral de 1994, que recogía la evaluación ex ante de las legislaciones 

medioambientales, la protección de los derechos de propiedad y la prohibición 

de regulaciones federales que no conllevaran su correspondiente financiación. 

La evaluación ex ante de las decisiones públicas 

Se trata de poner en marcha procedimientos específicos en varios ministerios 

(como la Environmental Protection Agency, EPA), de tal forma que 



se les obliga a evaluar, identificar y hacer públicos los riesgos y costes de 

las leyes propuestas. De hecho, los riesgos suelen calcularse para casos límite 

y fuera de la realidad, y cabe preguntarse si es legítimo gastar grandes 

sumas de dinero si el resultado no conlleva una mejora significativa del 

medio ambiente y de la salud. 

En esta línea, Stephen Breyer, en la actualidad juez del Tribunal Supremo, 

citaba un juicio en el que se dirimía que unos niños habían ingerido 

productos peligrosos en una zona pantanosa de New Hampshire. En este 

caso, el demandante quería ahorrarse 9,3 millones de dólares en la eliminación 

de la contaminación residual de un antiguo vertido tóxico. Este 

lugar, que ya había sido sometido a un tratamiento, había alcanzado un 

nivel de limpieza tan elevado que si los niños ingerían barro y tierra durante 

sus juegos, esto no presentaba ningún riesgo sanitario real, ni siquiera en 

el caso de que estuvieran expuestos 70 días al año. Según las condiciones 

impuestas por los poderes públicos, que conllevaban una limpieza aún más 

rigurosa, los niños hubieran podido ingerir tierra en ese emplazamiento 

durante 245 días al año. Pero, por ironías de la vida, al ser un pantano, ningún 

niño había visitado este lugar, y aún menos niños capaces de comer tierra 

10 . Este ejemplo ilustra un problema que suele surgir a la hora de legislar: 

¿a partir de qué momento un riesgo pasa a ser aceptable? 

Más allá de las anécdotas y de los inevitables “errores burocráticos”, gran 

parte de la opinión pública y de los especialistas norteamericanos en política 

medioambiental consideran que las regulaciones suelen carecer de racionalidad 

y en algunos casos son un obstáculo para alcanzar los objetivos 

para los que habían sido elaboradas. Por ejemplo, la no jerarquización de los 

objetivos, o más bien una jerarquización impuesta por parte de grupos de 

presión, implica que las regulaciones suelen abordar problemas menores y 

dejar de lado atentados mucho más importantes a la salud y al medioambiente. 

La consecuencia siempre es una mala asignación de los recursos y, 

por lo tanto, un “suboptimum” medioambiental que pone en cuestión la legitimidad 

de un sistema de decisión excesivamente político y tecnócrata. 

10 Citado por G. E. De Planque, US Nuclear Regulatory Commission in Epistemologie des Cindyniques, 

París, 1996. 



Por ello, es necesario contar con la intervención de un peritaje científico 

independiente y traducir sus resultados en términos comprensibles 

mediante comparaciones al alcance de todo el mundo. Además, la evaluación 

debe precisar cuáles son las incertidumbres y los límites de los conocimientos. 

Pero el requisito más innovador reside en un nuevo tipo de 

análisis coste/beneficio, según el cual cualquier normativa nueva debe ofrecer 

ventajas (en los campos sanitarios, sociales, medioambientales, económicos) 

que superen los inconvenientes. 

Esta propuesta se fundamenta en numerosas investigaciones que demuestran 

que las regulaciones medioambientales y sanitarias no sólo 

son ya incontrolables sino también contraproducentes. En efecto, gastar 

mil millones de dólares para salvar supuestamente una sola vida humana 

se traduce en un aumento de la morbilidad en otros sectores de 

actividad, aunque sólo sea como consecuencia del incremento de la pobreza. 

De esta forma, el Center for Risk Analysis de la Universidad de Harvard 

propone una reasignación de los recursos en función de los programas más 

eficaces que podría salvar unas 60.000 vidas humanas al año. Otras investigaciones 

(Duke University) afirman que cada vez que se gastan 50 millones 

como consecuencia de una normativa, se produce un fallecimiento 

más. 

Si el principio de evaluación del riesgo normativo es objeto de un consenso, 

su puesta en marcha ha suscitado problemas políticos. En 1993, el 

Presidente Clinton, mediante la Orden Ejecutiva (“Executive Order”) 12866, 

obliga a los administradores a utilizar el “risk assessment” en la elaboración 

de sus normativas. 

Pero una Orden Ejecutiva sólo tiene valor de recomendación para el 

Ejecutivo y carece de fuerza de ley. Además, en 1995 la Cámara de Representantes 

con mayoría republicana votó una ley que hacía obligatoria 

la evaluación de riesgos. Pero la mayoría demócrata, sometida a la presión 

de los círculos conservacionistas, así como del veto presidencial, impidieron 

su promulgación. 



Este nuevo procedimiento conllevaba grandes ventajas a la hora de aclarar 

el proceso de decisión y tenía en cuenta el largo plazo, pero amenazaba 

con complicar el proceso legislativo y normativo. También se propuso el 

umbral de los 100 millones de dólares, una suma correspondiente a la evaluación 

de coste de la normativa. 

“Se acusa a estas iniciativas de volver a cuestionar los progresos realizados 

gracias a las regulaciones que obligan a la adopción de determinadas 

tecnologías. No sólo se criticaron las iniciativas parlamentarias 

argumentado que favorecían la contaminación (‘polluter friendly’) sino que 

además, paradójicamente, amenazan con multiplicar el papeleo que ahoga 

el sistema normativo y aumentar así el coste de funcionamiento” 11 . 

La proximidad de las elecciones presidenciales de noviembre 2000 

había dejado en el olvido estos intentos parlamentarios. Pero Al Gore, el 

candidato demócrata, retomó la iniciativa política al publicar el “Project 

XL” (“Excellence in Leadership”) que compartía el mismo objetivo que los 

republicanos, es decir, hacer frente a la evidente ineficacia del Sistema 

“Normativa y Control” (“Command and Control”). 

Se trataba de fomentar la flexibilidad normativa gracias a patrones de objetivos 

que tendrían que negociarse dependiendo de las ubicaciones. Esta experimentación 

continuada debería posibilitar mejores resultados que los que 

se habían obtenido apoyándose en la normativa actual o futura. Este proyecto, 

de carácter eminentemente electoralista, fue objeto de críticas ya que 

la EPA seguía dominando el tablero, libre de un contrapoder independiente, 

y dado que la evaluación de la eficacia es extremadamente subjetiva. 

Varios proyectos de ley relativos a la evaluación de las regulaciones medioambientales 

han enfrentado a republicanos y demócratas en el Congreso, 

aunque en el fondo estaban de acuerdo en una doble constatación: 

Si las regulaciones no cuestan nada cuando la administración las promulga, 

su puesta en marcha comporta para el conjunto de los agentes 

11 Cf. B.S. Ginsberg y C. Cummis in Environmental Law Reporter, 26ERL, p. 1059. 



económicos y de los contribuyentes unos costes extremadamente elevados 

que ascienden a unos 200.000 millones de dólares al año, sin olvidar 

que estos costes no se contabilizan de forma oficial. Así fue como surgió 

el concepto de “regulatory budget” que arroja nueva luz sobre el coste real 

de la intervención de los poderes públicos. 

La eficacia de estos gastos resulta mediocre y es totalmente factible 

alcanzar los mismos objetivos a un coste mucho menor, o bien obtener 

objetivos mucho más ambiciosos incurriendo en los mismos costes. 

Estas constataciones llevaron a los senadores Thompson y Levin a introducir 

en 1997 el proyecto de ley “Regulatory Improvment Act”, que 

prescribía el análisis normativo por parte de un comité consultivo compuesto 

por personalidades competentes pero por ningún funcionario del 

ministerio pertinente. Este “Advisory Committee on Regulation” debe llevar 

a cabo un doble examen de las regulaciones que tienen la calificación 

de importantes: 

Un análisis coste/beneficio que incluya los datos no cuantificables y las 

diferentes alternativas. 

Un análisis del riesgo que garantice que se respetan las prioridades presupuestarias 

y que se optimizan los beneficios medioambientales de cada 

dólar invertido. 

“El proyecto de ley S 981 aportará una dimensión legislativa a las 

demandas de los cuatro últimos presidentes (dos republicanos y dos 

demócratas) relativas al análisis normativo. Este proyecto de ley evita 

los excesos de las anteriores propuestas de reformas normativas, 

conservando sus mejores elementos. Debería reforzar las normativas futuras 

y hacerlo de tal forma que las numerosas disposiciones para salvaguardar 

el medioambiente, la salud y la seguridad se apliquen con el 

menor coste” (Paul Portney, audiencia en el Senado el 12 de septiembre 

de 1997). Este proyecto de ley bipartidista fue aprobado por el Congreso. 



“Unfunded mandates” (Obligaciones no financiadas) 

La segunda parte de la “trinidad diabólica” se refiere a las regulaciones federales 

que no conllevan sus correspondientes financiaciones. De hecho, la 

abundancia normativa del Gobierno federal y en especial de la EPA, no se 

ha visto nunca limitada por el freno natural que constituye la necesidad de 

contar con partidas complementarias. “Estas prácticas no son democráticas 

y destruyen la responsabilidad. Permiten a los políticos aprobar leyes 

sin aprobar los impuestos correspondientes. Los miembros del Congreso 

recurrieron a los ‘unfunded mandates’ para manifestar su apoyo a ciertas 

causas populares, pero disimulando al tiempo el coste que entrañaban sus 

programas. El resultado es que las prioridades locales deben subordinarse 

a la voluntad de Washington... Los Estados y las administraciones locales 

necesitan flexibilidad para dar respuesta a las necesidades de sus electores” 

12 . 

De hecho, se estima que sólo el coste de la normativa medioambiental 13 , 

que en 1986 ascendió a 92 mil millones de dólares y en 1998 a 198 mil millones, 

en 2005 alcanzó los 224 mil millones de dólares, es decir más del 

doble en 19 años. Hoy en día el Gobierno federal sólo se hace cargo del 

10%, mientras que el sector privado y el resto de los gobiernos (Estado y 

administraciones locales) están obligados a encontrar recursos para hacerles 

frente. Por tanto, la idea es obligar al Gobierno federal a que toda 

nueva normativa lleve aparejada su correspondiente financiación en beneficio 

de los que vayan a ponerla en marcha. 

La delicada cuestión de la expropiación normativa (“taking”) 

La indemnización a los propietarios por las depreciaciones que se derivan 

de las múltiples regulaciones medioambientales constituye el tercer capítulo 

de la “trinidad diabólica”. Es el que ha sido más discutido por lo más 

12 Environmental briefing book for congressional candidates (Agenda medioambiental para candidatos 

al Congreso) CEI, 1996 y 1998. 

13 Clyde Wayne Crews, Ten thousands Commandments, informe anual del Competitive Enterprise 

Institute. 



granado del grupo de norteamericanos que nosotros llamamos progresistas 

(liberales), y en especial por las grandes organizaciones de protección 

de la naturaleza. Se trata de un debate fundamental sobre la interpretación 

de la Quinta Enmienda de la Constitución (“taking clause”) y que va más 

allá de los valores que constituyen los cimientos de Estados Unidos. Indirectamente, 

cuestiona la buena fundamentación y la eficacia de la normativa 

medioambiental elaborada hace un cuarto de siglo. 

¿De qué se trata? En realidad, sólo se trata de volver a una interpretación 

estricta de la Quinta Enmienda –“Nor Shall private property be taken for public 

use without just compensation”– que corresponde al artículo 17 de la Declaración 

francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la que 

se exige una justa indemnización previa si se produce una expropiación. 

Hasta épocas recientes, la jurisprudencia del Tribunal Supremo había 

sostenido que una normativa no daría derecho a indemnización a menos 

que privase al propietario de todo uso económico razonable. Ahora bien, 

durante los últimos años hemos asistido a una triple modificación de esta 

posición tradicional que había asegurado en particular la legitimidad del zonaje 

14 de los documentos de urbanismo introducidos a partir de 1915. En 

1985 Richard Epstein, profesor de Derecho en la Universidad de Chicago, 

publicó Taking private property and the power of Eminent Domain, cuya tesis 

podría resumirse así: la Quinta Enmienda exige que los poderes públicos 

compensen a los propietarios privados cada vez que una normativa pública 

disminuya el valor de sus bienes. En esta línea, no sólo las regulaciones 

medioambientales, sino otras disposiciones relativas al urbanismo, la 

fiscalidad o las condiciones de trabajo también constituyen atentados contra 

los derechos de propiedad. Epstein, al final de una brillante demostración, 

concluyó diciendo que esta interpretación pone en entredicho la 

esencia de las leyes elaboradas en el siglo XX. 

Esta interpretación doctrinal de la Constitución, calificada de “excéntrica” 

(D. Helvarg, 1995), debió servir de inspiración a la Corte Suprema, 

14 Village of Euclid v. Ambler, 1926. 



ya que en varias resoluciones (las más célebre es “Lucas V. South Carolina 

Coastal Council”, 1992) plantea un derecho limitado a la indemnización 

cuando la normativa parece resultar excesiva (“goes too far”). 

La primera traducción “política” de esta posición data de la Orden Ejecutiva 

de 1986 del Presidente Reagan (EO 12-630) que pidió a las administraciones 

federales que evaluasen el impacto de la normativa en las 

propiedades privadas. (Pero ya hemos señalado anteriormente los límites 

de una Orden Ejecutiva). Además, en 1990, el Senador Symm propuso un 

texto de ley llamado “Property Right Act”, el primero de varios proyectos 

de ley que no han visto la luz debido a las cortapisas políticas (veto presidencial) 

y técnicas. Esto explica que el proyecto de ley con fecha de julio 

de 1996 “Omnibus Property Right Act” no se haya votado, pero resulta 

útil enumerar las principales disposiciones que han inspirado en gran medida 

las legislaciones de los Estados. 

En primer lugar, “su objeto es impedir que el gobierno imponga a algunos 

ciudadanos las cargas del servicio público que por justicia y equidad 

deben recaer sobre el conjunto de la población”. El caso es que el 

Gobierno federal, haciendo valer la fuerza que le confiere regulación excesiva, 

atenta contra los derechos de propiedad, mientras que las resoluciones 

de la justicia son poco eficaces, inciertas y costosas. Por tanto, era 

conveniente que el Congreso aclarase la legislación y aportase una solución 

eficaz a este problema. El proyecto de ley aspiraba a “fomentar, 

mantener y promover la propiedad de bienes garantizando la protección 

constitucional y legal de la propiedad privada por parte del gobierno de 

los Estados Unidos”, apoyándose para ello en un procedimiento específico. 

También había que simplificar los procedimientos y los recursos judiciales, 

así como armonizar la jurisprudencia en materia de “taking”, que no 

sólo tiene que ver con la expropiación física sino también con las servidumbres 

normativas que rebajan significativamente la utilización productiva 

de un bien o que amputan al menos el 50% (y no el 33% previsto en 

el proyecto inicial) del valor registral, teniendo en cuenta que el propietario 

corre con los gastos de demostración. 



Por supuesto, el proyecto de ley excluía cualquier tipo de indemnización 

cuando una normativa tenía como fin limitar los perjuicios actuales o futuros 

originados por el propietario. El recurso al arbitraje es posible si las 

partes lo consienten de forma expresa y con la reserva del derecho de 

adoptar el procedimiento de la American Arbitration Association. La apelación 

de la sentencia arbitral puede interponerse ante los tribunales ordinarios 

o ante el “Court of Claim” especializado en la materia. 

El análisis de impacto sobre la propiedad privada (Private Property Impact 

Analysis) fue declarado obligatorio, ya que es preciso limitar la expropiación 

física o normativa obligando a la administración a evaluar las 

consecuencias. De este modo, todas las administraciones federales debían 

redactar un análisis de impacto sobre la propiedad privada antes de hacer 

pública o promulgar cualquier política, normativa y proyecto de ley susceptibles 

de desembocar en un desposeimiento (“taking”). 

Por último, con una formulación solemne que recuerda las libertades 

constitucionales, la “Private Property Owners Administrative Bill of Rights” 

tenía como fin garantizar de forma concreta los derechos de los propietarios 

respecto a un “Statute” que atenta especialmente contra los derechos de propiedad, 

es decir, la ley sobre las especies amenazadas (ESA) y las disposiciones 

relativas a la protección de zonas húmedas de la ley de aguas (FWPA). 

De las tres partes de la “trinidad diabólica”, la de la indemnización limitada 

de los propietarios ha sido la más polémica. 

Si en el ámbito federal este tipo de legislación no parece tener que adoptarse, 

a pesar de los numerosos proyectos de ley como por ejemplo el “Private 

Property Rights of 2006”, unos treinta Estados se han dotado de una 

legislación sobre la protección de los derechos de propiedad. Estos textos 

están relacionados con dos conceptos diferentes: 

Uno inspirado en la Orden Ejecutiva del Presidente Reagan: se trata en 

este caso de una recomendación del tipo “piénselo antes de saltar”, es decir, 

una extensión del principio del estudio de impacto sobre el entorno (NEPA 

1969) en los problemas de incidencia en los derechos de propiedad. 


Otro inspirado en los proyectos de ley federal que establecen los umbrales 

que ponen en marcha la compensación (generalmente el 50% del valor 

inicial). 

El tríptico legislativo de los republicanos ha sido combatido con cierta 

inconsistencia por los demócratas, ya que se basa en puntos de vista ampliamente 

compartidos por la opinión pública según los cuales el Gobierno 

federal legisla de forma incoherente e ineficaz, y ciertos 

propietarios privados soportan el grueso del coste de las regulaciones federales. 

En estas condiciones, es conveniente aclarar y justificar la intervención 

de los poderes públicos, así como restablecer un cierta “igualdad entre 

ciudadanos ante las cargas y las ventajas del servicio público”, por retomar… 

una fórmula muy conocida por los estudiantes de derecho administrativo 

francés. De esta forma, dejando de lado el problema de la 

indemnización de la expropiación reglamentaria (“taking”), se asistió a una 

auténtica carrera, emprendida por ambos grandes partidos políticos, para 

proponer soluciones y reformar el conjunto de la política medioambiental 

federal. 

HACIA SOLUCIONES LIBERALES 

La capitulación intelectual de los demócratas 


La adhesión de la Administración demócrata a las tesis de la ecología 

liberal quedó bien ilustrada en el informe del Vicepresidente Al Gore titulado 

Common Sense Government (1995) del que se ha llegado a decir 

“que representa un giro de 180 grados (un “U-turn” completo) en la 

filosofía dominante relativa a la normativa” (Howard). De hecho, 

Common Sense Goverment, publicado en septiembre de 1995, vino precedido 

de un documento específico firmado por Clinton-Gore titulado 

Reinventing Environmental Regulation y publicado el 16 de marzo de 

1995. 



La introducción recoge con claridad la visión a largo plazo. “Ha llegado 

el momento de aprender las lecciones de estos últimos 25 años y 

reinventar la conservación del medio ambiente para el siglo XXI... En la 

actualidad muchos de nuestros éxitos son resultado del método “fin de 

ciclo” (“end of the pipe”) y “normativa y control” (“command and control”)... 

pero a medida que íbamos progresando hemos ido aprendiendo considerablemente 

acerca de la limitación del sistema. Las regulaciones prescriptivas 

pueden ser rígidas y acarrear intervenciones costosas que desafían el 

sentido común, al exigir costes cada vez mayores con resultados mediocres”... 

Después de dejar meridianamente claro, en pro de la ideología, que en 

ningún caso la Administración Clinton-Gore tenía la intención de desmantelar 

la normativa existente sino por el contrario mejorar los resultados, 

el informe enumera los 10 principios que deben sustentar la reforma 

y propone 25 intervenciones prioritarias. 

Este documento se coloca abiertamente del lado de los defensores de 

la ecología liberal y se distancia bastante de las tesis que venían sosteniendo 

tradicionalmente las grandes organizaciones de conservación de 

la naturaleza más o menos inspiradas en la ideología de la ecología profunda. 

Entre estos diez principios merece la pena recordar: 

La legislación medioambiental debe basarse en los resultados, garantizando 

una flexibilidad óptima en lo que se refiere a los medios para llevar 

a cabo los objetivos medioambientales, pero estarán condicionados a la 

responsabilidad de los resultados. 

Los alicientes del mercado deben utilizarse para alcanzar los objetivos 

medioambientales siempre que resulte apropiado. 

La legislación medioambiental debe fundamentarse en la ciencia y en la 

economía, someterse al examen de los expertos y del público, y fundarse 

en los valores que comparten los ciudadanos norteamericanos. 



El proceso de decisión debe ser fruto de la colaboración y no de la confrontación; 

los que toman decisiones deben informar e implicar a aquellos 

que están afectados por dichas decisiones. 

Por otra parte, las 25 intervenciones extremadamente prioritarias se refieren 

por una parte a la mejora del sistema actual y por otra parte a los fundamentos 

de un nuevo sistema. Conviene señalar que algunas de estas 

intervenciones corresponden a propuestas formuladas hace tiempo por los 

adalides de la ecología liberal. 

Intervención nº 1. Mercado de los derechos de contaminación del aire. 

Intervención n° 2. Mercado de los vertidos en las cuencas receptoras. 

Intervención n° 3. Reajuste de las regulaciones sobre residuos relativos a 

residuos de alto riesgo. 

Intervención n° 4. Reajuste de las normas de tratamiento de aguas potables 

en relación con los riesgos más importantes. 

Intervención n° 5. Ampliación de la evaluación de los riesgos en lo que 

concierne a las decisiones de las administraciones locales. 

La intervención nº 19 “Project XL” (para “Excellence and Leadership”) 

es aún más significativa. Se trata de animar a la industria a ir aún más lejos 

de lo que recogen las normas exigidas. En efecto, se ha observado que si 

se les da a las empresas industriales libertad (es decir, la posibilidad de utilizar 

sus propios medios técnicos y jurídicos), las empresas pueden hacerlo 

mejor y con un coste menor que si se atienen a las regulaciones, siendo así 

que son los riesgos legales de la no-conformidad con dichas regulaciones 

los que, justamente, les impiden hacerlo mejor. 

Hay que subrayar que ninguno de estos documentos aborda el espinoso 

problema de la indemnización de derechos de propiedad que sigue 

siendo un punto fundamental de desacuerdo entre los demócratas y los 

republicanos del que, como ya hemos mencionado, y al no haber encon- 



trado una solución legislativa en el ámbito federal, se hacen cargo las legislaciones 

de numerosos Estados. 

La reforma de la Environmental Protection Agency, con 19.000 funcionarios, 

es ahora acuciante. Se ha llegado a comparar el trabajo de esta 

gigantesca administración productora de regulaciones cada vez menos eficaces 

a la planificación centralizada de la antigua Unión Soviética (Howard 

1994). 

El “New Environmentalism” 

En 1997, Lynn Scarlett 15 , que en aquel momento dirigía el think-tank Reason 

Foundation, planteaba los principios de la nueva política medioambiental 

que más tarde desembocaron en lo siguiente: 

La innovación en el ámbito local: nos enfrentamos cada vez más a problemas 

medioambientales locales cuya solución está en función de la especificidad 

del emplazamiento. Sin embargo, se advierte que la mayoría 

de los Estados, administraciones locales y empresas han demostrado su 

capacidad para poner en marcha leyes que en algunos casos son más exigentes 

que las del Gobierno federal. Por lo tanto, se debe animar a los Estados 

a innovar. 

Flexibilidad y progreso: Estados Unidos posee las mejores tecnologías 

del mundo para llevar a cabo sus objetivos medioambientales. Por lo tanto, 

es necesario liberar las energías creativas de todos los agentes públicos y 

privados. Ellos son los responsables del éxito de estas tareas y no deben ser 

juzgados por su conformidad a la normativa. Además, es muy importante 

que las administraciones locales sean las que identifiquen la mejora del medioambiente 

y no sólo el Gobierno federal. 

La gestión privada (“private stewardship”): los avances a largo plazo en el 

ámbito del medioambiente implican su protección por parte de las em- 

15 Se incorporó a la Administración Bush en 2001; actualmente es Subsecretaria del Ministerio 

del Interior. 


presas, los agricultores y los ciudadanos. El espíritu de empresa medioambiental 

sólo puede surgir si los individuos carecen de posibilidades 

y de motivaciones para actuar como gestores privados del medioambiente. 

Es necesario establecer un buen equilibrio entre la sanción y la motivación. 

El papel de la ciencia es tan importante que no debe ni politizarse ni 

ignorarse. Las respuestas a los problemas medioambientales deben ser globales 

y no puntuales. 

El futuro ya está aquí: hace treinta años, la opinión pública pidió al Gobierno 

federal que resolviera los problemas medioambientales. A día de hoy, 

este mismo gobierno debe buscar soluciones en la creatividad de sus ciudadanos, 

lo que conlleva que conceptos como colaboración, innovación y flexibilidad 

sean las claves de un futuro más limpio y más saludable. 

La vuelta a la “Common Law” 

El objeto del derecho público (“statutes”) que ha invadido el campo de la 

protección medioambiental era paliar las insuficiencias reales o supuestas 

del sistema jurídico privado (“Common Law”). Sin embargo, los pobres resultados 

del derecho público han desembocado en la recuperación de la 

“Common Law”, lo que implica una reafirmación de los derechos de propiedad 

siempre que sea posible. 

El mérito fundamental de la “Common Law” reside en responsabilizar totalmente 

a los que causan perjuicios al medioambiente (principio según el 

cual “el que contamina paga”) y prohibir el reparto de los costes en el conjunto 

de los ciudadanos, subproducto inevitable de numerosas regulaciones 

(¡principio según el cual “el que no contamina paga”!). 

La autoevaluación (“self-certification”) 


Los agentes privados establecen cada vez más a menudo regulaciones a 

través de organismos como el International Standards Organisation (por 

ejemplo ISO 14000). Estas normas aprobadas por los poderes públicos 

acabarán imponiéndose sin que medie ningún otro control de la administración, 

salvo en el ámbito de la legalidad. 



La información medioambiental 

El boom de las tecnologías de la información permite contemplar la generalización 

de la recopilación de datos medioambientales, y sobre todo ponerlos 

a disposición del público de forma comprensible. El Bureau of 

Environmental Statistics (comparable al Bureau of Labor Statistics) se dedica 

a la integración de los datos públicos y privados. De esta forma, a través de 

Internet un ciudadano puede disponer de información sobre todas las contaminaciones 

que existen en su entorno inmediato (Toxic Inventory Release). 

Derechos de propiedad y libertad 

La protección de la libertad no sólo es el fundamento de la Constitución, sino 

también del debate público, y esta libertad sólo puede protegerse si se respetan 

los derechos de propiedad. Sin embargo, a pesar de la caída del comunismo, 

que constituye la mejor prueba del vínculo entre propiedad y libertad, 

los conservacionistas, apoyándose en la tradición de la planificación urbana, 

siguen comportándose como si los derechos de propiedad se contrapusieran 

a una organización armónica del espacio y a la protección de los recursos 

medioambientales. Por lo contrario, una parte cada vez más numerosa de la 

opinión pública consideraba que este retroceso en los ideales norteamericanos 

no sólo constituía un atentado contra la libertad individual sino que también 

están en el origen de la degradación del medioambiente. 

Este doble movimiento condujo en los años noventa al auge del “Private 

Property Movement” y al activismo legislativo del Congreso, que frenaba 

la tendencia de los últimos cincuenta años, es decir la subordinación 

de los derechos de propiedad a las exigencias sociales, técnicas y medioambientales 

16 . ¿Qué ocurrirá en el siglo XXI? Existen dos motivos posibles 

para que esta tendencia continúe 17 : 

16 En cierto sentido, la sentencia de Kelo v. City of New London ilustra a la perfección esta tradición: 

el Tribunal Supremo confirmó una decisión de expropiación de la casa de una humilde 

enfermera a favor del promotor de un centro de negocios. La opinión pública comprendió los 

riesgos y los Estados han legislado para prohibir que se produzcan este tipo de atentados 

contra los derechos de propiedad. 

17 Ver “Private property in the 21st century: the future of an American ideal”, bajo la dirección de 

H. Jacobs, Lincoln Institute-Edward Elgar, 2004, 191 p. 


Motivo ideológico: la propiedad privada es uno de los fundamentos de 

la sociedad norteamericana y seguirá protagonizando el debate económico, 

político, jurídico y social. 

Motivos técnicos: Los “Greens” (Verdes) han comprendido los límites 

del “command and control” y han suscrito el concepto del “free market 

environmentalism”. Esto implica reconocer el papel capital de 

los derechos de propiedad que se encarnan ahora en las llamadas cuotas 

de contaminación transferibles (ETM, Environmental Trading Markets). 

CONCLUSIÓN 


Para los republicanos, la reforma de la política ambiental no ha sido una 

de sus prioridades y se han limitado a multiplicar las regulaciones 18 . 

El ataque frontal inicial se ha transformado en un esfuerzo para buscar 

soluciones negociadas y bipartidistas, pero la opinión pública ya no 

rechaza los argumentos reformadores. La victoria obtenida en 1994 por 

los republicanos en el Congreso permitió que prosperara el grueso de las 

propuestas sin entrar en grandes conflictos con la Presidencia, salvo en 

el caso de la reforma de la indemnización del “taking”. Para hablar con 

propiedad, fue la Administración Clinton, al adoptar una posición más 

centrista, la que hizo suyas la mayor parte de las propuestas adelantadas 

por los republicanos a finales de los años ochenta. 

Al alba del siglo XXI, parece que los Estados Unidos ya no creen en 

la virtud soberana de la intervención del Gobierno federal que a golpe de 

regulaciones garantizaría la felicidad de los ciudadanos poniendo en peligro 

sus derechos constitucionales. Más allá de las mayorías políticas, 

podemos prever el lento desarrollo de una profunda evolución de los objetivos 

y de los medios de la política medioambiental. Esto significa que 

18 Ver Angela Logomasini, “Environmentalism’s Legal Legacy”, que estigmatiza “una extraña extensión 

de la actividad del gobierno en una sola cuestión”, 17 de julio 2007. 



las herramientas tradicionales de la intervención de los hombres, es decir 

el libre mercado, los derechos de propiedad y la subsidiariedad, se pondrán 

al servicio de una causa cuyas exigencias seguirán aumentando y 

perfeccionándose. 

La puesta en marcha de dicha reforma tropezará seguramente con la resistencia 

de algunos grupos de presión o, como es tradicional, resurgirá la 

coalición contra natura de la gran industria (big business) y las grandes asociaciones 

de defensa de la naturaleza y de algunos intelectuales progresistas, 

huérfanos tras la desaparición de las utopías planificadoras. 

Aun así, si la nueva política demuestra su eficacia con el respaldo del la 

imaginación y la capacidad de argumentación de juristas y economistas, es 

posible que estemos ante una nueva etapa, no sólo para el legislador y la 

administración sino también para el ciudadano y el juez. Para la mayoría 

de los norteamericanos, la descentralización, la reforma normativa y la garantía 

de los derechos de propiedad no están en contradicción con la protección 

del medioambiente. Las nuevas soluciones en materia de política 

medioambiental no hacen peligrar en modo alguno la protección de la calidad 

de vida. 

Estados Unidos sabe combinar crecimiento económico y protección 

del medioambiente 19 , es decir aplicar el desarrollo sostenible sin seguir a 

pies juntillas las recetas burocráticas. De hecho, podríamos preguntarnos 

si el crecimiento económico de los últimos quince años, que casi duplica 

el de Francia, no establece una nueva forma de gobernar que acabará pagando 

Europa. Si tal fuera el caso, el modelo normativo centralizado al 

que está llevando de forma irremisible la Unión Europea constituiría un 

freno para competir en la economía mundial 20 . 

19 Aunque son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, esperan hacer frente a 

este problema utilizando medios menos costosos y más eficaces que el protocolo de Kyoto. 

20 Parece que en Canadá se está produciendo una modificación radical de la política medioambiental: 

“La severa legislación de Ontario debe ser objeto de una profunda reforma ya que un 

gran número de regulaciones anticontaminación está produciendo un enorme despilfarro financiero. 

Hay que eliminar las manzanas podridas del cesto”, M. Harris, Primer Ministro (Globe 

and Mail del 4 nov. 1996). 



Es necesario llevar a cabo un cuidadoso análisis de la política medioambiental 

en Estados Unidos, así como de sus posibles éxitos, ya que, 

después de todo, si existe una forma de tener un medioambiente mejor a 

menor precio, que respete las libertades individuales, sería estúpido no considerarlo, 

aunque a cambio pagáramos el precio de modificar nuestra forma 

de hacer política. 

Por último, ha llegado el momento de que, siguiendo el ejemplo de la clase 

política norteamericana, los responsables europeos propusieran una política 

medioambiental alternativa que acabase con la escalada incontrolable en los 

presupuestos, el número de funcionarios y sobre todo las regulaciones 21 , cuyos 

resultados son cada vez menores y en algunos casos negativos. 

En Estados Unidos, la reflexión que empezó a finales de los años setenta 22 

y las reformas realizadas en los años noventa podrían servir de base a un debate 

europeo no sobre los objetivos (¿acaso hay alguien en contra de la protección 

del medioambiente?) sino sobre los medios, siempre que estemos de 

acuerdo en que los resultados son más importantes que las intenciones. Hay 

que dar prioridad a la naturaleza, al papel y a la evolución de los derechos de 

propiedad como instrumento capital de las políticas medioambientales. 

Corresponde a los think tanks liberales europeos sacar a la luz este problema, 

como llevan haciéndolo sus homólogos americanos hace cincuenta 

años. Todos sabemos que ni los políticos ni las burocracias renunciarán sin luchar 

antes con uñas y dientes a los privilegios que, en nombre de la protección 

del medioambiente, han podido acaparar haciendo valer sus regulaciones. 

¡No debemos olvidar que más allá de la protección del medioambiente, 

lo que está en juego es la libertad! 

21 Esta laguna es sobre todo cultural: el respeto casi religioso que se profesa al poder público, 

a pesar de sus fracasos y su corrupción, impregna la opinión pública y ante todo a las élites 

burocráticas (cf. G. Sainteny, “La droite et l’écologisme”, Commentaire Hiver 1998-1999). 

22 Hay que señalar que el grueso de las herramientas de la política medioambiental es fruto de 

la imaginación jurídica y económica americana: estudio de impacto, la teoría del “public 

choice”, las cuotas de contaminación transferibles, los conservatorios de espacios (land trusting), 

el concepto “tragedy of commons”, la gestión comunal, la evaluación de las regulaciones, 

la expropiación normativa, las servidumbres medioambientales… 


JUAN VELARDE FUERTES 

REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA ESPAÑOLA 

Conviene, para entender correctamente lo que sigue, indicar dos cosas. 

La primera, que en 1960 se produjo un cambio radical en nuestra 

economía, como se observa en el gráfico 1. A causa del Plan de Estabilización 

de 1959 se vino al suelo el modelo de desarrollo de nuestra 

economía, montado con contundencia notable a partir de nuestra irrupción 

en el ámbito de la Revolución Industrial, con sus anexos liberales en lo político 

y su respeto a las doctrinas de la Escuela clásica de la economía. La 

llegada al poder de los doceañistas en 1820, con la sublevación de Riego 

inicia un proceso que sólo concluirá en 1959. Por ello el modelo aplicado 

en tiempos de Fernando VII, de Isabel II, de la Revolución Gloriosa, de la 

Restauración, de la Dictadura de Primo de Rivera, de la II República, y en 

la primera etapa de la Era de Franco –hasta, repito, 1959– ha merecido el 

nombre de “modelo castizo”. 

Desde entonces este modelo no ha cesado de ser demolido para construir 

uno nuevo, que, como se ve, ha logrado resultados espléndidos, y 

entre ellos, que España lograse la convergencia en PIB por habitante no 

sólo con el conjunto de la Unión Europea, sino que se acercase mucho a 

esa convergencia en el ámbito tanto de la Eurozona como en la denominada 

Unión Europea de los 15, esto es, eliminando las doce incorporaciones 

más reciente. O si se prefiere, en paridad de poder adquisitivo, en el año 

Juan Velarde es Catedrático emérito de Economía Aplicada, UCM. Premio Príncipe de Asturias de 

Ciencias Sociales. 


REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA / JUAN VELARDE FUERTES 

2005 el PIB por habitante español era análogo al norteamericano entre 

1993 y 1994. Este retraso de once-doce años respecto a la mayor potencia 

económica del mundo, era de 76 años cuando se comenzó esta carrera 

en 1960, porque entonces, en paridad de poder adquisitivo teníamos un 

PIB por habitante de 3.072 dólares 1990 Geary-Khamis, que se debe comparar 

con los 3.056 dólares análogos que tenía el PIB por habitante de Norteamérica 

en 1884. Y respecto a la Unión Europea, de los 25, en el 2005, 

nuestro PIB era ya del 98’2%; del 92’5% respecto a la media de la Zona del 

euro, y del 90’7% respecto a la Unión Europea de los 15 1 . 

GRÁFICO 1 

P.I.B. p.c. en dólares internacionales Geary-Khamis 1990, desde 1820 a 2001 de 

España (según Angus Maddison) 

Pero existe la tentación de creer que con eso está todo hecho; que si se 

ha conseguido una tasa fuerte de desarrollo, el progreso hacia delante surgirá 

de nuevo, una y otra vez, de manera inexorable. Esto no es cierto. Sin 

necesidad de echar mano de la equivocación de Colin Clark respecto a la 

1 Los cálculos están hechos sobre la información contenida en el volumen Cuentas financieras 

de la economía española. 1990-2005. SEC-95. Series trimestrales y anuales, Banco de España, 

Madrid, 2006, págs. 312-313 y en Angus Maddison, The World Economy. Historical Statistics, 

OECD. Development Centre, París, 2003, pág. 68 y 87. 


República Argentina 2 , respecto a España se observa que inmediatamente 

antes de la crisis de 1957-1959, que obligó a dar paso al Plan de Estabilización 

de 1959, la economía española contemplaba cómo el PIB crecía un 

4%; antes de 1973, cuando vamos a ser golpeados con dureza por los dos 

sucesivos choques petrolíferos, la economía española veía crecer al PIB a 

una tasa del 6%; en el año 1992, el PIB había crecido a una tasa del 3’8%, 

pero en 1993 la tasa era una negativa del 0’4%. De ahí que convenga huir 

de la tentación de sostener que, como el PIB a lo largo de 2006 ha crecido 

un 4’0%, esté asegurado nuestro futuro. 

El progreso tan fuerte conseguido es fruto de una acción clara, sistemática, 

de reformas estructurales –y toda reforma estructural supone un 

coste, que los políticos procuran rehuir– que se inicia con el ingreso en el 

Fondo Monetario Internacional en 1959, y continúa con el Arancel de 

1960; con el ingreso en el GATT en 1963; con un continuo retroceso del 

sector público empresarial, mientras aumenta el papel del mercado, como 

lo prueban acontecimientos tan sonados como la carta de protesta de 

Suanzes a Franco; con el inicio de los contactos con la Comunidad Económica 

Europea a través de la Carta de Castiella en 1962 que dará, como 

primer fruto, el Acuerdo Preferencial Ullastres de 1970; con la aparición, 

con la Ley de Bases de 1963, de un Sistema de Seguridad Social; con el 

Pacto de La Moncloa de 1977 que genera paz social y, simultáneamente, 

a partir de 1978, con la aprobación de la Reforma Tributaria Fuentes Quintana-Fernández 

Ordóñez; con el ingreso comunitario de España en 1986; 

con la liquidación de todo tipo de barreras del tráfico de bienes y servicios, 

de personas y de capitales, desde el 1 de enero de 1993; finalmente, 

con el ingreso el 2 de mayo de 1998, con los deberes exigidos por el Tratado 

de Maastricht, cumplidos, en la Unión Económica y Monetaria o 

Área del euro. 

Dicho esto, ante el panorama que se va a desplegar desde aquí a 2012, 

¿vemos que se adoptan las políticas adecuadas, o que, como sucedía, por 

ejemplo, en los años previos al choque petrolífero, o en el periodo que tras- 

2 Cometida en su The Economics of 1960, Macmillan, London, 1942. 




curre desde nuestro ingreso en el Sistema Monetario Europeo y 1995, éstos 

se rehúyen? Aclarar esta cuestión es lo que voy a procurar efectuar inmediatamente. 

Para ello no es malo echar mano del que yo llamo triángulo de Eugenio 

Domingo Solans. Este profesor y representante de España en el Banco 

Central Europeo, en una intervención que desarrolló muy poco antes de 

fallecer, señaló que para observar el comportamiento futuro de una economía 

era preciso observar tres cosas: los equilibrios macroeconómicos, 

los desarrollos científico-tecnológicos y los equilibrios sociales. 

¿Qué sucede, pues, con nuestros equilibrios macroeconómicos? Al observarlos 

queda claro que el gasto en consumo final crece por encima de 

como lo hace el PIB, con la consecuencia de que el ahorro no es capaz de 

financiar la fuerte inversión que acompaña a la evolución de nuestra economía. 

No es malo aclarar algo más esta cuestión tal como se expone en 

el último Informe Anual. 2005 del Banco de España y se puede asegurar 

que lo que dentro de unos meses diga nuestro Banco central será semejante 

para el año 2006 3 : “En 2005, la economía española creció un 3’4%, tres décimas 

más que el año anterior. La expansión de la producción se basó, 

como en los ejercicios precedentes, en la pujanza de la demanda nacional, 

que se incrementó a una tasa superior al 5%, mientras que las exportaciones 

netas detrajeron casi 2 puntos porcentuales (pp) al crecimiento anual 

del PIB. Esta evolución del sector exterior contribuyó a un sustancial aumento 

de la necesidad de financiación de las familias y de las empresas no 

financieras. Frente a ello, la situación presupuestaria de las Administraciones 

Públicas mejoró significativamente, hasta alcanzar un superávit por primera 

vez en las últimas décadas. El crecimiento de la economía siguió 

acompañado de una elevada creación de empleo y las ganancias de productividad 

se mantuvieron en niveles muy bajos. Por último, la tasa de inflación 

medida con precios de consumo ha aumentado hasta el 3’4% en la 

media de 2005, impulsada por los mayores precios energéticos y la inflación 

subyacente continuó mostrando tasas de expansión considerable- 

3 Cfs. Banco de España, Informe Anual. 2005, Madrid, 2006, págs. 105 y 112-118. 



mente más elevadas que en la UEM (la zona del euro)… (Por tanto) 2005 

continuó siendo favorable para el crecimiento de la demanda nacional, que 

mostró un fuerte dinamismo, con una tasa de expansión del 5’1%, tres décimas 

por encima del valor registrado en 2004. Esta aceleración fue compatible 

con una cierta recomendación a favor de la formación bruta de 

capital, que elevó su crecimiento 2 pp, hasta el 6’9%, y en detrimento del 

consumo público, que se ralentizó, aun manteniendo tasas muy elevadas, 

mientras que el consumo privado siguió expandiéndose a la misma tasa 

que el año anterior… (En cuanto al efecto riqueza, se agrega que) la evolución 

del patrimonio neto de los hogares en 2005 ejerció una notable tendencia 

expansiva sobre el consumo debido a la revalorización de la riqueza 

acumulada en los últimos años. No obstante, el crecimiento algo más moderado 

en la riqueza inmobiliaria durante el pasado año, como consecuencia 

de la desaceleración del precio de la vivienda y el menor 

incremento de la riqueza financiera neta favorecieron la moderada desaceleración 

del gasto de los consumidores que se produjo en ese año. En 

el mismo sentido habrían operado el ligero descenso de la confianza de 

los consumidores en la segunda mitad de 2005, y un cierto empeoramiento 

de la percepción de los hogares sobre la posibilidad de ahorrar en el futuro, 

que estarían sugiriendo una disminución de sus expectativas de renta. En 

cualquier caso… siguió aumentando un acrecimiento del consumo por encima 

del de la renta, lo que dio lugar a una nueva reducción de la tasa de 

ahorro, que es también coherente con el bajo nivel de los tipos de interés 

reales… En conjunto, la demanda ejercida por los hogares, tanto en bienes 

y servicios de consumo como en inversión residencial, mantuvo un tono 

robusto en 2005, con ritmos de crecimiento muy similares a los del año anterior. 

Este comportamiento se tradujo no sólo en un descenso de la tasa 

de ahorro… sino también en una ampliación adicional de la brecha entre 

el ahorro y la inversión del sector, cuya necesidad de financiación se incrementó 

de nuevo, de forma que las familias, que históricamente han sido 

un sector proveedor de fondos al resto de la economía, contribuyeron, un 

año más, a aumentar las necesidades de financiación de la nación… Se estima 

que en el conjunto del año 2005 la formación bruta de capital fijo realizada 

por las empresas registró un aumento del 8’1%... De acuerdo con 

la información correspondiente a las Cuentas no financieras de los Sectores 

Institucionales, el avance de la inversión empresarial en 2005 se tradujo 



en un aumento de las necesidades de financiación de las sociedades no financieras 

hasta el 6’8% del PIB. También la brecha de financiación –variable 

que mide los recursos netos necesarios para acometer la inversión de 

las empresas– se fue ampliando a lo largo del año hasta situarse en el 11’2% 

del PIB”. Parece que puede seguir esta fuerte subida de la formación bruta 

de capital. Según Eurostat 4 se espera una variación de esta macromagnitud 

en 2007 en la Europa de los 27, de mayor a menor, como se señala en el 

cuadro 1: 

CUADRO 1 

Nº de orden País Tasa porcentual de variación anual 

en 2007 de la formación bruta de capital 

1 Bulgaria 14’0 

2 Estonia 12’9 

3 Letonia 11’7 

4 Polonia 10’6 

5 Rumania 10’5 

6 Lituania 9’7 

7 República Checa 7’6 

8 Eslovaquia 6’5 

9 Luxemburgo 6’4 

10 Grecia 6’2 

11 Irlanda 5’4 

12 España 5’2 

13/14 Chipre 4’8 

13/14 Eslovenia 4’8 

15 Reino Unido 4’7 

16 Suecia 4’5 

17/18 Dinamarca 4’4 

17/18 Holanda 4’4 

19 Finlandia 3’9 

20 Francia 3’5 

21 Austria 3’4 

22 Bélgica 2’4 

23/24 Hungría 2’2 

23/24 Italia 2’2 

25 Alemania 0’6 

26 Portugal 0’7 

27 Malta – – 

4 Cfs. Eurostat, EC Economic Dats Pocket Book, abril 2007. 


De esta larga cita se desprende un primer haz de desequilibrios macroeconómicos, 

que se puede sintetizar en un crecimiento originado por una demanda 

de consumo e inversión que precisa cantidades crecientes de ahorro 

exterior, a pesar del esfuerzo que supone el equilibrio presupuestario, que se 

traduce en que la presión tributaria en 2005 había crecido en España en términos 

del PIB, hasta superar el 35% del PIB. Y que motiva que ésta sea más 

alta, dentro del ámbito de la Unión Europea, ampliada con algunos países especialmente 

ricos, que la de Alemania, Canadá, Australia, Irlanda, Suiza, Eslovaquia, 

Estados Unidos y Japón. Esto supone que, en primer lugar, se 

procura compensar el desequilibrio macroeconómico con un esfuerzo creciente 

de transferencia de fondos del sector privado al sector público, porque 

el equilibrio no se logra con rebajas en el gasto público, sino con 

aumentos en la presión tributaria, lo que, evidentemente, también provoca, 

en alguna medida, decisiones de deslocalización que comienzan a ser visibles 

en detrimento de nuestra actividad productiva. Este proceso se observa con 

claridad en la evolución de la presión tributaria medida por el total de ingresos 

fiscales en porcentaje del PIB, para los componentes de la Europa de 

los 15, según Eurostat en el periodo 2000-2005, en el cuadro 2. 

CUADRO 2 


Países Presión tributaria Tasa de variación 

2000 2005 en puntos porcentuales 

Alemania 43’3 40’2 -3’1 

Austria 44’8 43’6 -1’2 

Bélgica 47’3 47’7 +0’4 

Dinamarca 50’2 51’2 +1’0 

España 34’8 36’4 +1’6 

Finlandia 47’4 44’0 -3’4 

Francia 45’9 45’8 -0’1 

Grecia 40’0 36’7 -3’3 

Holanda 40’9 39’2 -1’7 

Irlanda 32’9 32’2 -0’7 

Italia 42’1 40’8 -1’3 

Luxemburgo 40’0 39’1 -0’9 

Portugal 35’2 36’3 +1’1 

Reino Unido 38’9 38’6 +0’3 

Suecia 54’1 52’1 -2’0 

Este fuerte aumento en la presión tributaria muestra que de los dos modelos 

posibles para conseguir el equilibrio presupuestario, el de la reducción 



de los gastos o el del incremento impositivo, España, que había escogido 

el primero a partir de 1995, ha dado un cambio a partir de 2004. El problema 

reside en que, si por una circunstancia coyuntural, como incluso ya 

se adivina su posibilidad hoy, se hunden las producciones y con ellas los 

ingresos tributarios, ¿cómo va a ser posible mantener el equilibrio presupuestario 

por la rigidez a la baja, por causas sociopolíticas, que tienen los 

gastos públicos? Esta amenaza latente no debe, de ningún modo, dejarse a 

un lado en el capítulo de los desequilibrios presupuestarios. 

La otra vertiente de este desequilibrio económico es el endeudamiento 

exterior. Aparentemente éste es un camino de financiación fácil, en primer 

lugar porque la reconversión bancaria que se verificó a lo largo del periodo 

1977 –quiebra del Banco de Navarra– y 1993 –intervención del Banco Español 

de Crédito–, por cierto con el altísimo esfuerzo del sector público expuesto 

sólo por defecto por Álvaro Cuervo, ha originado la aparición de 

un excelente sistema crediticio que, en líneas esenciales, siguió la dirección 

marcada, con claridad, por Sánchez Asiaín. Todo esto, en el fondo, está en 

buena parte detrás de la muy alta calificación que merece España, y que 

aún no ha empeorado, en la clasificación de créditos a largo plazo al exterior 

por Standard & Poor’s el 7 de junio de 2006 (AAA es la mejor calificación 

posible). 

CUADRO 3 

Países Clasificación Países Clasificación 

Grecia A España AAA 

Italia AA- Finlandia AAA 

Portugal AA- Francia AAA 

Bélgica AA+ Holanda AAA 

Alemania AAA Irlanda AAA 

Austria AAA 

Además, al encontrarse España en el área del euro, no existe riesgo alguno 

del cambio para los préstamos. Pero, instantáneamente, surge otro 

factor de complicación a causa de la situación de las balanzas exteriores españolas. 

En los doce meses que concluyen en febrero de 2007, y ordenadas 

las balanzas comerciales de mayor superávit a mayor déficit del bloque 


del euro más Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Canadá y Australia, el 

panorama es el que muestra el cuadro 4, en miles de millones de dólares: 

CUADRO 4 

País Saldo (+, o -) de la balanza comercial 

Alemania + 213’9 

Japón + 84’0 

Canadá +46’3 

Holanda +42’4 

Bélgica +18’3 

Austria +0’6 

Australia -9’9 

Italia -25’2 

Francia -34’4 

Grecia -45’7 

España -115’9 

Gran Bretaña -154’8 

Estados Unidos -825’2 

Por supuesto que al pasar a la balanza por cuenta corriente, este bloque 

de deficitarios se ordena de otro modo: 

CUADRO 5 


País Fecha de la Déficit (miles de 

estimación anual millones de $) 

Francia Febrero 2007 30’5 

Grecia Febrero 2007 31’5 

Australia Año 2006 40’9 

Italia Febrero 2007 47’1 

Gran Bretaña Año 2006 80’1 

España Enero 2007 109’8 

Estados Unidos Año 2006 856’7 

Lo grave es que se espera que este déficit continúe a pesar del esfuerzo 

español para mejorar su situación. Por ejemplo, en el subsector de los servicios 

comerciales –transporte, turismo, comunicaciones, servicios financieros 

y otros– para 2006, la Organización Mundial de Comercio muestra 

que España, con 100.000 millones de dólares en este sentido, ocupa el sexto 

puesto mundial con un porcentaje respecto al total del planeta del 3’7%, 



igualada a Italia, y sólo sobrepasada por Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Alemania, Japón y Francia. La previsión de The Economist es que en el 2007 

este déficit por cuenta corriente alcanzará el 8’8% del PIB. De los 42 países 

que se recogen en ese pronóstico, ninguno alcanza ese porcentaje en el 

déficit. El que más se aproxima es Turquía, con el 7’0% de déficit del PIB. 

Fuera del área del euro, esto hubiera exigido una caída en el cambio. Como 

esto es imposible, y lo mismo sucede con los tipos de interés básicos, el 

único remedio es o una alteración radical de las estructuras o un descenso 

en los salarios nominales, lo que no dejaría de provocar muy serios conflictos 

sociales. 

En otras etapas de la economía española esto más que se compensaba 

con inversiones directas extranjeras, o procedentes del extranjero. Recordemos 

el alud de inversiones mineras, ferroviarias y en servicios públicos 

urbanos del siglo XIX, a partir, sobre todo, del Bienio Progresista, o la llegada 

de capitales o empresarios procedentes de América inmediatamente 

tras 1898, o de capitales franceses refugiados en España tras el llamado 

“asunto de los mil millones” vinculado a la política anticlerical del partido 

radical francés, o más recientemente, con la llegada de capitales extranjeros 

en cifra muy importante a partir, sobre todo, del Plan de Estabilización 

de 1959, o sea, del momento en que España abandona la neutralidad que, 

ante los conflictos europeos, mantenía desde la decisión del general Prim 

de no intervenir en la guerra francoprusiana de 1870 5 . 

Esta compensación exterior no se produce ahora, porque, por el contrario, 

es muy fuerte la salida de capital español hacia el exterior. En 1995, 

los activos frente al resto del mundo alcanzaron el 38’3% del PIB, frente al 

115’9% en 2005, y el conjunto de la inversión extranjera directa (IED) tiene 

un saldo acreedor neto en los años 2000, 2001 y 2005. Del conjunto de 

5 Esta necesidad española de capital extranjero para mantener los equilibrios económicos lo 

puse de relieve ya en mi artículo “La necesidad española de capital extranjero”, en Arriba, 17 

enero 1952, II época, nº 5.986, pág. 5, que en muchos sentidos enlaza con el titulado “1958: 

es vital exportar”, en Arriba, 31 diciembre 1957, II época, nº 7.836, pág. 74; la cuantificación, 

basándome en cifras del Fondo Monetario Internacional, la ofrecí en “Las inversiones privadas 

extranjeras en España en el periodo 1960-70”, en Boletín de Estudios Económicos, diciembre 

1975, vol. XXX, nº 96, págs. 911-930. 


“los 15” de la Unión Europea, España es el sexto exportador neto de capitales. 

Simultáneamente, como consecuencia del grado de ampliación del 

ámbito comunitario tras el final de la Guerra Fría y por los avances en la 

globalización, el flujo de las inversiones directas de capitales hacia España 

se ha reducido respecto a los flujos de salida de éstos. El siguiente cuadro 

muestra en porcentajes del PIB esta situación de las inversiones directas 6 . 

CUADRO 6 


Porcentajes del PIB 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Capacidad (+)/Necesidad (-) 

de financiación -3’1 -3’2 -2’2 -2’5 -4’3 -6’5 

Cuenta corriente -4’0 -3’9 -3’3 -3’5 -5’3 -7’4 

Inversiones directas -3’2 -0’8 -0’9 -0’3 -3’4 -1’4 

Es preciso añadir que las inversiones directas españolas se han dirigido, 

en principio, al área iberoamericana, pero lo han hecho, como consecuencia 

de la estructura básica productiva de nuestra economía, hacia tres 

sectores. En primer lugar, hacia el de las empresas de servicios públicos 

tarifados. Esa inversión, como antaño puso de manifiesto la crisis de 

CHADE (Compañía Hispano Argentina de Publicidad), es contemplada 

como molesta para los países en los que tiene lugar en cuanto aparece alguna 

pequeña anomalía en el servicio y, no digamos, cuando, como consecuencia, 

por ejemplo, de una inflación, es preciso elevar las tarifas. Las 

poblaciones se sienten tan molestas como al ser gravadas por un impuesto, 

pero como además se recauda para beneficio de un país extranjero, genera 

violentas reacciones populistas-nacionalistas. Un ejemplo, centrado en Argentina, 

y que es de fácil generalización, va desde Jorge Abelardo Ramos 

en el asunto de CHADE a Kirchner en el de Aguas de Barcelona. Esta presión 

es bien visible y, más de una vez, amenazadora. El segundo bloque es 

el de las empresas extractivas. Cuando escuchamos en Bolivia, referido a 

Repsol YPF, lo de “se llevaron antaño nuestra plata y ahora pretenden ha- 

6 Las cifras proceden del cuadro1.1, pág. 17, y del recuadro 4.1., págs. 91-98 de la publicación 

del Banco de España, Balanza de pagos y posición de inversión internacional de España. 2005, 

Madrid, 2006. 



cerlo con nuestro gas”, vemos reproducido lo que la literatura nacionalista 

española sostuvo respecto a las inversiones mineras extranjeras de modo 

continuo 7 . La reacción contra estas inversiones es notable siempre. El tercer 

envío de capitales corresponde al sector financiero, y sobre todo a la 

Banca. El socialismo castrista, reproducido de algún modo por Chávez en 

Venezuela con notables paralelismos, considera que ésta es una inversión 

depredadora vinculada al capitalismo internacional, especulativa y ajena a 

la producción, a la que incluso distorsiona. Por ello debe ser perseguida. El 

panorama es inquietante. 

Como síntesis se puede señalar, en el contexto internacional, que la Posición 

de Inversión Internacional (PII) deudora neta registrada en España 

es preocupante al situarse en 421.911 millones de euros en 2005, porque 

“en porcentaje del PIB supone el 46’7% (3’6 puntos porcentuales por encima 

del nivel de 2004), con lo que se alcanzó un nuevo máximo histórico… 

La posición deudora neta de España ha crecido de forma 

continuada en la última década, con la excepción del año 2000, en consonancia 

con la necesidad de financiación que ha presentado en términos 

generales la economía española durante dicho periodo”. Todo eso conduce 

a poder afirmar que la referida PII deudora neta española en los últimos 

años ha sido una de las más destacadas, “similar a la de Grecia y a la de Portugal, 

cuyos saldos deudores netos superan previsiblemente el nivel alcanzado 

en España (71’7% y 62’1% en 2004, respectivamente, frente al 43’1% 

del caso español para ese mismo año 2004). En Estados Unidos la PII deudora 

neta muestra una senda creciente, en línea con la evolución de su déficit 

por cuenta corriente, y ha alcanzado un nivel apreciable (cerca del 

22% del PIB en 2004), aunque inferior a España. La UEM (o sea, la zona 

del euro) mantiene un modesto saldo deudor neto. Dentro de los países europeos, 

en Italia y en el Reino Unido se ha asistido a una ampliación de sus 

PII deudores netos, ascendiendo al 7’4% y al 13’2% del PIB en 2004. Por 

el contrario, en los Países Bajos, Austria y, sobre todo, (en) Finlandia, se ha 

asistido a una corrección de sus saldos deudores. Finalmente, Alemania, 

7 Cfs. Virgilio Sevillano, La España ¿de quién…? ingleses, franceses y alemanes en este país, Gráficas 

Sánchez, Madrid, 1936. Las citas podrían ampliarse casi indefinidamente. 



Francia y especialmente Bélgica, mantienen posiciones acreedoras netas 

con el resto del mundo” 8 . 

Este mayúsculo desequilibrio macroeconómico generado esencialmente 

por el enorme déficit por cuenta corriente español, constituye un primer 

problema básico que no deja de crecer. El que se diga que se observa una 

cierta desaceleración en su crecimiento, da la impresión de que sería cosa 

obligada, porque en magnitudes mayúsculas es imposible que, además, 

éstas crezcan aceleradamente. Incluso en el mundo físico existe una velocidad 

límite, y la tolerancia del sistema financiero internacional no es ilimitada. 

Lisa y llanamente, ésta es la cuestión del endeudamiento español. Conviene 

mostrar la postura menos preocupada ante él, que es la de José Luis 

Malo de Molina 9 , en un trabajo brillante, donde se procura “ver en qué medida 

el aumento del endeudamiento de las empresas y familiares entraña 

peligros para el mantenimiento del dinamismo económico y, caso de existir, 

determinar, si es posible, su naturaleza”. 

En este sentido, por una parte nos encontramos con el endeudamiento 

de las empresas no financieras, que “ha sido un fenómeno más tardío, dada 

la duración e intensidad de los procesos de saneamiento anteriores y el retraso 

relativo en el despegue de la inversión productiva, por lo que su intensidad 

es todavía moderada y no presenta desalineamientos significativos 

con los patrones habituales de la experiencia pasada propia o de otros países”. 

Pero introduce Malo de Molina dos notas de cautela. La primera es 

la que se deriva del elevado ritmo de crecimiento de la financiación concedida 

a las empresas inmobiliarias, que responde “a la prolongación de 

una fase excepcional de auge del sector que no puede prorrogarse indefinidamente”. 

Es más; en estos momentos, es bien visible la desaceleración 

8 Cfs. Banco de España, Balanza de pagos y posiciones de inversión internacional de España, ob. 

cit., pág. 92. 

9 Cfs. José Luis Malo de Molina, “Los principales rasgos y experiencias de la integración de la 

economía española en la Unión Económica y Monetaria”, en Papeles de Economía Española, monográfico 

Análisis de coyuntura. Instrumento e Interpretación, 2007, nº 11, en las págs. 18-21. 



que muestra que ese ciclo expansivo ha concluido. Pero lo complica todo, 

a mi juicio, lo que a renglón seguido agrega Malo de Molina, al indicar que 

la segunda nota de cautela “procede de la intensidad que han alcanzado recientemente 

las estrategias de crecimiento orgánico de algunas grandes 

empresas, fundamentalmente constructoras, mediante la adquisición con financiación 

ajena de paquetes significativos de otras empresas nacionales o 

extranjeras”, lo que evidentemente puede “llevar a niveles de endeudamiento 

que supongan una rémora para la generación futura de rentas y un 

deterioro de la situación patrimonial”. 

Por lo que se refiere al endeudamiento de los hogares, su juicio es que 

por “la holgura de las condiciones monetarias y financieras se ha manifestado 

en un intenso ritmo de crecimiento de la financiación recibida… El 

componente más dinámico ha sido el de los préstamos para la adquisición 

de vivienda que (entre 1996 y 2006) ha crecido a una tasa (anual) del 

20’4%”. Y he aquí que “el crédito a los hogares para la adquisición de bienes 

de consumo y otras finalidades… recientemente está mostrando una clara 

tendencia hacia la aceleración”. 

Todo este conjunto muestra que el endeudamiento de los hogares, “ha 

estado creciendo de forma sistemática muy por encima del ritmo de aumento 

de la renta bruta disponible, por lo que la ratio entre ambas ha crecido 

desde el 45% en 1995 hasta rebasar la cota del 120% en 2006… Dado 

el elevado ritmo al que se ha producido el proceso, en muy pocos años se 

ha sobrepasado la media (de la zona del euro antes del inicio de la unión 

monetaria) en cerca de 20 puntos porcentuales”. No veo claro que nos deba 

tranquilizar el que nos encontremos aún por debajo de los niveles de Estados 

Unidos, Gran Bretaña, Holanda e Irlanda. De ahí lo acertado de Malo 

de Molina al indicar que “el riesgo no procede de los niveles de endeudamiento 

alcanzados, sino de la dificultad de prolongar la trayectoria seguida”, 

lo que parecen confirmar “las estimaciones más recientes de los modelos 

macroeconométricos, como el Modelo Trimestral del Banco de España, 

(que) vienen a confirmar, al mismo tiempo que alertan, sobre la posibilidad 

de que perturbaciones imprevistas en estas variables (tipos de interés y precios 

de la vivienda) o en la generación de rentas, fundamentalmente a través 

del empleo, pudieran suponer un freno para el mantenimiento del patrón 


de gasto necesario para sustentar el dinamismo de la economía. Estos rasgos 

son particularmente relevantes para un sector de familias con elevados 

ratios de endeudamiento y bajos niveles relativos de renta y de riqueza, y 

que por tanto tienen poco margen para incrementar adicionalmente su 

carga financiera”. 

Lo que para Malo de Molina resulta claro, como colofón de esta visión 

del endeudamiento de nuestra economía, es que obliga “necesariamente” 

a “una moderación gradual del… (gasto de las familias, tanto en consumo 

como en inversión residencial) para adecuarse más al patrón de crecimiento 

de la renta disponible… El que ello se produzca de una manera ordenada 

y gradual en un escenario de aterrizaje suave” –que le parece a 

Malo de Molina “lo más probable”, aunque otros muchos analistas dan la 

impresión de que piensan lo contrario, y también, y eso lo comparte todo 

el mundo, piensan que es lo “deseable”–, o que se llegue a ello de manera 

más abrupta, tras una prolongación excesiva de las tendencias actuales, o 

como resultado de perturbaciones imprevistas en el precio de la vivienda, 

el sector inmobiliario, o el empleo, es evidente que “puede tener gran trascendencia 

para las perspectivas a medio plazo de la economía”. 

Nos adentramos, en este sentido, en lo que Malo de Molina califica con 

acierto 10 como territorio inexplorado, el de si “una fase de crecimiento tan 

prolongada en un marco de estabilidad macroeconómica (que) es inédita 

en la historia de España” puede prolongarse. Ante las perspectivas empíricas 

en contra concluye su artículo solicitando que “la política económica 

mantenga una actitud muy cautelosa, a pesar de las perspectivas favorables 

a corto plazo”. La pasarela que la economía española recorre sobre un río 

tempestuoso no tiene barandillas, y cualquier traspiés derivado de un falso 

optimismo, puede resultar fatal. 

Además, todo esto muestra la existencia de algunos otros grandes defectos 

estructurales, por lo que, a pesar de un notable esfuerzo de exportación 

que efectúa España, este déficit exterior puede aumentar como 

10 Cfs. José Luis Malo de Molina, art. cit., pág. 22. 




consecuencia de intentar buscar el desarrollo de nuestra economía a través 

de un fuerte incremento de la demanda interna, lo que tiene el rendimiento 

político inmediato de aumentar el PIB, por un lado, y por otro, de 

incrementar el nivel de ocupación. 

Ese impulso lo proporciona una formidable caída en los tipos de interés 

reales. Efectivamente, si descartamos la inflación, los tipos de los bonos 

a largo plazo, en el periodo 1999-2005 se comportaron como muestra el 

cuadro 7, en el periodo 1999-2005 11 

CUADRO 7 

Países Tipos de intereses reales 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Alemania 4’3 3’9 2’9 3’4 3’0 2’3 1’4 

Austria 4’2 3’6 2’8 3’3 2’9 2’2 1’2 

Bélgica 3’6 2’9 2’7 3’3 2’7 2’2 0’8 

España 2’4 2’1 1’5 1’5 1’1 1’0 0’0 

Finlandia 3’4 2’5 2’3 3’0 3’1 2’2 0’8 

Francia 4’1 3’7 3’3 3’0 2’0 1’9 1’6 

Grecia 4’2 3’2 1’6 1’2 0’9 1’3 0’0 

Holanda 1’7 2’8 0’8 1’6 2’0 2’9 1’7 

Portugal 2’6 2’2 0’8 1’3 0’9 1’7 1’4 

Estos defectos estructurales se manifiestan, además, en forma de un incremento 

notable en los precios interiores españoles, con un considerable 

aumento en su diferencial. No necesito aquí señalar que no tiene sentido 

decir que el IPC español marcha casi como el de la zona euro, porque en 

marzo de 2007 el nuestro se incrementó, en tasa anual, un 2’5%, mientras 

que el de la zona euro era del 1’9, con lo que sólo existe un diferencial de 

0’6 puntos. Se trata de funciones exponenciales, y ya que se refiere esta 

comparación a España y a una serie de países europeos importantes, aparte 

de la Zona del euro en su conjunto, he elaborado basándome en informaciones 

de Eurostat el cuadro de la acumulación inflacionista, medida por 

11 En ob. cit.. de Simon Tilford, de donde se toma este gráfico, aparecen además, con una cita, 

en la pág. 29, los datos de Italia e Irlanda, pues se repiten exactamente las cifras de ambas 

naciones; por eso no aparecen ambas series. 


el IPC en ese conjunto europeo, como se muestra en el cuadro 8, para el 

periodo 1999-2006. 

CUADRO 8 


Países Inflación acumulada Diferencia con 

en el periodo 1999-2006 la zona euro 

Alemania 12’5 +5’9 

Austria 15’4 +3’0 

Bélgica 20’0 -1’6 

España 34’1 -15’7 

Francia 14’3 +4’1 

Grecia 33’4 -15’0 

Holanda 20’2 -1’8 

Italia 21’3 -2’9 

Zona del Euro 18’4 – – 

Resulta muy cómodo hablar del efecto Balassa-Samuelson para explicar 

que ese aumento de los precios era inexorable porque los españoles se 

encontraban por debajo de los precios de los países más ricos. Pero al no 

observarse, con este proceso de unión económica y monetaria, una realidad 

de mayor productividad, como se muestra en este trabajo, jugar con 

el efecto Balassa-Samuelson sólo sirve para que se tenga que buscar en las 

condiciones de la estructura económica española la pérdida de competitividad, 

eso sí, agravada por la subida de los precios. 

Por supuesto, el diferencial del IPC, como contiene bienes y servicios de 

importación, disminuye la magnitud del problema. Si se toman las cifras de 

los precios implícitos en el PIB, o sea, el deflactor del PIB, o las de los precios 

industriales, este diferencial aún se amplía más. Añádase, para que 

estos enlaces macroeconómicos tengan todo su sentido, que si tenemos en 

cuenta que el comercio exportador español en gran medida se dirige a la 

Zona del euro, queda bien nítido otro muy serio problema estructural español, 

provocado en parte notable por fortísimas rigideces de los mercados 

de factores y de bienes y servicios. Por lo tanto la competencia con 

otros países se frena al no poderse devaluar la moneda española, al suceder 

otro tanto con los salarios, y al depender esencialmente de lo que sucede 

con nuestra productividad. Los estudios de Julio Segura y sus 



colaboradores 12 muestran que no sucede nada diferente respecto a la productividad 

total de los factores así como respecto a la del trabajo. Ésta se 

mueve de acuerdo con las siguientes magnitudes dentro del ámbito de la 

Europa de los 15 (Luxemburgo exceptuado, según Economist Intelligence 

Unit, ordenados los países de mayor a menor incremento medio de la productividad 

del trabajo en el periodo 1999-2005). 

CUADRO 9 

Nº de orden País Incremento de la 

productividad media anual 

1999-2005 





5 Gran Bretaña 1’7 

6/7 Dinamarca 1’6 

6/7 Holanda 1’6 

8 Austria 1’4 


10/11 Alemania 1’0 

10/11 Francia 1’0 


13 Italia -0’4 

14 España -1’0 

Media de la Zona del Euro 0’7 

Julio Segura ofrece la síntesis aún más amplia de este fenómeno 13 al indicar 

que las investigaciones que él ha coordinado, “indican inequívocamente 

que: 1. La pobre dinámica de la productividad del trabajo (PT) y la productividad 

total de los factores (PTF) que exhibe la economía española en la última 

década no es explicable ni en términos de errores de medida en las 

variables ni de efectos del cambio en la compensación sectorial del empleo o 

del valor añadido, sino que refleja una genuina escasa eficiencia en la utiliza- 

12 Cfs. Julio Segura (coordinador), La productividad en la economía española, Fundación Ramón 

Areces, Madrid, 2006. 

13 Cfs. Julio Segura, ob. cit., pág. 193. 



ción de los factores productivos. 2. La causa más determinante de este fenómeno 

es el escaso esfuerzo tecnológico realizado por las empresas españolas: 

un reducido porcentaje de empresas realizan actividades de I+D y su capacidad 

para convertir este esfuerzo en innovaciones es modesta. 3. La calidad del 

empleo –aproximada por el grado de cualificación del mismo– es un factor 

importante en la mejora de la PT y la PTF y presenta una complementariedad 

clara con el esfuerzo tecnológico, potenciando la eficacia del mismo”. 

La economía española, por eso, buscó parte de su refugio en una colosal 

ampliación de la industria de la construcción. Cuatro factores principales aumentaban 

su demanda. En primer lugar, el fuerte incremento del PIB por habitante 

motiva un deseo de vivir en mejores viviendas, o demanda segundas 

residencias. En segundo, el aumento de la ocupación coincide con la llegada 

a la percepción de ingresos como miembros de la población activa a los componentes 

del “estallido de niños” –el “baby boom”– de los años sesenta y setenta, 

con el complemento de un notable aumento de la participación 

femenina en la población activa. En tercer lugar, una fuerte inmigración llega 

a España como consecuencia de su cercanía a África, y de un tremendo desequilibrio 

de niveles de renta, que se repite con un amplio conjunto de naciones 

de Iberoamérica, en un proceso, éste último, facilitado por similitudes 

en el ámbito cultural, y especialmente en la lengua, todo ello con el complemento 

de habitantes de la Europa oriental en búsqueda de salarios más altos 

y de mejores perspectivas futuras. La cuarta causa es la existencia del que se 

puede denominar “fenómeno Florida”: como sucede en este Estado norteamericano 

con los retirados y con veraneantes, en el ámbito europeo la zona 

mediterránea resulta especialmente atractiva para multitud de habitantes con 

altos niveles en sus ingresos de las zonas del centro y norte de Europa. 

Por el lado de la oferta, una sentencia del Tribunal Constitucional que 

frenó la liberalización del suelo, como pretendía el Gobierno, concediendo facultades 

muy amplias a las Administraciones territoriales, con el añadido de 

que los ayuntamientos vieron en ello el maná para mejorar sus Haciendas, que 

tenían unos ingresos, a causa del sistema fiscal actual, petrificados, para emplear 

la expresión del profesor Torres. La escapatoria para las Haciendas territoriales 

de cualquier ámbito es el endeudamiento, a veces a través de la 

creación de empresas públicas, para las autonomías y corporaciones locales 



de toda índole, pero aun con todas esas posibilidades, el controlar el suelo, y 

a través de él conseguir más de una vez jugosas ganancias, constituye una 

tentación clarísima. Si a ello unimos un intervencionismo creciente en el ámbito 

del urbanismo, con la consecuencia bien sabida de los economistas de la 

corrupción, surge la resultante de la reducción de la oferta de suelo. 

Como señala Bruno Pérez 14 , “no hay motivos para la queja. El ciclón de 

ladrillos que ha atravesado las ciudades y pueblos de la Península de Norte a 

Sur y de Este a Oeste en el transcurso de la última década ha arrojado un 

saldo decididamente positivo para las arcas municipales. Esto se puede cuantificar 

a través de los 2.000 millones de euros anuales más que hoy ingresan 

los ayuntamientos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) respecto a la 

era inmediatamente anterior al “boom”, según los datos recabados por la Dirección 

General del Catastro, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

Esos 2.000 millones de euros marcan la diferencia entre los 4.002 

millones de euros que los municipios españoles ingresaron por el IBI en el 

año 2000 y los 6.096 millones que recaudaron en 2005, último año para el que 

existen cifras oficiales… A la altura del año 2000, todos los impuestos locales 

que gravan la vivienda –IBI, Impuesto sobre Construcción, Instalaciones 

y Obras (ICIO) y el denominado Impuesto sobre las Plusvalías– proporcionaban 

6.000 millones de euros a los municipios. Hoy esa cantidad se cubre 

únicamente con el IBI, que supone el 50% de los ingresos fiscales municipales… 

Los ayuntamientos… han tratado de aprovechar al máximo la oportunidad 

que se les presentaba. La inmensa mayoría de los municipios 

españoles ha elevado el tipo del IBI (que pueden variar por ley entre el 0’4% 

y el 1’1% del valor catastral, en el caso de los inmuebles urbanos) en estos 

años y eso ha hecho que, a pesar del dinamismo del proceso económico, la 

presión fiscal por este impuesto… se haya incrementado. En estos momentos 

los municipios reclaman que el IBI se aplique sobre el valor de mercado 

de los inmuebles y no el catastral, y crear una tarifa progresiva “en función de 

la capacidad económica de los contribuyentes”. 

14 Cfs. Bruno Pérez, “El “boom” inmobiliario deja al año 2.000 millones más en las arcas municipales. 

Los ingresos por IBI crecen desde 4.000 millones a 6.000 millones de euros entre 

2000 y 2005. Los ayuntamientos han exprimido hasta el límite su capacidad de recaudar a través 

de la vivienda”, en El Economista, 7 mayo 2007 (año II, nº 365, pág. 27). 


Volviendo al mercado del suelo y de los inmuebles, creciente demanda 

y una reducida oferta generan forzosamente subidas de precios. El traslado 

de las curvas de oferta OO, y demanda DD, a las O’O’ y D’D’ determina 

una forzosa subida de los precios, porque OM’>OM, y de las 

viviendas vendidas, OP’> OP. 

GRÁFICO 2 


Así es como se constituyó el sector de la construcción con el complemento 

de la obra pública obligada en infraestructuras para no generar estrangulamientos 

en el proceso productivo, juntamente con el aumento del 

consumo, en un factor esencial del desarrollo económico español. Este proceso 

hizo más que doblar en la última década el precio de la vivienda. Con 

bajísimos tipos de interés reales y este efecto riqueza derivado de la propiedad 

de un inmueble, ¿era posible que no aumentase complementariamente 

el precio de los inmuebles? Pero, como se señala muchas veces, los árboles 

no crecen hasta el cielo. Como síntesis, debe señalarse que el precio de las 

casas en España, que creció con fuerza desde 1997-1998, desde el año 2004, 

en porcentaje sobre los precios del año anterior, ha disminuido. En 2004, en 

el incremento respecto a 2003 fue del 20%; en el primer trimestre de 2007 

cayó al 7’2%. La consecuencia se ha propagado al mercado bursátil y, en general, 

al combinarse el freno a los precios de los inmuebles y de las cotizaciones 

en Bolsa, se produce en las familias la consecuencia de observar que 

se tiene menor riqueza y, por tanto, se restringirá la demanda. 



Este conjunto de desequilibrios en el aparato productivo, con sus consecuencias 

macroeconómicas, va eliminando las bases del fuerte desarrollo 

iniciado a partir de 1995 y, sobre todo, de 1996, con las medidas del 

Gobierno Aznar desarrolladas por los ministros Rato y Montoro. 

Todo lo complica el problema energético español, sobre todo por el 

lado de las balanzas exteriores. España, para desarrollarse, precisa algo más 

de una unidad adicional de energía para generar una unidad adicional de 

PIB, al contrario que el resto de los países de la OCDE, que para producir 

una unidad adicional del PIB, precisan todos de menos de una unidad 

de energía. Esta alta dependencia se liga a un muy alto grado de importaciones 

en energía primaria. O bien, como muestra el gráfico 3, que mide la 

intensidad –medida en kilotoneladas de equivalente de petróleo por unidad 

de PIB, medido en ecus 1995–, es evidente una separación de la curva española 

y de la de la Unión Europea en el periodo 1985-2003, en cuanto a 

la energía necesaria para originar una unidad de producto, creciente además 

en el caso de España, y decreciente en el de la Unión Europea. 

GRÁFICO 3 

Intensidad primaria en España y la Unión Europea 

Nota: Los datos de Intensidad Primaria para España se han calculado a partir de los 

consumos de energía primaria y las cifras de Producto Interior Bruto publicadas por el INE 

a precios constantes de 1995 y de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de Cuentas. 

Fuente: EnR/IDAE 



La serie histórica de consumo de energía primaria en España muestra 

con claridad un descenso en el porcentaje respecto al total de la generada 

en nuestro país –en 1973, el carbón significaba el 18’2% y en el 2005, el 

15’8%; la hidráulica y eólica, en 1973, el 4’6% y en 1985, el 2’5%, y la nuclear, 

el 3’1% en 1973, cuando daba sus primeros pasos, hasta ascender al 

17’0% en 1989 y a partir de ahí, descender hasta el 10’6% en 2005–, mientras 

que aumentan las energías básicas de importación: el petróleo sube 

del 72’9% en 1973 hasta el 76’7% en 1976, para luego disminuir hasta el 

50’6% en 2005–, y el gas sube del 1’5% en 1973 al 20’5% en 2005, y la electricidad 

de importación, del 0’3% en 1973 al 1% en 2005. En conjunto esto 

supone una subida muy fuerte en nuestra dependencia del exterior. Ésta suponía 

entre un 30 y un 40% en los años sesenta; en 2005 se ha situado en 

el 81%. Como este mercado energético internacional está dominado por situaciones 

de alto grado de monopolio, la carga sobre nuestra balanza comercial 

pasa a ser muy grande. Aparte del riesgo que puede derivarse de 

un nuevo choque petrolífero, o de gas, complicado todo, además, tanto 

por lo que pudiera derivarse de la localización exacta del pico de Hubbert 

15 , como por las consecuencias del auge del integrismo musulmán. 

Concretamente, por lo que se refiere a la apuesta por el gas hecha por España, 

debido al avance salafista en Argelia y Marruecos, y en este último 

país a causa de sus demandas nacionalistas frente a España, la preocupación 

tiene que ser grande. Esto obliga, a poca sensatez que exista en las 

autoridades españolas, a un esfuerzo notable en materias de defensa por lo 

que se refiere a nuestro flanco mediterráneo, lo que no dejará de aumentar 

el gasto público. La mejoría pudo haber venido de una apuesta decidida, 

parecida a la que existe en Francia, a favor de la energía nuclear. 

Además de ello ha surgido la cuestión del cambio climático. Sólo por eso, 

como señalaba recientemente Nicholas Stern, 16 se impone la cuestión nu- 

15 Lo planteado por el “pico de Hubbert” y el petróleo semeja muchísimo a lo expuesto por William 

Stanley Jevons y el carbón en el famoso ensayo The Coal Question, la primera edición de 

1865, aunque la manejada habitualmente es la 3ª edición, revisada por A. W. Flux, Macmillan, 

London, 1906. 

16 Cfs. Nicholas Stern, The Economics of Climate Change. The Stern Review, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2007, sobre todo en la pág. 309. 



clear, y en síntesis, es muy difícil discrepar de lo que respecto a España se señala 

en el folleto preparado por Eduardo Moreno Amador y Almudena 

Alonso Gómez, Energía Nuclear. Una mirada abierta al futuro energético 17 : 

“En España la demanda de energía eléctrica crece a un ritmo acelerado. 

Ha crecido el 57% en una década alcanzando el 72% en la punta de demanda 

durante el mismo periodo. 

“La demanda de electricidad ha aumentado más que la inversión en renovables. 

A pesar de las inversiones realizadas en España en renovables 

en los últimos años, entre 2004 y 2006 ha caído su aportación en términos 

relativos. 

“La dependencia energética alcanza en Europa el 50% y en España el 

80% y existen problemas geopolíticos que afectan a la garantía de suministro, 

a lo que se suma el hecho de que los precios del petróleo son altamente 

volátiles. 

“El 80% del consumo energético mundial se basa en combustibles fósiles, 

lo que da indicio de la magnitud del problema del calentamiento global”. 

Este haz de amenazas al equilibrio macroeconómico pone en muy 

malas condiciones a uno de los lados del triángulo de Eugenio Domingo 

Solans. ¿Y qué sucede con los aspectos relacionados con el desarrollo científico 

y tecnológico? 

Conviene que tengamos en cuenta, en este sentido, que vivimos dentro de 

una nueva etapa de la Humanidad desde finales del siglo XVIII. El hombre, 

a partir del tercer milenio antes de Cristo, vivió en la Revolución del Neolítico, 

y ésta dura hasta, aproximadamente, 1783. La energía era de sangre, eólica 

o hidráulica; los cultivos seguían las reglas de Columela y su De re agricola; 

las noticias desde Sevilla a Roma tardaban, poco más o menos, en el siglo 

XVII, lo mismo que en la época del Imperio Romano; la navegación, a remo 

17 Villafañe & Asociados. Pearson. Prentice Hall. Foro Nuclear, Madrid, 2007, pág. VII. 



y a vela, tenía parecidas técnicas en Tartessos y en la Cádiz de inicios del siglo 

XVIII; los ejércitos poseían dimensiones parecidas, y desde César a Napoleón 

sus movimientos eran similares; también sucedía eso con los planteamientos 

políticos; el único gran cambio había sido el establecimiento de 

conexiones políticas y comerciales en todo el orbe gracias a los descubrimientos 

de portugueses y españoles; la agricultura, la ganadería, la actividad 

protoindustrial, no se alteró demasiado en el periodo; se ha avanzado en el 

terreno de las matemáticas, pero sólo a partir del siglo XVII se produjo un 

cambio esencial, con la llegada del cálculo infinitesimal, del cálculo de probabilidades 

y de la geometría analítica; la medicina no había avanzado gran 

cosa desde Hipócrates. ¿Para qué seguir? Si un enterrado en un sarcófago fenicio 

de Cádiz levantase la cabeza a comienzos del siglo XVIII en esa ciudad, 

aún entendería todo lo que sucedía en su entorno a la perfección; a partir del 

siglo XIX, dejaría de comprenderlo, y el choque actual le sería intolerable. 

De acuerdo con Schumpeter y Kondratief, ya hemos superado dos grandes 

etapas de la Revolución Industrial. La primera, generada a lo largo de la 

primera mitad del siglo XIX, suponía un progreso, por cierto, enorme, basado 

en la energía del carbón, con complementos tales como la siderometalurgia 

y los ferrocarriles. La segunda, en la transición del siglo XIX y XX, supone 

la entrada en acción del motor de explosión basado en el petróleo, la utilización 

de la corriente alterna y avances considerables en la industria química, 

tanto en la pesada –donde el papel de la petroleoquímica prepondera 

progresivamente sobre la carboquímica– como de la industria quimicofamacéutica. 

Pero ahora se ha abierto con toda su amplitud la tercera, con 

puntos de apoyo tan considerables como las tecnologías de las informaciones 

y las comunicaciones (las TIC), la robótica, la exploración del espacio exterior, 

los progresos de la biotecnología, el empleo de los nuevos materiales, 

la nanotecnología, y las nuevas energías, con el avance desde la de fisión a 

la de fusión, todo ello con progresos notables hacia la globalización, fruto, 

entre otras cosas, del paso de la modernidad, vinculada a la cultura nacionalista 

derivada de la Revolución Francesa, a la postmodernidad que intenta 

superar esas limitaciones con organizaciones supranacionales. 

La comunidad que no sea capaz de cabalgar sobre este tipo del desarrollo 

–la exponencial de Fogel es bien significativa en este sentido– re- 



sultará devorada –esto es, excluida del desarrollo– por esta nueva realidad. 

Y he aquí que en España las informaciones de que se disponen indican que 

nuestra nación, con mil dificultades, se está agarrando a la piel de este 

feroz felino. La carencia de empresas industriales españolas importantes 

explica en parte esa realidad. Las mayores, –dejando a un lado a las eléctricas– 

como son las del automóvil o Arcelor, forman parte de conglomerados 

multinacionales cuya sede más importante se encuentra en el 

extranjero. Ciertas apuestas a través de desembolsos considerables, como 

es la participación española en EADS, han acabado en ruidosos fracasos. 

Y en el terreno energético, la imposibilidad de conseguir que en España 

se situase ITER, sobre todo a causa del demagógico “parón nuclear” de 

1982, reiterando recientemente el propio Gobierno que pensaba saltar a 

una especie de liquidación de las plantas nucleares, incrementa este problema. 

Parece que España no ha escuchado las palabras pronunciadas por 

el Premio Nobel de Física, Basov, cuando recibió el doctorado “honoris 

causa” por la Universidad Politécnica de Madrid: “No se puede alcanzar 

el paraíso de la energía de fusión sin pasar por el purgatorio de la energía 

de fisión”. 

La importancia de este retraso se contempla en estas palabras pronunciadas 

por José Ángel Sánchez Asiaín en la llamada Asamblea Cotec 2006, 

celebrada bajo la presidencia del Rey el 22 de junio de 2006: “Todos sabemos 

lo lejos que todavía estamos de alcanzar los niveles que caracterizan 

a los países más desarrollados, y sabemos, además, que una perspectiva 

continuista es necesaria, pero que no es suficiente… en un entorno de rápida 

evolución. En Cotec hemos tratado este año de entender y profundizar 

en cómo se explica esa gran distancia. Y para ello hemos construido un 

modelo de economía desarrollada, una especie de economía virtual con la 

que comparar nuestra situación real. Un modelo que representa a la economía 

media de los seis país más desarrollados de la OCDE entre 1993 y 

2002, último año para el que hay datos internacionales desagregados… 

Pues bien, entre otras cosas, de ese análisis se deducen “dos peculiaridades” 

de nuestro sistema, las dos negativas, que explican esa distancia tan grande 

que nos separa. Uno es que nuestros sectores dedican mucho menos esfuerzo 

a I+D que sus homólogos del modelo… Hemos comprobado que 

si nuestro sistema se comportara igual que el del modelo, nuestro gasto en 



I+D, en términos de Valor Añadido Bruto, sería el 1’1%, y no el 0’56% actual… 

La segunda peculiaridad es estructural, y pone de manifiesto que en 

nuestro sistema productivo el peso de las empresas de sectores tradicionales 

es todavía demasiado grande. –Esto significa que España no se ha 

empapado de las profundas transformaciones que significa la tercera etapa 

de la Revolución Industrial en relación con el sistema productivo de los 

países de vanguardia–. Es decir, hay pocas empresas que ofrecen productos 

de tecnología avanzada. Y esto es lo que justifica que ese 1’1% que nos 

gustaría alcanzar dista todavía medio punto de la intensidad de I+D de la 

economía modelo. La conclusión es que si nuestro tejido productivo no se 

desplaza hacia sectores de mayor contenido tecnológico y más creadores 

de valor añadido, sus indicadores no alcanzarán nunca los valores que tienen 

en las economías desarrolladas. Y éste es nuestro segundo gran problema… 

Necesitamos aumentar de forma explosiva la innovación 

tecnológica en nuestro país. Lo que necesariamente pasa por un fortísimo 

crecimiento del número de las empresas innovadoras. Es decir, aquéllas 

que optan decididamente por estrategias tecnológicas para aumentar su 

competitividad… Para que esto ocurra, lo que tenemos que hacer es ya 

conocido. Y quizá el objetivo más urgente sea que muchos más investigadores 

trabajen en las empresas españolas. Porque ellos son los que mejor 

pueden detectar las oportunidades de negocio que la tecnología ofrece a 

cada una. Y para que eso suceda rápidamente será preciso que los investigadores 

del sistema público, que son muchos y excelentes, se vean atraídos 

por la actividad empresarial… Hacen falta… investigadores que sean capaces 

de aprovechar el conocimiento disponible en el sistema público de 

investigación… Será también muy importante que las empresas españolas 

se preocupen más por la gestión de la innovación, que es una función tan 

gestionable como cualquier otra función empresarial… Y también necesitamos 

un marco legal y administrativo que no levante barreras, ni añada 

nuevas incertidumbres a las propias que ya de por sí tiene la actividad empresarial. 

Porque leyes como las de la quiebra, reglamentaciones como las 

de los investigadores del sistema público, o discontinuidades en las políticas 

de apoyo, inhiben la innovación”. Todo esto, además, en un contexto, 

el de la Unión Europea, caracterizado porque tras las frases grandilocuentes 

vinculadas al Acuerdo de Lisboa es difícil entender cómo “los fondos 

dedicados a…. «ciencia, tecnología e innovación», sean tal y como se pro- 



pone en las ‘Perspectivas Comunitarias para 2007-2013’, la quinta parte de 

los dedicados a financiar las políticas agrarias”. 

Y para concluir esta larga cita del discurso de Sánchez Asiaín conviene 

resaltar que con toda justicia avisó de que, en España, “estamos teniendo 

tasas de crecimiento superiores a la media europea. Unas tasas cada día más 

amenazadas, no sólo por el fenómeno ya viejo de la globalización, sino también 

por la rápida irrupción en ese mercado global de nuevas ofertas que obtienen 

ventajas competitivas derivadas del caso de la tecnología…” 18 . 

¿Para qué insistir más? Sólo debo añadir que el “Informe” sobre España 

del Fondo Monetario Internacional 19 , critica la baja inversión pública y privada 

en tecnología (1’1% del PIB, muy lejos del objetivo de la UE para 

2010, el 3%), que explica una parte notable del déficit exterior considerable, 

como ya se ha señalado, de nuestra economía. 

Un cuadro estadístico del gasto del I+D+i por parte del sector empresarial, 

ordenados los países de mayor a menor gasto porcentual respecto 

al PIB en la Unión Europea de los 25 en el año 2004, ratifica hasta qué 

punto es peligrosa la situación española también en este segundo lado del 

triángulo de Eugenio Domingo Solans 20 . 

CUADRO 10 

Nº de orden País Gasto porcentual respecto 

al PIB del I+D+i (2004) 



3 Dinamarca 1’81 


82 OCTUBRE / DICIEMBRE 2007 

(continúa) 

18 Este texto de su intervención en Asamblea Cotec 2006 de José Ángel Sánchez Asiaín me fue 

facilitado por éste. Los documentos de Cotec se pueden consultar en: 

http://www.cotec.es/docs/ficheros/200505100020_6_0.pdf 

19 Cfs. International Monetary Fund, Spain 2007. Article IV. Consultation. Preliminary Conclusions 

of the IME Mission. March 26, 2007, www.imf.org 

20 Cfs. “Europe in Figures”, en Eurostat Yearbook 2006-2007, Eurostat, marzo 2007.

Nº de orden País Gasto porcentual respecto 

al PIB del I+D+i (2004) 

5 Luxemburgo 1’54 




9 Holanda 1’02 

10 Eslovenia 0’96 

11 República Checa 0’81 



14 Italia 0’56 

15 Hungría 0’37 

16 Estonia 0’36 

17 Eslovaquia 0’26 

18 Letonia 0’19 

19/20 Grecia 0’17 

19/20 Polonia 0’17 

21 Lituania 0’16 

22 Malta 0’10 

23 Chipre 0’08 

24 Austria – – 

25 Portugal – – 

Media UE 15 1’26 

Media UE 25 1’22 

Media Eurozona 1’21 

Complétese con el cuadro 11 que muestra cómo nuestras empresas no 

empujan precisamente en la dirección que se considera adecuada 21 , al ordenar 

los países europeos por su mayor a menor actividad empresarial innovadora. 

CUADRO 11 

Empresas de la UE-27 con actividad innovadora entre 2002 y 2004 (en porcentaje 

sobre el total de empresas) 

Nº de orden Países Porcentajes 

1 Alemania 65 

2 Austria 53 

3/4/5 Dinamarca 52 

3/4/5 Irlanda 52 

3/4/5 Luxemburgo 52 

6 Bélgica 51 

7 Suecia 50 

8 Estonia 49 

21 Eurostat, News Release, febrero 2007, nº 27. 


(continúa) 




9 Chipre 46 

10/11 Finlandia 43 

10/11 Gran Bretaña 43 

12 Portugal 41 

13 República Checa 38 

14/15 Grecia 36 

14/15 Italia 36 

16 España 35 

17 Holanda 34 

18 Francia 33 

19 Lituania 29 

20 Eslovenia 27 

21 Polonia 25 

22 Eslovaquia 23 

23/24 Hungría 21 

23/24 Malta 21 

25 Rumania 20 

26 Letonia 18 

27 Bulgaria 16 

Media Unión Europea 27 42 

Todo esto queda corroborado, por lo que se refiere a esa mala situación 

española, con la estimación realizada por el Instituto de la Economía 

Alemana, el IWD, por encargo del Instituto Roman Herzog a través de 22 

indicadores, con una escala que va de 100 (mayor resultado), a 0 (peor resultado). 

La puntuación española debe preocuparnos, y nada alivia el que 

Italia, Portugal y Grecia estén aun en peores condiciones. 

CUADRO 12 

Comparación internacional de la innovación en 2006 


1 Estados Unidos 79’2 




5 Dinamarca 62’7 


7/8 Noruega 52’2 

7/8 Japón 52’2 


10 Holanda 44’4 




14 Italia 27’4 





Esta comparación extraeuropea casi nos debe abrumar, porque España, 

además, se encuentra situada en la Unión Europea, y en Europa se encuentran 

nuestros principales clientes. Si no marcha aceleradamente el conjunto 

de Francia, Alemania, Portugal, Gran Bretaña e Italia, por fuerza la economía 

española frenará su desarrollo. Por eso debe preocuparnos que de acuerdo 

con el “Informe CESIfo” del Centro de Estudios Económicos de la Universidad 

de Munich y del Instituto IFO “el objetivo de la UE en lo relativo a la 

inversión en I+D, expresado en porcentaje del PIB, según se establece en la 

estrategia acordada en la Cumbre de Lisboa, es alcanzar al menos el 3% en 

2010. Según los últimos datos de Eurostat, los 25 países de la UE invirtieron 

en I+D el 1’85% del PIB en 2005. Este es, prácticamente, el mismo porcentaje 

que en 2000, el año en el que el Consejo Europeo se fijó como objetivo 

estratégico para la próxima década «convertir a Europa en la economía basada 

en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo». El porcentaje 

del PIB destinado a I+D en Europa se ha mantenido bastante por 

debajo del de Estados Unidos… Otro tipo de inversión en la que las políticas 

públicas desempeñan un importante papel es la educación… Sin embargo, la 

inversión en educación en la zona del euro básicamente se ha estancado desde 

1999… En este periodo, Estados Unidos ha ampliado su ventaja: la inversión 

pública y privada en educación creció casi medio punto entre 1999 y 2003. 

Los autores destacan también que, mientras en Japón y Estados Unidos más 

del 25% de las instituciones dedicadas a la educación reciben financiación privada, 

este porcentaje apenas supera el 10% en Europa” 22 . 

Todo esto debe completarse con un cuadro que muestra en el fondo de 

qué modo la investigación se ha orientado en España al margen del interés 

que de ella se puede derivar hacia el mundo empresarial. Como se indica 

en un valioso trabajo de Pedro Aceituno Aceituno 23 , “por lo general 

22 Cfs. “La economía europea ralentizará su crecimiento en los dos próximos años. El Infome CE- 

SIfo sobre “la economía europea 2007” previó una moderación del crecimiento en 2007 y 

2008, si bien las perspectivas en empleo continuarán siendo favorables. Los autores advierten 

de la desventaja que la Unión Europea sigue presentando en la inversión en educación e 

I+D, dos ámbitos estratégicos”, cfs. Fundación BBVA. Boletín, marzo 2007, nº 5, pág. 6-7. 

23 Cfs. Pedro Aceituno Aceituno, Primer Informe Innovacef: aportaciones para mejorar el futuro 

de la I+D+I, núm. 80/2006, Centro de Estudios Financieros, Madrid, enero 2007, pág. 168. 



existe escasa conciencia y mentalidad entre la sociedad y el tejido empresarial 

de que la I+D+i sea una inversión beneficiosa tanto a la hora de obtener 

resultados económicos como de otro tipo, quizás porque no 

entienden bien cuáles pueden ser estos beneficios, en términos de una 

mayor competitividad, productividad y una mayor calidad de vida para la 

población, entre otras ventajas. No se aprecia el valor de la investigación y 

el conocimiento como motor de una economía más competitiva, especialmente 

en las empresas. Además las compañías españolas no tienen cultura 

de investigación y prefieren comparar su tecnología en el exterior, 

mientras que las entidades públicas no tienen cultura empresarial”. 

De ahí por ejemplo este cuadro, bastante sobrecogedor para los investigadores 

jóvenes, de este “Informe Innovacef” 24 , con la observación de que 

“el sistema de puntuación de las contestaciones (de este Informe) recorre 

una escala que va desde 10 para el máximo nivel de expectativas hasta el 

0 que representa el menor nivel de las mismas” 25 . 

CUADRO 13 

¿Tiene previsto en su departamento u organización acudir a alguna institución 

privada para financiar los proyectos de I+D+i en que usted participa? 

Respuesta Puntuación Porcentaje 

Ya se ha obtenido 10 14’03 

Ya se ha acudido y se está 

totalmente seguro de obtenerla 8 2’30 

Ya se ha acudido y se está 

muy seguro de obtenerla 6 6’63 

Se está considerando 4 17’60 

Se considera escasamente 2 13’78 

No se tiene previsto 0 45’41 

Todo esto, naturalmente enlaza con la productividad, como se ha señalado 

antes, y se puede sintetizar con estas palabras del profesor Ontive- 

24 Cfs. Pedro Aceituno Aceituno, ob. cit., pág. 161. 

25 Cfs. Pedro Aceituno Aceituno, ob. cit., pág. 156. 


os 26 : “Las muy reducidas tasas de crecimiento de la productividad siguen 

denunciando un cierto anclaje de nuestra economía en sectores tradicionales 

y de una escasa diversificación hacia otros más intensivos en conocimiento. 

El resultado no puede ser otro que un muy pobre 

comportamiento de la productividad del trabajo, de la productividad total 

de los factores… Además…, (en) la baja intensidad tecnológica de nuestra 

economía y, en general de la reducida dotación en conocimiento”. Esto, 

por desgracia, parece confirmarse, por ejemplo en el reciente “Informe Pisa 

2003” 27 . 

Resta analizar el lado del triángulo de Eugenio Domingo Solans que 

queda, el que se relaciona con el equilibrio social. En primer lugar, y a corto 

plazo, debemos señalar el importante crecimiento de los costes unitarios laborales 

en el área del conjunto de la OCDE, tal como se recoge en el cuadro 

13, con número de orden de menor a mayor tasa de variación anual en 

los costes laborales unitarios en 2006; la cifra de 2007 es una estimación 28 . 

CUADRO 14 


Variación porcentual anual 

Nº de orden País de los costes unitarios 

laborales 

2006 2007 

1 Alemania -1’5 0’3 

2/3 Holanda -1’0 0’4 

2/3 Japón -1’0 0’1 

4 Finlandia -0’6 1’5 

5 Suiza -0’3 0’9 

6 Suecia 0’0 1’1 

7 Eslovaquia 0’3 1’3 

8 Austria 0’4 0’9 

(continúa) 

26 Cfs. Emilio Ontiveros, debate “Emprender e Innovar. La regeneración empresarial”, en el volumen 

Saviálogos’06. Primer Encuentro Viálogos.Can con el Saber, Biblioteca Viálogos.Can, Caja 

Navarra, Pamplona, 2007, págs. 42-44. 

27 Cfs. PISA 2003. Aprender para el mundo del mañana, OCDE. Editorial Santillana, Madrid, 2005, 

y Panorama de la Educación 2006. Indicador de la OCDE, OCDE. Editorial Santillana, Madrid, 

2006. 

28 Cfs. OECD Economic Outlook, 2 diciembre, 2006, nº 80 



Variación porcentual anual 

Nº de orden País de los costes unitarios 

laborales 

2006 2007 

9 República Checa 0’7 2’4 

10 Bélgica 0’9 1’1 

11 Corea 1’2 1’7 

12 Dinamarca 1’3 2’4 

13 Francia 1’7 1’5 

14 Luxemburgo 1’9 0’9 

15 México 2’3 2’9 

16 España 2’5 3’1 

17 Turquía 2’7 2’6 

18/19 Grecia 2’8 3’1 

18/19 Canadá 2’8 1’8 

20/21 Gran Bretaña 2’9 2’9 

20/21 Polonia 2’9 1’9 

22 Portugal 3’2 2’0 

23 Hungría 3’4 4’1 

24 Noruega 3’5 2’7 

25 Italia 3’7 1’0 

26 Estados Unidos 4’3 3’0 

27 Australia 4’9 3’3 

28 Irlanda 5’0 2’5 

29 Nueva Zelanda 6’1 2’2 

30 Islandia 10’6 7’7 

Media de la Eurozona 0’9 1’2 

Media de la OCDE 2’3 2’0 

Este complementario elemento de freno a nuestro desarrollo debe ampliarse 

con los datos de la conflictividad laboral colectiva. La Oficina para 

las Estadísticas Nacionales británica, ha compilado un gráfico comparativo 

muy claro –véase en el gráfico 4–, que muestra que, aunque la conflictividad 

laboral española, desde un punto de vista temporal se encuentra 

en niveles muy bajos, aún es muy fuerte medida espacialmente, al examinar 

los días perdidos por mil empleados. 

José Luis Malo de Molina en el trabajo ya citado, explica, cómo, sin embargo, 

de ahí no se desprende una acción virulenta sindical 29 . Antes, al contrario, 

existe “un cambio en el clima de las negociaciones entre los agentes 

29 Cfs. José Luis Malo de Molina, art. cit., págs. 11 y 12. 


GRÁFICO 4 

Días de trabajo perdidos por cada 1.000 empleados 


económicos y sociales que han desarrollado estrategias de negociación salarial 

más sensibles al impacto potencial de los costes laborales sobre la 

generación de empleo y a la importación de los cambios tecnológicos y de 

la globalización de los mercados sobre la competitividad de las empresas. 

La remuneración por asalariado, que había crecido a una tasa media del 

9’4% entre 1980 y 1995, se ha moderado hasta el 2’9% de crecimiento 

medio entre 1996 y 2005… Estos ritmos de crecimiento de la remuneración 

de los asalariados están en línea con la trayectoria del IPC, pero 

cuando se comparan con los incrementos del deflactor del PIB, el crecimiento 

real resultante es negativo (-0’6% en el promedio de 1996-2007, 

frente al 1’3% entre 1980 y 1995), lo que debe interpretarse como un comportamiento 

favorable a la creación de empleo”. Añádase que “la combinación 

del cambio en la formación de las expectativas –en los últimos años, 

los incrementos de la remuneración de los asalariados vienen siendo infe- 



riores a los incrementos medios pactados en los convenios colectivos– y la 

influencia de la incorporación masiva de inmigrantes constituye la principal 

fuente de la flexibilidad que ha propiciado la elevada generación del 

empleo. Se han producido asimismo algunas reformas del mercado de trabajo 

que también han prestado alguna contribución. La más importante fue 

la de 1984, que liberalizó la contratación temporal… que… se ha convertido 

en la principal vía de flexibilidad para la adaptación de las empresas, 

con los riesgos que ello comporta de posibles ajustes bruscos del empleo 

en coyunturas adversas”. He ahí una Espada de Damocles de conflictividad 

que pende sobre nuestra realidad social. 

Por ahora, si no se alterase la coyuntura, y ya se ha visto que parece 

probable que ésta empeore, es evidente que aparece un panorama risueño, 

pues nos avisa Malo de Molina de que se reduce el NAIRU de España, 

esto es, la tasa de paro que no acelera la inflación: “Ha pasado de niveles 

en el entorno del 15% en 1996 hasta cerca del 9% en 2006, según las estimaciones 

disponibles” 30 . 

No debe dejar de preocuparnos el otro lado de esa moneda, de una 

cierta flexibilización laboral. Desde hace tiempo no se conoce ninguna 

nueva estimación solvente de la distribución personal de la renta. La última 

de que se dispone es la que se ofrece por el Banco Mundial basándose en 

la encuesta de 1990. La situación más que aceptable de entonces no puede 

seguir basando nuestras conjeturas 31 . 

Tampoco, en esta especie de síntesis de la existencia de elementos preocupantes 

en relación con el equilibrio social, podemos hurtar, muy sintéticamente, 

la abierta polémica sobre una posible crisis en el sistema de 

30 Sobre esta caída de NAIRU en España, véase Kieran MC Morrow y Werner Roger, “La estimación 

y los usos del concepto de tasa de crecimiento potencial. Perspectiva general de la metodología 

de la función de producción que utiliza la Comisión Europea”, en Papeles de Economía 

Española, 2007, nº 111, monográfico Análisis de coyuntura. Instrumentos e interpretación, 

págs. 88-89, 95 y 98. 

31 Cfs. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2005. Un mejor clima de inversión para todos, Banco 

Mundial. Mundi-Prensa Libros, Alfaomega Colombiana, Bogotá, 2006, pág. 258. 



pensiones, que naturalmente se centra, por una parte, en la continuidad, o 

no, de la coyuntura alcista, y por otra, en la evolución de nuestra pirámide 

de la población. Aquí el papel de la inmigración puede ser muy importante, 

pero estudios como los de Herce, o los de Togores, o los de Barea, 

todos muy preocupantes, no se pueden dejar a un lado. Según Eurostat Yearbook 

2006-2007 32 , en la Unión Europea de los 25 España tendrá un 35’7% 

de ancianos, esto es, personas de unos 65 años, respecto al total, en 2050. 

Ningún país de esos veinticinco tendrá un porcentaje tan alto respecto al 

total de la población. Detrás viene Italia, con el 35’3%, seguida de Grecia, 

con el 32’5%. Claro que surge otro problema, en caso de que la inmigración 

resolviese, o aliviase este problema. La inserción en la sociedad española 

de los inmigrantes, sobre todo de los de procedencia africana y, entre 

ellos, de los de religión musulmana, no dejará de ser un proceso arduo, y 

en términos económicos, encarecedor de los servicios del Estado de Bienestar. 

El Sistema Nacional de Salud español, que es uno de los mejores del 

mundo según la Organización Mundial de la Salud, como consecuencia 

del impacto de cuatro factores –el envejecimiento, o sea el encarecimiento 

derivado de ese hecho, de la población española; los previsibles mayores 

precios de los nuevos medicamentos y tratamientos para combatir la enfermedad 

y el dolor; los progresos en la medicina preventiva; finalmente, 

el diferencial de salarios que tiene, respecto a unos más altos en el extranjero, 

una excelente clase sanitaria española–, comienza a mostrar síntomas 

preocupantes. Recientemente el profesor Barea sintetizaba así el problema 

fundamental del coste, referido a atenciones sanitarias y a pensiones 33 : “Es 

a partir de 2011 cuando la población de 65 años y más empezará a crecer 

fuertemente: en la década 2011-2020, en el entorno de 700.000 personas; 

y en la de 2021-2030, el envejecimiento se acentuará en más de 1.400.000 

personas y en la década de los treinta el aumento es de casi otro millón y 

32 Se toma de la información “UE-25: un 36% de la población española tendrá 65 o más años en 

2050”, en Documentación. Instituto de Estudios Económicos, 5 marzo 2007, 

www.ieemadrid.com 

33 Cfs. José Barea, “La sanidad en un entorno competitivo”, en La Razón, 25 abril 2007, año X, 

nº 3.069, pág. 24. 



medio de personas. Según estimaciones de la OCDE el gasto en sanidad 

representará en 2050 dos puntos de PIB más que en la situación actual, a 

los que habría que añadir la subida de 8 puntos en la participación de las 

pensiones, que desestabilizaría totalmente las finanzas públicas, con un déficit 

que sobrepasaría el 10% del PIB”. 

A estos riesgos evidentes debe añadirse el tratamiento de otra atención 

típica del Estado de Bienestar: la que se debe prestar a la familia. Su abandono, 

realmente muy rápido, a partir de 1975, para aliviar los equilibrios 

macroeconómicos relacionados con el sistema de Seguridad Social ante 

los retos derivados de los dos sucesivos choques petrolíferos, pasa una factura 

pesada. Traspasemos, agravadas, a España, estas recientes palabras del 

último Premio Nobel de Economía, Edmund S. Phelps 34 : “El problema demográfico 

afectará muy pronto de manera tangible a los europeos, lo que 

frenará de manera adicional el dinamismo y las innovaciones. Quién sabe 

cuantos Mozart dejarán de nacer debido a las bajas tasas de natalidad. Así 

que simplemente no existen en el Viejo Continente las condiciones para 

que haya un ‘boom’ económico auténtico y duradero”. 

Por lo señalado, ¿no nos hemos introducido en una trampa con el sistema 

de reparto, y la caída de la natalidad ha empeorado de tal modo nuestra 

realidad demográfica que resulta imposible, a corto plazo, escapar de sus 

exigencias, con lo que no quedan fondos para ayudar a las familias, lo que 

garantiza escasísima natalidad para siempre? España se ha introducido en 

1975 a velas desplegadas en un sistema –diría Myrdad de “causación acumulativa 

negativa”–, y toda una serie de medidas antifamiliaristas complementarias 

crean por fuerza más agobio. El castigo llegará por el flanco 

económico. 

Todo lo puede ya terminar de complicar el desempleo. Si se origina 

justo cuando el resto de estas tres cuestiones se plantean, ¿será posible asumir 

esa nueva carga? Y si no se asume, ¿qué puede suceder con nuestro 

equilibrio social? 

34 Cfs. Thomas Jhan, “Entrevista a Edmund S. Phelps”, en Capital, mayo 2007, nº 81, pág. 22. 



Y, además, el índice de percepción de la corrupción, que había subido 

con fuerza, como se observa en el cuadro 15, ha comenzado a descender 

después de una mejoría impresionante. Escándalos como los denunciados 

por Manuel Conthe sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

o la serie de asuntos corruptos inmobiliarios, pueden no sólo hacer descender 

este Índice de Percepción de la Corrupción, sino crear descrédito 

internacional y, desde luego, tensión social. 

CUADRO 15 

Año Índice de Percepción de la Corrupción de España 

(menor, 0, totalmente corrompido; mayor, 10, totalmente limpio) 

Puntos Puesto Nº de países Puesto Puesto 

en la clasificación estudiados UE 15 UE 25 

mundial 

1995 4’35 26 41 13 13 

1996 4’31 42 54 14 17 

1997 5’9 24 52 12 12 

1998 6’1 23 85 12 12 

1999 6’6 22 99 10 11 

2000 7’0 20 90 10 10 

2001 7’0 22 91 10 10 

2002 7’1 20 102 9 9 

2003 6’9 23 133 11 11 

2004 7’1 22 146 11 11 

2005 7’0 23 159 12 12 

2006 6’8 23 163 13 13 

Toda esta confluencia de acontecimientos aquí relatados es cada vez 

más conocida en el ambiente financiero mundial. Como resultado, se generaliza 

cada vez más la idea de que la economía española puede derrumbarse. 

De este modo surge la pregunta de cuándo este encadenamiento de 

hechos puede originar un crac. La contestación, tomando la falsilla de 

Schumpeter, es ésta: si un arquitecto observa que en el sótano de un edificio 

se albergan algunas cajas de dinamita; que en su cercanía, una mala 

instalación eléctrica, chisporretea; que pasan por el local bastantes personas 

despreocupadas fumando, indicará que el riesgo que corre ese edificio 

y sus habitantes es grande. También que si no se adaptan reformas estructurales 

–el que se lleve a otro sitio la dinamita, aunque tenga el coste de que 

se deja de percibir el alquiler del sótano; el que se reforme a fondo el ten- 



dido eléctrico, no dejando ni un cable al aire, con el coste de una inversión 

de bastante cuantía; también, el que se prohíba el acceso al sótano a todo 

fumador, lo que puede molestar a más de un obrero, y obligar a contratar 

a algún sustituto con mayor salario–, la casa no se salvará. Lo que no se 

puede decir es el día exacto en que va a volar por los aires. Aparentemente 

lo más cómodo y más barato es no hacer nada, y disfrutar del bonito edificio. 

He ahí un paralelo del dilema que hoy tiene la política económica española. 

Y sólo puede resolverlo si sigue aquel mensaje lanzado por 

Mirabeau, el 6 de noviembre de 1789, cuando señaló 35 : “Los desórdenes 

que se multiplican en nuestras economías son incapaces de ofrecernos 

compensación alguna; e incluso, si se agravan, pueden finalmente convertir 

en inútiles a todos nuestros trabajos… Os preguntaréis, sin duda ¿a 

dónde nos deben conducir estas observaciones? Pues a alejarnos más que 

nunca del recurso de los paliativos, a temer las esperanzas vagas, a no confiar 

en la vuelta de un tiempo más feliz salvo multiplicando nuestros esfuerzos 

y medidas para hacerlo nacer, y no a intentar una vez más, con 

recursos sobados, rechazar nuestras inquietudes hacia los que vendrán en 

pos de nosotros”. 

35 “Discours sur les finances. 6 noviembre 1789”, en Mirabeau, Discours, edición de François 

Furet, Gallimard, París, 1973, págs. 158 y 168. 


ROGELIO ALONSO 

¿QUÉ POLÍTICA ANTITERRORISTA 

FRENTE A ETA? 

Lecciones desde la perspectiva comparada 

INTRODUCCIÓN 

Puesto que el terrorismo continúa representando una de las máximas 

preocupaciones de la sociedad española y la organización terrorista 

ETA mantiene su amenaza a través de diferentes 

mecanismos, resulta pertinente evaluar qué medidas son eficaces e ineficaces 

en la contención y erradicación de la violencia. Esta evaluación 

debe realizarse teniendo en cuenta la amplia experiencia en la lucha antiterrorista 

que atesora nuestro país tras haber sido víctima de una intensa 

y prolongada campaña terrorista durante más de tres décadas. Así 

pues, dicha experiencia, con sus éxitos y fracasos, debe necesariamente 

informar el análisis que permita la elaboración de una política antiterrorista 

eficaz que desee evitar errores pasados. Esta perspectiva comparada, 

que implica la consideración de instrumentos previamente 

empleados en la política antiterrorista de sucesivos gobiernos en España, 

constituye una de las dos partes en torno a las cuales se estructura el 

presente artículo. Al mismo tiempo, esta variable será complementada 

con el análisis comparativo que se desprende de la valoración de otros 

contextos internacionales en los cuales han tenido lugar conflictos marcados 

por la violencia política. 

Rogelio Alonso es Profesor de Ciencia Política, Universidad Rey Juan Carlos. 


¿QUÉ POLÍTICA ANTITERRORISTA FRENTE A ETA? / ROGELIO ALONSO 

De particular interés resulta esta doble consideración analítica habida 

cuenta de la instrumentalización que de diferentes referentes internacionales 

se ha venido realizando con la intención de justificar y legitimar un 

cambio de política antiterrorista como el apreciado durante los tres primeros 

años de la actual legislatura. En este sentido, es de especial utilidad 

el análisis crítico de las tergiversaciones en torno al denominado “proceso 

de paz” en Irlanda del Norte. Sin duda, este proceso ha inspirado a diversos 

observadores y dirigentes políticos, que han extrapolado con escaso 

rigor cuestiones relacionadas con la política británica respecto al grupo terrorista 

IRA. Si los paralelismos con Irlanda del Norte fueron previamente 

establecidos por el nacionalismo vasco 1 , por lo general desde la interesada 

carencia del rigor requerido para una apropiada comparación, esta actitud 

ha sido mimetizada por destacados sectores socialistas en el País Vasco y 

en el resto de España. En esa línea, el propio presidente del gobierno, José 

Luis Rodríguez Zapatero, ha reivindicado el modelo norirlandés en repetidas 

ocasiones con objeto de legitimar sus decisiones sobre ETA. 

LA EXPERIENCIA ANTITERRORISTA ESPAÑOLA FRENTE A ETA 

Las negativas consecuencias de negociar con ETA 

El fracaso de la negociación con ETA emprendido por el actual gobierno 

no ha evitado que desde algunos sectores se insista en mantener abierta la 

vía del diálogo con la organización terrorista. Se matiza, no obstante, que 

dicho diálogo sólo tendrá lugar en determinadas circunstancias y sobre aspectos 

concretos, como la disolución de la banda y la situación de sus presos. 

Sin embargo, la reciente experiencia, y otras anteriores 2 , revelan cómo 

1 Para un análisis crítico de las manipulaciones que del referente norirlandés realizó el nacionalismo 

vasco en el pasado inmediato, llegando a inspirar iniciativas como la Declaración de 

Lizarra y la negociación con ETA de finales de la década de los noventa, véase Rogelio Alonso 

(2004), “Pathways out of terrorism in Northern Ireland and the Basque Country: the misrepresentation 

of the Irish model”, Terrorism and Political Violence, vol. 16, nº 4, pp. 695-713. 

2 Sobre las diferentes negociaciones con ETA durante la democracia, consúltese Florencio Domínguez 

(1998), De la negociación a la tregua. ¿El final de ETA? Madrid: Taurus. El diálogo con 

elementos de la banda que permitió la disolución de ETA político-militar manifiesta una serie 

de características que deben considerarse cuando se compara aquella experiencia con pos- 



esa opción facilita a ETA el engaño de dirigentes y ciudadanos predispuestos 

a aceptar las señales equívocas que sobre su hipotética desaparición los 

terroristas deseen transmitir. De esa forma el Estado pone a disposición de 

ETA un instrumento con el que, en momentos de debilidad, la banda genera 

una notable confusión dividiendo a quienes se encargan de combatirla. 

En esas condiciones, y tras haber sufrido el terrorismo etarra durante 

décadas, la ansiedad colectiva derivada del deseo de poner término a la 

violencia puede ser fácilmente manipulada. Así ha ocurrido en estos tres últimos 

años, enfatizándose la incompatibilidad de negociación e intimidación 

pese a la existencia de ambas en condiciones inadmisibles 3 , al 

infringirse la resolución parlamentaria de mayo de 2005 que sólo autorizaba 

el diálogo si antes los terroristas demostraban una “clara voluntad 

para poner fin a la violencia” 4 . El gobierno ha insistido en que no traspasaría 

unos límites que, no obstante, ha rebasado, justificando dicha vulneración 

mediante la relativización de las reglas impuestas al inicio del 

proceso. Se oculta así que el establecimiento, aparentemente firme, de dichas 

demarcaciones obedecía a la necesidad de respetar un procedimiento 

sin el cual la iniciativa carecía de validez. 

Consecuentemente, si la resolución del Congreso pretendía dar legitimidad 

a la negociación, el incumplimiento de dicho mandato evidencia la au- 

teriores episodios de negociación. En primer lugar, dicho proceso se acometió en un contexto 

de transición desde el régimen dictatorial hacia la democracia, circunstancia ésta que permitía 

abordar ciertas iniciativas que posteriormente, una vez se profundizó en el proceso de democratización, 

tendrían unos costes políticos que no se apreciaban en semejante coyuntura. 

Asimismo, debe destacarse que el diálogo se entabló al confirmarse previamente la existencia 

de una voluntad de desaparición y disolución por parte de dicho sector de la organización 

terrorista. En consecuencia, no se entabló una negociación política como la que más adelante 

sí contemplaría ETA en cada una de sus interlocuciones con representantes del Estado, sino 

simplemente un diálogo sobre la salida de quienes previamente ya habían decidido abandonar 

el terrorismo. 

3 Una exhaustiva recopilación de las actividades criminales de ETA entre marzo y diciembre de 

2006, puede encontrase en ETA en “alto el fuego”: nueve meses de actividad terrorista. Quinto 

informe de verificación de la violencia terrorista, Mikel Buesa, 31 de diciembre de 2006, Documentos 

Foro de Ermua, http://www.foroermua.com/html/descargas/5Informe_verificacion061231.pdf. 

4 Lucha contra el Terrorismo, Resolución número 32 aprobada por el Pleno de la Cámara, Boletín 

Oficial de las Cortes Generales, número 206, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, 20 

de mayo de 2005, pp. 28-29. 



sencia de cobertura para una política, por tanto, dañina. Así lo constatan declaraciones 

de altos representantes políticos como las que a continuación se 

resumen. El 23 de mayo de 2005 María Teresa Fernández de la Vega advertía 

que a la banda “sólo le queda la deposición de las armas y el abandono definitivo 

de la violencia”, recalcando que “sólo a partir de ahí se podrán explorar 

las vías de diálogo” 5 . Un mes antes, preguntado por el director de El País 

sobre contactos con Batasuna, Zapatero respondía: “En absoluto. El partido 

socialista no ha mantenido ninguna relación con personas que puedan representar 

a la extinta Batasuna. No ha habido ni hay relación alguna, ningún 

diálogo” 6 . Sin embargo, ha quedado demostrado que tanta rotundidad no se 

correspondía con la realidad y que el diálogo con ETA se inició y se mantuvo 

a pesar de que en ningún momento pudo verificarse el carácter irreversible de 

la tregua, tal y como se había exigido 7 . Por tanto, el hecho de que el presidente 

y la vicepresidenta de un gobierno democrático hayan faltado a la verdad 

constituye en sí mismo un elevado “precio político”, confirmando que la negociación 

con ETA sí ha tenido costes muy considerables 8 . 

Se ha intentado encubrir el éxito que para ETA supone esa cesión gubernamental 

enmascarando el escenario de negociación bajo un imaginario 

y positivo “fin dialogado de la violencia” que no era tal. Con esos 

5 “El PP rechaza la negociación con ETA aunque haya una rendición sin condiciones”, M. Iglesias 

y P. de las Heras, El Correo, 24 de mayo de 2005. 

6 Entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero publicada en El País, 24 de abril de 2005. 

7 Véase por ejemplo “El PSOE asumió que hay un conflicto político en 25 reuniones con Batasuna 

antes de la tregua”, Ramón Sola, Gara, 18 de mayo de 2007; “Así fue el diálogo con ETA”, 

Luis R. Aizpeolea, El País Domingo, 10 de junio de 2007; “El alto el fuego cumple hoy un año 

sin expectativas de acuerdos para la paz”, Alberto Surio, El Diario Vasco, 22 de marzo de 

2007. 

8 En el momento en el que el presidente del gobierno anunció el diálogo con ETA en junio de 

2006 podría haberse afirmado lo mismo que se aseguraba dos días después de la declaración 

del “alto el fuego” en un editorial del diario El País de significativo título, Verificación con 

calma: “En sus dos comunicados, ETA mantiene la ambigüedad sobre si su renuncia a las 

armas es definitiva o condicionada a determinados resultados políticos”. Añadía el editorial: 

“De acuerdo con la resolución del Congreso, el periodo de verificación de la ‘clara voluntad de 

poner fin a la violencia’ que ahora se inicia debería comenzar por acreditar la renuncia definitiva 

a tales prácticas”, esto es la extorsión y la violencia callejera conocida como kale borroka. 

Se concluía además que: “Una segunda verificación tiene que ver con su carácter irreversible: 

sin esa garantía no es posible el diálogo con ETA”. “Verificación con calma”, El País, 24 de 

marzo de 2006. Sin embargo, el diálogo comenzó y continuó sin respetarse las condiciones 

previamente marcadas. 



precedentes la oferta de diálogo para el futuro proporciona a ETA la posibilidad 

de volver a gestionar a su conveniencia su actividad terrorista, sabedora 

de que a pesar de sus crímenes dispondrá de otra oportunidad en 

la que nuevamente podrá debilitar al Estado mediante tácticas similares a 

las que ya se han revelado eficaces para los terroristas. Así lo avala la pertinaz 

posición del gobierno que presenta como una obligación de todo gobernante 

el diálogo con terroristas a pesar de que, obviamente, ningún 

dirigente debe comprometerse con acciones que una y otra vez se demuestran 

contraproducentes. Por todo ello, parece razonable descartar categóricamente 

el diálogo y la negociación con la banda en supuestos como 

los que hoy siguen defendiéndose. 

Final del terrorismo sin diálogo con ETA 

Es precisamente la disuasoria credibilidad que se desprende de tan firme 

negativa la que garantiza el abandono del terrorismo sin concesiones para 

el Estado, como ocurrió con el dirigente etarra Francisco Múgica Garmendia 

y otros cinco presos que en 2004 reclamaron la finalización de la 

violencia tras concluir que la “estrategia político-militar” de ETA había sido 

“superada por la represión del enemigo” ante “la imposibilidad de acumular 

fuerzas que posibiliten la negociación en última instancia con el poder 

central” 9 . De manera enormemente significativa, un prominente activista 

como éste, junto a otros internos, apoyados a su vez por reclusos etarras 

en otros centros, admitía que “nunca en la historia de esta organización 

nos hemos encontrado tan mal”. Este revelador episodio de desvinculación, 

junto a otros que le han precedido, constata que el abandono del terrorismo 

es posible sin diálogo con los terroristas, siendo viable dicha salida 

precisamente como consecuencia de la ausencia de negociación 10 . 

9 La carta referida fue reproducida por El Correo, 3 de noviembre de 2004. 

10 Véanse por ejemplo las críticas a la violencia etarra que en la segunda mitad de los años noventa 

articularon destacados activistas de la organización terrorista como José Luis Álvarez Santacristana 

y Carmen Guisasola, comportamiento que provocó su expulsión de la banda. Florencio Domínguez 

(2002), Dentro de ETA. La vida diaria de los terroristas. Madrid: El País Aguilar, pp. 167-185. 

Florencio Domínguez (1998), De la negociación a la tregua. ¿El final de ETA? Madrid: Taurus, pp. 162- 

171. Asimismo debe destacarse la escisión de Batasuna que se produjo tras la ruptura en 2000 

de la tregua decretada en 1998 dando lugar a una nueva formación política conocida como Aralar. 



Por tanto, la eliminación de esa expectativa de diálogo se convierte en 

una condición necesaria para la ansiada desaparición de la violencia. En 

cambio, la promesa de dialogar con la banda asume implícitamente la progresión 

hacia una negociación que excede los límites, en apariencia infranqueables, 

que se fijan con objeto de ensalzar las ventajas de un diálogo 

que, en teoría, nunca se realizaría bajo la amenaza de la violencia, y que 

quedaría restringido a la situación de los presos y a la disolución de la 

banda. El motivo radica en que cuestiones tan concretas ya pueden, y 

deben, abordarse mediante mecanismos existentes en nuestro sistema democrático, 

sin que se requiera para ello crear instrumentos ad hoc. Al supeditarse 

el fin de la violencia al diálogo entre una organización criminal 

y el Estado, éste asume parte del argumentario terrorista que denuncia la 

imperfección de la democracia, argumento que resultaría cierto si realmente 

no fuera posible la salida del terrorismo sin una negociación que, sin 

embargo, no ha sido precisa para que otros terroristas renunciasen a su 

militancia. 

El implícito reconocimiento de indulgencia penal que conlleva la admisión 

del diálogo en condiciones como las referidas coadyuva a superar 

esos límites fijados por el Estado, abocando a éste a una negociación política 

que pasa a ser justificada en aras de una aspiración tan loable como 

la erradicación del terrorismo. Bajo pretexto de que el fin último justifica 

los medios, el Estado alienta así la creencia en la eficacia de la coacción, 

premiando al terrorista con una favorable distinción cualitativa de la pena 

y de sus crímenes. En consecuencia, ETA da por descontado que la impunidad 

para sus presos es una concesión ya conquistada que le induce a 

plantear su disolución sólo a cambio de otros objetivos más ambiciosos. 

De ahí que el prometido diálogo sobre “paz por presos” deje de representar 

un factor de disuasión, incentivando el mantenimiento de la amenaza 

una vez el terrorista ve confirmado que el Estado relega la aplicación 

del sistema penal y de procedimientos ordinarios inalterables frente a 

otros criminales. 

Por el contrario, la negativa del Estado a establecer dicho diálogo, defendiendo 

las vías de salida del terrorismo que la democracia ya ofrece, 

aporta credibilidad a la posición estatal garantizando que la paz y la liber- 


11 Recuérdese que la máxima repetida por el presidente del gobierno durante el tiempo en el 

que se mantuvo el diálogo con ETA insistía en anteponer la paz a la política. Sin embargo, incluso 

en aquellos ámbitos en los que se apoyaba la estrategia gubernamental llegó a reconocerse 

que la organización terrorista logró invertir dicho orden. Véase, por ejemplo, “El 

preacuerdo sobre la mesa de partidos vascos condiciona el avance del proceso”, Luis R. Aizpeolea, 

El País, 19 de octubre de 2006. 

12 “ETA y el impuesto de valor añadido”, Pako Aristi, Gara, 6 de marzo de 2003. 

13 “Probemos sin ETA”, Santiago Alba Rico, Gara, 9 de junio de 2003. 


tad se antepongan a la política 11 . En esas circunstancias las redenciones sólo 

serían resultado de la efectiva desaparición de la violencia, favoreciendo la 

presión sobre ETA desde su propio entorno de acuerdo con la lógica que 

en 2003 ya se apreciaba en Gara. En serios momentos de debilidad para 

ETA simpatizantes del entorno radical señalaban: “Hay algo importantísimo 

que de primeras ganaríamos sin ETA: no habría seiscientos detenidos 

al año. Habría treinta y, quizás, tras varios años, nadie” 12 . Otro articulista 

añadía que “hoy por hoy, la existencia de ETA es un obstáculo para cualquier 

proyecto soberanista y de izquierdas en el País Vasco”, concluyendo 

que “La izquierda abertzale ha probado durante treinta años con ETA. Que 

pruebe ahora sin ella” 13 . 

Estas críticas confirman que el abandono del terrorismo no exige que 

el Estado construya una narrativa legitimadora de dicha opción mediante 

la oferta de diálogo, ese relato explicativo es responsabilidad de ETA. Los 

hechos ratifican que sus dirigentes podrían articularlo si existiera una verdadera 

voluntad de renuncia. Ésta únicamente parece posible en un escenario 

de derrota incompatible con una coyuntura de negociación como la 

que se ha acometido, pues sólo así se fomenta el cuestionamiento táctico 

de una violencia que entonces sí resulta contraproducente para ETA. Debe 

subrayarse que nuestro ordenamiento contempla ya la reinserción de los 

terroristas, si bien condicionada a la renuncia a la violencia para evitar que 

el terrorismo extraiga “ventaja o rédito político alguno”, tal y como demanda 

el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y en contra de 

lo que supone el fin dialogado propugnado. 

Las razones aquí expuestas demuestran que el ofrecimiento de diálogo 

estimula la continuidad de la amenaza al racionalizar los terroristas que su 



violencia siempre será recompensada, y no penalizada, con otra oportunidad. 

De ese modo los dirigentes políticos, seducidos por el objetivo último 

de terminar con el terrorismo, se ven impelidos a ceder a ETA la iniciativa 

en la política antiterrorista convirtiendo el diálogo en un arma contra el Estado. 

Deslegitimación ante la presión de la violencia 

Como la experiencia norirlandesa confirma, en su decadencia grupos como 

el IRA y ETA buscan perpetuarse coaccionando a actores políticos y sociales 

mediante la promesa de una desaparición que no llega si la respuesta 

gubernamental se traduce en concesiones que demuestran la eficacia de 

mantener a la organización terrorista, pues esta presencia garantiza contraprestaciones 

que sin ella no se producirían. Dicha dinámica favorece la 

peligrosa legitimación de quienes han utilizado la violencia obstaculizando 

una verdadera normalización política y el logro de la paz. Es por ello por 

lo que un diálogo paralelo entre el gobierno y ETA al tiempo que los partidos 

discuten con Batasuna la reforma del marco estatutario, tal y como 

se ha propuesto, consolidaría un grave déficit democrático. 

Tanto el referente norirlandés como los sucesivos diálogos con ETA 

demuestran que la mera presencia de una organización terrorista condiciona 

procesos políticos en los cuales participa el partido que la representa, 

al favorecer una coacción que en absoluto incentiva su definitiva disolución. 

De ese modo se incumple uno de los más necesarios principios recogidos 

en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo: “El diálogo propio 

de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos 

de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra 

Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia”. 

Esta máxima, resultado de la evolución histórica y política de nuestra democracia, 

debe condicionar las respuestas frente al terrorismo excluyendo 

medidas como el diálogo con ETA, que inevitablemente revierte en la deslegitimación 

de las instituciones democráticas. 

La negociación al margen de las instituciones democráticas propugnada 

por el gobierno español y el nacionalismo vasco transforma sutilmente la 



realidad del terror, pues el terrorista logra finalmente lo que persiguió mediante 

el asesinato de ciudadanos y representantes políticos, esto es, la deslegitimación 

del sistema democrático. Por ello, la enorme injusticia que 

define la negociación con ETA alienta irremediablemente la perpetuación 

de una coacción convertida en eficaz por quienes son responsables de su 

contención, como revela la vuelta de ETA a las instituciones mediante su 

instrumentalización de ANV (Acción Nacionalista Vasca). En esas circunstancias, 

resulta imposible la “erosión mediante la deslegitimación social” 

del “discurso totalitario” de ETA que Josu Jon Imaz ha reclamado. Así 

es porque, si bien el presidente del PNV aseguraba que “nunca” aceptará “el 

más mínimo avance del autogobierno vinculado a la presión de la violencia” 

14 , la negociación expone lo contrario: quienes han desafiado violentamente 

el autogobierno son eximidos del respeto a los procedimientos 

democráticos, deslegitimándose así a quienes fueron asesinados por defenderlos, 

favoreciéndose por tanto el desistimiento de la sociedad. 

Por tanto, la experiencia española no avala el diálogo como un eficaz 

instrumento para la resolución del terrorismo etarra. Sin embargo, se viene 

sosteniendo todo lo contrario, presentando bien el diálogo con ETA como 

absolutamente necesario frente a la insuficiencia de las respuestas policiales. 

Se construye así un falso dilema que identifica la respuesta policial 

como alternativa exclusiva a la negociación con terroristas, distorsión que 

se enfatiza insistiéndose en las buenas intenciones del presidente al buscar 

la paz mediante un diálogo que, sin embargo, ha dañado seriamente al Estado 

15 . Estas variables alimentan una retórica que miente sobre los ámbitos 

en los que debe articularse una política antiterrorista que aspire a ser 

eficaz. Al presentarse la derrota de ETA como imposible mediante un recurso 

–la vía policial– que en absoluto representa el único mecanismo de 

acción antiterrorista, se obvian el resto de instrumentos que conjuntamente 

deben emplearse contra la banda. 

14 “Imaz reniega de cualquier avance en el autogobierno vinculado a ‘la presión de la violencia’”, 

El Correo, Vasco Press, 24 de julio de 2007. 

15 “La política antiterrorista frente a ETA entre 2004 y 2006: del consenso al proceso de paz”, 

Rogelio Alonso, en José González Cusac (ed.) (2007), Fuerzas Armadas y Seguridad Pública: 

Consideraciones en torno al terrorismo y la inmigración, Castellón de la Plana: Publicaciones de 

la Universitat Jaume I, Colección “Estudios Jurídicos”, nº 14, 2007, pp. 145-174. 



La política desarrollada desde 2000, a partir de la firma del Pacto por 

las Libertades y contra el Terrorismo, alcanzó una notable eficacia precisamente 

porque concebía la lucha contra ETA de manera integral. En consecuencia 

la respuesta estatal se basó en la combinación de una eficiente 

presión política, policial, social, judicial, e incluso ideológica, que situó a la 

organización terrorista en una crítica situación, como reconoció la propia 

ETA al admitir que se había logrado “despertar el fantasma de la destrucción 

de la izquierda abertzale” 16 . Ello demuestra que el repertorio antiterrorista 

no consta únicamente de dos ejes, el diálogo y la vía policial, sino 

de muchos otros instrumentos, interrelacionados entre sí. Es en todas esas 

dimensiones de la política antiterrorista en las que debe ejercerse una firme 

y combinada presión que en el pasado ha generado muy negativas consecuencias 

para la banda, llegando a resquebrajar el mito sobre la imbatibilidad 

de ETA 17 . Precisamente por ello resulta obligado defender el modelo 

antiterrorista español articulado en torno a dicho Pacto frente a otros instrumentos 

aplicados en el exterior que se han intentado replicar en nuestro 

propio ámbito. 

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SU INSTRUMENTALIZACIÓN POR 

EL TERRORISMO ETARRA 

Buscando legitimidad para negociar con ETA 

Los referentes externos vienen sido empleados como elemento de validación 

de la estrategia gubernamental en relación con el “proceso de paz”. De 

hecho la tendencia a reinterpretar la etiología y las consecuencias políticas 

y sociales de la violencia etarra desde una perspectiva diferente a la que 

había inspirado la política antiterrorista de los últimos años ha llevado al 

gobierno a contratar los servicios del centro suizo Henri Dunant con ob- 

16 Zutabe 106, noviembre de 2004. 

17 Sobre la eficacia de la estrategia antiterrorista diseñada en torno al Pacto por las Libertades 

y las contraproducentes consecuencias del debilitamiento de los instrumentos aplicados en 

ese periodo al optarse por la negociación con ETA, puede consultarte “La política antiterrorista 

frente a ETA entre 2004 y 2006: del consenso al proceso de paz”, Rogelio Alonso, op.cit. 



jeto de desempeñar tareas de mediación entre representantes gubernamentales 

y la banda terrorista ETA. Ello a pesar de las dudas que surgen 

en torno a la pertinencia de extrapolar experiencias dispares sin una rigurosa 

contextualización que permita establecer paralelismos sólo desde el 

rigor, tal y como se analizará a continuación. 

“Los pacificadores son imparciales por definición y no les compete establecer 

distinciones morales entre el agresor y la víctima, pero su sola presencia 

en la línea de demarcación ratifica de hecho las conquistas de los 

agresores e impide que las víctimas recuperen el terreno perdido” 18 . Esta reflexión 

de Michael Ignatieff sirve para exponer los errores que sobre el País 

Vasco reproducen personas que se presentan como “expertos” en “resolución 

de conflictos” y “procesos de paz”. Tan esclarecedora consideración es 

aplicable para quienes defienden un “proceso de paz” para el País Vasco 

con criterios extraídos de entornos externos y que resultan de muy cuestionable 

aplicabilidad a nuestro marco político 19 , entre ellos los integrantes 

del calificado Grupo Permanente de Asesores Internacionales para el 

Proceso de Paz conformado a petición de Juan José Ibarretxe 20 . Es éste un 

foro creado por el presidente vasco con objeto de que los análisis políticos 

del dirigente nacionalista se vean revalidados por opiniones de unos observadores 

como éstos, profundamente desconocedores del fenómeno terrorista 

en el País Vasco. De ese modo el nacionalismo institucional intenta 

dotar de legitimidad a la negociación política con la organización terrorista, 

enmascarando como un inofensivo diálogo la dañina transacción de derechos 

y libertades que semejante propuesta supone en el contexto del País 

Vasco. 

18 Michael Ignatieff, (2004), El honor del guerrero. Guerra étnica y conciencia moderna. Madrid: 

Taurus, p. 101. 

19 Un ejemplo de esas erróneas generalizaciones se puede apreciar en “El precio de la paz”, Vicenç 

Fisas, El País, 14 de mayo de 2005, y “¿Una salida para el conflicto vasco?, Vicenç 

Fisas, El País, 20 de enero de 2007. El autor de ambos artículos revela las deficiencias de ese 

tipo de análisis al jactarse nada más y nada menos que de haber analizado “todos los procesos 

de negociación que existen en el mundo”. 

20 Son miembros de ese grupo el ex primer ministro de Irlanda, Albert Reynolds; el ex ministro 

surafricano Roelf Meyer; el director del Centro para la Resolución de Conflictos de la Universidad 

de Columbia Andrea Bartoli; el ex director del departamento de resolución de conflictos 

del Centro Carter, Harry Barnes, y la miembro de Human Rights Watch Joanna Weschler. 



Este ha sido un modelo también propugnado por otros “expertos”, 

como ejemplifican varios artículos publicados por el diario El País los días 

10 y 11 de diciembre de 2006. Constituían estas informaciones una muestra 

de los planteamientos que autodenominados “mediadores profesionales” 

reclamaban para Euskadi, revelando un amplio y preocupante 

desconocimiento de la problemática terrorista en nuestro país que difícilmente 

contribuiría a la desaparición de ETA. Los testimonios de “cinco 

expertos protagonistas en negociaciones de paz en Irlanda del Norte, Suráfrica, 

Colombia, El Salvador, Sri Lanka y Sudán”, eran utilizados para 

exigir literalmente al gobierno español un “precio político” y “concesiones” 

frente a ETA. Lo hacían reivindicando unas “reglas universales” aplicables 

a “todos los procesos de paz” con las que justificaban sus opiniones 

pese a las evidentes diferencias entre tan dispares ámbitos. Tan osada asunción 

constituía una grave equivocación que viciaba de partida sus argumentos 

posteriores, pues la excepcionalidad del terrorismo etarra impide 

semejante generalización, error en el que también incurren constantemente 

los “expertos” seleccionados por Ibarretxe. 

La excepcionalidad del terrorismo etarra 

Mediante la democratización iniciada tras la desaparición del franquismo, 

la democracia española ha remediado ya los agravios que legitimaron en 

ciertos sectores el inicio de un terrorismo nacionalista perpetrado en una 

región que durante tres décadas ha sido gobernada por nacionalistas. La 

consolidación de las instituciones democráticas reparó el déficit democrático 

que para algunos justificó una violencia que gradualmente ha llegado 

a ser rechazada por una mayoría de los ciudadanos vascos, confirmándose 

hoy la práctica desaparición del apoyo explícito y total a ETA (0,3 %), incluso 

entre el electorado de EHAK (2%) 21 . Por ello resultaría enormemente 

dañino asumir que la integración de un sector antisistema demanda alterar 

las normas y acciones que lograron disminuir ese apoyo al terrorismo. 

El desarrollo de ese marco democrático y la necesaria defensa de su legitimidad 

condiciona por completo las políticas frente a ETA, obligando a no 

21 Euskobarómetro. Estudio periódico de la opinión pública vasca. Junio 2007. Departamento de 

Ciencia Política y de la Administración, Universidad del País Vasco, p. 47. 



equiparar nuestra situación con ninguno de los contextos en los que los 

“mediadores” referidos se definen como “expertos”. 

Así debe ser además porque el terrorismo etarra no se ha encontrado 

con una respuesta violenta por parte de una sociedad que, a pesar del sufrimiento 

y de la provocación, siempre ha eludido la venganza confiando 

su seguridad y reivindicaciones de justicia al Estado, como ponen de manifiesto 

las certeras palabras de Maite Pagazaurtundua, presidenta de la 

Fundación de Víctimas del Terrorismo, cuyo hermano Joseba fue asesinado 

por la organización terrorista ETA el 8 de febrero de 2003: “Imaginemos 

lo que pasaría si los huérfanos –en plena adolescencia– de los 

asesinados por ETA que siguen viviendo en el País Vasco dejaran de asumir 

la regla no escrita del silencio y el disimulo. O si lo hubieran hecho los 

que quedaron huérfanos de niños y ya son adultos. Si no se hubieran contenido, 

estos jóvenes harían frente a los jóvenes rabiosos y violentos, en 

cualquier calle, porque los cachorros de ETA ponen carteles a la luz del día, 

se manifiestan y muestran sus emblemas de forma arrogante. Nos habríamos 

asimilado, entonces sí, a los estándares de los expertos internacionales 

en conflictos” 22 . 

Al tiempo que los “mediadores” obvian estos rasgos diferenciales absolutamente 

determinantes, ignoran también que la impunidad jurídica y política 

hacia los violadores de derechos humanos no ha acercado una 

verdadera paz en aquellos contextos en los que se ha impuesto. Las acertadas 

reflexiones del jesuita José María Tojeira en relación con un escenario 

como el de El Salvador sirven para clarificar este punto. En una 

conferencia pronunciada en 2003 bajo el título “Resistencia y Reconciliación”, 

el que por aquel entonces desempeñaba labores de provincial de los 

jesuitas en Centroamérica, siendo además rector de la Universidad Centroamericana 

en El Salvador, ofrecía pautas de análisis para la realidad salvadoreña 

que curiosamente también encontraban aplicación en el País 

Vasco. En opinión de Tojeira, “sólo un reconocimiento serio de los errores 

22 “Duelo abierto”, Maite Pagazaurtundua, 8 de febrero de 2007, publicado en la página web de 

¡Basta Ya! y reproducido en http://www.paralalibertad.org/modules.php?op=modload&name= 

News&file=article&sid=16503. 



del pasado llevará a un cambio”, lo que le impulsaba a exigir justicia y reparación 

hacia las víctimas. Es esta petición la que a menudo se repite al 

hablar de fórmulas para enfrentarse al pasado en ese debate sobre la búsqueda 

de la verdad y la reconciliación tan frecuente en sociedades como 

las que vienen mencionándose. Sin embargo es también una reivindicación 

con frecuencia ignorada, pues llega a utilizarse estratégicamente como 

una reclamación que, en opinión de algunos, puede obstaculizar la paz. 

Tojeira lo sintetizaba con estas palabras: 

“(...) A la hora de pedir justicia para un crimen determinado, el actual presidente 

de la república, en El Salvador, se daba el lujo de decir que si se reabría 

tal caso, «correría de nuevo la sangre» en el país. El lenguaje se volvía 

contrario a su significado natural cuando se nos decía que no convenía abrir 

heridas del pasado. Como si juzgar a los victimarios fuera abrirles heridas a 

ellos en vez de cerrar las que ellos mismos habían causado a sus víctimas. 

(...) Los esfuerzos por contemplar los crímenes del pasado, reflexionar sobre 

los mismos, establecer fórmulas de reconciliación tan sencillas como la de 

lograr que los criminales del pasado pidan perdón públicamente y queden 

inhabilitados para la vida política, por ejemplo, aparecen como detalles irrelevantes 

para la vida democrática. (...) Yacen en el olvido las aseveraciones 

de la Comisión de la Verdad (…) que después de analizar 20.000 casos de 

graves violaciones de Derechos Humanos, atribuía el 85 % de las mismas al 

Ejército y el Gobierno, el 5 % a la Guerrilla del FMLN, y dejaba un 10 % 

como casos de difícil establecimiento de responsabilidades (...)” 23 . 

La oportuna aplicación de estas palabras al ámbito español parece 

evidente al contraponerlas a la visión expresada por un influyente formador 

de opinión en nuestro país: “El problema entre memoria, reconciliación 

y reparación lo viviremos siempre, también si hay un proceso de 

paz con ETA. Un proceso que la derecha ya está mistificando, que no 

implicaría concesiones políticas y que conduciría a un acuerdo sobre los 

presos, que han cometido terribles asesinatos. Esto contradice el espíritu 

23 José María Tojeira (2004), “Resistencia y Reconciliación”, pp. 495-497, en Fundación Seminario 

de Investigación para la Paz (ed.) El Pulso de América Latina. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 

pp. 489-508. 


24 “Cebrián afirma que el acuerdo con ETA se ceñirá a los presos”, El País, 21 de julio de 2005. 

25 “Amnistías”, Mikel Buesa, Abc, 14 de diciembre de 2005. 


de reparación y justicia, pero la cuestión es si la paz y la convivencia futura 

merecen la renuncia al pasado” 24 . Sin embargo, al margen de que los 

acontecimientos posteriores demostraran la existencia de evidentes “concesiones 

políticas”, altamente cuestionable resultaba también la necesidad 

de anteponer una indefinida “paz” a la ineludible necesidad de “reparación 

y justicia” propia de una sociedad democrática, tal y como se desprendía 

del siguiente análisis expuesto por una víctima del terrorismo 

etarra: 

“Cualquier gobierno debería atender en este asunto a la razón moral de 

las víctimas en su reclamación de justicia. Es a esa razón a la que, tres meses 

antes de su asesinato, cuando también se especulaba con una posible negociación, 

apeló mi hermano Fernando Buesa al declarar que «quien ha 

cometido un delito no tiene bula por el hecho de que se diga que ese delito 

tiene motivaciones políticas; porque pensar que la Justicia debe regirse 

por criterios políticos es negar la propia Justicia». Y es a esa misma razón 

a la que debemos acogernos los ciudadanos para reclamar del gobierno un 

comportamiento democrático que haga de la protección de los más débiles 

y de la igualdad ante la ley su guía” 25 . 

Errores del modelo norirlandés 

El precedente norirlandés, referente constante para quienes propugnan un 

“proceso de paz” con ETA, alerta también sobre las contraproducentes 

consecuencias que para la erradicación del terrorismo tienen actitudes contrarias 

a la reparación y a la justicia. Al examinar cuáles han sido los pasos 

que en Irlanda del Norte se han seguido tras la disminución de la violencia, 

se aprecia que una loable pretensión como la búsqueda de la paz ha 

sido utilizada como un instrumento de coacción en una sociedad en la que 

se han condicionando los avances hacia dicha meta a una cierta impunidad 

u olvido que vendría justificado por la necesidad de afrontar el futuro 

desde el supuesto pragmatismo que supondría relegar el análisis del pa- 



sado. En el caso de Irlanda del Norte esta impunidad se materializó en la 

excarcelación gradual y completa de los presos por delitos de terrorismo 

con posterioridad a la firma del llamado Acuerdo de Viernes Santo, en abril 

de 1998, por el que se acordaba un sistema de autogobierno basado en una 

limitada autonomía para la región. Esa nueva etapa fue acompañada de la 

renuncia a investigar crímenes perpetrados por los grupos terroristas activos 

hasta entonces. 

La excarcelación de los presos por delitos de terrorismo se justificó 

como una medida necesaria para la pacificación y la normalización en Irlanda 

del Norte. Sin embargo la impunidad política, jurídica y moral que 

ha garantizado dista mucho de haber favorecido dichos objetivos. En realidad, 

políticos y responsables del sistema penitenciario que la defendieron 

en su día han llegado a reconocer cuán contraproducente ha sido. En 

ese contexto la excarcelación anticipada se ha revelado como ineficaz, alimentando 

una lógica conducente a la peligrosa legitimación de la violencia 

al favorecer una narrativa del conflicto basada en la difusión de 

responsabilidad de quienes utilizaron el terrorismo 26 . 

Esta dinámica ha derivado en una indulgencia que ha fortalecido a 

aquellos que practicaron el terrorismo: los presos han dejado de serlo pese 

a que las organizaciones terroristas continuaron existiendo y extorsionando. 

Al mismo tiempo las víctimas, que siguen reclamando justicia y reparación, 

son presentadas como un mal necesario e inevitable, adquiriendo 

las injusticias cometidas sobre ellas justificación y sentido. Se prostituye así 

su memoria, ignorándose que la mayoría de la sociedad jamás recurrió al 

terrorismo a pesar de sufrirlo, desincentivándose por tanto el respeto a los 

valores democráticos. La excarcelación subestimaba cómo estos factores 

afectan decisivamente la esfera política 27 . Se confirma así que “la justicia a 

26 Kenneth Bloomfield (2007), A Tragedy of Errors: The Government and Misgovernment of Northern 

Ireland. Liverpool: Liverpool University Press, p. 105. 

27 Uno de los “expertos” cuyos planteamientos han sido utilizados como argumento de autoridad 

por partidarios del “proceso de paz” en nuestro país simplificaba erróneamente la realidad norirlandesa, 

subestimando importantes indicadores que demuestran cuán contraproducente ha 

sido la excarcelación de terroristas. Así lo hacía al afirmar que “lo que más atrajo mi atención 

fue lo rápido que se acostumbró la sociedad a la liberación de los presos”. Entrevista a Brian 

Currin en Gara, 2 de febrero de 2007. 


28 “Justicia de las víctimas y reconciliación en el País Vasco”, Reyes Mate, Documento de Trabajo 

96/2006, Fundación Alternativas, p. 24. 

29 Entrevista a Seamus Mallon en The Guardian, 14 de marzo de 2007. 


las víctimas pasadas es la condición necesaria para una política futura sin 

violencia”, pues “la justicia a las víctimas no es sólo un problema moral, sino 

también político” 28 . 

A este respecto, son esclarecedoras las conclusiones de Seamus Mallon, 

destacado dirigente del que hasta 2001 fue el partido nacionalista más votado 

en Irlanda del Norte, el SDLP (Social Democratic and Labour Party), liderado 

durante décadas por John Hume, premio Nobel de la Paz en 1998. 

En opinión de Mallon, la “paz” podía y debía alcanzarse mediante “otra vía” 

diferente a la utilizada por el primer ministro británico Tony Blair, convicción 

que llevaba al político norirlandés a rechazar la utilización del término 

“proceso de paz” por las negativas implicaciones que supone para la 

resolución de la problemática de la región 29 . 

Tanto Mallon como Hume formaron parte del movimiento por los derechos 

civiles que a mediados de los años sesenta aglutinó a católicos y 

protestantes reclamando “derechos civiles para ciudadanos británicos” en 

la región, anteponiendo así la igualdad de derechos a un nacionalismo dogmático 

e identitario propugnado por quienes respaldaron el terrorismo del 

IRA. Sin embargo, estas figuras que representaron la voz mayoritaria de 

una comunidad contraria al terrorismo, se han visto perjudicadas en los 

últimos años por la política del gobierno británico, profusa en simbólicas 

concesiones hacia los violentos que inevitablemente han debilitado a quienes 

optaron siempre por los métodos pacíficos 30 . Como destacados políticos 

y funcionarios británicos e irlandeses ahora reconocen, esa política ha 

destrozado electoralmente a los moderados, fortaleciendo a los extremos 

y con ellos a una peligrosa narrativa histórica que no hace justicia a quienes 

siempre se opusieron a un terrorismo que aspiraba a unir territorios en 

vez de personas. 

30 Sobre esta cuestión pueden consultarse, “Los errores del proceso norirlandés”, Rogelio 

Alonso, El País, 31 de marzo de 2006, y “Ante el final del terrorismo de ETA: lecciones y errores 

de la experiencia norirlandesa”, Rogelio Alonso, ARI Nº 51/2006, Análisis del Real Instituto 

Elcano, 5/5/2006. 



De ese modo se ha desmoralizado a quienes han respetado la ley, logrando 

desactivar a una formación como el SDLP, y al unionismo moderado 

representado por David Trimble, líder que compartió con Hume el 

Premio Nobel de la Paz. Mallon lo expresaba del siguiente modo: “Sí. Hubo 

un error de cálculo fundamental. A cualquiera que conozca el norte de Irlanda 

no se le habría ocurrido llevar a cabo acciones que vendieron al unionismo 

moderado a Paisley, tratando del mismo modo a nuestro partido” 31 . 

Mallon interpreta que ese “cálculo deliberado” de los dos gobiernos tenía 

la intención, finalmente obtenida, de eliminar al unionismo y al nacionalismo 

moderado representado por los partidos de Hume y de Trimble. 

Peter Mandelson, Ministro británico para Irlanda del Norte entre octubre 

de 1999 y enero de 2001, compartía parte de la crítica hacia el primer 

ministro británico Tony Blair. En opinión de Mandelson, que durante muchos 

años fue un estrecho colaborador de Blair, las concesiones del dirigente 

británico hacia los republicanos del Sinn Fein fueron excesivas, pues 

ello minó la capacidad del SDLP y el apoyo a este partido. Al mismo 

tiempo, ese tipo de concesiones alienaron también al electorado unionista 

32 . De ese modo, como reconocería el líder unionista David Trimble, 

el gobierno británico logró dañar electoralmente al unionismo moderado 33 . 

Con esta política de concesiones que derivaban en un inevitable fortalecimiento 

de los extremos en detrimento de los moderados, se contribuía a 

favorecer una narrativa legitimadora de quienes durante años utilizaron la 

violencia. Es decir, se recompensaba dicha asociación con el terrorismo. 

Ello obliga a cuestionar la generalizada asunción del “final feliz” del proceso 

norirlandés que tan recurrente resulta para los interesados en su extrapolación 

al fenómeno de ETA. Así lo confirma la enorme polarización 

política y social que se aprecia en una Irlanda del Norte hoy gobernada 

por quienes han visto premiado su fanatismo con el fortalecimiento que les 

ha brindado la política gubernamental 34 . 

31 Entrevista a Seamus Mallon en The Guardian, 14 de marzo de 2007. 

32 Belfast Telegraph, 14 de marzo de 2007; y “Blair guilty of capitulating to Sinn Féin- Mandelson”, 

The Guardian, 13 de marzo de 2007. 

33 Entrevista con David Trimble, en The Guardian, 14 de marzo de 2007. 

34 A este respecto, particularmente ilustrativo es el análisis de Bloomfield, op.cit., pp. 216-259. 


¿Un “proceso de paz” para el País Vasco? 


Factores como los reseñados convierten en totalmente contraproducente 

el “precio político” que exigen para el “proceso de paz” en el País Vasco los 

mencionados “expertos”, al sustentarse sus peticiones en una injusta desigualdad 

hacia quienes han respondido al odio con respeto a la legalidad, 

planteamiento que en modo alguno incentivaría a ETA a abandonar su 

amenaza al constatar la eficacia de la misma. Acertado y premonitorio resultaba 

por ello el análisis que ya en 2002 esbozaba Carlos Martínez Gorriarán, 

dirigente del movimiento cívico ¡Basta Ya!, ante los intentos de 

involucrar a “mediadores” en el contexto vasco: “Nos invitan a dejar la solución 

de lo que llaman el conflicto vasco en manos de profesionales de la 

pacificación que nos sustituyan, vivan a nuestra costa y decidan por nosotros 

qué precio hemos de pagar por el derecho a malvivir en nuestra propia 

tierra” 35 . Sus palabras son válidas para quienes hoy persiguen el mismo 

objetivo recurriendo a un lenguaje idéntico al utilizado por una organización 

terrorista como ETA al construir aparatos de justificación de su violencia. 

El frente propagandístico de ETA ha buscado una legitimidad que 

obtiene mediante un discurso como el que articulan los “expertos” en “procesos 

de paz”, empleando incluso la misma terminología etarra al aventurar 

que “el proceso se puede pudrir” si no se ofrecen “concesiones” a los 

terroristas. 

De manera muy significativa esos mismos “negociadores de paz” citados 

en El País asumían erróneamente algo que los hechos objetivos y las 

declaraciones de verdaderos expertos en la lucha antiterrorista en Francia 

y España desmentían desde la declaración formal de tregua en marzo de 

2006 y que los posteriores atentados terroristas corroboraron: la existencia 

de una voluntad por parte de ETA de poner fin a la violencia. Días 

antes del atentado de Barajas, la infundada creencia de que ETA había decidido 

abandonar sus reivindicaciones tradicionales era defendida por dichos 

“mediadores” con un sospechoso argumento de autoridad: que los 

terroristas así lo habrían planteado. Sin cuestionar tan insuficiente fuente, 

35 “Profesionales de la pacificación nos quieren poner un precio por malvivir”, El Correo, 13 de 

julio de 2002. 



los “mediadores” definían además como negativo el respeto al Estado de 

derecho, convirtiendo la ilegalidad en normalidad, tal y como ordena ETA: 

“No podemos seguir adelante con esto si nos siguen deteniendo, si nos 

amenazan con prisión. Es imposible avanzar con un proceso de paz sin 

violencia si además sigue vigente la Ley de Partidos” 36 . Otro “mediador” 

añadía: “Lo que ahora exige ETA es la creación de un entorno político 

nuevo en el que pueda defender sus opiniones políticas de forma abierta”. 

Se confundían así las reivindicaciones de ETA ignorando que persistía en 

reclamar una negociación sobre sus exigencias tradicionales de “autodeterminación 

y territorialidad”, como sus documentos subrayan y su constante 

amenaza confirma. 

Esta equivocada interpretación de intenciones contribuía a subestimar 

el significado político de las víctimas del terrorismo, deslegitimando su sufrimiento 

y humanidad, a la vez que se legitimaba la violencia al asumir 

que los etarras carecen de otra alternativa para poder defender sus “opiniones 

políticas”, precisamente lo que ETA repite en sus comunicados. Sin 

embargo el diagnóstico de los “mediadores” es refutado por el análisis científico 

de quienes conocen la realidad vasca. Como demuestra el Euskobarómetro, 

la mayoría de la sociedad vasca considera de manera abrumadora 

que hoy en Euskadi se pueden defender todas las ideas sin necesidad de recurrir 

a la violencia. Esta rigurosa consulta confirma que incluso una mayoría 

creciente de los votantes de la izquierda abertzale (69%) cree que en 

Euskadi pueden defenderse todos los objetivos políticos sin que sean precisos 

los métodos violentos 37 . 

De tan reveladora muestra se deducía que los “mediadores” se han inventado 

una ETA generosa y razonable, asumiendo como realistas sus 

planteamientos mediante la equiparación de una organización terrorista 

con un gobierno democrático, enfatizándose que “no hay forma de no 

pagar un precio político, para cualquiera de las partes”, y reclamando por 

36 Esta justificación reproducida por los “expertos” citados es idéntica a la que ofrecería la organización 

terrorista ETA en una entrevista publicada en Gara el 8 de abril de 2007. 

37 Euskobarómetro. Estudio periódico de la opinión pública vasca. Junio 2007. Departamento de 

Ciencia Política y de la Administración, Universidad del País Vasco, p. 46. 


38 Sobre las fracasadas negociaciones con ETA, véase Florencio Domínguez (1998), De la negociación 

a la tregua. ¿El final de ETA? Madrid: Taurus. 

39 El Correo, 23 de enero de 2005. 


ello “concesiones políticas” para reparar “la pérdida de confianza mutua”. 

Por el contrario, como demuestra la dilatada experiencia en negociaciones 

con ETA que nuestro país puede exhibir, y a la que los “mediadores” parecen 

ajenos, no es un gobierno democrático el que ha de generar confianza 

en una organización terrorista, sino ésta la que debe demostrar a sus 

víctimas su voluntad de aceptar las reglas de la democracia 38 . Así se deducía 

de las declaraciones del Ministro Jordi Sevilla en enero de 2005 al advertir 

a ETA que una tregua sería ya “insuficiente”, pues “si quieren ser 

creíbles tienen que decir dónde y cuándo abandonan las armas” 39 , exigencias, 

no obstante, con las que el gobierno no fue en absoluto consecuente 

una vez la banda declaró su “alto el fuego”. 

El lenguaje de los “mediadores” citados defendía como obligatorias las 

exigencias de ETA al presentar las concesiones como inevitables en aras de 

un buen fin: “Evitar que en el futuro haya más madres y padres y hermanos 

e hijos llorando la muerte de más víctimas”. Apelaban así a las emociones 

para coaccionar a los ciudadanos, todo ello complementado con el 

desprecio a la crítica política necesaria en cualquier democracia al dictarle 

al presidente del gobierno lo siguiente: “Debe basar su estrategia política 

en el apoyo del conjunto de la sociedad y no en rebatir las críticas de la 

oposición y sectores de la clase política”. Se tergiversaban así los sentimientos 

de una opinión pública que, como reflejaba el Euskobarómetro, 

sólo aceptaba una eventual negociación gobierno-ETA condicionada a que 

la organización terrorista abandonase las armas 40 . La justificación de una 

improcedente política en función de criterios numéricos como los que proponían 

los “mediadores” es también cuestionable: ¿sería admisible la tortura 

si una mayoría social apoyase su legalización? Por ello, con sus 

peligrosas manipulaciones los “negociadores de paz” adoptan los mismos 

mecanismos de transferencia de culpa y difusión de responsabilidad reproducidos 

constantemente por los grupos terroristas, identificando al go- 

40 Euskobarómetro. Estudio periódico de la opinión pública vasca. Mayo 2006. Departamento de 

Ciencia Política y de la Administración, Universidad del País Vasco, pp. 57-58. 



bierno del Estado como responsable de la continuidad del terrorismo al 

condicionarla a la realización de “concesiones”. 

Esta presión es similar a la que transmite la propaganda etarra, como 

confirman los testimonios de Alec Reid, religioso norirlandés considerado 

por quienes apoyan la noción de “proceso de paz” como un importante referente 

e incluso como “una figura clave en los esfuerzos por impedir que 

el proceso de paz colapse” en el País Vasco 41 . La siguiente opinión de Reid, 

uno de los autores de la Declaración de Lizarra, que en nada contribuyó a 

la recuperación de la libertad en el País Vasco, confirma el análisis aquí expuesto: 

“No podemos perder esta oportunidad histórica para lograr la paz, 

pero ETA no va a aceptar algo que no vea. ETA necesita saber cómo va a 

ser la mesa de la negociación política, quién participará en ella, cómo se votarán 

las decisiones, si el gobierno español aceptará el resultado. Además 

ETA necesita saber cuándo sucederá. Una vez se haga público todo esto, 

ETA parará” 42 . Estas eran las palabras de quien insiste en definirse como 

un mediador neutral a pesar de toda la abundante evidencia en contra, 

como recuerdan sus declaraciones considerando a ETA, no como “el principal 

problema”, sino como “un síntoma del problema” 43 , o aquella otra en 

la que enfatizaba que “el gobierno español es el principal problema para la 

resolución del conflicto” 44 . Añadía además Reid que “ETA atentó en Barajas 

porque el gobierno no estaba cumpliendo lo prometido”, insistiendo 

en que “si anunciaran un alto el fuego, por supuesto que se podría confiar 

en su palabra” 45 . 

Particularmente ilustrativo de la coincidencia de intereses entre la propaganda 

etarra y la retórica de Reid era el siguiente comentario realizado 

en una entrevista en la que el entrevistador aceptaba sin el más mínimo 

cuestionamiento crítico al que su profesión le obligaba los brutales planteamientos 

del religioso norirlandés: “El PP es hoy el mayor problema en el 

41 “ETA now ready to give up the gun”, Alfonso Daniels, The Observer, 19 de marzo de 2006. 

42 “ETA now ready to give up the gun”, Alfonso Daniels, The Observer, 19 de marzo de 2006. 

43 Entrevista a Alec Reid en El Correo, 28 de diciembre de 2005. 

44 Entrevista a Alec Reid en El Correo, 20 de mayo de 2002. 

45 Entrevista a Alec Reid en El Mundo, 30 de enero de 2007. 


46 El Periódico de Cataluña, 23 de marzo de 2007. 


proceso de paz. El PP es un problema mucho mayor que ETA. Con ETA 

es fácil tratar, pues apoya la idea de una mesa de partidos en que se trate 

la solución del conflicto. De hecho, ETA ya no es problema, pues está a 

favor de una resolución pacífica y democrática del conflicto que garantice 

los derechos de todos los vascos, incluidos los no nacionalistas” 46 . 

Las declaraciones de tan parcial interlocutor se caracterizan por eximir 

a ETA de toda responsabilidad por la resolución de un conflicto que realmente 

se manifiesta de manera fundamental en la existencia de una organización 

terrorista que coacciona y condiciona las vidas de los 

ciudadanos y los procesos políticos. Semejante interpretación de la realidad 

aplica los mismos mecanismos de difusión de responsabilidad y de 

transferencia de culpa de los que la organización terrorista también se ha 

servido durante décadas. De todo ello llega a deducirse que quienes no se 

avienen al modelo que la banda desea imponer en un momento de declive 

y de considerable debilitamiento operativo y político del entramado criminal, 

en el que la organización terrorista no manifiesta en absoluto su 

voluntad de poner fin al terrorismo, deben ser vistos como “enemigos” y 

“obstructores” de la paz a pesar de ser víctimas directas de la amenaza terrorista 

47 . 

El término “enemigos de la paz” también ha sido empleado en España 

por algunos partidos con objeto de criticar a sus adversarios políticos, 

siendo éstos acusados asimismo de “erigir obstáculos para la paz”, incurriéndose 

por tanto en un beneficioso ejercicio para la organización terrorista, 

verdadero enemigo de la paz. Algunos jueces también han sido 

amenazados con semejante descalificación si no se suman a un “proceso de 

paz” en el que decisiones políticas arbitrarias habrían de prevalecer sobre 

la justicia y los principios democráticos 48 . 

47 Así lo sintetizaba, por ejemplo, el secretario de organización del PSOE, José Blanco, al acusar 

al PP de “tener alergia a la paz”. El Correo, 4 de diciembre de 2006. 

48 A este respecto véase la apropiada respuesta de Fernando Ruiz Piñero, presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco, indicando que “exigir a los jueces que se sumen al proceso 

de paz rompe las reglas de la democracia”. Entrevista en El Correo, 12 de febrero de 

2006. 



De tan cuestionables criterios se desprende la creencia de que las posiciones 

de una organización terrorista como ETA y su brazo político resultaban 

más respetables que las de actores democráticos, pues mientras los 

primeros desearían participar en el “proceso de paz”, los segundos se opondrían 

al mismo. De ese modo, bajo el pretexto de la búsqueda de la paz, se 

han intentado consolidar esquemas que eluden la realidad en torno al terrorismo: 

ETA ha violado sistemáticamente los derechos humanos, de ahí 

que la paz y la resolución del conflicto exijan su derrota política. Esta derrota 

obliga a impedir que la organización terrorista y su entorno obtengan 

la legitimación que intentan lograr mediante la reproducción de una narrativa 

del conflicto y de sus supuestos métodos de resolución como los 

que algunos sectores de opinión aceptan de manera acrítica. 

CONCLUSIONES 

El análisis comparado de diferentes políticas aplicadas tanto en nuestro 

país como en otras naciones que han sufrido episodios de terrorismo permite 

alcanzar relevantes conclusiones en torno a los instrumentos de respuesta 

contra la violencia de ETA. En este sentido, frente al generalizado 

argumento que sostiene la necesidad de replicar e importar distintos modelos 

de resolución de conflictos y de lucha contra el terrorismo para su 

aplicación contra ETA, resulta necesario expresar cautela para que las extrapolaciones 

surjan únicamente desde el rigor. Éste exige un adecuado 

análisis de los elementos diferenciales y de las analogías de los contextos 

comparados. Así debe ser para que la aplicación de dichas iniciativas sólo 

se acometa en aquellos casos en los cuales resulten de eficacia para un fenómeno 

terrorista como el de ETA, pues el terrorismo perpetrado en nuestra 

sociedad mantiene unas características que determinan decisivamente 

la política antiterrorista, desaconsejando medidas que en otros ámbitos pudieran 

haber resultado útiles. 

Entre dichos elementos determinantes se incluye la modélica reacción 

de las víctimas del terrorismo, que siempre han respondido pacíficamente 

a la violencia de ETA confiando al Estado su seguridad y sus reivindicaciones 

de justicia. A este respecto, debe incidirse en que, a diferencia de 



otros contextos sociopolíticos, en el caso español ha sido la banda terrorista 

ETA quien ha violando de manera sistemática los derechos humanos, 

habiendo ejercido el Estado su legítimo monopolio de la violencia dentro 

de la legalidad. Determinante asimismo debe considerarse la democratización 

emprendida en nuestro país, al haber servido para consolidar unas 

instituciones democráticas cuya legitimidad han desafiado constantemente 

los terroristas. La existencia de un marco democrático articulado en torno 

a la Constitución y al Estatuto obliga a que la política antiterrorista rechace 

iniciativas que deslegitimen tanto a las instituciones como a los representantes 

y ciudadanos asesinados precisamente por defenderlas del desafío terrorista. 

Esta realidad hace necesario eludir negociaciones con ETA como las 

que han venido acometiéndose, pues el sistema democrático permite ya la 

salida del terrorismo a quienes deseen abandonar dicha opción sin necesidad 

de recurrir a mecanismos específicos al margen de nuestro ordenamiento. 

La prolongada experiencia antiterrorista demuestra que los 

ofrecimientos de diálogo con la banda son interpretados por ésta como un 

síntoma de debilidad del Estado, incentivando por ello la perpetuación de 

una amenaza que los terroristas entienden eficaz al lograr que aquél modifique 

su actitud hacia ellos. Precisamente la ausencia de negociación ha 

estimulado a terroristas que han deseado abandonar ETA a hacerlo ante la 

ausencia de expectativas de éxito. 

La larga experiencia de lucha contra ETA que nuestro país exhibe nos 

demuestra que precisamente debido a la existencia de una serie de factores 

condicionantes como los sintetizados, el fenómeno terrorista obliga a 

adoptar un modelo antiterrorista determinado. Se trata de una política antiterrorista 

integral que combine una intensa presión sobre todos y cada 

uno de los frentes en los que ETA actúa, incluyendo por tanto una dimensión 

política, policial, social, judicial, e ideológica. La aplicación de 

este modelo entre el periodo de 2000 y 2004, tras la firma del Pacto por las 

Libertades, permitió contemplar la derrota de la banda. Por tanto, su éxito 

invita a cuestionar la aplicación de otros instrumentos utilizados en contextos 

externos que pueden aparecer como recomendables tras su utilización 

frente a otros ejemplos de terrorismo pero que, en el caso español, 



resultan completamente contraproducentes al impedir la derrota de ETA 

a la que el Estado debe aspirar. 

Es ésta una aspiración razonable y necesaria precisamente como consecuencia 

de los elementos determinantes que definen el terrorismo etarra 

aportándole una excepcionalidad que no debe ser ignorada. Debe insistirse 

pues en la necesidad de fijar la derrota de la organización terrorista 

como objetivo imprescindible de la política antiterrorista. No es ésta una 

tarea inasumible, como con frecuencia aducen quienes incurren en la referida 

instrumentalización de referentes externos con la finalidad de aportar 

pretextos a concesiones estatales que invaliden dicho escenario de derrota. 

La evolución de la política antiterrorista frente a ETA, y el perfeccionamiento 

de la misma en torno al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, 

permitió diseñar en un periodo concreto de nuestra historia una 

estrategia que logró resquebrajar el mito de la imbatibilidad de la banda, tal 

y como los propios terroristas han llegado a reconocer. 


RAFAEL ARIAS-SALGADO 

REFLEXIONES SOBRE LA POLÍTICA 

EXTERIOR ESPAÑOLA 

PLANTEAMIENTO 

En el mundo de hoy, como en el de ayer, la política exterior de los Estados 

es en substancia una combinación de principios e intereses en 

dosis variables según impongan las circunstancias del caso y del momento. 

Es pues, como acredita con profusión la historia, de esencia pragmática 

y acomodaticia. Hasta la defensa de los principios –al menos de 

ciertos principios– forma parte del interés nacional porque a nadie beneficia 

–ni a los más poderosos pero menos aún a los más débiles– una Comunidad 

Internacional regida por la ley de la selva. 

En el presente –que se singulariza más que nunca por el imperio de lo 

económico y la exigencia de seguridad– los principios se suelen definir por 

la concurrencia de las voluntades de un grupo significativo o de una mayoría 

de Estados, voluntades a veces movilizadas por los Estados hegemónicos 

para asegurarse, por la propia formulación del principio o norma o por reservarse 

veto, mayor peso específico o posibilidad de autoexclusión, un orden 

internacional que, además de ser estable y dar certidumbre a las conductas, 

merme lo menos posible su capacidad de influencia o la de sus nacionales y 

su libertad de acción. Es el privilegio del poder. Un buen ejemplo se halla en 

Rafael Arias-Salgado Montalvo es Diplomático. Ex-Ministro. 


REFLEXIONES SOBRE LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA / RAFAEL ARIAS-SALGADO 

el Consejo de Seguridad de la ONU o en las normas que regulan el libre comercio 

y las instituciones económicas multilaterales, principalmente el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del 

Comercio, ejemplos de desigualdades y asimetrías. 

Los intereses, en particular los considerados permanentes, vienen determinados 

por la situación geoestratégica y sus derivaciones naturales así como 

por la historia, la cultura y la economía y segregan unos ejes estables y atemporales 

de los que derivan las prioridades básicas de la acción exterior. Son 

prioridades permanentes pero no estáticas. Se modulan y matizan según las 

circunstancias cuyo cambio puede exigir, en orden al mejor cumplimiento de 

aquéllas, la definición de retos u objetivos nuevos. En la acción exterior es, 

en efecto, determinante en cada situación la capacidad y fortaleza del Estado 

–interna y externa– y de la sociedad civil. En este sentido, mucho más 

que en el ideológico, la política exterior es la proyección o prolongación externa 

de la política interior. 

En este esquema conceptual, las prioridades tradicionales de la política exterior 

española colocaban –y colocan– en su punto de mira a Europa, a la 

América de habla española y al ámbito mediterráneo-norte de África-Magreb. 

En la segunda mitad del siglo pasado, a esta relación hubo de añadirse 

la lucha contra el terrorismo de ETA. Sus conexiones internacionales, en especial 

con el mundo de influencia soviética y el respaldo o la “comprensión” 

de una izquierda anacrónica aunque autodenominada progresista (que definía 

y aún define a ETA como “grupo separatista”) pusieron de manifiesto la 

imposibilidad de combatirlo con plena eficacia sin cooperación internacional. 

La aparición a escala planetaria del “terrorismo yihadista”, para el que 

España (Al-Andalus) es objetivo principal y de conquista territorial, ha reforzado 

la presencia de la lucha antiterrorista como elemento constitutivo de 

nuestra acción exterior, pero ahora de forma compartida con el mundo occidental. 

Y es que se trata de un terrorismo, el islamista, que surge como 

forma de confrontación con el modelo de vida occidental-democrático al 

que aspira a destruir. 

En los últimos años del pasado siglo, se empezaron a hacer perceptibles, 

en el mundo y en España, los efectos de un conjunto de hechos, expresión 



de un cambio en curso que por magnitud e intensidad no dudaría en calificar 

de estructural. El cambio probablemente más importante desde la Revolución 

Industrial. Se impone por ello una reflexión –reflexión revisora– 

sobre los llamados ejes tradicionales o permanentes de la política exterior 

española y sobre sus objetivos e intereses. 

Cinco grandes hechos (o conjuntos de hechos) al menos singularizan la 

profunda transformación que estamos viviendo. 

En primer término, el salto cuantitativo y cualitativo de España, que ha pasado 

a incardinarse en el grupo de países democráticos y desarrollados con 

vocación de protagonismo e influencia en las relaciones internacionales. 

En segundo lugar, la caída del Muro de Berlín, hecho que simboliza el hundimiento 

de la URSS y el fin de la configuración bipolar del poder político 

y militar en la Comunidad Internacional. 

En tercer lugar, la aceleración espectacular del proceso de mundialización 

o globalización de la economía como consecuencia, entre otras causas, del 

espectacular desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC), del abaratamiento de los transportes y de la propia desaparición 

del bloque soviético, obstáculo político a la formación de un mercado 

mundial libre e integrado. 

En cuarto lugar, la consolidación de la Unión Europea y su ampliación a 

27 Estados, que conduce a replantear no sólo el diseño de una institucionalización 

aún insuficiente y deficiente sino también las relaciones de poder y 

las políticas de la Unión y dentro de la Unión. El eje franco-alemán pierde 

capacidad de definición, de impulso o iniciativa y de veto. La Unión Europea 

tiene en todo caso una fuerte presencia económica en el mundo. La posibilidad 

de convertirse en un polo de poder político –lo es en el ámbito 

económico– vertebrador del orden internacional no parece hoy cercano. La 

negativa de los grandes Estados europeos a “supranacionalizar” la Política 

Exterior y de Seguridad y Defensa (PESD) deja un considerable margen de 

actuación a las relaciones bilaterales de los Estados miembros en la esfera internacional. 



Finalmente, la emergencia de China e India como potencias económicas 

(además de nucleares) y como grandes mercados, con numerosas necesidades 

para garantizar su desarrollo y el bienestar de su población. La economía 

china empieza a tener clara influencia en el comercio mundial por su capacidad 

exportadora, por la necesidad de asegurarse el suministro de energía y 

materias primas y por el tipo de cambio de su moneda, y de manera más directa 

en el crecimiento económico de la cuenca asiática del Océano Pacífico 

–el Este asiático–, todavía muy dependiente del mercado norteamericano. 

En este escenario de profundos cambios, resulta obvio señalar que casi 

nada puede ser hoy lo mismo que ayer. Exige al menos revisar viejas definiciones. 

No se trata sólo de la superación de una circunstancia histórica de decadencia 

y aislamiento o del fin de la “tradicional neutralidad” española en 

los asuntos y conflictos internacionales, que eran expresión de impotencia. 

Se trata sobre todo de definir cómo estamos presentes en el orden internacional 

en gestación, con qué principios, con qué fines y con qué medios. 

LA TRANSFORMACIÓN DE ESPAÑA 

Se puede sintetizar en cuatro órdenes de hechos: En primer término, España, 

en el último cuarto del siglo pasado, asume una presencia activa en el sistema 

internacional mediante la incorporación a la Alianza Atlántica, la integración 

de pleno derecho en la entonces Comunidad Económica Europea y la 

decisión de jugar un papel relevante en las instituciones multilaterales que, 

además, son plataforma útil para incidir en aquellos ámbitos –territoriales o 

materiales– en que es más visible su interés nacional (terrorismo, Iberoamérica, 

etc.). 

En segundo lugar, España se ha convertido en un país democrático y desarrollado 

de alta renta per cápita, con algunos rasgos destacables de proyección 

internacional: es la octava economía del mundo por su PIB, constituido 

en más del 60% por la exportación: tiene por primera vez en su historia reciente 

grandes y eficientes grupos empresariales con capacidad de invertir y 

competir en cualquier parte del planeta; y, consecuencia de ello, ha pasado 

a ser país exportador neto de capitales. 


En tercer lugar, España, país de emigración, se ha incorporado al grupo de 

Estados desarrollados que reciben emigrantes y están sometidos a una fuerte 

presión migratoria desde el mundo subdesarrollado más próximo territorial 

y culturalmente. 

Por último, España, que goza por su historia de una cultura potente, dispone 

de una lengua en expansión, en particular por el crecimiento de la población 

y los extensos movimientos migratorios de los pueblos hispanoamericanos 

hacia Estados Unidos, pero también por su notable creatividad y dinamismo 

cultural. 

Este conjunto de hechos determinan que la paz y la seguridad y estabilidad 

internacionales se conviertan en objetivos básicos de la acción exterior 

de España porque su alteración o puesta en peligro afecta a su economía, a 

sus empresas y por tanto a sus nacionales. Aunque con distinta intensidad –es 

obvio decirlo– nada importante que pueda ocurrir en el mundo resulta hoy 

ajeno, por sí o por sus implicaciones, al interés directo de España. España, 

por sus nuevas circunstancias ha pasado a tener intereses globales, lo cual, 

además, no deja de ser consecuencia lógica del proceso de globalización en 

que se halla inmerso el planeta. Esos intereses globales exigirán, como veremos, 

mayores medios personales y materiales para que las posiciones españolas 

no caigan en la inconsecuencia o en la retórica. Y exigen, diría que 

desde ya mismo, la concienciación de la sociedad española sobre su nueva 

circunstancia, respecto de la cual hoy prevalece la tendencia a la evasión o 

el desinterés cuando no la ignorancia consciente. 

GLOBALIZACIÓN Y POLÍTICA EXTERIOR 


En términos sencillos, la globalización es el proceso de formación de un mercado 

mundial libre e integrado. Es el gran cambio –cambio estructural– de 

nuestro tiempo y es un cambio, además, que interesa a España. Precedentes 

históricos aparte, tiene su origen próximo en los hechos siguientes: en las 

políticas de liberalización económica que se empiezan a poner en marcha, a 

escala nacional e internacional, después de la II Guerra Mundial: en el espectacular 

desarrollo de las tecnologías de la información y de la comuni- 



cación que despejan el camino para la transmisión de información masiva e 

instantánea a cualquier punto del planeta: en el abaratamiento y velocidad 

de los transportes y en la desaparición del bloque soviético que además de 

posibilitar la incorporación de un tercio de la Humanidad al mercado mundial 

libre en formación, ha desterrado el modelo estatista de economía contrario 

al libre mercado. 

Desde la perspectiva de la política exterior española, la globalización nos 

lleva a hacer tres consideraciones principales: En primer término, la mundialización 

del mercado ratifica que España ha pasado a tener intereses globales 

por la capacidad de su economía y de sus empresas y que, en consecuencia, 

la seguridad y la estabilidad del orden internacional y el libre comercio mundial 

han pasado a formar parte principal de su interés nacional. 

En segundo lugar, el propio proceso de globalización se encuentra sujeto 

a una cierta tensión regulatoria cuyo desenlace no resulta indiferente a los intereses 

españoles. La diplomacia económica tiene un papel esencial que 

jugar. Hay planteado un fuerte conflicto de intereses entre países desarrollados 

y menos desarrollados que se entrecruza con un no menos intenso debate 

ideológico sobre la necesidad, orientación y amplitud del marco 

regulatorio del nuevo mercado mundial. 

En tercer lugar, la globalización engendra problemas nuevos o replantea 

antiguos problemas que adquieren nuevas dimensiones. Los problemas, en 

efecto, también se globalizan: el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción 

masiva, la aparición de organizaciones islámicas radicales y violentas 

–más allá del conflicto palestino– que practican el terrorismo y 

trascienden por su planteamiento universalista y antioccidental las tradicionales 

y diversas fragmentaciones del mundo árabe: los efectos visibles de la 

pobreza extrema con sus consecuencias inmediatas en el terreno sanitario y 

migratorio, etc. Son además problemas acuciantes toda vez que lo que se 

halla en el horizonte hacia el que caminamos es la institucionalización de 

un mercado mundial libre. 

Ante este panorama, la cooperación intergubernamental y la diplomacia 

multilateral –esenciales en cualquier forma de orden internacional– son, sin 



embargo, con frecuencia, instrumentos insuficientes o impotentes tanto para 

canalizar satisfactoriamente la defensa del interés nacional como para resolver 

o paliar aquellos problemas, por naturaleza globales. Las perceptibles deficiencias 

del multilateralismo dejan, de hecho, un espacio de inevitable 

ocupación por la diplomacia unilateral para afrontar situaciones que las instituciones 

multilaterales, por distintas razones, son incapaces de encauzar. 

La impotencia de la ONU para hacer frente a ciertos conflictos y hacer respetar 

su propia legalidad es un ejemplo por desgracia casi cotidiano. Ningún 

país, con las características de España, dejaría de definir dónde radica su interés 

nacional y, en su caso, de actuar unilateralmente –en la medida de sus 

posibilidades– en tales supuestos. Y en particular cuando se trate de conflictos 

que nos afectan o pueden afectar gravemente. La garantía del funcionamiento 

correcto del mercado mundial de petróleo, hoy en gran parte 

determinado por la voluntad de regímenes políticos arbitrarios, sería un buen 

ejemplo. España tiene la experiencia vivida de lo que supuso en términos de 

desempleo masivo el doble choque petrolífero de los años 1973-79. Y aunque, 

en el momento presente, la subida del precio del crudo –pongamos 

hasta los 100 dólares el barril– no tendría iguales repercusiones por la menor 

importancia del petróleo en el total de nuestras importaciones, no debería 

aceptarse con pasividad que se juegue, sea como amenaza sea frívolamente, 

con el precio del barril. 

La globalización, que implica una parcial superación del sistema de soberanías 

nacionales, exige pues una reflexión profunda –y una revisión– sobre 

la manera de enfocar los llamados ejes permanentes de la política exterior 

–que en verdad lo sean– y sobre las coordenadas de presencia y actuación 

en el orden internacional de un país que en todo caso –creo que nadie lo negaría– 

puede y debe aspirar a tener una política exterior propia y dinámica 

que sepa combinar los planos bilateral, europeo y multilateral. 

El desafío –antes implanteable– se concreta en formar parte del plantel de 

protagonistas que influyen y a la postre obtienen ventajas legítimas de la configuración 

de un orden internacional en el que rija el principio de legalidad, 

se respeten los valores inherentes al sistema democrático propio del mundo 

libre y en el que se puedan satisfacer con libertad las exigencias de su prosperidad 

material y de su expansión cultural. Una economía mundial libre en 



la que España –Estado y sociedad– pueda desplegar toda su potencialidad 

forma parte de nuestro interés nacional. 

En el escenario de la mundialización económica, a España le interesa 

también, junto a su proyección como nación, la proyección de la propia 

Unión Europea y por tanto dentro de ésta debe tratar de influir en la formación 

de los criterios y posiciones que los representantes comunitarios tienen 

que defender en la órbita internacional y en particular en las instituciones 

económicas multilaterales. 

LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL. 

LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 

La principal consecuencia de la desaparición de la antigua URSS ha sido la 

correlativa aparición de un mundo de perfil, en principio unipolar, en el que 

queda una única superpotencia –los EE.UU.– que representa cerca del 30% 

del producto bruto mundial y el 40% del gasto militar total. 

Diría, para comenzar, que la unipolaridad no implica per se un mundo 

más seguro y estable. Cambia la naturaleza de los conflictos pero nacen o 

subsisten múltiples factores de inestabilidad e inseguridad: nacionalismos 

agresivos, proliferación de armas de destrucción masiva, terrorismos con vocación 

planetaria de destrucción del mundo capitalista y occidental y Estados 

que directa o indirectamente los amparan, crimen organizado, áreas de 

hambre, pobreza y marginación social extrema, etc. Afrontar estas situaciones 

en el seno de las instituciones intergubernamentales de carácter multilateral 

es línea de acción aconsejable para todos, incluido Estados Unidos, 

vinculado, como los demás signatarios, por los respectivos tratados fundacionales. 

Ahora bien, este país es también el único cuyos contribuyentes financian 

la fuerza necesaria para resolver con eficacia ciertos conflictos que 

afectan a todos, o al menos a todos los Estados con intereses globales. Por 

eso adquiere especial relevancia el análisis de la situación interna de los Estados 

Unidos, país democrático y plural en el que el debate público, las corrientes 

de opinión y las elecciones libres exteriorizan con transparencia el 

estado de la sociedad civil y las relaciones de poder. 



Este análisis tiene un punto de partida ineludible: la agresión terrorista 

del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York que causó 

más de tres mil muertos. El pueblo norteamericano adquirió ese día conciencia 

de su vulnerabilidad, hasta entonces ni siquiera contemplada por un 

país nunca invadido, con conciencia de ser el más fuerte del mundo y que 

vivía en la creencia de su segura victoria o imposible derrota en las guerras 

posibles. El 11 de septiembre fijó, en mi opinión, un punto de no retorno. Estados 

Unidos, acompañado o en solitario si nadie quisiera acompañarle –unilateral 

o multilateralmente–, hará todo lo que en cada momento estime 

imprescindible para garantizar su seguridad. Creo que esta actitud, lejos de 

ser algo pasajero, refleja un cambio social al que no podrán sustraerse los dirigentes 

políticos o líderes de opinión cualquiera que sea su partido o ideología. 

La vulnerabilidad y el temor que produce han afectado a las pautas 

sociales de comportamiento de la sociedad norteamericana. El tiempo lo 

hará más visible. En todo caso, me parece superficial atribuir el aparente giro 

de la política exterior norteamericana a la sola influencia de un grupo radical 

de asesores o al simplismo de un presidente. Y me parece tanto más superficial 

cuanto que llegaron al poder con un programa diferente. Creo que 

el 11 de septiembre obligó al Presidente Bush y a sus colaboradores a enlazar 

con una estrategia que había empezado a formularse años antes, al desaparecer 

el bloque soviético, con el propósito de definir cómo debería 

proyectarse la hegemonía norteamericana en el mundo. Y es que a todos 

los grandes acontecimientos históricos –los que suponen un cambio en las 

relaciones de poder– sigue una adaptación del sistema de relaciones internacionales 

que refleja las nuevas hegemonías. Así ha ocurrido siempre y ocurrirá 

ahora. El mundo actual tendrá que asumir y adaptarse al hecho de la 

nueva supremacía estadounidense que, por fortuna, encarna el modelo democrático 

y pluralista que compartimos. 

El debate está abierto en la propia sociedad norteamericana. Dos libros 

recientes, el de Paul Kagan, Poder y Debilidad y el de Joseph Nye, La paradoja 

del poder norteamericano, dan pistas sobre los términos en que se desarrolla la 

polémica. Kagan entiende que los Estados Unidos deberán actuar –unilateralmente 

si fuera preciso– contra todo Estado que amenace su seguridad 

bien sea porque acogen o protegen actividades terroristas, erigen un poder 

nuclear o acumulan armas químicas de destrucción masiva con el fin de des- 



truir no sólo el poder estadounidense sino todo aquello que los Estados Unidos 

representa (democracia liberal, libre mercado, costumbres liberales). 

Añade que el inmenso poder de Estados Unidos le convierte en un objetivo 

predilecto y a menudo único y tiene por tanto una percepción de lo que es 

una amenaza –especialmente después del 11 de Septiembre– y de cómo 

combatirla mejor, distinta de la de Europa. La disparidad de poder y la relativa 

debilidad de los europeos lleva a éstos –sostiene Kagan– a edificar un 

mundo en el que el poderío militar cuenta menos que un poder blando asentado 

en la pujanza económica y en el que todas las naciones –cualesquiera 

que sea su poder– sean iguales en derechos y ninguna esté autorizada a emprender 

acciones unilaterales. 

Joseph Nye considera que en una era de información global el poder 

está distribuido. Sólo es verdaderamente unipolar en lo militar: es multipolar 

en lo económico y disperso en la base de las relaciones internacionales 

en donde deciden o influyen instituciones no gubernamentales, 

empresarios, banqueros o terroristas y piratas informáticos que pueden 

transformar o trastornar gravemente la coyuntura mundial. A los Estados 

Unidos conviene por ello hacer un planteamiento multilateral. Dice: “ninguna 

gran potencia puede permitirse el ser puramente multilateralista, pero 

ése debería ser el punto de partida de su política… La paradoja del poder 

estadounidense en el siglo XXI es que en una era de información global la 

mayor potencia desde Roma no puede alcanzar unilateralmente sus objetivos”. 

Y añade: “encuadrando su política en un marco multilateral, Estados 

Unidos puede hacer que su poder desproporcionado sea más legítimo y 

aceptable para otros”. 

Aun en la discrepancia, subyace en ambas posiciones una idea común: la 

seguridad será el eje fundamental de la política exterior estadounidense en 

los próximos años. 

En un panorama mundial de hegemonía político-militar norteamericana, 

la política exterior española debe precisar lo que interesa a España a la hora 

de enfocar sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos, análisis de gran 

trascendencia porque determinará también la posición de España dentro de 

la Unión Europea en la definición de las relaciones Europa-Estados Unidos. 



Lo que interese a España en la relación trasatlántica debe ser también, desde 

la perspectiva de España, de interés para la Unión Europea. 

España y la Unión Europea tienen con Estados Unidos valores comunes 

(democracia, libertad de información, derechos humanos) problemas comunes 

(las amenazas contra la seguridad y estabilidad internacionales, el terrorismo 

y su financiación, proliferación de armas de destrucción masiva, lucha 

contra la pobreza extrema y sus efectos, el cambio climático) e intereses comunes 

(garantía del libre comercio mundial, estabilidad financiera internacional, 

funcionamiento previsible del mercado de petróleo, etc.). 

Todo ello determina una coincidencia en lo sustancial que aboga no sólo 

por un fortalecimiento de la relación trasatlántica sino por convertir ésta en 

eje básico de la política exterior de la Unión. España debe, en su política exterior 

propia y como base de su posición dentro de la Unión Europea, impulsar 

tal concepción hasta hacer del vínculo trasatlántico una sólida relación 

de alianza en la que una OTAN renovada, ampliada en sus fines y fortalecida 

debería asumir un papel de primer orden. De una parte, porque en cualquier 

análisis que se haga, lo que une a los Estados Unidos y la Unión Europea es 

mucho más que lo que les separa: de otro lado, porque los Estados Unidos 

son los únicos que pueden garantizar en última instancia un orden internacional 

que respete los valores e intereses comunes que nos definen. Y finalmente, 

porque la Unión Europea, en el fracasado proyecto de tratado 

constitucional, ha optado por no ser un polo vertebrador de la Comunidad 

Internacional en lo político y en lo militar. Al conservar la política exterior y 

de seguridad y defensa en el plano intergubernamental y sujeta a la regla de 

la unanimidad, rechaza tener –como la experiencia acredita– una política 

propia que merezca tal nombre. Su deliberada impotencia implica, pues, que 

a la hora de la verdad no pueda prescindir de Estados Unidos para garantizar 

una seguridad internacional que es preocupación compartida. La incapacidad 

de la Unión Europea para resolver los conflictos de los Balcanes, en 

sus mismísimas fronteras, es la mejor confirmación. Resulta por ello artificioso 

separar las exigencias de seguridad de Estados Unidos y las de la Unión 

Europea. Y no sólo porque los contribuyentes norteamericanos pagan en 

gran parte la defensa de todos sino porque tenemos los mismos adversarios, 

nos desestabilizan los mismos acontecimientos y nos enfrentamos a escala 



global con los mismos riesgos y peligros. Podemos discrepar en las soluciones 

pero no podremos sustraernos de tener los mismos problemas. 

La relación trasatlántica –para que sea una verdadera asociación de amigos 

y aliados– debe incluir la natural y fundada preocupación de la sociedad 

norteamericana por su recién descubierta vulnerabilidad. La comprensión 

de los intereses de los aliados es la primera condición de una alianza estable 

y sólida. A España como país aliado le corresponde hacer en cada caso la 

aportación que esté al alcance de sus posibilidades y de su interés y hacer 

valer ante los Estados Unidos que la seguridad no es la única dimensión de 

las relaciones internacionales, que siendo una dimensión esencial, tiene más 

vertientes que la puramente militar y que los planteamientos multilaterales 

y la sujeción al Derecho Internacional son, por su mayor respaldo y legitimidad, 

más convenientes en principio que una actuación unilateral apoyada 

sólo en un análisis nacional y la supremacía militar, aunque la legitimidad de 

una acción unilateral no deba descartarse para afrontar amenazas y asegurar 

la paz y estabilidad del orden internacional. 

La ocupación de Irak y las dificultades de su reconstrucción democrática 

han hecho visible, en último análisis, la insuficiencia del poderío militar para 

solventar conflictos o incluso para defender eficaz y duraderamente el propio 

interés nacional. Decía Talleyrand a Napoleón que las bayonetas servían 

para todo menos para sentarse sobre ellas. La tendencia a una excesiva militarización 

de la política exterior y al unilateralismo en definiciones y acciones 

encontrará sus límites en la construcción de la paz, sin la cual ninguna 

política de seguridad alcanza plena significación. La paz necesitará siempre 

colaboraciones diversas y la legitimidad que, a pesar de su habitual impotencia 

para prevenir y actuar, sólo las instituciones multilaterales pueden, 

aunque sea a posteriori, conferir en un mundo en el que la información y por 

tanto la opinión pública mundial hacen valer cada vez más su creciente peso 

específico. No obstante, mientras no se reforme una legalidad internacional 

cuya aplicación está sujeta a veto o la Unión Europea no tome la decisión 

de convertirse en protagonista político y militar de la Comunidad Internacional, 

resulta incoherente y peligroso para el mundo democrático deslegitimar 

a priori las actuaciones estadounidenses basadas en la sola valoración 

de su interés nacional. La Unión Europea tiene la obligación política de con- 



vertir en incierta la tesis de Paul Kagan, hoy por desgracia cierta. Dice Kagan 

que una explicación de la mayor tolerancia de Europa ante las amenazas del 

mundo actual es la relativa debilidad del Viejo Continente: “Los europeos 

–dice– se preocupan sobre todo de cuestiones susceptibles de resolverse mediante 

acuerdos políticos y enormes sumas de dinero y no sobre aquellas 

amenazas que por su dificultad no pueden afrontarse desde una posición 

débil”. Destaca también Kagan que “Europa disfruta de una seguridad garantizada 

por Estados Unidos y da por descontado que actuará cuando haya 

algún peligro en el mundo”. Europa, desde esta perspectiva, debería en efecto, 

tomar una decisión trascendente: dotarse de una verdadera política exterior 

y de seguridad y defensa que le confiera credibilidad como polo vertebrador 

de la Comunidad Internacional. Mientras no lo haga, carece de razón para 

oponerse, o contraponerse, a los Estados Unidos cuando estos entiendan 

que hay una amenaza a su seguridad y por tanto, en gran medida también, 

a la seguridad del mundo democrático. Ello no excluye, en cambio, que les 

sea exigible no complicar el panorama europeo propiciando la independencia 

de Kosovo o presionando para el ingreso de Turquía como miembro de 

pleno derecho en la Unión Europea. Me parece exacta la reflexión, que comparto, 

de Emilio Lamo de Espinosa (“El 11-S y el nuevo escenario estratégico”. 

Cuadernos de pensamiento político, nº 13, FAES): “Ironías de la historia, 

el “nuevo orden planetario” parece encaminarse a ser una copia en mayor escala 

del orden westfaliano, la definitiva “europeización” del mundo: una colección 

de grandes potencias nuclearizadas en equilibrios de poder inestables 

y alianzas ad hoc. Habremos contenido al Hegemon (EEUU), sin duda, pero 

habremos asegurado nuestra irrelevancia y abierto la puerta a un neo-feudalismo 

mundial. Los europeos deberíamos tener mucho cuidado al apostar 

por un mundo multipolar, no sea que veamos cumplidas nuestras 

esperanzas para tener que decir después: “no es esto, no es esto”.” 

Para concluir no debería olvidarse que España puede además obtener 

–como ha obtenido en las etapas de Felipe González y, sobre todo, de 

Aznar– de su relación bilateral de amistad y estrecha alianza, la leal colaboración 

de los Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo de ETA y en 

sus viejos litigios territoriales. Queda en cierto modo pendiente la pugna histórica, 

de trasfondo cultural, aunque también incipientemente económica, 

en relación con la América de habla española, pugna que adquiere no obs- 



tante tintes cada vez menos polémicos por la creciente penetración en la sociedad 

norteamericana de “lo hispano”, que, aunque escasamente identificado 

todavía con España –en gran medida por nuestra propia incapacidad–, 

confiere vigencia y protagonismo a un modelo cultural que la visión wasp denigraba 

como inferior. 

UNIÓN EUROPEA Y POLÍTICA EXTERIOR 

Son tres los temas sobre los que principalmente procede reflexionar para 

determinar en este ámbito nuestra política exterior, aun cuando la política comunitaria 

tenga cada vez en mayor medida una faz más doméstica que internacional: 

1º) La reciente ampliación a 27 Estados. 2º) La orientación de 

su proceso de institucionalización (integración supranacional versus intergubernamentalismo). 

3º) La definición de su política exterior y de seguridad, 

incluida la de defensa (PESD). 

La ampliación –aun reconocida como inevitable y obligada– ha sido a 

menudo valorada con pesimismo desde la perspectiva de los intereses españoles. 

En una Europa “continentalizada” y volcada sobre sí misma, el centro 

–se dice– prevalecería y España se convertiría en un miembro periférico. En 

realidad es juicio que sobrevalora de manera explícita la ubicación geográfica 

y de forma implícita las corrientes económicas y culturales que desde finales 

del Siglo XVII han hecho Europa. Aun estando en parte fundada, es 

una valoración que aporta cada vez menos en un mundo, como el de hoy, 

en que, ante la globalización y sus efectos, las limitaciones o condicionantes 

del lugar que se ocupa en el mapa son superables. Añadiría que en una Unión 

Europea que gire en torno a Alemania, Francia y, eventualmente, Gran Bretaña 

las posibilidades españolas son de menor entidad que en una Europa de 

27 Estados miembros, de intereses más plurales y diversos. Alegaciones 

como “tocar a menos en el reparto” o “desviación del foco de atención de la 

periferia hacia el Centro” no son por completo inexactas, pero presumen en 

el fondo una España pasiva y en regresión. Si algo ha demostrado la sociedad 

española en los últimos treinta años es su capacidad de progreso y su habilidad 

para aprovechar las oportunidades que se le abren. La ampliación 

supone sin duda un panorama de nuevos retos, pero no hay razón para pen- 



sar que no sepamos superarlos siempre que creamos en nuestras posibilidades, 

dediquemos a tal tarea el esfuerzo colectivo que requiere y tengamos un 

Gobierno competente y con voluntad y habilidad para hacer valer el peso específico 

de España en las relaciones internacionales. 

En todo caso, en una Unión Europea de 27 Estados, el eje franco-alemán 

–hasta ahora motor esencial de la construcción europea– pierde, en cierto 

modo, capacidad de definición, de impulso y desde luego de veto político. 

Se incrementa, correlativamente, el ámbito potencial de actuación dentro de 

la Unión de otros Estados miembros. Alemania y Francia son ciertamente las 

economías europeas más fuertes y tendrán por ello de forma natural una 

mayor influencia en la Unión, pero ésta, por su creciente complejidad, no 

podrá ser plataforma tan maleable como hasta ahora para, de manera más 

o menos abierta, ejercer en la Comunidad Internacional liderazgos de inspiración 

y objetivos nacionales. La influencia de Francia y Alemania dependerá 

cada vez más de las razones europeas que en beneficio de la Unión puedan 

alegar y cada vez menos de sus viejos intereses como ex potencias mundiales. 

Y en todo caso su influencia se verá condicionada por la ejemplaridad de 

su conducta. Con acuerdos entre ambos no siempre confesables, con desafíos 

abiertos a las normas comunitarias vigentes o con políticas nacionales fracasadas 

perderán autoridad moral y su liderazgo será débil y discutido. La 

coincidencia de posiciones de Francia y Alemania (en la etapa Chirac-Schroeder) 

en el conflicto de Irak ha servido precisamente para poner de relieve 

las limitaciones del eje franco-alemán, sin necesidad de hacer hincapié en 

que, efecto probablemente coyuntural de exigencias electorales, tal coincidencia 

en una actitud de apariencias antinorteamericanas difícilmente se 

mantendrá en el futuro como base de una política exterior europea que se 

aleje o antagonice con Estados Unidos. El acceso de Angela Merkel a la 

Cancillería ha puesto punto final a una absurda actitud de izquierda trasnochada. 

Y es que no resulta concebible un distanciamiento duradero entre 

Alemania y Estados Unidos dictado por razones ideológicas ancladas en el 

pasado o por el aparente interés de una política exterior europea que simplemente 

no existe. 

Carece de sentido por ello sostener que si la política exterior de la Unión 

no parte de las posiciones franco-alemanas, no habrá política exterior de la 



Unión. Creo, por el contrario, que en la medida en que se intente definir una 

política exterior desde el interés franco-alemán –todavía muy sumido en el 

caso de Francia en su historia reciente (Sarkozy es aún una incógnita) y en 

su pretensión hegemónica de inspiración gaullista– no habrá una política exterior 

que pueda reflejar los intereses de una Europa de 27 Estados miembros. 

¿Por qué una política exterior definida bajo la decisiva influencia 

franco-alemana es, a priori, mejor para España y para Europa que la que incluya 

como prioridad esencial –no excluyente de otras prioridades– la relación 

trasatlántica y, dentro de ella, la asociación con Iberoamérica y la 

estrecha alianza con Estados Unidos? 

La orientación de la institucionalización de la Unión Europea es también 

campo en el que resulta preciso definir posiciones e intereses. ¿Qué conviene 

en mayor grado a España: una Europa política más integrada y supranacional 

–de inspiración federalizante, si se quiere– o principalmente articulada a 

través de la cooperación intergubernamental? 

En ciertos terrenos, España ha obtenido perceptibles beneficios de la integración 

de naturaleza supranacional (la política agrícola común, los fondos 

estructurales, el euro, el mercado único) y la ha impulsado en otros, como 

en el pilar de justicia e interior, para mejorar la eficacia de la lucha antiterrorista. 

Hay, pues, campos en los que la vertebración supranacional europea 

resulta beneficiosa, y hay igualmente ámbitos en los que responde tanto a 

una necesidad creada por la institucionalización del mercado único europeo 

como a las exigencias que impone un mundo ya ampliamente globalizado 

en el que las soberanías nacionales son en no pocas ocasiones nominales e 

impotentes. 

La opción por una integración europea supranacional plena debería ser, 

aunque sin premuras y bajo ciertas condiciones, un horizonte irrenunciable 

para la diplomacia comunitaria española, por convicción y por interés. A 

corto plazo, sin embargo, la defensa de algunos de nuestros intereses se garantiza 

mejor, en principio, si la acción exterior de la Unión permanece en 

el plano intergubernamental. El fustrado proyecto de tratado constitucional, 

con realismo probablemente involuntario, aspiraba sólo a mejorar el funcionamiento 

de la cooperación intergubernamental y de sus mecanismos de 



decisión. El avance de lo supranacional en el propuesto tratado de mínimos 

–si no se intensifica en la próxima Conferencia intergubernamental– es casi 

imperceptible. Por lo pronto, tal planteamiento legitima la posición polaca 

–que debería también ser la española– de intentar conservar ciertas asimetrías 

como la favorable ponderación del voto de España conseguida en la 

cumbre de Niza por el presidente Aznar. 

Pero cuanto afecta a la Política Exterior y de Seguridad y Defensa 

(PESD) requiere consideración aparte. La cuestión es la siguiente: ¿Podría 

España defender sus intereses transatlánticos, especialmente en relación 

con Iberoamérica, en el ámbito de una PESD más supranacional, mejor 

que en el ámbito de una política europea de rostro intergubernamental? 

La respuesta es en principio negativa porque, hoy por hoy “lo hispánico” 

no es uno de los elementos constitutivos y definitorios –está meramente 

yuxtapuesto– de “lo europeo” y no determina de manera principal la acción 

exterior de la Unión Europea. España no tiene aún peso bastante para introducir 

con plenitud esta dimensión que hasta ahora ha hecho valer con 

resultados visibles pero modestos. Tampoco los intereses de la mayoría de 

los países de la Unión Europea en América Latina son tan considerables 

como para compartir tal planteamiento. La experiencia así lo acredita. Las 

relaciones Unión Europea-América Latina, a pesar de los notables esfuerzos 

hechos por España desde su incorporación para incrementar su influencia 

en este ámbito, han sido en general lánguidas y bastante 

convencionales. Esta situación sólo cambiaría perceptiblemente si se alcanzase 

–lo que parece difícil a corto plazo– un acuerdo con Mercosur 

para crear una zona de libre cambio, punto de partida para un vínculo de 

asociación posterior más intenso que debería ser de interés prioritario para 

España y que España debería impulsar por encima del enfoque, un tanto 

estrecho de miras y miope, de los intereses agrícolas inmediatos. Parece 

evidente que una mayor institucionalización de la relación Europa-América 

Latina contribuiría a dar más valor en la Unión a cuanto España quiera 

representar como país europeo. 

La política exterior española y la diplomacia a su servicio, en particular 

la comunitaria, deben pues destacar la vertiente transatlántica en la definición 

de las políticas de la Unión, vertiente que debe abarcar tanto la relación con 



América Latina como con Estados Unidos. En el arrumbado proyecto de 

tratado constitucional, las decisiones de la PESD se mantenían, como señalaba 

antes, en el ámbito de lo intergubernamental y requerían unanimidad. 

Esta opción, que probablemente se ratificará en el futuro tratado de mínimos 

que se debatirá a final de año en sede de conferencia intergubernamental, 

deja a países como España amplios y flexibles márgenes de actuación dentro 

y fuera de la Unión. Dependerá sólo de nosotros, de nuestra capacidad 

como Estado, saber aprovecharlos. 

Importa destacar, sin embargo, que semejante opción tiene para España 

y para la Unión Europea, consecuencias que a corto plazo no es posible obviar. 

En primer término, al renunciar a una PESD integrada y supranacional, 

la Unión Europea renuncia por igual a convertirse en un polo vertebrador de 

la Comunidad Internacional en lo político y en lo militar y a constituir un espacio 

de seguridad autónomo. Consolida, por decisión propia, un mundo 

unipolar y las relaciones con Estados Unidos se convierten en prioridad esencial. 

A partir de esta opción, resulta inconsecuente plantear la proyección 

internacional de la Unión Europea –intentada por algunos Estados miembros 

en el conflicto de Irak–, como un contrapunto de la política exterior estadounidense. 

La Unión Europea, que ha decidido no tener en cuanto tal una 

verdadera PESD, no puede construirse en contraposición de los Estados 

Unidos. No habría consenso. Aunque europeos y norteamericanos podamos 

tener a veces intereses divergentes, representamos los mismos valores básicos, 

compartimos muchos intereses y debemos afrontar problemas planetarios 

que nos afectan por igual. Las diferencias, cuando las haya, serán siempre 

más de procedimiento que de substancia. Y aun en las discrepancias, de procedimiento 

o de substancia, habrá que dilucidar cuándo son verdaderamente 

tales y cuándo disfrazan incapacidad de la propia Unión Europea para actuar 

por razones presupuestarias o militares o por la incidencia inercial de intereses 

nacionales opuestos de sus Estados miembros. Hasta la contraposición 

de intereses económicos entre Europa y Estados Unidos resulta artificiosa. 

En primer término, porque en un sistema de mercado libre –libre de protagonismos 

económicos estatales como el actual– no compiten las economías 

nacionales sino las empresas: en segundo lugar, porque éstas, en especial las 

grandes empresas europeas y norteamericanas, tienen inversiones recíprocas 

–y a veces cruzadas– a ambos lados del Atlántico y ambos polos están por 



tanto interesados en que el mercado mundial funcione con libertad, y que sus 

empresas, todas, vayan bien. 

La inconsecuencia se agranda si se considera el hecho no menor de la 

congelación –cuando no disminución real– de los presupuestos de defensa 

de los Estados miembros de la Unión durante los últimos diez años. De ahí 

la actual incapacidad militar de la Unión Europea y de ahí también la necesidad 

de mantener una relación de alianza leal y solidaria con los Estados 

Unidos –alianza entre socios que serán realmente iguales cuando hagan esfuerzos 

equivalentes– por ser éste el único país cuya supremacía militar puede 

garantizar la seguridad y estabilidad del orden internacional y el modelo de 

economía de mercado, facetas ambas de primordial interés para la Unión 

Europea. No tiene, en mi opinión, sentido poner en cuestión la relación de 

alianza Unión Europea-Estados Unidos alegando que tal alianza encubre 

una relación de subordinación. Europa, se exige, debe estar en el mundo en 

pie de igualdad con Estados Unidos. Así debe ser siempre que la Unión Europea 

asuma las dos obligaciones mínimas inherentes a una relación de igualdad: 

dotarse de una política exterior integrada que sepa definir, expresar y 

hacer valer el interés europeo y articular una política de defensa que cuente 

con los medios personales y materiales que demanda el ejercicio de un liderazgo 

mundial en pie de igualdad en todos los campos con Estados Unidos. 

De otra parte, al mantener la PESD en el ámbito intergubernamental y 

sujeta a la regla de la unanimidad, el proyecto de tratado favorece en el seno 

de la Unión el protagonismo, más o menos explícito, de los distintos intereses 

nacionales –en ocasiones artificialmente contrapuestos– que paralizan o 

al menos dificultan la definición de una política europea coherente y eficaz. 

Así, por ejemplo, la relación de la Unión Europea con el mundo islámico en 

general y con los países árabes en particular proyecta cada día su inanidad 

cuando no su impotencia. Algo particularmente delicado para España desde 

la perspectiva de su seguridad porque tiene frontera con el Norte de África, 

que ejerce sobre el territorio español –territorio de la Unión Europea– una 

fuerte presión migratoria. La única manera de paliar la incapacidad europea 

sería conseguir un pleno acuerdo con Francia para actuar al menos en el 

Magreb –España y Francia son los dos principales inversores en el área– y 

realizar una política mediterránea basada en la creación de una zona de libre 



comercio que, aunque ya prevista, avanza con dificultad por falta de verdadero 

impulso. Sólo planteamientos basados en una concepción anacrónica 

del interés nacional explican la situación de semiparálisis. Lo cierto es que, 

como todas las grandes líneas de la PESD, la política mediterránea de la 

Unión Europea, que tuvo un acertado aunque modesto enfoque en la Conferencia 

Euromediterránea de Barcelona de 1995, languidece, en parte porque, 

en el conglomerado de los intereses nacionales, no se deja emerger con 

fuerza el interés europeo. 

Es precisamente en el marco de esta coordenada política mediterránea en 

el que hay que valorar la posibilidad de “cooperación reforzada”, fórmula 

institucional, que recogía el non nato tratado constitucional. Vaya por delante 

que, tanto en el ámbito económico como en el político, interesa a España 

sobremanera impulsar la zona de libre comercio con el Magreb-Norte 

de África. En la órbita política, sin embargo, las ventajas para España de una 

“cooperación reforzada” estarían en función de que ésta no fuese, en el fondo, 

cobertura del interés nacional francés, concebido en su sentido clásico. Mientras 

Francia entienda –como parece entender a veces– que tiene una especie 

de exclusividad y hegemonía en las relaciones con los países magrebíes, 

la “cooperación reforzada” será un corsé si no perjudicial al menos no beneficioso 

para los intereses españoles. Como socios europeos no debería ser 

difícil, sin embargo, “compartir” y “repartir” influencia. La reciente propuesta 

de Sarkozy de impulsar la constitución de una “Unión Mediterránea” podría 

ser un primer paso en la buena dirección siempre que se acepte que lo que 

hemos definido como “intereses vitales españoles” no puedan ser dañados o 

sacrificados. En todo caso, antes de tomar la decisión de integrarse, parece 

imprescindible debatir cuál es el interés europeo en el Magreb y en su ribera 

mediterránea y atlántica –y en general en toda la ribera sur del Mare Nostrum– 

lo que exige tomar posición clara sobre los conflictos y reivindicaciones 

territoriales, que suscitan algunos países y que afectan a España de 

manera particular. Para España es interés vital cuanto afecta a las Islas Canarias 

y a sus aguas jurisdiccionales (el final de la descolonización del Sahara 

no es a este respecto indiferente) y a las Ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla que, además, son territorio de la Unión Europea de acuerdo con el 

Derecho Internacional vigente. O se respetan estos intereses o la configuración 

de un estatuto avanzado de relación privilegiada se hará sobre bases 


falsas que tarde o temprano España tendría que denunciar. Las alianzas multidimensionales 

no pueden ser sólidas y duraderas si sólo una de las partes 

mete los problemas más espinosos en un cajón. Todo ello sin perjuicio de 

afirmar que el “estatuto de relación privilegiada” puede ser un buen instrumento 

para definir y dar estabilidad a las fronteras de la Unión Europea, aún 

indefinidas pero en discusión provocada por el proceso de negociación con 

Turquía. Habrá de posibilitar tal estatuto una efectiva política de cooperación 

activa que, entre otras cosas, ordene y controle las corrientes migratorias. La 

realidad demuestra cada día que las fronteras por sí solas no bastan. 

En conclusión, sólo en la medida en que España por su habilidad, convicción 

y creciente peso específico sepa hacerlas valer asumirá la Unión Europea 

como prioridad auténtica, “con todas sus consecuencias”, la relación 

con el Magreb-norte de África y con América Latina, ejes de imposible renuncia 

sin embargo de la política exterior española. Se podrá contestar que 

ya son prioridades europeas y en cierto modo es así aunque por el momento 

con más retórica que efectividad. La comunitarización de la política exterior 

de la Unión requiere más tiempo para que ciertos intereses nacionales, de 

gran y real entidad, pasen en lo sustancial a ser europeos y se defiendan como 

tales, y otros pretendidos intereses nacionales, anclados en la inercia de una 

Historia que ya no es, desaparezcan de cualquier esquema de prioridades. En 

el interregno, claro está, España tendrá que hacer un considerable esfuerzo político, 

militar y presupuestario. Sin él no hay ni habrá política exterior. 

ASIA EN LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 


En septiembre del 2000, el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados 

el Plan Estratégico de Actuación Exterior, en el que, entre otras cosas, 

se define un nuevo eje de política exterior, el cuarto pilar o pilar asiático, 

principalmente China y la cuenca asiática del Pacífico. El enfoque es acertado. 

Los cuatro tigres –Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong– con 

un fuerte desarrollo se abren paso en el mercado mundial. Y países como Indonesia, 

Thailandia, Filipinas, Vietnam y Malasia –además de India y Pakistán– 

constituyen un amplio mercado, con un nivel de renta aún modesto 

pero en claro aumento. 



El este asiático e India representan pues el nuevo gran reto de la proyección 

internacional de España. Y China, en particular, por estar destinada 

a convertirse con mayor rapidez en gran potencia mundial. Su creciente capacidad 

exportadora y por tanto el tipo de cambio de su moneda, han empezado 

a hacerse notar en el mundo económico. Tiene todavía grandes 

necesidades para impulsar su crecimiento y mejorar el bienestar de su población 

–necesidades gigantescas que convierten sin embargo a China en el 

mercado con mayor fuerza de atracción comercial e inversora. Algunas de 

nuestras empresas se han adelantado una vez más a la acción tangible del 

Estado y han empezado a invertir en China. Pero, como objetivo de nuestra 

proyección internacional, padece la pobreza de ambición que ha caracterizado 

la concepción de nuestra presencia en el mundo hasta tiempos 

recientes. 

La construcción del pilar asiático de la política exterior debe hacerse en 

los planos bilateral, europeo y multilateral en que España realiza hoy su actuación 

exterior. Exigirá definición de objetivos, acción continuada, tiempo 

y medios, empezando por primar de algún modo –al menos en la función pública– 

el conocimiento de la lengua y la cultura chinas. Tiene pues que ser 

primero “pensada” y después incorporada –aún no lo está a pesar de la retórica 

al uso– como elemento definitorio de la proyección de España. Dejo 

constancia de esta necesidad sin poder ahora extenderme en la forma de satisfacerla. 

CONSIDERACIÓN FINAL 

La política exterior es mera retórica o se convierte con facilidad en una superficial 

política de relaciones públicas internacionales, a veces brillante pero 

vacía de contenido, si no puede servirse de al menos tres palancas básicas: 

1) Una diplomacia garante de la continuidad, dotada de los medios materiales 

y personales que correspondan a la magnitud de la acción exterior a 

realizar por un país, como el que España es hoy, con intereses globales en 

un mundo globalizado en el que predominan las dimensiones económicas y 

de seguridad debatidas en marcos multilaterales; 2) Unas Fuerzas Armadas 

que cuenten con formación y armamento modernos, concebidas para inter- 



venir con rapidez en cualquier punto del planeta en misiones de paz, en acciones 

de interposición, en lucha antiguerrillera y antiterrorista o en conflictos 

bélicos de fisonomía más tradicional; 3) Un instrumento conceptual o 

doctrinal –concreción recurrente de un acervo acumulado por la Historia– 

elaborado con propósito de durabilidad, con el consenso más amplio posible, 

en el que con revisiones periódicas, se defina el interés nacional y sus objetivos 

estratégicos que encarna en el Estado, que el Ejecutivo interpreta y 

desarrolla en su programa y al que diplomacia y milicia sirven siguiendo las 

instrucciones dictadas en cada momento por el Gobierno. 

La política exterior española no cuenta en términos suficientes o razonables 

con ninguna de estas tres palancas, indispensables para realizar una 

política exterior de coherencia sostenida en el tiempo. Ha tenido y tiene considerable 

carga retórica y al Estado español, en cuanto tal, en ocasiones ni siquiera 

se le percibe. No creo exagerado afirmar que la magnitud de la 

presencia española en Iberoamérica –segundo inversor mundial– se ha alcanzado 

al margen del Estado, es decir, sin que el Estado tuviese, no ya protagonismo, 

sino plena consciencia de ello, por la acción de nuestras empresas 

y empresarios, algunas de las cuales, es cierto, eran de capital público en el 

momento de su expansión pero con gestión inspirada en el modelo mercantil 

privado. La mejor prueba de una inercia estatal de ausencia –paliada 

por el esfuerzo personal ingente de muchos empresarios y no pocos diplomáticos– 

está justamente en que el cambio cuantitativo y cualitativo de la 

presencia de la España democrática en Iberoamérica no se ha visto acompañado 

de un nuevo planteamiento estatal ni de un incremento sustancial de 

medios personales y materiales de acción. Un dato singular es que al gigantesco 

aumento de la inversión no ha seguido un crecimiento significativo de 

nuestras exportaciones a Latinoamérica. La política de cooperación iberoamericana, 

que cuenta con recursos algo más cuantiosos que en el pasado, 

no está concebida –o al menos no lo está con éxito– como proyección del 

interés del Estado, y no ha contribuido por ello eficazmente a erradicar los 

recelos que la actuación directa de España aun suscita en los principales países 

iberoamericanos. 

Por su parte, las Fuerzas Armadas han hecho, en esta etapa democrática, 

un considerable esfuerzo de modernización y cumplen misiones de paz con 



dignidad y acierto en muchas partes del mundo. Pero el esfuerzo presupuestario 

que realiza España en el capítulo de Defensa es –aunque se incluyan 

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad– impropio de un país que proclama 

tener –y tiene– intereses globales. Resulta además insolidario con nuestros 

aliados y socios e hipoteca sin remedio el papel que con razón aspiramos a 

desempeñar en la Unión Europea y en la relación trasatlántica. 

La democracia española ha tenido la fortuna –en el sentido de Maquiavelo– 

de haber contado desde 1977 hasta el 2004 con sólo cuatro presidentes 

de gobierno –modernidad y estabilidad de nuestro parlamentarismo 

presidencialista– que además han sido –los cuatro– buenos presidentes de 

gobierno. Los cuatro –pero especialmente González y Aznar– dedicaron a 

lo largo de su mandato cada vez más tiempo a nuestra proyección internacional 

y lo hicieron con notable eficacia personal en beneficio de España. 

Ninguno asumió, sin embargo, la necesidad de consumar la transformación 

de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa al servicio de una proyección 

internacional más intensa y extensa. Algo se ha avanzado, pero 

cuando la acción exterior tiene la importancia que se predica, los presupuestos 

de Defensa y la organización y capacidad de coordinación del Ministerio 

de Asuntos Exteriores tienen que estar a la altura de las palabras. 

Resulta imprescindible si queremos cubrir con congruencia todos los frentes 

que se derivan de nuestra renovada situación en el mundo, proyectar con 

solvencia nuestra influencia, plantear con eficacia nuestras posibles iniciativas 

y dar continuidad, más allá de cada coyuntura, a nuestra acción exterior. 

Es imprescindible, en todo caso, el consenso entre los dos grandes partidos 

nacionales para evitar vaivenes o fluctuaciones frívolas que nos hacen perder 

prestigio, credibilidad e influencia. 


FERNANDO PEREGRÍN GUTIÉRREZ 

TREINTA AÑOS DE ORIENTALISMO 

Crónica breve de un fraude intelectual y académico 

Para una gran mayoría de la izquierda pro palestina española y de 

su lobby árabe-islámico, políticamente muy influyente, pocos libros 

hay que gocen de mayor prestigio que Orientalismo, de Edward 

Said. Si no fuese por el fuerte hechizo, entre irracional y mágico, 

que ejerce sobre ellos el islam, por lo que lo juzgarían como un sacrilegio 

y una falta de respeto a la sensibilidad religiosa de los musulmanes, 

se podría decir que lo consideran como la versión laica del Corán, o 

poco menos. Curiosamente, la conversión al “orientalismo saidita” de 

muchos de esos intelectuales y políticos se puede considerar como tardía. 

El libro se tradujo y se publicó por vez primera en España en 1990, 

doce años después de su primera aparición en el mercado anglosajón, 

por consejo y empeño de Juan Goytisolo, inaugurando así una pequeña 

colección, Alquibla, de una por entonces oscura editorial, Ediciones Libertarias, 

colección que dirigía el propio Goytisolo. Según me consta, 

sólo hubo una edición y de reducida tirada, por lo que cabe la sospecha 

de que Orientalismo fue uno de esos libros de los que en ciertos ambientes 

hablaba todo el mundo, pero que sin embargo, muy pocos habían 

leído 1 . Hubo que esperar otros 12 años para poder encontrar de nuevo 

Orientalismo en las librerías españolas, esta vez publicado por la editorial 

Debate, con una presentación o introducción de Goytisolo y un prólogo 

especialmente escrito por el propio Edward Said para esta edición 

Fernando Peregrín Gutiérrez es ensayista de Epistemología y Filosofía e Historia de la Ciencia 

1 En 1991 la Editorial Eumo, de Vic, publicó la traducción al catalán titulada Orientalisme. 

ABRIL / JUNIO 2007 145

TREINTA AÑOS DE ORIENTALISMO / FERNANDO PEREGRÍN GUTIÉRREZ 

y que lleva fecha de abril de 2002 2 . De entre lo mucho y muy ditirámbico 

que Goytisolo ha escrito sobre este libro y su autor, puede citarse 

este párrafo: “(…) su obra Orientalismo se convirtió en el punto de referencia 

de todos los estudios tocantes al mundo árabe en particular y al 

mundo islámico en general. Fue una verdadera revolución que sacudió 

todos los fundamentos de los estudios occidentales y los planteamientos 

de los orientalistas. Mostró con claridad que gran parte de éstos habían 

puesto sus conocimientos no al servicio de los pueblos cuya 

historia, cultura y costumbres analizaban, sino al servicio de los poderes 

imperiales de los países europeos, sobre todo de Francia e Inglaterra. A 

mí esta lectura me impresionó vivamente e influyó en mis ensayos de 

Crónicas sarracinas, en donde extendí unas reflexiones parecidas a las 

suyas en el campo del orientalismo español que él no conocía” 3 . 

Otro conocido panegirista de estos cenáculos de intelectuales y políticos 

deslumbrados por Orientalismo y su autor es, sin duda, Bernardino 

León, ex coordinador de la Fundación Tres Culturas y actual secretario de 

Estado de Asuntos Exteriores, para el cual este intelectual palestino es “el 

pensador más original del siglo XX” 4 y “el más grande intelectual de nuestro 

tiempo” y que “su impresionante obra abarca ámbitos muy diversos, 

todos ellos con una profundidad y una capacidad literaria sorprendentes. 

En Orientalismo, La cuestión palestina y Cultura e imperialismo analiza la relación 

entre Oriente y Occidente, la recreación de aquél por éste, la interacción 

entre literatura, política y cultura, y han determinado en buena parte 

los estudios que desde este ámbito se han hecho sobre el colonialismo y el 

periodo poscolonial, tanto en las antiguas metrópolis como en los territorios 

de ultramar. A estas obras debe añadirse Cubriendo el islam, su reflexión 

acerca de la visión reduccionista y negativa que desde los medios de co- 

2 La traducción de esta edición se basa en la londinense de 1997. Existe, además, la edición 

de la editorial Debolsillo, Barcelona, 2003. 

3 Juan Goytisolo, “Una referencia del mundo islámico”. El País, 2003-09-30. Del autor dice 

además que “Edward Said fue un intelectual libre, yo diría que el único intelectual totalmente 

libre del mundo árabe. Su voz era un punto de referencia para todos los intelectuales de Occidente 

y de Oriente que no se dejan atrapar en el círculo vicioso de la violencia impuesta por 

los extremistas israelíes a los palestinos”. 

4 Declaraciones a Europa Press con motivo de la celebración de unas jornadas sobre “mestizaje 

y diversidad” organizadas por la Fundación Pablo Iglesias en mayo de 2006. 



municación y ciertos ámbitos académicos norteamericanos se ha dado en 

los últimos años sobre el islam y el mundo árabe” 5 . 

Francisco Fernández Buey es otro de los viejos iconos de la intelectualidad 

oficial de la izquierda con apergaminado pedigrí que ha manifestado asimismo 

su gran admiración por Edward Said, afirmando que “durante los 

veintitantos años transcurridos desde la publicación de Orientalismo, la gran 

obra de Edward Said, el interés por la historia y el presente de las culturas 

no europeas ha ido aumentado de una forma muy considerable en la mayoría 

de las universidades estadounidenses. Y también en las europeas. Uno 

de los resultados de este interés es la notabilísima floración de centros e institutos 

dedicados a estudiar las diversas formaciones culturales africanas y 

asiáticas.” Y más adelante, “Said, que además de estudioso del orientalismo 

ha sido un musicólogo sensible y un hombre con gran conciencia cívica”. A 

continuación, y de la misma guisa, escribe que “por su discreción en el tratamiento 

de asuntos en los que generalmente se ha oscilado entre politi- 

5 Bernardino León, “Edgar W. Said, ensayista palestino”. El País, 26-09-2003. 

El actual secretario de Estado de Asuntos Exteriores es, además, el traductor de Cubriendo el 

islam (Debate, 2006). La edición original es de 1981 (Covering Islam: How the Media and the 

Experts Determine How We See the Rest of the World ) y es, incluso para los más fervientes defensores 

de la causa “sadista”, lo menos bueno de la trilogía de Said sobre la visión occidental 

del Oriente árabe-islámico, que forman, además de este texto, Orientalismo y The 

Question of Palestine (del que no me consta que haya edición española). 

Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, ha dicho del libro Cubriendo el islam que 

“es un libro clave para entender el papel de los medios de comunicación en nuestro tiempo” 

(Cf: Intervención del Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en el Seminario Internacional 

sobre la paz en el Oriente Medio. Sevilla, 22 de octubre de 2003). 

Mas quizá, entre los pro árabes y pro islámicos españoles, la frase más repetida del autor de 

Orientalismo como testimonio de autoridad sea: “Como dice Edward Said, no se trata de un choque 

de civilizaciones, sino de ignorancias” (Gema Martín Muñoz, Teresa Aranda –Fundación 

ATMAN–, Miguel Ángel Moratinos, José Luis Rodríguez Zapatero, etcétera). Está tomada del título 

de un artículo de Said que se publicó en El País –y en otros medios de comunicación occidentales– 

el 16 de octubre de 2001. 

Se argüirá, no sin razón, que la admiración y el reconocimiento de que gozó Said en España 

no es una cuestión exclusiva de la izquierda, como evidencia la concesión, conjuntamente con 

Daniel Barenboim, del premio Príncipe de Asturias de la Concordia del año 2002. Mas cabe el 

contraargumento de que, por un lado, el jurado, según el acta, apenas entró a valorar los méritos 

intelectuales de Said (… “quienes, con independencia de su destacada proyección artística 

e intelectual”), concediéndoles a ambos el premio porque “realizan una generosa y 

encomiable tarea a favor de la convivencia y de la paz, simbolizada en la colaboración de jóvenes 

músicos que, superando antagonismos históricos, fomenta el diálogo y la reflexión”; y 

por otro, que ese premio fue consecuencia de la intervención del lobby pro islámico español. 



cismo y formalismo, por su veracidad, no exenta de dramatismo, este palestino, 

que fue miembro del Consejo Nacional y profesor de literatura comparada 

en la universidad de Columbia, pero que fue sobre todo un exiliado 

postromántico, supo renovar la apuesta cultural de aquellos otros exiliados 

sensibles (Auerbach, Arendt, Benjamin, Todorov) que nos han enseñado a 

entender mejor lo que somos (y lo que hemos sido) comprendiendo a los 

otros, más allá de la presunción, de los estereotipos y de los prejuicios” 6 . 

También Eugenio Trías, filósofo que se ha mostrado últimamente muy atraído 

por los aspectos más místicos y esotéricos del sufismo islámico, en una desorientada 

reseña de la edición española del libro póstumo Humanismo y crítica 

democrática 7 , cuyos materiales Edward Said había dejado prácticamente organizados 

antes de morir, y tras reconocer el gran impacto que le produjo la lectura 

de Orientalismo, alaba “la condición insobornablemente crítica, solidaria y 

comprometida de este intelectual palestino-estadounidense”, aseverando que 

“Said insiste, en la línea de Vico, en el diferencial que introduce la comprensión 

que podemos tener de nosotros mismos. Y añade asimismo el horizonte de un 

humanismo que no se limite a proyectar sobre toda la humanidad los postulados 

religiosos y literarios, o culturales, del mundo occidental, pero que tampoco 

incurre en el vicio opuesto y simétrico, un multiculturalismo reductor 

que suele abonar el relativismo en los valores, en las actitudes, en las costumbres 

y en los principios. Se trata de un proyecto y de un programa que ha quedado 

truncado por la muerte de este pensador y luchador ejemplar” 8 . 

LA MODA DE LOS ESTUDIOS POSCOLONIALES 

Se ha dicho que la publicación de Orientalismo marca el inicio de los llamados 

estudios poscoloniales, una moda académica que en la década de 

6 Francisco Fernández Buey, “La contribución de Edward Said a una tipología cultural del imperialismo”. 

El Viejo Topo, núm. 186, noviembre de 2003. 

7 E. W. Said: Humanism and Democratic Criticism. Nueva York, Columbia Univ. Press, 2004. (Traducción 

española de R. García: Humanismo y crítica democrática, Barcelona, Debate, 2006). 

8 Eugenio Trías: “Humanismo y crítica democrática”, en El Cultural, suplemento del diario El 

Mundo, 2006-09-14. Por lo que escribe, cabe dudar seriamente si el reseñador se ha leído por 

completo el libro de Said. 



1980 se extendió como mancha de aceite por los departamentos de literatura 

inglesa de las facultades de letras de la mayoría de las universidades de 

Estados Unidos 9 . Los que siguen esta moda académica la definen como el 

estudio multidisciplinario de las relaciones entre los países europeos y las 

sociedades que colonizaron en la edad moderna (pero que no se acaba con 

la descolonización, pues aún perduran –dicen los “poscolonialistas”– muchas 

de esas relaciones propias del colonialismo) 10 . A grandes rasgos se 

considera que el llamado imperio europeo llegó a significar el dominio, al 

iniciarse la Gran Guerra de 1914, de más del 85% del resto del mundo por 

parte de las grandes potencias de Europa. La columna vertebral de los estudios 

poscoloniales, y prácticamente todo su cuerpo, es la literatura, y la 

llamada interdisciplinariedad atañe, como mucho, a las artes y a ciertos aspectos 

muy marginales de la cinematografía. En la jerga de los estudios 

poscoloniales más que de literatura se habla y se escribe de “aproximación 

crítica” y “teoría literaria” de la producción de literatura –muy fundamentalmente 

de la narrativa– de colonizadores y colonizados, si bien, y casi 

como norma de obligado cumplimiento, la crítica acerba y la desvaloración 

sistemática se reserva para la literatura de las metrópolis y la benevolencia 

y las alabanzas, para la de las colonias. 

Cuando apareció Orientalismo en el mercado, muy oportunamente, todo 

sea dicho, hacía ya un par de décadas que el estudio del Oriente Medio 11 , 

normalmente denominado “estudios orientales” en el mundo anglosajón, 

9 Otro libro que marcó un hito en la moda de los estudios postcoloniales estadounidenses fue 

The Empire Writes Black: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures, de Bill Ashcroft, Garteh 

Griffiths y Helen Tiffin. Routledge, segunda edición, 2002 (la primera es de 1989). Bill Ashcroft 

es además autor, junto con Pal Ahluwalia, de una hagiografía de Edward Said titulada 

Edward Said: paradoja de la Identidad, publicado en España por Ediciones Bellaterra (2000). 

10 Los estudios postcoloniales forman parte de ese cajón de sastre que se denomina cultural studies 

(estudios culturales) y en el que se incluyen los llamados gender and identity studies (estudios 

de género e identidad), queer studies y sexual diversity studies (estudios sobre la 

homosexualidad), women studies (feminismos varios), etc. 

11 En español, tradicionalmente se distingue entre Oriente Próximo (Egipto, Líbano, Israel, Turquía, 

Jordania, Siria, Irak y Arabia), Oriente Medio (Irán, Pakistán, la India “y sus países limítrofes”) 

y Extremo o Lejano Oriente (China, Corea, Japón y países del Pacífico). No así en el 

mundo de influencia anglosajona, en el que sólo se hace distinción entre Middle East y Far East. 

Por las características de este artículo, y salvo que no se indique lo contrario, parece más conveniente 

adoptar el sistema de denominación anglosajón, que es, por otro lado, el adoptado 

por las instituciones de la UE y el Ministerio de Asuntos Exteriores español. 



estaba siendo muy criticado tanto por los eruditos occidentales como por 

los de esa región geográfica. Comparado con los avances de la historiografía 

de Europa y Estados Unidos, el estudio del Oriente Medio parecía 

estancado, debido, por un lado a que era un campo dominado por la tradición 

filológica y ajeno en gran parte a los métodos de la moderna historiografía, 

y por otro, a problemas intrínsecos derivados de la propia 

naturaleza histórica de las fuentes de dicha historiografía. Además, su publicación 

coincidió con el descubrimiento entusiástico del Tercer Mundo 

por parte del mundo académico estadounidenses, con la crisis de autocrítica 

que propició la guerra del Vietnam, así como con los cambios generacionales 

que supusieron la entrada en los correspondientes departamentos 

universitarios de investigadores originarios de Oriente Medio, o descendientes 

de inmigrantes de dicha procedencia. En estas circunstancias, estos 

nuevos investigadores, de los que Edward Said era un arquetipo, empezaron 

a hacer valer una supuesta ventaja que tenían respecto de sus colegas 

occidentales: no estaban limitados ni contaminados por las perspectivas 

etnocéntricas occidentales y por tanto podían examinar e interpretar lo 

acaecido durante la época colonial europea de manara más fiable. Casi simultáneamente, 

además, se produce el colapso de la teoría de la modernización 

como justificación racional y moral del colonialismo, con lo que 

empieza la tendencia de culpar al imperialismo y al etnocentrismo de Occidente 

de todos los males que afligen al Tercer Mundo 12 . 

Para Said, una cultura no es concebible sin la existencia de un “otro” diferente 

y con el que se compite. Por tanto, en la construcción de la imagen 

que los europeos tenían y tienen de sí mismos, la creación, a manera de 

contraimagen, de un “otro” por antonomasia, el Oriente Medio (denotado 

como simplemente el “Oriente”), tuvo importancia decisiva. De esto se 

sigue, “según Said” que ni el “Oriente” ni el “Occidente” corresponden a 

realidades estables que existen como hechos naturales, sino que son meros 

“constructos” que subyacen a una realidad basada en unas relaciones de 

poder, dominio y hegemonía de Occidente sobre Oriente. Surge así “orien- 

12 Joshua Teitelbaum y Meir Litvak, “Students, Teachers, and Edward Said: Taking Stock of Orientalism”. 

Middle East Review of International Affairs, Vol. 10, núm. 1, marzo de 2006. 



talismo” como un neologismo que designa a una corriente de pensamiento 

académico, a una escuela de estudios en la que se mezclan literatura y política 

sin demasiada preocupación por la historiografía ni otras disciplinas 

necesarias para analizar, conocer y explicar la realidad fáctica. La definición 

que da Said de “orientalismo” incluye estos ingredientes: primero, “es un estilo 

de pensamiento basado en la distinción ontológica y epistemológica 

entre el ‘Oriente’ y el ‘Occidente’”. Dicha distinción se fundamenta sobre 

todo en la consideración de la supremacía occidental y de la inferioridad 

oriental, un rasgo que Said cree presente en la cultura occidental nada 

menos que desde los tiempos de Homero y Esquilo. Segundo, un campo 

de indagación académica que incluye a todos aquellos que escriben y enseñan 

acerca del Oriente, que es, más o menos, la acepción clásica del término 

y lo que le permite a Said incluir en el blanco de sus andanadas y 

ácidos hostigamientos a ciertos arabistas estadounidenses, como Bernard 

Lewis. Y tercero, “una institución corporativa para tratar con el Oriente” 

que aparece en el siglo XVIII y que representa “un estilo occidental para 

dominar, reestructurar y ejercer autoridad sobre el Oriente”. 

A LA SOMBRA DE FOUCAULT 

En realidad, cuando esto escribe, Said es poco original, ya que la mayoría 

de estas ideas están tomadas de Michel Foucault, uno de sus mentores, del 

que copió mucho y entendió poco –lo cual no es un demérito para Said, 

ya que entender a Foucault, en el sentido epistemológico de este término, 

sería poco menos que un milagro– tanto cuando le usó como modelo 

como cuando se distanció de él por considerarlo muy anti-árabe y pro sionista 

13 . De hecho, Said desempeñó un papel muy importante en la introducción 

y recepción de la obra de Foucault en el mundo académico 

estadounidense. Es indudable la fascinación, más que la apreciación todo 

lo favorable que se quiera, que suscitó el llamado “análisis foucaultiano” y 

el “método foucaultiano” en el Said que escribe Orientalismo. Así, muy al co- 

13 Stephen Sheehi, “Exclusive Interview with Edward Said”. Al Jadid, vol. 4, núm. 22, invierno de 

1998. Hay varias entrevistas y artículos en los que Said explica por qué dejó de interesarle Foucault 

poco después de terminar Orientalismo. 



mienzo de la introducción, éste hace referencia a las dos obras más “metodológicas” 

de Foucault, La arqueología del saber y Vigilar y castigar, a fin 

de apropiarse, por así decirlo, del análisis del discurso de Foucault. Mas es 

dudoso, como ha quedado dicho, que Said supiese del todo lo que estaba 

haciendo cuando seguía las oscuras e intrincadas sendas de su modelo ni 

cuando rechazó la manera de Foucault de abordar los textos literarios y el 

mundo en general. Cierto que en último artículo que Said escribió sobre 

Foucault y su obra intentó rectificar parte de sus anteriores críticas, reconociendo 

la importancia de la contribución de Foucault a la teoría crítica 

contemporánea y tratando de justificar malos entendidos pasados, basados 

en lo que Said reconoce como una paradoja asentada en el centro 

mismo de la empresa crítica que inició con Orientalismo 14 . En palabras del 

propio Said, “el conflicto entre mi sesgo humanístico confesado e inconfundible 

y el antihumanismo de la misma materia de mi estudio y de mi 

propia manera de acercarme a ella”. La paradoja, al parecer, estaba en la 

confianza depositada por Said en lo que él creía era una teoría especialmente 

avanzada –la de Michel Foucault, para ser exactos– y la percepción 

de que dicha teoría “se había deshecho en gran medida de los modos totalizadores 

y esencializadores del humanismo y del criticismo democrático” 

15 . Pues para Said, la verdadera cultura entroncaba con el humanismo 

de Vico, en quien se inspiró para componer su leitmotiv secular democratic 

criticism, indefinible de suyo, pero que él siempre trató de explicar como 

contrapuesto a lo que consideraba las prácticas de los humanistas elitistas 

y “eurocéntricos” (reconozco que siempre he sido incapaz de distinguir 

entre universalismo –atemporal– y secularismo –temporal– , según Said; 

claro que tal vez es que no haya nada que valga la pena entender). 

Said, que acusa a los orientalistas occidentales clásicos de simplificar y 

reducir a tópicos y arquetipos al Oriente Medio y sus distintas sociedades, 

se muestra tanto o más reduccionista que los eruditos a los que ataca. En 

efecto, describe “orientalismo” como un “discurso”, definición, como se ha 

dicho, de origen “foucaultiana”. Según el fallecido escritor y crítico litera- 

14 Edward Said, “Michel Foucault, 1926-1984: In Memoriam”. Raritan, vol. 4, otoño de 1984. 

15 Karlis Racevskis, “Edward Said and Michel Foucault: Affinities and Dissonances”. Research in 

African Literatures , vol. 36, núm. 3, otoño de 2005. 


16 Alan Sheridan, Michel Foucault: The Will to Truth. Routledge, 1980. 


rio francés, un discurso es simplemente un sistema de pensamiento que 

gobierna el conocimiento que se pueda obtener. Ese conocimiento, que a 

su vez se inspira y se orienta por el “discurso”, viene a ser como una paráfrasis 

de ideas y nociones preconcebidas. En suma, un “discurso” es el resultado 

de la interacción entre conocimiento y poder que están unidos 

entre sí formando un círculo sin principio ni final, o como si dijéramos, un 

círculo vicioso, por lo que “no hay conocimiento por un lado y sociedad 

por otro, ni ciencia y estado por separado, mas solamente las formas fundamentales 

de conocimiento/poder” 16 . 

La epistemología “foucaultiana” que asume Said niega pues el concepto 

de conocimiento como fruto de la empresa científica o de cualquier otra 

actividad intelectual, sea académica o aplicada, se refiera a las ciencias naturales 

o las sociales, cuyo objetivo sea, fundamentalmente, el saber, esto 

es, hacer avanzar el conocimiento de forma objetiva, fiable y acumulable. 

Conque el valor de verdad de un conocimiento como función de su correspondencia 

con la realidad se diluye como un azucarillo en el mar de la 

crasa ignorancia a la que conduce este estéril relativismo cognitivo posmoderno. 

Así lo admite el propio Said en el epílogo que figura en la edición 

anglosajona de Orientalismo de 1994: “no tengo interés, ni mucho 

menos la capacidad para demostrar cuáles son las verdades tanto del 

Oriente como del islam”, que es lo mismo que decir que desprecia olímpicamente 

la verdad fáctica y se interesa sólo por les belles lettres, la ficción literaria 

y la propaganda política, la más falaz de las retóricas 17 . 

17 Respecto de Foucault, salvo “foucaultianos” irredentos con atrofia irreversible del sentido crítico, 

las revisiones rigurosas y el análisis de sus supuestos métodos académicos están dejando cada 

vez más en evidencia su total irrelevancia en el mundo del pensamiento de excelencia de hoy 

día. Así concluye Andrew Scull, por ejemplo, su demoledora reseña de la reciente reedición inglesa 

de la versión original completa de History of Mandes: “El reverso de la funda de History of 

Madness contiene una serie de himnos hiperbólicos de alabanza a sus virtudes. (…) Y Nikolas 

Rose se alegra de que ‘ahora, por fin, los lectores anglohablantes tienen acceso a la profunda 

erudición que apuntala el análisis de Foucault’. En verdad que pueden, y uno espera que leerán 

el texto con atención y con inteligencia y que aprenderán así algunas lecciones saludables. Una 

de esas lecciones podría ser divertida, si no tuviese efecto en la vida de la gente: la facilidad con 

la que se puede distorsionar la historia, ignorar los hechos, menospreciar y descartar las alegaciones 

de la razón humana por parte de alguno suficientemente cínico y desvergonzado y deseoso 

de aprovecharse de la ignorancia y la credulidad de sus clientes”. (Cf: “The fictions of 

Foucault’s scholarship”, The Times Literary Supplement, 21 de marzo de 2007). 



Aunque para Said el método de indagación acerca de las cuestiones que 

le interesaban se redujo, prácticamente, a las oxidadas e insuficientes herramientas 

de la crítica literaria (trufada de marxismo de la Escuela de 

Francfort, psicoanálisis y hermenéutica de Auerbach) que aplicó a la colonización 

–particularmente, pero no sólo ella, la del mundo árabe–, a las relaciones 

entre la textualidad y al mundo y al papel de los intelectuales, los 

tres polos entre los que se desarrolla su reflexión y que se encuentran en la 

base de sus obras más significativas, como son Orientalismo y Cultura e Imperialismo, 

es cierto que para él la crítica literaria era más que la mera crítica 

del texto, según dicen los cánones y usos posmodernos, y que había 

algo más, mucho más, que los textos literarios, lo cual se refleja, verbigracia, 

en un compromiso con la llamada causa palestina (fue miembro del 

Consejo Nacional palestino de 1977 a 1991), que acaba por convertir casi 

toda su obra en un panfleto político. 

Empero, no es menos evidente que para él las categorías culturales de las 

sociedades humanas en las que se interesaba y a las que consideraba en sus 

escritos eran bastante limitadas y que concedía a la literatura (sobre todo, a 

la de ficción) y a las artes una importancia desmedida en el devenir y en la 

evolución de las culturas de las sociedades humanas. En este sentido, muchas 

veces calificable de “reduccionismo literario y artístico”, la gran mayoría de los 

problemas del mundo árabe-islámico, en general, y de los palestinos en particular, 

se debían principalmente a cuestiones de “narrativas hegemónicas”. 

Véase, a este respecto su artículo de febrero de 1984, en London Review of 

Books sobre el problema palestino que se titulaba, muy ilustrativamente, “Permission 

to Narrate”. En suma, que el problema entre palestinos e israelíes era 

poco más que una poderosa y universal narrativa judía de una Palestina desértica, 

vacía y yerma, convertida mediante el coraje, el sudor y el ingenio de 

los judíos en un nuevo jardín del Edén, la cual narrativa, más que asfixiar, 

eclipsaba por completo en los medios de comunicación occidentales la inexistente 

narrativa palestina (para Said, las cuestiones tocantes al desarrollo 

humano, político y social, y al estado de la ciencia, la tecnología y la economía, 

así como el laicismo y la influencia de la religión en unas y otras sociedades 

carecían, incomprensible y absurdamente, de interés). En vista de lo 

cual, Ibn Warraq, uno de los críticos más agudos y competentes de Said, sostiene 

que “lo que hace muy difícil el autoexamen de árabes y musulmanes y, 



especialmente, el criticismo del islam en Occidente es la influencia totalmente 

perniciosa de Orientalismo, de Edward Said. Esa obra enseñó a toda una generación 

de árabes el arte de la autocompasión –“si no fuese por los malvados 

imperialistas, racistas y sionistas, seríamos grandes otra vez”– dando así 

ánimos y justificaciones a la generación de fundamentalistas islámicos de la 

década de 1980 y apaleando hasta silenciarlo cualquier criticismo del islam; 

y parando en seco, incluso, las investigaciones de eminentes eruditos especialistas 

en el islam que sintieron que sus descubrimientos podían herir la sensibilidad 

de los musulmanes y que no se atrevieron a ser etiquetados como 

‘orientalistas’”. “El tono agresivo de Orientalismo –prosigue Warraq– es lo que 

yo he llamado ‘terrorismo intelectual’, ya que no se busca convencer con argumentos 

o análisis históricos sino esparciendo acusaciones de racismo, imperialismo 

y eurocentrismo desde lo alto de un púlpito moral; todo el que ha 

estado en desacuerdo con Said ha recibido montones de insultos”. Asimismo, 

y tocante a la falta de interés de Said en todo lo que no sea la perfidia del 

“orientalismo”, Warraq afirma que “para Said, todos los males del mundo 

árabe-islámico emanan del ‘orientalismo’ de Occidente y no tienen nada que 

ver con las características socioeconómicas, políticas e ideológicas de los musulmanes 

o del subdesarrollo cultural que padecen” 18 . 

LOS MONSTRUOS DE LA RAZÓN Y DE LA ILUSTRACIÓN 

Como todos los pensadores posmodernos y, sobre todo, poscoloniales, Said 

recela del racionalismo de la Ilustración, influido por otro de sus modelos, 

Theodor W. Adorno, del que se consideraba el “único auténtico seguidor” 19 . 

No es este el lugar para explayarse sobre el influjo de Adorno en Said, espe- 

18 Ibn Warraq, “Debunking Edward Said. Edward Said and the Saidists or Third World Intellectual 

Terrorism”. Secular Islam, 2002. 

También de Ibn Warraq y de próxima aparición en el mercado estadounidense: Defending the 

West: A Critique of Edward Said’s Orientalism. Prometheus Books, agosto 2007. 

19 Michael Word, “Edward Said”. Proceedings of the American Philisophical Society, vol. 150, núm. 

1, marzo de 2006. 

Me resisto a no citar una frase que acabo de leer en el último libro de Félix de Azúa, Abierto 

a todas horas (Alfaguara, 2007), y que aparece en la correspondencia entre Hannah Arendt y 

su compañero de filosofía, Heinrich Blüger, y que se refiere a Adorno y Horkheimer, autores 

de la oscura, tramposa, falaz y desnortada Dialéctica de la Ilustración: “that pack of bastards”. 



cialmente notable en sus escritos musicales –que abundan en encuentros y 

desencuentros con el autor de Filosofía de la nueva música–, mas conviene 

destacarlo como se merece. Pues resultan patéticos, si no fuesen tantas veces 

de una oscuridad que raya frecuentemente en lo incomprensible –de la que 

nada hubiese tenido que envidiar el propio Adorno, por cierto– los esfuerzos 

de Said por reconciliar el elitismo académico de los mandarines de la alta 

cultura occidental, el mesianismo del arte redentor, la intolerancia intercultural, 

el pesimismo irracional, la crítica nihilista de la dialéctica negativa, el 

ninguneo de la Ilustración (equiparándola a los mitos); y, sobre todo, la oposición 

entre la racionalidad crítica y el reconocimiento de la pluralidad de 

identidades –tanto individuales como colectivas– que aparece en Dialéctica 

de la Ilustración, facetas todas ellas del pensamiento adorniano que, con grandes 

penalidades y esfuerzos se entresacan de sus libros, con los postulados 

extraídos de la perspectiva de Gramsci –otro de sus modelos para sus estudios 

acerca de las culturas– sobre la cultura nacional-popular (o, como si dijéramos, 

la visión aristocrática de la cultura de Adorno con la populista de 

Gramsci) o con el igualitarismo, por debajo, del exacerbado relativismo cultural 

posmoderno de Foucault. 

Said se ve, pues, atrapado entre contradicciones que cree superar con las 

oxidadas herramientas de esos propios mentores –eligiendo de unos y de 

otros, con espeso subjetivismo, lo que más le acomode para cada ocasión–, 

sin darse cuenta de que al escarbar sin método ni juicio crítico, se le caen 

encima los escombros de los viejos edificios en ruinas en los que busca amparo. 

Además, con harta frecuencia se ve obligado a cubrir con un tupido 

velo de bochornoso silencio muchas de sus preciadas tesis sobre el “orientalismo” 

occidental ante la realidad, verbigracia, de que no hay equivalente 

posible en la civilización árabe-islámica de su adorado Beethoven, de la Orquesta 

Filarmónica de Viena o de un piano Steinway; o cuando clama, siguiendo 

por la senda claramente “eurocéntrica” de Adorno, que el 

verdadero arte moderno, “exigente, resistente e intransigente puede ser el 

vehículo para los desesperados y un poderoso testigo de la inhumanidad de 

gran parte del mundo moderno” 20 . 

20 Michael Word, “On Edward Said”. London Review of Books, vol. 25, núm. 23, octubre de 2004. 



En no pocos aspectos, Orientalismo se reduce a la denuncia de su autor 

de lo que tilda de espuria alianza entre la Ilustración y el colonialismo. Para 

muchos lectores de Said con un mínimo de sentido crítico, existe de suyo 

una insuperable contradicción entre el “humanismo laico” que dijo profesar 

el cosmopolita intelectual palestino-americano –aunque su universalismo 

esté muy matizado por el particularismo de Eric Auerbach (Cf: 

Mimesis)– y su crítica sistemática de la gran tradición de la Ilustración occidental, 

una de las más altas cumbres culturales de ese humanismo que 

Said dijo abrazar. Máxime cuando siempre puso en cuestión la integridad 

y la validez moral del criticismo y de la indagación crítica de otras áreas 

culturales, como la árabe-islámica. Mas en realidad, no se da tal contradicción, 

pues el humanismo de Said, inspirado en Vico, un “irracionalista 

moderno” (en palabras de I. Berlin), tan difícil de leer como de entender, 

era tan rancio y ajeno al humanismo racionalista de la Ilustración como lo 

puedan ser el esoterismo medieval o los mitos religiosos. La reacción de 

Said contra la Ilustración y su idea universal de humanidad fue propia de 

un romántico para el cual lo importante está en los particularismos basados 

en las diferencias raciales. En suma, Orientalismo ha sido una obra que 

ha contribuido notablemente a asentar el disparatado prejuicio posmoderno 

de que todo pensamiento racional es implícitamente racista. Más 

aún, el concepto de Said del “otro”, que subyace en todo su análisis del 

“orientalismo”, surge como reacción contra la razón, y es deudor de los filósofos 

existencialistas (Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, sobre todo). 

El argumento de que Occidente –o mejor dicho, sólo Europa antes del 

siglo XX– se ha definido a sí mismo en oposición al Oriente es una falacia 

y una simplificación extrema y esencialista. Los europeos se identifican, y 

se han identificado durante siglos sobre todo por su historia, como herederos 

conjuntos de la Grecia clásica, del Imperio romano, del cristianismo 

atemperado por la escolástica medieval, del Renacimiento, de la Reforma, 

de la Contrarreforma, de la Ilustración y del modernismo laico. Es más: el 

sentido que tienen los occidentales de sí mismos, su cosmovisión, su forma 

de entender su relación con su pasado y su sentido de su futuro están profundamente 

influidos por los valores cognitivos de la filosofía especulativa 

y de la ciencia moderna, algo que no ocurre en las sociedades de musulmanes, 

que llevan más de quinientos años sin aportar ni una coma al acervo 



de conocimientos que tiene la humanidad de sí misma y del mundo en general. 

Por lo tanto, aseverar que los occidentales necesitan del “otro” geográfico 

para definir su propia identidad es, amén de falso, de una arrogancia 

por parte de ese “otro”, sea árabe, islámico, chino o japonés, que sobrepasa, 

sin duda, cualquier medida imaginable de prepotencia egocéntrica o 

de complejo de inferioridad verdaderamente enfermizo. 

Por otro lado, la complejidad de la visión cambiante que ha tenido Occidente 

respecto del islam queda ejemplificada precisa y justamente en la 

Ilustración del siglo XVIII, que como se ha visto Said percibió como la raíz 

del “orientalismo” moderno. Cierto que algunos intelectuales ilustrados 

atacaron al islam motivados por su cosmovisión racional y su filosofía laica 

que les hacía ver en las religiones el enemigo principal de la razón, de la 

educación, de la tolerancia, del antropocentrismo, el laicismo y demás valores 

de la Ilustración. Mas esos ataques al islam fueron siempre paralelos 

a los que se hicieron al judaísmo y al cristianismo en su condición de religiones. 

Es más, en ciertos tiempos y lugares, en los cuales la Iglesia seguía 

siendo muy poderosa, los ataques al islam no fueron sino embates camuflados 

al cristianismo. Mas a la vez, otros escritores y pensadores del Siglo 

de las Luces vieron en el islam una religión más próxima a las ideas de la 

Ilustración que el cristianismo. Muchos de ellos la vieron como una religión 

equilibrada entre los deberes morales y las necesidades básicas de los creyentes, 

algo muy opuesto a la distorsionada actitud del cristianismo tocante 

al sexo. Hasta hubo escritores que hablaron admirablemente bien 

del islam y de su tolerancia con las minorías, contraponiéndola al fanatismo 

cristiano. 

SAID Y LOS ARABISTAS “COMME IL FAUT” 

Las tesis de Said que se han expuesto en párrafos anteriores y que subyacen 

al mito del “orientalismo” emanan de la crítica que aparece en las páginas 

de Orientalismo al campo académico de los estudios sobre el Oriente 

Próximo, conocidos también como arabismo. Es ésta una disciplina académica 

propia generalmente de sociedades que no forman parte del 

mundo de habla árabe, y que engloba estudios especializados en la cultura 



árabe y su lengua. Los orígenes del arabismo se encuentran en la España 

medieval, mas en Orientalismo no hay ni rastro del arabismo español. En el 

citado prólogo de Said a la segunda edición española de este libro, el autor 

se defiende, una vez más, de las críticas recibidas por no haber tenido en 

cuenta otros estudios orientales que no fuesen los de británicos, franceses 

y estadounidenses con el argumento de que sólo le interesaba denunciar los 

vínculos entre imperialismo y orientalismo, los cuales se daban claramente 

en los casos que estudiaba en su texto. Sostiene, además, respecto de España, 

que tras haber leído a Américo Castro y a Juan Goytisolo, se ha refirmado 

su convencimiento de que las relaciones entre España y el islam 

no son imperialistas y que el islam no es extraño ni enemigo de la identidad 

cultural española, sino que forma parte de ella. Con tales guías no tiene 

nada de extraño que Said yerre respecto a la importancia del islam en la 

identidad española, una cuestión que tiene que ver más con las ideologías 

políticas que con la realidad histórica. Said ignora, como tantas otras cosas, 

que el “orientalismo español” ha sido básicamente arabismo centrado en el 

medievo. Por lo tanto, si ya de suyo el aserto de Said de que “orientalismo” 

y colonialismo van siempre juntos es erróneo, en el caso español ni siquiera 

está equivocado. Es más, la identificación que se da en el arabismo español 

del período que estudia Said entre el islam y el cristianismo tiene claramente 

un trasfondo político de extrema derecha, que se reduce, 

básicamente, a la eterna lucha entre el bien –identificado con la religiosidad 

tradicional de cristianos y musulmanes, unidos por unos mismos valores 

morales pese a sus diferencias dogmáticas y teológicas– y el mal, 

encarnado por los que defienden e impulsan el secularismo, los valores liberales 

de la Ilustración y la democracia. 

Hasta ahora casi no nos hemos ocupado de las críticas a Orientalismo, 

muchas de ellas demoledoras, que se han hecho desde el mismo campo de 

los expertos académicos especializados en las materias sobre las que divaga, 

más que diserta, Edward Said. Se trata de un asunto largo, complejo 

y muy técnico que trataremos de resumir para nuestros lectores. La lista de 

esos arabistas de primer rango que han señalado los muchos errores que 

lastran Orientalismo es amplia, y en ella destacan los nombres de Jacques 

Berque, Malcolm Kerr, Bernard Lewis (junto con Silvestre de Sacy, Ernest 

Renan y Edward W. Lane, fundadores de los estudios orientales como dis- 



ciplina moderna en el siglo XIX, las bestias negras de Said) y Maxime Rodison. 

La agria, dura, contumaz y larga disputa entre Lewis y Said está ampliamente 

documentada en numerosos libros y artículos. La postura de 

Lewis es la del rechazo sin paliativos de las tesis de Said de que los arabistas 

occidentales han tenido, por sistema, un sesgo imperialista en contra del 

Oriente Medio. Por el contrario, sostiene Lewis, el orientalismo como disciplina 

académica se desarrolló a partir del humanismo europeo, independientemente 

de la expansión colonial. Como apoyo a esta aseveración, 

Lewis demuestra que tanto los franceses como los ingleses estudiaron ya 

el islam a lo largo de los siglos XVI y XVII, mucho antes de que se plantease 

su posible dominio colonial del Oriente Medio. Es más, en países con 

escaso y nulo historial de colonización de mundo árabe, tales como Italia, 

Holanda y Alemania, las contribuciones académicas al orientalismo fueron 

mucho más importantes que las de franceses, británicos o estadounidenses; 

y que hasta muchos de los estudios llevados a cabo en los países colonizadores 

fueron totalmente ajenos a la causa del imperialismo. Y como 

ejemplo clásico propone el desciframiento del lenguaje de los antiguos 

egipcios, lo que abrió las puertas al estudio sistemático de un pasado espléndido 

que los propios egipcios habían olvidado. Se pregunta entonces 

Lewis, con toda razón, que a qué causa imperial servían los eruditos que 

hicieron esa contribución tan decisiva para el conocimiento de la historia 

de la humanidad 21 . 

A estas alturas de este artículo, espero que haya quedado claro que en 

el debate en torno a Orientalismo se dan dos posturas nítidamente diferenciadas 

y que se corresponden con bastante precisión con las dos vertientes 

de la disputa: una, la erudita y académica, y la otra, la política, si bien a 

veces se mezclan una y otra. Un ejemplo reciente de la vertiente académica 

lo tenemos en el espléndido libro de Robert Irwin Dangerous Kno- 

21 Bernard Lewis, Islam and the West, Oxford University Press, 1993. Martin Kramer, “Bernard 

Lewis”. Encyclopedia of Historians and Historical Writing, vol. 1, 1999. Ibn Warraq, “Debunking 

Edward Said”, op. cit. Merece la pena leer, sobre todo, el apartado titulado “Said, Sex, and the 

Psycho-analysis” en el que Warraq cita una “deconstrución” e interpretación freudiana, esperpéntica 

y ridícula, que hace Said de una cuestión muy técnica de filología árabe tomada de 

un texto de Lewis. Un ejemplo más de la charlatanería culterana e incomprensible de Said en 

Orientalismo. 



wledge: Orientalism and Its Discontents (Overlook Press, 2006) y en las reseñas 

que de este texto se han publicado en importantes diarios y revistas de 

pensamiento con gran prestigio en el mundo intelectual anglosajón 22 . 

Robert Irwin es un reconocido arabista británico, especialista en la historia 

y la cultura del Próximo Oriente que imparte cursos en las universidades 

de Londres, Cambridge y Oxford. Su juicio sobre Orientalismo es 

asolador: “ese libro me parece una obra llena de charlatanería maligna en 

la cual es difícil distinguir entre errores honrados y alteraciones hechas 

aposta”. A partir de su aserto de que Said está equivocado en casi todo, 

Irwin dedica la gran parte de su libro a examinar con detalle y rigor la historia 

de los escritos de autores occidentales sobre el Oriente, poniendo de 

manifiesto la evidencia de que algunos de ellos fueron personas con debilidades, 

carencias y extrañezas, en ocasiones rayanas en la locura (como es 

el caso de Guillaume Postel, nacido en 1510, y según el autor, “un lunático 

completo”). Mas de todos éstos, los que se pueden llamar en verdad orientalistas 

y arabistas eran hombres (y muy rara vez, mujeres) de su tiempo 

que estudiaron con devoción las lenguas de esa zona geográfica y que establecieron 

con objetividad las relaciones del islam y su historia con sus 

fuentes judías y cristianas. En general se trataba de eruditos ajenos a la política 

y, sostiene Irwin, el racismo de algunos, como Renan –al que no considera 

un orientalista comme il faut– o el de determinados escritores que no 

pasaban de meros aficionados en muchas de las materias de esta disciplina, 

no lo inventaron los verdaderos orientalistas. Mas, prosigue Irwin con toda 

lógica, las afirmaciones de los orientalistas de la excepcionalidad lingüística 

de la región, su cultura y su religión, teológicamente subdesarrollada y con 

preceptos legales muy elaborados y estrictos, fueron aspectos que influyeron 

sin duda en los políticos, como lo hicieron tantos otros relacionados 

con las informaciones que se tenía de aquella zona en aquella época. 

Para Irwin la mayoría de los más importantes orientalistas eran intelectuales 

influidos por la Ilustración, y es incuestionable que ha existido una 

tendencia muy marcada entre estos estudiosos eruditos a adoptar posturas 

22 Por razones que desconozco, la edición de bolsillo, realizada por Penguin Books (enero de 

1997) lleva por título For Lust of Knowing. The Orientalists and their Enemies. 



claramente antiimperialistas, a la vez que su entusiasmo por las culturas que 

estudiaban les hacía ser muy críticos con sus propias culturas y sociedades. 

Al igual que Lewis, Irwin destaca que, en flagrante contradicción con la 

tesis fundamental de Said, los más importantes orientalistas del siglo XIX e 

inicios del XX eran alemanes, siendo así que Alemania carecía de intereses 

coloniales en el Oriente Medio y en el resto de Asia. Por el contrario, el colonialismo 

de Rusia en Asia central y en el Cáucaso no tuvo reflejo alguno 

en la historia del orientalismo de las llamadas grandes potencias europeas. 

Otro aspecto que Irwin denuncia como seriamente errado es la forma 

simplista y de trazo grueso con la que Said expone los complejos encuentros 

y desencuentros de la historia de ambas civilizaciones. Durante la mayor 

parte de la historia común, apunta Irwin, Europa ignoró al islam o lo consideró 

como una forma del arrianismo, una herejía propia de los primeros 

tiempos del cristianismo. Lejos de convertir, como sostiene Said, al islam en 

el amenazante “otro”, durante muchos siglos la mayoría de los europeos ni 

siquiera supieron de la existencia del islam, preocupados como estaban en 

convertir en diablos a las sectas cristianas rivales. Además, parece olvidar 

Said, o lo calla torticeramente, que las relaciones de imperialismo fueron de 

signo diverso a lo largo de la historia, siendo así que las potencias europeas 

estuvieron durante siglos amenazadas por el poderoso Imperio otomano. 

La otra vertiente, el otro bando de este debate –donde exista y no se 

quede reducido, como en España, prácticamente a un cansino monólogo 

de los exegetas del “orientalismo saidita”– lo forman aquellos para los cuales 

la razón, el pensamiento crítico, el método científico y la honradez académica 

en búsqueda de la verdad, y hasta la verdad misma, carecen de 

valor frente al compromiso político con los palestinos y demás sociedades 

del mundo árabe-islámico. Lamentablemente, ésta es la posición mayoritaria 

de los orientalistas occidentales de hoy día y la postura políticamente 

correcta, que se ampara en el más extremo de los relativismos cognitivos, 

propio del multiculturalismo posmoderno, y en una falta de ética intelectual 

y académica que es casi una obscenidad. 

Hay muchos ejemplos de esta postura que, ante la evidencia de los errores 

y falsedades de Orientalismo, recurre, para defender al libro y a su autor, 



a los mismos métodos tramposos con que Said construyó su ficción orientalista. 

Como muestra, baste un botón: Terry Eagleton. En su reseña del 

libro de Irwin, este insigne representante de la teología de izquierdas que se 

nutre de las partes más putrefactas de los exquisitos cadáveres doctrinales 

de Marx, Freud, Focault, Derrida, Adorno, Heidegger, Sartre, etcétera, intenta 

salvar los trastos del naufragio de Orientalismo con un argumento tan 

falaz como ridículo: Said se equivocó en muchas cosas, en muchos detalles, 

en casi todo; pero su argumento central es básicamente correcto. Está tan 

convencido Eagleton de que Said ha sido capaz de obrar el milagro de romper 

con toda la lógica y, partiendo de premisas falsas, llegar a una conclusión 

verdadera, que hasta titula su reseña con esta larga frase: “Eastern block. 

Edward Said got many things wrong, but his central argument was basically 

right. The west’s denigration of the east has always gone with imperialist incursions 

into its terrain”. O lo que es lo mismo, pese a que Irwin y otros 

muchos expertos arabistas han demostrado que los hechos históricos no 

permiten establecer que se dé tal correlación entre “orientalismo” (para Eagleton, 

equivalente a “denigración del Oriente por el Occidente”) e “incursiones 

imperialistas en el terreno de Oriente”, Eagleton siente en sus 

entrañas que eso es cierto y así lo manifiesta con gran desfachatez 23 . 

Esta inaudita actitud de Eagleton, que suena como un eco de las citas 

de los apóstoles españoles del “orientalismo saidita” que aparecen en el 

arranque de este artículo, la explica muy bien William Grimes en su espléndida 

reseña de Dangerous Knowledge que se publicó en el New York 

Times: “Orientalismo, como deja sobradamente claro el propio Irwin, sea 

plenamente consciente de ello o no, no puede ser refutado. No importa 

cuántos errores de hechos o interpretaciones se denuncien, el libro es invulnerable 

porque sus argumentos son políticos y no académicos. En la 

era de los estudios poscoloniales Orientalismo continúa suscitando entusiasmo 

y hasta dictámenes reverenciales. Puede que esto no sea justo, pero 

hace que muchos se sientan bien” 24 . 

23 Newstatesman, 13 de febrero de 2007. El título del libro que aparece en esta reseña es For 

Lust of Knowing. The Orientalists and their Enemies. 

24 William Grimes, “The West Studies the East, and Trouble Follows”. New York Times, 1 de noviembre 

de 2006. 



Puede ser. Pero al intentar expurgar de toda responsabilidad a la cultura 

árabe-islámica de sus fracasos y errores echando siempre la culpa al “orientalismo” 

de Occidente, amén de eliminar de raíz cualquier atisbo de la necesaria 

y saludable autocrítica de la que tan necesitada está la cultura, 

entendida en su más amplio sentido, de muchas sociedades orientales, Said 

y sus apóstoles practican ellos mismos una forma especialmente aguda, 

despectiva y dañina de “orientalismo”, al presentarnos una sociedad árabeislámica 

compuesta por seres inmaduros, irresponsables, ignorantes y cándidos, 

henchidos de victimismo y de plañideras identidades y herida 

dignidad, sociedad que no se sabe cómo ni cuándo ni por qué surgió tras 

la decadencia del esplendor y la gloria de los siglos dorados del imperialismo 

de la espada y el Libro de las gentes del oriente islámico 25 . 

25 Terminado este ensayo tengo conocimiento de los trabajos y escritos de José Antonio González 

Alcantud, profesor titular de Antropología de la Universidad de Granada, en los que se revisa 

críticamente, aunque con autoimpuesta moderación obvia, el “orientalismo” de Edward 

Said. Leyendo esta documentación, se entiende el comentario de Ibn Warraq que se cita en 

el presente artículo acerca de lo difícil que es hoy día para un experto en estudios orientales 

nadar en contra de la corriente del “saidismo” académico y mediático (Cf: José Antonio González 

Alcantud, Editor, Orientalismo desde el Sur. Editorial Anthropos, 2006). 


JORGE USCATESCU BARRÓN 

ACERCA DE LA NACIÓN: 

EL CASO DE LOS EE.UU. 1 

En una época en que fenómenos como la globalización y la concentración 

en grandes sociedades político-económicas parecen afirmarse en 

la palestra de la historia, muchos aspectos de la realidad histórica van 

cayendo en el olvido por considerárselos anticuados o en vías de extinción. 

¿Tiene algún sentido hablar de la nación cuando es la globalización lo que, 

sin duda, marca el proceso actual? 

Desde hace más de tres lustros, tras el fin de la Guerra Fría y la subsiguiente 

desaparición de la escena de las superpotencias de la Unión Soviética, 

se observa en el panorama intelectual internacional un renovado y 

creciente interés por comprender cabalmente el fenómeno de los EE.UU., 

si bien la mayor parte de los enfoques y de las aproximaciones se centren 

en un aspecto del “imperio” por ser lo más llamativo desde una perspectiva 

externa. 

Pero frente a este debate sobre el imperio y el imperialismo se está librando 

en los Estados Unidos un singular debate acerca de lo que es la nación 

americana. Y esto no sólo se lleva a cabo mediante argumentaciones 

científicas, sino incluso también con las armas de la creación literaria. Ejemplo 

neto de este debate con indumentaria literaria es la obra de Thomas 

Jorge Uscatescu Barrón es Doctor en Filosofía 

1 Reflexiones a propósito del libro de Samuel P. Huntington, Who are we? America’s Great Debate. 

Simon & Schuster, Nueva York, 2004. 


ACERCA DE LA NACIÓN: EL CASO DE LOS EE.UU. / JORGE USCATESCU BARRÓN 

Pynchon Mason and Dixon 2 , en que se ofrece una transfiguración estética del 

trabajo cartográfico de Mason y de Dixon en las vísperas de la guerra de independencia 

americana. 

La novela gira en torno a la ejecución de la obra cartográfica de ambos 

astrónomos británicos que llevan la misión encomendada de trazar la línea 

de demarcación fronteriza entre algunas colonias británicas. Con este trabajo 

de agrimensura, que, a los ojos del escritor, se antoja como una herida 

en la tierra, al ignorar las líneas geográficas naturales 3 , se dibuja y surge el espacio 

americano poco antes de separarse definitivamente de la metrópolis. 

Durante sus viajes por los territorios colonizados, ambos agrimensores de 

ocasión se ven frente a una realidad americana peculiar y diversa de la británica: 

no son colonos británicos los que allí moran, sino colonos americanos 

en un lugar salvaje en medio de indios. En su visita a Pennsylvania se 

acentúa aún más el abigarramiento de naciones y de credos religiosos transplantados 

a esta tierra. Pynchon retrata lleno de ironía y no sin cierto sarcasmo, 

en un caleidoscopio literario, la América en ciernes en su acto 

fundacional. 

En este estudio quiero tomar en consideración un libro monográfico 

sobre el tema, alejado de las ficciones literarias dominantes. No es ciertamente 

el primero en acometer este tema, pero sí es un libro lo suficientemente 

rico como para dar que pensar en nuestros días. Se trata de la obra del 

conocido politólogo norteamericano Samuel P. Huntington, autor de numerosos 

libros, especialmente del denostado The Clash of Civilizations, de 

1996, que más que por su contenido sigue dando que hablar por su título. En 

su nueva monografia Who are we? America ‘s Great Debate, de 2004, analiza 

el problema de la identidad nacional de los EE.UU. en una perspectiva política 

apoyada en estudios sociológicos y demoscópicos previos. 

Todo libro, como toda obra literaria y artística en general y asimismo 

como toda obra científico-natural, surge en un contexto histórico, determinado 

por un marco cosmovisivo más o menos delineable, y una motivación 

2 Holt, Nueva York, 1997. 

3 Ibídem, pág. 542. 


que justamente prefija el planteamiento del libro y la marcha de la investigación. 

Ya en el prólogo queda claro que el motivo intelectual del libro es el 

patriotismo del autor, aguzado por una crisis de conciencia nacional americana 

ante los cambios que están sucediéndose en lo relativo a la relevancia 

y esencia de la identidad nacional 4 ; por ello no es un tema abstracto y exangüe, 

sino un asunto candente que atañe directamente al autor y a la sociedad 

en cuya historia está inscrito. Es también manifiesto que el subyacente 

patriotismo troquelado sobre un modelo restablecido de identidad nacional 

es el elemento determinante que prefigura las vías de exploración de este fenómeno 

político: la identidad nacional. 

Si el motivo es el patriotismo, ¿cuál es la ocasión inmediata de este libro? 

Según Huntington, la cultura anglosajona ha constituido durante siglos la 

médula de la identidad nacional, pero es a finales del XX cuando estos pilares 

de la cultura anglosajona están siendo socavados por la fuerza pujante de 

los hispanos y por la ideología adversa del multiculturalismo. 

Por eso, lejos de ser un estudioso imparcial, Huntington se perfila como 

un intelectual comprometido, esta vez con la nación y no con ideas emancipatorias 

y “progresistas”, al tomar claramente partido por la cultura anglosajona 

como cimiento de la identidad nacional de los EE.UU., descartando 

como elementos identificadores la raza, la etnia, la ideología. 

§ 1. BREVES APUNTES SOBRE EL CONCEPTO DE NACIÓN: 

ALEXIS DE TOCQUEVILLE EN AMÉRICA 

El libro de Huntington se propone analizar la identidad nacional de los 

EE.UU. Pero si ésta es la tarea, habrá primero que establecer qué se entiende 

por tal identidad nacional. Aunque se advierte un esfuerzo por un tratamiento 

teórico del problema, se echan de menos importantes precisiones 

acerca del concepto de nación, requisito previo ineludible, y, por otro, no 

hay ni rastro de elucidación previa de lo que es la identidad en sí, cuanto 

4 Samuel P. Huntington, Who are we?, págs. XVI-XVII. 




menos aún del fenómeno más intrincado de la “identidad nacional”, tarea 

casi más ardua que la de la identidad personal si cabe. 

“¿Qué es la nación?” es una rancia pregunta –piénsese en el homónimo 

libro de Renan–, y de complicada respuesta, que fácilmente aboca a fórmulas 

estereotipadas. La nación puede circunscribirse, a título provisional, como 

una entidad histórica que dura en el tiempo y se dilata en el espacio, con un 

origen o surgimiento concreto que se narra en un mito o una historia con un 

mayor o menor fundamento en la realidad acaecida. 

De la misma forma que el origen de Roma se nos transmite en un mito 

que narra cómo los hermanos gemelos Rómulo y Remo fundaron la ciudad, 

así también se sitúa el acta fundacional de América con la arribada a sus costas 

de protestantes sectarios a bordo del “Mayflower”: los sedicentes primeros 

pobladores de los EE.UU., que, como se sabe, no fueron los primeros ni 

los más emprendedores. En un caso, el marco espacial son las orillas del 

Tíber, en el otro, la costa oriental atlántica de Norteamérica. 

La nación está ligada a una raza o una etnia. No importa que en un principio 

haya habido varias razas o pueblos, lo importante es que en el origen 

se haya dado una homogeneidad, o mejor dicho, que se crea que haya habido 

tal homogeneidad étnica o racial, como se expresa en los mitos fundadores 

de las naciones. Si en el caso de Roma son los latinos los que se afirman 

frente a los etruscos y a otros pobladores del Lacio, en el caso norteamericano 

se trata de emigrantes ingleses practicantes de una religión concreta, diversos, 

por ejemplo, de los holandeses allí asentados. A estos ingleses del 

protestantismo sectario del XVII se remontan los actuales portadores de la 

nación americana. En una nación hay en el pasado original unos antepasados 

fundadores de los que descienden de alguna manera los actuales portadores 

de la nación. Ésta es como una cadena de mayores y de descendientes 

todos ellos unidos desde el pasado y proyectados a la vez hacia el futuro. 

En origen se toman unas decisiones, se cristaliza una visión del mundo, 

una forma concreta de cotidianidad y una religión, de tal modo que queda 

prefigurada ya una vía por la que discurrirá el proceso histórico o se realizará 

su misión histórica. 



Entre las coordenadas temporales de pasados ancestros, presentes o coetáneos 

y futuros o descendientes, evoluciona, pues, la entidad nacional como 

una entidad particular organizada en que un grupo humano se articula para 

formar una comunidad. Esta comunidad es tal no sólo por una convivencia 

o contigüidad espacial, sino sobre todo por seguir unas leyes y principalmente 

por entender de una forma distinta el conjunto de las cosas, todo lo 

cual se sedimenta en lo que se da en llamar cultura. 

Esta definición de nación, a la que se suma ciertamente Huntington no 

soluciona del todo la gran cuestión acerca de lo que es la nación. Para el historiador 

Federico Chabod la nación es también un hecho espiritual, pero 

susceptible de ser interpretado de dos maneras bien diversas. 

Por un lado, la nación posee un origen étnico, ya que una raza o un 

pueblo concreto expresan un sentir común de las cosas que se vertebra en 

una forma concreta del espíritu: es la idea de nación de Herder como comunidad 

étnica 5 . Por otro lado, está la nación como expresión de la voluntad 

general: es la idea de Rousseau 6 . Sobre estos dos pilares se asienta 

la cultura. 

Volvamos al caso americano. Alexis de Tocqueville no fue el primero, 

pero sí ha sido el pensador político que ha legado el mejor retrato fisiognómico 

de la nación americana, al haber sabido recoger y trazar las leyes, costumbres, 

usos, ideas y creencias a través de las cuales se revela inconfundible 

la esencia de la nación americana, en su famoso libro De la démocratie en Amérique 

de 1835 7 . Aquí se demuestra una vez más cómo un perspicaz foráneo 

es capaz de ahondar en las profundidades y recónditos recovecos de una nación, 

previa observación concienzuda de los fenómenos. Para el joven jurista 

francés enviado por su gobierno para estudiar in situ el sistema penal norteamericano 

lo importante es la dimensión política de la sociedad junto a los 

usos y costumbres, pero apunta que en este caso de tal modo están unidas 

5 Federico Chabod: L ‘idea di nazione, Laterza, Bari, 1961, pág. 68. 


7 Alexis de Tocqueville: De la démocratie en Amérique, introducción de Harold Laski (2 volúmenes), 

en Oeuvres, papiers et correspondances, edición dirigida por J.P. Mayer, Gallimard, 1951. 



costumbres y leyes que lo que se llama democracia define tanto el sistema 

político cuanto las costumbres mismas. 

¿Qué es lo que llama la atención de Tocqueville? La igualdad de condiciones. 

Este hecho determina, a su parecer, la marcha de la sociedad misma 

por completo, impregnando de su espíritu la forma de gobierno: no es un objetivo 

al que apunten las leyes, sino el punto de partida 8 . Y este punto de partida 

que constituye la base de la democracia americana se inscribe en un 

proceso histórico universal, casi como un don de la providencia, al que han 

contribuido todos los hombres. Es en este país donde se asiste al triunfo imparable 

de esta revolución 9 . 

De este germen democrático fueron los portadores todos los emigrantes 

europeos, y no sólo los anglosajones, porque a todos les son comunes dos 

notas decisivas: la carencia de una idea de superioridad al abandonar sus respectivas 

patrias y la situación dolorosa y desgraciada de la emigración marcada 

por la pobreza. A su entender, la aristocracia territorial europea no 

emigró al nuevo continente. 

Como todo esto es común a otros territorios americanos, Tocqueville 

advierte que el fermento cultural del que germinó la sociedad americana 

fue el puritanismo o el protestantismo sectario de la Inglaterra del XVII, 

mientras que el tejido social era urdido por la clase media. La homogeneidad 

étnica y religiosa inicial marcó desde el inicio el desarrollo de la nación 

10 . 

La libertad de prensa así como en general la libertad de expresión descansan 

jurídicamente en la propia Constitución americana, que sitúa la so- 

8 Ibídem, I 1: “Entre los objetos nuevos que, durante mi estancia en los Estados Unidos, han 

atraído más mi atención no ha habido otro que me haya impresionado más vivamente que la 

igualdad de condiciones. Sin esfuerzo descubrí el maravilloso influjo que ejerce este hecho 

sobre la marcha de la sociedad; le confiere al espíritu público una determinada dirección o un 

determinado sesgo a las leyes, a los gobiernos, nuevas máximas, y a los gobernados, hábitos 

peculiares”. 

9 Ibídem, I 4. 

10 Ibídem, I 34. 



beranía en el pueblo, ya que “la soberanía del pueblo y la libertad de prensa 

son, pues, cosas por entero correlativas” 11 . 

¿Dónde estriba la trabazón de uno y otro elemento? Si la soberanía radica 

en el pueblo y éste se concibe como un conjunto de ciudadanos o individuos, 

cada uno de ellos aspiraría a expresarse libremente. Ahora bien, Tocqueville 

observa que en la democracia la mayoría ejerce un imperio absoluto al que 

nada se puede resistir; es el origen de esta forma de gobierno, pero también 

una vía abierta a la tiranía 12 . 

¿Es el ideario político así presentado en verdad el elemento aglutinador 

de la nación? O si se prefiere, siguiendo el discurso tocquevelliano, ¿son las 

leyes de una nación los elementos que la vertebran? En el caso de los EE.UU. 

parece haber tres posiciones básicas contrapuestas entre sí. 

Una primera opinión, la política, como la presenta Huntington, sostiene 

que la serie de principios políticos básicos reflejados en la Constitución, esto 

es, el llamado “credo americano”, constituye la base de la nación con total 

exclusividad. En su voluminoso libro sobre la cuestión negra el economista 

sueco Myrdal estudia especialmente las creencias, estimaciones e ideas de 

la población blanca americana sobre la población negra 13 , pero advierte 

también sobre la estridente diversidad dentro de la nación americana con 

sus gentes oriundas de tan diversas tierras y naciones del mundo. En medio 

de este caos racial y cultural avasallador cree haber divisado un elemento 

unitario: una homogeneidad estimativa y dóxica que se condensa en lo que 

llama “ethos social” o “credo político” y que es, en suma, lo que confiere 

unidad y uniformidad a la nación americana 14 . Éste comprende como “ar- 

11 Ibídem I 187. 

12 Ibídem I 263: “Lo que más le critico al gobierno democrático, tal como ha sido organizado en 

los Estados Unidos, no es, como muchos suponen en Europa, su debilidad, sino, por el contrario, 

su fuerza irresistible, Y lo que más rechazo produce en mí de América no es la libertad 

extrema que allí reina, sino las pocas garantías que ahí se dan contra la tiranía”. 

13 Gurmar Myrdal: The American Dilemma. The Negro Problem and Modern Democracy, Harpers & 

Brother, Nueva York/Londres, 1944. 

14 Ibídem, pág. 2: “Es difícil eludir la valoración de que este credo americano es el cemento en 

la construcción de esta gran dispar nación”. 



tículos de fe” –siguiendo la metáfora religiosa empleada– la dignidad de la 

persona, la igualdad, la justicia y la igualdad de oportunidades. Además de 

identificar llanamente el ethos social americano con unos principios políticos, 

vástagos innegables de la Ilustración europea del XVIII, Myrdal hace 

extensivos estos ideales americanos a toda la humanidad. Este rapto de clara 

prosapia wilsoniana y rooseveltiana en pleno fragor de la II Guerra Mundial 

cesa en cuanto Myrdal y sus colaboradores del voluminoso bártulo se 

ponen a analizar el llamado problema negro y otros elementos apenas reflejados 

en ese credo americano. 

¿Cabe definir una nación sólo en términos políticos en general, esto es, 

según un sistema político vigente en un momento histórico por muy dilatado 

que éste sea? Esta pregunta tan importante no se la plantea Huntington, 

quien, sin embargo, procede a criticar la segunda posición. Pero no 

parece conveniente esquivarla. Hay que plantear esta cuestión, aunque sólo 

sea en sus grandes líneas. Una ojeada somera a la historia de las naciones, 

desde sus balbuceos hasta la época en que se consolidaron y evolucionaron 

ya con firmeza, basta para deshacer tal hipótesis. Roma nació como 

monarquía, pasó, tras deshacerse del dominio etrusco, a ser una república 

aristocrática, que con el transcurso del tiempo y como consecuencia de las 

luchas entre patricios y plebeyos fue adquiriendo rasgos cada vez más democráticos 

entre guerras civiles y dictaduras hasta, por fin, llegar a un principado 

o monarquía de nuevo cuño (la fórmula encontrada por Augusto 

para salir de la espiral de guerras civiles y que se perpetuó durante cuatro 

siglos más, apenas alterada.) Con todo, algo que sí permaneció inalterado 

o se creyó con firmeza en que así fue, fueron las leyes del pueblo romano, 

que, una vez fijadas en las Leyes de las XII Tablas, siguieron siendo válidas, 

si bien modificadas y ampliamente desarrolladas, hasta la disolución del 

imperio romano. 

En definitiva, la nación como entidad histórica parece constituir un fenómeno 

con una variable Constitución política. 

Se alza una segunda opinión que hace de América una nación de emigrantes, 

una yuxtaposición de pueblos distintos. Por lo menos es trazable 

esta tesis hasta Roosevelt y Kennedy, ambos presidentes salidos del partido 



demócrata, pero la expresión intelectual más cabal se puede encontrar en el 

sociólogo Robert Bellah, pero con matices críticos: 

“Todos los americanos salvo los indios son inmigrantes o descendientes 

de inmigrantes, mas no todos los inmigrantes han tenido la misma acogida. 

El modo en que han sido tratados los diferentes grupos y el lugar que cada 

uno ha encontrado dentro de la comunidad nacional es indicador distintivo 

de la distancia entre los valores americanos y la práctica, y entre la pretensión 

de ser una comunidad universal y la realización actual” 15 . 

Esta idea se sublima en el mito de una América convertida en refugio de 

perseguidos, con el corazón abierto a todos los afligidos y oprimidos del 

mundo. A su entender, el proceso de americanización fue un proceso guiado 

por la cultura y la etnia anglosajonas. 

En vez de analizar la íntegra argumentación compleja de Bellah, Huntington 

prefiere centrarse en la tesis primera. A ésta le opone la distinción primordial 

entre colonos (settlers) e inmigrantes. Mientras que los primeros 

han abandonado su país de origen en grupo para fundar una nueva comunidad 

en un territorio lejano y no habitado o escasamente poblado, con un 

programa o ideario concreto de proyecto social, político o religioso, el inmigrante, 

lejos de querer fundar una nueva comunidad, se incorpora a una 

comunidad preexistente. Para Huntington el núcleo cultural de América lo 

constituyen los colonos de los siglos XVII y XVIII, afectos a una cultura definida 

básicamente por valores religiosos protestantes, con una ética del trabajo 

(Max Weber), con un idioma: el inglés, así como con tradiciones legales, 

usos y costumbres también ingleses: “A partir de esta cultura desarrollaron 

los colonos, durante los siglos XVIII y XIX, el credo americano con sus principios 

de libertad, igualdad, individualismo, gobierno representativo y propiedad 

privada. Las generaciones siguientes fueron asimilándose a la cultura 

de los colonos fundadores, contribuyendo a ella y modificándola, pero sin 

cambiar sus fundamentos” 16 . 

15 a Robert N. Bellah: The Broken Convenant; American Civil Religion in Time of Trial (1971), 2 ed., 

University of Chicago Press, 1992, pág. 88. 

16 Samuel P. Huntington, Who are we?, págs. 40-41. 



Examinadas las cosas más de cerca, resulta que la serie de principios 

políticos recogida en el credo americano se origina en una sociedad concreta 

de colonos anglosajones con elementos holandeses y alemanes, con 

una religión cristiana de raigambre protestante, pero a partir de 1820 y 

hasta 2000 el flujo enorme de inmigrantes, que ascendió a un total de 66 

millones, ha modificado substancialmente el origen étnico primigenio de 

los pobladores. 

Mas no cabe duda de que en el caos americano el elemento ideológico 

procede del mundo cultural y forma parte integrante de la identidad nacional. 

¿Cómo ocurre esto? 

En 1776 una parte significativa de la población de las colonias británicas 

de Norteamérica se decide a rebelarse abiertamente contra el gobierno británico, 

que con sus crecientes exacciones agravaba por momentos la situación 

económica de sus súbditos americanos. Como en ambos lados lucharon 

anglosajones protestantes, la identidad de la nueva nación naciente en lucha 

con la metrópolis no podía descansar ni en la raza o etnia ni en la religión 

ni, en fin, en la cultura, sino en un elemento que desuniese a ambas facciones 

entre sí: la componente política e ideológica. Las ideas de la Ilustración 

de la soberanía popular, libertad e igualdad se plasmaron en el ideario político 

que configuró el núcleo de la declaración de independencia americana. 

A pesar de todo, este elemento ideológico no agota la identidad nacional. 

El llamado patriotismo político o constitucional (Verfassungspatriotismus) 

es un producto típico del siglo XX por el que segmentos de las minorías intelectuales 

dirigentes de una nación declaran que la identidad de ésta tiene 

que definirse en términos meramente políticos de democracia liberal, sin importar 

elementos culturales, usos y costumbres, elementos étnicos, religiosos 

o económicos. ¿Es la nación una agrupación de ciudadanos que respetan 

una Constitución política? Ciertamente no cabe reducir lo cultural o conjunto 

de “valores” que importa una nación a la Constitución política, por 

más que armonice la cultura nacional con la Constitución política vigente. 

Esta tesis unilateral sólo puede basarse en un Estado donde la homogeneidad 

cultural étnica, religiosa y lingüística no esté dada, es decir, en un Estado 

multicultural. 



Así, Jürgen Habermas aboga sin ambages por una ciudadanía democrática 

que no esté enraizada en la identidad nacional de un pueblo y se oriente por 

principios democráticos generales 17 . De esta forma la nación se convertiría en 

una mera armazón jurídica capaz de crear por su neutralidad cultural un espacio 

libre y seguro en que los ciudadanos en calidad de miembros de diversas 

comunidades nacionales y entidades culturales pudieran desenvolverse 

con libertad. El patriotismo dejaría de ser el sentimiento de pertenencia a una 

entidad nacional patria para convertirse en el sentimiento de adhesión a una 

Constitución democrático-liberal. Es la utopía republicana revolucionaria desvinculada 

de las tradiciones nacionales y adscrita a un universalismo. 

En esta concepción ahistórica de la nación se quiere olvidar que la vida 

de la nación no está exenta de estas componentes ya mencionadas. La lógica 

de esta argumentación política aboca a la negación de las naciones y a la 

afirmación de una forma vaga de federalismo o de imperialismo. 

Un patriotismo de estas características está mutilado. Por eso Huntington 

insiste con razón en el elemento cultural como vertebrador de una nación. 

Sin ampararse en un concepto de cultura 18 procede sin más a delimitar semánticamente 

la médula cultural (cultural core) de la nación americana, su 

cultura dominante (mainstream culture), que es compatible con culturas 

subordinadas e incluso con entidades transnacionales basadas en elementos 

tales como la raza o la etnia, la religión, una clase social, etc. 

Según Huntington, el núcleo cultural de la nación americana está constituido 

por la cultura angloprotestante dominante desde los colonos funda- 

17 Jürgen Habermas: Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 

demokratischen Rechtsstaates, Suhrkamp, Frankfurt am Main,1992, pág. 643. 

18 Tampoco lo hizo en su The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & 

Schuster, Nueva York, 1996, pág. 40 y sig., al circunscribir el concepto de civilización, que se 

basa en el concepto de cultura. Sin entrar en el concepto aún más problemático de civilización 

hay que consignar que el elemento básico de ésta lo sitúa en la religión (págs. 42 y 47). Siguiendo 

a Oswald Spengler ya Leo Frobenius acepta la teoría del paideuma, proceso por el cual 

la cultura recoge y admite en su seno, transfigurándolos, elementos exógenos prestados de 

otras culturas (pág. 76). Para Leo Frobenius: Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre, Beck, Munich, 

1921 (ahora en su tercera edición, Eugen Diederichs, Düsseldorf, 1953, pág. 20), la génesis 

de la cultura es una producción del alma; el alma de una cultura se expresa en la cultura 

material y en la vida del espíritu. 



dores y caracterizada por la lengua inglesa, el ideario religioso del protestantismo 

sectario desterrado de Inglaterra, usos y costumbres, legislación y 

organización política ingleses, así como otras formas culturales tales como 

la filosofía, la literatura, el arte y la música también de cepa inglesa 19 . 

En la época de la colonización, además, se mantuvo una cierta unidad étnica 

por ser la mayoría de los colonos de origen inglés, aunque hubiese un 

fuerte grupo holandés radicado en lo que fue Nueva Ámsterdam y una nutrida 

población de inmigrantes alemanes en Pennsylvania, mas olvidando la 

población esclava de origen africano excluida de lo político. Aunque esa inicial 

homogeneidad étnica se fue disolviendo con la afluencia sucesiva de 

otros emigrantes norte-europeos, sin olvidar el flujo humano procedente de 

Asia, el grupo angloprotestante hegemónico troqueló con su impronta cultural 

y sus valores derivados a los nuevos inmigrantes, que asumieron los 

nuevos patrones culturales 20 . 

Algunos han afirmado que América fue fundada como una sociedad liberal 

en el sentido de John Locke o de la Ilustración, sugiriendo con ello 

un origen político de carácter abstracto para la nación americana, cuando, 

en realidad, al parecer de Huntington, fue del magma cultural protestante 

puritano de donde surgieron esas ideas liberales 21 . 

En esta otra vertiente y origen de la identidad americana se cristaliza y se 

consolida el mito religioso en tomo a “a town upon a hill”. El puritano John 

Wintrop (1588-1649) pronunció a bordo de un barco que surcaba la bahía 

de Salem, poco antes de desembarcar en aquellas tierras, una homilía titulada 

“Un modelo de caridad cristiana”, en que entre otras cosas profesaba la firme 

19 Samuel P. Huntington, Who are we?, pág. 59: “América ha tenido siempre una plétora de subculturas; 

también ha tenido una cultura angloprotestante dominadora de la que ha sido partícipe 

la mayor parte de sus gentes, fueren de las subculturas que fueren. Pues, durante casi dos 

siglos esta cultura de los colonos fundadores ha sido básica y la componente permanente de 

la identidad americana, Uno no tendría más que preguntarse: ¿sería América lo que hoy es si 

en los siglos XVII y XVIII hubiese sido colonizada no por protestantes británicos, sino por católicos 

franceses, españoles o portugueses? La respuesta es no: no sería América, sino Québec, 

Méjico o Brasil”. 




esperanza de fundar en la nueva tierra “una ciudad sobre la colina”, es decir, 

una sociedad basada en la religión cristiana, entiéndase: protestantismo. Este 

hecho y la importancia indiscutible del elemento puritano han servido a muchos 

para hablar de una fundación religiosa de la nación americana; pero no 

pueden despreciarse, por otra parte, otros elementos como el comercial, que 

fueron determinantes en la colonización británica de América y en la forja 

de la identidad de la nación americana, de la que Tocqueville alabó con razón 

su exacerbado sentido comercial. 

Este protestantismo fue caracterizado por la disidencia, pero en algunas 

colonias predominó una forma aún más radical: “la disidencia del disenso”, 

como ya había advertido Edmund Burke 22 . Se trata de la incesante multiplicación 

de sectas y movimientos disidentes, a su vez, de esas sectas transplantadas 

de la metrópolis. Esta proliferación sectaria cuajó y se acrecentó 

en un ambiente templado por el fervor y el entusiasmo religiosos. Esto hizo 

que el protestantismo jamás fuese un bloque monolítico homogéneo, sino un 

conglomerado de sectas divididas, a su vez, en otras hasta el punto de que 

la religión se ha convertido en una cuestión privada, creándose un espacio 

para que se desarrollasen otras religiones y credos aportados por los sucesivos 

aluviones migratorios. Y, sin embargo, este protestantismo disidente aún 

activo sigue siendo un fermento esencial de la sociedad americana. 

§ 2. EL CREDO AMERICANO 


La heterogeneidad racial y religiosa, así como las desigualdades sociales y 

económicas en la nación americana han llevado a algunos estudiosos a buscar 

un denominador común en algo distinto de la cultura anglosajona. El ya 

mencionado economista sueco Gunnar Myrdal acuñó y divulgó el término 

22 Edmund Burke: Speech on the Conciliation of America, en Selected Works, edited with introduction 

and notes by E.J. Payne, Clarendon Press, Oxford, 1904, vol. 1, pág. 181: “The religion 

most prevalent in our northern colonies is a refinement on the principIes of resistence: it is the 

dissidence of dissent, and the protestantism of the protestant religion”. La famosa expresión 

de Burke dice tomarla Huntington de Reflection on the Revolution in France (Who are we?, pág. 

64). Este error es, en realidad, una excepción en su documentadísimo estudio, caso raro en la 

bibliografía anglosajona, por lo visto, reacia a citar. 



“credo americano”, de inconfundible connotación religiosa para denominar 

el ethos político y social común a todos los americanos. Este credo americano 

se define como la creencia “en la dignidad básica del ser humano individual, 

en la igualdad de derechos inalienables como la libertad, la justicia y 

la oportunidad justa (a faire opportunity, que es evidente que nada tiene que 

ver con la igualdad de oportunidades 23 )”. Esta fórmula recogida por Myrdal 

fue ya observada y comentada por Tocqueville, pero remite, en última instancia, 

a la declaración de independencia. 

Aunque el tenor del credo no parece haberse alterado esencialmente durante 

más de doscientos años, se pueden espigar nuevas reformulaciones que 

subrayan éste o aquel extremo y remodelaciones semánticas nada irrelevantes, 

como la reconducción semántica de “oportunidad justa” a “igualdad de 

oportunidades”. Pero por más que se subraye el elemento ilustrado y racionalista, 

esto no es óbice para reafirmar, como hace Huntington, las raíces religiosas 

de las ideas sobre la ley natural y la ley común, la tesis de la limitación 

de la autoridad estatal, así como las nociones básicas del derecho inglés, que 

hicieron que esas ideas germinasen y creciesen, proliferando en un terreno 

ya abonado por ellas 24 . 

Sin embargo, este “credo americano”, sucedáneo político del protestantismo 

y de la Ilustración, no se corresponde exactamente con lo que es la sociedad 

americana, sus usos y sus costumbres, a menudo divergentes de ese 

ideario. Este ethos americano no se adecua, por lo tanto, a lo que es el credo 

americano, si bien sea en gran medida un sedimento habitual del protestantismo, 

como puede certificarse en dos de sus rasgos más sobresalientes: feroz 

individualismo radicado en la idea de la responsabilidad moral individual, y 

la llamada ética del trabajo en su fórmula weberiana archiconocida, según la 

cual con el trabajo de cada uno se va librando el presente y el porvenir, mientras 

que la holgazanería y la pereza se tienen por vergonzosas e incluso por 

23 Gunnar Myrdal; The American Dilemma, pág. 3. 

24 Samuel P. Huntington, Who are we?, pág. 68: “El credo americano es la creación sin par de la 

cultura protestante disidente. La amplitud, el fervor y la continuidad con que los americanos se 

han adherido a este credo dan testimonio de que es una parte imprescindible de su carácter 

e identidad nacionales”. 


pecaminosas. Baste con estos apuntes que esbozan la tesis más plausible en 

mi opinión de que en modo alguno el “credo americano” agota el ethos nacional 

americano. 

§ 3. RELIGIÓN Y NACIÓN 


En la historia de la humanidad se advierte que el fenómeno de la religión se 

da unido a un determinado grupo humano, a una cultura o a una nación. 

Hay, pues, una ligazón esencial entre pueblo o nación y religión: los dioses 

son los dioses propios de un pueblo, distintos de los demás dioses protectores 

de sus otros pueblos. Con pensar sólo en el pueblo de Israel como portador 

de una peculiar religión delimitada netamente de las demás religiones 

de los pueblos del entorno en el primer milenio antes de nuestra era, se puede 

ilustrar este fenómeno de la adscripción de una religión a un pueblo determinado. 

Esto no quiere decir que la religión sea un producto de las fuerzas 

cohesivas del grupo humano, como aseveran las aproximaciones sociologistas 

de Durkheim y sus seguidores. 

En el caso americano no se puede hablar de una religión peculiar ligada al 

pueblo, ya que se trata de un cristianismo transplantado a un nuevo suelo; sin 

embargo, este cristianismo singular abraza un conjunto de sectas protestantes 

de acusada diversidad entre sí, pero unidas por su oposición al anglicanismo, 

con unos rasgos mesiánicos y quiliásticos muy pronunciados. Se distinguen 

cuatro grandes movimientos de despertar religioso (awakening) en el protestantismo 

americano que preparan el terreno a otros acontecimientos políticos: 

1) El primer gran despertar evangélico de 1730-1750 prendió en todas las 

colonias y convocó a todos a un nuevo renacer en Cristo. De esta forma 

se verificó un movimiento de masas amplio y unificado por encima de las 

razas y de las sectas protestantes. 

2) Un segundo gran despertar religioso con un carácter marcadamente reformista 

que repercutió también en el terreno social y político, y del que 

brotó el abolicionismo, sacudió EE.UU. entre 1820 y 1840. Así se abonó 

el terreno para la guerra civil entre los Estados norteños y los sureños, esclavistas. 



3) En 1890 se pone en marcha un nuevo movimiento religioso con un acusado 

carácter social y político como reacción a los problemas de la industrialización 

y del monopolismo. 

4) El cuarto movimiento es el del llamado protestantismo evangélico, que se 

produjo entre 1950 y 1970, y que originó un movimiento contra la segregación 

racial y las clases dirigentes establecidas. 

Aunque la Constitución elimina las alusiones a Dios y a la Providencia, 

menciones religiosas que aparecen, sin embargo, en la Declaración de Independencia, 

la naciente nación americana se consideró como una especie 

de república protestante. Así pues, el cristianismo forma parte del ethos 

americano, como se reconoce en multitud de expresiones del ser americano 

desde los inicios de la república hasta bien entrado el siglo XX. Estas 

autoafirmaciones de cristianismo son mucho más abundantes que en otras 

naciones europeas y americanas, pero en el siglo XIX el liberalismo político 

con sus raíces en la Ilustración de finales del XVIII había clavado una 

cuña profunda entre el ethos nacional eminentemente cristiano de las naciones 

europeas y el Estado. No es de extrañar que un observador tan aquilatado 

como el joven Tocqueville, salido ya de un entorno liberal y adverso 

a la iglesia católica, se sorprendiese de tal hecho. 

Como Huntington señala, el cristianismo sigue siendo un elemento 

substancial que no ha sido modificado por la masiva inmigración posterior 

a la fundación, ya que esta religión define aún hoy a una gran parte de esos 

inmigrantes. Pero a cualquier observador le parecería digno de preguntarse 

si tiene un influjo constitutivo en la configuración del ethos americano. 

Contentarse con afirmar un sometimiento del catolicismo a los patrones 

protestantes puritanos es poco menos que arriesgado y desde luego nada 

probado, y afirmar de paso que los inmigrantes católicos tiendan a convertirse 

al protestantismo evangélico es poco menos que irrisorio a tenor 

del creciente número de católicos. Esto hace que el cristianismo protestante 

deje de ser como tal dominante, y no sólo por el ascenso del catolicismo. 

Hay un cierto fenómeno que corre parejo a la indudable secularización y 

que se ha venido en llamar religión civil, término que se remonta a Marco 



Terencio Varrón con su “theologia civilis” 25 y que adquiere carta de naturaleza 

conceptual precisa en Rousseau. Este rancio concepto lo aplica Robert Bellah 

al caso americano para definir la forma cuasi religiosa que adoptó la república 

americana, eludiéndose así una definición concreta de Dios y de los 

dogmas y creencias peculiares de cada variante del cristianismo. Esta religión 

civil americana consiste en un sistema de creencias y de actos que, a juicio 

de Huntington, se condensan en cuatro elementos constitutivos: 

1) La forma de gobierno se basa en la creencia en Dios o en un ser supremo. 

2) Los americanos son el pueblo elegido por Dios. 

3) Unos rituales políticos imbuidos de cristianismo. 

4) Secularización de las fiestas, en que el pueblo organizado políticamente celebra 

a la nación y a su Dios. 

§4. LA FORMACIÓN DEL ETHOS NACIONAL Y LA FORJA DE LA NACIÓN 

El ethos nacional nace, se desarrolla, se transforma y desaparece como la 

nación misma. No es ciertamente una entidad “substancial” invariable o permanente. 

Hasta ahora sólo se ha delimitado muy someramente el ethos de 

la nación americana, pero ¿cómo es la génesis del ethos de la nación? ¿Cómo 

surge el hecho nacional mismo? 

Toda nación surge de un magma en otra nación o entidad histórica, dentro 

de un horizonte cultural preciso. Así, una parte de estos grupos humanos, 

aun compartiendo con los demás notas comunes: raza, etnia, religión, lengua, 

cultura…, puede segregarse del resto, al tomar otras notas distintivas y 

separativas. Así como Roma fue escindiéndose de los demás pueblos latinos 

y de los etruscos, así también la nación americana, primero encuadrada en la 

cultura británica, se segregó de ésta pese a compartir con ella notas comunes. 

Al parecer, a partir de 1740, tras el primer despertar religioso y la Guerra 

de la Oreja de Jenkins (1739-1742), mas sobre todo en la lucha contra los 

franceses e indios al lado de los británicos, fue forjándose una conciencia 

25 San Agustín, De la ciudad de Dios, lib. VI, cap. 5: CSEL XL, 1, pp. 278-280 ed. Hoffmann. 



unitaria de todos los colonos. De esto se infiere que la guerra fue el aglutinador 

de los colonos norteamericanos. No hay que olvidar en general que 

en la guerra la comunidad nacional se une de una forma máxima en el esfuerzo 

bélico en un acto supremo de autoafirmación frente a los otros: así se 

fortalece el sentimiento de comunidad nacional hasta la exacerbación 26 . 

Pero lo que encendió la mecha de la rebelión fue la presión fiscal y la represión 

británicas de la resistencia de las colonias a financiar las consecuencias 

desastrosas de la “victoriosa” Guerra de los Siete Años (1754-1763 sic!). 

Pero ni la guerra ni la declaración de independencia ni el régimen republicano 

instaurado y duradero hicieron que el concepto de nación se utilizase 

para circunscribir esa nueva realidad de tanta complejidad política: una federación 

de estados independientes. Puede decirse que es con el fin de la 

guerra civil cuando se elimina la división de los estados, se robustece el gobierno 

federal y surge propiamente lo que se conoce como nación americana, 

que se consolida y se propaga en la historiografía nacional desde el último 

tercio del XIX 27 . 

A juicio de Huntington, pueden distinguirse tres concepciones vigentes 

aún sobre la nación americana. Héctor Saint Jean de Crévecoeur definió la 

nación americana como un crisol (melting pot) de todas las naciones que se 

funden en una raza de hombres con una nueva forma de vida. Según esta primera 

concepción, América será una amalgama de diferentes naciones que se 

funde en un molde nuevo. 

Frente a esta concepción se levanta otra que subraya el lugar eminente de 

la cultura anglosajona convertida en el patrón por el que son medidos los inmigrantes 

y al que éstos se esfuerzan en asimilarse. 

26 Esta idea la confirma también para el caso americano Samuel P. Huntington, Who are we?, pág. 

136: “La I Guerra Mundial incitó al reforzamiento de la relevancia de la identidad nacional frente 

a otras identidades. La identidad nacional alcanzó su cumbre, empero, en la II Guerra Mundial, 

cuando las identidades de raza, etnia y clase estaban subordinadas a la lealtad hacia la nación[...] 

Como hemos visto, la II Guerra Mundial hizo aumentar el significado de la componente 

ideológica de la identidad americana, dejando expedito el camino para llegar finalmente a las 

definiciones legales, étnicas y raciales de esa identidad”. 

27 Samuel P. Huntington, Who are we?, pág. 124. 


De más reciente cuño es la teoría que destaca el pluralismo nacional, la 

diversidad de culturas dentro de la nación americana haciendo de los EE. 

UU. una suerte de imperio austro-húngaro. Por un lado, contradice la idea 

de una cultura dominante y rechaza la concepción del crisol de pueblos, al 

recalcar la diferencia frente a toda política asimilatoria. 

Estas tres concepciones pueden valer también como concepciones generales 

sobre lo que es una nación y su Constitución. Huntington se inclina por 

la segunda concepción, que fija la identidad nacional en un patrón cultural dominante 

determinado por lo anglosajón. Esta concepción de la nación se ve 

amenazada por diversos fenómenos, entre ellos, y ante todo, por la creciente 

importancia del concepto de identidad subnacional, de acuerdo con las tendencias 

de pensamiento multiculturalista que dividen la nación americana en 

grupos raciales, etnias y unidades culturales autónomas con una identidad 

bien diferenciada de los demás 28 . En efecto, la ideología multiculturalista “desmonta” 

la idea de una nación homogénea y la substituye por la idea de una 

nación compuesta de diversos grupos heterogéneos y sin cultura dominante. 

La segunda amenaza procede del cuestionamiento creciente del inglés 

como lengua con exclusividad oficial. En primer lugar, he de señalar que, 

como las ideas y las creencias comunes en una nación deben expresarse en 

alguna lengua, a menudo se ha querido ver que la nación se funda en un 

idioma concreto expresivo de la concepción nacional del mundo. Sin duda, 

la lengua vehicula la expresión de esos valores fundadores de la nación, vertebra 

la experiencia nacional. De esta forma Huntington ve en el inglés el elemento 

nuclear de la nación americana en que se expresa y vive la cultura 

anglosajona preponderantemente 29 , y esto es así con el beneplácito, ya que 

todos los referenda para hacer oficial el uso del inglés, incluso en regiones 

con mayoría inmigrante, resultaron síes, pese a que las élites se opusieron a 

la oficialidad exclusiva del inglés. 

No cabe duda de que una nación o un imperio, como comunidades intersubjetivas 

de comunicación, precisan, por lo pronto, un medio en que, 

28 Michael Walzer: What means to be American, Nueva York, 1992. 

29 Samuel P. Huntignton, Who are we?, pág. 158. 




por una parte, se expresen los valores y la cosmovisión básica de la nación 

y, por otro, se produzca una comunicación fluida entre sus miembros. Mas 

esta lengua común no impide la subsistencia paralela de otras lenguas menores 

por el número de hablantes, pero por ser común debe ser hablada por 

todos los nacionales. 

Como en los Estados Unidos el español le está disputando la supremacía 

al inglés invadiendo ámbitos hasta ahora reservados a éste, Huntington 

ve en ello un peligro para esta identidad nacional por él propugnada. 

§ 5. LA NACIÓN Y LA INMIGRACIÓN: 

EL RETO HISPANO A LA IDENTIDAD NACIONAL 

Los flujos migratorios pacíficos o violentos (conocidos como invasiones) son 

una constante en la historia de la humanidad. Apenas existen grupos humanos 

aislados. También la nación moderna recibe esos flujos migratorios. 

Hay dos modos básicos en que el inmigrante se comporta con respecto 

a la población que lo acoge: la asimilación o la segregación. Estos modos de 

convivencia pueden ser adoptados por el inmigrado o le vienen impuestos. 

Mientras que la asimilación lo es a un conjunto de valores sustentados en una 

cultura dominante, la segregación es un encapsulamiento frente al entorno 

cultural predominante. 

En el caso americano predominó el esquema asimilatorio. En general, 

este proceso se coronaba con éxito en la segunda generación de inmigrantes, 

en gran parte porque tal asimilación era buscada por los inmigrantes, deseosos 

de convertirse en ciudadanos americanos 30 . 

En líneas generales, pueden señalarse tres épocas diferentes en la inmigración 

a los EE.UU. En el primer período, que va de 1820 a 1924, se asistió 

a la venida de 34 millones de europeos, que en la primera generación se 



asimilaron sólo parcialmente, mientras que sus descendientes lo hicieron totalmente. 

En el segundo período de 1924 a 1965 se restringió ese flujo migratorio, 

pero continuó el esquema asimilatorio. Entre 1965 y 2000 se acogió 

a 23 millones de inmigrantes procedentes de Hispanoamérica y Asia, pero 

en vez de continuar el sistema de asimilación, se relajó notablemente la presión 

sobre los inmigrantes para que se convirtieran en americanos. Éste es el 

rasgo paradójico de este período. La población hispana se ha resistido con 

éxito a la asimilación. ¿Cuáles son las causas de esta “anomalía”? 

Aunque Huntington ve la causa última de esta recalcitrancia en la concentración 

hispana en diversos territorios y ciudades, haciéndose así más impermeables 

a los intentos asimilatorios, no se puede olvidar el fuerte apego a la 

cultura patria ni tampoco el hecho de que los hispanos tengan algunos de esos 

territorios por suyos en virtud de la historia. A esto se suma la ideología americana 

surgida en la década de los sesenta contraria a la americanización de inmigrantes 

y favorecedora del multiculturalismo como síntesis de lo americano. 

De esta forma, a fuerza de inmigrantes que ilegalmente pasan el Río 

Grande o arriban a las costas de la Florida, la minoría hispana se va consolidando 

y fortaleciendo: “A mediados del siglo XIX la inmigración estaba dominada 

por gentes británicas de lengua inglesa. La inmigración anterior a la 

I Guerra Mundial presentaba una gran variedad de lenguas, al incluir muchos 

hablantes de italiano, polaco, yiddisch, inglés, alemán y sueco, pero también 

de otros idiomas. La inmigración posterior a 1965 se distingue de las anteriores 

olas migratorias por hablar casi la mitad un idioma distinto del inglés. 

El dominio hispano en el flujo migratorio, como observa Mark Krikorian, “no 

tiene precedente en nuestra historia” 31 . Para Huntington este hecho constituye, 

recogiendo unas palabras de Clinton referentes al problema de la inmigración 

ilegal, una amenaza para la seguridad 32 . 

No cabe duda de que el número es decisivo en este nuevo fenómeno de 

la inmigración procedente de Mesoamérica, pero la consistencia de esta mi- 

31 Ibídem, págs. 224-225. 





noría en aumento demográfico constante y reacia a la asimilación obedece 

a cuatro factores que se resaltan en este estudio: 

1) Concentración regional o en núcleos concretos, como los cubanos en 

Miami y los centroamericanos al otro lado del Río Grande, de tal forma 

que se ha creado a ambas orillas una Mejicoamérica reforzada incuestionablemente 

por la historia hispana de la otra parte. 

2) El apego al idioma y a la cultura. 

3) Estancamiento educativo y empresarial. 

4) Tendencia extrema a la endogamia. 

A juicio de Huntington, la única solución a este serio reto a la identidad 

actual de la nación americana es la asimilación progresiva y total de la comunidad 

hispana al patrón cultural anglosajón. Pero el flujo incesante y en 

aumento de tales inmigrantes, su concentración local, sin olvidar su conciencia 

cultural, hacen imposible la asimilación. 

¿No se está dibujando acaso una nueva identidad hispano-americana? 

Esta pregunta sólo la planteo. 

§ 6. LA DESERCIÓN DE LAS MINORÍAS SELECTAS: BENDA AL REVÉS 

a) La desnacionalización de los mandarines 

En 1927 el conocido ensayista francés Julien Benda publicó un libro con el 

título La trahison des clercs. Con este título sorprendente uno cabría esperar 

un libro religioso o uno histórico sobre algún suceso, pero no se trata ni de 

lo uno ni de lo otro, sino de un escrito político de entreguerras. Los “clérigos” 

no son los sacerdotes de religión alguna, sino los intelectuales o los moralistas, 

que son todos aquellos cuya actividad no se dirige por esencia a fines 

prácticos, sino, por el contrario, en ejercicio de la metafísica en general, a la 

posesión de algún bien intemporal 33 . Son clérigos porque su función con- 

33 Julien Benda: La trahison des clercs, introducción de André Lwoff, avant-propos d’Étiemble, 

Grasset, París, 1975, pág. 131. 


siste en obrar según el dicho de Jesús “Mi reino no es de este mundo”, alejados 

de las muchedumbres y de las pasiones políticas movidas por fines 

prácticos interesados. La traición consiste en abandonar esos ideales abstractos 

y en bajar al terreno de los conflictos políticos terrenales. Benda ejemplifica 

este fenómeno en tres personalidades del mundo de las letras: Barrés, 

D’ Annunzio y Kipling, todos ellos consagrados ahora a la pasión nacional 34 , 

es decir, al nacionalismo o “fanatismo patriótico 35 , tiñendo todo de nacional 

peculiar. Las élites intelectuales (los clérigos o mandarines o pandits) que se 

trasparecen como contraejemplos de los criticados son intelectuales consagrados 

a ideales eternos y a la humanidad y no a la nación. Los contraejemplos 

son de siglos anteriores al XIX, pero en su interpretación Racine, 

Winckelmann, Goethe, etc., aparecen transfigurados en intelectuales humanitaristas 

desligados de sus naciones respectivas. 

Es aquí donde Huntington toma el hilo de la discusión para retorcerlo. 

Se puede afirmar con este autor que en las últimas tres o cuatro décadas se 

ha desarrollado y acrecentado un proceso de desnacionalización de las minorías 

selectas y de la clase política en general, acelerado aún más con el colapso 

del imperio soviético, si bien no han faltado los rebrotes de 

nacionalismo por doquier, independientemente del respaldo en la inteligencia 

nacional. Ahora bien, la desnacionalización se ha generalizado. Este fenómeno 

tiene diversas causas o factores favorecedores. 

La técnica como horizonte de comprensión universal y la subsiguiente 

tecnificación de todos los sectores de la vida humana con su carácter homogeneizador 

está creando y ha creado ya un espacio nuevo de intercomunicación, 

un ciberespacio en el que el flujo de información es cada vez 

mayor y más veloz. Asimismo la industrialización y el sector de servicios se 

extienden más sin cortapisas, creándose así una casta de empresarios “globales” 

en un espacio sin apenas fronteras nacionales. De esta tecnificación 

surge algo que podría llamarse “comercialismo”, una especie de pensamiento 

economicista que pone por encima de cualquier interés el prurito de maxi- 


35 Ibídem pág. 190. 




mizar los beneficios incrementando la expansión comercial. Merced a la técnica 

los empresarios vehiculadores de esa nueva forma universalizante de 

trato, es más, de dominio del mundo, se transforman en entidades autónomas 

desligadas de los lugares de origen. 

Este espacio universal lo ocuparon y lo ocupan diversas formas ideológicas 

más o menos claras. Así, el internacionalismo comunista del siglo pasado 

fue una ideología basada en el universalismo del socialismo que se 

presentaba como un sistema válido para todo país y en todo momento, aunque 

no se puede menospreciar la indudable componente nacional rusa en esa 

ideología y en su práctica real. 

Por otra parte, hallamos el democratismo mucho más difuso y no vinculado 

exclusivamente a un país o países como en el caso anterior, si bien se 

puede ejemplificar en las acciones de Wilson y Roosevelt en el período de 

entreguerras y hasta poco después de la II Guerra Mundial. La democracia 

se presenta como el sistema universal de gobierno por encima de todas las 

diferencias territoriales, étnicas, sociales y culturales. 

Otra ideología de carácter nacional es el multiculturalismo, que como ya 

se ha visto, concibe la nación como un conglomerado de identidades particulares 

sin homogeneidad. 

b) La cuestión de la reacción indigenista y el populismo anglosajón 

Ante el asalto global a la identidad nacional hasta ahora vigente, cabe esperar 

un relanzamiento de lo exclusivamente anglosajón, una figura dirigente 

que compendie todas esas tendencias afirmativas de lo nacional y haga frente 

a las cuatro tendencias socavadoras de la identidad nacional: 1) la desaparición 

de la etnia como factor diferenciado, 2) la lenta difuminación de las diferencias 

raciales, 3) la creciente influencia hispana, 4) y, en fin, el abismo 

que separa la importancia que para las élites posee la identidad nacional y la 

que le atribuye a ésta el público en general 36 . 

36 Samuel P. Huntington, Who are we?, pág. 295. 


Con la “revolución racial” operada en los Estados Unidos en las últimas décadas 

se ha producido una nueva situación marcada por la progresiva difuminación 

de diferencias de raza en virtud de los matrimonios interraciales. 

Pero todo este proceso de fusión y de mezcla no conduce a un “nuevo americano”, 

como se alancea entre los sostenedores del “crisol de naciones”, sino 

“a una sociedad no étnica de decenas de millares de individuos multiétnicos” 

37 . Como esta atomización racial pone en peligro la supremacía anglosajona, 

advierte Huntington sobre el posible surgimiento de un movimiento 

contrario a favor de la raza blanca; se figura un “indigenismo blanco” no muy 

diferente, creo yo, de los movimientos de corte indigenista que conmueven 

en estos últimos años los países andinos, con la diferencia de que el indigenismo 

blanco sería una reacción desde arriba, desde un poder establecido 

ahora amenazado. Esta idea me parece plausible; con todo, matiza Huntington, 

no podrá surgir de grupúsculos extremistas, sino del medio de la sociedad 

americana, y no abanderará una supremacía blanca, pero sí insistirá en la 

identidad nacional basada en la raza como pilar cultural. 

Esta profecía política no deja de moverse en el ámbito de lo conjetural y 

también de lo deseable para Huntington, pero el propio autor no adivina 

por el momento signos de ese “despertar” de la raza blanca o al menos no 

los hace explícitos. Lo que sí parece cierto es que la situación objetiva está 

dada, aunque otra cosa muy distinta es que primero esa opinión que ha expresado 

Huntington prenda en amplios sectores de la población y, en segundo 

lugar, se articule políticamente en un movimiento, o en un partido. Lo 

que sí parece excluir, pero no sé por qué motivo, es que ese movimiento se 

articule en un partido. 

En todo caso, el éxito de ese movimiento deberá tener lugar en una “coyuntura 

racial” en la que el grupo hispano haya alcanzado una preponderancia 

decisiva. 

c) La fractura entre minorías selectas y pueblo 

No es ciertamente nuevo el fenómeno de la divergencia entre minorías se- 





lectas y el resto de la población. ¿Cómo si no podrían explicarse las crisis, los 

conflictos y las guerras civiles? Por de pronto, Huntington consigna la notable 

y grandísima disparidad entre las ideas del público acerca de la identidad 

nacional y las ideas acerca de ésta sostenidas por las élites 38 . 

Mas esta fractura creciente entre estos dos segmentos polares de una nación 

no queda circunscrita al tema de la identidad nacional; por el contrario, 

puede hacerse extensiva a un largo catálogo de asuntos más o menos 

candentes, como se viene ya observando desde hace muchas décadas. Este 

fenómeno se puede palpar también en una Europa inmersa en un proceso 

“europeísta” acelerado por unas determinadas élites. 

Volvamos a las tesis de Huntington y a sus ejemplos concretos de esa 

fractura. 

Mientras que el público es patriótico en su gran mayoría, en la clase dirigente 

está difundido un espíritu desnacionalizado. Pero esto también se verifica 

en temas similares como el libre comercio y el proteccionismo: 

mientras que los economistas y demás dirigentes e intelectuales se expresan 

a favor del libre cambio, el ciudadano medio americano apoya medidas restrictivas 

de la libre circulación de mercancías. Mayor aún es la aversión de 

la masa del pueblo americano hacia el aumento de la inmigración: pasó de 

un 68% en 1938 a un 83% en 1939 y alcanzó, por ejemplo, un 63 % en 1990, 

mientras por esas mismas fechas las élites se afanaban en defender y aplicar 

leyes favorables a la inmigración. Así se produce el encastamiento de las minorías 

selectas que se segregan tanto del resto que acaban encapsulándose. 

Sea como fuere, el problema de la nación como entidad política sigue 

aún vivo en la escena política mundial; su extemporaneidad queda refutada 

al menos por este libro. 



JOSÉ J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

LA VOLUNTAD DE LA MAYORÍA 

La filosofía política subyacente en la crisis 

constitucional española 

“Incluso en el supuesto de una expansión ilimitada del poder del Estado 

sobre el individuo, de la completa aniquilación de la ‘libertad’ individual y de 

la negación del ideal liberal sería posible la democracia siempre que aquel 

poder fuera obra únicamente de los que le están sometidos”. 

(H. Kelsen) 1 

“Una democracia constitucional puede desaparecer porque ha sido 

sustituida por un orden político más eficaz […]. La legitimidad de dicho 

cambio no sólo reside en seguir al pie de la letra los procedimientos 

establecidos; además, el nuevo orden constitucional debe garantizar mejor 

la seguridad de la nación, fomentar de forma más eficiente la prosperidad 

económica, y proteger con mayor grandeza y ecuanimidad la dignidad de 

todos sus ciudadanos permitiéndoles vivir plenamente sus vidas, es decir, 

en una sociedad en la que reine la paz y la justicia entre sus miembros y 

con los pueblos del resto de las naciones.” 

(W. F. Murphy) 2 

1. DOS CONCEPTOS DE DEMOCRACIA 

Normalmente, la democracia se entiende como el gobierno del pueblo, 

cuya voluntad, articulada por medio del principio mayoritario, 

se expresa a través de las urnas, de manera tal que la voluntad del 

pueblo se identifica, en esta segunda mediación, con la voluntad mayoritaria 

de los representantes elegidos. Esta comprensión de la democracia 

José J. Jiménez Sánchez es Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidad de Granada. 

1 H. Kelsen, De la esencia y valor de la democracia, 2006 (1929), pág. 54. Edición y traducción de 

J. L. Requejo Pagés. 

2 W. F. Murphy, Constitutional democracy. Creating and maintaining a just political order, 2007, pág. 

534. 


LA VOLUNTAD DE LA MAYORÍA / JOSÉ J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

requiere de ciertas correcciones –autolimitaciones las llamará Kelsen–, a 

fin de evitar los serios riesgos que entraña, especialmente en la medida en 

que conduzca a considerar como antidemocrática cualquier actuación que 

se enfrente a lo expresado por la voluntad mayoritaria, lo que supondría la 

degeneración de la democracia mayoritaria, a la que Kelsen calificó como 

mero imperio de la mayoría. Si la democracia debe ser algo más que la voluntad 

de la mayoría, entendida como su imperio, la democracia mayoritaria 

requiere de modificaciones que impidan su deslizamiento hacia el 

imperio de la mayoría. Si las limitaciones entendidas como autolimitaciones 

no fueran suficientes –y no parece, como veremos, que lo sean–, necesitaríamos 

de otro concepto de democracia, la democracia constitucional 

–asociativa la denominará Dworkin–, en la que aquéllas se entienden como 

constitutivas de la misma democracia y, por tanto, no quedan a disposición 

de ninguna voluntad mayoritaria, lo que posibilita que en esa democracia 

se generen, mantengan y justifiquen posiciones contramayoritarias. 

La insuficiencia de una democracia asentada exclusivamente en el principio 

de la mayoría exige que tal principio se acompañe de correcciones a 

fin de evitar sus excesos. Kelsen apoya el principio de las mayorías, pero es 

consciente de los problemas a que puede conducir su ejercicio. De ahí que 

afirme que “la voluntad colectiva formada con arreglo al llamado principio 

de mayoría no nace como un dictado de la mayoría contra la minoría, sino 

como el producto de la influencia recíproca entre ambos grupos, como la 

resultante en la que se equilibran sus directrices políticas antagonistas” 3 . 

Una influencia recíproca que se llevará a cabo mediante la transacción 

entre ambas partes que requiere, a su vez, de la existencia de “garantías de 

que todos los intereses de partido, y en el mayor grado posible, pueden 

manifestarse y entrar en concurrencia unos con otros, de manera que finalmente 

pueda alcanzarse un compromiso entre ellos” 4 . En opinión de 

Kelsen, la experiencia demuestra que el principio de la mayoría es “compatible 

con la protección de la minoría. Y ello porque la mayoría presupone, 

por definición, la existencia de una minoría, y, por tanto, el derecho 

3 Kelsen, De la esencia y..., op. cit., págs. 145-146. 

4 Kelsen, De la esencia y..., op. cit., pág.157. 


de la mayoría implica el derecho a la existencia de una minoría. De ello no 

resulta la necesidad, pero sí la posibilidad de la protección de la minoría 

frente a la mayoría. Esta protección de la minoría constituye la función 

esencial de los llamados derechos y libertades fundamentales o derechos 

humanos y civiles” 5 . 

Es cierto que un orden social sólo puede establecerse apoyado en la 

mayoría, sobre lo que la mayoría decida. Pero tal planteamiento conlleva 

una dificultad. Si el orden social no puedo constituirlo desde la voluntad general, 

en tanto que no hay manera de llegar a descifrarla, parece entonces 

claro que sólo podré encontrar la solución con base en aquello que decida 

la mayoría. Sin embargo, las decisiones mayoritarias se encuentran frente 

al argumento de la ‘reductio ad hitlerum’, un argumento que, nos guste o 

no, es muy consistente, pues plantea que la corrección o incorrección de 

una decisión no puede depender del número de personas que la apoyen, 

sino de la rectitud del argumento que se defienda. Esto no quiere decir que 

el número sea irrelevante. Dicho de otra manera, el número de personas es 

una condición necesaria, pero no suficiente. Sin un número mayoritario de 

personas que apoyen una medida no hay nada que hacer, pero sólo con el 

número tampoco. Necesitamos algo más, que va más allá del número y 

que se mueve bajo unos parámetros distintos, pues su corrección no dependerá 

ya del número, sino de la consistencia de lo defendido. En definitiva, 

el principio de las mayorías por sí mismo no puede evitar que se instale 

un sistema político contrario al propio juego del principio de las mayorías. 

Así, la mayoría podría impedir que se formara una mayoría de distinto 

signo. De ahí que el principio de las mayorías, a través del que se plasma 

el de la soberanía popular, requiera de unos límites, una serie de derechos 

y libertades individuales. Parece evidente que el principio de las mayorías 

sólo podría encontrar justificación en la medida en que quedasen garantizados 

los derechos de las minorías por medio del reconocimiento de una 

serie de derechos y libertades fundamentales. Esto trata de garantizarlo 

Kelsen a través de dos medidas de carácter constitucional, primero, la introducción 

de una mayoría cualificada que funcione como freno de la ma- 

5 Kelsen, De la esencia y..., op. cit., pág. 139. 




yoría absoluta en determinados temas y, segundo, por medio de la introducción 

del control de constitucionalidad, que es la tarea propia de la jurisdicción 

constitucional. La primera medida no altera en absoluto su 

concepción de la democracia, todo lo contrario, pues ahonda en ella, al 

consistir en la exigencia de un número mayor de representantes a la hora 

de iniciar ciertas reformas, normalmente aquellas que afectan a las bases del 

sistema, es decir, las de carácter constitucional. La segunda tiene un cariz 

distinto, hasta el punto de que sus presupuestos entran en contradicción 

con los de la primera medida. 

El reconocimiento de esos derechos requiere coherentemente la existencia 

de mecanismos que aseguren su realidad por medio de su protección, 

lo que en nuestro sistema recae en el poder judicial. Tocqueville fue 

el primer autor que reconoció la “importancia política” del poder judicial, 

en tanto que actúa “como contrapeso y barrera al poder legislativo” 6 . Esto 

está íntimamente unido a la preocupación de Tocqueville por los excesos 

democráticos y la necesidad de establecer límites a los mismos. Señala que 

el freno más importante que se establece en los Estados Unidos ante los excesos 

de la democracia lo constituyen los juristas en general, cuyo cuerpo 

“forma en ese país el más poderoso y, por así decir, el único contrapeso de 

la democracia” 7 , pues los “hombres que han hecho un estudio especial de 

las leyes han adquirido en esos trabajos unos hábitos de orden, un cierto 

gusto por las formas, una especie de amor instintivo por el encadenamiento 

regular de las ideas que los hacen naturalmente muy opuestos al espíritu 

revolucionario y a las pasiones irreflexivas de la democracia” 8 . Entre los juristas 

destaca la magistratura, ya que considera que el “poder concedido a 

los tribunales americanos de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de 

las leyes, encerrado en sus límites, forma todavía una de las barreras más 

poderosas que se hayan construido nunca contra la tiranía de las asambleas 

políticas” 9 y su causa se encuentra en que “los americanos han reco- 

6 A. de Tocqueville, La democracia en América, ed. y trad. E. Nolla, Aguilar, Madrid, 1988 (1835 

y 1840), págs. 100 y 101. Las citas corresponden al primer volumen. 

7 Tocqueville, La democracia..., op. cit., pág. 263. 





nocido a los jueces el derecho a fundamentar sus decisiones sobre la Constitución 

más que en las leyes” 10 . Esta práctica hizo que el centro de los problemas 

lo ocupase la preocupación por el juego que pudiera establecerse 

entre la ley y la Constitución, así como por el papel que en tal juego ha de 

desempeñar un poder como el poder judicial. 

A partir del sometimiento de la política a las exigencias constitucionales, 

que es lo que en el fondo significa el control de constitucionalidad, 

Dworkin 11 ha repensado los problemas expuestos: las insuficiencias y excesos 

de la democracia asentada en el principio de la mayoría, así como la 

necesidad de su corrección por medio del reconocimiento y protección de 

los derechos individuales, aunque ahora ya no se conciben como una mera 

creación de la mayoría, sino precisamente como condición de posibilidad 

de la formación de la misma mayoría. Su reflexión se ha encaminado a defender 

y justificar la posibilidad de contradecir lo que la mayoría de los 

ciudadanos por medio de sus representantes ha establecido. En su opinión, 

quienes defienden la premisa mayoritaria consideran que la existencia de 

provisiones constitucionales que restringen lo que la mayoría puede promulgar 

es limitadora de la libertad positiva de la comunidad, en tanto que 

constriñe el derecho del pueblo a gobernarse a sí mismo. Frente a esta posición 

se encuentran quienes, como él mismo, defienden una posición constitucionalista 

construida sobre la defensa de las libertades negativas, cuyo 

coste recae sobre la libertad positiva de autodeterminación. La razón de 

fondo de su crítica a la premisa mayoritaria se encuentra en que en una democracia 

extensa, el poder de cualquier individuo para influir sobre las decisiones 

nacionales es muy pequeño, tan mínimo que no puede pensarse 

que los límites constitucionales al derecho del pueblo a gobernarse pudieran 

disminuirlo en cantidad suficiente como para que pudiéramos pensar 

que esa razón sería una objeción. Por el contrario, los límites que las libertades 

negativas establecen a la voluntad mayoritaria pueden ampliar el control 

de cualquier individuo concreto sobre su propio destino. 


11 R. Dworkin, “Introduction: The Moral Reading and the Majoritarian Premise”, Freedom’s Law. 

The Moral Reading of the American Constitution, Oxford University Press, New York, 1996, págs. 

1-59, passim. 



R. Dworkin ha vuelto a insistir en estas ideas en su última obra 12 , en la que 

diferencia entre dos conceptos de democracia, la mayoritaria y la democracia 

asociativa. La concepción mayoritaria entiende la democracia como “el 

gobierno elegido por la voluntad de la mayoría, es decir, de acuerdo con la 

voluntad del mayor número de personas, expresado a través de elecciones 

realizadas por sufragio universal o prácticamente universal. Sin embargo, no 

está garantizado que la mayoría elija de forma justa; sus decisiones pueden resultar 

injustas para las minorías cuyos intereses son ignorados de forma sistemática 

por la mayoría” . Por el contrario, la democracia asociativa “significa 

que el pueblo se gobierna a sí mismo y que cada uno de sus miembros es 

socio de pleno derecho de una empresa política colectiva de tal forma que las 

decisiones de una mayoría son democráticas sólo en la medida que se 

cumplen ciertas condiciones adicionales que protegen el estatus y los intereses 

de cada socio de pleno derecho de dicha empresa. Desde el punto de vista 

asociativo, una comunidad que ignora constantemente los intereses de una 

minoría en particular o de otro grupo, deja de ser democrática justamente 

por este motivo a pesar de que elija a sus representantes mediante un sistema 

mayoritario fuera de toda duda” 14 . 

Este concepto de democracia asociativa sería similar al de democracia 

constitucional que exige, de acuerdo con Murphy, que los cambios que en la 

misma se produzcan se lleven a cabo no sólo de acuerdo con los procedimientos 

establecidos, sino que además esos cambios supongan, especialmente, 

una mejora efectiva de ““protejan con mayor grandeza y ecuanimidad la dignidad 

de todos sus ciudadanos permitiéndoles vivir plenamente sus vidas, es 

decir, en una sociedad en la que reine la paz y la justicia entre sus miembros 

y con los pueblos del resto de las naciones” 15 . Esto implica que las reformas que 

se hagan dentro de una democracia constitucional no deben conllevar una alteración 

de sus presupuestos fundamentales, que podrían resumirse en las dos 

12 R. Dworkin, Is democracy possible here? Principles for a new political debate, Princeton University 

Press, Princeton, 2006. 

13 Dworkin, Is democracy…, op. cit., pág. 131. 

14 Dworkin, Is democracy…, op. cit., pág. 131. 

15 W. F. Murphy, Constitutional democracy. Creating and maintaining a just political order, The Johns 

Hopkins University Press, Baltimore, 2007, pág. 534. 



exigencias que establece Fukuyama para definir qué sea una democracia liberal: 

el principio democrático y los derechos y libertades individuales. La democracia 

liberal es, en su opinión, un sistema de gobierno en el que se 

“reconoce y protege el derecho universal del hombre a la libertad mediante un 

sistema de leyes, [...que] sólo existe con el consentimiento de los gobernados” 

16 ; un sistema de gobierno bajo leyes que reconocen y protegen la libertad 

individual y a las que los gobernados han otorgado su consentimiento en 

el ejercicio de su autonomía normativa, que se constituye en la garante de las 

libertades individuales. De este modo las libertades individuales quedan garantizadas 

por el ejercicio libre de las libertades políticas que constituyen el 

núcleo del principio democrático. En definitiva, esta interpretación de la democracia 

liberal no es sino un intento más de articulación entre la posición liberal, 

asentada sobre el reconocimiento de una serie de derechos a los 

individuos –“el derecho universal del hombre a la libertad”–, y la posición republicana, 

construida sobre el principio de la soberanía popular, previo a cualquier 

otro principio –“sólo existe con el consentimiento de los gobernados”. 

Estos intentos de definir qué sea la democracia, en un caso adjetivada 

como mayoritaria y en el otro como asociativa, constitucional o liberal, que 

para el caso que nos ocupa significaría lo mismo, no son únicos, más bien 

muestran la diversidad de aproximaciones a un mismo problema teórico: el 

problema de los límites de la voluntad política democrática o dicho de otro 

modo, la cuestión de cómo evitar la arbitrariedad de esa voluntad sin poner 

en cuestión la soberanía de aquellos que se dan las normas a sí mismos, esto 

es, sin poner en cuestión la misma noción de la soberanía popular. 

La quiebra constitucional española: el caso del Estatuto de Cataluña 17 

La tramitación del Estatuto de Cataluña ha terminado con su aprobación primero 

por el Parlamento catalán, después por las Cortes y finalmente en referéndum 

por el pueblo de Cataluña el 18 de junio de 2006. En mi opinión 

16 Francis Fukuyama, “¿El fin de la historia?”, Claves de Razón Práctica, nº 1, 1990, págs. 85-96. 

La cita corresponde a la pág. 86. 

17 Aunque no aludiré, apenas, a lo largo del texto a posiciones partidistas, sí que me parece conveniente 

constatar que la posición del partido socialista ha consistido (continúa pag. siguiente) 



esta tramitación adolece, fundamentalmente, de dos vicios, que tendrán consecuencias 

dañinas en el futuro. El primero de ellos puede caracterizarse 

como un vicio de origen y se refiere a que la Mesa del Parlamento no debió 

tramitar tal propuesta como un Proposición de ley de Reforma de un Estatuto, 

sino como Reforma Constitucional. El segundo consiste en que habiendo 

aprobado una reforma constitucional se llama sólo y exclusivamente 

a la participación directa a una parte del pueblo español, lo que puede provocar 

en el futuro un enfrentamiento de legitimidades si es que el Tribunal 

Constitucional considera el Estatuto como inconstitucional, pues se habría 

provocado la colisión entre ese Tribunal –garante de la constitucionalidad de 

las leyes– y la voluntad del pueblo catalán que se ha manifestado a favor del 

mismo 18 . Primero me referiré a las razones sobre cuya base sostengo que se 

ha producido un vicio de origen. Después daré las razones en las que se sustenta 

mi segunda apreciación. 

en dirigir un proceso de reforma constitucional por el cauce de la reforma estatutaria, un cauce 

inadecuado, en tanto que exige sólo mayoría absoluta (176) de los diputados, mientras que el 

proceso de reforma constitucional exigiría bien 210 ó 233 diputados en función del alcance 

de la reforma tal y como exigen los artículos 166 a 168 de la Constitución española. 

Asimismo hay que resaltar las críticas sobre tales actuaciones de destacados militantes socialistas 

como G. Peces-Barba, que presidió el Congreso de los Diputados, o J. Leguina, que fue Presidente 

de la Comunidad de Madrid. El primero se ha preguntado retóricamente si “¿Era 

necesario abrir un proceso autonómico que se ha generalizado y que está produciendo mutaciones 

constitucionales sin reforma de la Constitución? ¿Era una exigencia de la ciudadanía de 

las comunidades autónomas? Parece que no, si consideramos la participación en los referenda 

que se han producido ya para ratificar dos estatutos reformados [se refiere a los de Cataluña y 

Andalucía, en los que la participación fue inferior al cincuenta por ciento del censo]”, G. Peces- 

Barba, “Reflexiones sobre la coyuntura política”, El País, 14 de marzo de 2007, pág. 16. 

Por su parte, J. Leguina, después de haber votado en el Congreso a favor del Estatuto de Cataluña 

ha escrito: “resulta sorprendente la sordera absoluta y la mudez sobrevenida a los políticos 

españoles (nacionalistas o sedicentes socialistas) acerca de la multitud de argumentos 

contrarios y de críticas razonables en contra de ese disparate jurídico-político que ha constituido 

la elaboración del nuevo Estatuto de Cataluña [...] los tiempos amenazan no sólo con tensiones, 

sino con la desaparición del Estado tal como se concibió”, J. Leguina, “Prólogo”, F. 

Sosa Wagner, I. Sosa Mayor, El Estado fragmentado. Modelo austro-húngaro y brote de naciones 

en España, Trotta, Madrid, 2006, pág. 11. Posteriormente ha afirmado que “el Estatuto catalán 

abrió una vía destinada a cambiar la estructura y funcionamiento del Estado”, en J. 

Leguina, “Paisaje después de la batalla”, El País, 8 de junio de 2007, pág. 18. 

18 Merece la pena destacar parte de la respuesta de Benach a una pregunta del director de El 

Mundo en una entrevista reciente: “P. J. Ramírez. – ¿Debería haberse pronunciado el TC antes 

del referéndum? E. Benach. – [...] Sería más lógico y, en definitiva, más racional que el Constitucional 

hubiera fallado sobre el Estatut antes del referéndum”. Esta respuesta no deja de 

ser sorprendente, teniendo en cuenta que quien responde es Presidente del Parlamento de Cataluña 

y uno de los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña. Vid., “Foro de debate. Ernest 

Benach”, El Mundo, 10 de junio de 2007, págs. 16-18, la cita corresponde a la pág. 16. 



Se ha incurrido en un fraude de ley –norma de cobertura, apariencia de 

legalidad y producción objetiva de un resultado no querido por el ordenamiento–, 

pues se propone una reforma constitucional que no se atiene al 

procedimiento establecido –Título X C.E.–, sino que se aborda desde una reforma 

de legalidad presentada como una reforma de ley orgánica constitutiva 

del bloque de constitucionalidad. Se trataría entonces de provocar una 

modificación de la Constitución, con la que se iniciaría un nuevo modelo de 

Estado 19 y, en consecuencia, un orden constitucional diferente. Esto se lograría 

con la utilización de un procedimiento de reforma que no rompe en 

apariencia con el sistema de legalidad establecido, pues se pretende que deriva 

del mismo –“y mediante derivación no puede establecerse una nueva 

norma que contraríe la que le sirve de fuente” 20 . 

Así pues, el problema que se plantea no es el de la constitucionalidad o no 

de la Proposición planteada, sino el de su propia naturaleza, que es la de una 

reforma de la Constitución, por lo que se tendrían que haber seguido “las normas 

de la Constitución que regulan el procedimiento especial para la reforma 

de la Constitución, [que] son al mismo tiempo normas que establecen una autoridad 

constituyente distinta de la legislativa” 21 . El procedimiento seguido 

no lo ha tenido en cuenta, lo que ha llevado a la suplantación de la autoridad 

constituyente establecida en el procedimiento de reforma constitucional por 

la autoridad legislativa. En definitiva, la autoridad legislativa como poder que 

emana del poder constituido se ha atribuido la potestad de la autoridad constituyente. 

Esta situación podría haberse evitado si la Mesa de la Cámara hubiera verificado 

sólo de manera liminar la naturaleza de la propuesta, lo que viene 

exigido en el apartado 2º, en relación con el apartado 7º, punto 1º, de la Resolución 

de 16 de marzo de 1993 de la Presidencia del Congreso, en la que 

se establece que: “recibida en el Congreso la propuesta de reforma de uno 

19 No hace falta sino echar un vistazo superficial a la proposición de Ley Orgánica remitida por el 

Parlamento de Cataluña, lo que mostraría con claridad los excesos de la propuesta. 

20 A. Ross, Sobre el derecho y la justicia, trad. G. R. Carrió, Eudeba, Buenos Aires, 1997 (1958), 

pág. 112. 

21 Ross, Sobre el derecho..., op. cit., pág. 111. 



de los Estatutos... la Mesa de la Cámara procederá al examen del texto y de 

la documentación recibida, al objeto de comprobar el cumplimiento de los 

requisitos constitucionales y estatutarios establecidos”. Coherentemente con 

ello, la Mesa podía haber establecido el cauce procedimental adecuado a la 

naturaleza de la iniciativa, la de una reforma constitucional. 

En su reunión de 25 de octubre de 2005, la Mesa entendió acertadamente 

que el examen liminar no es un examen de constitucionalidad, pero 

no comprendió que de lo que se trataba era de encontrar el cauce procesal 

natural a una propuesta plenamente constitucional –art. 166 C.E.–, de 

reforma constitucional. Todo acto de calificación, aunque lo sea sólo de 

índole formal, que no es el caso que nos ocupa, comporta un juicio o control 

material, aunque lo sea con carácter liminar 22 . La responsabilidad de 

la Mesa es enorme pues puede contribuir inconscientemente bien a una 

modificación no formal de la Constitución (Verfassungswandlung) bien a 

su trasgresión (Verfassungsüberschreitung), sin aparente quebrantamiento 

formal de la legalidad, esto es, “una reforma constitucional subrepticia” 23 . 

Además, el Reglamento del Congreso de los Diputados (R.C.D.) establece 

una diferencia entre dos funciones de la Mesa, aquella que se refiere a la admisión 

a trámite de las iniciativas –art. 31.1.4º R.C.D.–, y aquella en que se decide 

el procedimiento que las mismas deben seguir –art. 31.1.5º R.C.D.–, 

habiendo sido muchos los casos en los que la Mesa ha modificado la pretensión 

inicial de quien ha formulado una iniciativa y le ha dado una tramitación 

diferente a la propuesta, en la medida en que el nuevo procedimiento se ajustaba 

mejor a la naturaleza y contenido material del escrito. En este sentido, 

la doctrina del Tribunal Constitucional ha sido coherente con lo dispuesto en 

el R.C.D. y la misma práctica de la Mesa, al insistir en que su control ha de 

ser fundamentalmente formal en los supuestos de inadmisión de iniciativas, 

pero no en relación con la modificación del procedimiento propuesto por los 

autores de la iniciativa 24 . 

22 STC 95/1994, de 21 de marzo, STC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 5. 

23 V. Pérez Díaz, “¿Reconstruimos España?, El País, 18 de octubre de 2005. 

24 ATC 20 de abril de 2004, FJ 6. También habría que acudir a las SSTC 177/2002, de 14 de octubre, 

FJ 5, y 89 y 90/2005, de 18 de abril, FF JJ 3, en donde se dice en relación con tal pre- 



El mismo TC en su Auto de 15 de marzo de 2006 en su FJ 4 reconoce 

que “el Reglamento parlamentario puede permitir o, en su caso, establecer, 

incluso, que la Mesa extienda su examen de las iniciativas más allá de la estricta 

verificación de sus requisitos formales, siempre, claro está, que los 

escritos y documentos presentados a la Mesa, sean de control de la actividad 

de los Ejecutivos, sean de carácter legislativo, vengan, justamente, limitados 

materialmente por la Constitución, el bloque de la 

constitucionalidad o el Reglamento parlamentario pertinente, como es el 

caso de la calificación en ciertos ordenamientos autonómicos de lo que 

han de considerarse mociones o interpelaciones, o el de la iniciativa legislativa 

popular que tiene vedadas ciertas materias por imperativo del art. 

87.3 C.E. De modo que si la legalidad aplicable no impone límite material alguno 

a la iniciativa, la verificación de su admisibilidad ha de ser siempre 

formal, cuidando únicamente la Mesa de que la iniciativa en cuestión cumpla con 

los requisitos de forma que le exige esa legalidad ” (énfasis mío). Pues bien, la 

legalidad aplicable no impone límite alguno hasta el extremo de que de 

acuerdo con los arts. 166.1 y 87.2 C.E., las Asambleas de las Comunidades 

Autónomas podrán ejercer la iniciativa de reforma constitucional y la Mesa 

debería haber cuidado, tal y como dice el TC, que esa iniciativa cumpliera 

‘con los requisitos de forma que le exige esa legalidad’ 25 , sin necesidad de 

entrar, de acuerdo con el TC, en examinar su constitucionalidad 26 , pues 

una reforma constitucional es por su propia naturaleza al menos inconstitucional, 

cuando no anticonstitucional, ya que lo que se propone o bien no 

se encuentra en la Constitución o la quiere alterar sustancialmente, siendo 

ambas posiciones plenamente legales, a la vez que legítimas, y estando supeditadas 

sólo y exclusivamente a seguir los cauces procedimentales establecidos. 

Por eso tiene de nuevo razón el TC cuando concluye en el FJ 5 

de su Auto de 15 de marzo de 2006 que el control que ha de realizar la 

cepto reglamentario que “un control de esta naturaleza por parte de la Mesa de la Cámara 

puede asimismo incluir una verificación liminar de la conformidad a Derecho de la pretensión 

deducida, junto a un juicio de calificación sobre la idoneidad o procedencia del procedimiento 

parlamentario elegido”. 

25 SSTC 89 y 90/2005, de 18 de abril, FF JJ 3, en donde se afirma que el control de las Mesas 

de las Cámaras pueda extenderse a “una verificación liminar de la conformidad a Derecho de 

la pretensión deducida, junto a un juicio de calificación sobre la idoneidad o procedencia del 

procedimiento parlamentario exigido”. 

26 ATC de 15 de marzo de 2006, FJ 4. 



Mesa del Congreso “puede asimismo incluir un examen del contenido material 

de la iniciativa, exclusivamente en cuanto resulte determinante para llevar a 

cabo un juicio de calificación sobre la idoneidad y procedencia del procedimiento 

parlamentario elegido para sustanciar la iniciativa deducida, esto es, a fin de observar 

la adecuación de la pretensión que se deduce al tipo de procedimiento 

a través del cual se plantea. En ningún caso, la Mesa en su función 

de calificación y admisión a trámite puede llevar a cabo un control de constitucionalidad 

liminar de la iniciativa parlamentaria” (énfasis mío). 

La consecuencia directa de que la Mesa del Congreso de los Diputados 

no haya establecido el procedimiento adecuado, consiste en que la mayor 

parte de los ciudadanos en quienes reside la soberanía ha visto lesionado 

su derecho fundamental ex art. 23.1 C.E. a participar de modo indirecto en 

la vida pública a través de sus representantes, quienes tenían, de acuerdo 

con A. Ross, que haber conformado una autoridad constituyente de 

acuerdo con lo exigido en el Título X de la C.E. –210 ó 233 Diputados–, y 

sólo han participado como autoridad legislativa –176 Diputados que componen 

la mayoría absoluta. 

Tal y como dije anteriormente, la tramitación de esta proposición adolece 

fundamentalmente de un vicio de origen, que provocará daños en el 

futuro. Con anterioridad me he ocupado de lo primero, ahora lo haré con 

la cuestión de futuro. Consiste en que habiendo aprobado una reforma 

constitucional se ha llamado sólo y exclusivamente a la participación directa 

a una parte del pueblo español, el pueblo catalán, cuando podría o debería, 

según los casos, habérsele llamado en su totalidad de acuerdo con los 

arts. 167.3 y 168.3 C.E. 

En el escrito de alegaciones presentado por el Fiscal el 15 de febrero de 

2006 afirma que en la tramitación del procedimiento legislativo en discusión 

pudiera ocurrir: “1º.- Que la proposición de ley resulte perfectamente ajustada 

a la Constitución; 2º.- Que dicha proposición de ley sea retirada por el 

Parlamento Catalán; 3º.- Que durante la tramitación de la misma se llegue 

al acuerdo de que, previamente a su aprobación, sea necesario reformar la 

Constitución; y 4º.- Que, aun no siendo considerado necesario iniciar ningún 

procedimiento de reforma constitucional, se apruebe el Estatuto conte- 



niendo vicios de inconstitucionalidad”. Parece claro, tras leer el “Informe 

sobre la propuesta de reforma –texto aprobado por el Congreso de los Diputados– 

del Estatuto de Autonomía de Cataluña”, nº expte. 605/000002 

de 11 de abril de 2006, y dado que ese texto no ha sufrido cambios de importancia 

tras su paso por el Senado, parece claro, decía, que no nos hayamos 

incursos en ninguno de los tres primeros supuestos planteados por el 

Fiscal, sino en el cuarto. Aunque no en el sentido en el que el Fiscal habla, 

sino en un sentido agravado, pues no se trata tanto de que este nuevo Estatuto 

contenga vicios de inconstitucionalidad, como que plantee el germen de 

una nueva Constitución 27 . 

De ahí que cuando el Fiscal plantea la posibilidad de recurrir ese vicio 

o vicios de inconstitucionalidad tiene razón al recordarnos que cabe ha- 

27 Sólo indicaré a modo de ejemplo que en el recurso de inconstitucionalidad firmado por el Defensor 

del Pueblo el 18 de septiembre de 2006 contra una serie de preceptos de la Ley Orgánica 

6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se dice que 

en relación con los arts. 2.4 y 5 del nuevo Estatuto que “se tachan como inconstitucionales 

sus incisos ‘Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña’ y ‘El autogobierno 

de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán’ respectivamente, 

en relación con el inciso del Preámbulo del Estatuto que afirma que ‘la Constitución 

Española, en su artículo 2º, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad” 

(pág. 6), “pues “[a]mbos preceptos pretenden erigirse junto con la Constitución en el fundamento 

del autogobierno de Cataluña, y a su mismo nivel, además, puesto que la Norma Fundamental 

no los reconoce ni se dice tampoco en el texto estatutario que procedan de ella. La 

soberanía nacional, que reside en el pueblo español, ya no sería según esto el único fundamento 

y el único origen de todos los poderes del Estado, como dice el artículo 1.2 de la Constitución, 

puesto que una parte de esos poderes, los de la Generalitat que, conviene no 

olvidarlo, es también Estado, emanarían de una fracción del pueblo español, el pueblo catalán, 

y tendrían su fundamento último en un título también originario, como la soberanía nacional, 

en cuanto no nacido de la Constitución: los autoproclamados ‘derechos históricos’ de 

la aludida fracción. Esto es –concluye–, a juicio de esta parte, constitucionalmente inadmisible” 

(págs. 10 y 11). 

En opinión de Sosa Wagner, con esta reforma estatutaria nos encaminamos sin ninguna duda 

hacia un Estado confederal. Vid., F. Sosa Wagner e I. Sosa Mayor, El Estado fragmentado..., op. 

cit., págs. 139 y ss. 

Por su parte, Muñoz Machado aborda el problema desde el punto de vista de la soberanía y 

llega a conclusiones no mucho más halagüeñas: “Su Preámbulo alude a Cataluña como nación 

[...], y el artículo 2.4 afirma que los poderes de la Generalidad emanan del pueblo de Cataluña. 

También el Preámbulo alude a los derechos históricos del pueblo catalán como uno de 

los fundamentos del autogobierno, referencia que repite con más detalle el artículo 5 del texto. 

Todas estas expresiones, sin perjuicio de su verdadero significado y alcance, ofrecen la imagen 

de un autogobierno fundado en decisiones soberanas”, en S. Muñoz Machado, El problema 

de la vertebración del Estado en España (Del siglo XVIII al siglo XXI), Iustel, Madrid, 2006, 

pág. 335, aunque deben verse también las págs. 352, 356, 363 y ss. 



cerlo a través del recurso de inconstitucionalidad, pero su planteamiento 

es falaz si pensamos en que no se trata de vicio o vicios, sino de una reforma 

en toda regla de nuestra Constitución. Además no habría que olvidar 

que se ya se han presentado varios –hasta siete– recursos de 

inconstitucionalidad, y se ha admitido la recusación de uno de los miembros 

del Tribunal 28 . 

En el mismo sentido tiene razón el TC cuando en su Auto de quince de 

marzo de 2006, FJ 2, recoge lo afirmado en el ATC 135/2004 y niega “terminantemente 

la idoneidad objetiva para que un proyecto de norma pudiera 

por sí vulnerar la Constitución”, pues si lo hiciera impediría toda 

propuesta de reforma de la Constitución, que por su naturaleza es, como 

ya se ha dicho, siempre inconstitucional o incluso anticonstitucional. Sin 

embargo, esto no evita la falacia de la argumentación consistente en que si 

la iniciativa no se encauza por el procedimiento adecuado, se suplantaría 

la autoridad constituyente por la autoridad legislativa. Por eso no cabe argumentar 

que se alteraría la índole de la norma propuesta, puesto que sólo 

se trataría de ajustar el procedimiento a su auténtica naturaleza. 

Esto es lo que explicaría que el Consejo de Estado 29 de manera muy delicada, 

pero excediéndose en lo que podría considerarse una respuesta estricta 

a las preguntas que le formuló el Gobierno, haya aconsejado adecuado 

que se reintrodujera el recurso previo de inconstitucionalidad en determinados 

casos, especialmente en aquellos relacionados con consultas populares 

previas a la aprobación de las leyes. La razón de tal recomendación es 

evidente, pues si en el proceso de creación de una ley se introduce la con- 

28 En el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los 

Diputados contra los acuerdos de 18 y 25 de octubre de la Mesa del Congreso sobre calificación 

y admisión a trámite como proposición de ley de reforma de Estatuto de Autonomía de una 

proposición de Ley Orgánica remitida por el Parlamento de Cataluña, se promovía incidente de 

recusación contra el Magistrado P. Pérez Tremps. Esa recusación se desestimó por el Tribunal 

en su ATC 18/2006, de 24 de enero. Con posterioridad, el Grupo Parlamentario Popular formalizó 

el día 31 de julio de 2006 recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos 

de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña. Ese mismo día, el Comisionado de los Diputados recurrentes presentó un escrito en 

el que se promovía la recusación del Magistrado P. Pérez Tremps. El Pleno del Tribunal Constitucional 

acordó estimar la recusación del Magistrado en su ATC de 5 de febrero de 2007. 

29 “Informe sobre modificaciones de la Constitución Española”, febrero, 2006. 



sulta al pueblo, la posibilidad de recurrir la inconstitucionalidad de esa ley 

queda distorsionada porque la tramitación legislativa y su posible control de 

constitucionalidad instada por un recurso de inconstitucionalidad ante el 

Tribunal Constitucional quedan alterados por la participación de una parte 

del pueblo, en este caso, por el pueblo catalán, con lo que estaríamos mezclando 

dos planos difícilmente conciliables, el de la autoridad del propio 

Tribunal, garante de la Constitución, y el de una parte del poder constituido-constituyente 

–no ya la autoridad constituyente, que es lo que debería 

haberse hecho–. Esto muestra cómo puede introducirse en lo que tendría 

que ser meramente un proceso legislativo sometido necesariamente a la posibilidad 

del control de constitucionalidad la política de los hechos consumados. 

Así pues, la razón fundamental del problema con el que nos enfrentamos, 

se encuentra, primero, en el hecho de haber mezclado dos procedimientos 

–el legislativo-constitucional propio de la creación de toda ley y 

el político, inmerso en toda consulta popular–, que debieron mantenerse 

separados, hasta tanto el primero hubiera quedado perfectamente claro, 

libre de toda falta. Esta confusión ha conducido, en segundo lugar, a una 

dificultad aún mayor, a la oposición entre dos legitimidades, la que deriva 

del pueblo, esto es, la democrática, y la que procede del propio Tribunal, 

es decir, la que se origina en los límites en que ha de asentarse la democracia, 

si es que queremos entender la democracia como democracia liberal 

o constitucional. 

Además hay que tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico 

se exige que algunos Estatutos, los llamados del artículo 151 C.E., han de 

ser aprobados finalmente en referéndum, con lo que mezclamos el plano 

legislativo, institucional, con el plano político, en la medida en que la aprobación 

por referéndum supone la intervención de una parte del pueblo, 

esto es, de una parte del poder constituido-constituyente. Este procedimiento 

no conllevaría ningún inconveniente si lo que se aprobara fuese 

plenamente constitucional. Indudablemente, eso no sucedería en caso contrario. 

Ésta es la razón por la que se debería haber mostrado un cuidado 

exquisito en procurar que el texto que se sometiera a referéndum estuviera 

libre de cualquier tacha de inconstitucionalidad, pues si antes de que el 



texto fuera claro desde el punto de vista constitucional me adentro en el terreno 

político llamando a la ratificación del pueblo, podría estar situando 

la política por encima del derecho. Además, si ese texto constituyera de 

hecho una reforma constitucional –lo que no podría ser de derecho al haberse 

formulado por la autoridad legislativa y no por la constituyente–, 

nunca se podría acudir para su validación a una parte del pueblo –en este 

caso, el catalán–, sino que se tendría que llamar a quien por ser titular de 

la soberanía tiene capacidad para hacerlo, esto es, el pueblo español. Ahora 

todo depende de una “única esperanza”, la de que “el Tribunal Constitucional 

demuestre velar por la Constitución y deje así patente que en democracia 

el poder judicial es el verdadero garante del Estado de derecho” 30 . 

Es verdad que no se ha facilitado su labor, pues se le fuerza a que adopte 

una decisión en las peores condiciones, con una división profunda entre las 

dos grandes fuerzas políticas y después de que el pueblo catalán haya manifestado 

su voluntad en referéndum. Esto último podría haberse evitado, 

tal y como se ha dicho, reintroduciendo el recurso previo de inconstitucionalidad, 

pero no se quiso hacer. 

El texto que se ha aprobado antes, que es difícilmente ajustable a la 

Constitución, puede considerarse, en mi opinión, como el inicio de un proceso 

de reforma constitucional, y la consecuencia de no haber seguido el 

procedimiento adecuado consiste en que la mayor parte de los ciudadanos 

en quienes reside la soberanía ha visto lesionado su derecho fundamental 

ex art. 23.1 C.E. a participar de modo directo en la vida pública a través de 

los procedimientos que establecen los arts. 167.3 y 168.3 C.E. La gravedad 

de lo sucedido consiste no sólo en que se ha obviado, tal y como dije con 

anterioridad, a la autoridad constituyente, sino en lo que aún es peor, la 

marginación en un proceso de reforma del régimen político del poder 

constituido-constituyente, pues sólo se llama a consulta a una parte del 

mismo, el pueblo catalán. 

De lo anterior cabe deducir que se ha lesionado el derecho de participación, 

tanto directo como indirecto, en tanto que se impide no sólo que pue- 

30 P. Cerezo Galán, “El despiece en carne viva (y II)”, Granada Hoy, 11 de mayo de 2006. 



dan asegurarse las libertades negativas, sino también su medio de protección, 

que es en lo que consiste el derecho de participación, expresión paradigmática 

de los derechos políticos positivos 31 . El derecho de participación 

es clave desde el momento que constituye un medio imprescindible en la 

defensa de lo que más puede importarnos, nuestra libertad. No se trata, pues 

de reclamar el derecho de participación simplemente por participar indirecta 

o directamente, sino porque es la única manera de que podamos asegurar 

el mantenimiento y profundización de nuestras libertades 

fundamentales, que no pueden quedar nunca a la buena o mala voluntad de 

nuestros gobernantes. La democracia liberal se asienta sobre el reconocimiento 

de una serie de derechos políticos, entre los que el derecho central 

es el derecho de participación, si bien, siempre que venga acompañado de 

otros como la libertad de expresión, etc. No obstante, los últimos son instrumentales 

respecto del primero, pues todos ellos encuentran su razón de 

ser en coadyuvar a la realización de aquél. Ahora bien, es verdad que una 

gran parte de la ciudadanía no percibe con claridad la entidad de estas cuestiones, 

fundamentalmente porque se desenvuelven en un nivel de abstracción 

difícilmente comprensible. Tampoco esa lesión del derecho de participación 

alcanza de manera habitual a las libertades subjetivas de acción 32 , en las que 

cualquier daño sí que se percibe con mayor facilidad, pues nos afecta directamente, 

de manera concreta, en tanto que lo hace en el ejercicio de nuestras 

libertades privadas, las libertades negativas, que nos resultan por su 

inmediatez mucho más asequibles. 

31 I. Berlin, “Dos conceptos de libertad”, Sobre la libertad, ed. H. Hardy, trad. J. Bayón, Á. Rivero, 

N. Rodríguez y B. Urrutia, Alianza Editorial, Madrid, 2004 (2002, 1958), pág. 248. Pero también 

puede recordarse a Constant, quien afirmó que la “libertad individual [...] es la verdadera libertad 

moderna. La libertad política es su garantía”, B. Constant, De la libertad de los antiguos 

comparada con la de los modernos (1819), en íd., Escritos políticos, trad. y ed. de M. L. Sánchez 

Mejía, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, pág. 278. 

32 “Lo ha dicho [...] el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura [...] ‘En España tiene más 

garantía de ser tratado igual en todas las Comunidades Autónomas un cerdo o una vaca que 

un hombre’. La explicación es muy sencilla: en materias agropecuarias rige para toda la Unión 

Europea una normativa comunitaria común; mientras que en materia de Derechos Humanos 

se están aprobando, dentro de España, disposiciones que tienden a privilegiar a los ciudadanos 

de una Comunidad sobre los de otras [...] si consideramos, en vez de vacas o cerdos, a 

los ciudadanos españoles, vemos atónitos como cada día se erigen más diferencias entre los 

mismos, convirtiendo en papel mojado el artículo 14 de la Constitución.”, en J. de Esteban, “La 

igualdad de las vacas”, El Mundo, 14 de agosto de 2006, pág. 4. 



El trasfondo de todo este conjunto de insensateces 33 es que se ha querido 

plantear y resolver el problema del nacionalismo al margen de las reglas básicas 

de convivencia, esto es, al margen del orden constitucional establecido, 

un orden constitucional que responde, claro está, a los presupuestos de las 

democracias liberales: el respeto de los derechos individuales y las decisiones 

mayoritarias de acuerdo con las reglas aceptadas, esto es, de acuerdo con las 

exigencias del Estado de derecho o imperio de la ley. Las consecuencias de 

actuar al margen del orden constitucional de una democracia liberal son enormes, 

primero porque supone una quiebra de la legalidad y, segundo, porque 

no hay razones que pudieran justificar tal quebrantamiento del orden jurídico, 

es decir, que no es posible sostener la legitimidad de la quiebra de la legalidad 

democrático-liberal 34 . Esto sólo podría defenderse si hubiera razones 

bastantes que pudieran actuar de contrapeso de la violación de la legalidad 

que, en mi opinión, no sé dónde encontrarlas. De ahí que en un orden democrático-liberal 

los cambios o reformas tienen que hacerse de acuerdo con 

las reglas preestablecidas, pues ese orden no se apoya sólo y exclusivamente 

en las decisiones mayoritarias, sino en que éstas se adopten respetando los derechos 

individuales, lo que se garantiza mediante el respeto a las normas de 

juego previamente definidas. Además, cualquier solución que se adoptara sin 

tener en cuenta la Constitución conllevaría la quiebra del poder soberano, ya 

que se habría realizado un cambio de las normas constitucionales al margen 

de tal poder, al mismo tiempo que supondría una lesión del derecho de participación, 

efecto inmediato de la realización de una reforma constitucional 

por cauces distintos a los establecidos formalmente. 

Es verdad que en nuestro país esto no se ha hecho de manera abrupta y 

fácilmente reconocible, como sucede cuando se produce un golpe de Estado 

35 , sino que se ha llevado a cabo de “manera subrepticia” 36 , orillando las 

33 Maravall ha llegado a calificar como “caótica” la política respecto del Estatuto catalán, vid., J. 

M. Maravall, “La crispación”, El País, 7 de mayo de 2007, pág. 19. 

34 De ahí la diferencia entre la primera transición –“de la ley a ley”, pero quebrantando los principios, 

lo que supuso un fraude desde el punto de vista sustancial–, y esta segunda transición, 

en la que se quiere llevar a cabo la reforma desde la ley, ley orgánica, pero en contra de la Constitución, 

lo que la hace, desde un punto de vista jurídico-racional, imposible. 

35 Vid., en relación con esta cuestión, K. Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, en K. Marx, 

F. Engels, Obras escogidas, tomo I, págs. 404 y ss. y C. Malaparte, Técnica del golpe de Estado, 

trad. J. Gómez de la Serna, en id., Obras, Plaza y Janés, Barcelona, 1960 (1931), págs. 1 y ss. 


normas y procedimientos que deberían haberse seguido, y sustituyéndolos 

por otros que no estaban predefinidos. Las consecuencias inmediatas de tal 

actuación consisten en la quiebra del derecho de participación y la parcelación 

de la soberanía, efectos necesarios de la sustitución de la autoridad constituyente 

tal y como viene prefigurada en la Constitución por la autoridad 

legislativa. En definitiva, los principios constitucionales se han visto alterados 

en un doble sentido, primero porque se ha menoscabado el principio de la soberanía 

popular, en tanto que se reconoce que los poderes de la Generalitat 

emanan del pueblo catalán y, segundo, porque el fundamento de tales poderes 

son los derechos históricos de un pueblo, lo que lleva directamente a contradecirse 

con el principio que reconoce la preeminencia de los derechos y 

libertades individuales tal y como está reconocido en la Constitución de 1978, 

por lo que se altera el lugar preeminente que deberían tener estos derechos 

en relación con los colectivos. Ahora el orden queda invertido, lo que no dejará 

de tener consecuencias en el nivel de la legitimación 37 . 

¿Cuál es la razón de fondo que permite explicar este desaguisado? ¿Cuál 

es la razón de esta insensatez? 38 En mi opinión, sólo cabe encontrarla en 

una degeneración –quizá inevitable–, de la concepción mayoritaria de la 

democracia, aquello que Kelsen denominó el imperio de la mayoría. 

La filosofía política subyacente en la quiebra 

constitucional española. El imperio de la mayoría 


El nuevo Estatuto de Cataluña de 2006 ha suscitado dos problemas en relación 

con los fundamentos de legitimación de la práctica dadora de constitución; 

primero, porque no se han seguido los procedimientos establecidos, 

36 V. Pérez-Díaz habla de “una reforma constitucional subrepticia”, V. Pérez Díaz, “¿Reconstruimos 

España?, art. cit., El País, 18 de octubre de 2005. Vid., en un sentido muy similar, P. Cerezo 

Galán, “El despiece en carne viva (I y II)”, Granada Hoy, 10 y 11 de mayo de 2006. 

37 Sobre la posible resolución de ese conflicto a favor de los principios liberal-democráticos vid. 

José J. Jiménez Sánchez, “Nationalism and the Spanish Dilemma: The Basque Case”, Politics 

and Policy, vol. 34, nº 3, 2006, págs. 532-555. 

38 Deberíamos recordar la definición de Hobbes sobre el insensato: “[I]nsensatos son todos los 

que derriban algo que les hace bien antes de levantar en su lugar algo mejor”, Th. Hobbes, Behemoth, 

estudio preliminar, traducción y notas de M. Á. Revilla, Tecnos, Madrid, 1992 (1668), 

pág. 202. 



es decir, se ha sustituido, en términos de Ross, la autoridad constituyente –a 

la que Kelsen denominaría mayoría cualificada–, por la autoridad legislativa 

–la mayoría absoluta de Kelsen–, lo que supone que quiebra la racionalidad 

procedimental exigida por el principio democrático y, consecuentemente, la 

lesión de los derechos y libertades políticos, pues se ha excluido de la participación 

a una parte de quienes podrían haber participado, y segundo, porque 

los derechos colectivos ocuparían un lugar de preeminencia respecto de 

los derechos y libertades individuales, en la medida en que se comprenden 

los derechos históricos de un pueblo como el fundamento de esos derechos 

individuales, cuando habría que entender esa relación en orden inverso, pues 

además ese nuevo orden conllevaría que se pusiera en cuestión la igualdad 

de derechos entre los ciudadanos, esto es, las iguales libertades subjetivas de 

acción para todos. 

Dice Habermas que cuando el principio de discurso adopta la “forma 

jurídica se transforma en un ‘principio de democracia’” 39 . Esto quiere decir 

que la democracia exige la forma jurídica, al mismo tiempo que tal forma 

actúa como límite de la misma. Así pues, el código jurídico que es el que 

permite la democracia, pues sólo bajo él es posible la misma, ese código jurídico 

no está a disposición de ella. La forma jurídica constituye un límite 

intrínseco de la democracia, al mismo tiempo que la posibilita, por lo que 

podría definirse como un elemento constitutivo de la misma. De ahí que 

el límite no sea algo externo ni tampoco algo que dependa de la voluntad 

mayoritaria expresada democráticamente, sino que es constitutivo de esa 

voluntad, en la medida en que posibilita su realización legítima. 

En principio podríamos suponer que si la democracia puede definirse 

como el gobierno del pueblo y, en consecuencia, que éste tiene todo el poder 

para ordenar la vida tal y como desee, parece que sería impensable que se pusieran 

limitaciones a su soberanía 40 . Desde Hobbes es claro que el soberano 

no puede tener límites, sólo quien no posee límites es quien puede definirse 

39 J. Habermas, Facticidad y Validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos 

de teoría del discurso, trad. M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998 (1992 y 1994), pág. 653. 

40 Vid., sobre ello, José J. Jiménez Sánchez, “Sobre el poder soberano”, Anales de la Cátedra 

Francisco Suárez, nº 40, 2006, págs. 79-98. 



como tal. Quien imponga límites a un soberano es el auténtico soberano. Si 

alguien se define como tal y, sin embargo, otro tiene fuerza suficiente como 

para imponerle algún límite, entonces este último es el verdadero soberano 

y no el primero. Esta comprensión fáctica de la soberanía, que la entiende en 

términos de fuerza, de poder imponer la voluntad soberana, es lo que permitió 

a Hobbes oponerse a la democracia. Hobbes respondió a quienes criticaban 

el enorme poder del soberano absoluto que él había defendido en el 

Leviatán 41 , a la vez que sostenían la necesidad de someterlo al poder del pueblo, 

que erraban en sus apreciaciones, pues si la razón para someter el poder 

absoluto del soberano consistía en la absolutez del mismo, esto es, en un 

enorme poder irrestricto, decía Hobbes que sólo un poder más absoluto que 

el poder del soberano absoluto podría limitarlo, lo que traducido a términos 

de poder implicaría que el poder del soberano absoluto sólo podría limitarse 

por un poder aún más absoluto que el que él poseía, por lo que los intentos 

de limitación de su poder abocaban a una paradoja, el que quisiera limitar el 

poder del soberano, tendría que tener más poder que él, con lo que en vez 

de solucionar un problema, el poder absoluto del soberano, lo que haríamos 

sería empeorarlo, pues por limitarlo, habríamos constituido un poder aún 

más poderoso que aquel que queríamos limitar. Esto es lo que proporciona 

a Hobbes una razón suficiente para negar la democracia, para negar alguna 

ventaja al poder del pueblo sobre el del soberano absoluto. 

Hobbes afirma que “un rey cuyo poder está limitado, no es superior a la 

persona o personas que tuvieron el poder de limitarlo; y quien no es superior, 

tampoco es supremo, es decir, que no es soberano” 42 , por lo que un monarca 

limitado no es soberano, “sino ministro de aquellos que tienen el poder 

soberano” 43 . Así pues, un poder soberano es instituido por el convenio establecido 

por el pueblo, y se define como poder absoluto sin posibilidad de límites. 

No importa que el poder soberano sea el de una asamblea o el de un 

monarca, sino que constitutivamente el poder soberano sea un poder ilimitado. 

“Y aunque de un poder tan ilimitado puedan –añadirá Hobbes– los 

41 Th. Hobbes, Leviatán. La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil, trad., prólogo 

y notas de C. Mellizo, Alianza Editorial, Madrid, 1989 (1651). 

42 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 160. 




hombres imaginar que se derivan muchas consecuencias malas, las consecuencias 

que se derivan de la falta de él, que es la guerra perpetua de cada 

hombre contra su vecino, son mucho peores. La condición humana en esta 

vida nunca estará libre de inconvenientes, pero en ningún Estado hay inconveniencia 

más grande que la que procede de la desobediencia de los súbditos 

y del quebrantamiento de esos convenios en virtud de los cuales existe 

el Estado. Y quienquiera que, pensando que el poder soberano es demasiado 

grande, trate de reducirlo, tendrá en definitiva que someterse a otro poder 

que pueda limitar aquél, es decir, a un poder mayor” 44 . 

Para Hobbes, el poder soberano se constituye de manera ilimitada, en 

la medida en que renunciamos a nuestros derechos con la finalidad de 

que el poder que constituimos y al que hacemos esa entrega nos preserve 

en lo que más nos importa, la defensa de nuestra vida, pero incluso aunque 

vaya más allá, pues una vez que se ha constituido es un poder que escapa 

la posibilidad de su control, es un poder irrestricto. Con la finalidad 

de salir del estado de naturaleza constituimos un poder absoluto que todo 

lo puede sobre nosotros, en tanto que quedamos convertidos en sus súbditos. 

Una vez constituido nada cabe reclamar ni hacer a sus súbditos. 

Hemos creado un poder absoluto que por ser tal no cabe limitarlo sin que 

generemos un poder mayor que ese poder absoluto que tratamos de controlar. 

Se ha instituido un poder fáctico que sólo cabría limitar mediante 

un poder aún mayor, un poder que no puede ser ya el de un ser superior 

–veritas–, en tanto que no admite la separación entre la religión y la política 

al defender la unidad política original, por lo que sólo podría constituir 

su límite el poder que proviniera de la auctoritas, aunque tampoco 

sería posible puesto que ésta no podría contraponerse a la potestas, pues en 

Hobbes no es válida la distinción entre ambas, en tanto que la summa potestas 

ha sido transformada en summa auctoritas 45 . De ahí que ese poder 

capaz de limitar el poder soberano sólo puede comprenderse como el 

poder de una voluntad aún más poderosa que la voluntad del poder que 


45 C. Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes. Meaning and Failure of a Political 

Symbol, trad. G. Schwab y E. Hilfstein, Greenwood Press, London, 1996 (1938), págs. 44- 

45. 



queremos limitar. Esta es la paradoja en la que Hobbes encierra al pensamiento 

jurídico-político al tratar de sacarnos de la situación de guerra permanente 

en que los hombres se encontraban en el estado de naturaleza, 

para introducirnos en un estado de guerra perpetua, pues sólo mediante 

el uso de una fuerza mayor que la que posee el poder establecido es como 

podremos derribarlo. A partir de ese momento, el pensamiento jurídicopolítico 

tratará de hacer dos cosas, primero limitarlo, aunque no tendrá 

demasiado éxito, pues los mecanismos con los que se intenta restringirlo 

pertenecen al pasado en la medida en que de lo que se trata es de una recuperación 

desnuda de los argumentos iusnaturalistas y moralistas; después 

se intentará pensarlo de un modo distinto, normativamente y no 

fácticamente, con lo que se le podrá embridar sin caer ni en las insuficiencias 

de aquel iusnaturalismo ni en la paradoja hobbesiana, esto es, sin 

necesidad de generar un poder más absoluto que el propio poder absoluto 

que se trata de controlar. 

Esta concepción del poder puede ser la causa de que cuando nos encontramos 

con problemas graves que ponen en cuestión la misma soberanía, 

no sepamos abordarlos con una mínima dosis de razonabilidad. 

Cuando se plantea la quiebra de la soberanía porque alguien la desee del 

mismo modo que quien la posee, esta disputa puede terminar en enfrentamiento 

si entendemos la soberanía en términos de poder, de poder desnudo. 

Si queremos resolver este tipo de disputas en el terreno del ser, no 

nos quedará más remedio que asentir con Schmitt cuando afirmó que la 

“destrucción física de la vida humana no tiene justificación posible, a no ser 

que se produzca, en el estricto plano del ser, como afirmación de la propia 

forma de existencia contra una negación igualmente óntica de esa 

forma” 46 . En el fondo, el problema que tenemos que afrontar es el de la 

voluntad política, que podremos entender de manera desnuda, fácticamente, 

en el juego atroz entre amigo y enemigo, o bien comprenderla 

46 C. Schmitt, El concepto de lo político, trad. R. Agapito, Alianza Editorial, Madrid, 1987 (1932), 

pág. 78. Con anterioridad, en la pág. 57, había dicho que un “conflicto extremo sólo puede ser 

resuelto por los propios implicados; en rigor sólo cada uno de ellos puede decidir por sí mismo 

si la alteridad del extraño representa en el conflicto concreto y actual la negación del propio 

modo de existencia, y en consecuencia si hay que rechazarlo o combatirlo para preservar la propia 

forma esencial de vida”. 



como voluntad política racional. Es evidente que ante nosotros no tenemos 

una única salida, pues podemos disponer de ambas, aunque necesariamente 

habremos de elegir. Dependerá de nosotros mismos que seamos capaces 

de escoger la interpretación adecuada. 

En el Behemoth Hobbes avanza en su argumentación y da dos pasos decisivos. 

Para ello aborda el fundamento del poder soberano no ya en términos 

del estado de naturaleza, tal y como hizo al principio en el Leviatán, 

sino del mismo modo en que con posterioridad habló del poder soberano, 

esto es, en términos fácticos. Es verdad que cuando asentó el poder soberano 

en consideraciones de tipo iusnaturalista, después dio un paso más, 

arrojó el lastre de tales consideraciones e independizó ese poder de su 

mismo fundamento, lo que le permitió dar un segundo paso y defender el 

poder instituido como un poder absoluto, radicado en el terreno de los hechos. 

Ahora reflexiona también sobre el poder soberano, aunque lo hace 

de manera muy diferente, pues no se trata ya de elevarse arrojando lastre, 

sino de anclar el poder constituido, el poder soberano, en el terreno que le 

es propio. Esto sólo podrá hacerlo si encuentra un fundamento de carácter 

realista de ese poder. Hobbes afirma que “el poder del poderoso no se 

funda sino en la opinión y la creencia del pueblo” 47 , pues el poder soberano 

no se asienta en su derecho, “aun otorgado por el expreso consentimiento 

de todos (... sino en) la obediencia del súbdito” 48 . El derecho del soberano 

es otorgado por la obediencia de todos, con lo que mantiene ese poder en 

47 Hobbes, Behemoth, estudio preliminar, trad. y notas M. A. Rodilla, Tecnos, Madrid, 1992 (1668), 

pág. 23. Algo similar se puede detectar en Francia en la que a lo largo del siglo XVII surge una 

nueva lógica del poder que ya “no tenía necesidad de ministros, ni de secretarios ni de riquezas 

[...pues estaba abandonada] al puro juego de las ideas”, B. Craveri, La cultura de la conversación, 

trad. C. Palma, Ediciones Siruela, Madrid, 2003 (2001), pág. 22; aunque la autora 

advierte en la misma página que esa nueva lógica “no había encontrado un nombre. Acabará 

llamándose opinión, [aunque sea] un siglo después cuando se [convierta] en una amenaza contra 

el orden establecido”. Es evidente que Hobbes supo ponerle, parece que antes que nadie, 

el nombre adecuado, lo que muestra que percibió el nuevo fenómeno de forma clarividente; aún 

más cuando no la confunde con una nueva lógica del poder, sino que la considera como el fundamento 

de todo poder. La razón de ello se encuentra en que Hobbes está explicando la Revolución 

inglesa, mientras que en Francia el problema no es aún la Revolución, sino la pérdida 

de prerrogativas por parte de la nobleza de espada, que hace que ésta cree “un espacio de libertad, 

autónomo de la vida de la corte” y trate de distinguirse por “la manera de vivir, de hablar, 

de ataviarse, de divertirse, de reunirse” y así obtener “la inquebranta. 

48 Hobbes, Behemoth, op. cit., págs. 187-188. 


su terreno, el normativo, al mismo tiempo que lo hace depender no de él 

mismo, sino de su real procedencia, esto es, de que sea obedecido. De esta 

manera se enfrenta con el verdadero problema, el de la opinión pública, el 

del pueblo, el del pueblo llano dirá Hobbes, que “nada sabe, por su propia 

meditación, de lo recto y lo indebido; (por lo que) hay, pues, que enseñarle 

los fundamentos de su deber, y las razones de por qué la desobediencia a 

sus legítimos soberanos siempre acarrea calamidades” 49 , aunque Hobbes 

llegará a más al afirmar que el pueblo llano es seducido antes que convencido 

con razones, pues “no entendía las razones de una parte y otra; y, en 

cuanto a los que por ambición estaban ya embarcados en la empresa de 

cambiar el gobierno, poco les importaba cuál era la razón y la justicia de 

esa causa, sino qué fuerza podían procurarse para seducir a la multitud” 50 . 

Hobbes reflexionará sobre la estupidez de la gente corriente, “que se deja 

engañar de forma tan grosera” 51 , aunque insistirá en que “no es la falta de 

inteligencia sino la falta de una ciencia de la justicia” 52 , pues si bien la gente 

es capaz de tener éxito en sus empresas privadas, son capaces de acumular 

fortunas o ejercer de manera brillante su profesión y sin embargo pueden 

ser engañados en los asuntos públicos 53 , por lo que habría que concluir 

que “no carecían de inteligencia, sino del conocimiento de las causas y razones 

por las que una persona tiene derecho a gobernar y el resto obligación 

de obedecer; razones éstas que es necesario que se enseñen al pueblo, 

que sin ellas no puede vivir por mucho tiempo en paz” 54 . Por eso ni defenderá 

que haya que seducir al pueblo ni tampoco que haya que dejarlo 

a su juicio, pues “puede que penséis que, para que uno conozca el deber que 

49 Hobbes, Behemoth,op. cit., pág. 188. 

50 Hobbes, Behemoth, op. cit., pág. 150. 



52 Hobbes, Behemoth, op. cit., pág. 207. Indudablemente, el núcleo central de esa ciencia de la 

justicia lo constituyen, para el pueblo, “la ley natural que nos obliga a todos a obedecer a 

aquél, quienquiera que fuere, a quien legítimamente y por nuestra propia seguridad hemos 

prometido obedecer”, y en relación con el rey, la “salus populi, la seguridad y bienestar de su 

pueblo”, Hobbes, Behemoth, op. cit., pág. 89. 

53 Hobbes establece una diferencia central entre los requisitos necesarios –“diligencia e ingenio 

natural”– para llevar a cabo una actividad privada y obtener éxito en la misma y los que exige 

el gobierno de una república, para el que “no bastan ni ingenio, ni prudencia, ni diligencia, si 

faltan reglas infalibles así como la verdadera ciencia de la equidad y la justicia”, Behemoth, op. 

cit., págs. 91-92. 




tiene para con su gobernante y sepa cuál es el derecho que éste tiene para 

ordenarle, no necesita sino un buen juicio natural; pero no es así: pues eso 

constituye una ciencia, y construida sobre principios claros y seguros, y 

que ha de ser aprendida mediante un estudio profundo y cuidadoso” 55 . Con 

esto ha dado un nuevo giro en su argumentación. Ahonda en su concepción 

del poder soberano al sostener la insuficiencia de su comprensión en 

términos fácticos; lo mantiene en el terreno que le es propio, el normativo; 

después profundiza en el fundamento real del que procede, la obediencia 

de los súbditos y, finalmente, da un nuevo paso al defender la necesidad de 

una ciencia de la justicia que establezca las razones en las que se apoya el 

derecho del gobernante, así como el deber de obediencia del súbdito, de 

modo que el poder lo empieza a entender como “derecho a gobernar” y no 

como “fuerza suprema” 56 . El poder soberano se funda en la opinión pública, 

pero no entendida como nuda fuerza, sino constituida sobre razones. 

Con esto Hobbes ha producido un cambio dentro de su propia obra. 

Hobbes consigue resolver la paradoja en la que su pensamiento había 

quedado encerrado en el Leviatán. Siempre reconoció la posibilidad de la 

democracia, pues por mera fuerza podía alcanzar el poder, aunque no fuese 

apropiado, pues hay razones que nos hablan de su inconveniencia. En el 

Leviatán, Hobbes había sostenido que sólo un poder más absoluto que el 

poder absoluto del soberano podría derribarlo, por lo que no encontraba 

razón en ello para defenderlo, pues si la razón para derribar el poder absoluto 

consistía en la absolutez de ese poder, no tenía sentido defender la 

instauración de un poder que necesariamente habría de ser más absoluto 

que el propio poder absoluto que se trataba de sustituir. Sin embargo, ahora 

no se limitará a hablar del poder en términos fácticos, sino que irá más allá 

al explicitar las razones en las que el poder ha de apoyarse para dejar de 

estar identificado con la fuerza y hacerlo con el derecho. Esto muestra que 

Hobbes es antidemócrata, pues tiene enormes recelos frente al poder del 

pueblo, especialmente por la falta de formación del pueblo llano, así como 


56 Hobbes, Behemoth, op. cit., pág. 236. Algo más adelante afirmará que “el deseo de la mayoría 

de los hombres es mandar; pero pocos de ellos saben qué más título tiene uno que otro 

para ello; fuera del derecho de la espada”, pág. 254. 



por la facilidad con la que se le puede manejar; aunque eso no sea lo importante. 

Lo decisivo es que ese rechazo a la democracia lo asienta en razones 

que, además, serán muy parecidas a las que otros autores utilizarán 

con posterioridad. El caso de J. S. Mill 57 es paradigmático. Lo mismo sucederá 

en el siglo XX con Kelsen y sus críticas del fascismo y comunismo 58 , 

y en cierta medida el debate se reproduce hoy día entre las posiciones más 

inclinadas a la democracia y aquellas más renuentes. 

Ahora bien, lo importante no es la aceptación o rechazo de la democracia, 

sino el hecho de reconocer el poder fundante de la opinión pública 

y la necesidad de no comprender la voluntad política en términos empíricos, 

al modo del primer Hobbes, sino racionales tal y como lo hace el segundo 

Hobbes. El reconocimiento de la opinión pública como el auténtico 

poder constituyente es coherente con la configuración moderna del espacio 

político, caracterizado por su “pluralismo”, “policentrismo”, “plurilingüismo”, 

por lo que “los conservadores pudieron acusar a la edad moderna 

de rebelión contra el círculo sagrado de los comunicadores del monopolio 

y como pérdida del centro” 59 . La conclusión de esta vía se encontraría 

en Habermas, cuya preocupación central gira en torno a la posibilidad de 

que se forme “de modo discursivo una voluntad política racional”, para lo 

que no basta “introducir un ‘principio de discurso’ a cuya luz los ciudadanos 

puedan juzgar si el derecho que establecen es legítimo”, sino que es necesario 

que antes se institucionalicen jurídicamente aquellas formas de 

comunicación en las que haya de poder formarse esa voluntad 60 . De ahí 

que el derecho no puede quedar a “disposición de la razón de Estado”, 

pues aquél sólo mantendrá “fuerza legitimante mientras pueda actuar como 

fuente de justicia” 61 , ni la razón de Estado puede disponer del mismo si es 

que reclama para sí constituirse como voluntad política racional. Esto nos 

lleva necesariamente a tratar de entender cuáles puedan ser las razones en 

57 J. S. Mill, Del Gobierno representativo, trad. M. C. C. de Iturbe, Tecnos, Madrid, 1985 (1861). 

58 Kelsen, De la esencia y..., op. cit., págs. 108 y ss. 

59 P. Sloterdijk, Esferas II. Globos. Macrosferología, trad. I. Reguera, Ediciones Siruela, Madrid, 

2004 (1999), pág. 679. 

60 Habermas, Facticidad y..., op. cit., pág. 653. 




las que se asienta una voluntad política y a dilucidar, a su vez, en ese terreno 

los desencuentros entre las diferentes voluntades políticas, pues parece 

claro que ninguna buena consecuencia se derivará de que aquéllas se construyan 

sólo y exclusivamente sobre la fuerza. 

Para Habermas, la práctica dadora de constitución, que es el momento 

culminante de cualquier voluntad política, ha de atenerse a una serie de 

parámetros que aseguren la racionalidad de tal práctica. Para hacerlo trata 

de huir de los problemas que ha suscitado el iusnaturalismo, fundamentalmente 

la supeditación del derecho positivo, esto es, del producto de la voluntad 

política, a la moral, al derecho natural, y para ello ha elaborado una 

construcción muy compleja en la que consigue diferenciar el principio democrático 

del moral, retrotrayendo ambos a un origen común, el principio 

de discurso 62 . De este modo evitaría la supeditación directa del derecho 

respecto de la moral, al mismo tiempo que introduciría una carga moral 

–los dispositivos comunicativos– en el principio democrático 63 . Con independencia 

de los problemas que conlleve esta construcción y que ahora 

hay que dejar de lado, creo que la importancia del sistema de Habermas radica 

fundamentalmente en la construcción de un filtro –“los procedimientos 

democráticos y los correspondientes dispositivos comunicativos 

funcionan como filtros que seleccionan los temas y contribuciones, las informaciones 

y razones, de suerte que sólo ‘cuenten’ las entradas relevantes 

y válidas” 64 – que se sitúa en un terreno intermedio entre la moral y el derecho, 

y en el que puede apreciarse la interdependencia entre ambos, la 

moral y el derecho, lo que supone una diferencia clara de las posiciones iusnaturalistas, 

que defendían la dependencia del primero respecto del segundo, 

así como de las positivistas, que sostienen la separación tajante entre 

ambas 65 . 

62 Habermas, Facticidad y..., op. cit., págs. 658-659. 

63 Habermas, Facticidad y..., op. cit., págs. 648 y ss. 


65 Hoy día parece que las posiciones se acercan, tanto por parte de lo que se ha denominado positivismo 

inclusivo, como de lo que por otro lado se etiqueta como iusnaturalismo inclusivo. 

Vid., al respecto, A. Ollero, “Derecho positivo y derecho natural, todavía...”, en J. A. Ramos 

Pascua y M. Á. Rodilla (eds.), El positivismo jurídico a examen. Estudios en homenaje a José Delgado 

Pinto, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, págs. 905-933. 



Ese terreno está constituido por las razones morales que podemos deducir 

de los contextos de acción comunicativa entre próximos y que nos 

muestran que tales relaciones deberían extenderse a las relaciones entre 

extraños. El problema es que tal traslación de la carga moral desde los contextos 

entre próximos a relaciones entre extraños sólo es posible hacerlo 

si somos capaces de observar los principios que han presidido las prácticas 

jurídico-políticas que se han desarrollado desde la modernidad hasta 

nuestros días. En este sentido hay que subrayar la aportación de dos tradiciones, 

la liberal y la democrática o republicana 66 . La primera se encuentra 

representada por autores como Locke y Constant. Para Locke, “el 

poder político es el derecho de dictar leyes bajo pena de muerte y, en consecuencia, 

de dictar también otras bajo penas menos graves, a fin de regular 

y preservar la propiedad” 67 , que hay que entender como la “vida, [la] 

libertad y [los] bienes” 68 de aquellos que “por su propio consentimiento se 

hacen a sí mismos miembros de alguna sociedad política” 69 . Ciertamente, 

este planteamiento no se aleja en exceso del contenido mínimo de derecho 

natural del que habló Hart, en cuya ausencia, “los hombres, tales como 

son, no tendrían razón alguna para obedecer voluntariamente ninguna 

regla” 70 , de manera que cualquier orden social que quisiera pervivir, requeriría 

de unos mínimos que no estaban a disposición de sus autores sino 

de la propia racionalidad de ese orden. Por su parte Constant hablará del 

“error de quienes, obrando de buena fe por amor a la libertad, dieron a la 

soberanía popular un poder sin límites, viene de cómo se formaron sus 

ideas sobre la política. Vieron que a lo largo de la historia un pequeño número 

de hombres, o incluso uno solo, había disfrutado de un poder inmenso, 

causante de muchos males, pero su cólera se dirigió contra los 

detentadores de ese poder y no contra el poder en sí mismo. En lugar de 

destruirle, sólo pensaron en desplazarle. Era un azote, y lo consideraron 


67 J. Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance 

y fin del Gobierno Civil, trad., prólogo y notas de C. Mellizo, Alianza Editorial, Madrid, 1990 

(1690), pág. 35. 

68 Locke, Segundo Tratado..., op. cit., pág. 102. 

69 Locke, Segundo Tratado..., op. cit., pág. 45. 

70 H. L. A. Hart, El concepto de derecho, trad. de G. R. Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1963 

(1961), pág. 239. 



como una conquista. Se lo entregaron a toda la sociedad; de la sociedad 

pasó forzosamente a la mayoría, de la mayoría a manos de unos cuantos 

y, con frecuencia, a las de uno solo. Ha hecho tanto daño como antes, y se 

han multiplicado los ejemplos, las objeciones, los argumentos y las acciones 

contra todas las instituciones políticas” 71 . 

La segunda tradición viene representada por Rousseau, cuyo objetivo fundamental 

consiste en “[e]ncontrar una forma de asociación que defienda y 

proteja de toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y 

por lo cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que 

a sí mismo y quede tan libre como antes” 72 . De esta manera se trata de poner 

el interés común por encima del interés privado de cada uno, puesto que “lo 

que generaliza la voluntad no es tanto el número de votos como el interés 

común que los une” 73 . Rousseau reconoce que mientras que la voluntad general 

mira “al interés común”, la voluntad de todos lo hace “al interés privado, 

y no es más que una suma de voluntades particulares: pero quitad de estas 

mismas voluntades los más y los menos que se destruyen entre sí, y queda por 

suma de las diferencias la voluntad general” 74 . Quizá donde se expresa con 

más claridad, sea cuando afirma que “[p]ara que una voluntad sea general no 

siempre es necesario que sea unánime, pero es necesario que todas las voces 

sean tenidas en cuenta; toda exclusión formal rompe la generalidad” 75 . 

Pues bien de esas tradiciones es posible obtener, tal y como hace Habermas, 

dos principios: la autonomía privada y la autonomía pública 76 ; el 

Estado de derecho y la soberanía popular; las libertades subjetivas de acción 

y los derechos y libertades políticos; en definitiva, la libertad negativa 

y la libertad positiva en palabras de Berlin 77 . En estos dos principios pode- 

71 B. Constant, Principios de política (1815), en íd., Escritos políticos, trad. y ed. de M. L. Sánchez 

Mejía, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, págs. 9 y 10. 

72 J. J. Rousseau, Del Contrato social. Discursos, edición y traducción de M. Armiño, Alianza Editorial, 

Madrid, 1986 (1762), pág. 22. 

73 Rousseau, Del Contrato..., op. cit., pág. 38. 

74 Rousseau, Del Contrato..., op. cit., pág. 35. 

75 Rousseau, Del Contrato..., op. cit., pág. 290, n. 5. 

76 Habermas, Facticidad y..., op. cit., págs. 648 y ss. 

77 I. Berlin, “Dos conceptos de libertad”, Sobre la libertad, op. cit., págs. 205-255. 



mos reconocer los dispositivos comunicativos de los contextos de acción 

comunicativa entre próximos, las razones morales que estaban allí depositadas, 

lo que viene exigido necesariamente cuando se ejercen las libertades 

políticas, pues mientras que las libertades subjetivas de acción nos permiten 

la práctica racional, egoísta, de la misma, así como desarrollar la forma 

de existencia que bajo el respeto a las leyes estimemos oportuna, el ejercicio 

de las libertades políticas conlleva una carga moral en la medida en 

que su ejercicio afecta a los otros de una manera directa, pues su vida dependerá 

en gran medida de las leyes que se aprueben en una determinada 

sociedad. 

Estos presupuestos son los que constituyen el cedazo que en la práctica 

dadora de constitución permitirá que pase sólo aquello que no es incompatible 

con los mismos. Un cedazo construido con los hilos deducidos de 

la práctica jurídico-política occidental que se articulan en torno a los principios 

de la soberanía popular y los derechos y libertades individuales; unos 

hilos que se entreveran de forma que constituyen una trama concreta que 

viene determinada por el contenido moral que se deduce de los dispositivos 

comunicativos propios de los contextos de acción comunicativa entre 

próximos. A partir de aquí la voluntad política puede adquirir visos de racionalidad 

e iniciar una práctica dadora de constitución que ha de recoger, 

como no podía ser de otra manera, la carga moral que tales principios aportan. 

Por eso, toda constitución que quiera reconocerse como legítima ha de 

articularse en torno a ambos presupuestos: la soberanía popular y el reconocimiento 

de los derechos y libertades individuales. 

A partir de aquí se inicia una nueva fase consistente en la articulación 

efectiva de la voluntad general que se ha visto plasmada a través de la construcción 

de una voluntad política racional, esto es, la voluntad general puede 

identificarse con esa voluntad política racional asentada sobre dos principios. 

Un tipo distinto de dificultades comienza ahora, pues tenemos que 

hacer efectiva la soberanía popular o soberanía nacional, tal y como viene recogida 

en las distintas constituciones. “Nosotros, el pueblo...” disponemos y 

la dificultad con la que nos encontramos consiste en saber cómo puede disponer 

una voluntad que es concebida como voluntad general. En tanto que 

tal no tenemos posibilidad de que pueda manifestarse, pues sólo hemos en- 



contrado un mecanismo, a través de la voluntad de todos, esto es, por medio 

de la voluntad de la mayoría. 

El principio de la mayoría se expresa a través de la voluntad política del 

legislador, que designa a su vez, en un régimen parlamentario, el poder ejecutivo. 

En nuestra Constitución se dice que las “Cortes Generales representan 

al pueblo español” (art. 66.1 C.E.), y no que sean el pueblo español, sino 

que en ellas, éste se encuentra representado. Esto es, las Cortes actúan en 

nombre del soberano, que es el pueblo, tal y como se afirma en el art. 1.2 

C.E.: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan 

los poderes del Estado”, y hay que entender que emanan todos los poderes 

del Estado: la función ejecutiva, la potestad legislativa y el poder judicial. 

La potestad legislativa (art. 66.2) es ejercida por las Cortes como poder 

emanado del pueblo español, que es donde reside la soberanía. El poder judicial, 

como la potestad de las Cortes, también emana del pueblo soberano. 

Así lo afirma el art. 117.1 C.E.: “La justicia emana del pueblo y se administra 

en nombre del Rey por Jueces y Magistrado integrantes del poder judicial”. 

En los regímenes parlamentarios se ha producido una deriva importante, en 

tanto que el poder legislativo ha dejado de controlar realmente el poder ejecutivo, 

aunque formalmente siga apareciendo que el último está subordinado 

al primero. Por el contrario, hoy cabe constatar el hecho de que el 

poder ejecutivo es el poder preeminente, “se ha convertido en el poder moderno 

clave” 78 . Éste es un hecho importante que nos sirve para incidir en la 

relevancia que en una situación tal puede adquirir el poder judicial a la hora 

de garantizar las virtudes que poseen los regímenes democráticos a través de 

la defensa de los derechos de los ciudadanos. 

Parece evidente que la democracia entendida como democracia electoral 

ha sufrido un proceso de erosión, que se ha tratado de corregir en dos direcciones. 

Primero se ha intentado reforzar su base procedimental por medio 

del incremento del número de elecciones, aumentando la dependencia de los 

representantes respecto de los ciudadanos y el desarrollo de mecanismos de 

78 P. Rosanvallon, Democracy. Past and Future, Columbia University Press, New York, 2006, pág. 

245. 


democracia directa. No obstante, esto ha sido insuficiente, por lo que “para 

compensar la erosión de la confianza se ha institucionalizado la desconfianza”, 

lo que ha llevado a diseñar una nueva forma de democracia, a la que 

cabe definir como “democracia indirecta” 79 . Ésta consiste en el desarrollo de 

mecanismos se sobrevigilancia, la creación de instituciones independientes, 

así como de poderes de rechazo. 

Esa democracia indirecta se distingue, fundamentalmente, “por su atracción 

hacia un modelo judicial de la política”, que supone “una judicialización 

‘funcional’ de la política gracias al impulso de construir un Estado más 

imparcial”. Este cambio se articula técnicamente y se legitima socialmente alrededor 

de una “noción jurídica del juicio (imparcialidad) antes que una noción 

de voluntad (la mayoría resultante del sufragio universal)”, lo que ha 

llevado a sostener “que la figura del ciudadano como votante se encuentra hoy 

día cada vez más sobrepasada por la imagen del ciudadano como jurado” 80 . 

Indudablemente todo esto tiene sentido cuando la constitución de la premisa 

mayoritaria se hace en condiciones normales, respetando bien los procedimientos 

exigidos por la mayoría absoluta, que son los propios de la 

autoridad legislativa, bien los procedimientos exigidos por la mayoría cualificada, 

que es la exigida cuando lo que se ejerce es la autoridad constituyente. 

El problema se agrava cuando ni siquiera esa premisa mayoritaria se ha constituido 

de acuerdo a las exigencias formales que los temas abordados requerirían. 

Pues si bien se admite que la influencia es mínima, mucha menor 

influencia se tiene cuando ni siquiera se puede participar. Esto es, la premisa 

mayoritaria se justifica en la medida en que no constituye sino un medio 

para la preservación y aseguramiento de nuestras libertades negativas, por lo 

que está justificada la restricción de la misma en la medida en que se atente 

contra esas libertades. Consecuentemente mayor justificación tendrá la crítica 

de las actuaciones con base en tal premisa cuando lo que se impide es 

el mismo ejercicio de la libertad positiva, pues ni siquiera permiten que se utilice 

tal libertad como medio. En resumen, en el caso planteado se produce 

79 Rosanvallon, Democracy..., op. cit., pág. 238. 

80 Rosanvallon, Democracy..., op. cit., pág. 244. 




una doble violación, primero, porque no se permite ejercer el derecho de 

participación, ni directa ni indirectamente, y segundo, porque no se puede 

asegurar al negarse su uso la igualdad de las libertades negativas entre todos 

los miembros de la sociedad. 

En relación con la concepción de la democracia mayoritaria hay que recordar 

que Kelsen la defendió pero bajo ciertas condiciones a fin de evitar 

que la misma degenerara y se deslizara hacia el “imperio de la mayoría” 81 . De 

manera diferente a Habermas, para quien el principio de la mayoría adquiere 

un papel secundario en su sistema, pues sólo entra en escena una vez que se 

ha desarrollado todo un entramado jurídico-moral de gran complejidad que 

permite construir un filtro que asegure la racionalidad de las decisiones adoptadas 

por la voluntad política mayoritaria. Así, la primera mediación que se 

realiza para transformar la libertad natural en libertad política se lleva a cabo 

en Habermas de forma que se embrida la voluntad política y si no se evita, 

al menos se proporcionan instrumentos suficientes como para asegurar que 

la crítica de las decisiones mayoritarias se desenvuelva por un terreno afirmado 

racionalmente. Por su parte, Kelsen sostiene también que el principio 

de mayoría es esencial en su construcción en la medida en que es el que permite 

transformar la libertad natural en autodeterminación política 82 , pero 

esto lo hace sin las garantías que ofrece el sistema de Habermas. La transformación 

que defiende acerca de la transformación de la libertad natural en 

libertad política por medio del principio de la mayoría, se sostiene sobre ese 

mismo principio sin acudir a nada más. Esto hace que esta mediación tenga 

una fundamentación excesivamente vaga que le llevará finalmente a no poder 

impedir que el principio de la mayoría, central en su argumentación, se deslice 

hacia el imperio de la mayoría, donde la racionalidad de la democracia 

liberal o constitucional queda completamente varada. 

Kelsen no llega a desarrollar una concepción de la democracia constitucional, 

sino que defiende una concepción de la democracia mayoritaria 

que podríamos considerar como razonable, aunque como veremos a con- 




tinuación, esa concepción no puede evitar que se deslice hacia su perversión 

en el imperio de la mayoría. Kelsen construye un silogismo, en el que 

la premisa mayor dice que el principio de la mayoría “presupone por definición, 

la existencia de una minoría” 83 , la premisa menor establece que 

“el derecho de la mayoría implica el derecho a la existencia de una minoría” 

84 y extrae la conclusión de que de ello “no resulta la necesidad, pero sí 

la posibilidad de la protección de la minoría frente a la mayoría [...lo que] 

constituye la función esencial de los llamados derechos y libertades fundamentales 

o derechos humanos y civiles” 85 . 

Si lo leemos al revés veremos que hay dos incongruencias. Primero, en 

la conclusión se diluye lo que ya se afirma en la segunda premisa, pues de 

ésta obtiene menos de lo que la misma implica, y segundo, la segunda premisa 

supone un salto de terreno, pues se abandona el terreno en el que 

está formulada la primera, el terreno de la pura lógica, para pasar al terreno 

del derecho. Esta segunda incongruencia tiene menor relevancia en 

relación con lo que aquí tratamos de demostrar, que su concepción de la 

democracia mayoritaria no puede evitar su deslizamiento hacia el imperio 

de la mayoría. Mayor enjundia tiene la primera incongruencia, pues si en 

la segunda premisa sitúa la reflexión en el terreno del derecho y admito que 

el derecho de uno, la mayoría, implica el derecho de otro, la minoría, no 

puedo obtener menos en la conclusión que aquello que estaba ya en la premisa, 

y esto es lo que hace Kelsen al hablar de posibilidad y no de necesidad. 

Si el derecho de uno implica el de otro, entonces no es una cuestión de posibilidad, 

sino de necesidad. Admitir esto le habría llevado a Kelsen a tener 

que desprenderse de su relativismo axiológico y coherentemente con ello, 

su concepción de la transacción y el compromiso entre diferentes posiciones 

que defienden valores e intereses contrapuestos, sin que ninguno 

de ellos pueda considerarse mejor que los otros, pues todos ellos son relativos, 

lo que evidentemente no puede hacer. No obstante, no es este el camino 

que quiero seguir, sino el que recorre el propio Kelsen. El problema 







está mal planteado desde el principio y por eso, su construcción muestra 

enormes debilidades. Veámoslas. 

La primera de ellas es su concepción del límite como autolimitación, es 

decir, Kelsen diseña el límite como “principio de legalidad” 86 . A partir de 

aquí establece una serie de medidas de carácter constitucional que sirven 

para asegurar una democracia controlada, limitada. A fin de evitar que la 

mayoría se deslice hacia su imperio y dado que no tenemos ningún mecanismo 

que someta necesariamente a la mayoría, sólo es posible entender 

la renuncia de la mayoría “a la imposición su voluntad frente a una minoría 

cualificada” como una “autolimitación” 87 , lo que ha de plasmarse constitucionalmente 

en el reconocimiento no sólo de la mayoría absoluta –la 

autoridad legislativa–, sino también del “principio de la mayoría cualificada” 

–la autoridad constituyente–, que ha de funcionar en relación con 

“las medidas que afectan a una determinada esfera de intereses nacionales, 

religiosos, económicos o, en general, inmateriales [que] sólo son posibles 

con el acuerdo de una minoría –cualificada–, no contra su voluntad, es 

decir, sólo en virtud de un acuerdo entre mayoría y minoría” 88 , que asegure 

un nivel de protección mayor que la mera legalidad, al tratar de que haya 

cuestiones que exigen mayores grados de consenso, que es similar a las 

mayorías exigidas para reformar las normas básicas de un sistema, esto es, 

las normas de reforma constitucional. En segundo lugar, introduce la jurisdicción 

constitucional, que es la que ha de asegurar que la mayoría no 

se deslice hacia su imperio, al proteger esos procedimientos legislativos 

que exigen mayorías cualificadas, ya que “la garantía de la Constitución en 

el procedimiento legislativo representa un interés trascendental de la minoría” 

89 , esto es, la protección de sus derechos. 

Sin embargo, esto no evitaría, como el propio Kelsen reconoce, “una 

expansión ilimitada del Estado sobre el individuo [...] siempre que aquel 






poder fuera obra únicamente de los que le están sometidos” 90 , lo que podríamos 

traducir en el juego entre mayoría y minoría diciendo que cabría 

someter a la minoría, siempre que fuera con su consentimiento, lo que parece 

estar alejado de toda razonabilidad, pues los límites de la voluntad política 

tienen que estar construidos de manera que no puedan ensancharse 

o constreñirse en función de esa misma voluntad. En mi opinión, creo que 

ésta es la razón por la que Kelsen termina reconociendo la existencia de 

“ciertos límites naturales” a “la aplicación del principio de mayoría” 91 , refiriéndose 

con ello a la necesidad de una cierta homogeneidad cultural y lingüística, 

pues “[s]i la nación es ante todo una comunidad de cultura y de 

lengua, el principio de mayoría sólo tiene pleno sentido en el interior de un 

cuerpo nacional uniforme” 92 . 

En nuestro caso ha funcionado un concepto de democracia mayoritaria 

asentado sólo y exclusivamente en el imperio de la mayoría absoluta –la 

autoridad legislativa de Ross–, que no ha respetado los procedimientos 

plasmados constitucionalmente que establecían una mayoría cualificada 

–la autoridad constituyente en términos de Ross–. Desde este punto de 

vista hemos conseguido empeorar la concepción kelseniana en tanto que 

hemos saltado por encima del límite que como autolimitación, es decir, la 

mayoría cualificada, trató de establecer Kelsen. Así se ha utilizado una vía, 

la de la mayoría absoluta, adecuada para reformar un Estatuto, pero no la 

Constitución, para cuya modificación se debería haber utilizado la de la 

mayoría cualificada. En relación con la segunda limitación que introduce 

Kelsen, el control de constitucionalidad por medio de la jurisdicción constitucional, 

hay que recordar que se asienta sobre presupuestos distintos a 

los de la primera limitación, pues mientras que ésta responde a los mismos 

principios que los de la democracia mayoritaria cuyos excesos trata de corregir, 

los presupuestos sobre los que se asienta esta jurisdicción constitucional 

son distintos, pues no responden a la democracia mayoritaria, sino 

que se encuentran en sintonía con una concepción de la democracia dife- 







rente, la democracia constitucional o asociativa, en la que las limitaciones 

no dependen de ninguna voluntad mayoritaria absoluta o cualificada, sino 

que tales limitaciones se piensan como inherentes o constitutivas de la propia 

democracia. No obstante, habría que decir que el clima que se ha generado 

en nuestro país no es el más adecuado para que el Tribunal 

Constitucional desarrolle su labor, aunque no parece que esto haya sido 

distinto en otras ocasiones, en las que las tensiones entre diferentes intereses 

y distintos poderes fueron enormes, como sucedió durante los años 

treinta en los Estados Unidos en relación con el New Deal 93 . No obstante 

habrá que esperar a la decisión y, sobre todo, a la argumentación en la que 

se apoye. 

En definitiva, la única explicación de tal proceder sólo puede venir de 

la degeneración de una concreta concepción de la democracia, la democracia 

mayoritaria. Este modelo de democracia se asienta sobre el principio 

de la mayoría, tal y como hemos visto con anterioridad, aunque los 

límites a los que ha de someterse –especialmente el reconocimiento de los 

derechos y libertades fundamentales, negativas y positivas, que exige el respeto 

de los procedimientos establecidos–, no pueden evitar su deslizamiento 

hacia el imperio de la mayoría. Cuando esto sucede la política se 

sitúa por encima del derecho, transformándose en táctica maniobrera cuyo 

fin único consiste en alcanzar y mantener el poder por encima de cualquier 

otra cosa y, en consecuencia, sin ningún tipo de vinculación con el 

plano normativo, que es desde el que cabría o no legitimar tales prácticas. 

Esta concepción de la política, anclada en el terreno de los hechos y separada 

de toda vinculación de carácter normativo, es schmittiana. En 

Schmitt no hay otra realidad política que vaya más allá de esto, ni siquiera 

el derecho, pues aunque “la soberanía del derecho” como “la soberanía de 

los hombres que imponen las normas jurídicas y se sirven de ellas” 94 , han 

sido consideradas con la pretensión de que por medio de ellas se alcanzara 

la legitimidad, sin embargo no son para Schmitt sino meras “ilusiones (...) 

93 Vid., al respecto, F. H. A. Hayek, Los fundamentos de la libertad, trad. J. V. Torrente, Unión Editorial, 

Madrid, 1991 (1959), págs. 237 y ss. 

94 Schmitt, El concepto..., op. cit., pág. 95. 



con las que en tiempos de seguridad no estorbada gustan los hombres de 

engañarse a sí mismos acerca de las realidades políticas” 95 . De este modo 

se niega la posibilidad de mediación jurídica, así como que puedan establecerse 

ciertas dosis de racionalidad mediante el derecho y aún más, pues 

afirma que en el terreno espiritual “dominio y poder se convierten en propaganda 

y manipulación de masas” 96 . ¿Acaso hemos vuelto donde solíamos? 

95 Schmitt, El concepto..., op. cit., pág. 82. 

96 Schmitt, El concepto..., op. cit., pág. 100. Vid., asimismo, José J. Jiménez Sánchez, “La opinión 

pública”, Anuario de Filosofía del Derecho, vol. XXII, 2005, págs. 181-201 y “The Ruins of the 

Enlightened Public Sphere”, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, vol. 92, Heft 4, 2006, 

págs. 568-581. 


JOSÉ MARÍA LASSALLE 

HAMLET EN OXFORD: 

LAS ENCRUCIJADAS LIBERALES DE 

ISAIAH BERLIN 

1. EN VÍSPERAS DE UN ANIVERSARIO 

Hace diez años fallecía Isaiah Berlin. Su muerte tuvo lugar un 5 de 

noviembre, en Oxford, la ciudad universitaria que abrazó y estimuló 

su creación académica durante décadas. Desde entonces el mundo 

se ha hecho más complejo en contacto con los acontecimientos vividos 

desde 1997. Los riesgos y las incertidumbres que pesan sobre nuestro futuro 

se han agrandado y multiplicado; sobre todo desde que la sombra del 

11-S estremeció los cimientos de Occidente y desbarató la atmósfera de 

optimismo surgida de la derrota del totalitarismo soviético. 

Isaiah Berlin planteó una indagación liberal sobre la estructura moral de 

las sociedades abiertas. Lo hizo consciente de que los consensos generados 

en las democracias son el producto de diferenciales en tensión. De 

hecho, pensó una y otra vez sobre los riesgos y las ventajas del pluralismo, 

trazando un protocolo de mínimos acerca de los conflictos valorativos que 

genera su desarrollo. Lo sorprendente de este esfuerzo reside en que lo 

abordó a partir de una experiencia intensa y directa del siglo XX. Dan 

José María Lassalle es Profesor de Sistemas Políticos Comparados. Universidad San Pablo-CEU, 

Madrid. 


HAMLET EN OXFORD: LAS ENCRUCIJADAS LIBERALES DE ISAIAH BERLIN / JOSÉ MARÍA LASSALLE 

buena cuenta de ello su biografía y sus obras, así como las diversas trayectorias 

que marcan el curso de su vocación intelectual. 

Artífice de una escritura que posee la frescura y la espontaneidad de la 

gran literatura, su forma de reflexionar, sus inquietudes y la plasticidad de 

sus análisis descubren un pensador de estilo transparente, que propicia la 

sugerencia y que tiende puentes entre opuestos irreconciliables. En este 

sentido, supo frecuentar con habilidad lo fronterizo y extrajo del contacto 

con lo ajeno la sabiduría discreta de quien se percata de la validez relativa 

de sus convicciones. 

Berlin sostenía que su espíritu intelectual se parecía bastante al de Turgueniev, 

autor al que admiraba desde que leyó En vísperas y tuvo la sensación 

de que en sus obras se reconocía a sí mismo. En él encontró a la 

persona que tiene capacidad para entrar respetuosamente en las creencias, 

los sentimientos y las actitudes de los demás. Alguien que valoró lo ajeno, 

incluso en medio de la zozobra y agonía de lo propio, pero que supo que 

entender al otro no significa tener que aprobar su conducta ni sus ideas. 

Isaiah Berlin fue un liberal que amó la libertad con la modestia de quien 

se cuida de no incurrir en el exceso. Para él la libertad no era un concepto, 

un dogma de fe o una bandera. La libertad fue siempre una mirada interrogativa. 

Una mirada capaz de dilatar el angular de la inteligencia con el 

fin de desbaratar la ortodoxia de quienes dicen poseer conocimientos infalibles. 

Por eso defendía la diversidad y la superioridad moral del pluralismo. 

Porque asumió que la heterodoxia y la empatía constituyen un 

método idóneo para desentrañar las claves sobre las que descansa la verdad 

y los fundamentos de una convivencia pacífica y civilizada. 

Diez años después de su muerte se le echa de menos. Pocos como él 

fueron capaces de mostrar –en un siglo tan oscuro como fue el siglo XX– 

“cómo debe ser la vida del espíritu: escéptica, irónica, desapasionada y 

libre” 1 . 

1 M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida, Taurus, Madrid, 1999, p. 404. 


2. EL ANTÍPODA DEL HOMBRE SUPERFLUO 

El 12 de noviembre de 1970 Berlin pronunciaba una conferencia en The 

Sheldonian Theatre de Oxford. La sala estaba repleta y se palpaba en el ambiente 

la resaca de los conflictos estudiantiles vividos dos años antes. Berlin 

había elegido cuidadosamente el tema. En aquel mismo auditorio Ivan 

Turgueniev había sido investido en 1879 doctor honoris causa por Oxford. 

James Bryce dijo durante la laudatio que el novelista era un esclarecido paladín 

de la libertad: un intelectual comprometido con su tiempo que había 

influido en las reformas que Rusia experimentó con el zar Alejandro II. 

Casi un siglo después, Isaiah Berlin reflexionaba sobre las tensiones generacionales 

y políticas que padecía Occidente a finales de los 60 con una 

conferencia que tituló Padres e hijos. Turgueniev y la situación liberal. 

Eligió al escritor ruso para hablar indirectamente de sí mismo y de las 

ideas en las que creía, pues Turgueniev “encarnaba la aptitud negativa del 

liberal, su capacidad para actuar y comprometerse, no obstante la empatía 

que le permitía ver el otro lado de la moneda” 2 . Para Berlin, en la fisonomía 

moral de Turgueniev estaban los rasgos del Hamlet de Shakespeare. 

Al menos tal y como lo había estudiado el propio novelista ruso al contraponer 

su figura a la del Quijote. Lo había hecho en 1860, cuando retrató 

en Hamlet la indecisión de aquellos que no pueden actuar 

inmediatamente porque están expuestos a las contradicciones y tensiones 

que genera “el pluralismo de los valores y el relativismo de la verdad”. Hamlet 

representaba al intelectual que piensa y duda antes de la acción. El hombre 

trágico que sabe que pierde algo cuando actúa. Por eso, Turgueniev 

contrapuso frente a él la figura del Quijote, identificando en éste los rasgos 

del fanático que actúa sin dilación al impulsarle la “fe dogmática e irreflexiva” 

de la ortodoxia 3 . 

Precisamente esta distinción que había manejado Turgueniev en el siglo 

XIX era lo que explicaba el rechazo que mostraban los jóvenes de 1970 

2 Ibíd., p. 103. 


3 A. Walicki, “Berlin and the Russian Intelligentsia”, en G. Crowder y H. Hardy (eds.), The One 

and the Many. Reading Isaiah Berlin, Prometheus Books, N. York, 2007, p. 58. 



hacia el liberalismo. Lo demostraba la actitud del auditorio que Berlin tenía 

delante. Hamlet mostraba la disposición psicológica típica de los liberales. 

Seducidos por el apasionamiento irreflexivo del 68 parisino, los jóvenes ingleses 

que escuchaban a Berlin no querían dudas sino dogmas. Les pasaba 

lo que a los jóvenes rusos que habían rechazado las novelas de Turgueniev: 

que soñaban con ser quijotes y cambiar el mundo. 

La juventud no podía ser liberal y sintonizar con aquellos hombres superfluos 

que, como había visto Pushkin, pensaban demasiado y actuaban 

tan poco. Su Eugenio Oneguin fue el prototipo que luego el propio Turgueniev 

había elevado a canon literario cuando escribió su famoso Diario 

de un hombre superfluo. Sin embargo, Turgueniev –y con él los intelectuales 

liberales– no podían ser descritos de ese modo. En sus novelas no se rehuía 

la acción. Lo que hacían era desvelar la complejidad que alimenta el proceso 

de decidir. Turgueniev no era un hombre superfluo sino un liberal que 

“a diferencia de sus grandes contemporáneos Tolstoi y Dostoievski, no era 

un predicador ni deseaba lanzar truenos”. Como a todo liberal racionalista 

le “interesaba comprender, penetrar en otras opiniones, otros ideales, otros 

temperamentos, tanto los que le simpatizaban como los que le dejaban 

desconcertado o le repelían” 4 . Esto ralentizaba la decisión pero no la impedía. 

De hecho, la duda que produce comprender no engendra pasividad, 

sino la tensión de la que nacen finalmente las reformas que lleva a cabo el 

liberalismo. 

Berlin afirmaba que Turgueniev había comprendido a los jóvenes iconoclastas 

que, como el Bazarov de Padres e hijos, querían la aniquilación 

total de su mundo guiados por la certidumbre de que “de ella brotaría un 

mundo nuevo y más justo”. Al hacerlo, rechazó “sus métodos, consideró ingenuos 

y grotescos sus objetivos, mas no levantó su mano contra ellos, 

porque ello habría dado ayuda y aliento a los generales y a los burócratas. 

No ofreció ninguna salida clara: sólo gradualismo y educación, sólo la 

razón”. En realidad, con estas palabras Berlin estaba describiendo al intelectual 

liberal. A quienes como Turgueniev y tantos otros creyeron que la 

4 I. Berlin, Pensadores rusos, FCE, México D. F., 1992, p. 483. 


misión del pensador no es dar soluciones sino “tan sólo describir una situación 

tan verazmente” que finalmente el lector no pueda eludir el problema 

5 . Eso es lo que precisamente hizo Berlin a lo largo de su compleja 

vida: reflexionar sobre el conflicto de valores que se da inevitablemente 

dentro de una estructura de libertad. La conexión que veremos más adelante 

entre el pluralismo y el liberalismo nace de aquí. Al menos del liberalismo 

agónico que, según John Gray, identifica al pensamiento de Isaiah 

Berlin y que constituye el modelo operativo que vertebra su reflexión 

acerca de la libertad y sus instituciones 6 . Como señala el propio autor al 

concluir su reflexión sobre Padres e hijos: “Las dudas que Turgueniev planteó 

aún no se disipan” 7 . Siguen actuando como el substrato del inconveniente 

que acompaña al intelectual y al político que alimenta su acción con 

las ideas liberales: constatar que nunca podrá alcanzarse un consenso social 

estable sin que todos pierdan algo al materializarlo. 

3. BIOGRAFÍA DE UN PRIMER AMOR 

Hay en la biografía de Isaiah Berlin un encuentro decisivo que vivió durante 

la inmediata postguerra 8 . Gracias a él pudo experimentar el desgarro de 

una identidad puesta a prueba al confrontar inesperadamente su persona 

y sus vivencias con las de la poeta Ana Ajmátova, una de las voces prerrevolucionarias 

más importantes de Rusia y a la que conoció casualmente durante 

una breve estancia en Leningrado. 

Cuando Berlin llegó a la URSS en septiembre de 1945 era un profesor 

de 36 años con una sólida reputación académica. Durante la guerra había 

estado destinado en Washington. Allí había desempeñado labores de información 

en la embajada británica. Terminada la guerra fue enviado a 

Moscú con el fin de sondear el estado de la disidencia al estalinismo. Para 

5 Ibíd…, p. 552. 

6 J. Gray, Isaiah Berlin, Alfons el Magnànim-IVEI, Valencia, 1996, p. 74. 

7 I. Berlin, Pensadores rusos, cit., p. 552. 


8 G. Dalos, The Guest From the Future: Anna Akhmatova and Isaiah Berlin, Murray, London, 1998, 

pp. 25-27. 



Berlin este nuevo destino fue una vuelta a casa. Había nacido en Riga, el 6 

de junio de 1909. Al estallar la Primera Guerra Mundial su familia se trasladó 

a la antigua San Petersburgo. En esta ciudad vivió hasta que su padre 

logró en 1921 que la familia abandonara Rusia. Desde entonces no había 

vuelto a su país de nacimiento. Habían transcurrido veinticinco años y su 

mentalidad estaba marcada por la tradición hasidi de su familia, la influencia 

liberal y anglófila de su padre y, sobre todo, por los años de estudio 

y formación vividos en Inglaterra. 

Historiador de las Ideas en Oxford desde 1932, Berlin era el primer 

judío que había accedido a la condición de “fellow” en el elitista colegio de 

All Souls. Amigo de Maurice Bowra y de poetas como Stephen Spender y 

Wystan Auden, sus años de estudio habían hecho de él un intelectual heterodoxo 

y brillante que mostraba un interés desmedido por las opiniones 

que diferían de las suyas. De hecho formaba parte de un círculo de profesores 

oxonienses que agrupaba a “comunistas, homosexuales y anticonformistas 

que defendían el placer, la convicción y la sinceridad frente a los 

pesados y quisquillosos mandarines de los colegios de Oxford” 9 . Formado 

en Ciencias e Historia Moderna, su mentalidad académica se había articulado 

alrededor de una metodología empírica que recelaba abiertamente 

del positivismo y del determinismo. De hecho, Berlin no creía en los argumentos 

abstractos que estaban desprovistos de conexiones psicológicas 

o históricas, tal y como demostró con su trabajo sobre Marx y su pensamiento 

10 . 

Con tan singular bagaje a sus espaldas e imbuido por los anhelos y temores 

de un exiliado, Berlin volvió a Rusia en 1945, encontrándose un país 

que exhibía por todas partes las huellas del totalitarismo. Aquí, fue decisiva 

la relación que mantuvo con Ana Ajmátova, una de las opositoras más renombradas 

de la época. Enfrentada al comunismo desde hacía años, había 

sufrido la ejecución de su marido en 1921 y el confinamiento de su hijo en 

9 M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida, cit., p. 76. 

10 E. Bocardo, “Indeterminismo: La historia evitable en Sir Isaiah Berlin”, en P. Badillo y E. Bocardo 

(eds.), Isaiah Berlin. La mirada despierta de la historia, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 194- 

255. 


Siberia. Para Berlin esta relación fue “el acontecimiento más importante de 

su vida” porque a partir de él “concibió un odio hacia la tiranía soviética que 

iba a informar prácticamente todo lo que escribió en defensa del liberalismo 

occidental y las libertades políticas a partir de entonces” 11 . De hecho, 

esto fue lo más determinante de una relación que, por otra parte, Berlin 

vivió con un apasionamiento adolescente que recuerda la historia que Turgueniev 

relató en El primer amor. Pero más allá de la historia en sí, lo importante 

del encuentro con Ajmátova fue el memorando que escribió con 

el título A Note on Literatura and the Arts in the RSFSR in the Closing Months 

of 1945. Como señala Ignatieff: el texto era “una historia de la cultura rusa 

en la primera mitad del siglo XX, una crónica de la malhadada generación 

de Ajmátova… En cada una de sus páginas se advierte la huella de lo que 

Ajmátova –y también Chukovsky y Pasternak– le dijeron sobre sus experiencias 

en los años de persecución” 12 . 

Para Berlin, la URSS que había conocido durante aquellos meses era 

una tiranía que proscribía la creación y toda manifestación de libertad espiritual 

o personal. Ningún resquicio de crítica o disidencia era posible. La 

lógica totalitaria imponía una violencia homogeneizadora que estaba al 

servicio de una estructura social planificada donde los rasgos individuales 

no tenían cabida. Por su parte, el determinismo ideológico del marxismo 

había fijado una cosmovisión monista que unificaba la existencia del conjunto 

de la sociedad. Bajo ella operaba una visión antropológicamente materialista 

que despreciaba todo aquello que no estuviera al servicio de la 

revolución. En realidad, la URSS era un formidable Leviatán que edificaba 

su poder sobre la base del sufrimiento que infligía a un pueblo al que se unificaba 

a la fuerza, o si se prefiere, a golpes de violencia, mentira y manipulación 

utópica. 

Hasta aquí nada nuevo. Isaiah Berlin ya lo sabía después de haber estudiado 

durante seis años el pensamiento marxista 13 . Sin embargo, su es- 

11 M. Ignatieff, Isaiah Berlin. Su vida, cit., pág. 230. 

12 Ibíd.., p. 222. 


13 A. Ryan, “Introducción”, en I. Berlin, Karl Marx, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 16. 



tancia en Moscú y Leningrado, y particularmente su contacto con Ajmátova, 

le descubrieron plásticamente la indecencia totalitaria en la que incurría 

el comunismo cuando era llevado a la práctica. De hecho, Ajmátova 

le ofreció el testimonio de quienes padecían un régimen que no admitía discrepancias 

ni disidencias a la Verdad oficializada mediante el terror y la 

propaganda. Sin embargo, gracias a la experiencia personal de primera 

mano que vivió al otro lado del Telón de Acero, Isaiah Berlin extrajo una 

conclusión que al cabo de los años llegaría a demostrar toda su certeza 

con el derribo del Muro de Berlín: que la batalla que la sociedad rusa daba 

todos los días resistiendo al comunismo impedía que éste fuese inevitable. 

¿Acaso no había visto a mucha gente que seguía haciendo el esfuerzo de 

vivir de pie, manteniendo esa orgullosa verticalidad que, según su amigo el 

poeta Auden, identificaba la esencia de la dignidad humana? Quizá por 

eso, Ana Ajmátova escribió refiriéndose a su encuentro con Isaiah Berlin 

que: “No será un amante esposo para mí/ pero lo que nosotros, él y yo, logramos/ 

inquietará al Siglo Veinte” 14 . 

La tarde del 3 de enero de 1946 la pareja se vio por última vez. Él había 

llegado de Moscú camino de Helsinki. Su misión en Rusia había terminado 

tras la elaboración del memorando que había entregado a la embajada 

británica en Moscú. Volvía al mundo libre y dejaba atrás a la mujer que 

había sido su primer amor. Se volvieron a ver veinte años después, pero la 

relación que mantuvieron fue uno de esos sucesos inesperados que generan 

consecuencias que perduran toda la vida. En Ajmátova tuvo repercusiones 

poé-ticas; en Berlin intelectuales. A partir de ese momento la lucha 

contra el totalitarismo fue uno de los objetivos del pensamiento berliniano 

y, con ella, el estudio de los fundamentos y de la proyección de la libertad 

en la historia 15 . Sobre todo porque si algo había aprendido de aquella relación 

era “que la historia podía verse obligada a ceder ante el puro tesón 

de la conciencia humana” 16 . 


15 R. P. Hanley, “Berlin and History”, en G. Crowder y H. Hardy (eds), The one and the many. Reading 

Berlin, cit., pp. 159-180. 



4. PADRES E HIJOS DE LA ILUSTRACIÓN 

Traslademos ahora la imaginación a la Rusia de mediados del siglo XIX. Es 

una noche cualquiera de junio. La acción se desarrolla durante la cena, en 

la casa rural de una familia de la nobleza. Un joven universitario y un hombre 

de mediana edad discuten sobre los beneficios que reporta el mantenimiento 

de la civilización. El primero quiere destruirla para empezar de 

cero y edificar una sociedad perfecta, liberada de injusticias. El segundo se 

opone a ello. Teme a la revolución. Es un liberal que cree en el progreso y 

que espera que las reformas impulsadas por el gobierno hagan finalmente 

posible un cierto ideal de justicia. La conversación se encrespa por momentos. 

Los reproches y las impertinencias se suceden. Al final el joven expresa 

violentamente su desprecio más absoluto hacia todo, empezando 

por la civilización y terminando por quienes la defienden. La respuesta de 

su interlocutor no se deja esperar: “Antes los jóvenes se aplicaban al estudio, 

no querían sumirse en la ignorancia, por lo que, aunque contra su voluntad, 

trabajaban. Pero ahora no tienen más que decir: ‘¡Todo en el mundo 

es absurdo!’ y asunto concluido. Los jóvenes están en sus glorias. Y efectivamente, 

antes no pasaban de bobos; pero ahora de pronto se han vuelto 

nihilistas” 17 . 

En esta escena tomada de Padres e hijos de Turgueniev se explicita el 

choque de dos generaciones crecidas al abrigo intelectual de la modernidad 

ilustrada: un conflicto desgarrador que ha marcado la historia de Occidente 

durante los dos últimos siglos. ¿Por qué? Según Isaiah Berlin, 

porque la Ilustración se edificó sobre presupuestos tan apasionadamente 

monistas que concluyeron en una apoteosis de la que nacieron sus hijos 

díscolos: esas furias totalitarias que atormentaron el devenir del siglo XX. 

De hecho, sin la Ilustración no hubiera sido posible la figura intelectual de 

Marx, su hijo legítimo. Pero sin la Ilustración tampoco se hubiera podido 

engendrar ese reverso reactivo que fue el romanticismo y que condujo a los 

nacionalismos y al fascismo, por cierto, los hijos ilegítimos del pensamiento 

ilustrado. 

17 I. Turgueniev, Padres e hijos, Planeta, Barcelona, 1997, p. 57. 




El problema de los ilustrados fue que transformaron su vocación pedagógica 

en un discurso político. Que es lo que sucedió con Kant cuando 

propuso imperativamente su Sapere aude! Elevó a prescripción los Pensamientos 

para la educación de Locke y el Emilio de Rousseau. Precisamente 

esta pretensión pedagógica ilustrada propició el conflicto y la violencia generacional 

que sacudió la historia de la humanidad en los siglos XIX y XX. 

Por un lado llevó a los utópicos revolucionarios a considerar insuficiente el 

discurso político de la Ilustración y, por otro, arrojó a los románticos en los 

brazos de la negación radical de los valores ilustrados, buscando incluso en 

el irracionalismo un imaginario alternativo que justificaba el regreso a la Arcadia. 

Pero para analizar por qué la Ilustración se erigió en un paradigma 

pedagógico que liberó la violencia edípica que sus hijos proyectaron contra 

él, hay que desentrañar antes las claves de la crítica que Isaiah Berlin 

hace del monismo racionalista. Para Berlin el monismo es básicamente una 

falacia. Consiste en la creencia de que hay una sola respuesta para cada 

cuestión fáctica o axiológica. Serían falacias las teorías que, además de defender 

la existencia de valores objetivos, universales, verdaderos e inalterables, 

creen en la posibilidad de sistematizarlos en un todo ordenado y 

coherente que es capaz de gobernar la vida de los hombres individual o colectivamente 

18 . En la práctica más que una forma de pensamiento el monismo 

sería una disposición vital. La misma que está detrás de la figura del 

Quijote que describió Turgueniev y que Berlin reformularía a través de su 

conocida reflexión sobre el zorro y el erizo. De hecho, el prototipo existencial 

del monismo sería para Berlin la personalidad de Tolstoi, que a sus 

ojos sería el ideal de esos “erizos” que son víctimas de la pasión existencial 

de querer comprender todas las cosas bajo el prisma de un todo unitario 19 . 

Fue en La decadencia de las ideas utópicas en Occidente donde Berlin estudió 

los supuestos que sustentan al monismo 20 . El primero de ellos es la 

convicción de que para cada pregunta hay una sola respuesta correcta, de 

lo que se desprende la aspiración de alcanzar un saber completo. El se- 

18 E. García Guitián, El pensamiento político de Isaiah Berlin, CEPC, Madrid, 2001, pp. 27-30. 


20 I. Berlin, El fuste torcido de la humanidad. Capítulos de historia de las ideas, Península, Madrid, 

1992, pp. 42-43. 



gundo es la creencia de que se puede elaborar un método capaz de descubrir 

esas respuestas, admitiendo de antemano que la realidad es inteligible 

si se da con la fórmula pertinente para desvelar cuáles son sus claves. 

El tercer supuesto es sistémico. Afirma que todas las respuestas que se den 

sobre la realidad o sobre lo que los hombres deben hacer dentro de ella son 

compatibles entre sí ya que constituyen un todo coherente que destierra 

cualquier posibilidad de conflicto entre ellas. 

Para Berlin todos los monismos comparten estos supuestos. Los monistas 

creen que los conflictos engendrados en la historia nacen de la incapacidad 

humana para desarrollar un sistema racional acorde plenamente 

con el modelo antes descrito 21 . Fiel a esta propensión utópica, el monismo 

ha creído siempre posible la construcción de una sociedad perfecta. La 

causa hay que localizarla en el carácter prescriptivo que desde la filosofía 

griega ha inspirado la idea de conocimiento manejada por el pensamiento 

occidental. De hecho, todas las formulaciones monistas han subordinado 

el conocimiento al establecimiento de unos valores prescriptivos sobre 

cómo debe vivir la humanidad y por qué ha de hacerlo así y no de otro 

modo. De hecho, este patrón unificado se “sitúa en el corazón mismo del 

racionalismo tradicional, religioso y ateo, metafísico y científico, trascendental 

y naturalista. Ésta es la roca sobre la que han sido fundadas las vidas 

y las creencias occidentales” 22 . 

Pero fue durante la Ilustración cuando los supuestos que acabamos de 

ver se exacerbaron al convertirse en un auténtico programa político. La 

suposición racionalista de que existía una naturaleza humana de carácter 

invariable y universal fue la palanca que activó el proceso. Concretamente 

al elevar el cogito cartesiano a la condición de esencia humana. A partir de 

esta percepción, que pronto fue tenida como una verdad incontrovertible, 

los ilustrados interpretaron el mundo mediante leyes científicas que permitían 

no sólo dominar la realidad sino mejorarla y transformarla a su antojo. 

Gracias a este asidero la tradición monista intensificó su vigencia hasta 

21 J. Díaz-Urmeneta, Individuo y racionalidad moderna. Una lectura de Isaiah Berlin, Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Sevilla, 1994, pp. 138-140. 

22 I. Berlin, El fuste torcido de la humanidad, cit., p. 131. 



creer que era posible proyectar los métodos de las ciencias naturales a los 

asuntos humanos, incluyendo la organización de la sociedad y la política 23 . 

Es cierto que la mayoría de los ilustrados hicieron compatible ese escenario 

monista con la defensa de la libertad. Sin embargo, la propensión científica 

y geométrica que contenía el discurso de la Ilustración abonó el 

terreno para que el paradigma se transformara en una libido sciendi, tal y 

como Horkheimer y Adorno plantearon al estudiar la violencia dialéctica 

de la que era portador el pensamiento ilustrado. De hecho, fue esto básicamente 

lo que llevó, según Cassirer, a que la acción humana guiada por 

la pedagogía ilustrada dejara de ser vista como una posesión innata para adquirir 

el status de una conquista que “no puede comprenderse más que en 

su ejercicio y en su acción” 24 . Para el patrón ilustrado que encarnó el liberalismo 

la acción y la conquista eran individuales, tal y como Adam Smith 

y los fisiócratas se encargaron de demostrar a lo largo del siglo XVIII siguiendo 

la estela de Locke y su teoría de la propiedad. De hecho, para los 

liberales el progreso colectivo nacía de la acción individual y de los beneficios 

que se desprendían de la famosa “mano invisible”. Sin embargo, para 

los ilustrados que desde Helvétius hicieron de la razón un instrumento planificador 

de la convivencia, la conclusión era otra. La espontaneidad no 

existía. El azar no podía dar beneficios porque los hombres se gobernaban 

por la necesidad, surgiendo así un linaje que traicionó la libertad y comunicó 

a la Ilustración con el siglo XIX 25 , concretamente con Saint-Simon y 

Marx. 

Con el pensamiento marxista el monismo ilustrado se transmutó y exacerbó 

en sus planteamientos científicos ya que la racionalidad pasó a identificarse 

“con las leyes de la necesidad”. Para Marx, la “verdadera libertad 

sería inalcanzable mientras la sociedad no se tornase racional, esto es, mientras 

no superase las contradicciones que dan lugar a ilusiones que distorsionan 

la comprensión” del mundo y de su estructura, que a sus ojos estaba 

23 I. Berlin, The Age of the Enlightenment: The Eighteenth-Century Philosophers, Oxford University 

Press, 1979, p. 15. 

24 E. Cassirer, Filosofía de la Ilustración, FCE, México D. F., 1993, p. 28. 

25 I. Berlin, La traición de la libertad. Seis enemigos de la libertad humana, FCE, México D. F., 

2004, pp. 31-75 y 140-169. 


egida fundamentalmente por la necesidad económica 26 . Basado inconscientemente 

en esa estructura de necesidad, el mundo que había surgido 

de las conquistas políticas de la Ilustración estaba atrapado bajo la forma 

del capitalismo. Éste era “un vasto instrumento engendrado por exigencias 

materiales inteligibles, un progresivo mejoramiento y ensanchamiento 

de la vida” que generaba sus “propias creencias religiosas, morales, intelectuales, 

sus propios valores y formas de vida” 27 . Si se quería dar al traste 

con el insuficiente mejoramiento capitalista y materializar la sociedad perfecta 

que la Ilustración no había podido alcanzar, la vía más idónea que se 

abría era aprovechar las contradicciones y conflictos del capitalismo utilizando 

la revolución. La libertad, la igualdad y la fraternidad ilustradas no 

eran más que infantería, caballería y artillería burguesas. El empleo de la 

violencia contra ellas era legítimo ya que la revolución consistía en una 

forma superior de racionalidad. Gracias al monismo de Marx, los comunistas 

hallaron así una base metafísica que justificaba racionalmente el uso 

de la violencia contra el orden capitalista nacido de la Ilustración burguesa 

28 . 

Siguiendo el análisis de Berlin sobre Marx, a partir de éste el hijo no 

sólo pudo desafiar al padre sino también matarlo. No es de extrañar que 

Turgueniev retratase a los jóvenes revolucionarios como una generación nihilista 

dispuesta a destruir la civilización burguesa mediante el empleo de 

la fuerza. Había que edificar una sociedad perfecta y para conseguirlo había 

que derribar y desescombrar. ¿Qué hay víctimas, sufrimiento o dolor? No 

importa. Como dice el protagonista de Padres e hijos de Turgueniev: “con 

una estructura justa de la sociedad, será todo punto indiferente que el hombre 

sea estúpido o inteligente, bueno o malo” 29 . De este modo, la pedagogía 

monista de la Ilustración terminó siendo cuestionada de raíz por sus 

propios hijos y volviéndose contra sus progenitores y mentores. El fin justificaba 

los medios, pues, ¿acaso el materialismo histórico no había dado 

carta de naturaleza científica al parricidio? 

26 I. Berlin, Karl Marx., cit. p. 158. 

27 Ibíd.., p. 141. 

28 Ibíd., pág. 159. 

29 I. Turgueniev, Padres e hijos, cit., p. 88. 




5. LAS AGUAS PRIMAVERALES DEL ROMANTICISMO 

Tan rebelde y subversivo como el pensamiento marxista, el romanticismo 

dirigió también su lógica emancipadora contra la pedagogía de la Ilustración. 

Pero si Marx era un hijo legítimo de ella, el romanticismo no. Por lo 

pronto era un movimiento que se apartaba de la tradición monista, que 

combatía conscientemente las ideas de verdad y validez acuñadas por la 

Ilustración. El romanticismo, como se encargó de estudiar Berlin, era una 

criatura ilegítima, nacida de saber lo que no quería: la uniforme atmósfera 

de racionalidad que habían divinizado los ilustrados al elevar las ciencias 

empíricas a los altares del conocimiento. Precisamente esta insatisfacción 

fue el hilo conductor que movilizó a los románticos como un torrente contra 

el orden intelectual y moral de su tiempo. 

De forma semejante a aquellas Aguas primaverales que sirvieron de metáfora 

literaria a Turgueniev para hablar del amor prohibido que le unió a 

Paulina Viardot, el romanticismo entretejió un triángulo emocional que lo 

vinculó a la Ilustración, a escépticos de ella como Hume, Montesquieu o 

Rousseau y, sobre todo, a esa Contra-Ilustración que supo dónde estaban 

las fracturas del edificio ilustrado. En tan confuso maridaje se desenvolvió 

el movimiento romántico. Actuó sobre las debilidades estructurales de los 

ilustrados, debilidades que previamente habían identificado autores como 

Vico, Hamman o Herder. De ahí que pueda afirmarse que los románticos 

fueron los hijos ilegítimos de una Ilustración que propició su alumbramiento 

como una contraimagen destructiva de sí misma, iniciando así el 

asalto a la razón que Lukács estudió al conectar el irracionalismo de Schelling 

con Hitler, tesis que hizo suya Berlin cuando dijo que el “fascismo 

también fue heredero del romanticismo” 30 . 

En Las raíces del romanticismo Berlin nos ofrece una definición del mismo 

que no deja dudas al respecto. Dice que fue una rebelión contra los presu- 

30 I. Berlin, Las raíces de la Ilustración, Taurus, Madrid, 2000, p. 191. Sobre este asunto debe 

destacarse la pormenorizada reflexión que plantea D. López, “Isaiah Berlin: Ideas sobre el Romanticismo”, 

en J. Lassalle, Isaiah Berlin. Una reflexión liberal sobre el ‘otro’, FAES, Madrid, 

2002, pp. 133-162. 


puestos del monismo ilustrado y una reivindicación del pluralismo 31 . Sus 

grandes aportaciones fueron la creencia de que el hombre no podía descubrir 

ninguna estructura axiológica inalterable y la convicción de que los 

valores eran un producto de la conciencia del individuo, de manera que 

cada persona se gobernaba a sí misma según fines particulares. Las consecuencias 

de ello fueron inmediatas. Si cada hombre defendía internamente 

sus creencias por ser suyas, entonces desaparecía un patrón superior que 

determinase objetivamente si actuaba de manera correcta. Por tanto, para 

los románticos “las formas de vida de un soldado profesional o de un espía, 

de un monje budista, de un cortesano o de un jugador que vive de su ingenio, 

no son formas inferiores, ni superiores, del comportamiento humano 

que las del investigador científico, el profesor entregado o el cuidador de 

una leprosería. Contrariamente a lo que dice Aristóteles, no hay procedimiento 

racional que permita establecer una jerarquía” 32 . Para Berlin esta 

fuerza disolvente del romanticismo tuvo un efecto decisivo en la historia 

del pensamiento occidental. Puso freno a los excesos de la Ilustración, aunque 

al precio de abrir las exclusas de un voluntarismo y un subjetivismo 

irracionalistas que terminó conduciendo a los excesos del nacionalismo y, 

con el tiempo, a la demencia del fascismo. 

Desprovistos de controles racionales y de disposición para la empatía, 

los nacionalistas decimonónicos transformaron las ideas de Herder en un 

estado de inflamación permanente de la conciencia comunitaria. Exageraron 

tanto las propias virtudes y despreciaron las ajenas que terminaron 

desembocando en una patología que hizo de la comunidad un todo holístico 

y mesiánico que subsumió a las personas bajo el férreo manto de las 

emociones colectivas 33 . Con todo, la apoteosis de este proceso tuvo lugar 

más tarde, durante el periodo de entreguerras: cuando la colisión de las 

ideologías nacionalistas acaecida en la Primera Guerra Mundial hizo que 

algunas de ellas experimentasen una torsión psicológica debido al resentimiento 

generado por la derrota o por la frustración de las expectativas nacionales 

puestas en la guerra. Entonces, el nacionalismo se transformó en 

31 I. Berlin, Las raíces de la Ilustración, cit., pp. 19-41. 

32 J. Gray, Isaiah Berlin, cit., p. 73. 


33 I. Berlin, El fuste torcido de la humanidad. Capítulos de historia de las ideas, cit., pp. 223-242. 



demencia. Direccionó la estructura reaccionaria que De Maistre había introducido 

en la historia de las ideas después de la revolución francesa. Proclamó 

que los hombres tenían que someterse naturalmente a la voluntad 

superior de un caudillo-profeta que encarnaba al conjunto de la nación y 

materializaba su destino. Y lo que es peor: inyectó en el cuerpo herido de 

la sociedad un vitalismo irracionalista tan brutal que terminó arrastrando 

aquélla hacia una dinámica totalitaria que hizo que se desgarrase víctima 

de fuerzas demasiado violentas para ser controladas 34 . 

En cualquier caso, y más allá de estas consecuencias, lo cierto es que el 

romanticismo hizo posible que por primera vez en más de dos milenios 

surgiese en Occidente un pensamiento que había quebrado de raíz la legitimidad 

incontrovertible del monismo racionalista. Este es el dato más relevante 

que Berlin extrae de todo ello, sobre todo porque le permite trazar 

una conexión epistemológica entre el romanticismo y el liberalismo. No en 

balde lo que se desprende del conflicto al que aboca el pluralismo valorativo 

es la necesidad de establecer un marco de compromisos que eviten el 

caos y la violencia. Si la moral es moldeada por la voluntad humana y los 

fines no se descubren sino que se crean, entonces, el hombre vive instalado 

en el filo permanente de la tragedia ya que tiene que estar decidiendo dentro 

de dilemas irresolubles en los que cualquier elección implica una pérdida. 

De este modo, la lectura que Berlin hizo del romanticismo desbrozó 

el terreno a sus ideas liberales. Le mostró que la libertad, la tolerancia y el 

respeto hacia los otros son el único horizonte posible 35 . 

La tarea de elaborar una reflexión que plasmara la disposición intelectual 

del liberalismo fue abordada por Isaiah Berlin tras las experiencias de 

los años 30 y 40, y cuando su biografía le permitió comprender que, tras el 

fracaso de los padres e hijos de la Ilustración, tan sólo quedaba reivindicar 

el pluralismo como el único suelo virgen en el que, a pesar de todas sus 

enormes dificultades e imperfecciones, podía seguir fructificando la libertad 

de cada uno y la del conjunto de la sociedad. 

34 Ibíd., p. 166. 

35 E. García Guitián, “El pluralismo liberal de Isaiah Berlin”, en P. Badillo y E. Bocardo, Isaiah Berlin. 

La mirada despierta de la historia, cit., pp. 293-308. 



6. PLURALISMO Y CONFLICTO. EL SUELO VIRGEN DE LAS LIBERTADES 

Reproduzcamos ahora un fragmento de realidad. Estamos en diciembre 

de 1988, en Inglaterra. Ramin Jahanbegloo e Isaiah Berlin mantienen una 

serie de entrevistas acerca del pensamiento de este último. El diálogo discurre 

ágil y directo. Se nota que hay complicidad y empatía entre ambos. 

Hoy hablan de política. El entrevistador pregunta a Berlin sobre si sus ideas 

filosóficas ofrecen una guía política practicable. El profesor da un respingo, 

se incorpora y dice clavando la mirada en su interlocutor: 

— “Me es imposible concebir un mundo en donde puedan reconciliarse ciertos valores. 

Creo, en otras palabras, que algunos de los valores últimos según los cuales 

viven los hombres no pueden conciliarse ni combinarse, no ya por razones 

políticas, sino en principio, conceptualmente”. 

Entreviendo las dudas que sus palabras provocan, Berlin sigue hablando 

mientras se palpa su chaqueta y desvía un momento la atención, como si 

tratara de inspirarse mirando al otro lado de la ventana: 

— “Elegir puede ser muy doloroso. Si usted elige A, le desespera perder B. Entre 

los valores finales últimos, fines en sí mismos, no hay manera de evitar la elección. 

Por torturante que sean, las elecciones son inevitables en cualquier mundo 

que pueda concebirse. Los valores incompatibles lo seguirán siendo en todos los 

mundos. Lo único que podemos hacer es procurar que las elecciones no sean 

demasiado dolorosas; lo cual significa que necesitamos un sistema que permita 

perseguir diversos valores, de modo que, en lo posible, no surjan situaciones que 

obliguen a los hombres a hacer cosas contrarias a sus convicciones morales más 

hondas”. 

Afuera oscurece y empieza a llover. Berlin continúa hablando de corrido, 

sin hacer pausas. Quienes lo conocieron afirman que esto era frecuente 

ya que podía pronunciar “epistemológico” como si la palabra tuviese 

una sola sílaba. Ha intuido la pregunta sin que Jahanbegloo se la haya formulado. 

Sabe que éste le interrogará sobre si existe un sistema que permita 

perseguir a la vez varios valores en conflicto… Berlin se anticipa y responde 

sin dudarlo: 



— “En una sociedad liberal de tipo pluralista no se pueden eludir los compromisos; 

hay que lograrlos; negociando es posible evitar lo peor. Tanto de esto por 

tanto de aquello. ¿Cuánta igualdad por cuánta libertad? ¿Cuánta justicia por 

cuánta compasión? ¿Cuánta benevolencia por cuánta verdad…?” 36 . 

*** 

Como acabamos de ver, Berlin tenía muy claro que dentro de una sociedad 

pluralista el conflicto de valores era inevitable. Lejos de abrumarle 

este hecho, lo que hizo fue estimular su disposición liberal. Por lo pronto 

le permitió atribuir al hombre un papel decisivo en la formación del mundo 

histórico 37 , algo que había podido apreciar de primera mano a lo largo de 

su vida. La historia estaba abierta y los hombres eran libres para elegir sus 

propias metas. El pluralismo y el conflicto no obstaculizaban la convivencia 

pacífica. En realidad, la suma de ambos era el suelo más fértil a la hora 

de propiciar el desarrollo de las libertades. Desprovistas de la seguridad 

que ofrecían los modelos axiológicos del pasado, las sociedades abiertas 

tenían el reto de aprender a vivir pacíficamente dentro de un territorio movedizo 

y cambiante: “un territorio abierto en el que, aún confluyendo posturas 

enfrentadas, se busca alcanzar un marco idóneo para la acción plena, 

y lo más libre posible, de todos los individuos” 38 . 

Sin embargo, no todos los hombres se desenvuelven con la misma habilidad 

en una sociedad pluralista ya que el éxito transaccional que la hace 

viable requiere de gentes capaces de empatizar y tratar respetuosamente al 

adversario. De ahí que la figura hamletiana adquiera toda su virtualidad en 

este contexto. Hamlet representa para Berlin al hombre reflexivo que es 

capaz de moverse en el filo de un equilibrio que trata de impedir lo peor: 

que la civilización sucumba víctima de los conflictos a los que abocan esos 

Quijotes que no están dispuestos a renunciar a los dogmas que defienden. 

36 R. Jahanbegloo, Isaiah Berlin en diálogo con Ramin Jahanbegloo, Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 

1993, pp. 188-189. 

37 N. Bobbio, “Il liberalismo de I. Berlin”, en Revista Storica Italiana, 1980, vol. 92, pp. 612-620. 

38 P. Badillo, “Pluralismo, libertad, decencia. Consideraciones entorno a la filosofía política de 

Isaiah Berlin”, en P. Badillo y E. Bocardo (eds.), Isaiah Berlin: La mirada despierta de la historia, 

cit., pp. 192-193. 


En la novela Suelo virgen, Turgueniev asume esta visión. Resuelve el conflicto 

que generaba una situación en la que colisionaban varios personajes 

al hacer que el protagonista proyecte su mirada empática y decida anteponer 

su deber a la felicidad. Lo hace tras descubrir que sólo puede alcanzar 

la felicidad si dañaba abruptamente la de otros. De ahí que Berlin 

no dude en reivindicar el papel del “liberal bien intencionado, vacilante, 

meditabundo, testigo de la compleja verdad” y que el propio Turgueniev 

basó en sí miso. A través de él, identificó la imagen de esos hombres que 

“cuando la batalla alcanza todo su fragor, suelen taparse los oídos ante el 

terrible estruendo”, pero no para eludir el conflicto sino para asumir los 

retos que la inmensa mayoría es incapaz de afrontar: “promover armisticios” 

y “evitar el caos” 39 . 

Berlin llegó a estas reflexiones tras desarrollar una visión antropológica 

con la que trató de dar coherencia a su liberalismo. De acuerdo con ella, 

el hombre es un ser creativo que se gobierna a sí mismo mediante la elección 

de sus propios fines y valores. Éste, que es un rasgo que comparten 

todos los hombres, sin embargo, se desenvuelve a partir de un condicionante 

cultural que delimita la percepción que cada uno de ellos tiene de las 

cosas. Influido por Herder y Vico, Berlin creía que los hombres tenían la 

necesidad de pertenecer a una comunidad concreta ya que les proporcionaba 

una cultura dentro de la que desarrollaban sus particulares horizontes 

valorativos 40 . Para estos autores la cultura era un producto dinámico 

que creaba y seleccionaba sus metas. Con todo, este proceso selectivo no 

impedía que algunos de esos valores culturales se mantuvieran en el 

tiempo, pues, de lo contrario ¿cómo se podía explicar que los hombres del 

siglo XXI pudieran seguir entendiendo las metas que se relatan en la La 

Iliada o La Odisea? 

Precisamente esta nota de continuidad descubierta por Vico es lo que 

le permitió a Berlin afirmar que existe a lo largo de la historia un “sentido 

por el cual sé qué es ser pobre, luchar una causa, pertenecer a una nación, 



40 I. Berlin, Vico y Herder. Dos estudios en la historia de las ideas, Cátedra, Madrid, 2000, pp. 99- 

104. 



unirse a, o abandonar una iglesia o un partido, experimentar nostalgia, terror, 

la omnipresencia de un dios, comprender un gesto, una obra de arte, 

una broma, el carácter de un hombre, que uno se transforma o se miente 

a sí mismo. ¿Cómo conoce uno estas cosas? En primer lugar, sin duda, por 

experiencia personal; en segundo lugar porque la experiencia de otros es 

suficientemente tejida dentro de la propia como para ser sentida directa y 

constantemente como parte de una comunicación íntima; y en tercer lugar 

por el trabajo (algunas veces como esfuerzo constante) de la imaginación” 

41 . Gracias a este sentido perceptivo en el que confluía la experiencia 

y la imaginación personal, Berlin pudo enriquecer su antropología individualista 

con una dimensión cultural que lejos de dañar la libertad del hombre, 

en realidad lo que hacía era reforzarla en la práctica, pues, como 

apunta al estudiar el pensamiento de Alexander Herzen: una sociedad sólo 

puede sobrevivir si confiere a sus miembros un ámbito moral lo suficientemente 

amplio y abierto como para que puedan tener autonomía de pensamiento 

y acción 42 . 

Es dentro de esta autonomía individual que alimenta el pluralismo de 

Berlin donde encaja su idea de racionalidad 43 . De acuerdo con ella, ser racional 

consistiría en tener capacidad para adoptar decisiones conforme a 

una serie de principios que pueden argumentarse de manera lógica y coherente. 

Su idea de racionalidad tendría, por tanto, un carácter básicamente 

operativo: actuaría como el soporte de una congruencia expositiva que 

permitiría poner en común lo que somos y comprender lo que son los 

otros, descubriendo así metas y valores comunes que identificarían una 

cierta noción de humanidad 44 . Siguiendo una metodología que en ocasiones 

parece iusnaturalista –aunque carecería de divinidad motriz y ley natural–, 

Berlin indujo una serie de razonamientos morales a partir de algunas 

acciones humanas concretas. En La unidad europea y sus vicisitudes analizó 

41 I. Berlin, Contra la corriente. Ensayo sobre la historia de las ideas, FCE, México D. F., 1986, p. 

184. 

42 J. B. Díaz-Urbaneta, Individuo y racionalidad moderna. Una lectura de Isaiah Berlin, cit., p. 255. 

43 G. Crowder, “Value Pluralism and Liberalism”, en G. Crowder y H. Hardy, The One and the Many. 

Reading Berlin, cit., pp. 225-230. 

44 I. Berlin, El fuste torcido de la humanidad. Capítulos de historia de las ideas, cit., p. 55. 


la conmoción moral que sufrió Europa por culpa de los totalitarismos del 

siglo XX, deduciendo de ella la existencia de una escala axiológica cuya 

trasgresión sería inaceptable para cualquiera que se gobierne bajo las claves 

de racionalidad que antes se mencionaron 45 . Como señala en La persecución 

del ideal: “no debemos exagerar la incompatibilidad de valores. Hay 

un gran espacio de amplio acuerdo entre los miembros de sociedades distintas 

a lo largo de grandes periodos de tiempo acerca de lo cierto y lo 

falso, el bien y el mal. Hay, si no valores universales, sí al menos un mínimo 

sin el que las sociedades difícilmente podrían sobrevivir. Pocos hoy querrían 

defender la esclavitud o el asesinato ritual o las cámaras de gas nazis 

o la tortura de seres humanos por gusto o por provecho o incluso por el 

bien político; o que los hijos tengan la obligación de denunciar a sus padres, 

cosa que exigieron las revoluciones francesa o rusa” 46 . 

Leo Strauss creía que estábamos ante un universalismo de mínimos que 

trataba de conciliar un relativismo valorativo y un horizonte axiológico parecido 

al monismo ilustrado que el propio Berlin había refutado siguiendo 

las pautas del romanticismo 47 . Aquí, hay que recordar que Berlin reiteró 

que era “fundamentalmente un racionalista liberal” 48 : alguien que, como 

Turgueniev, trató de mantener el equilibrio vital que proporciona desempeñar 

la posición incierta y oscilante de los que huyen de las etiquetas que 

son tan del gusto de los dogmáticos para defender, eso sí, el universalismo 

de una racionalidad centrada que nunca ocultó “su horror a los reaccionarios” 

y “su miedo a los bárbaros radicales” 49 . Esta prevención cautelar 

frente a los excesos totalitarios –viniesen de donde viniesen– fue lo que 

hizo que el universalismo que defendía Berlin se tradujera en un conjunto 

de bienes morales identificados con los derechos humanos y que serían 

protegidos por una serie de instituciones decentes que, además de no humillar 

a las personas, estarían orientadas a garantizar la existencia de un es- 

45 Ibíd., p. 151. 

46 Ibíd, p. 36. 

47 L. Strauss, The Rebirth of Classical Political Rationalism, University of Chicago Press, 1989, p. 

17. 

48 R. Jahanbegloo, Isaiah Berlin en diálogo con Ramin Jahanbegloo, cit., p. 97. 





pacio público en el que pudieran coexistir pacíficamente valores dispares 50 . 

Y aunque esta fórmula institucional la dedujo de criterios empíricos e históricos, 

con todo, nunca fue inmutable. Se nota aquí –como en otras partes 

del análisis más relativista de Berlin– la influencia de Karl Popper y el 

recelo que mostró siempre hacia cualquier historicismo que diera por inevitable 

algunas conquistas del progreso. No en balde, como indica E. García 

Guitián, para Berlin nada bueno o malo “es estático ni absoluto, y no 

se descartan posibles evoluciones insospechadas de los humanos” 51 . 

La dinámica que el pluralismo impondría no admitiría dudas: fuerza 

constantemente a elegir entre fines que son cambiantes. En determinados 

momentos habría que elegir entre la igualdad y la libertad. Otras veces 

entre la justicia y la compasión. La historia humana carecería para Berlin 

de un guión y siempre estaría abierta, de manera que sus propios actores 

tendrían a menudo que improvisar la parte que les corresponde. Esto hace 

que Berlin se deslice por el filo de un agonismo que trataría de reconciliar, 

como en John Stuart Mill, “los legados del empirismo inglés y del utilitarismo 

clásico, por una parte, y las influencias del Romanticismo y, hasta 

cierto punto, del idealismo alemán, por otra” 52 . La importancia del pensamiento 

berliniano radicaría en haber alcanzado una síntesis entre el pluralismo 

y el liberalismo, pero una síntesis que no estaría desnuda de 

incertidumbres ya que se basaría en la necesidad epistemológica de explorar 

adecuadamente la complejidad de los valores en pugna si se quiere alcanzar 

la decisión que mejor contribuya a salvaguardar la autonomía moral 

de las personas. De este modo, la propensión al conflicto no podría entenderse 

como una disfunción ya que sería una característica intrínseca a 

la estructura de la propia sociedad. El desenlace, en cualquier caso, siempre 

sería el mismo para el liberalismo de Berlin: alcanzar acuerdos que eviten 

lo peor cuando se gestionan los conflictos valorativos que provoca 

cotidianamente el pluralismo, y hacerlo además sin que se dañe la estructura 

institucional que salvaguarda la decencia que posibilita la tolerancia y 

la paz cívica. En este sentido, no habría muchas diferencias con el diseño 

50 A. Margalit, The Decent Society, Harvard University Press, Cambridge, 1996, p. 1. 

51 E. García Guitián, El pensamiento político de Isaiah Berlin, cit., p. 25. 

52 J. Gray, Isaiah Berlin, cit., p. 200. 



del horizonte liberal de Rawls ya que en el fondo el impulso político de 

Berlin buscaría también una base sobre la que se pudieran discutir públicamente 

los problemas fundamentales y poder así adoptar decisiones razonables 

en torno a los aspectos que definirían la justicia básica. 

7. EN LA ESPERA HAMLETIANA DE UN JUICIO POLÍTICO 

Berlin creía que la tarea de adoptar las decisiones menos dolorosas que resolvieran 

los conflictos sociales no podía quedar en manos de Quijotes que 

emulasen la actitud del erizo berliniano. Para él, los escenarios de conflicto 

agudo requerían elecciones basadas en juicios políticos. Éstos debían manejar 

una base de análisis tan amplia que permitiesen comprender los argumentos 

del adversario. Sobre todo porque cualquier negociación en el seno de una 

sociedad plural exige altas dosis de empatía y respeto al otro, así como una 

percepción imaginativa que haga posible el desdoblamiento emotivo de los interlocutores 

53 . De ahí que este esfuerzo tuviera que residir en políticos que 

comprendiesen que la libertad nunca opera unidireccionalmente, sino que es 

poliédrica al proyectarse de acuerdo con una estructura binaria que Berlin no 

dudó en identificar como libertad positiva y libertad negativa. Convertidas en 

el soporte programático de las sociedades abiertas, la combinación de ambas 

trataría de desactivar las tensiones sociales y las fracturas que generan, por 

un lado, las exigencias igualitarias de participación democrática con la defensa, 

por otro, de un ámbito de no interferencia personal 54 . De este modo 

se podría localizar un emplazamiento moralmente centrado que permitiera 

el ejercicio de lo que Berlin define como esa capacidad de síntesis que ordena 

los datos de la realidad de acuerdo con un patrón único que hace posible entender 

una situación política particular. 

El juicio político sería, por tanto, una “capacidad para integrar una 

enorme amalgama de datos constantemente cambiantes, multicolores, evanescentes” 

que estarían “solapándose perpetuamente” al ser “demasiado 

53 I. Berlin, Contra la corriente. Ensayos sobre la historia de las ideas, cit., pp. 171-173. 

54 I. Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad, 1988, Madrid, Taurus, pp. 224-225. 



numerosos, demasiado fugaces, demasiado entremezclados como para ser 

aprehendidos, individualizados y etiquetados como tantas mariposas individuales”. 

El objetivo de este juicio no sería otro que integrar, esto es, ver 

los datos “como síntomas de posibilidades pasadas y futuras, verlos pragmáticamente”. 

Captar una situación así sería, lisa y llanamente: “ver, acceder 

a una especie de contacto directo, casi sensorial, con los datos 

relevantes” 55 . Como es lógico una capacidad de esta naturaleza no estaría 

en manos de cualquiera. Por lo pronto requiere una sensibilidad excepcional 

cuyo ejemplo político más admirable, a los ojos de Berlin, lo encarnaría 

la figura de Franklin Delano Roosevelt. 

De hecho su New Deal fue descrito por Berlin como una apuesta ambiciosa 

por la libertad en “una época de debilidad y creciente desesperación 

en el mundo democrático”. Lo hizo en unas circunstancias difíciles, cuando 

el conflicto de valores que experimenta la sociedad norteamericana se situaba 

en un punto crítico. Sobre todo después de que el “individualismo 

desenfrenado de los años veinte hubiese conducido al derrumbe económico 

y a la miseria”. En este sentido, el juicio político de Roosevelt fue capaz 

de trazar un programa que encontró un punto de equilibrio entre la acción 

positiva y negativa de la libertad. Lo afrontó, además, sin deslizarse por el 

abismo de la demagogia y los dogmatismos de su tiempo: ya fuera el socialismo 

o el fascismo. La sabiduría política del liberalismo de Roosevelt fue 

proporcionar una “gran válvula de escape para el rencor y la indignación” 

de una sociedad estructuralmente igualitaria que anhelaba de forma colectiva 

e individual la felicidad. Con su iniciativa orilló “la revolución y 

construyó un régimen que proporcionaba mayor igualdad económica y 

justicia social –ideales que eran la mejor parte de la tradición de la vida 

norteamericana– sin alterar la base de libertad y de la democracia de su 

país” 56 . De ahí que la grandeza política del New Deal recayese básicamente 

en haber desactivado el conflicto de valores por el que atravesaba una sociedad 

pluralista que estaba en medio de una crisis moral y económica, tan 

grave que ponía en cuestión sus propios fundamentos constitucionales. 

55 I. Berlin, El sentido de la realidad. Sobre las ideas y su historia, Taurus, Madrid, 1998, pp. 86- 

87. 

56 Ibíd., pp. 83-84. 


En su discurso presidencial, Roosevelt ya adelantó la esencia de su 

programa al desechar expresamente cualquier tentación determinista. Al 

recordar que sólo “había que tener miedo al miedo mismo” puso en marcha 

el motor de una esperanza individual que atribuía a cada hombre la 

necesidad de tener que elegir qué quería hacer en unas circunstancias tan 

difíciles. Alejado del político quijotesco que se gobierna por principios 

únicos y por una visión fanática que lo hace “preso de su propio sueño 

brillante y coherente”, Roosevelt ejercía como un político modesto y reflexivo: 

alguien que poseía una delicada capilaridad que le permitió analizar 

los distintos contornos y los cambiantes sucesos y sentimientos que 

alimentaban la compleja sociedad norteamericana. Fue un hombre que 

conservaba “los modales, el estilo de vida, la textura emocional y la gracia 

del antiguo orden de educación aristocrática” aunque con la libertad 

suficiente como para adoptar “las ideas y aspiraciones de la nueva clase, 

socialmente en rebeldía” y no “por conveniencia sino por genuina convicción 

moral” 57 . 

Para Berlin, en Roosevelt estaría plasmado el triunfo de la moderación 

hamletiana que había sido tan apetecido por Turgueniev y los liberales 

rusos. Los Estados Unidos fueron capaces de alcanzar bajo su presidencia 

el compromiso que superó el conflicto en el que fracasó la sociedad 

rusa. No son comparables las situaciones ni tampoco el grado de pluralismo 

que experimentaban ambos países. Sin embargo, la situación liberal 

y la disposición psicológica que identifica a nuestros protagonistas no difiere 

tanto, es prácticamente la misma. Ya vimos al comienzo del trabajo 

cómo Berlin utilizó la figura de Turgueniev para reflexionar en el Oxford 

de 1970 sobre las tensiones políticas que vivía Inglaterra en aquellos años. 

Desde entonces el mundo ha dado giros insospechados y no cabe duda 

de que la radiografía emocional que ofrecía Europa cuando Berlin dictó 

su conferencia no se parece mucho a la actual. Con todo, nadie discutirá 

tampoco que el cambio de milenio ha puesto sobre la mesa del debate 

político conflictos morales tan agudos y graves como los que se vivieron 

a finales de los años 60. 

57 Ibíd., pp. 87-90. 




Hay quienes piensan que la constatación de estos conflictos exige reinventar 

un esquema monista que se adapte a las exigencias heroicas del siglo 

XXI. Otros, por el contrario, defienden que hay que renunciar a toda consideración 

valorativa previa y asumir que un diálogo sin límites es el único 

medio para hallar valores morales susceptibles de ser compartidos sin coerción 

ni opresión. Al margen de unos y otros, la mirada del liberal berliniano 

tendría que ser capaz de ampliar el angular de la reflexión y de la 

empatía para ofrecer un compromiso viable que pudiera restaurar la confianza 

en el progreso que se perdió con el cambio de milenio, aunque, eso 

sí, sin olvidar como “demuestra abundantemente la historia” que “no podemos 

ni debemos tolerar lo inhumano” 58 . 

Llegados a este punto, ¿cuál sería por tanto la estrategia con la que 

afrontar estos desafíos? Lo primero sería adoptar la sabiduría escéptica y 

relativista que mostraba Berlin y admitir que una sociedad liberal justa 

podrá ofrecer más espacio para la convivencia de valores distintos que 

otras, pero nunca sin evitar conflictos ni pérdidas. Un segundo paso vendría 

después. Se trataría de desplegar esa empatía imaginativa que identifica 

al liberal berliniano para comprender los puntos de vista del adversario. 

No siendo éstos insalvables, la búsqueda de compromisos sería ineludible 

y supondría una negociación en la que la argumentación racional exigiría 

de las partes la responsabilidad recíproca de encontrar una salida que asumiera 

que los acuerdos más duraderos son aquéllos en los que la generosidad 

recíproca es mayor. Con todo, si la situación fuese finalmente 

irreconducible no habría más remedio que esperar y anteponer a cualquier 

otra consideración el valor de proteger y salvaguardar las instituciones que 

hacen decente nuestra convivencia. 

¿Momento para Quijotes o para Hamlets? Pregunta en apariencia irresoluble, 

como los conflictos frente a los que más tarde o más temprano 

habrá que movilizar los recursos que tienen a su disposición la inteligencia 

serena en el seno de las sociedades abiertas. A la espera del juicio político 

que pueda dar una respuesta como la que ofreció Roosevelt, la 

58 R. Jahanbegloo, Elogio de la diversidad, Arcadia, Barcelona, 2007, p. 55. 


situación que atraviesan los liberales en el siglo XXI reflejaría la encrucijada 

de aquellos a “quienes causa idéntica repulsión moral los duros rostros que 

ven a su derecha y la histeria y la insensata violencia y demagogia que tienen 

a su izquierda” 59 . De este modo, el “doloroso conflicto, que llegó a ser 

situación permanente de los liberales rusos durante medio siglo, hoy se ha 

vuelto universal”. Eso, al menos, es lo que decía Berlin ante el auditorio del 

Sheldonian Theatre de Oxford en 1970. Con estas palabras reavivaba las 

dudas que Turgueniev había planteado en sus novelas y recordaba que seguían 

sin disiparse, pues, el “dilema de los hombres sensibles, honrados e 

intelectualmente responsables en una época de aguda polarización de opiniones 

se ha vuelto, desde su tiempo, punzante”. Con todo, Berlin no renunciaba 

a la esperanza. Convertido en un trasunto del propio Hamlet, no 

dudó en concluir que la historia seguía abierta ya que de un modo u otro 

“el futuro deberá cuidarse de sí mismo” 60 . 


60 Ibíd., pp. 547 y 549. 



Más allá de la exposición de la evidente superioridad 

práctica de las sociedades abiertas, 

La libertad en la encrucijada aborda la 

necesidad de la justificación moral de la libertad 

para una eficaz y, sobre todo, verdadera 

defensa de la misma. De la mano de 

Tocqueville y de representantes de la denominada 

Nueva Escuela del Derecho Natural 

como John Finnis o Robert P. George, el autor 

clasifica la autonomía y el autodominio de los 

individuos dentro de lo que define como libertad 

integral del hombre, que a su vez formaría 

parte de una serie de bienes básicos 

irrenunciables. 

Samuel Gregg, miembro del Acton Institute, se 

propone en este breve ensayo superar las carencias 

del utilitarismo y del relativismo para 

hallar un presupuesto último que racionalice 

y legitime el sustento del orden político. Partiendo 

junto a Lord Acton desde la concepción 

de la libertad como el derecho de ser 

capaces de hacer lo que debemos, Gregg defiende 

lo que él denomina como libertad ordenada 

frente a diferentes concepciones 

liberales (utilitaristas, consecuencialistas, evolucionistas, 

etc.). 

Así, a lo largo del ensayo Gregg repasa la filosofía 

y el anclaje de la libertad en diferentes 

autores liberales –en muchos casos, sin dis- 


La libertad 

en la encrucijada 

SAMUEL GREGG 

Editorial Ciudadela 

215 páginas 

crepar de sus conclusiones– para, de manera 

constructiva, criticar sus fundamentos. Por 

ejemplo, se muestra contrario al principio del 

daño de John Stuart Mill por carecer de un argumento 

último que sustente su defensa de la 

dignidad del hombre que subyacería en su 

apelación a la protección. O a John Rawls, 

quien, según el autor, establece un juicio arbitrario 

al plantear el principio de diferencia. 

Naturalmente, Samuel Gregg aborda los dos 

conceptos de la libertad de Isaiah Berlin, sin 

ocultar su apuesta por la libertad positiva de 

la que Berlin recelaba por su tentación totalitaria. 

Frente al escepticismo y al relativismo, 

el autor concluye que sin afirmaciones verdaderas 

no hay nada a lo que podamos recurrir 

moralmente para defender la libertad. 

La libertad para Gregg depende de una serie 

de razones básicas entre las que la libertad 

como autogobierno, la libertad integral, une la 

dimensión subjetiva de la existencia humana, 

manifiesta en la realidad del libre albedrío, con 

la dimensión objetiva que refleja la capacidad 

única del hombre de saber que hay bienes básicos 

cuyas verdades superan el tiempo, los 

sentimientos y la preferencia. A la hora de 

abordar el papel de la ley en nuestras sociedades, 

Samuel Gregg le otorga una función 

más allá de la de coordinador o conjunto de 

reglas bajo las que la gente decide, defen- 

OCTUBRE / DICIEMBRE 2007 259 

RESEÑAS

RESEÑAS 


diendo su ‘papel’ en la ecología moral de la 

sociedad: como mínimo no debería promover 

directamente actividades que perjudiquen esta 

ecología moral. Ahora bien, ¿qué considera el 

autor como actividades que promueven directamente 

el daño de la ecología moral? ¿Qué 

nivel de daño indirecto a la ecología está dispuesto 

a tolerar? No queda claro. 

Pese a que destaca que cualquier acción que 

dañe el entorno de la ecología moral debería 

ser materia de Derecho, su afirmación de que 

varios vicios privados pueden tener un impacto 

negativo sobre la justicia en la medida 

en que desmerecen el derecho de cada persona 

a vivir en un entorno que ayude (sin intentar 

garantizar) a todos a alcanzar la 

realización integral no se concreta. Con todo, 

Gregg no cuestiona la necesidad de la protección 

legal de la autonomía (imprescindible 

para la virtud, esto es, requisito necesario 

para la libertad integral), pero sí que otorga a 

la propia ley un papel educador. 

Al hilo de su crítica de la tradición del pensamiento 

liberal por no proporcionar explicaciones 

coherentes sobre las razones por las que la 

ley debe proteger la autonomía humana, Gregg 

expone la amenaza del arbitrio de las mayorías 

en democracia, capaces de ‘crear’ derechos basados 

en preferencias e implantar un despotismo 

blando (o duro). Para el autor, la fuente 

de los derechos, que no cuestionable, no es 

otra que el respeto hacia lo que el hombre es: 

una criatura dotada de razón y voluntad libre, 

capaz de elegir libremente de modo que alcance 

la libertad integral. Por tanto, se concluye 

que los derechos ‘protegen a’ (también frente al 

Estado) y ‘provienen de’ unos bienes comunes 

innatos a los hombres. 

260 RESEÑAS 

Samuel Gregg, que se autodefine como whig 

católico, se mantiene coherente con su teoría 

más que políticamente incorrecta sobre los 

derechos, y, en consecuencia, niega la posibilidad 

de acciones como el derecho a equivocarse. 

Tal y como ya se ha reseñado, Gregg 

considera que los derechos ‘protegen a’ y ‘provienen 

de’ los bienes básicos, por lo que no se 

podría tener derecho de atentar contra estos 

mismos. Ahora bien, considera que ciertos 

ataques contra los bienes básicos no deberían 

ser legislados. Sin embargo, en su propuesta 

algo que sea irracional o que conlleve 

la desintegración interior no equivale a que 

deba ser prohibido. ¿Y cuándo considera que 

debe actuar la coerción? El autor responde: 

un buen modo de saber si el Estado debería 

prohibir a las personas actuar sobre ciertas 

elecciones es calcular su significado para el 

bien común. ¿Gregg utilitarista? 

Se trata de un enfoque que denomina un 

principio de daño modificado, y establece 

que quienes actúen contra el bien común o 

los bienes básicos deberían demostrar por 

qué deberían permitirles actuar de esta forma 

más allá del deseo de escoger. Eso sí, un pequeño 

detalle, no explica cómo debería aplicarse... 

En definitiva, se trata de un estimulante ensayo 

que, por su brevedad y falta de desarrollo, 

deja muchas incógnitas, aunque resulta 

loable la coherencia general de su discurso y 

la manifestación de la necesidad de fundamentos 

firmes frente a los peligros del despotismo 

blando implícito en el juego de las 

mayorías propio de la democracia. 

MIGUEL GIL

Con la presentación de la tesis inédita de Melquíades 

Álvarez (1864-1936) se pretende reivindicar 

la figura de un excelente jurista y 

notable político cuyo único interés fue ayudar 

a construir una España mejor, que mirase al 

futuro con optimismo, pero sin olvidar las tradiciones 

que le habían dado su carácter. Gracias 

a la publicación de esta tesis se pretende 

suplir la carencia de documentos escritos por 

el autor con la que nos encontramos hoy en 

día. 

El libro contiene un estudio introductorio de 

su bisnieto, Manuel Mª Álvarez-Buylla, que 

es el verdadero artífice de la recuperación 

de esta obra. Nos presenta a grandes rasgos 

la apasionante trayectoria vital y profesional 

de Melquíades Álvarez. Apasionado 

por el Derecho y la política, logró superar 

por su esfuerzo y propios méritos una situación 

familiar de penurias económicas, para 

convertirse en licenciado, doctor en Derecho 

y Decano del Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid. Fundó el Partido Reformista en 

1912 y fue presidente del Congreso de los 

Diputados (1922-1923). Durante la Guerra 

Civil adoptó una postura de centro-derecha 

y murió asesinado por un grupo de milicianos 

populares, los cuales incendiaron su 

casa en Madrid, destruyendo así sus archivos 

personales. 


Melquíades Álvarez 

Tesis doctoral inédita 

MANUEL Mª ÁLVAREZ-BUYLLA BALLESTEROS (ED.) 

Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2006. 

222 páginas 

Su bisnieto analiza someramente la tesis que 

Melquíades Álvarez presentó en 1886 con el 

título La pena, su naturaleza: Examen y crítica 

de los más importantes sistemas que sobre 

este punto han aparecido en la ciencia donde 

realiza una elegante y sobria defensa del sistema 

correccionalista en el Derecho Penal. 

Esta justificación de la pena contempla la necesidad 

del castigo como respuesta de la sociedad 

y del Estado ante el delincuente que 

ha violado la ley y que, ante el desconocimiento 

del bien, debe ser reintegrado socialmente. 

No obstante, tampoco deben quedar 

sin atender las demandas de la víctima. La 

ley, que ha sido restablecida, debe seguir 

siendo el cauce que ordene la convivencia, 

por lo que el reo también queda como ejemplo 

aleccionador para prevenir delitos. 

El autor de la tesis inicia su investigación recordando 

que los fines del Derecho son la 

búsqueda de lo justo y la prevención del dominio 

del fuerte (en cualquier sentido, sea físico, 

económico, social, político...) sobre el 

débil. Para ello el Derecho debe ser un instrumento 

de reforma, que facilite una convivencia 

ordenada. En este sentido, defiende un 

progreso que no implique rupturas radicales 

con el acervo de valores y tradiciones que han 

demostrado su valía en cuanto que ejes vertebradores 

de una sociedad dinámica. Unos 


RESEÑAS

RESEÑAS 


valores que preparan a la sociedad para que 

pueda afrontar los retos del futuro con ilusión. 

Su concepción del Derecho está muy lejos de 

todas aquellas “máximas impregnadas de un 

espíritu cruel de terror y de venganza, sostenidas 

tan sólo por el absorbente socialismo de 

las repúblicas antiguas –encarnación viva de la 

Estadolatría– originadas por un derecho oscuro, 

sibilítico, irracional, arbitrario...”. Apunta así a 

los sistemas que anhelan imponer unas utopías 

plasmadas en el papel y que desconectan 

tanto el ordenamiento jurídico como la 

estructura institucional de la realidad, con 

todos los perjuicios que ello conlleva. Se anticipa 

al surgimiento de Estados totalitarios que 

pretenden desarrollar unos proyectos de ingeniería 

social y que colocan al Estado como centro 

absoluto de la vida política, moral y social. 

Advierte del peligro de un Derecho revolucionario 

que niega al individuo como sujeto central 

de un ordenamiento jurídico que sólo debe 

existir en tanto que sea garante de la dignidad 

y libertad de la persona. Un Derecho revolucionario 

que convierte a la persona en un engranaje 

más de una maquinaria implacable. 

Melquíades Álvarez inserta la justificación de 

la pena en relación con la función del Derecho 

como garantía fundamental de la libertad. 

Porque la libertad, que en virtud de la razón 

implica la búsqueda del bien, no habilita a 

delinquir. Por eso la pena debe incorporar en 

el bien al reo, lo que conlleva una función de 

vigilancia y tutela por parte del Estado, que 

nunca debe reinsertar nuevamente al convicto 

en un medio delictógeno. Ésta es otra de las 

cuestiones donde el autor sigue planteando 

cuestiones plenamente vigentes. No en vano, 

la política criminal ha pretendido compaginar 

la rehabilitación de delincuentes con su reinserción 

en entornos delictivos, anulando así 

cualquier esfuerzo rehabilitador al incentivar 

positivamente la reincidencia en la comisión 

de actos delictivos. 

262 RESEÑAS 

Algunos castigos son contrarios a los principios 

que el Estado hace suyos. Así, la pena de 

muerte no escapa de la lúcida mirada de este 

investigador. Con una enorme sobriedad se 

alega en esta tesis que no cabe una justificación 

apriorística de la necesidad de ejecutar a 

los que cometan ciertos tipos de delitos. Sólo 

cabe la demostración, sustentada en argumentos 

de peso y expuestos con sinceridad y 

honestidad, de la utilidad de estas medidas. 

Ante esta situación Melquíades Álvarez defiende 

la “corrección y no el exterminio” como 

exponentes del principio de proporcionalidad. 

Pero no se puede achacar al investigador ningún 

ánimo de transigir con el delito. Acepta 

que el delito es una plasmación del mal, pero 

también argumenta que es necesario soñar 

con mundos mejores, por que “en medio de 

tales aberraciones no dejarán de vislumbrarse 

ráfagas de luz que señalen el derrotero a los 

perseguidores de tan bello ideal”. Para conseguir 

este ideal, las cárceles no pueden convertirse 

ni en entornos de contagio de 

comportamientos delictivos ni en las universidades 

del delito. La pena debe tener un fundamento 

científico y solvente, no meras 

teorías que resulten contraproducentes al 

aplicarlas. 

La pena tiene un fundamento iusnaturalista, 

que él remite a Dios, pero que para el no creyente 

puede hallar su acomodo en ese caudal 

de valores que tienen como objetivo último la 

búsqueda de la justicia. Por eso, las críticas 

que realiza a las distintas escuelas jurídicas y 

teorías de la pena hacen especial hincapié en 

el positivismo jurídico. Defiende Melquíades 

Álvarez que la mera autorreferenciación moral 

del ser humano habilita para que los mayores 

desmanes encuentren su justificación como 

la “moral del momento”. 

La escuela correccional no es utópica. Expone 

que sus objetivos son conformes con la reali-

dad: reformar la voluntad del delincuente, restablecer 

la ley, a la vez que se previene el delito 

por parte tanto del delincuente como de 

otros infractores potenciales de la legalidad, y 

se resarce a la víctima, castigando al delincuente 

por imponer su voluntad a la sociedad 

y romper la convivencia mediante el recurso 

de su propio poder. 

La moralidad y el Derecho no son esferas separadas. 

El Derecho debe buscar la justicia y 

no aceptar el mal, incluso aunque momentáneamente 

una sociedad pueda aceptar que 

ciertos comportamientos injustos son legales. 

La concepción sociológica del Derecho 

también es así objeto del inquisitivo análisis 

del autor. La moral exige el bien en cuanto 

que es bien, y el Derecho sólo es tal si defiende 

el bien. Si no, es otra cosa, como el 

código de convivencia de un grupo de delincuentes. 

El autor también analiza las principales teorías 

de la pena contrarias al sistema correccional: 

las teorías absolutas y las teorías 

relativas. Las primeras, que propugnaban la 

aplicación de la pena como respuesta a la comisión 

de un determinado delito, tenían como 

fundamento de la pena la propia pena, sin necesidad 

de perseguir ningún fin social. Para 

las teorías relativas el fin de la pena es la pre- 


vención del delito, la protección de la sociedad. 

Teorías que hacen del reo un símbolo, un 

“esclavo del Poder público, que le condena 

inhumano a ser víctima propiciatoria inmolada 

en holocausto de la felicidad del mayor 

número”. 

Esta tesis no es sólo una investigación sobre 

Derecho Penal, sino que enlaza reflexiones 

muy interesantes sobre Filosofía del Derecho, 

Derecho Administrativo o Ciencia Política, y es 

un ejemplo de cómo Melquíades Álvarez supo 

conjugar su pasión por el Derecho y la política 

como instrumentos necesarios. Escrita en un 

momento de intenso debate sobre el fin de la 

pena, su defensa de la misma mantiene plena 

vigencia a día de hoy al ser considerada como 

un sistema corrector del delincuente, que 

además resarce del daño sufrido a la víctima 

del delito y a la propia sociedad, cuya voluntad 

general se ve violentada por una voluntad 

de dominio particular. Editada en formato facsímil 

y transcrito para facilitar la comprensión 

del lector actual, la obra que aquí nos ocupa 

muestra el inicio de la actividad de Melquíades 

Álvarez, quien supo buscar en el pasado 

todo aquello que ayudaría a afrontar un futuro 

que él contemplaba con optimismo e insaciable 

curiosidad. 

MARIO RAMOS VERA 


RESEÑAS

RESEÑAS 


EL DECONSTRUCCIONISMO DE LA IZQUIERDA 

“El poder que el mito de la contracultura ha 

ejercido sobre la conciencia política del último 

medio siglo es un legado del trauma que produjo 

la Alemania nazi a la civilización occidental. 

Quienes habrían sido ídolos populares en el 

siglo anterior empezaron a temer al pueblo por 

su violencia y crueldad latentes. En el caso de 

la izquierda progresista, la herida fue aún más 

profunda. A muchas personas les empezó a dar 

miedo no sólo el fascismo, sino la propia sociedad 

en sí. La izquierda perdió la confianza 

en muchos de los pilares básicos de la sociedad, 

tales como la cortesía (incluido el protocolo), 

la ley y la burocracia. No obstante, sin 

estas bases es imposible organizar una convivencia 

social a gran escala”. 

LA IZQUIERDA SE MIRA EL OMBLIGO 

Tras más de medio siglo sin un discurso coherente, 

marcado por el relativismo y su representación 

teatral en las calles con manifestaciones 

antisistema, movimientos culturales 

‘alternativos’ y una amalgama de corrientes 

que explotan todas las facetas de la vida humana 

–el arte en todas sus manifestaciones, 

desde el cine a la literatura, pasando por el teatro 

y la música; pero también la alimentación, 

la medicina, la moda, las drogas, sus líderes e 

intelectuales–, empiezan a surgir voces disconformes 

con su propia base, es decir, con 

264 RESEÑAS 

Rebelarse vende 

El negocio de la contracultura 

JOSEPH HEALTH Y ANDREW POTTER 

Taurus, Madrid, 2005 

417 páginas 

el hecho contracultural como sustento ideológico 

del pensamiento progresista. En la actualidad, 

la contracultura es un gran paraguas 

en el que se da cabida a todo bajo unos mismos 

lemas inmunes al paso del tiempo y representa 

a todo lo ‘diferente’, todo aquello que 

se rebela contra la ‘represión’ del sistema. Esa 

especie de ‘resistencia’ da cabida a todo tipo 

de individuos, como Unabomber, el terrorista 

‘concienciado’ que mandaba bombas artesanales 

a científicos, ingenieros y políticos de 

todo Estados Unidos en las décadas de los 80 

y 90, por considerarlos responsables de la perpetuación 

de la base “económica y tecnológica” 

de la sociedad. 

Es en casos como éste, entre otros tantos, 

donde los autores, Joseph Health, profesor de 

Filosofía de la Universidad de Toronto y Andrew 

Potter, investigador de la Universidad de 

Montreal, empiezan a encontrar el problema 

de la izquierda contemporánea en la identificación 

con cualquier tipo de elemento subversivo: 

“La teoría contracultural ha minado 

tanto el buen nombre de la política democrática, 

que la mayor parte de la izquierda progresista 

lleva más de tres décadas hundida 

en el marasmo”. 

Lo que pasan por alto ambos autores en su 

identificación de los males ‘contraculturales’ es

que las teorías que critican y las de la izquierda 

‘tradicional’ –denominémosla así porque no dan 

más claves para su localización temporal o geográfica– 

están solapadas una con otra: Kurt 

Cobain –su case study principia el libro–, Marcuse, 

Bakunin, Marx, Chomsky o el propio Che, 

cuyo retrato en una taza de café ilustró la portada 

de la edición española, son iconos y adalides 

de los movimientos contraculturales y sus 

teoremas, pero son también sus portavoces y 

máximos valedores de la izquierda pasada, presente 

y futura. La crítica feroz que ambos autores 

ejercen sobre la ‘moda de lo alternativo’ (“es 

una estrategia de marketing que se ha usado 

no sólo para vender productos comerciales normales 

y corrientes, sino para vender un mito 

sobre el funcionamiento de nuestra propia cultura”) 

queda vacía, desarmada, si no se establecen 

la adecuada vinculación entre ambas. 

Es paradójico que este manual, con cerca de 

400 páginas, destinado a desterrar las posiciones 

radicales de lo que denominan ‘justicia 

social’, cometa el mismo error: si aquellos a 

los que critican caen, una y otra vez, en el 

“equívoco” de vaciar de contenido y autoridad 

al único “instrumento capaz de enderezar la 

situación”, esto es, los Gobiernos, Potter y Health 

confluyen en esta misma fatalidad al abogar 

por “una política doméstica global” sin 

ningún contenido real, sino más bien basada 

en la tesis de que ya que nada ha funcionado, 

demos el siguiente paso sin reparar demasiado 

dónde o en qué dirección, simplemente 

abandonando el camino andado. 

EL SIGUIENTE PASO 

Rebelarse vende… puede ser una obra entretenida, 

si lo que se busca es un repaso de las 

modas, gustos y el desarrollo histórico de lo ‘alternativo’ 

en nuestra sociedad. Pero también 

es una obra insidiosa e insustancial. Cito, por 

ejemplo, el caso de la globalización. Los autores 

apuntan que el error de muchos políticos 


de izquierdas es oponerse al comercio entre 

países desarrollados y subdesarrollados; constatan 

que “la mayoría de los países en vías de 

desarrollo se plantean constantemente el 

modo de integrarse en la economía global, y 

casi ninguno contempla la posibilidad de no 

hacerlo” y señalan que “la necesidad de un 

mercado es inevitable”. También destacan “la 

gran ironía” de los movimientos antiglobalización, 

que “reducen la ciudadanía a actos esencialmente 

consumistas”, como fue el caso del 

“best seller” No Logo, de Naomi Klein. 

Pero sin embargo, para Heath y Potter, la solución 

no está en dejar que el libre mercado se 

desarrolle, sino en ‘eliminar sus imperfecciones’: 

“Tendríamos que procurar perfeccionar el 

mercado, no abolirlo”. ¿Cómo? Con un ‘paquete’ 

de medidas como eliminar la desgravación 

de la publicidad en concepto de gasto 

empresarial, fomentando los impuestos verdes 

o con medidas como los impuestos sobre el 

tráfico rodado. En resumen, como la ‘libertad’ 

–aquí deberíamos utilizar mejor el término ‘libertarismo’– 

no ha funcionado, desde una 

perspectiva diacrónica, en los movimientos izquierdistas, 

la solución pasa por instaurar una 

especie de régimen neocomunista donde el Estado 

controle el ‘libre mercado’: “Parece obvio, 

por tanto, que en una economía cada vez más 

global será necesario un control gubernamental 

cada vez mayor, no menor”, afirman. 

EL DISCURSO 

Sin duda es un discurso desconcertante. En el 

libro es posible encontrar brillantes análisis –en 

ocasiones hilarantes– sobre cómo se ha desarrollado 

la base social de la izquierda: “Hacer 

teatro alternativo, tocar en un grupo alternativo, 

crear arte vanguardista, tomar drogas y llevar 

una alocada vida sexual es sin duda más 

ameno que la organización sindical a la hora 

de pasar un buen fin de semana. Pero los rebeldes 

contraculturales se convencieron a sí 


RESEÑAS

RESEÑAS 


mismos de que todas estas actividades tan entretenidas 

eran mucho más subversivas que la 

política de izquierdas tradicional, porque atacaban 

al foco de la injusticia y la opresión a un 

nivel ‘más profundo’. Por supuesto, esta convicción 

es puramente teórica. Y como está claro 

quiénes son los que se benefician de ella, cualquiera 

que tenga una mentalidad mínimamente 

crítica sospechará de ella”. 

Acertado, desde luego, y crítico. Pero en ninguno 

de los capítulos que conforman el libro, 

ideado en un formato muy dinámico a modo 

de replica-contrarréplica entre los autores, se 

ilustran estas afirmaciones con otras de tipo 

empírico; no hay datos, no hay contexto, sólo 

autores y personajes que se suceden y se 

amontonan en una entropía literaria. Así, en un 

mismo capítulo y sin apenas transición, se 

pasa de Freud a Hobbes, y de Rosseau a El 

club de la lucha. Es, sin duda, el mayor error 

estructural de la obra: que no justifica con suficiente 

rigor y profundidad los temas que se 

traen a debate. 

Totalitarismo 

Himno 

AYN RAND 

Ed. Grito Sagrado. Buenos Aires, 2006 

269 páginas 

Los libros de Orwell, La Rebelión en la granja 

(1945) y 1984 (1948), abrieron los ojos sobre 

la naturaleza tiránica del comunismo. Pero 

antes de que Orwell comenzara a tener éxito 

con un tema tan polémico, la denuncia del so- 

266 RESEÑAS 

“En este libro mantenemos que varias décadas 

de rebeldía ‘antisistema’ no han cambiado 

nada, porque la teoría social en que se 

basa la contracultura es falsa. (…) No hay 

ningún sistema único, integral, que lo abarque 

todo. No se puede bloquear la cultura 

porque ‘la cultura’ y ‘el sistema’ no existen 

como hechos aislados”. Esta cita, al comienzo 

del libro (en la página 19) no es en 

absoluto clarividente: llega con una década 

de retraso. Es una lástima que la new wave 

contracultural vaya, a su pesar, por el mismo 

camino: libros como éste, el ya mencionado 

No Logo, u otros de parecido pelo se quedan 

al inicio de un verdadero y profundo análisis, 

de una crítica real y constructiva; y que, al 

igual que sucede en la actualidad con los gobiernos 

de izquierda en todo el mundo, sólo 

repara en lo artificioso, en lo llamativo y 

anecdótico, en esa ‘política ficción’ populista 

y artificiosa que tan en boga está en nuestros 

días. 

IVÁN GIL-MERINO DÍAZ 

cialismo que, al llegar al poder, comienza a devorar 

a la persona en nombre de fines tan nobles 

como el bien común, la novelista rusa Ayn 

Rand 1 (1905-1982) le precedió con Anthem 

que en español significa Himno.

Himno, publicada en España en la década de 

los 40 bajo el título Vivir, es una novela corta 

enclavada en un futuro no muy lejano donde 

los hombres carecen de nombre y no existe 

la palabra yo. 

El título aclara que el propósito del libro es 

entonar un himno al yo, “reclamando para el 

hombre y su yo, el respeto sagrado que debe 

rendírsele (…) a la vida sobre la tierra”, como 

apunta Leonard Peikoff en su prólogo. En 

pleno despunte del totalitarismo, se había sacrificado 

al individuo en el altar del colectivo. 

Los derechos individuales no existían. El hombre 

sólo era parte de un engranaje, una mera 

pieza perfectamente reemplazable. En ese 

contexto, Rand decide rescatar el individualismo 

para luchar contra el avance de la perniciosa 

idea de que “el objetivo del trabajo del 

hombre” es “la satisfacción de los deseos de 

los otros, no su propia necesidad, su deseo o 

beneficio”. 

Descubrir cómo cambia la filosofía individualista 

a quien la entiende y la toma como una 

guía en su vida, fue lo que hizo de este libro 

un claro bestseller que ha vendido más de 

2,5 millones de ejemplares en todo el mundo 

y ha hecho que personajes como Angelina 

Jolie adoren a Rand y así lo expliquen a la 

prensa a la mínima ocasión que se les presenta. 

A juicio de Rand, el individualismo señala que 

cada hombre tiene derecho a existir y vivir por 

sí mismo y que, por mucho que nos rechine, 

la desdicha o la suerte de los demás, no es 


culpa nuestra. No podemos arrastrar ninguna 

culpa porque haya otros que lo estén pasando 

mal. Podemos, eso sí, sentir la necesidad de 

hacer lo posible para ayudar a los demás, por 

la empatía natural del ser humano hacia sus 

semejantes, pero sin que ese hecho sea un 

fundamento para los derechos de la sociedad 

sobre nuestra vida. Si así fuera, entonces habría 

“derechos sociales” que anularían los 

“derechos individuales”, porque entre incrementar 

un punto el IRPF y dar de comer al necesitado, 

no parece haber dudas de qué bien 

se protegería antes, lo cual supondría quitarle 

a unos para darles a otros, algo que atentaría 

contra el derecho de cada uno a los frutos de 

su trabajo, a su propiedad en suma. 

Sin embargo, si aceptamos concesiones, caminaremos 

directos hacia la destrucción de 

la sociedad porque estaremos anulando progresivamente 

al individuo y, al hacerlo, estaremos 

matando el espíritu creador y la fuente 

de todo progreso. En la sociedad donde 

Himno tiene lugar, el panorama es más desolador 

que en nuestras sociedades socialdemócratas 

donde a cambio de que no nos 

quejemos por los impuestos con que nos 

vampirizan, podemos tener una escasa esfera 

de autonomía personal. 

En cambio, en la asfixiante sociedad que retrata 

Rand, un calco de lo que vivió en su 

Rusia natal, “todos los hombres son uno y no 

hay ningún deseo, salvo el deseo de todos los 

hombres unidos”. Como se puede apreciar, 

esta frase condensa la aspiración de todo colectivismo, 

contrariar la naturaleza y dejar al 

1 Sobre Ayn Rand, léase mi artículo “Ayn Rand y los fundamentos morales del liberalismo” (Cuadernos de Pensamiento 

Político, número 4, 2004, pp 187-198. El texto puede descargarse de internet en el siguiente link: 

http://documentos.fundacionfaes.info/document_file/filename/355/00057-12_-_ayn_rand_y_los_fundamentos_morales_del_liberalismo.pdf 

). Una semblanza más breve y menos enfocada a sus ideas, fue publicada en 

Libertad Digital el pasado 10 de Febrero de 2005 con el título “Ayn Rand (1905-1982): la virtud del capitalismo” 

(http://libros.libertaddigital.com/articulo.php/1276229617 ) 


RESEÑAS

RESEÑAS 


hombre a la altura de un ser inanimado, porque 

no puede demostrar sus preferencias ni 

ser libre ya que otros, los políticos, decidirán 

qué es lo que conviene a la colectividad. 

Al presentar el silencio y la tristeza como condiciones 

naturales de la vida, el amor convertido 

en un mero instante donde las parejas, 

elegidas por el Gobierno, procrean, cual conejos, 

sin posibilidad de elegir con quién ni 

cuándo ni cómo, Rand consigue recrear la imposibilidad 

de vivir en regímenes totalitarios. 

Afortunadamente, se ofrece un final feliz, contrariamente 

a la suerte que padecieron millones 

de personas que acabaron muriendo de 

hambre o asesinados por la obsesión de exterminar 

a clases enteras para llevar adelante 

la utopía comunista. 

Así, el protagonista, Igualdad 7-2521, consigue 

descubrir esa palabra a la que Rand entona 

un cántico, casi un poema, liberándose 

de la tiranía en la que malvivía para vivir de 

acuerdo con sus ideas. Al llegar al apogeo de 

la novela, Igualdad 7-2521 se da a sí mismo 

un nombre, Prometeo y en varias páginas recoge 

el “himno” que da nombre a la obra, un 

himno apasionado y apasionante con frases 

tan duras pero reales como “no les debo nada 

a mis hermanos, ni ellos tienen deudas conmigo. 

No le pido a nadie que viva para mí, ni 

yo vivo para nadie. No codicio el alma de 

nadie, ni mi alma debe ser codiciada por 

nadie. No soy enemigo ni amigo de mis hermanos 

pero cada uno de ellos deberá merecerme. 

Y para ganar mi amor, mis hermanos 

268 RESEÑAS 

deberían haber hecho algo más que simplemente 

haber nacido. No daré mi amor sin motivo 

a cualquier oportunista que lo reclame. 

Honro a los hombres con mi amor. Pero el 

honor es algo que debe ser ganado”. 

A continuación, Prometeo, ataca el “monstruo 

del Nosotros, la palabra de la opresión, del 

saqueo, de la miseria, la falsedad y la vergüenza”. 

Con ese espíritu trasgresor, dice que 

grabará en piedra “la palabra que es mi faro 

y mi estandarte. La palabra que no morirá, 

aunque perezcamos todos en la batalla. La 

palabra que nunca puede morir en esta tierra, 

porque es su corazón, su significado y su 

gloria. La palabra sagrada: YO”. 

Inspirador, excitante o quizás demasiado blasfemo. 

El lector lo podrá juzgar por sí mismo. 

De lo que difícilmente puede dudarse es de la 

calidad de la novelista y de esta edición en la 

que se recogen en la lengua originaria en la 

que fue escrita, el manuscrito donde Rand fue 

introduciendo cambios a la primera edición 

inglesa. 

Tras lo expuesto, sólo un juicio debe bastar a 

la hora de valorar el libro. El del lector. El 

único que debe realmente importar. Ése, sin 

duda, será el mejor tributo que podamos 

rendir a la autora, no dejarnos llevar por lo 

que otros hayan dicho del libro aunque se 

haya publicado en estas páginas, porque 

esto, en suma, es en lo que consiste el individualismo. 

GORKA ECHEVARRÍA ZUBELDÍA

CUADERNOS - FAES

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