JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

AMPARO EN REVISIÓN 537/2011.
QUEJOSA: **********.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIA: DOLORES RUEDA AGUILAR.
México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día diez de
agosto de dos mil once emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelven los autos relativos al amparo en
revisión 537/2011, interpuesto por el representante legal de **********,
en contra de la sentencia dictada por la Juez Segundo de Distrito en
Materia Administrativa en el Estado de Jalisco en el juicio de amparo
J.A. 402/2010.
I. ANTECEDENTES.
De la revisión efectuada a las constancias de autos, destacan los
siguientes hechos.
1. **********, tiene como objeto, entre otros, el proporcionar
personal en cualquier área del conocimiento, arte técnica, ciencia
disciplina u oficio, así como con títulos profesionales, especialmente
médicos para la prestación de servicios profesionales especializados
de medicina.
2. El siete de diciembre de dos mil nueve, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan

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y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la
Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al
Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por
el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en
Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del
Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, en el que, entre otras
cuestiones, se previó el aumento de la tasa del impuesto sobre la
renta aplicable a las personas morales.
3. Ante la entrada en vigor de las reformas derivadas de dicho
decreto legislativo, la sociedad quejosa interpuso demanda de amparo
indirecto.
II. TRÁMITE.
1. Demanda de amparo. **********, en su carácter de
representante legal de ***********, presentó escrito ante la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia
Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara,
el quince de febrero de dos mil diez, mediante el cual solicitó el
amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las
autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
AUTORIDADES RESPONSABLES:
1. Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados
y la Cámara de Senadores;
2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
3. Secretario de Gobernación;
4. Director del Diario Oficial de la Federación;
2

ACTOS RECLAMADOS:
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En el ámbito de sus respectivas competencias, la discusión,
aprobación, abstención de vetar, promulgación, expedición, orden de
publicación, refrendo y publicación, del “Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del
Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y
del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y
del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán
denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, mismo que
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de diciembre
de dos mil nueve. Específicamente, lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.
Adicionalmente, en el cuerpo del escrito inicial de demanda se
aprecia que también reclamó la inconstitucionalidad de los artículos
17, primer párrafo, y 10 de la Ley del impuesto sobre la Renta, así
como el artículo Segundo, fracción I, inciso a), del decreto previamente
identificado.
La quejosa señaló como garantías violadas en su perjuicio, las
contenidas en los artículos 1o., 14, 16, 31, fracción IV, 123, apartado
A, fracción IX, inciso e), y 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes de los actos
reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó
pertinentes 1 .
1 Lo cual se desprende de las constancias que obran de la foja 2 a la 18 del cuaderno de amparo.
3

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2. Resolución del juicio de amparo. Por razón de turno tocó
conocer de la demanda de amparo al Juez Segundo de Distrito en
Materia Administrativa en el Estado de Jalisco quien, mediante
proveído de diecisiete de febrero de dos mil diez, admitió a trámite la
demanda, registrándola con el número 402/2010 2 .
Seguidos los trámites procesales correspondientes, el Juez de
Distrito celebró la audiencia constitucional, lo cual tuvo verificativo el
catorce de mayo de dos mil diez y dictó sentencia que se terminó de
engrosar el trece de agosto siguiente, en el sentido de sobreseer en el
juicio respecto de los artículos 16 y 17 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción
XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, por estimar consentidos tales
preceptos. Asimismo, determinó negar la protección constitucional
por cuanto hace al artículo 10, primer párrafo y Segundo transitorio,
fracción I, inciso a), del Decreto combatido 3 .
3. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con la
anterior resolución, mediante escrito presentado el treinta de agosto de
dos mil diez, **********, en su carácter de representante legal de la
quejosa, interpuso recurso de revisión, siendo que, mediante acuerdo
del día treinta y uno siguiente, el Juez de Distrito le dio trámite y ordenó
la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en turno para su
substanciación.
4. Trámite y resolución del recurso de revisión ante el
Tribunal Colegiado. De dicho recurso correspondió conocer al Cuarto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el
cual, mediante acuerdo del veinticinco de octubre de dos mil diez de su
2 Dicho auto se aprecia en las fojas 31 a 33v del expediente del juicio de amparo 402/2010.
3 Dicha sentencia se puede observar de la foja 194 a la 200 del cuaderno de amparo.
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Presidente lo admitió, ordenando formar y registrar el expediente con el
número 443/2010 4 .
Por resolución del veinticuatro de mayo de dos mil once, dicho
Tribunal Colegiado resolvió levantar el sobreseimiento decretado por
el juez respecto de los artículos 16 y 17, primer párrafo de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, y dejar a salvo la jurisdicción de este Alto
Tribunal en torno al tema de constitucionalidad relativo al artículo 10
de la misma Ley 5 .
5. Trámite del amparo en revisión ante este Alto Tribunal.
Por auto de quince de junio de dos mil once, el Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta asumió su
competencia originaria para conocer del recurso de revisión hecho
valer por la quejosa, lo registró con el número 537/2011 y ordenó la
notificación correspondiente a las autoridades responsables y al
Procurador General de la República para los efectos legales
conducentes. Finalmente, se ordenó turnar el asunto al Ministro José
Ramón Cossío Díaz, para la elaboración del proyecto de resolución
respectivo 6 .
Posteriormente, visto el dictamen formulado por el Ponente, el
Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación envió para
su resolución el presente asunto a la Primera Sala, cuyo Presidente lo
radicó, devolviéndose los autos a la ponencia del Ministro
mencionado, donde inicialmente fueron turnados.
III. COMPETENCIA.
4 El acuerdo de referencia se encuentra en la foja 13 del toca del Tribunal Colegiado.
5 Dicha resolución se aprecia de la foja 30 a la 48 del cuaderno correspondiente al amparo en
revisión administrativo 375/2010.
6 El acuerdo mencionado se puede apreciar en las fojas 41 y42 del toca de revisión que se
resuelve.
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Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
es competente para conocer del presente recurso de revisión, en
términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84,
fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47 en relación con los
artículos 14 a 17, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día primero de abril de dos mil ocho; y conforme a lo
previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, y
cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en
virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un
Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo
indirecto, en el que si bien subsiste el problema de constitucionalidad
de los artículos 10, 16 y 17, primer párrafo, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta; así como del artículo Segundo, fracción I, inciso a), de
las disposiciones transitorias vigentes en dos mil diez, no es necesaria
la intervención del Tribunal Pleno dado que el presente asunto debe
devolverse al Tribunal Colegiado.
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Razones que sustentan la remisión del asunto. Esta Primera
Sala de la Suprema Corte estima que el asunto debe devolverse al
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer
Circuito, por las razones que a continuación se exponen.
Ante todo, es imprescindible realizar una interpretación
cuidadosa del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de esta Suprema
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Corte de Justicia de la Nación, relativo a los asuntos que conservará
para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las
Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y en especial de sus
puntos Quinto, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero. 7
En la parte considerativa de dicho Acuerdo se destaca que la
reforma constitucional de treinta de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro se orientó a “consolidar a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional creándose, incluso,
7 Dichos puntos establecen textualmente lo siguiente:
“QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos Tercero y Cuarto de este acuerdo,
corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito:
I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito
o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando:
A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por
estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia
recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el
juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas
de improcedencia.
Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios
planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos
aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo
resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de
Justicia;
B) En la demanda se hubiere impugnado una ley local o un reglamento federal o local; y
C) Habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales, subsista la materia de
constitucionalidad de las mismas, si resulta innecesaria la intervención de la Suprema Corte por no
darse ninguno de los casos precisados en los puntos Primero y Segundo de este Acuerdo, como
los que de manera ejemplificativa se enuncian a continuación: […]
D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se
haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas o existan cinco precedentes emitidos por el
Pleno o las Salas indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no
hubieran alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia. […]
II. Los conflictos de competencia, con excepción de los que se susciten entre los
Tribunales Colegiados de Circuito;
III. Los reconocimientos de inocencia; y
IV. Los incidentes de inejecución, las denuncias de repetición de acto reclamado
consideradas fundadas por el Juez de Distrito y las inconformidades promovidas en términos de los
artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo, derivados de sentencias en que se conceda el amparo,
dictadas por Jueces de Distrito o por Tribunales Unitarios de Circuito.”
“DÉCIMO PRIMERO. En los supuestos a que se refiere el inciso A) de la fracción I del
punto Quinto de este acuerdo, el Tribunal Colegiado de Circuito procederá en los siguientes
términos:
Verificará la procedencia de los recursos de revisión, así como de la vía y resolverá, en su
caso, sobre el desistimiento, la caducidad o la reposición del procedimiento;
Abordará el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del
juicio y, en su caso, examinará las formuladas por las partes cuyo estudio hubieren omitido el Juez
de Distrito o el Magistrado Unitario de Circuito, así como las que advierta de oficio;
De resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en las hipótesis
previstas en el punto Quinto, fracción I, incisos B), C) y D), de este acuerdo, el Tribunal Colegiado
dejará a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia y le remitirá los autos, sin analizar los
conceptos de violación expuestos, aun los de mera legalidad; y
Si el problema de fondo es de la competencia del Tribunal Colegiado conforme a este
Acuerdo, examinará, primero, el problema de inconstitucionalidad de leyes planteado en la
demanda y, en su caso, el de mera legalidad”.
7

AMPARO EN REVISIÓN 537/2011
las acciones de inconstitucionalidad y regulándose con mayor
precisión las controversias constitucionales”; asimismo, se destaca
que en la exposición de motivos del proyecto de Decreto que realizó
tales reformas se reafirmó que, con el objeto de fortalecer a la
Suprema Corte en su carácter de Tribunal Constitucional, se proponía
la modificación del párrafo sexto del artículo 94 —que pasó a ser
séptimo— a fin de ampliar la facultad del Pleno para expedir acuerdos
generales y restringir el número de amparos en revisión de que
conocería la Suprema Corte.
En concreto, se precisa que conocería de los recursos contra
sentencias de los Jueces de Distrito en que se hubiera analizado la
constitucionalidad de normas generales solamente en los casos en los
que fuera necesaria la fijación de criterios trascendentes al orden
jurídico nacional, permitiéndosele concentrar todos sus esfuerzos en el
conocimiento y resolución de los asuntos de mayor importancia y
trascendencia.
La parte considerativa recuerda también que el dictamen de las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, propuso aprobar la
iniciativa de reforma y acogió sus motivaciones; se subrayó en
particular la necesidad de permitir a la Corte dedicar sus energías a
resoluciones importantes y trascendentes que contribuyeran de modo
significativo a mejorar nuestros sistemas de impartición de justicia,
“DÉCIMO SEGUNDO. En los casos previstos en los incisos B), C) y D) de la fracción I y
en las fracciones II y III del punto Quinto del presente acuerdo, los Tribunales Colegiados de
Circuito resolverán en su integridad las cuestiones de improcedencia, de fondo y de cualquier
naturaleza que, en su caso, se presenten”.
“DÉCIMO TERCERO. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los de
las Salas enviarán los asuntos a que se refiere el punto Quinto del presente acuerdo cuando
adviertan que así proceda, o bien a solicitud de los Ministros designados como ponentes, en el
caso de que los expedientes de nuevo ingreso hubiesen sido turnados para elaborar el proyecto de
resolución.
No podrán remitirse asuntos aplazados o retirados por el Pleno o las Salas, salvo el caso
previsto en el inciso D) de la fracción I del punto Quinto de este acuerdo”.
8

AMPARO EN REVISIÓN 537/2011
objetivo cuya consecución venía siendo obstaculizado por la
impresionante cantidad de resoluciones que debía tomar.
A raíz de estas reformas, el Pleno de esta Corte emitió una serie
de acuerdos generales, cuyos criterios se unificaron e integraron con
la emisión del 5/2001, el cual necesariamente mantuvo el claro
objetivo de convertir aquélla en un tribunal estrictamente
constitucional. Dicho objetivo fue resaltado por varias tesis de esta
Suprema Corte al interpretar la finalidad del acuerdo 6/1999, claro
antecedente del 5/2001 y en consecuencia de utilidad para apreciar
cabalmente el alcance de este último.
Entre dichos criterios jurisprudenciales, destacan los de rubro:
“REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL
COLEGIADO OMITIÓ EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE
IMPROCEDENCIA QUE IMPEDÍAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE
FONDO PLANTEADO, DEBE DEVOLVÉRSELE EL EXPEDIENTE
PARA QUE LO HAGA, INCLUSO EN AQUELLOS ASUNTOS NO
MENCIONADOS EXPRESAMENTE EN EL ACUERDO 6/1999, DEL
TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN” 8 , “REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS TRIBUNALES
8 Tesis: 2a. CLXXXIX/2001, novena época, establecida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, octubre de 2001,
página 439, cuyo texto se transcribe a continuación: “Si bien es cierto que en el punto tercero,
fracción I, del Acuerdo Plenario 6/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés
de junio de mil novecientos noventa y nueve, se mencionan de manera enunciativa diversos
supuestos en los que se facultó a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver sobre la
procedencia de asuntos cuya competencia originaria corresponde a esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, entre los que no se encuentra incluido el planteamiento de un conflicto por
invasión de esferas, también lo es que, por identidad de razón, a las hipótesis previstas
expresamente en el mencionado punto debe agregarse el supuesto últimamente citado, así como
cualquier otro que siendo competencia originaria de este Alto Tribunal, al dictarse en la audiencia
constitucional la sentencia por el a quo, no se haga el estudio de fondo, pues la intención de este
Alto Tribunal con la emisión del aludido acuerdo es que dedique sus esfuerzos al conocimiento y
resolución de aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia impacten en el orden
jurídico nacional. En tales condiciones, si un Tribunal Colegiado de Circuito omite analizar las
causales de improcedencia planteadas por las autoridades responsables al rendir sus informes
justificados o las que operen de oficio que impedían el estudio del problema de fondo planteado,
deben devolverse los autos al citado Tribunal Colegiado, para que dé cabal cumplimiento al
acuerdo de mérito, y se ocupe del estudio de la totalidad de las causales de improcedencia, y sólo
en el caso de que llegue a desestimarlas y de que no exista motivo alguno que impida el análisis
de fondo, deje a salvo la jurisdicción originaria a la Suprema Corte de Justicia”. El precedente es el
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AMPARO EN REVISIÓN 537/2011
COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN OBLIGADOS A VERIFICAR SU
PROCEDENCIA Y A PRONUNCIARSE SOBRE CUALQUIER
CUESTIÓN QUE AFECTE ESA INSTANCIA, CUANDO CONOCEN
DE AQUÉL EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL PUNTO
TERCERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO 6/1999 DEL PLENO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUBLICADO EL 23
DE JUNIO DE 1999 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN” 9 ,
así como “REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL
COLEGIADO DE CIRCUITO NO AGOTA EL ESTUDIO DE TODAS
LAS CAUSAS QUE IMPIDAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE
CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO, DEBE DEVOLVÉRSELE EL
EXPEDIENTE PARA QUE LO HAGA (ACUERDO 6/1999 DEL
que a continuación se identifica: Amparo en revisión 333/2001. Francisco Ramírez Morán y otros.
21 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo.
9 Tesis: 2a. XXX/2001, establecida en la novena época por la Segunda Sala, apreciable en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, marzo de 2001, página 201, cuyo texto
se transcribe a continuación: “Conforme a lo establecido en la citada disposición de observancia
general, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de los recursos de revisión en amparo
indirecto cuando en la sentencia recurrida no se hubiere efectuado el análisis de las cuestiones
propiamente constitucionales por haberse sobreseído en el juicio o por cualquier otro motivo; y, en
la hipótesis de que el respectivo tribunal estime que no se actualiza la causa de sobreseimiento
revocará la sentencia recurrida y, en caso de que no exista jurisprudencia aplicable respecto de las
referidas cuestiones, dejará a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le
remitirá el asunto. Ante tal disposición, debe concluirse que de acuerdo con su interpretación
teleológica y sistemática, entre las atribuciones que fueron delegadas a los Tribunales Colegiados
de Circuito para conocer de los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias
dictadas en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, y que deben ejercer, se
encuentra la necesaria para verificar si el mismo cumple con todos los requisitos que condicionan
su procedencia, entre otros, que se haya hecho valer en tiempo, que se interponga por la persona
que goce de la capacidad procesal necesaria y que la resolución reclamada afecte la esfera
jurídica del recurrente, inclusive, ocuparse de revisar que la instancia respectiva no haya caducado
y, en su caso, proveer sobre el desistimiento que de la misma se manifieste por aquél; conclusión a
la que se arriba tomando en cuenta que la finalidad primordial del referido acuerdo general fue la
de lograr que la Suprema Corte de Justicia conociera exclusivamente de cuestiones de
constitucionalidad de trascendencia e importancia, dentro de las cuales no pueden ubicarse las
correspondientes a analizar si la instancia respectiva cumple con los requisitos legales que
condicionan su procedencia, y que conforme al contenido del artículo 90, párrafo primero, de la Ley
de Amparo, la competencia para conocer de la revisión conlleva la necesaria para calificar el
cumplimiento de los requisitos que condicionan la apertura de esa instancia; máxime que, de
estimarse lo contrario, ello implicaría atribuir al creador del referido acuerdo general la intención de
permitir la resolución de recursos sin el estudio previo de su procedencia, cuando constituye un
principio general que rige la actuación de todo órgano jurisdiccional el que antes de abordar el
estudio de las cuestiones que le sean planteadas mediante una determinada instancia, debe
analizar de oficio si la misma cumple con todos los requisitos que condicionan su procedencia.” El
precedente correspondiente es el siguiente: Amparo en revisión 716/2000. **********. 16 de febrero
de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
10

AMPARO EN REVISIÓN 537/2011
TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN)” 10 .
En similares términos señaló esta Primera Sala la finalidad del
acuerdo 5/2001, al establecer la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y
texto se transcriben a continuación:
“REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL
COLEGIADO DE CIRCUITO NO AGOTA EL ESTUDIO DE
TODAS LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE
IMPIDAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE
CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO, DEBE
DEVOLVÉRSELE EL EXPEDIENTE PARA QUE LO HAGA
(ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL TRIBUNAL PLENO
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN).
El punto quinto, fracción I, inciso A), del Acuerdo General
Número 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los
asuntos que conservará para su resolución y el envío de
los de su competencia originaria a las Salas y a los
Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil
uno, otorgó competencia a los Tribunales Colegiados de
10 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 84/2000, establecida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
novena época, apreciable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII,
septiembre de 2000, página 112, de texto: “El punto tercero, fracción I, del citado acuerdo,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y
nueve, otorgó competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver sobre todas las
cuestiones de procedencia en los casos en que se hubiera reclamado, en amparo indirecto, la
inconstitucionalidad de una ley o tratado internacional, o se hubiese planteado la interpretación
directa de un precepto constitucional, cuando el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito,
al dictar sentencia, no se hubieran pronunciado en cuanto al fondo; en tales supuestos, el acuerdo
establece que si de los agravios propuestos el Tribunal Colegiado estima que no subsiste la causal
de improcedencia considerada por el a quo, ni existe ninguna otra causa o motivo que impida el
estudio de fondo, debe revocar la sentencia recurrida, reservar la competencia de la Suprema
Corte y remitirle los autos para los efectos procedentes. Ahora bien, puede suceder que el Tribunal
Colegiado se limite a declarar su incompetencia, por estimar que el conocimiento del asunto de que
se trata corresponde al Máximo Tribunal de la República al haberse resuelto el fondo, y que en la
revisión subsiste el problema de constitucionalidad planteado, pero omite estudiar los agravios
propuestos en contra del sobreseimiento decretado, que de resultar fundados, ello constituiría una
infracción a las reglas esenciales del procedimiento del juicio de amparo, lo que daría lugar a que
se revocara la sentencia recurrida y se ordenara la reposición del procedimiento; también puede
ocurrir que el Tribunal Colegiado sólo estudie el motivo de sobreseimiento decretado por el a quo,
revocando éste y remitiendo los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin hacerse
cargo de las demás causales de improcedencia planteadas por las autoridades responsables al
rendir sus informes justificados. En ambas hipótesis, lo procedente es devolver los autos al
Tribunal Colegiado, para que dé cabal cumplimiento al acuerdo de mérito, ocupándose del estudio
de la totalidad de las causas de improcedencia, y sólo en el caso de que llegue a desestimarlas y
no exista ningún motivo que impida el análisis de fondo de inconstitucionalidad, reserve jurisdicción
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
11

AMPARO EN REVISIÓN 537/2011
Circuito para resolver las cuestiones de procedencia en los
casos en que se hubiera impugnado, en amparo indirecto,
una ley federal o un tratado internacional, o se hubiere
planteado la interpretación directa de un precepto de la
Constitución Federal, cuando el Juez de Distrito o el
Tribunal Unitario de Circuito, al dictar sentencia, no
hubieren abordado el estudio de esas cuestiones por haber
sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre
tales planteamientos, en los agravios se hagan valer
causas de improcedencia; en tales supuestos, el propio
acuerdo en su punto décimo primero, fracciones I, II y III,
establece que el Tribunal Colegiado de Circuito abordará el
estudio de los agravios relacionados con las causas de
improcedencia del juicio y, en su caso, examinará las
formuladas por las partes cuyo estudio hubiere omitido el
Juez de Distrito o el Magistrado Unitario de Circuito, así
como las que advierta de oficio; asimismo, que de resultar
procedente el juicio, el referido Tribunal Colegiado dejará a
salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal y le remitirá los
autos, sin analizar los conceptos de violación expuestos,
aun los de mera legalidad. Sin embargo, en caso de que el
Tribunal Colegiado de Circuito se limite a estudiar el motivo
de sobreseimiento decretado por el a quo, revocándolo y
remitiendo los autos a este Máximo Tribunal, sin hacerse
cargo de las demás causales de improcedencia planteadas
por las autoridades responsables al rendir sus informes
justificados, lo procedente es devolver los autos al Tribunal
Colegiado de Circuito, para que dé cabal cumplimiento al
acuerdo de mérito, ocupándose del estudio de la totalidad
de las causas de improcedencia, y sólo en el caso de que
llegue a desestimarlas y no exista motivo alguno que
impida el análisis de fondo de inconstitucionalidad, deje a
salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y le remita los autos respectivos” 11 .
En este contexto, de los motivos que dieron origen a la emisión
del Acuerdo Plenario 5/2001, de sus propios puntos, así como de la
finalidad —ya advertida— de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación al dictarlo, y de lo sustentado en las tesis reproducidas, se
llega al convencimiento de que, para la aplicación de dicho Acuerdo
5/2001, los Tribunales Colegiados, una vez que reciban un asunto
11 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2002, novena época, consultable en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XVI, correspondiente a 2002, página 207.
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AMPARO EN REVISIÓN 537/2011
para revisión y antes de considerar remitir el mismo —por subsistir el
problema de constitucionalidad—, deben analizar todas aquellas
cuestiones de improcedencia que pudieran impedir que este Alto
Tribunal, llegado el asunto, se constriña única y exclusivamente al
estudio del tema de constitucionalidad planteado.
Cuando en la sentencia dictada en la audiencia constitucional se
hubiere omitido el estudio de las causales de improcedencia —como
en la especie sucedió, al sobreseer de oficio en parte del juicio
respecto de los artículos 16 y 17, primer párrafo de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, sin emitir pronunciamiento sobre las demás
—, y el Tribunal Colegiado revoca dicho sobreseimiento, y no se hace
cargo de las restantes causales de improcedencia invocadas por las
autoridades responsables al rendir su informe justificación respecto de
esos mismos preceptos, ello tiene como consecuencia que se impida
el estudio del planteamiento de constitucionalidad, lo cual es
competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación. De tal manera que el análisis de la totalidad de las causales
de improcedencia deberá ser efectuado por el referido tribunal, a fin de
que, en caso de no operar alguna de ellas u otra que pueda considerar
en cuanto a dichos numerales, se deje a salvo, ahora sí, la jurisdicción
de esta Suprema Corte, para que se avoque única y exclusivamente,
sin más cuestiones, al problema mencionado, cumpliendo así con las
razones expresadas por el Tribunal Pleno al emitir el multicitado
Acuerdo General 5/2001.
En el caso que nos ocupa, aconteció lo siguiente:
1. La parte quejosa, en su escrito inicial de demanda de
garantías, tachó de inconstitucional el “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto
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AMPARO EN REVISIÓN 537/2011
sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del
Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación” y del
“Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán
denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995”, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el siete de diciembre de dos mil
nueve, vigente a partir del uno de enero de dos mil diez,
específicamente por cuanto hace a los artículos 10, 16 y 17 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, y artículo Segundo fracción I, inciso a)
del decreto reclamado.
2. En el informe justificado rendido por el Subprocurador Fiscal
Federal de Amparos, en representación del Presidente de la
República, se adujo que procedía sobreseer en el juicio de amparo,
respecto de los artículos 16 y 17, primer párrafo de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, al actualizarse las siguientes causales de
improcedencia:
I. La prevista en el artículo 74, fracción IV, respecto de los
actos cuya certeza no logró acreditarse.
II. La prevista en el artículo 73, fracción V, en relación con el
numeral 4°, ambos de la Ley de Amparo, por falta de interés
jurídico, toda vez que:
a) La reforma que motivó la demanda de amparo únicamente
contempla la modificación de la tasa del impuesto sobre la renta,
contenida en el artículo 10 de la ley relativa, no así los diversos
numerales 16 y 17 (que están vigentes desde dos mil cuatro y dos mil
siete, respectivamente), por lo que aún si se declarara la
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AMPARO EN REVISIÓN 537/2011
inconstitucionalidad del referido artículo 10, ello no afectaría el sentido,
alcance o aplicación de éstos últimos.
b) La quejosa no acreditó con una prueba fehaciente que se le
causara un perjuicio con la entrada en vigor de la reforma motivo del
presente asunto, ello pues no demostró plenamente situarse en los
supuestos regulados por la norma en cuestión, como podría ser
mediante la exhibición de la declaración correspondiente en la que se
desglosara en un renglón por separado lo pagado por concepto de
reparto de utilidades a los trabajadores de la persona moral quejosa, lo
que resulta necesario para considerársele legitimada para acudir en
vía de amparo a la impugnación de la misma.
III. La prevista en el artículo 73, fracción VI y XVIII, en
relación con el 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al no
existir un acto concreto de aplicación de los artículos 16 y 17, primer
párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual se
materialice un perjuicio en la esfera jurídica de la quejosa. Ello, pues
tales preceptos son de naturaleza heteroaplicativa, lo que significa que
debe existir un acto posterior al inicio de vigencia de la ley en el cual,
en virtud de la aplicación de la norma se produzca una afectación al
gobernado.
IV. La regulada por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de
Amparo, al considerar que los artículos 16 y 17, primer párrafo de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, fueron consentidos, al no haberlos
combatido dentro de los plazos que señalan los artículos 21 y 22 de la
Ley de la materia.
V. La prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación
con el diverso artículo 80, ambos de la Ley de Amparo, al
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AMPARO EN REVISIÓN 537/2011
considerar que aún de concederse el amparo solicitado para el efecto
de que no se le aplique el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, la sentencia sería ilegal, porque entonces tendría que aplicar
forzosamente para la determinación el diverso numeral 10; sin
embargo, este también es combatido, por lo que los efectos de la
sentencia dictada al efecto no podrían materializarse, al no poderse
dejar de aplicar los preceptos combatidos de manera simultánea.
3. El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el
Estado de Jalisco, a quien correspondió conocer del asunto,
sobreseyó y negó el amparo. Sobreseyó de oficio respecto de los
artículos 16 y 17 primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
por estimar en el considerando Quinto de su sentencia, operante la
causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, en
relación con el numeral 22, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya
que al no haberse impugnado en su oportunidad éstos fueron
consentidos de manera tácita por la parte quejosa.
Conviene hacer notar que, una vez que el Juez del conocimiento
consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en la
fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto de los
artículos 16 y 17 primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
precisó que era innecesario el análisis de las restantes causales de
improcedencia invocadas por las autoridades responsables en torno a
tales preceptos, ya que su estudio no variaría el sentido de su
sentencia. De ahí que enfatizó que no atendería las causales de
improcedencia que hizo valer el Presidente de la República en su
informe con justificación, bajo los numerales, segunda, tercera, cuarta
y quinta, porque todas ellas tendían a evidenciar la improcedencia de
los artículos referidos.
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AMPARO EN REVISIÓN 537/2011
Por otra parte, en lo tocante al artículo 10 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, el juez de Distrito desestimó las causales de
improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones V y VI, de la Ley
de Amparo, hechas valer por la Cámara de Senadores del Congreso
de la Unión; y, determinó negar el amparo y protección de la justicia
federal respecto de tal precepto, así como del artículo Segundo,
fracción I, inciso a), del decreto combatido, ya que consideró que con
la modificación de la tasa aplicable al referido tributo no se
transgreden disposiciones constitucionales, ni se viola la garantía de
proporcionalidad tributaria de la inconforme.
4.- El Tribunal Colegiado, por su parte, determinó que los
argumentos de agravio de la parte quejosa encaminados a controvertir
el sobreseimiento decretado por el Juez, resultaban fundados, toda
vez que:
Las consideraciones en que se apoyó el juez de Distrito para
sobreseer en el juicio resultan incorrectas, ya que involucran
cuestiones de fondo del asunto, que consisten en determinar: si
verdaderamente el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, cuya reforma motivó la demanda de garantías, es el único
que establece la posibilidad de deducir (sic) de la utilidad fiscal, la
participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas, o si dicho precepto se vincula directamente con los
diversos artículos 16 y 17 reclamados, pertenecientes al mismo
ordenamiento, para la determinación de esa prestación laboral.
Por ende, concluyó que no podía pronunciarse al respecto,
porque determinar tales cuestiones involucraría un análisis de fondo,
porque en caso de determinar que los artículos 10, 16 y 17 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, estuvieran estrechamente vinculados en
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AMPARO EN REVISIÓN 537/2011
la determinación de la participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas, daría pie a analizar si tales preceptos
contravienen o no la garantía de equidad tributaria. En sentido
adverso, de determinar que los referidos artículos 16 y 17, no
repercuten en la determinación de esa prestación laboral,
necesariamente tendría que pronunciarse acerca de si tales preceptos
afectan o no la esfera jurídica de la quejosa, sin que al respecto _dijo_
exista jurisprudencia de este Alto Tribunal; y por ello, determinó
levantar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, y dejar a
salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para que se emitiera el
pronunciamiento correspondiente.
Así, el Tribunal Colegiado, levantó el sobreseimiento decretado
por el Juez del conocimiento respecto de los artículos 16 y 17 primer
párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y sin realizar
pronunciamiento alguno respecto de las causales de improcedencia
antes relacionadas respecto de tales preceptos, determinó dejar a
salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte, respecto del artículo 10
de la misma Ley, en términos de la fracción III, del punto décimo
primero del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto
Tribunal.
Como puede apreciarse de lo antes relacionado, se hicieron
valer diversas causales de improcedencia ante el Juez de Distrito,
respecto de los artículos 16 y 17 primer párrafo de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, mismo que al haber sobreseído de oficio por tales
preceptos por considerar actualizada la hipótesis prevista en el artículo
73, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por
el numeral 22, fracción I, de la citada norma, consideró innecesario el
análisis de las demás causales de improcedencia hechas valer.
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Para revocar el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito,
el Tribunal Colegiado, desvirtuó la causal de improcedencia descrita
con anterioridad, manifestando que los argumentos en los que se
había sustentado el fallo recurrido involucraban un estudio de fondo
del asunto, motivo por el cual levantó el sobreseimiento citado y
remitió los autos a este Alto Tribunal para el análisis de
constitucionalidad correspondiente. Sin embargo, omitió hacer
pronunciamiento alguno en cuanto a los diversos motivos de
improcedencia aducidos por el representante del Presidente de la
República, antes relacionadas.
Esto es, el Tribunal Colegiado, sólo desvirtuó la causal de
improcedencia por la que el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento
de los artículos 16 y 17 primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, pero no se ocupo de pronunciarse sobre si se actualizan o no
las diversas causales de improcedencia respecto de tales preceptos
que hizo valer la autoridad responsable.
Por lo anterior, es claro que al haber revocado el sobreseimiento
del juicio respecto de los artículos 16 y 17 primer párrafo de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, debió haberse ocupado de los demás
motivos de improcedencia alegados por las autoridades responsables
en su informe con justificación, ya que el tribunal del conocimiento se
encontraba obligado a realizar dicho estudio, por tratarse de
cuestiones vinculadas a la procedencia del juicio y de estudio
preferente, al ser de orden público, lo cual en definitiva impide que
este Alto Tribunal pueda avocarse única y exclusivamente al examen
de constitucionalidad del tema propuesto, pues como se advierte, no
fueron analizadas todas las razones aducidas en relación con la
procedencia del presente juicio.
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En las relatadas condiciones, lo conducente es devolver los
autos al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Tercer Circuito —el cual inició en el conocimiento del presente asunto
—, con el objeto de que dé cabal y estricto cumplimiento al contenido
del Acuerdo Plenario 5/2001, emitido por esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, haciéndose cargo del estudio de las causales de
improcedencias señaladas cuya subsistencia por el momento hace
inoportuna la intervención de esta Suprema Corte.
Solucionadas estas cuestiones y cualquier otra que impida entrar
al examen de la constitucionalidad planteada, el Tribunal Colegiado
deberá remitir los autos a esta Suprema Corte para que resuelva ese
aspecto, a menos que se haya emitido jurisprudencia sobre el mismo,
caso en el cual dicho Tribunal deberá resolver en su integridad el
recurso, aplicando aquélla de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo.
V. DECISIÓN.
Por lo anteriormente expuesto, deberá devolverse el cuaderno
del juicio de amparo 402/2010, así como el toca de revisión 443/2010,
al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer
Circuito, mismo que inició en el conocimiento del presente asunto,
para que emita la resolución correspondiente.
En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación,
RESUELVE:
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ÚNICO. Devuélvanse al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito el recurso de revisión de que se trata
y los autos para los efectos precisados en esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución remítanse los
autos al Tribunal Colegiado de referencia y en su oportunidad,
archívese el toca.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros:
Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz (Ponente),
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro
Ponente, con el Secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA:
MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.
PONENTE:
MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS:
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LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.
AMPARO EN REVISIÓN 537/2011
En términos de lo previsto en los artículos 3° fracción II, 13, 14 y 18 fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se
suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadran en
esos supuestos normativos.
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