Luchas campesinas en México - Revista Rebeldía

De sobrevivientes y guardianes
Luchas campesinas en México
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Cuando un indígena dice “tierra”, lo dice sin anteponerle nada pero diciendo
también “patria”, “madre”, “casa”, “escuela”, “historia”, “sabiduría”.
(Su b c o m a n d a n t e In S u r g e n t e ma r c o S,
am a d o r He r n á n d e z, l a d I S p u ta p o r l a t I e r r a. 1999).
Eva Serna, Alejandra Valero, Lucio Díaz
El corazón de las luchas campesinas, tanto en México como en otras
geografías de América Latina y del mundo, está hoy más que nunca en
la defensa de la propiedad colectiva de los territorios. En la lucha por
la tierra y en la defensa del territorio se está jugando una de las batallas
definitorias ante las fuerzas que, desde el calendario y la geografía de
arriba, aceleran la velocidad en que el capitalismo mundial cambia la faz
del mundo avasallando territorios y culturas.
En los últimos años, muchas movilizaciones campesinas han puesto
en el centro de su agenda el cuestionamiento a las injustas reglas del
comercio mundial y la denuncia del desmantelamiento de los programas
e instituciones destinados a la producción de los alimentos con lo que,
tal vez, han logrado pequeños parches económicos. Sin embargo, uno de
los espacios más conflictivos para miles de pueblos campesinos en todo
el mundo es la lucha por la tierra frente a la destrucción de las formas de
vida campesinas.

La lucha por la tierra está en el corazón del levantamiento
zapatista de 1910 y en el de los pueblos
rebeldes de Chiapas de 1994; en la lucha de la
Asamblea de los Pobres de Tailandia por la defensa
de sus bosques; en la resistencia del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra ante los proyectos
del capital y frente a la represión en Atenco; en las
ocupaciones de tierra y en la construcción de alternativas
del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil;
en la indignación de los ejidatarios de la Comarca
Lagunera o de las tribus mayo-yoreme y yaquis por
la incontrolable renta de sus tierras y la privatización
de los pozos de agua; en la experiencia de los
campesinos insumisos de la India y de Corea del Sur
frente a las políticas de expulsión y aniquilamiento;
en la determinación de los comuneros opositores a
la presa hidroeléctrica La Parota, de las compañeras
mazahuas o de los pueblos de Morelos por la defensa
del agua; en la histórica lucha de los pueblos
indios en los Andes y la Amazonía por la reforma
agraria y por su autonomía. En un texto reciente,
Eric Hobsbawm ayuda a poner en perspectiva el desafío
campesino en el mundo:
“La agricultura sigue siendo el principal deponente
de mano de obra. En Japón la población agrícola
se redujo del 52,4 por ciento después de la Segunda
Guerra Mundial al 5 por ciento en el presente. Lo
mismo en Corea del Sur y Taiwán. Aún en China la
población agrícola ha disminuido del 85 por ciento en
1950, al 50 por ciento hoy en día. No hay necesidad
de comprobar la sangría de campesinos en América
Latina desde 1960, pues es evidente.
“Para decirlo pronto, salvo la India y algunas
zonas del África subsahariana, no quedan países
campesinos en el mundo. La dramática caída de la
población rural se ha compensado con un alto crecimiento
de las zonas urbanas que, en el mundo en
desarrollo, han dado origen a ciudades gigantes”
(Hobsbawm 2009).
Los más de 250 millones de migrantes en el mundo
no sólo son, en su inmensa mayoría, campesinos
de origen, además han sido expulsados de sus países.
Esto expresa un doble fracaso de los Estados nacionales:
por un lado, el fracaso o la ausencia de políticas
de reforma agraria y, por el otro, el fracaso en sus
procesos de industrialización.
Quinientos años después, doscientos años
después, cien años después…
Los pueblos campesinos de México son herederos de
procesos antiguos de resistencia frente a la guerra de
conquista y despojo de sus territorios. En la segunda
mitad del siglo XVIII y durante el siglo XIX, los pueblos
indios de lo que hoy es México enfrentaron un
ciclo de políticas, leyes y campañas militares contra
sus territorios, contra la propiedad comunal.
Las reformas borbónicas de mediados del siglo
XVIII y las cédulas reales de 1794, 1798 y 1800, determinantes
en el estallido de las rebeliones indígenas
de la guerra de independencia, hasta las reformas liberales
con la Ley Lerdo que, incorporada en 1857 a la
Constitución, prohibía la propiedad indígena corporativa,
acompañan un ciclo de acumulación capitalista
que culmina con las grandes haciendas porfiristas,
con las grandes inversiones extranjeras en minería,
manufactura, ferrocarriles y petróleo, con el México
bárbaro de las haciendas, las fincas y las monterías.
En esta larga guerra de conquista los pueblos
indios han sido el principal enemigo del capital, las
campañas militares que el gobierno mexicano encabezó
contra el pueblo Yaqui o el Comca´ac, el exterminio
de muchos pueblos indígenas como el Opata o
los Pericúes o el asesinato de tribus enteras asentadas
entre México y Estados Unidos, son algunos ejemplos
no tan lejanos que develan lo que ha sido el desarrollo
capitalista en México.
El largo proceso de resistencia indígena, desencadenó
en 1910 la primera revolución campesina y popular
del siglo XX, donde más de un millón de campesinos,
en su mayoría indígenas, dieron sus vidas
luchando por la tierra. Esta revolución permitió, en
cierta medida, procesos de reforma agraria a favor
de ejidos y comunidades indígenas y campesinas basados
en el Artículo 27 de la Constitución de 1917,
y con ello a la propiedad colectiva “inalienable, imprescriptible
e inembargable” en muchas regiones
del país.
El zapatismo como fuerza popular autoorganizada,
con capacidad militar, calidad moral y políticamente
independiente, terminó de nacer en noviembre
de 1911 con el Plan de Ayala como bandera de lucha.
Este esfuerzo dejó enseñanzas importantes al México
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de abajo, al México indígena, la experiencia zapatista
en Morelos (1911-1919), expropió tierras e industrias
permitiendo la reconstitución de los territorios y la
construcción de otra forma de hacer política. El zapatismo
no reivindicaba la lucha por la tierra de manera
aislada, su lucha era por el territorio y por la autonomía
de los pueblos: los manifiestos zapatistas en nahuatl
hablaban del Altepetl (tierras, montes y aguas) y
el Plan de Ayala reivindicaba el respeto a la ley y a la
justicia de los pueblos.
Si bien el Artículo 27 puede considerarse una conquista
de las luchas campesinas que abrió el camino
para la recuperación de tierras a lo largo del siglo XX,
los pueblos indios nunca fueron reconocidos como sujetos
de derecho público más allá del derecho agrario;
ni sus territorios ni su autonomía fueron respetados. La
nación mexicana trató a los pueblos indios como campesinos
a quienes, en el mejor de los casos, había que
integrar a procesos productivos capitalistas.
Los embates contra los territorios y formas de
gobierno indígenas y campesinas nunca terminaron.
Al contrario, se han ido acentuando, actualmente vemos
un ciclo de contrarreformas neoliberales, que comenzó
de manera clara con la reforma al Artículo 27
Constitucional de 1992. Este nuevo ciclo ha tenido,
en menos de veinte años, efectos muy veloces y profundos
en la destrucción de culturas y tejidos comunitarios
y en la apropiación y transformación capitalista
de los territorios.
Si bien su punto de partida ha sido el desmantelamiento
de la propiedad ejidal y comunal, la firma
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), en 1994, profundizó la destrucción de la
vida campesina más allá de esto. La traición a los
Acuerdos de San Andrés y la aprobación de la contrarreforma
indigenista conocida como Ley Bartlett-
Cevallos-Ortega (acordada por el PRI, el PAN y el
PRD), en 2001, representa un momento definitorio
no sólo para las luchas indígenas y campesinas. Con
este nuevo ciclo de reformas, especialmente a partir
de 2001, comienza una avalancha de leyes neoliberales
en materia de bosques, aguas, semillas, minería,
bienes nacionales, conocimiento tradicional y biodiversidad,
todas orientadas al despojo capitalista de
los territorios indígenas y campesinos, todas avaladas
por el conjunto de la clase política.
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Las estrategias del conquistador
De manera esquemática, encontramos tres procesos
con los que operan las nuevas contrarreformas desde
el gran capital, y que le permiten adquirir fuerza de
trabajo, materias primas y reordenar los territorios de
acuerdo a sus intereses. El capital recurre para ello
al uso de marcos legales que permitan el despojo y,
como consecuencia, la fragmentación de comunidades
y la destrucción de economías campesinas.
Además hay que señalar que frente a la resistencia
de los pueblos, el Estado y la clase política llegan a
operar fuera de los marcos legales, ya que el despojo
opera, en la mayoría de los casos, usando la represión
violenta, abierta y descarada.
a) La modificación de marcos legales para hacer de
la tierra una mercancía. Con la reforma del Artículo
27, vino la derogación de la Ley Federal de Reforma
Agraria y la aprobación de nuevas leyes en materia
agraria, forestal y de aguas nacionales.
La nueva Ley Agraria dio paso a la “certificación”
—ahora lo llaman “regularización”— de ejidos
y comunidades, para permitir diferentes contratos de
cesión de derechos (renta, compra, venta, concesión)
o la aportación de tierras de uso común a sociedades
civiles o mercantiles. La entrega de títulos individuales
de las parcelas y la delimitación de la zona de uso
común, permiten a núcleos agrarios fraccionar, arrendar,
vender, comercializar o hipotecar en garantía. En
realidad, se trata de una política más amplia para un
nuevo proceso de concentración de tierra, dando paso
también a diferentes formas de apropiación capitalista
del territorio. Por lo tanto, se trata también de
cambiar toda la forma de organización productiva en
el campo mexicano.
b) La destrucción de economías campesinas, comunitarias
y populares, de la soberanía alimentaria y la
apertura comercial para el desplazamiento masivo de
poblaciones campesinas. Esto ha venido acompañado
del arrinconamiento del comercio ambulante y la asfixia
del pequeño y mediano comercio, todo para beneficio
del gran capital comercial extranjero y nacional.
El nuevo marco legal se completó con la firma del
TLCAN que, como lo ha señalado Sergio Rodríguez

Lascano, fue diseñado luego de la caída del muro de
Berlín, por el equipo que rodeaba a George Bush y
plasmado en el texto Enterprise for the Americas. Con
este tratado se marcaba una tendencia ya señalada por
los compañeros zapatistas y que hoy se expresa con
mayor fuerza: la crisis del Estado-Nación. Al ceder sus
derechos y atributos esenciales, el Estado-Nación se
está abriendo para la destrucción de sus propias bases:
la soberanía, el mercado nacional, las medidas arancelarias,
los marcos jurídicos nacionales, etcétera.
El TLCAN remató toda una serie de políticas para
desmantelar los sistemas de producción y comercialización
de los alimentos y productos básicos. Se acabaron
los subsidios y la organización estatal de la producción
y comercialización campesina, la añoranza
de esquemas como Conasupo o el Inmecafé es inútil,
hace tiempo ya que Diconsa únicamente introduce a
las regiones productos para el consumo que, en su inmensa
mayoría, son importados y de mala calidad.
El capital cambió la forma de organización productiva,
los criterios mercantiles han favorecido la
importación generalizada de productos, mientras la
producción nacional considerada rentable quedó en
manos de los nuevos reyes del agro, ejemplos como
MASECA, Bachoco, Granjas Caroll, o como el del
rey del ajo, Javier Usabiaga, muestran los nuevos
procesos de acumulación capitalista agroindustrial.
Por otro lado, el éxito de estas empresas se basa en la
precarización del trabajo. Considerando que los campesinos
pobres son también jornaleros agrícolas temporales
su sacrificio es doble: por un lado la caída en
el precio de sus cosechas; por el otro la disminución
de sus salarios.
Como consecuencia del TLCAN, las importaciones
de maíz proveniente de Estados Unidos se han
multiplicado por quince. La avasalladora competencia
estadounidense se ha sumado a políticas dolosas
del gobierno mexicano que, en el caso del maíz, incluso
llegaron a liberalizar el mercado más allá de lo
requerido por el propio acuerdo y han permitido el
ingreso, y ahora la siembra, de maíz transgénico en
el país. El TLCAN significó el desmantelamiento de
la producción agrícola nacional y de la agricultura
campesina, ahora los campesinos mexicanos sobreviven
con los millones de dólares que los migrantes
han venido enviando a sus familias; por lo general
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estas remesas garantizan únicamente la infrasubsistencia de las familias,
y lejos están de poder impulsar los procesos productivos.
c) La fragmentación y apropiación capitalista del territorio. La lógica de
la cuarta revolución tecnológica, como lo ha señalado Sergio Rodríguez
Lascano, es la subsunción del territorio al capital. Los territorios y saberes
indígenas y campesinos representan intereses que son perseguidos
por el capital que impone los nuevos marcos normativos y los programas
gubernamentales. Sin embargo, la gran mayoría de los bosques y selvas
de México siguen resguardados por los pueblos indígenas y campesinos
que mantienen una propiedad y gobierno colectivos. La gran diversidad
de luchas y formas de resistencia que en los rincones de este país florecen
representan uno de los más grandes obstáculos para la guerra de conquista
del capital.
Es por ello que allá arriba inventan nuevas trampas y mecanismos de
despojo: buscan fragmentar los indivisibles territorios indígenas, secuestrar
pedazos de éstos por medio de patentes, certificaciones o estructuras
que generan dependencia tecnológica (semillas, agroquímicos, etc.).
Recurren para esto a programas de gobierno tramposos, enmascarados,
imponen Áreas Naturales Protegidas o criterios de “conservación” para
los llamados recursos naturales y bienes comunes, que buscan trasladar
su control a los centros del poder financiero por medio, por ejemplo, de
sistemas como la venta de bonos de carbono y de pago por servicios ambientales
hidrológicos. Cuando se habla de la cuarta revolución industrial
poco se piensa en elementos fundamentales como el control de los mapas
genéticos de los seres vivos, la creación de organismos genéticamente
transformados o la llegada de los agrocombustibles, estos últimos presentados
como una alternativa a la crisis del petróleo.
Por otro lado, este ciclo de contrarreformas se facilita con lo que los
compañeros zapatistas han señalado como la “imposible geometría del
poder”. Donde antes el Estado era el aval de la producción nacional de
los campesinos, ahora se abre un gran mercado, pretendidamente libre,
para la acción del capital en sus diferentes formas: desde el industrial, el
financiero, el comercial, el bancario, el inmobiliario, etc. La clase política
en su conjunto está volcada en tareas gerenciales o administrando sus
feudos regionales, todos trabajan al servicio del gran capital. Todos los
partidos políticos han apoyado, y apoyan en lo fundamental, las contrarreformas
neoliberales, sus marcos “legales”, los tratados comerciales,
los presupuestos federales y estatales, sus reglas de operación.
Tendencias generales de la guerra de conquista
Estos procesos se traducen en tendencias generales de privatización y
concentración de tierras, de vaciamiento de territorios y su repoblación
bajo nuevas lógicas, y en la destrucción de la naturaleza. El recorrido de
La Otra Campaña durante el 2006 mostró territorios destruidos, a veces
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en ruinas, a veces con las construcciones
del conquistador, el gran
capital, ya levantándose sobre lo
que eran campos de cultivo, pueblos
de pescadores, tierras comunales
y ejidales, territorios indígenas.
El recorrido también advirtió
la pérdida de identidad cultural
en los barrios y en los pueblos: la
destrucción de la comunidad.
El Subcomandante Insurgente
Marcos hacía el recuento que para
diciembre de 2005, y de acuerdo
al centro de estudios y publicaciones
de la procuraduría agraria, el
22 por ciento del total de tierras
ejidales y comunales se encontraba
en proceso de cambio de dominio
o cesión de derechos. A esa
fecha, mediante el Procede y el
Procecom, se habrían certificado
609 ejidos y bienes comunales.
Este nuevo mercado de tierras
ha comenzado a desarrollar nuevos
latifundios, pero los inversionistas
o las empresas no buscan ahora el
total de las tierras, sino sólo aquellas
que les garanticen una ganancia.
En la mayoría de los casos,
las empresas llegan, depredan y
se van a otro lado. Los cambios
en materia agraria posibilitaron a
particulares invertir sin arriesgar
nada y sin tener que comprar la
tierra, pudiendo tener acceso a ella
por otras modalidades. Además de
la política oficial que les favorece,
en ejidos y comunidades de todo
el país, las empresas obtienen derechos
corrompiendo autoridades
municipales y agrarias.
Según datos del Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM),
para febrero de 2009, de los 33.2
millones de personas que se encontraban
en el medio rural, solamente

8.5 millones se encontraban ocupadas
en actividades agropecuarias.
Del total de la población
rural, el 35 por ciento no recibe
ingreso, 24 por ciento recibe hasta
un salario mínimo, 27.9 por
ciento de uno hasta dos salarios
mínimos, 7 por ciento recibe de
dos hasta cinco salarios mínimos,
y sólo 6.1 por ciento de los trabajadores
agrícolas reciben un
ingreso superior a cinco salarios
mínimos.
Con el incremento de los
productos de la canasta básica,
durante los tres años de Felipe
Calderón, las familias que viven
del campo tuvieron una pérdida
del 44 por ciento en su poder
adquisitivo y, por lo tanto, en su
nivel de vida. De esta manera, el
número de agricultores que no
tienen los ingresos necesarios
para satisfacer sus necesidades
mínimas, llegó a 28 millones 280
mil 765 personas.
Las políticas gubernamentales,
las crisis agrícolas, la baja en
los precios de los productos del
campo y el alza en los precios de
lo necesario para sembrar y cosechar,
han provocado que, en los
últimos seis años, la migración de
las comunidades rurales rumbo
a las ciudades, a los latifundios
agroindustriales o al extranjero
haya crecido en 41 por ciento.
Según el mismo CAM, entre
1995 y 2005, los hogares que se
mantienen de remesas pasaron
de 600 mil a más de 4 millones.
Un reporte del Banco Mundial en
materia de migración informa que
actualmente existen 11.5 millones
de migrantes mexicanos en el extranjero.
En 2007, más de 600 mil
campesinos abandonaron el campo mexicano para integrarse a diferentes
cadenas de sobreexplotación capitalista como mano de obra desplazada
y precarizada, en invernaderos trasnacionales, franjas maquileras, corredores
industriales, en la construcción, en los servicios o en el mercado
informal.
Si bien la actual crisis ha frenado el proceso migratorio ante la falta
de empleo en Estados Unidos y a pesar de la pérdida de 500 mil empleos
en lo que va del año y del nulo crecimiento de la economía, las remesas
siguen siendo el sostén de una parte significativa de las familias en el
campo y en las ciudades. Cabe señalar que 5.9 millones de mexicanos
que residían en los Estados Unidos en 2004 carecían de seguridad médica,
que en el campo mexicano los casos de explotación laboral agrícola
sin prestaciones va en aumento y que los ingresos de los migrantes que
trabajan en el campo norteamericano se han visto disminuidos por la caída
de la economía mundial. La precarización de los ingresos en forma de
remesas no se queda ahí: los trabajadores agrícolas y de la construcción
que laboran en el extranjero también sufren robo a manos de empresas
que se dedican al envío de remesas.
Al profundizarse la pobreza y la erosión en las comunidades y familias
campesinas, también se ha incrementado el número de tierras ejidales
y comunales que han entrado en cesión de derechos para su renta o al
cambio de dominio. Quienes más han aprovechado esta situación son
las cadenas hoteleras, los núcleos agrarios que se ubican dentro de los
litorales costeros de todo el territorio nacional han sufrido los cambios
más fuertes en la tenencia de la tierra. La mayoría de los ejidos y comunidades
que fueron “certificados” tienen recursos turísticos, ecológicos,
pesqueros y urbanos.
De acuerdo a la Procuraduría Agraria, un gran número de los procesos
de controversia y conflictos agrarios se concentran en dichas comunidades,
en la mayoría de los casos por el manejo o uso de recursos forestales,
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agua y tierras. Entre 1994 y 2005, el 22 por ciento de
los conflictos agrarios del país se enfrentaron en contra
de las siguientes figuras que usa el capitalismo:
inmobiliarias, hoteles, centros recreativos, centros
turísticos, desarrollos gubernamentales (expropiaciones),
desarrollos privados, industrias, explotación de
recursos naturales y centros comerciales.
Una característica inherente al sistema capitalista
es la destrucción del medio ambiente, que junto con
la explotación, el despojo, el desprecio y la represión
son, a la vez, condiciones necesarias y resultado de
su desarrollo. Es precisamente la destrucción de la
naturaleza la que tiene en pie de lucha a decenas y decenas
de comunidades, ejidos, organizaciones, colectivos
e individuos defensores de la Madre Tierra y de
los derechos de los pueblos. A lo largo del recorrido
de La Otra Campaña, muchos compañeros adherentes
a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona plantearon
la importancia de la defensa de la naturaleza
como elemento inseparable de la lucha anticapitalista.
Nos enseñaron un discurso perfectamente articulado
y muy radical, que señala exactamente quién es el
responsable de la destrucción y que, tal vez, es el que
mejor describe el carácter de guerra de conquista de
la etapa neoliberal del capitalismo.
En todas las esquinas y rincones del México de
abajo, del campo a la ciudad, se escucharon y se siguen
escuchando historias de afectaciones ambientales.
Se calcula que los daños por contaminación de la
última década alcanzaron en nuestro país los 36 mil
millones de dólares. La actual tasa de deforestación
es de 631 mil hectáreas al año. En el caso de los manglares
se calcula que se pierden diariamente 4.43 hectáreas
de este ecosistema fundamental (Greenpeace
México, 2009). Cada vez son menos los manantiales
de agua pura y más los mantos acuíferos contaminados,
la crisis del agua apenas comienza y está lejos de
ser dimensionada por la estupidez de los de arriba. El
gobierno da permisos y concesiones para proyectos
industriales contaminantes, pisoteando la legislación,
el ambiente y la salud pública. El país se ha vuelto
un basurero de desechos peligrosos y son las colonias
populares y las comunidades más pobres el canal de
desagüe de estas inmundicias, a tal grado que se pueden
encontrar pueblos enteros con epidemias y enfermedades
(cáncer, malformaciones, enfermedades
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gastrointestinales, etcétera). El capital convierte espacios
de vida en territorios de muerte.
La urbanización desordenada y salvaje, los planes
carreteros, los megaproyectos turísticos, las neohaciendas
agroindustriales, la explotación minera a
cielo abierto, y los nuevos proyectos de explotación
petrolera avanzan a nuevas regiones, incluso dentro
de las supuestas Áreas Naturales Protegidas. La criminalización
del trabajo campesino artesanal bajo la
coartada de la protección ambiental y la represión
contra defensores de la naturaleza es el pan de cada
día, mientras que las autoridades encargadas de la
“protección ambiental” son las que garantizan el saqueo
y la destrucción.
Los principales grupos que han recibido denuncias
penales por afectación a ejidos y comunidades
son: clubes de golf, parques temáticos y centros turísticos.
Las empresas hoteleras con mayores denuncias
son Hoteles Fiesta Americana, Sheraton, Hoteles
Hilton, Holiday Inn, Hoteles Radisson Flamingos,
Hyatt, Presidente Intercontinental; estas empresas
han recibido un gran número de quejas por destrucción
de manglares y uso de áreas federales. También
las empresas de construcción de vivienda y las grandes
empresas inmobiliarias buscan terrenos por todos
lados. El ejemplo más claro es la expansión de Grupo
GEO que ha multiplicado sus ingresos comprando terrenos
a diez pesos el metro cuadrado y vendiéndolos
en 300 o 400 pesos, siempre en contubernio con gobernadores,
presidentes municipales y demás personajes
de la clase política.
El papel de las organizaciones
campesinas nacionales
En México, el partido de Estado, que era identificado
con el PRI, ha dado paso a lo que algunos han llamado
el partido único del neoliberalismo, que abarca a
toda la clase política, sin grandes diferencias. Así, allá
arriba, ser de izquierda, centro o derecha se elige y
cotiza según el rating mediático y según el marketing
de ofertas para la administración del neoliberalismo.
Esta tendencia ha permeado y desdibujado todos los
espacios e instituciones de intermediación, legitimación
e interlocución entre dominantes y dominados,
esta crisis de legitimidad se agudiza cada día más.

Las organizaciones campesinas nacionales forman
parte de este entramado político, en el que la
ética ya no tiene cabida. Se vuelve así, por ejemplo,
derecho de dirigentes y dirigencias encabezar movimientos
en torno a una causa justa para, a espaldas
de la mayoría, sujetarlos a proyectos personales de
búsqueda de poder y negociarlos para eso. Se vuelve
normal que los dirigentes sociales se conviertan
en diputados, inútiles o cómplices, como parte de
partidos y legislaturas que han aprobado y siguen
aprobando proyectos a los que el movimiento que
dicen representar se opone y que, como parte de este
juego, compiten en beligerancia verbal denunciando
al gobierno por no cumplir con las demandas de su
movimiento.
Como lo han señalado los compañeros zapatistas,
para los de arriba, la tarea de terminar lo que dejó
pendiente Carlos Salinas de Gortari, con su programa
de “liberalismo social”, no pasa por una administración
neoliberal con “mano izquierda” (como el exitoso
reordenamiento del capitalismo en Brasil) sino por
construir el nuevo modelo de Estado no-nacional (engendro
de la guerra neoliberal) en América Latina. Se
trata de un proyecto que buscaba y seguirá buscando
mecanismos sólidos de intermediación y control sobre
los movimientos sociales de forma que el Estado-
Nación entre en crisis sin que se le extrañe.
Valdría la pena entonces revisar las estrategias
priístas, algunas operadas desde la familia Salinas,
para diseñar, institucionalizar y controlar a gran parte
de las organizaciones campesinas, desde los años setenta
y durante los ochenta, hasta llegar a la formación
del Congreso Agrario Permanente (CAP)
y al Programa Nacional de Solidaridad.
Si bien no es objeto de este texto, vemos
la importancia de conocer esa parte
de la historia, así como la combativa, aunque
abandonada historia de algunas de
ellas en la lucha por el reparto agrario en
buena parte del siglo XX.
Las oficialistas y las del nuevo
movimiento campesino
Entre las organizaciones campesinas nacionales
encontramos, por un lado, a las
agrupaciones corporativas más tradicionales, históricamente
vinculadas al PRI (ahora también vinculadas
al PT o al PRD); por otro, a las que, en las últimas
tres décadas, se han reivindicado como “autónomas”,
“independientes”, “democráticas” o como el nuevo
movimiento campesino (también vinculadas al PRI,
al PAN, al PRD, al PT o al que se deje). Casi todas
se adscribieron en su momento al CAP, que fundara
Salinas para institucionalizar organizaciones no controladas
por el PRI pero que apoyaron la traición al
Artículo 27 Constitucional y callaron frente a la firma
del TLCAN.
Efectivamente, en mayo de 1989, por llamado
de Salinas, se constituyó formalmente el CAP con la
CNC, la CCI, el CAM, la UGOCM y con algunos
de los firmantes del Convenio de Acción Unitaria
de 1988, como la CIOAC, la UGOCP, la UNTA, la
UNORCA, la CODUC, el M-400 Pueblos, la CCC, y
la ALCANO. Para mantener bajo control esta nueva
estructura de cúpula, Salinas les entregó muchos subsidios
y cooptó a sus dirigentes ofreciéndoles candidaturas
a cargos de elección popular. Las dirigencias
campesinas se hicieron acreedoras al manejo discrecional
de mucho dinero y comenzaron a aparecer en
las listas de candidatos a diputados plurinominales.
Muchos de ellos fueron formados por el salinismo,
todos asumieron la cultura priísta. Las organizaciones
campesinas heredaron y reproducen los vicios del
viejo sistema de dominación.
Esta cultura política se plasma en la supuesta unidad
de las dirigencias campesinas nacionales que, a
finales de 2002, se agruparon bajo el lema
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“el campo no aguanta más” y construyeron una convergencia
con el conjunto de dirigencias campesinas
oficialistas. Tuvieron que pasar ocho años de haberse
firmado el TLCAN para que estas organizaciones comenzaran
a oponerse a una parte de él; evidentemente
,una gran movilización (la del 31 de enero de 2003)
no bastaría para revertir su capítulo agropecuario. La
emergencia de este movimiento campesino terminó
con el famoso Acuerdo Nacional para el Campo, que
únicamente sirvió como instrumento para dividir a
las dirigencias y para establecer cantidades de dinero
asignadas a cada uno de los firmantes.
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Siguiendo la lógica del todo para nosotros, nada
para los demás (nada para el resto de los fruticultores,
maiceros, cafetaleros, forestales, etc.) y diciendo
representar a los campesinos de México, en la mesa
de negociación estaban personajes como Diódoro
Carrasco, el entonces priísta y ahora panista exgobernador
de Oaxaca; Heladio Ramírez, líder histórico de
la CNC priísta; José Narro, diputado por el PT; Alfonso
Ramírez Cuéllar, líder barzonista y futuro diputado
perredista; Víctor Suárez, líder de la ANEC, también
futuro diputado perredista. ¿Y los campesinos?
Cinco años después, a 15 años de la firma del
TLCAN y en el año de la liberación total de su capítulo
agropecuario, muchas de estas organizaciones volvieron
a escenificar una movilización. Poco antes de que
su líder Víctor Quintana se declarara perseguido político
y fuese diputado por el PAN, el Frente Democrático
Campesino de Chihuahua que en 2003 se manifestó en
uno de los puentes fronterizos de Ciudad Juárez, lo
hizo otra vez en 2008 declarando que se trataba
del “nuevo ya basta campesino”. Vale la pena
preguntarnos, ¿realmente se están confrontando
a las políticas neoliberales o se trata de
estrategias para acceder a espacios de negociación
con el poder? ¿Esos campesinos de
Chihuahua irán realmente a enfrentarse de
manera directa frente a la siembra de maíz
transgénico como lo han declarado?
El Partido del Trabajo, creación de la
familia Salinas, que, como lo ha señalado
Sergio Rodríguez Lascano, ahora reagrupa
a gente como Adolfo Orive, quien trabajó
“bajo el mando de Raúl Salinas padre y, sin
romper el cordón umbilical, bajo el ‘pensamiento’
del presidente Mao […] y que sirvió al
PRI para desarticular el proceso de insurgencia
sindical en los años 70 y el de reorganización campesina
de los años ochenta [...] Orive fue el teórico
de la nueva cultura laboral, maestro de Francisco
Hernández Juárez y de Alberto Anaya y, desde
luego, de todos los que se reclaman
del nuevo movimiento campesino, es
decir: Hugo Andrés Araujo, una buena
parte de las Uniones de ejidos y de la
UNORCA. Organizador de la masacre
de El Bosque lugar que él conocía a la

perfección y donde tenía una deuda pendiente con el
zapatismo, que le quitó lo fundamental de la influencia
campesina que tenía en Chiapas”. Es desde el mismo
PT que se tiene secuestrada a la CNPA, organización
que en los setenta comenzó, desde la combativa lucha
por la tierra, a transformar el esquema de las centrales
y ligas campesinas al de las redes de organizaciones
regionales, y que fue tratada a punta de pistola por el
gobierno de Luis Echeverría.
Desde el mismo gobierno de Luis Echeverría,
se promovieron otras figuras asociativas, como las
uniones de ejidos o las asociaciones rurales de interés
colectivo (ARIC), que durante los años ochenta
tuvieron un papel importante en la “apropiación del
proceso productivo” (la introducción de insumos y
maquinaria agrícolas para el desarrollo de proyectos
agropecuarios o la participación en la operación de
sistemas de abasto rural como Conasupo). Este nuevo
esquema de organizaciones campesinas gestoras ante
el Estado fue cobijado, en gran medida, como estrategia
gubernamental para contrarrestar la lucha por la
tierra. Muchas de ellas empezaron a hablar del fin del
reparto agrario. Actualmente estas figuras asociativas
ya no aportan gran cosa en sus regiones, son organismos
clientelares que viven de jinetear recursos de
programas de gobierno, filtrando la llegada directa de
los mismos a las comunidades.
Entre las organizaciones priístas tradicionales
destaca la Confederación Nacional Campesina
(CNC) concebida como brazo agrario del PRI. Hoy
en día, más que una organización social se trata de
grupos de poder que operan desde el campo, sus líderes
reclaman cuotas dentro de los partidos a cambio
del “voto campesino”. En su recomposición, la CNC
ha ido quedando bajo el control de los caciques estatales.
Este tipo de organizaciones siguen existiendo
únicamente como instrumentos de control, pues los
mecanismos institucionales de mediación entre sus
afiliados y el Estado se han ido diluyendo en el mar
neoliberal. Es bajo esta lógica que los gobiernos les
siguen asignando recursos: para mantener clientelas y
para operar programas estratégicos. En el nuevo arreglo
no-nacional, las organizaciones campesinas empiezan
a adquirir nuevas funciones: la CNC monsantista,
por ejemplo, está jugado un papel estratégico en
la imposición del maíz transgénico.
Gestionando la destrucción
del campo mexicano
Los dirigentes de las organizaciones campesinas, hoy
confrontados entre ellos, han mostrado que su pelea
es por ver quién junta más clientela entre los campesinos
pobres. Su “gestión” es la búsqueda de las mejores
migajas del presupuesto para el campo, y para
ganarlas no dudan en introducir a las comunidades
programas de gobierno que buscan la destrucción del
ejido, de la economía y agricultura campesinas y de
los tejidos comunitarios. Los recursos que las organizaciones
reciben de esos programas son usados para
crear, mantener o ampliar clientelas. A fin de cuentas
coyotean los subsidios al campo para mantenerse
como dirigencias regionales y nacionales y, desde ahí,
negociar puestos, presupuestos y posiciones políticas
y, con ello, sueldos, oficinas, camionetas, gasolina,
despachos técnicos, asesores, secretarias, hoteles de
paso, table dance, borracheras.
Este esquema de gestión no modifica el rumbo
ni la forma de los programas que desde arriba se imponen,
sí permite, en cambio, presentar un discurso
“incluyente”, progresista, que dice dejar en manos
de las organizaciones sociales la promoción del desarrollo.
Es por eso que cuando muchas de estas organizaciones
reivindican su “autonomía”, vale la pena
preguntarse ¿ante quién reclaman autonomía?, ¿ante
la política de Estado, ante los partidos políticos o ante
los propios campesinos?
Entre estas dirigencias campesinas abundan
las contradicciones. Por nombrar tan sólo algunas,
encontramos que las mismas organizaciones que
en 1992 negociaron la reforma al Artículo 27 de la
Constitución, con Carlos Salinas de Gortari en una
reunión en Los Pinos, y que 10 años después se movilizaban
bajo la consigna “el campo no aguanta más”,
nunca tocaron el tema de la contrarreforma salinista.
Es más, muchas de estas organizaciones han hablado
desde hace años del “fin del reparto agrario”. Sin
embargo cuando se presentan como parte del movimiento
internacional Vía Campesina dicen luchar en
torno a la campaña mundial por la reforma agraria
(dicen ir de la mano de movimientos como el de los
Sin Tierra, que en Brasil ha ocupado una superficie de
tierras equivalente a la superficie de Italia).
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En el extremo de las contradicciones encontramos
organizaciones como la ORCAO, que coordina
la UNORCA estatal en Chiapas. La primera ha pasado
de ser una organización que en 1994 recuperó tierras
junto con los zapatistas a una organización vinculada
al gobierno de Sabines, con grupos paramilitares enquistados
y que es usada para agredir bases de apoyo
zapatistas, colaborando con la Procuraduría Agraria
y organizaciones como la OPDDIC en estrategias de
contrainsurgencia y despojo de tierras. La agresión
de la ORCAO contra bases de apoyo zapatistas en
el predio de Bosque Bonito, mientras se celebraba el
Festival Mundial de la Digna Rabia en San Cristóbal
de Las Casas, evidentemente fue algo bien programado
por su dirigencia.
En la última década, la política oficial ha tratado
de aniquilar al ejido, a tal grado que esa palabra ha
sido borrada del discurso oficial. La parcelación del
ejido ha dado paso al control individual de cada ejidatario
y, en muchos casos, también del comunero.
Ahora todos los subsidios y los “apoyos” se entregan
mediante listas que excluyen y condicionan, y que tienen
por objetivo desgarrar los tejidos comunitarios.
El discurso oficial distingue “productores” y
“pobres”. Cuando los trabajadores del campo no son
“competitivos” pasan a la categoría de “pobres”, condenados
a las limosnas del Estado. Los “apoyos” también
llegan de manera individualizada, imponiendo
criterios culturales y alimenticios ajenos a los pueblos.
Los operadores regionales de estos programas ofrecen
“proyectos”, “apoyos” o “servicios” a ciertas personas
en particular, a espaldas de las asambleas y las autoridades
de los pueblos. Al adaptarse a las nuevas reglas
del juego que impone el gobierno, las dirigencias de las
organizaciones campesinas van dejando atrás cualquier
proyecto autónomo que pudiera dar cabida a todos los
campesinos que dicen representar.
Los perversos presupuestos para el campo son usados
con fines estratégicos por el capital: la destrucción
de los lazos comunitarios, la imposición de paquetes
tecnológicos, la conversión de cultivos (bajo el engaño
de su supuesta rentabilidad), la imposición de criterios
de conservación, certificaciones y otros mecanismos
que buscan sacar el control territorial de los pueblos
y comunidades son ejemplos claros. Además, la mayor
parte de presupuestos para Procampo, ProArbol
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o esquemas de subsidios inyectados bajo el tramposo
concepto de pago por servicios ambientales, son secuestrados
por unos cuantos agroindustriales y capos
del agrobussines, pertenecientes a la clase política. Las
grandes cantidades de dinero inyectadas al campo y
que serán manejadas desde los estados buscan inútilmente
administrar y controlar la crisis social desde los
feudos estatales, regionales o municipales, en un año
de gran importancia electoral para los de arriba.
De la lucha por la tierra a la resistencia,
de la resistencia a la construcción
de alternativas
Para los pueblos indios de México, de América y del
Mundo, la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo
de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro
modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para
ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía.
La tierra para nosotros no es sólo el suelo que pisamos,
sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La
tierra es también el aire que, hecho viento, baja y sube por
nuestras montañas; el agua que los manantiales, ríos, lagunas
y lluvias vida se hacen en nuestras siembras; los árboles
y bosques que fruto y sombra nacen; los pájaros que bailan
en el viento y en las ramas cantan; los animales que con
nosotros crecen, viven y alimentan. La tierra es todo lo que
vivimos y morimos.
La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos
recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de
protegerla, así como ella nos ha cuidado y protegido en estos
515 años de dolor y resistencia.
(Su b c o m a n d a n t e In S u r g e n t e ma r c o S,
am a d o r He r n á n d e z, l a d I S p u ta p o r l a t I e r r a. 1999).
En México muchos pueblos y organizaciones indias,
desde los años setenta, comenzaron a fortalecer y reconstruir
formas de gobierno y de defensa integral
de sus territorios, a través de distintos procesos autogestivos,
a contracorriente de las políticas del Estado
mexicano. El movimiento zapatista, como proceso de
los pueblos rebeldes de Chiapas y como puente para
la palabra en México y en el mundo, pronto se encontró
con esa parte rebelde del movimiento indígena,
de manera importante durante los diálogos de San
Andrés Sacamch´en de los Pobres y posteriormente
en la construcción del Congreso Nacional Indígena,

la casa de los pueblos indios de México. Ese puente
de la palabra fue más allá y comenzó a tejer lazos con
diferentes movimientos anticapitalistas en el mundo,
así como la solidaridad de la llamada sociedad civil.
Con el levantamiento zapatista se inició en Chiapas
una verdadera revolución agraria: grandes cantidades
de tierras pasaron de manos de finqueros a manos de
campesinos indígenas. A contracorriente de las reformas
al Artículo 27 se desencadenaron recuperaciones
y ocupaciones masivas de tierras por parte de muchas
organizaciones campesinas. Desde entonces, el manejo
gubernamental de la propiedad de las tierras se
convirtió en pieza clave de la contrainsurgencia. Junto
con la ocupación militar de los territorios indígenas,
los ataques paramilitares, los decretos expropiatorios,
la “regularización” de tierras, los desalojos violentos y
los programas de gobierno han sido estrategias de una
guerra contra las comunidades en resistencia que no se
ha detenido desde febrero de 1995. Hoy, dieciséis años
después de aquella decisión de 1994, l@s compañer@s
zapatistas siguen construyendo su autonomía.
La recuperación de tierras y la propia experiencia
zapatista permitieron la construcción de territorios,
gobiernos y procesos autonómicos, con avances significativos
en gobierno, justicia, salud, educación,
vivienda, alimentación, agroecología, participación
de las mujeres, comercialización, comunicación,
cultura e información. Y lo han logrado sin especialistas,
sin aquellos que se dicen ser profesionales
de la política, ni aquellos que se dicen tener la
verdad de la autonomía. Las comunidades zapatistas
tomaron el control de sus destinos y pasaron de ser
peones a ser dueños de sus tierras, trabajarlas y vivir
colectivamente de ellas. Con ese esfuerzo han demostrado
que sí hay otros caminos al capitalismo. El
suyo… es uno de ellos.
La comandancia zapatista ha explicado el camino
de la autonomía de la siguiente manera: “nosotros no
tenemos manual, cada zona va buscando su forma de
cómo crecer… nuestros errores es la que construye.
Si cometemos errores construimos, si no cometemos
errores quiere decir que no andamos bien. Porque nosotros
decimos que no hay excelencia aquí, los dieces
no existen… lo hacemos en colectivo todos juntos,
para gobernar y construir con la práctica”. Esa práctica
mostró que la base para la construcción de la autonomía
es la recuperación de la tierra y el territorio. El
Teniente Coronel Insurgente Moisés lo ha expresado
de la siguiente manera: “La tierra donde están ahora
los compañeros es propiedad de ellos y ellas, la recuperamos.
Descubrimos que para ir destruyendo a los
capitalistas, es hacernos dueños de donde trabajamos,
porque así funciona el capitalismo… Ahora los compañeros
y compañeras de los pueblos zapatistas, que ya
son dueños del medio de producción donde trabajan,
que es la tierra, ya tienen construido otras cosas para
el propio pueblo, como son: escuelas autónomas zapatistas,
clínicas zapatistas, bodegas de compras y ventas
de producción… Sin la recuperación de los medios de
producción, no estaríamos como estamos ahora”.
Uno de los aprendizajes que nos deja el proceso
zapatista es que es importante resistir, pero también
es importante construir el mundo que queremos aquí
y ahora. En su práctica, l@s compañer@s han puesto
de cabeza al capital, han aprendido que la capacidad
de determinarse políticamente también tiene que ser
expropiada, su mandar obedeciendo pone fin al político
profesional, y la propiedad colectiva de sus territorios
pone fin al capitalista-empresario-finquero.
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Un arcoiris de todos los colores
En los recorridos de la Comisión Sexta por el México de abajo, conocimos
resistencias de campesinos, de pescadores, de pueblos indios que
son un ejemplo de dignidad y de lucha por la defensa de la tierra y de los
territorios. Conocimos muchos individuos, colectivos y organizaciones
que acompañan esas resistencias, que hacen investigación, denuncia, difusión,
lucha legal, y que caminan junto con ellas hacia la construcción
de alternativas. También conocimos organizaciones de colonos y de gente
de las ciudades que luchan por defender sus espacios de vida.
Desde el lejano norte, cada vez más cercano, el del wixárika, el del
yaqui, el del mayo-yoreme, el del comca´ac, el del pima, el del kumiai,
el del kiliwa, el del cucapá, el del rarámuri, el de l@s trabajador@s de
la maquila y de las organizaciones de migrantes en ambos lados de la
frontera, el de los campesinos sin tierra o en proceso de ser despojados de
ella, hasta los pueblos mayas del sur, los rebeldes de las siete regiones de
Oaxaca, los pueblos indios de Guerrero que construyen formas propias
de justicia, los pueblos nahuas de la costa michoacana y de la Huasteca
que dan pasos importantes en la recuperación y defensa de su pueblo y de
sus territorios ancestrales, la palabra pudo volar alto y lejos llegó. El esfuerzo
del CNI que camina en su región Centro-Pacífico y en el Noroeste
convocó, junto con la Comisión Sexta del EZLN, a los pueblos indios de
América a la histórica reunión de Vícam.
En todas las esquinas y rincones de este país conocimos muchas resistencias
que desde las milpas y las economías campesinas se levantan, y
cómo se articulan en la defensa del maíz desde las milpas, las comunidades,
desde las regiones con otras organizaciones del campo y de la ciudad.
Conocimos luchas civiles por la defensa del medio ambiente, experiencias
de mercados alternativos, grupos de científicos comprometidos con
la sociedad, comunidades afectadas que se organizan por la defensa de sus
espacios de vida. Grupos ecologistas, comunidades pescadoras, pueblos
indios defienden los litorales y su derecho histórico a trabajar en el mar y
en las lagunas, desde la península de Yucatán hasta la Baja California.
Ese arcoiris de luchas ambientales, además de convocar a la defensa
de la Madre Tierra y de la vida, ha abierto ventanas hacia la construcción
de alternativas reales. La riqueza de experiencias autónomas en el
México de abajo muestra que es posible construir otra cosa.
Los zapatistas han platicado cómo aprendieron a confiar en la gente,
en los pueblos. Por su experiencia ahora sabemos que los pueblos no
necesitan quiénes los dirijan, que pueden levantar sus propias estructuras
para luchar y construir. Que pueden tomar en sus manos sus destinos, y
que lo pueden hacer mejor que los gobiernos que se imponen desde otro
lado. Es por eso que no nos debe preocupar la dirección del movimiento.
Lo que ahora nos debe preocupar es el rumbo y el destino, lo que nos
defina, nuestros modos. Lo que nos debe preocupar es que el mundo que
vaya a parir nuestra rabia no se parezca al que hoy padecemos.
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