Ciberseguridad. Retos y amenazas a la Seguridad Nacional - IEEE

Estrategias legales frente a las ciberamenazas
contra la propiedad intelectual, y el fraude electrónico. Sin embargo, por
diversas insuficiencias en materia de legislación, su persecución tiene
ciertas limitaciones. Todavía más confusa resulta la brecha existente entre
los cientos de miles de incidentes ilegales estimados y el relativamente
escaso número de procesos penales abiertos (19).
En el contexto descrito, algunos autores se plantean si los cibercrímenes
son realmente una nueva categoría de delitos necesitada de una
nueva teoría y clasificación, o si no estamos ante unos delitos que, sin
necesidad de nuevas clasificaciones ni teorías, pueden ser entendidos
desde las categorías delictivas clásicas ya existentes (20). Incluso los
que van más allá, se plantean que la sensación de inseguridad en la red
y de la alarmante existencia de cibercrímenes no es sino producto de
recursos de información creados artificialmente por la propia industria
de ciberseguridad que, sin duda, tiene interés en la dramatización de
los cibercrímenes; esto es, en la creación de una sensación subjetiva de
inseguridad y alarma en la red.
LAS RESPUESTAS DEL SISTEMA LEGAL
Pues bien, en todo caso, ambos fenómenos –ciberdelitos y ciberamenazas–,
separada o conjuntamente, constituyen una de las mayores
preocupaciones a nivel internacional y nacional, en el campo de la legislación
penal. Esta creciente preocupación se manifiesta en el elevado
número de convenios, acuerdos y reformas que en relación a los mismos
pueden encontrarse. Sin embargo, lo que despierta un mayor interés radica
precisamente en el uso de la informática como instrumento específico
para la comisión de tipos delictivos y su creciente potencialidad de
daño. De ahí que quizás, en primer lugar, trazaré a modo telegráfico un
marco del estado de la cuestión a nivel mundial, para después pasar al
ámbito europeo y terminar con el modelo español.
Grandes líneas de la situación a escala mundial
La diferente evolución económica y tecnológica se corresponde generalmente
con similar grado de desarrollo normativo. De aquí la gran
diferencia entre países en esta materia.
(19) WALL, ob. y loc cit.
(20) Por todos, ver ORTS BERENGUER, E., y ROIG TORRES, M., «Delitos informáticos y
delitos comunes cometidos a través de la informática», Valencia, 2001.
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